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Foro Virtual «8M: Día Internacional de la Mujer: ¿Qué pasa en Costa Rica?» reúne destacadas voces feministas

Por José Daniel Gamboa Araya

En conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el foro virtual «8M: Día Internacional de la Mujer: ¿Qué pasa en Costa Rica?» se llevará a cabo el próximo 8 de marzo a las 6 p.m. Este evento, organizado por el programa ALTERNATIVAS, promete ser un espacio de reflexión y diálogo sobre la situación de las mujeres en Costa Rica.

El foro contará con la participación de destacadas figuras del activismo y la academia, entre ellas Ericka Álvarez Ramírez, presidenta de la ALAMUD (Alianza Latinoamericana de Mujeres con Discapacidad), Darla Villarreal Medina, estudiante de la Escuela de Ciencias Políticas e Historia, la activista y educadora feminista Irené Barrantes Jiménez, y la activista feminista Enid Cruz Ramírez.

Durante el evento, se abordarán diversos temas relevantes para la lucha por la igualdad de género en Costa Rica, incluyendo los avances y desafíos en materia de derechos de las mujeres, la participación política y social de las mujeres, así como la violencia de género y otras formas de discriminación.

La transmisión en vivo del foro estará disponible a través de las plataformas de Facebook Live, Youtube y Spotify del programa ALTERNATIVAS. Además, se contará con la retransmisión por Radio Actual, Radio Guanacaste, Radio Soberanía y Radio Evolución, ampliando así el alcance y la accesibilidad del evento a nivel nacional.

Se invita a todas las personas interesadas en la lucha por los derechos de las mujeres a participar en este importante espacio de reflexión y debate, contribuyendo así a la construcción de una sociedad más justa e igualitaria para todas y todos.

Curso virtual entre mujeres: Caminando hacia la equidad e igualdad de género 2024

El curso «Caminando hacia la equidad e igualdad de género 2024» tiene como objetivo fomentar un proceso de reflexión para que las participantes examinen y reconstruyan sus creencias, actitudes y comportamientos relacionados con las desigualdades de género que afectan tanto en el ámbito personal como en el social.

Las temáticas a desarrollar son las siguientes: 

  • Identidades y condiciones de Género en la vida de las mujeres. 
  • Relaciones de poder intra e Inter genéricas y la violencia. 
  • El amor, la afectividad y la sexualidad en la vida de las mujeres. 
  • Metodologías holísticas en el trabajo con mujeres. 

El curso está diseñado para mujeres que cuenten con un conocimiento básico sobre cuestiones de género y estén interesadas en embarcarse en un proceso de cambio personal. Está dirigido a aquellas que se sientan motivadas por la idea de adquirir nuevas perspectivas en el tema de género, así como en explorar metodologías teórico-vivenciales que puedan aplicar en su entorno laboral. 

Se prioriza la participación de mujeres que estén activamente involucradas en ámbitos como el comunitario, educativo o religioso. Además, se espera que las participantes estén comprometidas con la idea de compartir los conocimientos adquiridos en el curso con otras mujeres, contribuyendo así a la multiplicación del impacto positivo en la sociedad.

El curso virtual de género entre mujeres se llevará a cabo de abril a julio de 2024, con una duración total de 72 horas. Durante este período, las participantes se comprometerán a asistir a sesiones virtuales semanales de 3 horas cada una, facilitadas por expertos regionales en género desde los enfoques de Educación Popular y Biocéntrica. Además, dedicarán otras 36 horas al autoaprendizaje.

La metodología del curso incluye procesos de reflexión individual y colectiva, intercambio de saberes contrastados con teorías de género, y la aplicación de técnicas alternativas como biodanza, arteterapia y danzas rituales, que fomentan la expresión libre y el aprendizaje vivencial en grupo.

Para recibir un certificado de participación, las asistentes deberán cumplir con ciertos requisitos, como asistir al menos al 75% de las sesiones y completar las tareas asignadas. Si las participantes son delegadas por organizaciones, se espera que permanezcan consistentes durante todas las sesiones debido a la secuencia temática y metodológica del curso.

El CEP ALFORJA proporcionará materiales didácticos con anticipación a las participantes individuales y a las organizaciones delegadas. Además, se facilitará un enlace de descarga para acceder a todos los materiales escritos y audiovisuales utilizados en cada sesión.

El curso se llevará a cabo a través de la plataforma de videoconferencias ZOOM, con enlaces enviados a los correos electrónicos registrados un día antes de cada sesión. Se recomienda a las participantes contar con equipos apropiados, una conexión a internet estable y un espacio privado para participar sin interrupciones.

El período de inscripción para el curso es del 26 de febrero al 7 de abril 2024, y tiene un costo $280.00 (Dólares estadounidenses) por participante. Cada participante asume gastos de transferencia bancaria. Y existe disponibilidad de media beca. 

De tener interés, acceda en el enlace del formulario de inscripción: https://forms.gle/sz3u7wE2hbG79ZpE7

Y si desea ampliar información, escribir al correo electrónico: comunicacion@cepalforja.org

Para conocer más sobre el contenido del curso y las fechas de las sesiones, puede observar el PDF adjunto. 

Pronunciamiento de las comunidades de fe e iglesias cristianas inclusivas hacia las personas LGBTIQA+ presentes en Costa Rica, a favor del proyecto de ley 20.970

«LEY PARA PROHIBIR TODAS AQUELLAS «TERAPIAS» DIRIGIDAS A REVERTIR O MODIFICAR CON FINES DE PRETENDIDA «CURACIÓN» LA ORIENTACIÓN SEXUAL DE LAS PERSONAS LGBTIQA+»

Las comunidades de fe e iglesias cristianas presentes en Costa Rica que mantienen una postura de acogida y de inclusión plena hacia las personas LGBTIQA+ (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans, Intersex, Queer, Asexuales y otras diversidades sexogenéricas) expresamos nuestro apoyo al proyecto de Ley 20.970 que prohíbe todas aquellas prácticas mal llamadas “terapias” de conversión o reparativas, orientadas a modificar la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género de una persona.

Considerando que, como comunidades de fe e iglesias cristianas inclusivas: 

  1. Creemos que Dios ha creado a toda persona a su imagen y semejanza y que todo lo que Dios ha creado “es bueno en gran manera” (Génesis 1;26; 1;31, Carta a los Colosenses 1;16, Job 34;19). 
  2. Creemos que, en Jesucristo, Dios ama incondicionalmente a todo ser humano, sin hacer acepción o diferencia entre las personas (1 Juan 4;10, Romanos 5;8, Juan 13;1, Salmo 36;7, Hechos de los Apóstoles 10;34, Carta a los Romanos 2;11, Carta a los Gálatas 2;6, Carta a los Efesios 6;9, Santiago 2;1). 
  3. Creemos que, en función del sacramento del bautismo, la persona que ha sido bautizada viene a formar parte de la Iglesia, que es el Cuerpo de Cristo y el Pueblo de Dios, por lo tanto, tiene derecho a vivenciar su fe cristiana plenamente, individual y colectivamente, sin exclusiones ni discriminaciones (1 Carta a los Corintios 12;13-18, Carta a los Efesios 2;13-22).
  4. Creemos que, durante su ministerio, Jesús predicó y realizó acciones a favor de las personas estigmatizadas, excluidas, discriminadas y violentadas por los sistemas sociales, religiosos y políticos de su tiempo y entorno (personas extranjeras, con distintas enfermedades y discapacidades, personas enfermas de lepra, mujeres, niñas y niños, esclavos) (Mateo 19;13-15, Lucas 7;1-10, Lucas 17;11-19, Lucas 10;38-42, Marcos 5;21-43, Marcos 7;24-30, Hechos 5;12-16). Hoy, las iglesias y comunidades de fe, siguiendo el ejemplo de Jesús, deben abrazar, acoger y dignificar a quienes los sistemas socioeconómicos, políticos y religiosos actuales excluyen, discriminan y violentan (Santiago 2;1). 
  5. Reconocemos que, desde una perspectiva religiosa judeocristiana, las visiones negativas acerca de la diversidad sexual y de las personas LGBTIQA+, surgen de lecturas e interpretaciones fundamentalistas, literalistas y descontextualizadas cultural e históricamente de pasajes de la Biblia. En este sentido, consideramos que la clave para la lectura e interpretación de las Escrituras debe ser Jesucristo y su obra salvadora misericordiosa en favor del género humano, especialmente los grupos más vulnerables.
  6. Reconocemos que, históricamente y de manera lamentable, los discursos religiosos han sido instrumentalizados por muchas instituciones religiosas y sociales para estigmatizar, violentar, discriminar y condenar a las personas, en función de su género, su origen étnico, su color de piel, sus creencias y prácticas religiosas, su estado civil, la zurdera, su orientación sexual, identidad o expresión de género, entre otras características humanas. 
  7. Afirmamos que el discurso religioso debe promover el respeto a la dignidad de todo ser humano, así como a todos sus derechos humanos; de igual manera, debe potenciar el desarrollo pleno, la salud y el bienestar de toda persona, en concordancia con las palabras de Aquel que dijo “Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia” (Evangelio de Juan 10;10). Antes bien, el discurso religioso no debe ser instrumentalizado por líderes, organizaciones o instituciones religiosas para estigmatizar, segregar, excluir, discriminar, violentar o condenar a las personas en función de su orientación sexual, identidad de género o expresión de género. 
  8. Afirmamos, basados en la Convención Americana de Derechos Humanos, que quienes lideran comunidades de fe e iglesias (clérigos (as), pastores (as), ministros (as) de culto, predicadores (as) también deben ser responsables en el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, la cual no debe vulnerar los derechos ni la salud de otras personas, ni constituirse en germen para discursos de odio. Igualmente, este derecho no debe ser utilizado para incitar a alguna forma de maltrato o violencia contra una persona o grupo de personas (Art. 13). Por lo anterior, en contraste con algunos sectores opositores, no consideramos que el proyecto de Ley 20.970 suponga una limitación o violación al derecho a la libertad de expresión, pues ésta debe ejercerse considerando tanto la veracidad de la información compartida como los impactos que los mensajes y discursos esbozados generen en las distintas audiencias.
  9. Entendemos que la discriminación y la violencia que afrontan las personas LGBTIQA+ en contextos familiares, sociales, educativos, laborales y eclesiales son los factores que subyacen al malestar psicológico, a los problemas emocionales y a la tensión interna experimentada por muchas personas LGBTIQA+, generando en ocasiones conductas autodestructivas, visión negativa de sí mismas, entre otros (Política Nacional de Sexualidad 2010-2021; Just the Facts Coalition, 2008).
  10. Afirmamos que las Comunidades de Fe y las Iglesias, en un espíritu ecuménico, están llamadas a promover la inclusión, la justicia, la paz social y la convivencia pacífica en la diversidad, así como a denunciar proféticamente las injusticias que los sistemas políticos, económicos, sociales y religiosos hegemónicos pretendan perpetrar y perpetuar (Mateo 5;1-12, 23;23-39, Santiago 2;1). 
  11. Creemos que las familias, en las diversas formas en las que estas están constituidas, deben ser los principales entes protectores que brinden amor, aceptación, cuidado, ternura y respeto a las personas que las conforman. En este sentido, las iglesias y comunidades de fe deben promover en las familias la aceptación y el respeto por la particularidad de cada persona, evitando generar tensión interna fundada en falsas expectativas de cambio respecto de la orientación sexual, identidad o expresión de género de alguno de sus miembros. 
  12. Creemos que no existe incongruencia alguna entre ser una persona lesbiana, gay, bisexual, trans, queer, asexual o intersex y ser una persona cristiana, pues toda persona tiene derecho a profesar su fe libremente de acuerdo a sus convicciones, libre de coerción, señalamientos o condenas (Génesis 1;26). 
  13. Entendemos que las personas LGBTIQA+ no necesitan modificar su orientación sexual, identidad de género o expresión de género, pues la diversidad sexo-genérica es natural y saludable. De hecho, intentar cambiar la orientación sexual NO ES POSIBLE ya que no supone una elección voluntaria que la persona haga. En esta línea, la Asociación de Psicología Americana (APA) sostiene que la orientación sexual no es una elección consciente, pues ésta surge en la infancia o adolescencia sin ninguna experiencia sexual previa, por lo que no es un aspecto que pueda cambiarse voluntariamente (APA, 2013), lo que implica que todo tratamiento que pretenda modificarla es falaz. 

Considerando además que: 

– La Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José (1969) garantiza a todas las personas el ejercicio pleno de los derechos contenidos en ella, particularmente, el derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad y a la seguridad, a la protección de la honra y de la dignidad, a la libertad de conciencia, religión, pensamiento, expresión, reunión y asociación, a la protección de su familia, a la igualdad y no discriminación. 

– La Organización Mundial de la Salud (OMS) desde 1990 eliminó la homosexualidad de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), dejando sin sustento científico cualquier procedimiento que pretenda patologizar y por consiguiente curar o corregir una condición humana que desde hace más de treinta años no es considerada una enfermedad mental. Adicionalmente, desde 2022 la OMS ha eliminado la transexualidad de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11) y la entiende como una condición relativa a la salud sexual. 

– La Organización Panamericana de la Salud (OPS) sostiene que “cualquier esfuerzo dirigido a cambiar la orientación sexual no heterosexual carece de justificación médica, ya que la homosexualidad no se puede considerar como una condición patológica. Existe un consenso profesional en que la homosexualidad representa una variación natural de la sexualidad humana sin ningún efecto intrínsecamente dañino para la salud de la persona o la de sus allegados. En ninguna de sus manifestaciones individuales es un trastorno o enfermedad y por eso no requiere cura.” 

– La Asociación Estadounidense de Psiquiatría (APA, por sus siglas en inglés) ha declarado desde 1973 que la homosexualidad per se no es un desorden mental diagnosticable y considera que los esfuerzos repatologizadores surgen de movimientos políticos y religiosos que se oponen al reconocimiento de derechos civiles para las personas LGBTIQA+ (APA, 2000). La APA considera asimismo que las terapias reparativas generan grandes riesgos potenciales como depresión, ansiedad y conductas autodestructivas, pues dichas prácticas refuerzan los prejuicios socioculturales aún persistentes en muchos contextos. 

– El Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica (CPPCR) se pronunció desde abril de 2022 en contra de las prácticas denominadas “terapias de conversión”, considerándolas “tratamientos” inhumanos, crueles y degradantes e instando a las personas profesionales en Psicología a desarrollar su práctica profesional basada en la evidencia científica y en el principio de respeto a los derechos humanos. 

– Finalmente, por Decreto Ejecutivo N.34399-S actualizado por el Decreto Ejecutivo 41313-S Costa Rica conmemora desde 2008 el Día Nacional e Internacional contra la Homofobia, Lesbofobia, Bifobia y Transfobia, precisamente en recuerdo de la despatologización de la diversidad sexual y de género. 

Considerando todos los aspectos anteriormente expuestos, las comunidades de fe e iglesias cristianas inclusivas hacia las personas LGBTIQA+, instamos respetuosamente a las señoras y a los señores Diputados a aprobar el Proyecto de Ley 20.970.

San José, 4 de marzo de 2024.

En el PDF adjunto se puede observar quienes firman. 

Aumento en número de alcaldesas electas supone un reto hacia la igualdad

  • Se debe analizar a fondo implicaciones de la paridad horizontal que rigió para estos comicios.

  • Debe existir mayor alfabetización digital para disminuir la violencia desde las redes sociales que afectan a las mujeres políticas.

UNA Comunica. 26 de febrero de 2024. Pasar de ocho a 22 alcaldesas electas para el periodo 2024-2028 puede interpretarse como una gran conquista y un logro en la lucha por alcanzar la igualdad y la equidad en los derechos políticos de las mujeres.

Sin embargo, visto desde otro punto de vista, apenas una cuarta parte (26,19%) de las personas elegidas el pasado 4 de febrero son mujeres que encabezarán las municipalidades del país.

Para Ana Soto, académica del Instituto de Estudios de la Mujer (IEM) y coordinadora de la Política para la Igualdad y Equidad de Género de la Universidad Nacional (UNA), los resultados electorales abren una gran interrogante para investigar y detallar acerca de las razones de ese crecimiento y de los retos que se avecinan para evaluar la aplicación de las reglas vigentes en materia de prevención y sanción de la violencia política hacia las mujeres.

“Lamentablemente, lejos de ser la normalidad, ha sido la excepción”, refuerza Soto, al hacer un balance entre lo acontecido tras estas últimas elecciones y la histórica lucha, donde la discriminación ha sido la tónica en la participación política de las mujeres.

Al respecto, mencionó la lucha que, desde más de 100 años, emprendió la Liga Feminista en Costa Rica para garantizar, entre otras cosas, el derecho al sufragio, y luego la inclusión de ese derecho en la Constitución Política de 1949.

“Luego de obtener ese derecho, se abrieron dos frentes paralelos de lucha: por un lado, la posibilidad de decidir, que se consagró a nivel constitucional, y posteriormente, ostentar puestos públicos. Sin embargo, el avance en este último camino ha sido mucho más lento. Ejemplo de ello es que hasta hace muy poco fue que empezamos a tener presidentas en la Asamblea Legislativa o, por primera vez, ahora tenemos a una mujer al frente del Tribunal Supremo de Elecciones”, rememoró Soto.

Una serie de conquistas legales y normativas han permitido el avance en materia de igualdad política. Uno de ellos fue la promulgación de la Ley 10.235 para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Política contra las Mujeres, vigente desde el 17 de mayo del 2022. Otro hito fue la resolución de la Sala Constitucional de febrero del año anterior que ordenó la paridad horizontal en puestos de elección popular, lo que abrió la puerta para que los partidos políticos postularon en igual cantidad mujeres y hombres entre la totalidad de cantones en que participaron.

Ambos factores, junto con la imposibilidad de reelección de alcaldes o alcaldesas que ya sumaban dos periodos consecutivos en el puesto, permitieron una mayor participación política de las mujeres. Para la académica Soto, a partir de este momento, se debe abrir un espacio de análisis e investigación para determinar el peso que estas decisiones tuvieron en el resultado final de las elecciones.

“Sin restarle méritos al resultado obtenido, que es muy importante, hay que analizar la efectividad de las normas aplicadas. Existe una deuda histórica hacia las mujeres en este tema. No porque no queremos participar en política o porque no tengamos la capacidad, sino porque hay un conjunto de elementos estructurales que nos han limitado desde el imaginario social”, apuntó.

Retos que se avecinan

De cara al futuro, Ana Soto considera fundamental dar seguimiento a la forma en que durante la gestión de las alcaldesas se extinguen aquellas acciones que representan violencia política. Hechos como el de una excandidata a intendenta en Lepanto a quien se le negaron vacaciones para participar en política o la de un artículo de un asesor del Partido Liberación Nacional en contra de una exaspirante por Puntarenas, utilizando frases sexistas, refuerzan la tendencia de que la violencia sigue presente.

En ello coincide José Andrés Díaz, investigador del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo), quien señaló que “debemos ir viendo cómo disminuye la violencia política hacia las mujeres porque no se trata solamente de que hayan sido electas, sino de que puedan gobernar y gestionar con la tranquilidad y las condiciones de igualdad requeridas”.

Es importante, señaló Soto, que se pueda también cambiar la narrativa desde los propios medios de comunicación, para posicionar en la agenda mediática la importancia de un estadio político y social más equitativo. “Debería existir un reconocimiento social a todas esas mujeres que han decidido dar un paso al frente y participar, que se sostuvieron, que se enfrentaron a ese contexto de violencia, para seguir generando no solo acciones afirmativas, sino en general”.

José Andrés Díaz señaló la necesidad de “fomentar la educación y la formación ciudadana. O sea, tenemos que empezar a inculcar una participación cada vez más inclusiva, de personas jóvenes, de mujeres y dejar atrás el discurso de que no se les otorga un privilegio, sino de que como ciudadanos y ciudadanas tenemos el derecho de proponer nuestros nombres”.

Otro punto de atención que recalcó la coordinadora de la Política para la Igualdad y Equidad de Género de la UNA es considerar el crecimiento del uso de lenguaje violento en contra de las mujeres que se da desde las redes sociales. Lograr una alfabetización digital desde los primeros años e incluso desde la escuela y el colegio es fundamental para crear entornos donde exista más tolerancia y respeto.

Finalmente, Soto destacó la importancia de seguir avanzando en normativa legal que acompañe ese esfuerzo por la igualdad. Hizo mención, por ejemplo, al proyecto 23.443 Ley para Fortalecer los Mecanismos de Protección de los Derechos de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en la Política. La iniciativa amplía los alcances de la ley 10.235 para que se proteja también a las mujeres lideresas de organizaciones sociales y no solo políticas. El proyecto está asignado en este momento a la Comisión Especial de la Mujer en la Asamblea Legislativa, a la espera de dictamen.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Patricia Mora y Enid Cruz proponen plan conjunto para una vida libre de violencia para mujeres en San José y San Ramón

  • Iniciativa fue presentada por las candidatas a las alcaldías de ambos cantones por el Frente Amplio, Patricia Mora y Enid Cruz este viernes 12 de enero.
  • Plan busca entre otros aspectos garantizar acceso oportuno a la atención médica y tratamientos, educación libre asociados al género y la sexualidad.
  • Trabajar incansablemente para construir comunidades donde todas las mujeres puedan prosperar, coincidieron lideresas.

San Ramón, Alajuela. Ante la creciente ola de violencia que enfrente el país, las candidatas a las alcaldías por el cantón central de San José, Patricia Mora, y la aspirante por San Ramón, Enid Cruz, anunciaron una colaboración para transformar ambos cantones en entornos seguros y propicios para el Desarrollo Integral de las Mujeres.

La iniciativa fue dada a conocer por ambas lideresas en un video transmitido en sus redes sociales este viernes 12 de enero, al tiempo que hicieron un llamado a todas las mujeres para unirse al proceso electoral municipal del 4 de febrero próximo.

El compromiso de ambas candidatas se centra entre otros aspectos en la defensa de los derechos humanos, con un enfoque especial en las mujeres. Esto abarca desde garantizar un acceso oportuno a la atención médica y tratamientos relacionados con la salud sexual y reproductiva, hasta la promoción de una educación libre de estigmas asociados al género y la sexualidad.

En su hoja de ruta compartida, se proponen dos acciones estratégicas fundamentales:

1.      Revisar y reorientar las funciones de las actuales Oficinas de Equidad de Género de ambas municipalidades, con el objetivo de fortalecer la protección y promoción efectiva de los derechos de las mujeres.

2.      Establecer la política cantonal de la mujer y asegurar su implementación, en línea con la legislación correspondiente. Esto busca fomentar la participación activa de las mujeres en los órganos municipales y en la asignación de recursos destinados a abordar sus necesidades.

Precisamente, estas iniciativas se suman a los programas de gobierno existentes que tienen como propósito fundamental romper el ciclo de pobreza y violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes.

La trayectoria de Patricia Mora, quien ha desempeñado roles destacados como exministra de la condición de la mujer, expresidenta del INAMU y exdiputada, así como la experiencia acumulada de Enid Cruz, fundadora de MUSADE y del Hospital sin Paredes, trabajadora social y líder comunitaria durante más de 37 años en la defensa de las de las mujeres, ha resultado fundamental para trazar una ruta exitosa.

Ambas aspirantes coinciden en que alcanzar este objetivo requerirá la creación de espacios para acceder a la salud sexual y reproductiva, la generación de empleos dignos, la ampliación de las redes de apoyo y el desarrollo de campañas educativas para des estigmatizar, tal como explicaron.

Finalmente, ambas se comprometieron en trabajar incansablemente para construir comunidades donde todas las mujeres puedan prosperar, vivir libres de violencia y disfrutar de oportunidades equitativas en todos los ámbitos de la vida.

Programas de Gobierno:

Enid Cruz – San Ramón

Patricia Mora – San José

Su paso por la función pública no la sensibilizó en nada, y lo peor, es que hace alarde de ello

José Luis Pacheco Murillo

El tema de la impunidad se vuelve a presentar ante todos nosotros a pesar de que en este caso se da con la imposición de una pena a una persona, cuyos delitos se comprobaron hace más de cuatro años y hasta ahora se le imponen los años de prisión, aunque no los que debían ser.

Muy lamentable las manifestaciones dadas por esa persona en el sentido de que “NO SE ARREPIENTE DE NADA” es decir, que volvería a cometer esos 32 delitos que le fueron comprobados. Y también lamentable que indique que “ella jamás irá a la cárcel” apoyándose en las palabras del Juez al justificar la pena.

Su paso por la función pública no la sensibilizó en nada y lo peor es que hace alarde de ello.

Dios quiera que la justicia logre sus propósitos en el futuro, porque en este caso no lo logró. Que sea pronta y cumplida, es decir, que no suceda que se condena en un momento y tengan que pasar más de cuatro años para que se imponga la sanción, y que, además, sea ejemplarizante para que quienes deseen delinquir sepan lo que les sucederá. Tampoco ha sido ejemplarizante esta pena.

En Costa Rica los derechos tribales se miden con una vara diferente a la del resto de la población

Por: Bernardo (Walker) Archer-Moore

Bernardo Archer Moore

Esto se mostrará al mundo entero, que ha sido engañado haciéndole creer que nuestro país es un paraíso de libertad y justicia igualitaria para todos, con la complacencia y complicidad de los hermanos y hermanas negros que están satisfechos en su papel de símbolo de progreso y prosperidad ethnica, mientras que la mayoría de sus compatriotas tribales viven sumergidos en la pobreza y una miseria innecesaria.

Nosotros, como pueblo, hemos recorrido el camino traicionero de la pobreza a la riqueza, y actualmente estamos en una pendiente resbaladiza de regreso a la pobreza extrema.

Nuestros antepasados cargaron con el peso de los sacrificios para llevarnos a la encrucijada en la que nos encontramos, donde tendremos que elegir entre avanzar o retroceder a donde ellos comenzaron hace más de un siglo.

Esta es una decisión muy personal que cada uno de nosotros debe tomar para definir dónde nos encontramos parados, a fin de unir fuerzas, y enfrentar colectivamente las adversidades comunes que enfrentamos actualmente.

Que la paz reine entre nosotros

(as-salāmu ʿalaykum)

23/12/2023

UCR: La organización como clave para el desarrollo de la población transfronteriza

Trabajo con mujeres en la comunidad de San José de Upala forma parte de las actividades del proyecto. Foto cortesía del proyecto: ED-3441.

En el Día Internacional del Migrante

Costa Rica es un país nutrido por múltiples poblaciones migrantes, desde tiempos antiguos hasta la actualidad.

De acuerdo con el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2011, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la población extranjera residente en Costa Rica es el 10% de la población del país (385,899 personas). El 74.6% proviene de Nicaragua (287,766 personas), seguido por Colombia (4.3%), Estados Unidos de América (4.1%), Panamá (2.9%), El Salvador (2.4%), y la República Bolivariana de Venezuela (1%).

En el cantón de Upala, en la frontera norte de Costa Rica con Nicaragua, se ha configurado una población transfronteriza que se caracteriza por tener nexos culturales, sociales y económicos en territorios entre ambas naciones. Además, es uno de los 10 cantones con los índices de desarrollo humano más bajos del país, padece de muy poca presencia estatal y alta exclusión social, desregulación migratoria e informalidad. Es por eso que la Universidad de Costa Rica (UCR) desarrolla el proyecto de acción social ED-3441 «Fortalecimiento de espacios para la promoción, defensa y exigibilidad de derechos en Upala», con el objetivo de fortalecer procesos organizativos y construir ciudadanías sólidas. Así lo describe Eugenia Boza, coordinadora del proyecto.

El empoderamiento de los derechos es fundamental en la transformación social de las comunidades. Foto cortesía del proyecto: ED-3441

En otras palabras, el proyecto brinda herramientas para que las comunidades y organizaciones trabajen en identificar y satisfacer sus necesidades, desarrollar habilidades de organización e incidir en las instituciones para demandar atención estatal en las áreas que les competen, agregó Boza.

Desde el año 2019, las acciones del proyecto se han concentrado en el distrito de San José de Upala, especialmente en las comunidades de Los Ledezma, Valle Bonito y Pueblo Nuevo, donde se trabaja con los líderes y lideresas de grupos organizados, personas involucradas en procesos de trabajo con niños, niñas y jóvenes locales, así como mujeres promotoras contra la violencia. Aborda la capacitación y el acompañamiento en procesos organizativos en comunidades, promoción de derechos y el desarrollo de habilidades blandas, como comunicación asertiva, trabajo en equipo y resolución de conflictos, fundamentales para el fortalecimiento de la cohesión comunitaria.

Iniciativas Comunitarias

En la comunidad de San José de Upala, se han desarrollado procesos concretos como la fundación de una asociación de desarrollo local para, posteriormente, establecer una feria de agricultores en las áreas comunes para el intercambio de productos.

Estudiantes durante la preparación del espacio para realizar una dinámica de visualización. Foto cortesía del proyecto: ED-3441

Boza destaca cómo en Valle Bonito asesoraron en la conformación de una Asociación de Desarrollo y cómo sortearon un inconveniente legal ya que dependían administrativamente de la asociación de Cuatro Bocas. «El fin no es solo estabilizar legalmente las organizaciones sino tener elementos, herramientas y habilidades para reconocer sus necesidades, priorizar aquello que les toca atender; determinar qué le toca a las instituciones del estado y cómo se puede atender esa situación para que justamente este proceso de promoción, defensa y exigibilidad de derechos no sea realizado por la Universidad de Costa Rica, sino como universidad brindar herramientas para que sea la gente la que lo haga», concluyó Boza.

Por su parte, Inés Estrella Wilson de nacionalidad nicaragüense, dirigente comunal de Valle Bonito de San José de Upala, asegura que el proyecto en el que ha participado durante cinco años, le ha brindado una serie de herramientas tanto personales, como la comunicación asertiva y gestión emocional; como colectivas, como liderazgo, empoderamiento de los derechos, elaboración de documentos, trámites y roles para cada persona dentro de una organización.

Las mujeres son una de las poblaciones en las que el proyecto se enfoca para contribuir con el mejoramiento social de las comunidades. Foto cortesía del proyecto: ED-3441

Alianzas

Además se trabaja en conjunto con otros proyectos de la UCR como por ejemplo el TC-607 Comer Orgánico  en el que el estudiante de Derecho Tomas Pereira fue vital para gestionar el recurso de amparo que solicitó la reparación de la Escuela de Los Ledezma y el TC-666 Dialogando el presente: recuperando la memoria histórica de las organizaciones políticas subalternas  cuyos estudiantes apoyan en las actividades para niños y niñas.

Fuera de la Universidad se han realizado acciones con organizaciones como Senderos, y la Red de Mujeres contra la Violencia, que está integrada por mujeres que se capacitan en el centro de Upala y se forman como voceras contra la violencia y posteriormente van a las localidades a desarrollar nuevas actividades.

Actividades artísticas con niños y niñas de la comunidad. Foto cortesía del proyecto: ED-3441

Para Boza el papel esencial del proyecto es ser un puente entre las comunidades y las instituciones, asegurando la presencia y participación de aquellas entidades que deben tener una presencia activa en Upala.
En ese sentido, Wilson destaca el factor movilizador que trajeron los conocimientos y nexos compartidos en el proyecto: “El proyecto ha logrado transformar mi comunidad porque somos más unidos, participamos más en el empoderamiento de las mujeres, en visualizar una nueva comunidad en la valoración de nuestras costumbres y raíces” concluyó.

Antecedentes

  • El proyecto inició en el año 2016 como respuesta a la afectación dejada por el paso del Huracán Otto en la zona norte. 
  • En 2018, el estallido social en Nicaragua aumentó los flujos migratorios, afectando directamente a Upala y ejerciendo presión sobre las condiciones de esa población transfronteriza. 
  • En 2019, el trabajo del proyecto se concentró en 3 comunidades de San José de Upala: Los Ledezma, Valle Bonito y Pueblo Nuevo.
  • La pandemia puso énfasis en el cuidado de los lazos, así como en el monitoreo de necesidades y la activación de medidas para garantizar la seguridad alimentaria.

Análisis de los derechos de las mujeres con discapacidad: 17 años desde la convención de la ONU

El día 8 de diciembre el programa ALTERNATIVAS  realizó el conversatorio “Análisis de los derechos de las mujeres con discapacidad: 17 años desde la convención de la ONU”, con las invitadas Ericka Alvares, Marcela Ramírez, y Itzel Hermida. El conversatorio discute y expone importantes temas sobre los derechos, imposiciones, etiquetas, luchas, así como los cambios desde el 2006 hasta la fecha y los pendientes.

Las grabaciones serán transmitidas por la emisora 107.1 FM los sábados a las 22:00 horas. Además puede ingresar al enlace para escuchar la importante discusión https://fb.watch/oPqpPxhUet/?mibextid=RUbZ1f 

¡Ni p’a la repela!

Dr. Óscar Aguilar Bulgarelli

Estos días de Navidad nos trajo la noticia, escondidilla entre audios de soberbia y corrupción, que el Ministro Nogui y el Presidente Rodrigo, nos recetaron un aumento en el impuesto de la renta… ahh pero no le subieron el porcentaje a los de arriba, sino que bajaron el monto mínimo y así, los de abajo pagarán más, y de remache, incluyeron en el pago a algunos de más abajo todavía que antes estaban exentos de pagar impuesto de la renta con dinero de sus magros salarios.

Es decir, la justicia social al carajo, la equidad que nos distinguía destrozada; porque resulta que en el sector público los salarios están congelados y los aumentos en el privado son risibles, por no decir vergonzosos. Eso, eso. Justicia y equidad; ¿o será por eso por lo que dejamos de ser un país equilibrado para ser uno de los más inequitativos del mundo!?

Entonces el trabajador con su salario congelado hace años, o con aumentos injustos que la realidad reduce a nada, tienen que pagar más impuesto de la renta, ¿cuál?, en tanto los garañones de la plutocracia se roban, si, se roban, 3 BILLONES al año con la evasión fiscal y sus depósitos en paraísos fiscales. Es evidente que hay una noguización y un chavismo que saben tratar con garrote a los de abajo y guantes de seda a los de arriba.

Los afectados siguen soportando con equivocado estoicismo, en silencio o acobardados, la injusticia. Siguen aceptando que esas condiciones salariales de los gobiernos de Alvarado y este DesChaves, y los  sigan viendo como … matas de café, después de la cosecha ; aunque ya no queden granos después de la cogida…ni p’a la repela.