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Denuncian a abogado que irrespetó a una mujer trans en un proceso judicial

Escrito en . Publicado en Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

Marco Antonio Castillo Rojas informó a SURCOS, que fue presentada ante la Fiscalía del Colegio de Abogados y Abogadas una denuncia contra un afiliado que irrespetó a una mujer trans en un proceso judicial. Este es el documento de la denuncia (se suprimen nombres por respeto a la identidad de las personas):

San José, 14 de agosto de 2020.

Señor
Lic. Carlos Villegas Méndez
Fiscal¨
Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica
Ciudad.

Estimado señor:

Yo, … interpongo una denuncia por irrespeto a mi identidad de género en un proceso judicial por parte del Lic…

El irrespeto se dio en un proceso judicial donde él asesoraba a mi esposa. En sus escritos usó frases antiéticas y que riñen con el respeto que se me debe como persona con dignidad.

Mi documento de identidad claramente indica mi nombre femenino, conforme a las últimas regulaciones sobre identidad acordadas por el Registro Civil, y así he litigado. El mismo abogado … en el nombre del proceso usó mi nombre femenino. Sin embargo, insistentemente en su libelo usa las siguientes frases y alocuciones: “el mismo demandado”, “el demandado unilateralmente”, “adquirido por el demandado”, “el progenitor”, “el señor …”, “pues él también ejerce libremente”, “el rubro que él debe cubrir”, “ha sido el señor … quien ha”, “don … asumió”, “Fue don … quien me”, “A pesar que el señor … de mala fe”, “él se obligó a otros rublos más”, “comodidades a que don …”, “el principal obligado lo es el demandado”, “incumplimiento del demandado”, “el señor … se ha ocupado”, “EL OBLIGADO TIENE LA CAPACIDAD DE SOBRA”, “del incidentado”, “mi esposo”, “y que él sigue llevando”; además solo se refiere a mi cambio de género como una condición para sustentar sus peticiones: “Prueba de sus altos ingresos (…) se ha realizado cirugías de enorme valor para adecuar su fisonomía a su cambio de género”.

Anexo fotocopias del documento de recurso de revocatoria y apelación subsidiaria del … de este año presentado en el proceso de pensión alimentaria con expediente …, no creo necesario certificarlo porque el denunciado reconocerá su propio escrito.

Considero infringido el CÓDIGO DE DEBERES JURÍDICOS, MORALES Y ÉTICOS DEL PROFESIONAL EN DERECHO, en los artículos 7, 8, 13,15, 17 y 38.

Veamos:

El Artículo 7: El abogado y la abogada procurarán situar sus relaciones profesionales y personales en un marco de seriedad, justicia, amabilidad, honorabilidad, tolerancia, comprensión, cortesía y discreción.

Aquí el Lic. … no procuró situar su relación profesional en marco de amabilidad, tolerancia, cortesía.

Artículo 8: El abogado y la abogada han de defender las libertades civiles y políticas que aseguren el respeto de la dignidad humana y el bienestar general, y reprochar toda acción que atente contra estos principios, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

Aquí el Lic. … no respetó mi dignidad humana.

Artículo 12: Quienes ejercen la profesión del derecho han de actualizar y profundizar sus conocimientos jurídicos constantemente.

El Lic. … demostró su falta de conocimiento de las actuales disposiciones administrativa de respeto a la identidad de género.

Artículo 15: El abogado y la abogada deberán ser respetuosos en todas sus actuaciones, absteniéndose de utilizar términos despectivos, irrespetuosos o peyorativos, ya sea en forma escrita o verbal. Si la conducta se diera con ocasión del trámite jurisdiccional de un caso, deberá estarse a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Los términos que utilizó el Lic…. en el escrito cuya fotocopia presento lo señalan como irrespeto a este artículo.

Artículo 17: El abogado y la abogada deberán actuar con corrección en el ejercicio profesional. Su conducta se ajustará al ordenamiento jurídico vigente en la sociedad costarricense, debiendo abstenerse de toda actuación impropia que pueda desacreditar la profesión. Su ejercicio profesional deberá ser siempre probo, leal, veraz y de buena fe.

El Lic. … no actuó de acuerdo a este artículo pues no aplicó la buena fe ni la veracidad.

Artículo 38: Aunque la causa sea justa, el abogado o la abogada no deberán emplear medios ilícitos, incorrectos o desleales.

Me parece que el Lic. … tampoco respetó esta disposición.

Pido que esa Fiscalía aplique la sanción que corresponda al Lic. ….

Al Lic. … se le notificará en su Bufete, dirección que anoté arriba o al correo electrónico … o al teléfono ….

Mis notificaciones las recibiré al correo electrónico marcocastillo@ice.co.cr

Sírvase proceder como mejor haya lugar.

Cordialmente,
Es auténtica:
Marco Castillo Rojas
Abogado con carné 3580

Analizan situación de personas migrantes y transfronterizas de la Zona Norte en conversatorio internacional sobre inmovilidades cartográficas por COVID-19

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12 de agosto del 2020

Programa Kioscos Socioambientales para la Organización Comunitaria, Universidad de Costa Rica. Analizan situación actual de personas migrantes y transfronterizas de la Zona Norte de Costa Rica en conversatorio internacional sobre inmovilidades cartográficas por COVID-19

El pasado lunes 10 de agosto se llevó a cabo el VII conversatorio virtual “(In)movilidades cartográficas en tiempos de Covid-19: fronteras, trazos y narrativas espaciales”, organizado por FLACSO-Guatemala y por Ecosur-México. La actividad planteó como interrogantes ¿Qué relación hay entre los mapas y las migraciones? ¿Cómo contribuye la ciencia de la cartografía al estudio de las movilidades humanas? ¿Cómo se han transformado los territorios durante la pandemia? ¿Cómo se vislumbra el panorama post pandemia? Las personas invitadas trataron de contestar a estas preguntas en un ambiente tipo conversatorio, donde se fueron tejiendo distintos temas alrededor de la cartografía, la migración-movilidad y sobre todo de este contexto actual de pandemia que estamos viviendo de forma muy impactante en América Latina.

Participamos en esta actividad representantes del colectivo Raya-Montaña de Monterrey, México, del CIIECRe, CESMECA-UNICACH, CONACYT y ECOSUR de Chiapas, México, de Cartografías de los Bosques del Pueblo de Panamá, de FLACSO-Guatemala y del Programa Kioscos Socioambientales para la Organización Comunitaria de Costa Rica. Cada una de las participaciones fue exponiendo de dónde surgió su interés por la cartografía, cómo definen el trabajo cartográfico que realizan en sus organizaciones o colectivos, cuáles son los actuales retos para el territorio o territorios donde trabajan en este contexto y cómo incorporan los conocimientos y experiencias territoriales de las personas que lo habitan y transitan.

Para el caso de Costa Rica, expusieron dos docentes del Programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica. El conversatorio contaba con dos bloques de participación, en el primero Kioscos contó del trabajo que ha realizado utilizando Cartografía Participativa desde el año 2013 en varias comunidades como el territorio bribri de Talamanca, Paraíso de Sixaola, las Fincas de Palmar Sur de Osa y los cantones de Upala, Guatuso y Los Chiles de la Zona Norte. Para el segundo bloque, desde Kioscos se analizó la situación actual que están viviendo las personas migrantes y transfronterizas trabajadoras de plantaciones (de piña, yuca y cítricos) en la Zona Norte del país, ya que estas personas se ven afectadas por violación de sus derechos laborales, marginalización, estigmatización por xenofobia y racismo y finalmente por empobrecimiento de sus condiciones materiales, al estar sometidas a lógicas de flexibilización del trabajo bajo condiciones bastante cuestionables.

Desde el Programa Kioscos, el reto está en seguir acompañando a estas comunidades de la Zona Norte del país en este contexto actual de pandemia, ya que las condiciones actuales aún no permiten un acercamiento con estas personas. Es necesario ir pensando en otras formas de vinculación con las comunidades rurales en un momento tan delicado como este. La construcción de redes nacionales e internacionales son una excelente forma de ir pensando estos nuevos retos de forma colectiva.

Pueden ver el conversatorio en este enlace:

https://www.facebook.com/watch/?v=1433192946882063

FRENASS logra que tema de IVM de la CCSS sea discutido de forma participativa

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El Frente Nacional por la Seguridad Social (FRENASS) promoverá un proceso participativo para discutir y proponer, desde los movimientos sociales y movimiento sindical, propuestas para atender la situación del sistema de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la CCSS. Esto, gracias a la petición de FRENASS y al impulso y trabajo del representante de las trabajadoras y los trabajadores, Mario Devandas Brenes, en la junta directiva de la institución.

SURCOS recibió este comunicado:

FRENTE NACIONAL POR LA SEGURIDAD SOCIAL

El 10 de agosto del 2020, la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, dispuso mediante acuerdo unánime promover un proceso de diálogo con los diversos sectores sociales, en torno a de las reformas propuestas al régimen de invalidez vejez y muerte, según manifestó el director, Dr. Mario Devandas.

Saludamos con entusiasmo la disposición de las autoridades de la Caja, cuya génesis se encuentra en las acciones promovidas por FRENASS y apoyadas por las diversas organizaciones que se encuentran integradas a nuestro frente, así como por la ciudadanía en general, que ha exigido un diálogo nacional, dado que las reformas propuestas nos afectan a todos y todas.

Entendemos la delicada situación financiera que está enfrentando la Caja. No obstante, las reformas al Régimen del IVM, no pueden recaer exclusivamente en la población costarricense, empobreciéndola aún más, dado que las propuestas disminuyen la calidad de vida y el poder adquisitivo de los adultos mayores y deja a los sectores más vulnerables de la población en un abandono aún mayor que el que ya tienen.

Exigimos de este proceso, de conformidad con el Artículo 9 de nuestra Constitución Política, una verdadera vocación democrática, que garantice a la población la más activa y efectiva participación en la toma de decisiones, dado nuestro aporte en la sostenibilidad del régimen, el que recae en nuestras espaldas.

Se ha abierto un espacio democrático, las fuerzas populares, sindicatos, cooperativas, asociaciones, ciudadanía en general, estamos en la obligación de forjar un frente común en defensa de nuestros derechos y en defensa de la seguridad social.

Desde Frenass, hacemos un llamado a la Unidad en defensa de la Seguridad Social y de la Caja Costarricense del Seguro Social en particular.

San José, 12 de agosto del 2020.

FRENASS comparte la carta en la cual se comunica que su petición sería conocida en la junta directiva de la CCSS:

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

SJD-1349-2020
07 de agosto de 2020

Señores (a)
Licda. Antonieta Fernández Quirós
MSc. Rafael López Alfaro
Sr. Deivis Ovares Morales
FRENTE NACIONAL POR LA SEGURIDAD SOCIAL – FRENASS
Notificaciones: Correo electrónico: frenass14@gmail.com

Estimados señores:
Estimada señora:

Asunto: Comunicación de lo acordado por la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, en el artículo 12° de la sesión N° 9116, celebrada el 06 de agosto del año 2020.

Me permito hacer de su conocimiento lo resuelto por la Junta Directiva de la Caja en el artículo 12° de la sesión N° 9116, celebrada el 06 de agosto de 2020, que literalmente dice: “ARTICULO 12º: Por tanto, Se conoce oficio 366507-2020, con fecha 29 de Julio de 2020, suscrito por la Licda. Antonieta Fernández Quirós, MSc. Rafael López Alfaro y el Sr. Deivis Ovares Morales, FRENTE NACIONAL POR LA SEGURIDAD SOCIAL – FRENASS, dirigido a la Junta Directiva. Asunto: Solicitud de convocatoria amplia y participativa para abordar el Tema del IVM y de la problemática de Recursos que enfrenta la Caja Costarricense de Seguro Social.

El citado oficio se resume así: Los suscritos se refieren a la decisión de los miembros de Junta Directiva de la CCSS de discutir e incluso modificar unilateralmente el Régimen del IVM, sin tomar en cuenta la participación activa y efectiva de los sectores sociales, ni de la ciudadanía, que conforma múltiples y diferentes frentes para la Defensa, el Fortalecimiento y el Mejoramiento constantes de la Caja y fundamentados en el artículo No. 9 de la Constitución Política, que establece y garantiza la participación activa, amplia y democrática en la toma de decisiones políticas que vayan a afectar a la ciudadanía.

Por lo anterior, solicitan lo siguiente:

  1. Que la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social detenga de forma inmediata, cualquier tipo de discusión respecto al futuro del régimen del IVM, así como del modelo de atención en Salud que brinda la CCSS, hasta tanto y con sentido democrático, se garantice a la población la más activa y efectiva participación en la toma de decisiones.
  2. Que la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, en pleno uso de sus facultades y autonomía, se convierta en la impulsora y organizadora de estos espacios de participación democrática, y se convoque a todos los sectores que interesados en la defensa y el fortalecimiento de la Caja, para garantizar que todas las voces y las propuestas sean escuchadas y tomadas en cuenta en la toma de decisiones, consecuente con lo establecido en el artículo nueve de la Constitución Política.
  3. Que la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, garantice el respeto al precepto constitucional y democrático establecido en el artículo constitucional mencionado, dado que la Caja no está exenta de las obligaciones estipuladas en la Constitución Política, específicamente respecto de la rendición de cuentas, con la consecuente responsabilidad personal de los integrantes de su Junta Directiva.

Finalmente, solicitan respuesta pronta y oportuna, amparados en el derecho de petición y respuesta consagrado en el numeral 27 de la Carta Magna., la Junta Directiva

ACUERDA: ACUERDO PRIMERO: Comunicar a los señores Licda. Antonieta Fernández Quirós, MSc. Rafael López Alfaro y Sr. Deivis Ovares Morales, FRENTE NACIONAL POR LA SEGURIDAD SOCIAL – FRENASS, que su solicitud será considerada en la sesión del 10 de agosto del 2020 y se les informará oportunamente.

La indicación se hará extensiva a las notas que ingresen en la correspondencia para ser conocida el lunes 10 de agosto 2020.

ACUERDO FIRME”

Suscribe atentamente,
SECRETARÍA DE JUNTA DIRECTIVA
Ing. Carolina Arguedas Vargas, jefa

Imagen: Semanario Universidad.

Organizaciones ciudadanas piden transparencia en transmisión de sesiones de Corte Plena y Consejo Superior

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Organizaciones ciudadanas piden garantizar transparencia en transmisión de sesiones de Corte Plena y Consejo Superior. El Foro de Justicia de Costa Rica y la Mesa de Trabajo por una Justicia Abierta llaman a jerarcas a tomar acciones que garanticen la transparencia, reconocida como un derecho de la ciudadanía.

COMUNICADO: San José, 11 de agosto 2020- Transmisiones que se cortan alegando “información confidencial”, presentaciones en pantalla que no se comparten al público y documentos de referencia que no están en línea, son algunas de las carencias que el Foro de Justicia de Costa Rica y la Mesa de Trabajo por una Justicia Abierta señalan a la jerarquía del Poder Judicial, en una misiva enviada en días pasados.

El Foro de Justicia de Costa Rica y la Mesa de Trabajo por una Justicia Abierta, organizaciones de sociedad civil preocupadas por la independencia judicial y el acceso a la justicia, celebraron en su momento la decisión de transmitir por streaming las sesiones de la Corte Plena y del Consejo Superior, en tanto esto marcó un salto cualitativo en términos de transparencia.

Sin embargo, en la carta enviada señalan que “tras años de observar dichas sesiones, hemos identificado una serie de aspectos que se deben mejorar para que la ciudadanía pueda seguir, conocer, entender y en última instancia participar y supervisar, las decisiones del máximo órgano de toma de decisiones del conglomerado judicial”. Frente a estas prácticas que obstaculizan la transparencia, las organizaciones ofrecen su disposición para colaborar y plantean una serie de propuestas.

Buenas prácticas para fortalecer la transparencia

Uno de los aspectos que destaca es que la Dirección Jurídica y la Comisión de Transparencia del Poder Judicial deben definir los criterios para clasificar temas como “información privada o confidencial”, pues este argumento es la justificación para detener el streaming, sin que se hagan públicos los motivos o se den justificaciones. “La definición previa debe dejar muy clara la posibilidad de solicitar que se apague el streaming, pero esta no debe ser una potestad arbitraria o discrecional de confidencialidad de temas que, aunque sensibles, por su naturaleza son información pública”, señala la carta.

Otro aspecto por mejorar es el compartir junto con el enlace al streaming, la agenda de cada sesión, de manera que el público interesado conozca el momento en que van a tratarse los asuntos de su interés. Esta agenda debe ser a su vez explícita o auto explicable. “Actualmente es común que durante una sesión se señale, a modo de ejemplo, que: las propuestas van del punto 2 al 6 y se aprueban sin debate. Esto implica que quienes observan la sesión, no tienen posibilidad alguna de conocer cuáles eran dichas propuestas y qué se aprobó en cada punto”

También es necesario que toda la documentación vinculada al desarrollo de la sesión (informes, documentos de cada punto y correspondencia) sea pública y accesible. “En este momento las actas -que se publican un mes después- solamente mencionan los números de los documentos de referencia, pero no los incluye. Se sugiere su colocación como anexos, o bien, establecer un link para su acceso en Nexus”.

De igual manera, las pantallas utilizadas dentro de las sesiones también deben ser proyectadas en el streaming, de modo que la información que contienen sea accesible al público al mismo tiempo que la conocen las magistradas y magistrados.

Las organizaciones señalan que, dado que se cuenta con un sistema de votación electrónico, es posible avanzar hacia la sistematización de las votaciones individualizadas, que den cuenta en tiempo real para cada acuerdo, cómo votó cada uno de los integrantes de la Corte Plena. “Esta sería una herramienta automatizada, que se genere al mismo tiempo que se vota y no requiere una labor adicional”.

Finalmente, la carta recuerda a los magistrados y magistradas que en octubre de 2019 se aprobó una ley para hacer públicas y transmitir las sesiones del Consejo Superior, así como realizar el levantamiento de actas literales; sin que a la fecha se tenga conocimiento de alguna acción para cumplir con la citada ley.

En esta misiva, tanto el Foro de Justicia como la Mesa de Justicia Abierta le recuerdan a los magistrados y magistradas que la Constitución Política de Costa Rica establece el derecho de la ciudadanía a participar en los asuntos públicos; y que al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que “es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación, el cual establece la presunción de que toda información es accesible, sujeto a un sistema restringido de excepciones”.

El Foro de Justicia y la Mesa de Trabajo por una Justicia Abierta son organizaciones de distintas orientaciones y disciplinas, cuyo objetivo consiste en proponer reformas para lograr una justicia independiente, pronta, cumplida e igual para todos y todas.

Información de CEJIL.

Libro virtual y serie de videos animados: fortalecer el feminismo anticapitalista y antirracista

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El material es el resultado del proceso de elaboración feminista de la 5ª Acción Internacional de la Marcha Mundial de las Mujeres, que tiene como eje central la denuncia de las empresas transnacionales. La organización y producción de los materiales se basó en las contribuciones de las integrantes de la Marcha Mundial de las Mujeres en el Brasil, de la SOF Sempreviva Organización Feminista y de las integrantes del Comité Internacional de la MMM, además de las contribuciones organizadas en el debate regional de la Región de las Américas.

El libro reúne artículos de Nalu Faria, Marianna Fernandes, Tica Moreno, Natália Lobo y Taís Viudes. Los textos hablan sobre la precarización y digitalización del trabajo, la explotación de la naturaleza y la mercantilización del feminismo. Está disponible para descarga gratuita en portugués y español: https://bit.ly/enlacelibro

Las animaciones introducen el funcionamiento del poder corporativo de tres sectores (textil, alimenticio, digital), y también evidencian nuestras propuestas feministas alternativas. Están disponibles en Youtube:

Español https://bit.ly/videosMMMespanol
Inglés https://bit.ly/videoWMWenglish
Francés https://bit.ly/videosMMFfrances
Portugués https://bit.ly/videosMMMportugues

Enfrentar el poder de las corporaciones transnacionales es enfrentar el capitalismo racista y patriarcal. Estos materiales tienen como objetivo fortalecer el feminismo anticapitalista y antirracista construido por mujeres que, en movimiento, resisten para vivir y marchan para transformar.

 

Compartido con SURCOS por Carmen Chacón y Juan Carlos Cruz Barrientos.

Ante la llegada de las colectas de café y la situación de las personas trabajadoras ngöbe-buglé

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Comunicado

Las agrupaciones y personas abajo firmantes, integrantes de organizaciones sociales y comunidades, así como de proyectos y programas de la Universidad de Costa Rica (UCR), la Universidad Estatal a Distancia (UNED) y otras universidades públicas, comprometidas con el bien común y el bienestar social, preocupados por la situación de la pandemia que afecta al país, hacemos un llamado a las autoridades respectivas, así como a empresas y personas involucradas, para que se priorice el respeto a la diversidad cultural, el cumplimiento de los derechos humanos y el acceso real a todos los derechos los de las personas indígenas, migrantes y trabajadoras en las colectas de café que se avecinan.

Durante las últimas semanas ha habido un aumento significativo en la cantidad de casos positivos de Covid-19. Una gran parte de estas personas afectadas trabaja en fincas y plantas empacadoras de productos para la exportación, en plantaciones de monocultivos y en el sector de construcción, entre otros trabajos, donde históricamente ha habido denuncias por la falta de inspección laboral y cumplimiento de garantías laborales y que en ocasiones condiciona a las personas a vivir en cuarterías o baches. Esto deja en evidencia que el riesgo de contagio se encuentra relacionado con personas en condiciones de vulnerabilización. En ese sentido y conociendo lo sucedido en otras plantaciones con respecto a las condiciones de las personas trabajadoras y el número de contagios, es que en este momento, genera preocupación la situación que podría acercarse con respecto a las personas trabajadoras de las cosechas de café, quienes son principalmente personas indígenas panameñas, que migran con sus grupos familiares para estas temporadas, además de la migración interna de costarricenses y la migración de personas nicaragüenses.

Según datos del Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE) en el 2019, en el país, el café es el tercer producto agrícola de mayor exportación y genera 285 millones de dólares en divisas, por otra parte, se ha visto beneficiado en términos económicos por la pandemia, teniendo un incremento del 12% en el valor de sus colocaciones.

Datos publicados por el Semanario Universidad mencionan que se espera un ingreso de alrededor de 12 mil personas para la cosecha de café en la Zona de los Santos y en San Vito. Según un comunicado emitido por la Defensoría de los Habitantes el 15 de mayo del 2020, se estima la siguiente temporada de cosecha para finales de julio, habiendo una mayor demanda de personas en los meses de agosto y setiembre. Por otra parte, Guiselle Guzmán, jefa del Área de Salud Colectiva de la Caja Costarricense del Seguro Social mencionó que en los siguientes meses el virus podría moverse a sectores vulnerables, como centros de cuido de personas adultas mayores, cárceles y población recolectora de café.

Es importante destacar que el pasado 20 de noviembre del año 2019, el Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE), la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) firmaron un convenio para el aseguramiento de las personas recolectoras de café. Este es un paso fundamental para el reconocimiento de la relación laboral entre estas personas y los propietarios de las fincas productoras de café, relación que durante muchos años no fue reconocida. Asimismo, beneficia a uno de los eslabones de la cadena más débiles, en particular cuando son trabajadores ocasionales migrantes indígenas.

Gran parte de las actividades agrícolas y cafetaleras de este país dependen de la mano de obra migrante, y así ha sido durante las últimas décadas. Las empresas se han beneficiado de esta situación al dar precarias condiciones laborales y bajos salarios, muchas veces contraviniendo la legislación nacional y compromisos internacionales asumidos por el país. Las condiciones laborales de las personas panameñas indígenas ngöbe-buglé, han sido denunciadas anteriormente, como por ejemplo, el pago por destajo, la exposición a mordeduras de serpientes, picaduras de avispas u otros insectos, lesiones en la espalda o cintura por la cantidad de peso que trasladan en los canastos, el no pago de las pólizas de riesgo por trabajo, se ha denunciado también, el trabajo infantil de niñas y niños que acompañan a sus papás y mamás al campo en el momento de la recolección y además, las condiciones insalubres de los galerones en los cuales viven las personas durante estas temporadas. Estas personas son explotadas y aceptan las condiciones precarias que se les dan por motivos de supervivencia.

El pasado 6 de junio del presente año, el Ministerio de Salud emitió la circular: “LS-CS-015. Lineamientos generales para las fincas cafetaleras que contratan mano de obra migrante (Indígenas Ngöbe-Buglé) en el marco de la alerta por (COVID-19)”, relacionada con los requisitos específicos que se le está solicitando al personal de salud, productores y a instituciones como la Dirección General de Migración y Extranjería y Fuerza Pública para la preparación de medidas para la llegada de personas indígenas ngöbe-buglé ante la cosecha de café.

En estos lineamientos, se menciona como requerimientos la regularización migratoria de todas las personas con el carnet de binacionalidad, una cuarentena de 14 días y un reporte diario de salud, entre otros. Sin embargo, no se menciona la forma operativa en la cual estos se va a cumplir, lo que deja un escenario de incertidumbre para el acceso real a recursos y las formas en que se va a velar por el cumplimiento por parte de los patronos. Por otra parte, se da la solicitud expresa para los productores de “no recibir personas indocumentadas”, y además, según la reforma al decreto ejecutivo reforma N° 42406 se multará a las empresas agrícolas que contraten mano de obra irregular, con multas que oscilarán “entre dos y hasta doce veces el monto de un salario base, definido en el artículo 2 de la Ley N.° 7337”, sin embargo, la reforma firmada el día 15 de julio, empezará a regir a partir del 23 de setiembre. Esto, deja por este tiempo, un escenario de incertidumbre para las personas trabajadoras, a quienes, una vez más, se les estará asignando la responsabilidad de su regularización. A su vez, el 16 de junio de este año se firmó el decreto 42406-MAG-MGP, impulsado por el sector agroindustrial que permitirá la legalización de personas migrantes que demuestren arraigo en el país, el mismo ha presentado cuestionamientos, ya que desde el año pasado existe un mecanismo de regularización que solo 22 personas trabajadoras agrícolas solicitaron.

En consideración del contexto y las situaciones antes expuestas, a modo de llamado a la población general, a las autoridades gubernamentales pertinentes y a las instituciones respectivas, urgimos atender las siguientes demandas:

  • Que se garanticen las condiciones sanitarias, de acceso a salud, cumplimiento de derechos laborales y respeto cultural a todas las personas que vayan a participar en las cosechas de café, por parte de las instituciones y de las empresas.
  • Que se garanticen las condiciones dignas y necesarias para el cuido y protección de las personas menores de edad, así como de las mujeres que se encuentran con sus hijas e hijos y mujeres embarazadas.
  • Que el Estado cumpla con su responsabilidad, según el Convenio Nº 169 de la OIT, de realizar supervisiones en las regiones donde hay mayor concentración de personas trabajadoras indígenas, para asegurar que se les da un trato adecuado.
  • Que se generen materiales de comunicación o intervenciones comunitarias para prevenir las manifestaciones de violencia u odio, como el racismo y la xenofobia.
  • Que se proceda a implementar, las acciones necesarias para asegurar el acatamiento de las normas laborales, con el fin de asegurar el respeto y cumplimiento de todos los derechos humanos y laborales. En este orden de ideas, instamos al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para que realice labores de inspección en estos centros de trabajo.
  • Que se establezcan procedimientos efectivos y funcionales de seguimiento para asegurar el cumplimiento de estas normas por parte de las personas o actores sociales involucrados en toda la cadena de producción. Para tal efecto es necesaria una regulación de las cadenas de valor, de manera que se responsabilice a toda la cadena de valor de los derechos laborales de las personas recolectoras de café, sean estos permanentes, de temporada u ocasionales, ya que todas estas personas son esenciales para la existencia y funcionamiento de esa cadena de valor.
  • Que se exija el cumplimiento de las leyes laborales en todos sus alcances y que se proceda, como corresponde en cualquier momento, pero en especial en esta coyuntura, a sancionar a cualquier empresa que no cumpla con las normas sanitarias en general, y en especial las establecidas en el contexto de la crisis del coronavirus.
  • Que, en el caso particular de las empresas o personas individuales que se identifiquen como potenciales responsables de acciones de encierro, sometimiento, reclusión obligada u ocultamiento de actividades laborales ilegales y violatorias de los derechos humanos fundamentales, o cualquier otra acción similar a la trata de personas con fines de explotación laboral o relaciones de semi-esclavitud, se proceda, tal y como corresponde, con la aplicación de todo el peso de la ley en el ámbito penal.
  • Que se apruebe, de la manera más inmediata posible, el expediente legislativo 21.706, que lleva años en la corriente legislativa frenado por el sector empresarial, y en el que se autoriza a las autoridades de la Inspección de Trabajo a establecer sanciones directamente, sin tener que recurrir a largos procesos judiciales, cuando identifique que se ha violado la ley laboral

En una coyuntura tan sensible como la presente, hacemos un llamado vehemente a las autoridades del gobierno y al personal de instituciones públicas, al sector empresarial, a los medios de información y a la población en general para que, en todo momento, las decisiones y acciones que se tomen y las informaciones que se emitan estén orientadas por la consideración y el respeto de los Derechos Humanos de todas las personas, independientemente de su condición social, origen o nacionalidad.

Para más información:

– Correo electrónico: todoslosderechoslaborales@gmail.com

– Marcos Guevara: 8501 2207 (por WhatsApp), o al correo: marcos.guevara@ucr.ac.cr

– Valeria Montoya: 8341 2447, o al correo: valeria.montoya@ucr.ac.cr

SUSCRIBIMOS:

  1. Programa Kioscos Socio ambientales para la Organización Comunitaria, Universidad de Costa Rica.
    2. Centro Demostrativo de Sostenibilidad, organización sin fines de lucro.
    3. Asociación para la Sostenibilidad Rural de Costa Rica, asociación sin ánimos de lucro.
    4. Debate Feminista Costa Rica.
    5. Hablemos de Derechos Humanos
    6. Red de arte y gestión cultural comunitaria GuanaRED.
    7. Cátedra Autónoma de Filosofía Política.
    8. Programa Pueblos indígenas Agroecología y Buen Vivir, UNA.
    9. La Cadejos, Comunicación Feminista.
    10. Asociación COMUNIDADES, organización comunitaria sin fines de lucro.
    11. Comité Nacional de Apoyo a la Autonomía Indígena.
    12. Fundación Laberinto.
    13. Comisión Política del Partido Frente Amplio.
    14. MAIZ Movimiento Alternativa de Izquierdas.
    15. Jaime E. García González, miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL).
    16. Mauricio Álvarez Mora, coordinador del Programa Kioscos Socioambientales, UCR.
    17. Bruno de Jesús Coto Barboza, secretario de Asuntos Campesinos y Agropecuarios, Confederación Unitaria de Trabajadores (C.U.T.)
    18. Francis Leonardo Cordero Mojica, Alianza de comunidades por la defensa del agua Puntarenas.
    19. Marvin Amador Guzmán, TC635 UCR, Docente, coordinador del proyecto de Trabajo Comunal Universitario TC635, UCR.
    20. Marcos Guevara Berger – Proyecto 839B8358, Centro de Investigaciones Antropológicas, UCR.
    21. Valeria Montoya Tabash, docente del Programa Kioscos Socioambientales, UCR.
    22. Renier Canales Medina, asociación para la defensa de los Usuarios de los Servicios Públicos (ADUSP).
    23. Gustavo Gutiérrez Espeleta, Universidad de Costa Rica.
    24. Melissa Salas. Directora Clínica de migración y refugio, UCR.
    25. Ali García Segura. Proyecto 839B8358, UCR.
    26. Mauricio Castro Méndez, “TCU-681: Cumplimiento de los derechos laborales en plantaciones y afines. Alcances de la reforma procesal laboral frente a las necesidades del colectivo laboral”, y Pry01-597-2020-Relaciones laborales en Costa Rica: representación colectiva, organización del trabajo y cadenas de valor».
    27. Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, UCR.
    28. Eva Carazo Vargas, investigadora y activista ecofeminista.
    29. Denia Román Solano, proyecto Conflicto Territoriales (UCREA), UCR.
    30. Guadalupe Urbina Juárez, música y gestión cultural.
    31. Ana Catalina Chaves Arias, Presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR).
    32. Yoel Buitrago País, Talamanca por vida y por la tierra.
    33. Carmen Caamaño Morúa, docente de la Universidad de Costa Rica.
    34. Héctor Ferlini-Salazar, docente UCR, Sede del Pacífico.
    35. Handmaids Costa Rica
    36. María José Chaves Groh, CEFEMINA.
    37. Rafael Cuevas Molina, IDELA-UNA.
    38. Daniel Torres Sandí, Frente Amplio Moravia.
    39. Milagro Solís Aguilar, Consultora en Derechos de Niñez y Adolescencia.
    40. Carlos Cruz Chaves, Sede Regional Chorotega-UNA.
    41. Lucía Solis Hidalgo, Gestora de los Recursos Naturales-Zona de los Santos.
    42. Amilcar Castañeda Cortez, Funcionario de la UNED.
    43. Daniel Solano Ulate, Músico y funcionario Universidad Nacional.
    44. Maritza Marín Herrera, Docente Escuela de Estudios Generales, Universidad de Costa Rica.
    45. Mariano Sáenz Vega, docente e investigador adjunto del proyecto de investigación de UCREA. Investigador del Centro de investigaciones Antropológicas ( CIAN).
    46. Paulo E. Coto Murillo, UNED y UCR.
    47. Mariela González Chaves.
    48. María Fernanda Rojas, tutora UNED.
    49. Carolina Arias, Botánica Subversiva.
    50. Isabel Ducca Durán, Alianza por una Vida Digna.
    51. María Pérez Yglesias, escritora.
    52. Andrés Dinartes Bogantes, Profesor, Universidad de Costa Rica.
    53. Ingrid Flores Salazar, Colectiva Feminista Handmaids Costa Rica.
    54. Helga Arroyo Araya, Docente Universidad de Costa Rica.
    55. José Manuel Arroyo Gutiérrez, profesor universitario.
    56. Jorge Arturo Lobo Segura, profesor UCR.
    57. Paulo E. Coto Murillo, UNED y UCR.
    58. David Selva.
    59. Anel Sancho Kenjekeeva.
    60. Laura Rivera Alfaro.
    61. Ingrid Flores Salazar, Colectiva Feminista Handmaids Costa Rica.
    62. María José Cabezas Castro, psicóloga.
    63. Silvia Rodriguez Cervantes, Red de Coordinación en Biodiversidad.
    64. Edna julia Rodríguez Alvarado, Emprendedora, San Luis, Santo Domingo.
    65. Isaac Rojas, miembro de COECOCEIBA- Amigos de la Tierra Costa Rica.
    66. Pablo Chaverri Chaves, INEINA-UNA.
    67. Vaniah Lee Foglesong Villa, Docente y politóloga.
    68. Zuiri Méndez Benavides, docente Programa Kioscos Socioambientales.
    69. Gustavo Gatica López, Investigador del Centro de investigación en Cultura y Desarrollo UNED.
    70. Marcelo Valverde M. IDELA – UNA.
    71. Santiago Navarro Cerdas, Docente Universidad de Costa Rica.
    72. Suray Carrillo Guevara, FEDEAGUA.
    73. Daniel Solano Ulate, Músico y funcionario Universidad Nacional.
    74. Mariela Andrea Zamora Rey, Comisión política de Frente Amplio.
    75. Fabián Campos Boulanger, Sociólogo.
    76. Alexander Barquero-Rodríguez, Internacionalista.
    77. Osvaldo Durán Castro. Sociólogo ITCR. Asoc. PROAL-FECON.

Defensoría pide a Corte de Justicia garantizar acceso a justicia para pueblos indígenas

Escrito en . Publicado en Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

En una nota enviada por la Defensora Catalina Crespo Sancho al presidente de la Corte Suprema de Justicia Fernando Cruz Castro, se solicita atender las denuncias formuladas por procedimientos y actitudes discriminatorias contra personas de los pueblos indígenas. El escrito de la Defensoría indica que “la tramitación de este asunto está a cargo de la Master Marjorie Herrera Castro.

El documento que llegó a SURCOS señala:

“Asunto: SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE LAS MEDIDAS PARA GARANTIZAR EL ACCESO A LA JUSTICIA A LOS PUEBLOS INDÍGENAS.

La Defensoría de los Habitantes de la República mantiene en monitoreo la implementación por parte del Estado costarricense de la Medida Cautelar N° 321-12 emitida por la CIDH en favor de los pueblos indígenas Térraba y Salitre, así como la ejecución del Plan RTI (Recuperación de Tierras Indígenas), que desarrolla el Instituto de Desarrollo Rural.

En este marco, de manera consistente desde el año 2015, se ha mantenido comunicación con organizaciones y personas indígenas de los territorios beneficiarios de la Medida, así como de los territorios de Cabagra y China Kichá, en los cuales se han venido realizando, recientemente, procesos de recuperación de tierras indígenas.

Durante estos años, también se ha tenido conocimiento del creciente número de asuntos relacionados con estos procesos reivindicativos de derechos que se han judicializado con la esperanza de encontrar en el sistema, justicia pronta y cumplida. No obstante, por el contrario, cada vez y con más frecuencia, se recibe información de los pueblos indígenas sobre las barreras e incluso la discriminación que enfrentan para lograr un acceso real y efectivo a la justicia.

En virtud de lo anterior, la Defensoría de los Habitantes estima necesario remitir para su conocimiento y consideración la siguiente información, que resume las principales situaciones expuestas ante esta institución por personas y organizaciones indígenas:

1- En una reunión realizada en Buenos Aires de Puntarenas, el 24 de agosto del 2018, la ex Magistrada Carmen María Escoto Fernández, recibió un sinnúmero de denuncias contra diferentes instancias judiciales por discriminación contra personas indígenas en el trato, atención y trámite de múltiples causas. Según informó posteriormente la Sra. Escoto, todas las denuncias fueron remitidas al Tribunal de la Inspección Judicial; sin embargo, tiempo después, informalmente se indicó que habían sido archivadas y tras el asesinato del líder indígena Sergio Rojas, que habían sido desarchivadas. Con el propósito de dar seguimiento a la atención de dichos asuntos, la Defensoría de los Habitantes solicitó al Tribunal de la Inspección Judicial información sobre el estado de dichas investigaciones pero la información no fue proporcionada.

2- Mediante oficio N° FGR 298-2018, la Sra. Emilia Navas Aparicio, Fiscala General de la República, en relación con los cuestionamientos que se le han realizado al Juez Jean Carlos Céspedes Mora, indicó que se estaban realizando investigaciones a nivel penal y administrativo, por lo que se trasladaban a la Inspección Judicial las irregularidades señaladas; sin embargo, sobre las investigaciones internas, la Inspección remitió a la Defensoría de los Habitantes un archivo en Excel denominado “Causas Disciplinarias de Pueblos Indígenas”, en el que se incluyen 6 denuncias (una del año 2016, una del 2018 y cuatro del 2019) todas desestimadas y archivadas.

Pese a los reiterados cuestionamientos de los pueblos indígenas por las actuaciones en su contra, y a los vínculos del Sr. Céspedes con personas no-indígenas que ocupan propiedades dentro de los Territorios Indígenas, se ha alegado que por el principio de independencia de los jueces, no puede ser removido o trasladado, ni impedírsele que conozca y resuelva causas indígenas.

Una situación similar ha sido denunciada recientemente en China Kicha, contra la actuación de una jueza, quien –según los comunicados recibidos- acogió un interdicto de posesión dentro de un territorio indígena para pretender desalojar a los indígenas recuperadores de una finca. Con indignación, los habitantes indígenas reclaman el por qué todas las causas agrarias que se mantienen pendientes de resolución no son tramitadas con esa misma diligencia que sí se utiliza en su contra.

3- En varias ocasiones la Defensoría de los Habitantes ha tenido que coordinar con la Contraloría de Servicios del Poder Judicial para que se atienda a habitantes indígenas, como si se tratara de solicitar un favor, porque se han presentado a diferentes despachos judiciales en Buenos Aires y se les ha negado la atención, o los envían de un despacho a otro, sin que exista en la región una instancia judicial imparcial y efectiva donde puedan denunciar estos abusos discriminatorios.

4- Se acusa impunidad judicial, ya que en decenas de denuncias presentadas por agresiones y amenazas contra la integridad y la vida de líderes y lideresas indígenas, no se han realizado detenciones ni se han emitido sanciones contra los autores y partícipes.

Asimismo, pese al tiempo transcurrido, se acusa ausencia de información -incluso a los familiares más cercanos- sobre el avance de las investigaciones de los asesinatos de los líderes indígenas Sr. Sergio Rojas y Sr. Jerhy Rivera, alegando siempre la confidencialidad para no entorpecer las investigaciones.

5- Algunas instancias judiciales carecen de procedimientos que reconozcan y respeten la identidad cultural de los pueblos indígenas y brinden abordajes interculturales; ejemplo de ello ha sido la protección ofrecida a líderes indígenas amenazados de muerte, a quienes les indican que para protegerlos tiene que abandonar su territorio. Pese a que se han señalado estas deficiencias, no se han tomado medidas para rectificarlas.

6- De manera particular, la Organización Ditsö ha remitido reiteradas gestiones vía correo electrónico a la coordinadora de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas, Magistrada Damaris Vargas, pero únicamente ha recibido su comunicación de que fueron trasladadas a las instancias correspondientes, no habiendo ninguna respuesta de fondo, ni seguimiento a la gestión.

Téngase como ejemplo los correos de fechas 24 de marzo y 16 de abril del 2020, mediante los cuales se informa sobre las denuncias por amenazas de muerte contra cuatro líderes de pueblos originarios y se solicita la atención prioritaria a éstas, sin que se conozcan las gestiones judiciales de atención a los hechos denunciados.

Asimismo, la Licda. Vanessa Jiménez, abogada representante de las personas peticionarias ante la CIDH, ha remitido varias gestiones al Poder Judicial y ha señalado que más allá de la intervención de la Magistrada Damaris Vargas remitiendo la información a las instancias respectivas, hay pocas respuestas de fondo. Por ejemplo, en un correo de fecha 19 de febrero del 2020, solicita que se informe ¿cómo los 20 ejes aprobados por el Consejo Superior han impactado positivamente en la protección a la vida e integridad física de los bribri y brörán?

7- Pese a la gran cantidad de disposiciones y circulares tendientes a que se les garantice el acceso a la justicia, las personas y organizaciones indígenas denuncian insistentemente los incumplimientos a dichas medidas, sin que se conozcan esfuerzos del Poder Judicial tendientes a verificar y evaluar su cumplimiento y eficacia.

En esa misma línea, el accionar de la Subcomisión de Acceso a la Justicia ha sido insuficiente en la emisión de observaciones o recomendaciones a las instancias judiciales correspondientes para que se generen las acciones o correcciones necesarias que incidan efectivamente en el mejoramiento del acceso a la justicia. Esto último obliga a revisar las funciones y el alcance de esta subcomisión y, de paso las de otras similares, para fortalecerlas y garantizar así un acceso real a la justicia a todas las personas discriminadas por su condición o situación.

Si bien desde la Subcomisión se han generado procesos de capacitación a funcionarios/as judiciales de la zona de sur, en los que incluso esta Defensoría ha participado como capacitadora, no se percibe un cambio en las actitudes discriminatorias, en parte porque no culminan con una evaluación de los conocimientos adquiridos, ni un seguimiento a la aplicación práctica de los mismos, mediante procesos de evaluación al desempeño del personal judicial.

En virtud de lo expuesto, la Defensoría de los Habitantes estima oportuno solicitar información sobre los procesos de revisión y valoración integral de las comunicaciones que ha emitido el Poder Judicial sobre los obstáculos y las limitaciones que están enfrentando las personas indígenas en el acceso a la justicia, con miras a rectificar los procedimientos y realizar los ajustes necesarios (incluso legislativos a instancias de ese Poder) para garantizar a los pueblos indígenas un acceso real a la justicia pronta y cumplida sin discriminación alguna”.

Comunicado ante la llegada de las colectas de café y la situación de las personas trabajadoras ngöbe-buglé

Escrito en . Publicado en Equidad y derechos de la mujer, Trabajo.

Hoy miércoles 5 de agosto se estará presentando el comunicado ante la llegada de las colectas de café y la situación de las personas trabajadoras ngöbe-buglé, firmado por organizaciones sociales y comunidades, así como proyectos, institutos , centros de investigación y programas de la Universidad de Costa Rica (UCR), la Universidad Estatal a Distancia (UNED), Universidad Nacional (UNA) y el Tecnológico de Costa Rica (TEC). Se transmitirá en el FB del Programa Kioscos Socioambientales UCR, a las 3:00 pm. Para más informes: todoslosderechoslaborales@gmail.com