El lunes 10 de junio, el Concejo Municipal de Montes de Oca aprobó una moción para reafirmar su compromiso con los derechos de la comunidad LGBTI, al conmemorar el Mes del Orgullo y el Pride 2024, y solicitar a la Alcaldía que ice la bandera de la diversidad en el edificio municipal, continuando con la tradición de años anteriores.
Acuerdo tomado:
PRIMERO.
Que el 16 de mayo del 2016 este Concejo Municipal declaró a Montes de Oca como un cantón libre de toda discriminación hacia la población LGBTIQ+, y a la Municipalidad como una institución que respeta y promueve la dignidad humana, que es el valor fundante de todos los Derechos Humanos. Dice esta declaración que:
“Queremos declarar a Montes de Oca como un cantón libre de todo tipo de discriminación porque sabemos que la dignidad humana no es exclusiva de un grupo homogéneo de personas. La dignidad es de todas las personas sin importar su etnia, creencia.
Información compartida con SURCOS por Jorge Mora Portuguez.
El 29 de mayo la Universidad Nacional (UNA) conmemora el Día Nacional de las Personas con Discapacidad, una fecha destinada a fomentar el respeto, la igualdad, los derechos y la comprensión hacia las personas con discapacidad. La UNA reafirma su compromiso con esta población a través de la Comisión Institucional de Accesibilidad y Discapacidad (CIAD) y el Programa de Inclusión y Apoyo Estudiantil.
El CIAD, instancia adscrita a la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, se encarga de supervisar el cumplimiento de las leyes y normativas relacionadas con la accesibilidad. Esta comisión incluye representantes de diversas instancias universitarias, como los departamentos de Recursos Humanos, de Orientación y Psicología, y el Programa de Desarrollo y Mantenimiento de la Infraestructura Institucional (Prodemi), entre otros.
Desde su creación, en 2005, el Programa de Inclusión y Apoyo Estudiantil de la UNA brinda atención a más de mil estudiantes en los últimos cuatro años. En 2020 fueron 194 nuevos estudiantes y seguimiento a 153; en 2021, 168 nuevos y 116 en seguimiento; en 2022, 173 nuevos y 141 en seguimiento y en 2023, 248 nuevos y 175 en seguimiento. En total se atendieron 1368 estudiantes.
El programa se actualiza continuamente para adaptarse a los avances en la sociedad y en el ámbito científico y médico. De esta manera promueve una imagen más inclusiva y distribuye la responsabilidad de la atención a las personas con discapacidad entre todas las instancias universitarias. Se han implementado medidas para aumentar los apoyos a la población estudiantil con discapacidad, y se ha capacitado al personal docente sobre las diversas condiciones y necesidades de estos estudiantes. Estas medidas garantizan el desarrollo y rendimiento académico de los estudiantes con discapacidad.
Además de la atención académica, la UNA se enfoca en la vida universitaria integral, para lo cual ofrece apoyos en áreas como tutorías, actividades artísticas y deportivas. Estas iniciativas involucran a los estudiantes con discapacidad en todas las facetas de la vida universitaria, facilitan la formación de amistades y hace que la experiencia universitaria sea completa.
El programa ha observado un aumento en la atención a casos de discapacidad psicosocial, que incluye condiciones como ansiedad, depresión, trastorno del espectro autista y esquizofrenia. Estas condiciones, menos visibles que otras discapacidades, requieren una atención especial y han sido integradas en los servicios que ofrece la UNA. El año anterior se atendieron 31 estudiantes en el primer ciclo y 34 en el segundo ciclo lectivo.
La atención a esta diversidad de condiciones ha visibilizado más estas necesidades, lo que se traduce en un apoyo adecuado a esta población.
Quienes requieran de estos apoyos pueden solicitarlos de tres maneras: durante el periodo de admisión, para lo cual deben adjuntar un dictamen médico certificado; mediante solicitud personal con un documento que evidencie la dificultad; o por referencia de cualquier instancia universitaria.
Lizeth Martínez Corrales, psicopedagoga del Departamento de Orientación y Psicología, enfatiza la importancia de esta conmemoración: “Es vital que toda la comunidad universitaria y el país tomen conciencia del respeto a los derechos de las personas con discapacidad. Conmemorar este día nos brinda la oportunidad de reflexionar y mejorar las acciones en favor de esta población, siempre considerando su voz.”
Oficina de Comunicación Universidad Nacional, Costa Rica
La campaña teatral por los derechos de las personas con discapacidad ANTOÑO es una adaptación de la obra “Los frutos de la vida” de Víctor Valdelomar. La actuación estará a cargo de Marco Kiko Palma Leiva y la dirección por el mismo Víctor Valdelomar, lo que quiere decir que es un teatro unipersonal.
Las obras se realizarán 100 metros este de la Iglesia Católica en San Pedro, la primera función será el viernes 31 de mayo a las 7:00 p.m, seguida por una serie de funciones en el mes de junio. El sábado 1 de junio será a las 7:00 p.m, el domingo 2 de junio a las 6:00 p.m, el viernes 7 de junio a las 7:00 p.m, el sábado 8 de junio a las 7:00 p.m y el domingo será la última función a las 6:00 p.m.
Haga sus reservas al número 8714-6784, el precio general de la entrada es de 8000 colones. Teatro de Bolsillo le invita a asistir, disfrutar y colaborar. Para más información observe el afiche adjunto.
Cuando se inauguró como zoológico, el 24 de julio de 1921, fecha del natalicio de Simón Bolívar, la ciudad de San José solo tenía 39 mil habitantes, se hizo en 2,5 hectáreas, que tuvo como antecedente, el Jardín de Plantas y Animales, fundado por el naturalista suizo Henry Pittier, ubicado antes en las cercanías del Liceo de Costa Rica. Era tiempos, en que, recién terminada la «Guerra de Coto» con Panamá, la paz nuevamente reinaba en una ciudad capital, que apenas mostraba los primeros trazos de un centro urbano, donde un zoológico y jardín botánico, en un lugar de tanta belleza al lado del río Torres, pareció una buena idea.
Sin embargo, con el paso de los años, y cuando el amor a los animales que profesaba San Francisco de Asís no parecía mover conciencias, el zoológico poco a poco, se fue convirtiendo en un sitio incómodo para los animales en exhibición, hasta ir adquiriendo las características de una zoocárcel. Prisión, donde criaturas que no habían cometido delito alguno, estaban pagando injustas condenas de hecho. Las derruidas rejas de sus celdas marcaban los estrechos y malolientes hábitats que les torturaban. El movimiento repetitivo y constante de los felinos, de un lado para otro, no eran más que señales inequívocas, de deseos de saltar a su libertad.
Era tal la inconciencia con respecto a los animales internados en la zoocárcel, que hace 46 años, un exdirector del Servicio de Parques Nacionales ordenó al administrador del Parque Bolívar, que matara a balazos, a unos venados, porque se comían las flores de un incipiente jardín botánico. Y así ejecutó la orden, apenas recibida en febrero de 1978, para luego, con sincero dolor y públicamente por La Nación, lamentarse de haber obedecido la orden. En sentida nota, le expresó a su jefe “me sentía totalmente confundido y arrepentido, por haberme prestado a ejecutar semejante barbaridad, todo por respetar órdenes de mis superiores. Lamento como el que más, la hora en que me llegó la hora del burro. Pido a Dios y a la gente que sepa comprender mi angustia y me otorgue el deseado perdón”, que estamos seguros obtuvo del Creador y de sus compatriotas.
Más recientemente, la deplorable condición en que se encontraba Kivú, un león donado por el gobierno de Cuba movilizó a mucha gente, para que se le atendiera de mejor forma. Antes, en el 2004, la danta Salón, después de pasar preso 12 años en una inmunda jaula, murió al ser trasladada inadecuadamente, a una sección de «mediana seguridad», y hace poco más de un año, Totó, otra danta, no soportó tampoco la vida en prisión, molestada por roedores.
De otros animales se conoce muy poco, pues, ¡insólito!, a una fundación privada, fue encargada la administración de la zoocárcel estatal. Pero algún día tenían que llegar y llegaron las buenas noticias para las especies allí presas. Esta vez, por insistencia, advertencia y acciones de grupos amantes de los animales, se comunicó a tiempo a la fundación que tenía a cargo la administración de esa particular prisión, que el MINAE no renovaría el contrato que vencía el 10 de mayo Del presente año. Pero lo más trascendental no fue ese acto administrativo, sino la decisión consensuada, ¡de clausurar la zoocárcel estatal! Acto que nos recuerda la clausura de la lúgubre Penitenciaría Central en 1979, transformada luego en el formidable Museo de los Niños. Así, en la mañana del sábado 10 de mayo del 2024, los que nos reunimos a ver la salida de algunos de los animales, teníamos conciencia que estábamos viviendo un momento histórico, memorable, ansiado, desde hace muchos años. El fin de la zoocárcel había llegado.
Esa mañana soleada, en silencio para no molestarlos, mientras pasaban frente al grupo mayoritariamente de jóvenes, los camiones con las jaulas para su transporte, un indescriptible sentimiento de emoción recorría ese rincón del barrio Amón. Los animales liberados fueron trasladados, bajo el cuidado de unos 100 profesionales de la Universidad Nacional (UNA), el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), a un espacio que ofrece las mejores condiciones posibles, en las 14 hectáreas del prestigioso centro de rescate y rehabilitación de fauna silvestre Zoo Ave, en La Garita de Alajuela, donde, por el momento estarán en cuarentena, los animales silvestres ahora liberados. En un futuro muy próximo (¡así esperamos! para que no se repita el triste destino de abandono total, que tuvieron las instalaciones del INBioparque, compradas por el Estado cuando no eran rentables), se consideran algunas opciones, como la de que, el jardín botánico y sitio de esparcimiento de la ciudad capital, se administre conjuntamente por el Minae y la renovada Municipalidad de San José.
Ha de resaltarse, que, a partir de ese memorable día, se le anunció al mundo, que, ejemplarmente, Costa Rica se compromete a no tener ni un solo zoológico estatal, en consideración a que los animales enjaulados no tienen por qué sufrir esa tortura, principalmente cuando los Estados son incapaces de ofrecerles las condiciones adecuadas. Orgullosamente, podemos decir, que ello se suma a la decisión tomada en el año 2002, de prohibir, el ingreso de circos con animales silvestres para sus espectáculos, así como la prohibición de la caza deportiva, aprobada en 1992, como primera nación americana que así lo decidía.
Defensoría lidera proceso entre organizaciones de mujeres, personas con discapacidad e institucionalidad pública
La Defensoría de los Habitantes realizó una sesión de trabajo para abordar observaciones finales sobre los informes periódicos emitidos este año por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, incluido el informe alternativo presentado por la Alianza Latinoamericana de Mujeres con Discapacidad (Alamud) en relación con los derechos de las mujeres y las niñas.
Uno de los objetivos de este encuentro fue iniciar el camino para la elaboración de acciones que permitan el cumplimiento de estas observaciones, a partir de una sesión de trabajo por ejes temáticos y derechos, con la participación de representantes de la sociedad civil y de las instituciones estatales competentes.
En la actividad estuvieron presentes la defensora de los habitantes, Angie Cruickshank Lambert; la coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas, Allegra Baiocchi; la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Damaris Vásquez; la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Adilia Caravaca; la directora ejecutiva del CONAPDIS, Bilbia González Ulate; representantes de Alamud, Poder Judicial, Ministerio de Trabajo, organizaciones de personas con discapacidad y de mujeres, entre otros actores.
Es importante destacar que, en Costa Rica, el 60,9% de las personas con discapacidad mayores de 18 años corresponde a mujeres, dato suministrado por la Encuesta Nacional sobre Discapacidad- ENADIS 2018 y similar ocurre con las personas con discapacidad menores de edad.
En el informe preparado por Alamud se indica que la formulación de las políticas públicas dirigidas a las mujeres, así como las dirigidas a las personas con discapacidad, en general, no cuenta con perspectiva de género. Asimismo, las políticas públicas de género no introducen el enfoque de derechos de las personas con discapacidad. Señalan que las mujeres no sólo son la mayoría de la población con discapacidad, sino que también asumen en un porcentaje de un 70 por ciento las tareas de asistencia, apoyos y cuidados.
En ese sentido, consideran necesario evidenciar las situaciones de doble discriminación, barreras y retos que viven las niñas y mujeres en situación de discapacidad para el avance real en la protección y garantía de sus derechos desde el modelo social y la discapacidad.
En cuanto a las principales preocupaciones hechas por el Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas están la persistente discriminación hacia las personas con discapacidad, especialmente mujeres, niños y niñas, y personas con discapacidad psicosocial e intelectual, y la inexistencia de mecanismos accesibles de denuncia y reparación para las víctimas de discriminación por motivos de discapacidad; así como la demora para la aprobación del Proyecto de Ley Expediente N. 20174 “Ley Marco para Prevenir y Sancionar todas las Formas de Discriminación, Racismo e Intolerancia”, así como la ausencia del criterio de discapacidad en la definición de discriminación y de referencias sobre las formas múltiples e interseccionales de discriminación.
A su vez, señala el Comité las insuficientes medidas legales y políticas para promover y proteger los derechos de las mujeres y las niñas con discapacidad, de manera explícita, particularmente en la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres 2018-2030 (PIEG); que los programas de formación y capacitación política del INAMU no prioricen a las mujeres con discapacidad. A ello se suma la inexistencia de un protocolo para la protección de mujeres y niñas con discapacidad contra la explotación, la violencia y el abuso, derivado de la violencia de género.
Otros puntos importantes señalan la falta de medidas para asegurar el acceso, de manera autónoma, de las mujeres y las niñas con discapacidad a los mecanismos de protección, incluyendo albergues temporales y terapias de recuperación en casos de violencia, abuso y explotación en todo el territorio del Estado parte; asimismo la baja representatividad de las mujeres con discapacidad en el INAMU y la falta de programas de empoderamiento para las mujeres con discapacidad en el empleo, la vida pública y política, la toma de decisiones y el Poder Judicial. Además, la falta de datos sobre violencia contra mujeres y niñas con discapacidad, debido a la inexistencia de información desagregada del sistema de recolección de datos estadísticos en las diferentes instituciones públicas.
Oficina de Comunicación Institucional Defensoría de los Habitantes
La inclusión de personas con discapacidades es baja en el mercado laboral. La exclusión educativa reduce sus oportunidades de contratación y persisten barreras actitudinales en el ámbito empresarial, aspectos que limitan su autonomía y fomentan la dependencia. En la foto aparece el joven Eder Mata, asistente de oficina en la empresa PIASA. Foto: Anel Kenjekeeva, UCR.
Los derechos laborales de las personas en situación de discapacidad continúan rezagados en la práctica empresarial
Autoría: Eduardo Muñoz-Sequeira (Vicerrectoría de Acción Social, UCR)
En Costa Rica casi un 90% de las personas en condición de discapacidad tiene acceso a servicios de salud, pero con respecto a la educación y al trabajo de calidad los números no son alentadores. Aunque en materia de empleo la Política Institucional de Inclusión y Protección Laboral de las Personas con Discapacidad, en cumplimiento de la Ley #8862, obliga al Estado a reservar un 5% de las plazas vacantes, la realidad es que la mayoría labora en el sector privado. Y en lo educativo, según la Encuesta Nacional sobre Discapacidad (ENADIS), que calcula ese segmento de población en 670000 personas, solo el 28% se gradúa de secundaria.
Sobre el tema, la Lic. Gabriela Campos Soto, coordinadora del Programa Institucional de Inclusión de Personas con Discapacidad Cognitiva a la Educación Superior (PROIN), iniciativa de la Universidad de Costa Rica (UCR), subrayó “que persisten verdaderas barreras para lograr la inclusión. Entre ellas, la falta de concientización de los entes gubernamentales, la ausencia de una educación de calidad que potencie las oportunidades laborales y su abordaje como un “problema”, lo que limita el disfrute de los derechos garantizados en la Constitución Política y la Declaración Universal de los Derechos Humanos”.
De la población en situación de discapacidad la mayoría son mujeres, un 61%. “Si a eso se le agregan otros aspectos como ser indígena, no asistir a centros educativos y vivir en zona rurales, entre otros, se logra una suma de vulnerabilidades”, acotó la Lic. Mónica Mata Soto, integrante del equipo coordinador del Programa de Cursos Libres de Capacitación Laboral (PROCALA), un proyecto de Acción Social coordinado por el PROIN (ED-2481).
Sin embargo, el desafío para el diseño de políticas públicas para lograr la inclusión social radica en la ausencia de datos que revelen las verdaderas condiciones de vida de esta población, criticó Mata.
Superando barreras
La Lic. Mata fue enfática al afirmar que una de las principales barreras para lograr la inclusión laboral es el sistema educativo. “En PROIN partimos de una realidad que es la preparación en cuanto a lectoescritura, porque antes de hablar de derecho al trabajo digno, lo primero es discutir sobre educación de calidad, ya que al existir un alto porcentaje de exclusión no solo se violenta ese derecho, sino que limita su autonomía y se fomenta la dependencia”, agregó.
Además, si bien algunos empleadores se han propuesto abrir plazas persisten las barreras actitudinales, como por ejemplo, “la falta concientización de parte de la mayoría las empresas porque consideran que incluir a una persona con discapacidad va a generar muchos costos, y muchas veces lo único que se necesita son pequeños ajustes en el mobiliario o los sistemas de cómputo, por ejemplo. También, al no tener la oportunidad de interactuar con ellos se cree que son incapaces de aprender, de comprender instrucciones y cumplir con las funciones asignadas”, detalló Mata.
Algunas personas solo requieren mejorar sus habilidades de lectoescritura, e incluso entre quienes son usuarios de sillas de ruedas que no tengan oralidad se puede lograr su empleabilidad. “Todo está mediado por las ganas del empleador de apoyar y aprender de dichas personas, no solamente ellos reciben una oportunidad laboral, más bien como empresa están garantizando un nuevo aprendizaje a sus colaboradores”, aseguró la especialista.
La Lic. Mata remarcó que durante la pandemia el 80% de las personas con discapacidades perdieron sus trabajos, ya que se consideró que sus labores no calificaron como prioritarias, y también en parte a que muchos carecían de formación en los entornos laborales virtuales.
Un caso de éxito
Para Eder Mata Mata, con 34 años y vecino de Coronado, su paso por los cursos libres del PROIN representó la puerta de entrada para alcanzar su independencia económica y personal. Además de ser un joven con un alto compromiso por su trabajo, dedica tiempo para practicar deportes y ver videos para aprender inglés.
“En PROIN he estudiado fotografía, manejo del dinero, cursos de oficina; he estado en la UCR unos seis años. Los profesores me enseñaron matemáticas, y ahora me gustaría llevar inglés porque el año pasado ya llevé un curso, porque yo quiero hablar inglés”, dijo Mata, quien actualmente trabaja en la empresa Proyectos de Ingeniería y Arquitectura S.A. (PIASA).
Anteriormente, Mata laboró en la Asamblea Legislativa y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Desde noviembre, tras superar una pasantía, se integró al equipo de colaboradores de PIASA. El joven realiza diversas labores de apoyo administrativo y entre sus metas está seguir aprendiendo más. “Estoy muy feliz aquí, cuando llego a mi casa les digo a mi mamá, mi papá y mi hermano que lo pasé muy bien, y que estoy aprendiendo cosas nuevas, me gusta aprender”, comentó con entusiasmo.
Un llamado social
La arquitecta Adriana Picado Marín es la supervisora directa de Eder Mata, quien detalló que para su inserción se “revisó el perfil del trabajo que podría realizar. Aquí siempre tenemos mucho trabajo. Aunque ingresó como asistente administrativo, lo hemos capacitado en el uso de la planoteca, a llenar bases de datos con información que nos hacía falta, él se ha diversificado muchísimo”.
Picado compartió a este semanario que “ese miedo previo a la contratación desapareció, como organización queremos sentar las bases para considerarnos como una empresa regional incluyente”. A su criterio, otras pueden sumarse a la inclusión social, para ello recomendó el estudio previo de las normativas nacionales e internacionales sobre el tema y la responsabilidad social empresarial. Así como crear conciencia entre los colaboradores acerca de que todas las personas son capaces. “Simplemente es saber quién va en cada puesto, qué apoyos se requieren y definir bien los roles de las personas que se necesitan para posibles contrataciones. Se han abierto espacios en el deporte, pero en el mercado laboral aún falta bastante”, concluyó Picado.
En el ámbito nacional, el PROIN es el único programa público que se enfoca en la dignificación del trabajo, para lo cual brinda capacitación para que personas con discapacidad cognitiva encuentren un trabajo de acuerdo a sus vocaciones e intereses personales.
Sábado 27 de abril 2024. El hallazgo del cuerpo de la joven Kimberly Araya, el día de ayer, víctima de la violencia de género, vuelve a llenar de consternación a la sociedad costarricense. Una historia muy dolorosa que, lamentablemente, se repite en el país una y otra vez, siendo que los esfuerzos públicos y privados a la fecha resultan insuficientes.
Como Defensoría de los Habitantes, consideramos urgente la implementación de acciones decididas en materia de prevención de la violencia de género, desde el ámbito educativo, que abarque todas sus manifestaciones. Debe incluir todos los espacios de interacción y formación humana, en los hogares, las escuelas, las universidades, las iglesias, las comunidades, los centros de trabajo, las instituciones, entre otros.
Asimismo, es un asunto de protección y justicia, cuando los hechos violentos se manifiestan desde el uso del lenguaje humillante, escalando al golpe, la manipulación y la afectación de la dignidad de la mujer, hasta llegar a los actos homicidas. El país cuenta con el diseño de un sistema de protección contra la violencia de género, pero se queda corto para dar respuestas efectivas y oportunas al momento de las transgresiones.
Todas las mujeres se encuentran expuestas a sufrir esta violencia cotidiana y sistémica, desde los ámbitos más privados como el hogar, como en el espacio público, sea en las calles, en el transporte, y no hay edad ni lugar exento a sufrirla. Durante el año 2023, se registraron 72 muertes violentas de mujeres, de las cuales 18 fueron femicidios.
Desde la Defensoría de los Habitantes, expresamos nuestro pesar y solidaridad con la familia de Kimberly y, en particular, con sus hijos; así como reiteramos ese sentimiento a todas las demás familias que han pasado por tan dolorosa situación.
Instamos al Poder Judicial, al INAMU y al Ministerio de Seguridad Pública como instancias encargadas directas de la protección de las mujeres ante la violencia basada en género, a cumplir con el compromiso internacional y nacional de actuar con la debida diligencia en la atención de todos, y cada uno de los casos, sin distingo alguno de edad, lugar, circunstancia o condición.
Como Estado, debemos sumar a las demás instituciones del Poder Ejecutivo, así como la Asamblea Legislativa para la construcción, aprobación e implementación de leyes, políticas nacionales, disposición de presupuesto, acceso a la justicia, acceso a la participación social y política, servicios de salud y a la generación de datos nacionales para que estos orienten respuestas efectivas y oportunas, en aras de detener la violencia contra las mujeres en todas sus manifestaciones.
Oficina de Comunicación Institucional Defensoría de los Habitantes
El Instituto Andrea Jimenez atiende personas con discapacidades especiales. Su sede se edificó en un espacio donado por la Municipalidad de San José, pero por error documental el terreno no quedó debidamente adjudicado. En 2022 empezaron los problemas.
Ante esto alrededor de 90 estudiantes, familias de estos mismos y docentes de esta institución han estado protestando cuando la Sala Primera dio lugar a las denuncias del mal procedimiento. Este problema, arrastrado durante casi 34 años, se originó por una incorrecta especificación de la propiedad en la ley de donación de 1987.
Ahora, para evitar el desalojo, están presionando a la Asamblea Legislativa para que apruebe un proyecto de ley que permita la donación del terreno. A pesar de que el proyecto ha superado el primer debate, el tiempo apremia ya que el desalojo está en proceso de ejecución, y la fecha límite es el 18 de abril. La situación es crítica y requiere una pronta resolución legislativa para evitar consecuencias graves.
Por eso los padres y docentes, en redes sociales como Facebook piden la cooperación para que la Asamblea Legislativa apruebe el proyecto de ley que apruebe esa donación y así no se proceda con el desalojo y a su vez invitan a la población costarricense a entender la importancia de esta institución.
Algunos comentarios en Facebook:
Dicen:
De apellido Flores: Lo único que espero es que haya sentido común. Demuestren su inteligencia
De apellido Phillips: No puedo creerlo. Me duele muchísimo esa falta de conciencia con una población tan necesitada. Pido a Dios que los diputados se pongan la mano en el corazón y una flor en el ojal.
Compartido por SURCOS por Jose Manuel Arroyo Gutiérrez.
El día de ayer, el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas que aborda el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, recibía al Estado Costarricense para que brindará su informe sobre el cumplimiento y seguimiento de este Tratado Internacional suscrito por el país, sin embargo, la Administración Cháves Robles ha dejado una vez más plasmado su desinterés por las más de 670.000 personas en situación de discapacidad del país.
No solo no enviaron a una delegación desde Costa Rica que tenga conocimiento y preparación sobre el tema -que de paso nos preguntamos una vez más, ¿dónde está el Comisionado Presidencial de Inclusión Social, el señor Ricardo Sossa y el CONAPDIS?-, sino que las personas que estuvieron presentes, como el señor Embajador de Costa Rica en Ginebra, MR. Christian Guillermet Fernández, no supo responder a ninguna de las interrogantes realizadas por el Comité, e incluso manifestó: “Esta es una experiencia les voy a ser totalmente franco y sincero, que espero que me llegue la pensión antes de que tenga que repetirla, porque ha sido muy difícil para mí sentarme aquí delante de ustedes y oír la molestia por parte de los miembros del Comité por la falta de respuestas de nuestra parte o según el entendido de que ellas, no han sido lo suficientemente claras”, terminando él y las otras personas que le acompañaron agachando la cabeza ante la vergonzosa participación que tuvieron.
Fue tal la lamentable participación de Costa Rica, que el señor F. Morris, integrante experto de dicho Comité manifestó: “Estamos decepcionados en cuanto a las respuestas que nos han dado (en referencia a las respuestas enviadas por el Estado) y ustedes excelencias han secundado esta decepción”.
Desde el Movimiento Nacional de Personas con Discapacidad no solo denunciamos nuestra decepción y enojo ante la falta de seriedad y compromiso por parte del Gobierno de Costa Rica hacia las personas en situación de discapacidad, sino que exigimos una explicación ante la lamentable y vergonzosa participación que tuvieron y por qué el rector en materia de discapacidad (CONAPDIS) y el Comisionado Presidencial de Inclusión Social, no estuvieron presentes.
¡LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD MERECEMOS RESPETO Y UN ESTADO QUE GARANTICE NUESTROS DERECHOS!
