Hace algunos años se escuchaba este chiste: “Qué representan esas estatuas ubicadas frente al edificio del Banco Central? Respuesta: Campesinos que se volvieron de piedra esperando crédito del Banco Central.
Pero lo que vivimos hoy no es chiste. Seguramente enfrentaremos en los próximos meses la peor recesión y el mayor desempleo desde la ya lejana crisis de 1981-1982.
Los principales bancos centrales de todo el mundo toman cartas en el asunto y rompen algunos dogmas de la ortodoxia monetaria.
El BCCR podría inyectar liquidez simplemente comprando bonos en el mercado secundario, pero lo está pensando tres veces. Mejor aún, con modificaciones muy precisas y de vigencia temporal a su Ley Orgánica; podría adquirir bonos de hacienda directamente, o comprar letras del tesoro a plazos más largos y por mayor cuantía de lo que la ley actualmente permite.
Y la CONASSIF podría flexibilizar algunas de las condiciones vigentes en el marco regulatorio para que los bancos puedan facilitar crédito para capital de trabajo en condiciones más favorables a las empresas que hoy cierran puertas y despiden miles de empleados.
¿Acaso la situación de crisis no lo amerita? ¿Acaso nos volveremos también de piedra esperando decisiones audaces del BCCR al tenor de los tiempos?
Estamos en Semana Santa. Momento de reflexión y confinados para desacelerar el avance de una epidemia, que tiene la capacidad de acabar con el más pintado si no se cuida. Así le pasó al Primer Ministro de Inglaterra, que sostenía que a esto no había que prestarle mucha atención, que la economía no debía detenerse. Hoy está delicadísimo en cuidados intensivos.
El país y con esto quiero decir, la ciudadanía, debe asumir, como lo establece el Art. 9 Constitucional, su plena responsabilidad para salir adelante, no solo con quedarse en casa, sino –y principalmente-, para asumirse como El Soberano que es, para intervenir en la toma de decisiones sobre lo que debe hacerse, para que Costa Rica salga airosa. Así lo manda la Constitución Política. Somos una República Participativa.
La actitud del gobierno de centralizar todo en Casa Presidencial, incluyendo los acuerdos legislativos, no hace otra cosa, que devolver el proceso de descentralización que había comenzado hace ya algunos años de manera tímida, para volver convenientemente al pasado, al vallecentrismo. Los gobiernos locales que apenas van a asumir este primero de mayo, vuelven a mendigar.
De esta forma, llaman a la población a aceptar con la cabeza baja, los despidos, la reducción de las obligaciones patronales, la reducción salarial, es decir que el pueblo socialice las pérdidas, pero los amigos del gobierno, capitalicen las ganancias. El argumento es que el pueblo debe, en estos momentos ser solidario.
Es claro que el Gobierno no va a permitir que los intereses de quienes se agrupan en el sector económico financiero productivo y de comunicación, de los que se autodenominan empresarios privados, sean tocados.
Si el Gobierno respondiera a los intereses de la ciudadanía, estaría, por ejemplo, suspendiendo el pago multimillonario de alquileres de los edificios donde operan las instituciones, para dirigir esos recursos a atender la crisis del Covid 19. Sus dueños no dependen de esos pagos millonarios, para soportar la crisis. Si el Gobierno fuera responsable, estaría llamando a cuentas a las grandes empresas que durante diez años no pagaron impuestos o que reportaron pérdidas y que siguen sin pagar impuestos, mientras que la ciudadanía, de manera responsable y en medio de su pobreza, paga día a día sus impuestos para sostener este país, pues es gracias a eso que gozamos de la poca paz que queda.
La corrupción y la impunidad como cultura institucionalizada, dio espacio a que una mafia política usurpara el poder de la ciudadanía. Han puesto en crisis la institucionalidad, hoy tienen el mejor terreno para hacer de las suyas, pero no nos representan.
Se nos había vendido la idea que seríamos el primer país del mundo en transformarnos en un Estado Abierto. Es decir, que para no cumplir lo que establece el Art. 11 Constitucional, de la obligatoriedad de los funcionarios públicos a la transparencia y a rendir cuentas, se habilitarían los datos del funcionamiento institucional, a través de sus páginas web. Hoy, desde el gobierno, la transparencia es censurada, centralizaron las decisiones y excluyeron la ciudadanía. La Constitución les estorba.
La crisis no es hoy, será mañana, será en los días que vienen. Si el Gobierno no abre las puertas al diálogo y a escuchar desde cada parte del país, las propuestas de solución, no habrá nuevo pacto social. Será el conflicto y el distanciamiento social, lo que nos enrumbe de cara al desafío que Costa Rica tiene que enfrentar, en un mundo que no será geopolíticamente el mismo.
Aunque algunos estén haciendo números alegres de cara a la elección presidencial y de diputados –que será en un año y ocho meses-, mejor no se confíen. La brecha social, la desigualdad económica y la carencia de oportunidades a la que nos condenaron quienes administraron el país, se profundizará con los nuevos pobres que van a surgir, ahora serán principalmente las Pymes, aquellos emprendedores que verán derrumbarse sus negocios y sus inversiones, porque la riqueza del país, estará encaminada a sostener los amigos del Gobierno.
Es el momento de construir sin manos escondidas, los procesos de trabajo y de diálogo, para mantener la paz y el desarrollo que nos han caracterizado. No una consulta vertical como al Gobierno le gusta. Debe ser un diálogo horizontal, sin exclusiones. Será para rectificar los errores de administraciones irresponsables, para asumir el desafío que nos dejaron los héroes y mártires de nuestra historia, que con su vida y su sangre nos legaron una institucionalidad que a pesar de los golpes que le han dado, ha sabido y demostrado ejemplarmente, enfrentar esta crisis.
En estos momentos de crisis global sanitaria urge un diálogo inclusivo para construir las respuestas en colaboración con la Administración Pública
Carlos Hernández Porras*
La primera preocupación de las organizaciones sociales a las que representamos está siendo atender de la mejor manera posible a las personas que más lo necesitan. Encontramos en ellas ejemplos de responsabilidad y solidaridad, pero también mucha incertidumbre, necesidad y urgencia de respuestas de las autoridades. Nos preocupa el presente y el futuro, y es por ello por lo que instamos a la Administración Pública a lo siguiente:
Emplazamos a que se reconozca nuestra existencia y a que se incluya en el dialogo a otras representaciones. Hemos recibido documentos acabados de parte de las autoridades e instituciones, pero no como producto del consenso con nuestras representaciones.
Redes de la Economía Social Solidaria llama a la democratización de ese diálogo con base en los valores mismos de la Economía Social Solidaria como es la inclusión social.
El propósito debe ser encontrar las mejores soluciones tanto para las situaciones concretas de emergencia, como para las consecuencias sociales y económicas que vendrán y que generan una enorme preocupación e incertidumbre añadida.
Reiteramos nuestra voluntad de cooperación, poniéndonos a disposición para todo aquello en lo que consideren las instituciones que podemos ser de utilidad en este momento crítico para toda la población, y especialmente para la población más vulnerable.
Por lo que llamamos a actuar con sensatez, responsabilidad y voluntad de diálogo inclusivo de parte de las autoridades del sector. Esto debe ser de manera inmediata pues la gravedad de esta crisis representa un alto costo social. Este clamor no es único de nuestro país, sino que en otras latitudes se hace igual reclamo, para ello puede verse este enlace.
El confinamiento, si bien evita la propagación del Covid-19, peligrosamente complica la frágil y delicada situación económica de las organizaciones de la economía solidaria, de las micro y pequeñas empresas. Urge encontrar solución armónica entre ambos propósitos: evitar el contagio y no dejar morir la economía social solidaria.
*COKOMAL S.C / Comisión Dinamizadora – Red Economía Social Solidaria /RedESS Tel. 8950-9945 Facebook cokomal.org/
El ministro de Salud, Daniel Salas llama a que no se den manifestaciones de odio a propósito de la pandemia por COVID-19. Puede escucharlo en el siguiente video de un minuto:
… los efectos de la pandemia sobre la producción, el comercio y los ingresos de los pequeños productores agroalimentarios demanda la elaboración de un plan de apoyo gubernamental para la recuperación económica de este sector
Los pequeños productores agrícolas y pecuarios han comenzado a sentir los efectos económicos de la crisis sanitaria provocada por el covid-19. En algunas zonas del país, como Upala, Alfaro Ruíz y Santa Cruz de Turrialba, los pequeños productores de leche y de quesos, han comenzado a tener problemas para colocar los productos y han visto una reducción significativa de la demanda de los mismos, ya que los distribuidores de leche dejaron de comprar a pequeñas explotaciones de esas zonas, por lo que las fincas ya están botando parte del producto.
Mencionan que la razón es la paralización de los hoteles, restaurantes y las menores ventas en algunos pequeños comercios como consecuencia de la emergencia por el coronavirus, que afectó su cadena de comercialización.
Los afectados de Upala unos mil pequeños lecheros producen de 25.000 a 30.000 litros diarios, por la reducción de sus compras debieron despedir a unos 2.000 empleados de sus y botar 1.200 litros de leche. Explicaron que nadie lo compra y que por lineamientos del Ministerio de Salud no lo pueden regalar.
Mientras que en Santa Cruz, muchos pequeños productores que no van a las ferias del agricultor a vender quesos, dependen de las compras de intermediarios quienes llegan a sus fincas, por lo que son los que más están sufriendo con la menor demanda, advirtió la Cámara Nacional de Productores de Leche.
Ellos le vendían a pequeñas industrias de queso, las cuales, a su vez, colocaban en negocios como mercados, pulperías u otros. Pero estos últimos dejaron de comprar, también por una caída en sus ventas. Martín Solano, presidente de la Asociación de Productores Agropecuarios de Santa Cruz (Asoproa), en Turrialba, explicó que decenas de pequeños lecheros de esa región están a punto de botar producto, pues se rompieron las cadenas de comercialización.
Al otro extremo, en Las Brisas de Zarcero, el gerente general de Coopebrisas, Marlon Rodriguez, advirtió de que 69 productores pequeños tienen la entrega del alimento en peligro. Esto porque la empresa, desde hace varios años, distribuye productos a los hoteles, sobre todo en Guanacaste, los cuales cerraron sus puertas y dejaron de comprar.
En las primeras semanas, luego de la emergencia, la situación de los hoteles en Guanacaste implicó una reducción de entre 30% y 35% de las ventas. Esta semana (la del 30 de marzo al 5 de abril) la merma en las ventas fue de entre 40% y 45%, relató Rodríguez.
Daniel Cantillo, presidente de la Cámara Nacional de Productores de Leche, dijo que desde la declaratoria de emergencia sanitaria, muchas pequeñas empresas lácteas, especialmente las dedicadas a la producción de quesos en zonas rurales, han tenido una fuerte reducción en sus ventas, afectadas por el cierre de hoteles, restaurantes, sodas, bares, comedores de escuelas, colegios y de otras instituciones públicas.
También hay problemas, añadió, con pequeñas plantas transformadoras de leche de cabra, las cuales han reportado un impacto muy fuerte en sus ventas, especialmente de quesos, con una caída cercana al 75%. (LN,Economía,3-4-2020).
La reducción de la demanda de productos lácteos, está comenzando a afectar también a pequeños productores agrícolas de la zona norte de Cartago, que colocan los productos hortícolas en los mercados mayoristas de San José y en hoteles y comercios del Valle Central, los que en su mayoría han cerrado debido a la emergencia.
Los productores hortícolas de Pacayas y productores afiliados al Centro Agrícola de Oreamuno en Cartago, estiman que la afluencia de compradores y consumidores se ha reducido tanto en esos mercados como en las ferias del agricultor entre un 20% y un 30% que podría aumentar dependiendo de la evolución de la crisis sanitaria.
SURCOS recibió esta información de interés para organizaciones comunitarias y sociales, así como para personas que deben comunicarse a distancia:
La Cooperativa Tierra Común compartió una lista de servidores para videoconferencia que usan Jitsi, plataforma de software libre para la autonomía y privacidad de las comunicaciones. No requiere instalar ningún programa, solo abrir una sala y compartir el enlace con los contactos.
La cuarentena como medida para evitar el contagio nos obliga a reflexionar sobre muchas otras situaciones, además del elemento salud, nos hace repensar sobre la realidad de las familias para contener en casa el total de sus integrantes, sin mencionar las dificultades económicas que desde ya se están enfrentando.
Si bien el COVID-19 es una crisis sanitaria inesperada, esta situación nos viene a visibilizar y recrudecer las desigualdades más profundas que teníamos como sociedad. La violencia estructural, las condiciones de pobreza, el desempleo, el patriarcado, el racismo, el nacionalismo y la xenofobia. Aunado a la acentuación de la crisis, pareciera que también se viene a naturalizar y normalizar estas estructuras de poder hegemónico, ejerciendo así formas de control mediáticas y de control Estatal que en muchas ocasiones colocan como única prioridad la crisis sanitaria, sin necesariamente dimensionar las implicaciones que estas medidas representan en nuestras vidas.
En las últimas semanas se han hecho esfuerzos por denunciar situaciones de violencia que están afectando particularmente a las mujeres, con este texto nos interesa hacer visible de qué manera se agudizan las desigualdades existentes en las relaciones de poder.
Judith Butler nos señala que:
El virus por sí solo no discrimina, pero los humanos seguramente lo hacemos, modelados como estamos por los poderes entrelazados del nacionalismo, el racismo, la xenofobia y el capitalismo y la llegada de empresarios ansiosos por capitalizar el sufrimiento global, todos testimonio de la rigidez con la que la desigualdad radical, que incluye la supremacía blanca, la violencia contra las mujeres, las personas queer y trans, y la explotación capitalista encuentran formas de reproducir y fortalecer su poderes dentro de las zonas pandémicas.(2020) (https://www.lavaca.org/notas/el-capitalismo-tiene-sus-limites-la-mirada-de-judith-butler-sobre-el-coronavirus)
Lo anterior nos invita a reflexionar sobre la interseccionalidad, rescatando que no solo es distinta la forma en que afecta la cuarentena a hombres y a mujeres, sobre lo que volveremos más adelante, sino que también es distinta la forma en que la estamos viviendo las mismas mujeres. No es lo mismo ser una mujer de un barrio, que una mujer de un residencial, no es lo mismo tener un trabajo como empleada doméstica o vendedora informal, que ser empleada pública o trabajar para una empresa privada. No es lo mismo vivir el aislamiento en la ruralidad, que en las zonas urbanas.
Sin embargo hay cosas que sí se asemejan en medio de este contexto y es justo el hecho de que las manifestaciones de violencia estructural, racial, patriarcal que cada quien enfrentaba y enfrenta desde el lugar que habita, se han incrementado y corren el riesgo de quedar aún más invisibilizadas.
En este texto sugerimos el ejercicio de imaginarnos situaciones que podrían estar viviendo las mujeres durante la cuarentena, reflexionar sobre la división sexual del trabajo, el trabajo remunerado y no remunerado, a partir de preguntas como: ¿Por qué las medidas de cuarentena nos afectan de manera tan distinta a hombres y a mujeres? ¿Por qué el espacio privado no representa lo mismo para las mujeres? ¿Qué significa para las mujeres estar en la casa con sus parejas, hijos, hijas, madre, padre etc.? ¿Qué implicaciones tiene estar ejerciendo el trabajo productivo y reproductivo en el espacio de lo privado? ¿Por qué “quedarse en casa” puede agravar “aún más” las múltiples jornadas de las mujeres?
Pensemos en una educadora, en este caso, una educadora del sector privado, con una jornada previa de por sí realmente abrumadora. Podemos imaginar que vive con sus hijos e hijas estudiantes o bien con su pareja y otras personas de su familia. Habitualmente sus fines de semana los dedicaba a preparar alimentos (para su consumo y el de las personas que comparten la vivienda) además de ordenar y realizar todas las labores de limpieza; la casa, la ropa, etc. y así poder dedicar los días entre semana a su trabajo remunerado, sin que esto signifique que se libere de las labores del hogar. Con la medida de cuarentena, no solo debe capacitarse en nuevas herramientas virtuales (lo que se suma a su ya múltiple jornada) sino que además debe duplicar su jornada, según las nuevas directrices de la institución (en la que labora como docente) ya que debe reforzar la atención a sus estudiantes.
En casa también su pareja, sus hijos o hijas estarán lidiando cada uno y cada una con sus nuevas labores virtuales, pero muy probablemente ella, es quien asuma las labores de la casa y además “en casa” debe organizarse todos los días con su trabajo remunerado. Muy probablemente él, su compañero “quizá piense en colaborar” (el entrecomillado es para destacar que para él se trata de una colaboración y no de una responsabilidad compartida) pero debe resolver su jornada laboral, que él considera como prioridad frente a la jornada remunerada y no remunerada que ella realiza.
Sus hijos e hijas conforme al mandato patriarcal creen que el trabajo no remunerado que ha realizado su madre (si es que lo han percibido) es obligación de ella. En muchos de los casos, cuando las mujeres se encuentran en su jornada laboral remunerada, quienes quedan en casa deben resolver situaciones, pero no porque consideren que es su función y su responsabilidad, sino porque ella no está en casa, si ella estuviera en casa, imaginemos: ¿Quién debe resolverlas?
Este es tan solo un ejemplo, podríamos sumar otra serie de factores como la atención y cuidado de chicos y chicas en edades escolares, que si bien es cierto algunos centros de cuido podrían estar funcionando, es comprensible que una familia prefiera evitar que su hijo o hija asista al centro educativo para evitar el contagio.
Podemos pensar también en todas las jefas de hogar que tienen trabajos en la informalidad, como, por ejemplo; en labores domésticas, ventas por catálogo, ventas ambulantes, costura o repostería entre otras. La medida de guardar cuarentena con acatamiento inmediato no puede ser fácilmente atendida por todas las personas, al respecto una vendedora ambulante señala: “Aunque no acate las recomendaciones de estar en aislamiento, la calle está durísima y no tanto por el coronavirus, sino porque no se hace ni un cinco y además la ven como una irresponsable por tratar de ganarse la vida. Desde cuando trabajar es un crimen”.
¿Qué está pasando en los territorios indígenas de Salitre y Térraba que actualmente están siendo invadidos y agredidos por finqueros? ¿Cómo están viviendo “la cuarentena o el aislamiento” las mujeres en estas comunidades? donde sus vidas han sido amenazadas por años y sus derechos violentados por un Estado que ahora más que nunca plasma su negligencia, promoviendo la impunidad de sus agresores.
Los retos económicos que enfrenta el país son muy distintos en la zonas urbanas, que en la zonas costeras y rurales. Existen muchas agrupaciones y asociaciones de mujeres que se dedican a las artesanías, a ofrecer servicios de comida, a vender productos agropecuarios y sus derivados, a brindar hospedajes y a realizar recorridos turísticos. ¿Cuáles serán las medidas para amortiguar el impacto de la ausencia absoluta de ingresos en estas zonas frente a la paralización del turismo en el país?
Muchas mujeres se enfrentan a una durísima realidad que se agudiza en estos momentos, cuando tienen sí o sí que compartir con el agresor y sus redes de apoyo se ven reducidas. Aunado a esto muchas familias están viviendo la cuarentena en condiciones de hacinamiento y desempleo, lo cual hace de la convivencia y de las estrategias habituales de sobrevivencia una verdadera amenaza.
Karina Batthyány sostiene que esta situación la hemos visto ya en casos de emergencias por desastres naturales. ¿Cómo abordará el Estado las consecuencias de la pérdida del empleo por la sobrecarga de cuidados? ¿Qué medidas de promoción de corresponsabilidad en las tareas domésticas y de cuidado se pueden gestionar entre el Estado, las empresas, trabajadores y trabajadoras en una situación de confinamiento? (2020)
Pensemos en todas las labores de cuido que asumimos las mujeres ¿Qué implicaciones tiene que sus chicos y chicas estén en casa? ¿Quienes asumen el cuidado de personas adultas mayores, la gestión de medicamentos, la compra de alimentos? La limpieza y la desinfección del hogar, vestimenta y ropa de cama, que ahora se triplica por la necesidad de evitar infecciones. ¿En quienes recaen estas funciones?
Pensemos en compañeros que también deben acatar la medida de “quedarse en casa” para continuar teletrabajando según su jornada laboral, muy probablemente (sin generalizar) tendrán a su disposición los alimentos listos y ropa limpia ya que, como de costumbre ellas se encargaran de las “labores del hogar”, además del cuido de los y las chicas.
Karina Batthyány destaca que en América Latina las mujeres realizan cerca del 80% del trabajo del cuidado no remunerado y son amplísima mayoría entres quienes se ocupan del trabajo de cuidados remunerados, por tanto, gran parte de los cuidados totales los ejercen las mujeres. (2020)
Para algunas culturas la palabra “crisis” significa oportunidad para el cambio, es indispensable comenzar a debatir y cuestionarnos ahora y no después, los aspectos de la organización social del cuido. Que el hecho de volver “puertas adentro” no represente para nosotras las mujeres, volver a las prácticas patriarcales más arcaicas, que esta “crisis” sea una oportunidad para comenzar colectivamente, a proponernos formas de relacionarnos más horizontales y solidarias.
Si bien las condiciones de aislamiento o cuarentena limitan de alguna manera las acciones de solidaridad externas y nos hace repensar las formas en que hemos establecido nuestros vínculos y afectos, esta “crisis” también nos invita a reflexionar sobre la célebre frase de Simone de Beauvoir «lo personal es político». Es indispensable reflexionar desde lo personal, plantearnos ¿Cómo querernos?, ¿Cómo cuidarnos?, ¿Cómo convivimos?, ¿Cómo solidarizarnos y ser congruentes en los espacios más próximos? Sumado a lo anterior, es urgente colocar este debate en las esferas públicas, donde se crean las directrices, se toman las decisiones y se generan discursos.
Karina Batthyány expresa que la emergencia por el COVID-19 vuelve a poner en el centro la cuestión de la organización social del cuidado y es necesario apoyar todas aquellas medidas y acciones que pongan a la humanidad y no el mercado en el centro para paliar la pandemia, superando este último como eje organizador de la vida en común. (2020)
Al igual que las labores de reproducción de la vida y de los cuidados no deberían ser exclusivamente nuestra responsabilidad, el reto de aprender de esta nueva circunstancia, resignificar la vida cotidiana y reconfigurar la forma de relacionarnos desde otros lugares, debería ser una inquietud y una denuncia compartida.
Que esta circunstancia nos permita repensarnos como sociedad, evitar que el temor a la crisis sanitaria nos coloque en una condición de mayor vulnerabilidad y que todos los esfuerzos, las luchas y los aprendizajes de cada una, desde nuestra trinchera y nuestras posibilidades aporte en la construcción de un mundo más igualitario y que esto se convierta en insignia para atravesar este momento de la humanidad.
-Karina Batthyány (2020) La pandemia evidencia y potencia la crisis de los cuidados. Secretaria Ejecutiva de CLACSO.https://www.clacso.org/la-pandemia-evidencia-y-potencia-la-crisis-de-los-cuidados/
El pasado jueves, a eso del mediodía, el Ministro de Hacienda Rodrigo Chávez anunciaba desde el Museo de los Niños, convertido en Sede de la Asamblea Legislativa como algo muy simbólico, que el Gobierno de Carlos Alvarado enviaría al Primer Poder un proyecto de ley para crear una “contribución solidaria” pagadera por quienes ganaran más de 500.000 mil colones al mes, bien fuera en el sector público o privado, porcentaje que iría subiendo según fuera el monto del suelo. PERO ESO NO ERA LO MAS IMPORTANTE, sino que adelantó que TAMBIEN LAS GANANCIAS DEL CAPITAL serían objeto de la contribución solidaria y ahí, al proyecto le sucedió lo que, según el dicho popular… ¡le pasó a Tere!
¡Todo era soportable, menos tocar al sacrosanto capital!, ¿cómo se le ocurría eso al imberbe que nos gobierna? ¡De inmediato tocaron a rebato!, es de imaginar al representante plutocrático en el gobierno don André Garnier, recibiendo las llamadas de los miembros de los Panamá Paper reclamando semejante desaguisado, que los obligaría a repatriar algunos de sus “cinquillos”.
Así y antes que el cura ñato terminara de santiguarse, la Ministra doña Pilar lee el aguerrido Tweet del Presidente: ¡Mentira!… el gobierno no presentará ningún proyecto, pobrecitos los trabajadores de 500.000 colones!…como mampara para ocultar la verdadera razón de la baja de piso, nada menos, que al Ministro den Hacienda. Y para que no quedara duda, el Ministro Jefe de la Tombería Nacional, que supuestamente ninguna vela tenía en el entierro (¿del Ministro de Hacienda?), ratificaba lo mandado a decir por don Carlos Presidente, como recordando que él tenía la Seguridad en sus manos!
Hoy nuevamente en el marco informativo del Corona Virus, ya más calmados y obedientes, el Presidente y su Ministro de Hacienda de poca autoridad y vergüenza, aclaraban que si habrá ley de aporte solidario para trabajadores del sector público y privado, con salarios de un millón en adelante y escalonado cada medio millón, y de feria, sin temblarles la barbilla, dijeron que lo justo era que, quien ganaba más fuera más solidario y que en eso iban los salarios desde el Presidente para abajo, pero… ¿Y LAS GANANCIAS DEL CAPITAL? Qué cosa… ¡A NINGUN PERIODISTA SE LE OCURRIÓ PREGUNTAR!, ni a Don Ignacio desde el estudio, ni a nadie… qué “extraño” ¿verdad?; omertá o ley del silencio, lo llama la mafia italiana.
Por supuesto que estoy de acuerdo con colaborar solidariamente, pero creo que se debe tomar en cuenta una serie de condiciones antes de poner en difícil situación a muchas personas. Este 27 de marzo, por ejemplo, el Diario Extra trae un editorial infame propio de ese pasquín, donde dice que el 80% de los empleados públicos están en la casa “de vacaciones o haciendo teletrabajo” y que se “echan más de un millón a la bolsa” como si fuera robado. Nada más falso, manipulador y aberrante de un periodismo de baratija, que junto con sus colegas de La Nazi-On y Canal 7, se han dedicado en los últimos años a hacer una sociedad de odios hacia los empleados públicos y los pensionados, que justamente pagaron sus pensiones y LES ROBARON CINCO BILLONES DE COLONES, pero eso no lo dicen… ¡manipuladores!
Así terminó esa historia, con los costarricenses asalariados solidarios, las ganancias de capital ganando intereses en Panamá, Bahamas e Islas Vírgenes y el Presidente, su Gabinete, sus colegas de la prensa todos obedientes…muy bien, muchas gracias.
Esta historia me hizo recordar la película El Gendarme Desconocido de Cantinflas cuando, cuadrado y mano en la visera de su quepis decía… ¡¡A SUS ORDENES…JEFE!!
M.Sc. Fernando Rodríguez Garro – M.Sc. Roxana Morales Ramos – Dr. Henry Mora Jiménez – M.Sc. Greivin Salazar Álvarez Observatorio Económico y Social de la Escuela de Economía (UNA)
La medida anunciada por el Gobierno de la República el día de hoy, relacionada con la introducción de un impuesto temporal sobre los salarios, abre una discusión importante acerca de posibles medidas de naturaleza solidaria y progresiva que deberían adoptarse ante los efectos económicos y sociales del COVID-19. Consideramos que una iniciativa de modificación de impuestos debe construirse tomando en cuenta la capacidad financiera de los distintos grupos y su resiliencia ante la situación que estamos viviendo; además, debe ser progresiva, con el menor impacto macroeconómico posible y tratando de obtener un aporte de aquellas personas y empresas que puedan resultar gananciosas de la crisis.
En ese sentido, proponemos lo siguiente:
1. Si se quiere introducir un aporte adicional, temporal, en el impuesto sobre la renta que pagan las personas asalariadas, este debería ser creciente, empezando con un porcentaje más bajo sobre los salarios menores -por encima del segundo tramo del impuesto que inicia en 1 233 000 colones mensuales-, y aplicando un porcentaje mayor sobre los salarios más altos. Esto permitiría minimizar el impacto en el consumo de las familias, daría progresividad a la medida (que paguen más los que más tienen) y ayudaría a obtener recursos para ser destinados exclusivamente a la entrega de ayudas a las personas que están perdiendo su empleo.
2. Debe incrementarse también el impuesto a las rentas de capital para aquellos casos en los que las mismas no se vean afectadas por la actual situación. Nos referimos aquí sobre todo a las rentas recibidas por el pago de intereses y dividendos.
3. Se podría incluir un tramo adicional de 30% en el impuesto sobre la renta de las personas físicas con actividad lucrativa, por encima de ₡22 millones de renta neta anual. Para aquellas personas que siguen con actividad independiente, debe pensarse también en pedirles su aporte solidario a esta situación.
4. La idea de capturar la diferencia de valor entre el precio internacional de los combustibles y el precio local, dado que en el transcurso del año el primero ha disminuido en alrededor del 68% y el segundo un 10%, por medio de cualquier figura, es una idea que debe valorarse pero permitiendo que la reducción en el precio llegue a los combustibles usados por la industria, el transporte de carga y el transporte público, a fin de que ese beneficio también lo perciban esas actividades y los consumidores de esos bienes y servicios.
5. El país debe buscar la manera en que los sectores ganadores de esta crisis, que claramente los hay, den un aporte adicional y temporal, a fin de darle una ayuda a los sectores perdedores, en particular al sector turístico y los servicios relacionados con el entretenimiento. Inclusive, aunque esto implique pedir un aporte temporal a las empresas de zonas francas y a las grandes empresas del sector cooperativo.
6. No podemos perder de vista que se requerirá un esfuerzo fiscal adicional de largo plazo para poder encauzar al país en una senda de sostenibilidad de la deuda pública. En ese sentido, desde ahora debemos pensar en cómo gravar las mayores expresiones de riqueza y a aquellos sectores que generan externalidades ambientales negativas, para generar los recursos necesarios para resolver los problemas que enfrentaremos más adelante y empezar a trabajar por garantizar que esos recursos estén disponibles una vez que salgamos de la crisis.
El programa Observatorio Económico y Social de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional, reitera su disposición de aportar en la construcción de una salida a la crisis económica derivada de la atención del COVID-19.
SURCOS reproduce este texto publicado por Jaime Ordoñez en su espacio de Facebook.
Yo pago casi 39% de impuestos mensuales (25% de renta, 9,5% de CCSS, más otras cargas). Y estaría de acuerdo en pagar más en esta grave crisis, solidariamente. Pero es hora de que todos los sectores exonerados, especialmente los que nunca han pagado impuestos de renta en Costa Rica, también paguen. Las zonas francas, las grandes cooperativas, los distintos regímenes liberados por las 172 leyes o exenciones que tiene nuestro sistema jurídico. Los banqueros y emisores de tarjetas que practican la usura leonina. ¿Por qué ensañarse, una vez más, sólo con los asalariados? Eso no es solidario.
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BANQUEROS Y TARJETAS DE CREDITO. – Empecemos con reducir las descomunales ganancias de los bancos y emisores privados que imponen tasas de usura en tarjetas de crédito (en algunos casos del 59% o 62% de interés efectivo), pues ello impacta directamente a la ciudadanía y su capacidad de consumo o sobrevivencia. En una gran crisis como esta, para salir adelante la gente se endeudará aún más con tarjetas, pues es el crédito más inmediato y disponible. Entonces, pasaremos de 900,000 deudores ya demandados en los tribunales de justicia por créditos de consumo a quizá 1,2 millones en poco tiempo.
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La deuda asociada de las tarjetas y a favor de los bancos y banqueros es 1.4 billones de colones (octubre, 2019) lo cual representa un 4,51% del Producto Interno Bruto (PIB). ¿No sería justo pedirle a esos pobres banqueros un poco de solidaridad?
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Con solo bajar la tasa de interés al 38% (proyecto impulsado por los diputados Welmer Ramos González y David Gourzong Cerdas) se liberarían más de 10.000 millones de colones mensuales a favor de los ciudadanos, quienes podrían usar esos recursos para sobrevivir en momentos de falta de trabajo y de ingresos. Pero con sorpresa, nos enteramos hace una semana que el Poder Ejecutivo sacó de la lista de aprobación el proyecto sobre Usura en Tarjetas de Crédito, después de tantos esfuerzos en los últimos meses que había conseguido, por fin, el consenso esperado por las diferentes fracciones parlamentarias.
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¿Por qué se protege a los banqueros a toda costa, masacrando a la ciudadanía? ¿Qué compromisos políticos o económicos tiene el gobierno con la ABC y esos banqueros? ¿Vienen de la campaña política? ¿Por qué no se impone, además, un impuesto a la renta sobre las ganancias financieras y se les permite, en forma inmoral y abusiva, que se declaren con pérdidas?
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GRUPOS EXONERADOS Y ZONAS FRANCAS vs PYMES. – El beneficio neto de las zonas francas fue de US$ 3.179 millones de dólares anuales en el período 2011-2015 (ver informe PROCOMER, periódico La República, 18 de agosto, 2016), lo cual representa el 6% del PIB nacional. Y sin embargo no pagan impuesto de renta, y despues de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Publicas, tampoco el IVA. – Eso es inmoral
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¿Por qué no empezar por cobrarle algo a las zonas francas, digamos apenas 9% de renta como hicieron Irlanda y Nueva Zelanda en su día y después lo escalonaron a varios años hasta el 18%? La propia OCDE y el FMI lo vienen recomendado a Costa Rica hace más de una década y media pero el lobby descarado de empresarios y los propios políticos (incluso hecho “ex personae” por algunos diputados a favor de esas empresas en la propia Asamblea) impidió que se incluyera en la última reforma fiscal. No solicito que les cobremos el 25%, (lo que pago yo, un simple ciudadano) sino apenas un 9%. Pero que empiecen a pagar algo, como lo hacen en casi todos los países del mundo. Eso sería solidario, me parece a mí.
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¡Qué las Zonas Francas son sacro-santas y no se les puede tocar!, se rasgarán las vestiduras algunos y pegarán el grito en el cielo, con su cantinela usual. ¿Y entonces, significa que las PYMES, los pequeños y medianos productores agropecuarios y empresarios de Costa Rica no lo son?, no son sacrosantos? y a ellos sí se les puede cargar la mano y masacrar como se hizo en la nefasta Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, la cual destrozó a los pequeños negocios, dejando a miles de pequeñas empresas en la calle, quebradas, desde julio del año pasado.
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Las PYMES y el sector agropecuarios son la cintura productiva y humana de Costa Rica: representan el 80% de la población económicamente activa y generan más del 60% del PIB del país, y tienen que pagar todo: renta, IVA, y todas las demás cargas. Cerca de 2.000.000 de personas dependen de las pequeñas y medianas empresas. Y están hoy destrozadas. Por su lado, las Zonas Francas emplean únicamente 115.000 personas y no le dejan al fisco costarricense ni Impuesto de Renta ni IVA, a partir de la última reforma fiscal.
Esas Zonas Francas, repito, ganan US$ 3.179 millones de dólares al año— la friolera del 6% del PIB— y no pagan impuestos de renta. ¿Es eso solidario, pregunto yo?
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Quien escribe este artículo, al igual que millones de costarricenses, apoyamos la institucionalidad en esta enorme lucha contra el COVID-19. Creo que la Presidencia y las autoridades del Sector Salud los han hecho muy bien y hemos cerrado filas a favor de esta importante batalla por la salud de nuestro pueblo.
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Pero, por favor, no borren con el codo lo que han escrito con la mano.
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Sería muy grave que pasáramos de una grave crisis de salud pública a una crisis social y económica de grandes dimensiones. Costa Rica se nos ha vuelto un país brutalmente inequitativo. Estamos hoy en la lista de 10 países más desiguales del planeta (Informe Banco Mundial, 2019). Y, como analizaba hoy en la mañana con un grupo de tres reconocidos economistas, por el camino que vamos podemos despertarnos en noviembre o diciembre de este 2020 con una tasa de pobreza del 35% o 40%.
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Y eso sería una debacle. Sería volver a 1950. Espero que el Presidente Alvarado y nuestra clase política tomen las decisiones correctas.
