La Asociación para el Desarrollo de la Ecología ha solicitado al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) información técnica sobre el seguimiento a una resolución emitida por la Sala Constitucional relacionada con la protección del acuífero de Moín en Limón.
Mediante el oficio AEL-00131-2025, con fecha del 30 de marzo de 2025, Marco Levy Virgo, presidente de la asociación, solicitó al ministro Franz Tattenbach Capra detalles sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el ministerio ante la Sala Constitucional en el expediente No. 22-008354-0007-CO.
La sentencia constitucional, dictada el 23 de septiembre de 2022, ordenó la creación de una comisión interinstitucional para abordar la problemática que afecta al acuífero de Moín, específicamente en fincas ubicadas en la zona de protección restringida. Además, la resolución estableció el diseño y ejecución de un plan para atender y solucionar los problemas que afectan dicho acuífero.
Según la nota enviada por la asociación, el MINAE se comprometió a realizar seis labores específicas en protección del acuífero:
Identificar actividades incompatibles con normas ambientales vigentes e informar a instancias correspondientes.
Identificar cuerpos de agua existentes y determinar cuáles poseen criterio.
Determinar áreas de protección de acuerdo con la normativa ambiental.
Emitir criterios técnicos para recuperación de áreas de protección.
Cuantificar dolinas existentes y determinar zonas de protección.
Identificar vertidos de aguas residuales, tanto legales como ilegales.
En su solicitud, la asociación pide específicamente un informe detallado sobre la delimitación y caracterización de humedales dentro de la zona 6 de protección absoluta, así como un estudio foto-interpretativo que muestre los cambios en el uso del suelo en dicha zona.
La asociación espera recibir respuesta del Ministerio dentro del plazo establecido por la normativa vigente.
Sospechan de descargas de sedimentos de mina cercana
El pasado fin de semana, vecinas y vecinos de Miramar detectaron la muerte de una gran cantidad de peces, camarones, cangrejos y otras especies en el río Ciruelas, desde el sector conocido como El Salto, a la salida de la mina Bellavista, hasta varios kilómetros río abajo, llegando al histórico «Puente Negro», camino a la comunidad de Río Seco.
Según testimonios de la comunidad, se contactaron a MINAE, Fuerza Pública y el Ministerio de Salud sobre el incidente, pero se desconoce si se realizaron muestreos o denuncias. Las personas denunciantes tienen gran preocupación, ya que este es un sitio frecuentado por visitantes, especialmente durante la Semana Santa.
Si bien aún se desconoce la causa exacta de la contaminación, la mina Bellavista, ubicada en la parte alta de Miramar de Puntarenas, ha sido objeto de múltiples denuncias por presuntas irregularidades en su administración y posibles daños ambientales (ver cronología abajo).
Dayana Rojas de la Asociación Civil Pro Natura, de Miramar aseguro les informaron que “esta situación se origina a partir del punto conocido como ‘El Salto’ donde se observa una importante descarga de sedimentos en el río, pero aguas arriba a escasos 50 metros se puede ver que el río mantiene su fauna normal… Además, los vecinos aseguran que pudieron mapear el fenómeno por más de 6 kilómetros recorriendo la cuenca del río, hasta llegar al Puente Negro”(audio).
En octubre de 2024, el diputado Carlos Andrés Robles expresó su preocupación por la gestión de la mina y solicitó al Ministerio de Salud una inspección exhaustiva para evaluar sus operaciones y determinar si se cumplen las normativas ambientales y de seguridad (Mundo.cr, 16-10-24).
Estas preocupaciones se basan en denuncias previas, como la presentada por Diego Leonardo García, exsupervisor del Proyecto Minero Bellavista, quien advirtió sobre el depósito de residuos en áreas sin la debida impermeabilización, lo que podría provocar contaminación del agua subterránea. Además, señaló que las piletas de emergencia carecen de sistemas adecuados de detección de fugas y que las descargas de la planta podrían estar afectando negativamente al río Ciruelas (Ver denuncia).
Según la presidenta de Pro Natura “a todo esto se suma la inexistencia de actas, o registros de la Comisión Mixta de Monitoreo y Control Ambiental (o COMIMA) desde hace más de 10 años, que permita garantizar el control y el seguimiento ambiental de las actividades de un proyecto de categoría A, como éste y la negativa de la SETENA de reactivarla alegando que el expediente se encuentra secuestrado como parte del Caso Comején”.
Finalmente aseguró que “lamentablemente a pesar de las múltiples denuncias las autoridades locales e instituciones estatales han sido omisas para dar seguimiento al tema de aseguramiento de la calidad del recurso hídrico en nuestro cantón, así como el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y tras el colapso de una mina clandestina hace pocas semanas donde se cobró la vida de un trabajador y otro resultó gravemente herido, la comunidad espera que como mínimo se tomen las muestras de agua para los análisis físico-químicos correspondientes y se desarrollen investigaciones rigurosas”.
Miramar: un «Territorio de Sacrificio»
La minería en Miramar, en sus diversas formas (legal, ilegal, a cielo abierto o subterránea), ha generado impactos socioambientales profundos y acumulativos, convirtiendo la zona en un «Territorio de Sacrificio».
Por otro lado, una investigación del Proyecto Geografía y Diálogo de Saberes (ED-3526) de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la UCR reveló la existencia de un enjambre de minería subterránea de oro en Costa Rica, con al menos 59 solicitudes de concesión que abarcan 779,52 km² (1,52 % del territorio nacional). Entre los cantones más afectados se encuentra Miramar, donde más del 31,86 % de su superficie está solicitada para exploración minera, incluyendo su área urbana (UCR).
Cronología de denuncias sobre la mina Bellavista
● 2007: Suspensión de operaciones debido a deslizamientos de tierra que afectaron la estabilidad del proyecto minero (UCR).
● Marzo de 2009: Sonia Torres, del Comité Ambiental de Miramar, denunció el abandono de la mina por parte de la empresa canadiense Glencairn Gold Corporation, señalando incumplimientos de compromisos ambientales y posibles contaminaciones de los mantos acuíferos y del río Ciruelas con metales pesados y cianuro (UCR).
● Enero de 2011: Sonia Torres publicó un artículo sobre los impactos de la mina Bellavista en el paisaje y corredores biológicos de la región (SURCOS Digital).
● Mayo de 2011: El grupo Miramar al Grano denunció irregularidades en una auditoría de la mina, señalando inconsistencias en la evaluación ambiental (Semanario Universidad).
● Mayo de 2013: Las empresas Río Minerales S.A. y Metales Procesados MRW S.A. demandaron a la SETENA para reactivar la extracción de oro en la mina Bellavista (Semanario Universidad).
● Setiembre 2023: el Ministerio de Salud emitió una orden sanitaria para el cierre del laboratorio de la empresa debido a la detección de plomo en sangre de trabajadores (Semanario Universidad).
● Julio de 2024: El académico Álvaro Sagot expresó preocupaciones sobre la minería en Costa Rica y los impactos del proyecto Bellavista en Miramar (Radio Columbia).
● Agosto de 2024: Se anunció la intención de elevar una denuncia ante la ministra de Salud por presunta contaminación química en el río Ciruelas, vinculada a la mina Bellavista (El Mundo).
● Octubre de 2024: Durante la sesión ordinaria N°24-2024 del Concejo Municipal de Montes de Oro, se discutieron preocupaciones sobre la mina Bellavista. Diego Leonardo García presentó una denuncia con evidencia fotográfica sobre irregularidades en la planta (Municipalidad de Montes de Oro).
Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.
La Asociación para el Desarrollo de la Ecología solicitó información detallada sobre el Sitio Ramsar 783, Gandoca Manzanillo, y áreas asociadas en el cantón de Talamanca, mediante un oficio dirigido al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC).
El documento AEL-00120-2025, firmado por Marco Levy Virgo, presidente de la organización, fundamenta la solicitud en la Ley Marco de Acceso a la Información Pública, vigente desde noviembre de 2024, y hace referencia al Informe SINAC-ACLAC-DRFVS-PNE-C-014-2025.
En la solicitud enviada a David José Chavarría Morales, director ejecutivo del SINAC, y Rotney Piedra Chacón, encargado de Humedales, se requiere información específica sobre cuatro aspectos principales:
La organización pide las coordenadas oficiales y actualizadas del Sitio Ramsar 783, conforme se especifica en un oficio de enero de 2025. También solicita un informe sobre los ocupantes de la Zona Marítimo Terrestre (ZMT) en Talamanca, detallando si son personas físicas o jurídicas y su ubicación respecto a bosques o humedales.
El documento requiere además una descripción y delimitación de ríos y quebradas ubicadas en el litoral de Talamanca, así como un mapa descriptivo de todos los humedales oficialmente documentados en Playa Negra.
Según se indica en la carta, esta información es requerida para fines legales y para garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente.
El documento fue remitido también a expedientes judiciales, diputados de la Comisión de Ambiente, la Procuraduría General de la República, la Defensoría de los Habitantes, la Contraloría General de la República, la Fiscalía Agrario Ambiental y la Alcaldía Municipal de Talamanca.
Adjuntamos dos documentos de referencia aportados por la organización. Les invitamos a descargarlos para conocer en detalle la información.
La Asociación para el Desarrollo de la Ecología (AEL) solicitó la intervención coordinada de la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la República y la Defensoría de los Habitantes para proteger los bosques, humedales y manglares del sitio Ramsar 783 Gandoca Manzanillo.
Según documentos emitidos por la AEL, existen múltiples violaciones a las medidas cautelares dictadas por la Sala Constitucional a las doce horas cincuenta minutos del siete de marzo de dos mil veinticinco, relacionadas con la protección de los bosques en la zona correspondiente a la resolución 2019-12745 del 10 de julio de 2019.
Marco Levy Virgo, presidente de la AEL, indicó que se han fraccionado bosques dentro de esta zona y persisten obras constructivas dentro de zonas boscosas, humedales y manglares, a pesar del ilegal cambio de uso del suelo.
«La ley 9223, impulsada en contra de los más elementales principios de ciencia y técnica, ha facilitado estos desarrollos, poniendo en riesgo el delicado ecosistema de la región», señaló Levy Virgo en su comunicación a las autoridades.
La AEL presentó un informe del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos que detalla la situación actual y la urgencia de intervenir, así como el oficio SINAC-SE-PPC-320-2017, emitido el 28 de noviembre de 2017 por el entonces Jefe a.i. del Departamento de Prevención, Control y Protección de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC).
En una segunda comunicación dirigida específicamente a la Defensora de los Habitantes y a la Contralora General, la AEL solicitó acciones coercitivas inmediatas contra la Administradora del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca, ante lo que consideran un evidente incumplimiento de la resolución de seguimiento dictada por la Sala Constitucional.
La organización señaló que se han reportado actividades que contravienen las medidas cautelares establecidas para salvaguardar estos ecosistemas, incluyendo tala de árboles, construcción de pozos, desvíos de cauces de agua y drenaje de humedales.
La AEL solicitó específicamente tres acciones: medidas coercitivas inmediatas contra la Administradora del refugio, una investigación exhaustiva sobre las denuncias de incumplimiento de deberes y el presunto favorecimiento a desarrolladores ambientales, y la implementación de un mecanismo de supervisión permanente en el sitio Ramsar 783 y la zona boscosa afectada.
El presidente de la AEL enfatizó que la lentitud de los procesos legales en la vía ordinaria hace imperativa una acción rápida y efectiva para proteger el equilibrio ecológico y el bienestar de las generaciones futuras.
De pronto aparece verde como una gran alfombra tapizada de pinos, maizales y frijolares. Al avanzar valle adentro la fertilidad de sus tierras brota como negra simiente deseosa de semillas. Pero al levantar la vista para admirar las montañas protectoras de los valles y generosas en manantiales, nos encontramos con un inmenso lunar, con un horrible cráter de tierra erosionada y estéril justo encima de los pueblos.
“Es la mina” dice con retenido rencor un campesino. Algo malo está pasando con la mina que se muestra en las palabras, en las miradas, en los cuerpos. Es como una inmensa desilusión que los viene envolviendo y que se arrastra por el valle envenenando los cuerpos, pero sobre todo las almas.
Es la decepción que salta a la vista cuando los sueños se ven truncados; es la amargura fruto del engaño, porque cuando la empresa minera iba a iniciar operaciones prometieron empleo bien remunerado, educación, buenas carreteras, salud, mejores viviendas, trabajo, trabajo para todos. Hablaron de progreso y bienestar y quién no quiere un legado de felicidad para sus hijos.
En Honduras, Guatemala, Nicaragua y Panamá, se repite esta historia: un buen grupo de vecinos se ilusionó… fueron contagiados con la fiebre del oro, esa extraña enfermedad que solo se cura con el tiempo, cuando la persona se percata de que el oro se le escapa de las manos, cuando la persona ve que el oro en lugar de brillar nubla y en lugar de alegrar entristece.
Porque da tristeza ver hoy los callejones secos y empedrados por donde, no hace mucho, bajaban de los cerros cantando los ríos y las quebradas.
Porque da tristeza ver la piel escamosa que pica y arde al contaminarse con el agua y con el aire antes limpio y puro.
Porque da tristeza ver la cabeza de los niños y niñas con pellizcos arrancados por las sustancias dañinas que antes de la mina no existían.
Lo más grave es que la intoxicación es lenta pero letal, a tal grado que muchos habitantes de estos valles, aún no saben que día a día y poco a poco se están envenenando.
La prohibición de la minería metálica es un paso hacia adelante, porque la minería no es una opción de desarrollo o bienestar, al contrario, las comunidades donde opera una mina siempre quedan en peores condiciones económicas, sociales y ambientales que como estaban. Los empresarios mineros se llevan las riquezas y dejan la tierra, el agua y los bosques contaminados por años y años.
Las opciones duraderas para los habitantes de los campos son, entre otras, la agricultura orgánica y el turismo rural pero estas actividades no se pueden dar donde opera una mina ni después de que se van. Cuando el oro se acaba la empresa se va y la contaminación sigue afectando por décadas y hasta siglos. ¿Quién descontamina la tierra y el agua? ¿Quién desintoxica la población?
En Costa Rica quieren revivir el fantasma de la minería metálica lo cual es un paso hacia atrás. El saqueo criminal que hacen coligalleros ilegales no es excusa para abrir de nuevo las compuertas a la contaminación. Lo que falta es voluntad política para defender nuestra soberanía.
La Asociación para el Desarrollo de la Ecología (AEL) presentó un comunicado advirtiendo sobre posibles daños ambientales en el Cantón de Talamanca mediante el Plan Regulador Costero.
Según el documento, el plan amenaza ecosistemas frágiles del Caribe Sur, incluyendo humedales, manglares y sitios de anidación de tortugas marinas. La asociación señala que el proyecto ignora la fragilidad ambiental de una zona que alberga el 2% de la biodiversidad mundial.
La Sala Constitucional emitió una resolución el 13 de marzo de 2025 que solicita a diversas autoridades de SINAC, INVU y la Municipalidad de Talamanca presentar informes detallados sobre el cumplimiento de una sentencia previa del 16 de febrero de 2024.
Entre las principales observaciones, la AEL destaca que:
El plan utiliza índices de fragilidad obsoletos basados en una delimitación del Patrimonio Natural del Estado del año 2017.
Una directriz ministerial obliga a funcionarios a respaldar la delimitación de 2017, desestimando estudios más recientes.
El proceso de consulta indígena, establecido por el Convenio 169 de la OIT, ha sido tratado como una mera formalidad.
La organización hace un llamado a la ciudadanía para defender el patrimonio natural y exigir transparencia en el desarrollo de proyectos que puedan afectar ecosistemas únicos.
Marco Levy Virgo, presidente de la asociación, enfatizó la importancia de preservar la biodiversidad del Caribe Sur y asegurar un desarrollo sostenible que respete el entorno natural.
SURCOS comparte los siguientes documentos como referencia:
La Asociación para el Desarrollo de la Ecología se dirigió a la Corte Suprema de Justicia para expresar su apoyo a la reforma del Código Penal y solicitar un pronunciamiento sobre el Acuerdo de Escazú.
En un documento oficial con fecha 21 de marzo de 2025, la organización, representada por Marco Levy Virgo, destacó la importancia de la reforma que busca agilizar los procesos judiciales y fortalecer el acceso a la justicia.
La comunicación enfatiza la necesidad de que el Poder Judicial emita un pronunciamiento sobre el Acuerdo de Escazú, un instrumento internacional enfocado en la información, participación pública y justicia en temas ambientales.
La asociación señala que históricamente las personas han enfrentado discriminación estructural en la atención de denuncias ambientales, evidenciando obstáculos en los procesos administrativos y judiciales.
El documento solicita que un pronunciamiento judicial reafirme el compromiso con la democracia ambiental y garantice la transparencia de las instituciones públicas en la defensa del entorno.
Comunidad de Brasilito hace llamado urgente a las autoridades para que se proteja la integridad del patrimonio ambiental, social, cultural y paisajístico de su territorio.
Asociación de Desarrollo Integral de Brasilito Comité Punta Pelencho Bandera Azul Ecológica Brasilito Asada de Playa Brasilito
La situación actual de Playa Brasilito
La Sala Constitucional el 11 de marzo otorgó mediante una medida cautelar la prohibición a la empresa desarrolladora Cantomar Beach Club de la tala de árboles en Playa Brasilito; en el sector históricamente conocido como Punta Pelencho, a raíz de un recurso de amparo presentado por ciudadanos interesados en esta situación. Durante este proceso, han salido a la luz pruebas que sugieren la intención de privatizar el acceso público a la playa, estableciendo un control exclusivo para los miembros del club de playa. Accionar que no solo constituye una irregularidad administrativa, sino que también vulnera la normativa vigente en Costa Rica, que protege el dominio público marítimo-terrestre.
Contexto
Desde el 15 de enero de 2025, los vecinos de Playa Brasilito detectaron la etiquetación de árboles ubicados en la zona marítimo terrestre y la zona pública del sector norte de la playa, conocido como Punta Pelencho; lo que generó preocupación entre los habitantes sobre los posibles impactos de este actividad en su patrimonio cultural, ambiental y biológico, particularmente en relación con la tropa de monos Congo —especie en peligro de extinción— que habita la región. Ante esta situación, los vecinos de manera articulada solicitaron información, ante la relevancia ambiental que la zona representa como un importante corredor biológico aunado al valor trascendental tanto para las comunidades costeras como para el ecosistema local.
A partir de este momento la comunidad conoce que la etiquetación responde a un convenio de donación firmado entre la Municipalidad de Santa Cruz y Cantomar Beach Club sobre el camino público C503138. No obstante, hasta la fecha, no se ha revelado su contenido, a pesar de las repetidas solicitudes de información realizadas por diversos medios.
Cantomar afirma en su sitio web que los miembros del club disfrutarán de una playa exclusiva, privada y que, contarían con los mismos derechos de propiedad privada que en Estados Unidos, lo cual atenta contra el ordenamiento jurídico costarricense, su seguridad jurídica y el principio de soberanía territorial.
Cantomar, a través de la creación de la «Asociación Punta Loros Para La Sostenibilidad, Conservación y Promoción Responsable de la Zona Pública de la Zona Marítima Terrestre, Playa Punta Loros», solicitó al Instituto Costarricense de Turismo (ICT) la formación de un nuevo comité de Bandera Azul Ecológica para el sector tradicionalmente conocido como Punta Pelencho. Esta área, actualmente registrada ante el ICT por el Comité Bandera Azul Ecológica Brasilito, pretendía ser separada de Playa Brasilito bajo la premisa de la existencia de una playa denominada “Punta Loros”, un nombre desconocido para la comunidad local.
Vecinos de la zona notaron, además, que en días anteriores en la plataforma Google Maps dicho sector de Playa Brasilito había sido renombrado como «Playa Punta Loros». Cabe señalar que cualquier persona puede modificar los nombres de los lugares en plataformas como Google Maps. Según la legislación costarricense, el Instituto Geográfico Nacional (IGN) es el único organismo autorizado para regular la nomenclatura geográfica, conforme a lo dispuesto en la Ley No. 26852-C, Reforma del Reglamento Nacional de Nomenclatura.
El día 24 de marzo, mediante el oficio DCR-0248-2025, el ICT indicó lo siguiente:
«El análisis cartográfico evidenció que la playa denominada ‘Punta Loros’ no existe como tal y que el área inscrita bajo este nombre forma parte de la Bahía Brasilito, cuya inscripción fue recibida antes que la de Punta Loros. Por esta razón, dicho sector continuará siendo parte de su área de gestión dentro del Programa Bandera Azul Ecológica.»
El intento de cambiar el nombre a «Playa Punta Loros» no solo carece de respaldo legal, por lo previamente mencionado, también vulneraría el nombre autóctono de «Playa Brasilito», en contradicción con lo establecido en la Reforma del Reglamento Nacional de Nomenclatura No. 26852-C, incisos “e. Se dará preferencia a los nombres autóctonos”; inciso “i. Un nombre no debe ser cambiado a menos que esté duplicado o resulte inapropiado” e inciso “l. No se asignará más de un nombre a cada elemento natural, artificial o accidente geográfico”.
La comunidad de Brasilito se opone firmemente a este intento de reconfiguración territorial y considera que la alteración del nombre y la identidad del lugar no solo ignora su historia y patrimonio, sino que también abre la puerta a posibles intentos de privatización. La comunidad defenderá el reconocimiento de Playa Brasilito y Punta Pelencho como parte de su identidad cultural, social y ambiental, asegurando que estos espacios continúen siendo de acceso público y respetando su verdadera esencia.
En virtud de lo anterior, reiteramos nuestra posición y respetuosamente hemos pedido a las autoridades competentes:
Respetar la legislación costarricense en materia de nomenclatura geográfica, específicamente en lo que se refiere a la prioridad de los nombres autóctonos establecidos en los artículos pertinentes de la reforma mencionada en el Reglamento Nacional de Nomenclatura No. 26852-C.
Cumplir con el ordenamiento jurídico costarricense, en especial con los principios que protegen el acceso público al dominio público marítimo-terrestre, y garantizar que no se promueva la privatización irregular de la playa.
Desestimar cualquier solicitud para la modificación o seccionamiento del sector norte de la Playa Brasilito, conocido como «Punta Pelencho», ya que ello constituiría un acto de privatización ilegal del patrimonio natural y público de la nación, contraviniendo los derechos de las comunidades históricas de Brasilito y las normativas nacionales sobre la propiedad pública.
Reconocer y fomentar la participación activa de las organizaciones comunitarias locales en el proceso de toma de decisiones que involucren bienes y espacios públicos, respetando principios de igualdad, no discriminación y equidad. En caso de presentarse nuevas solicitudes de cambio de nombre, solicitamos que las organizaciones comunitarias sean notificadas de forma oficial y participen de manera democrática y transparente en el proceso.
Que se cumpla la normativa ambiental y social vigente en el Artículo 17 del Decreto 40139-MOPT, que establece lo siguiente:
a) Aplicar los instrumentos de evaluación y gestión ambiental y social correspondientes.
b) Implementar la consulta socio ambiental para promover la participación ciudadana, como elemento fundamental para desarrollar los proyectos de manera sostenible.
c) Implementar medidas que faciliten la conectividad y desplazamiento de la fauna silvestre en las rutas cantonales con la finalidad de minimizar la afectación resultante de la fragmentación provocada por las carreteras y su flujo vehicular.
Este comunicado busca hacer un llamado urgente a las autoridades para que se proteja la integridad del patrimonio ambiental, social, cultural y paisajístico de las comunidades costeras de Brasilito y sus alrededores, que históricamente han sido excluidas de las decisiones que afectan su territorio. Exigimos que se respete su derecho al acceso público y la preservación de sus tradiciones, y se evite cualquier intento irregular de privatización o modificación de su identidad cultural.
Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.
Los humedales costeros de Talamanca se encuentran en el centro de una controversia ambiental que demanda intervención inmediata.
Marco Levy Virgo, presidente de la Asociación para el Desarrollo de la Ecología (AEL), solicitó formalmente la intervención de la Fiscalía Agrario Ambiental mediante un documento que detalla las afectaciones a estos ecosistemas.
Violaciones documentadas
La denuncia señala varios casos de degradación ambiental, entre ellos:
Drenajes y rellenos ilegales realizados por sociedades anónimas
Intervención sistemática en Playa Negra, con presunta utilización de maquinaria municipal
Posibles infracciones a la Ley Orgánica del Ambiente y la Ley de Biodiversidad
Antecedentes legales
El caso se origina en una resolución del Tribunal Constitucional del 16 de febrero de 2024, que ordenó:
Completar la certificación del Patrimonio Natural del Estado en la Zona Marítimo Terrestre
Incorporar el informe de caracterización de humedales al Plan Regulador Costero
Una resolución posterior del 13 de marzo de 2025 requirió a instituciones como el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y la Municipalidad de Talamanca presentar evidencia de cumplimiento.
Solicitud de acción
La organización ecologista ha requerido a las autoridades:
Presentar la información requerida ante la Sala Constitucional
Gestionar medidas cautelares para recuperar los humedales
La protección de estos ecosistemas se considera fundamental para preservar la biodiversidad regional.
Este 21 de marzo en celebración del Día Internacional de los Bosques, el Instituto de Investigación y Servicios Forestales de la Universidad Nacional (Inisefor-UNA) reafirma su compromiso con la investigación y la generación de conocimiento para una gestión forestal sostenible que potencie el papel de los suelos en la lucha contra el cambio climático
En el marco del Día Internacional de los Bosques, el Instituto de Investigación y Servicios Forestales de la Universidad Nacional (Inisefor-UNA) hace un llamado a fortalecer la acción climática en el sector forestal mediante la incorporación del carbono orgánico del suelo (COS) en las estrategias de mitigación del cambio climático.
Los suelos de los bosques almacenan más carbono que la biomasa aérea, lo que desempeña un importante papel en la regulación del ciclo del carbono y la estabilidad de los ecosistemas. Sin embargo, a nivel global, la medición y monitoreo del COS aún presentan desafíos metodológicos que limitan su inclusión en los mecanismos de financiamiento climático, como REDD+ y los mercados voluntarios de carbono.
“Desde el Inisefor-UNA, avanzamos en el desarrollo de una matriz integral de evaluación del carbono orgánico del suelo, la cual establece criterios técnicos para mejorar la precisión y confiabilidad de su cuantificación en distintos tipos de suelos y usos del territorio costarricense. Esta matriz incorpora metodologías rigurosas, como la corrección por pedregosidad y la eliminación de raíces, lo que garantiza estimaciones más precisas sobre el contenido real de carbono en los suelos forestales”, explicó Víctor Meza, investigador del Inisefor-UNA.
De acuerdo con el especialista, es incluir el COS en la acción climático, significa una mayor captura y almacenamiento de carbono, “porque los suelos de los bosques pueden retener carbono durante siglos, lo que contribuye a la reducción de gases de efecto invernadero”.
Asimismo, “se puede obtener un monitoreo más preciso de los ecosistemas, debido a que la medición del COS complementa los inventarios forestales y proporciona una visión integral del rol de los bosques en la mitigación del cambio climático”.
Para Meza, la inclusión del COS en los esquemas de créditos de carbono fortalece el valor económico de la conservación y manejo sostenible de los bosques.
Oficina de Comunicación Universidad Nacional, Costa Rica
