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UNA y municipio herediano en pro del ambiente

Con el respaldo del profesional del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional (CINPE-UNA), la Municipalidad de Heredia es a partir de hoy el primer ayuntamiento de Costa Rica en contar con una política pública para abordar la problemática del cambio climático.

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Comunidades de Turrialba rechazan hidroeléctricas de H. Solís

El pasado 20 de julio de 2019, miembros de diversas organizaciones sociales y comunales del cantón de Turrialba, en conjunto con un grupo de estudiantes, profesionales, ciudadanos y ciudadanas de diferentes partes del país, nos reunimos en la comunidad de Torito, con el fin de discutir sobre la amenaza que representa la construcción de nuevas represas hidroeléctricas en este cantón, así como definir acciones para enfrentar dicha amenaza en defensa de nuestros ríos y nuestras comunidades.

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FECON: Legalizan robo de agua subterránea

El Gobierno de la República anunció este lunes la legalización de todos los pozos perforados sin permisos, exceptuando los pozos perforados que se ubiquen dentro de los acuíferos, zonas o áreas con condición especial por disposiciones judiciales, legales o técnicas.

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Marcha Nacional por el Ambiente

El domingo 18 de agosto a las 10 a.m. se llevó a cabo la Marcha Nacional por el Ambiente.

El objetivo de la marcha fue concientizar a la población costarricense sobre la crisis ambiental y social que estamos viviendo, motivando así a las diferentes entidades del gobierno a tomar acciones y a actuar con contundencia, colocando los temas ambientales como prioridad nacional.

“Es momento de actuar”.

 

Enviado por Alejandro García Valerio.

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Denuncian dragado de Río Agualote pese a orden de SINAC

“Estamos dando la lucha por la destrucción que se está dando en Río Agualote, Grecia, desde hace quince días. Como se ha hecho caso omiso de la orden de paralizar las obras, aquí estamos sentados en las piedras del mismo río que fue la única medida a tomar para poder paralizar dicha maquinaria. Esto hace ya más de tres horas y el ingeniero municipal que es quien dirige la obra no se ha molestado en venir a pesar de que el señor de la draga ya lo ha llamado”. Esta es la denuncia recibida por SURCOS de parte de personas de la comunidad.

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Sin este poder desde la ciudadanía no hubiésemos logrado impedir PH San Rafael

Luis Monge, Ríos Vivos

En el año 2013, iniciamos una lucha que nos vaticinaban perdida: detener 17 proyectos hidroeléctricos, planteados al amparo de las leyes de apertura del mercado eléctrico; aprobadas en los gobiernos de José Ma. Figueres y Oscar Arias, casualmente ambos pertenecientes a familias que participan de la generación privada. Estos proyectos además serían desarrollados por grandes empresas y grupos familiares poderosos. Teníamos en contra el marco legal, a grupos política y económicamente poderosos y a la misma institucionalidad, como la SETENA, que históricamente había cumplido un papel de “facilitador” para este tipo de proyectos, al igual que la ARESEP, el ICE, las Municipalidades. Muchos nos auguraban un rotundo fracaso: “ustedes no tienen recursos, no tienen capacidades técnicas, ni legales, no tienen “patas” políticas”.

Bajo un discurso de “desarrollo”, de progreso, se justificaban estos proyectos, a las pocas personas que se les presentaron inicialmente en las comunidades. Sin embargo 6 años después somos testigos del cierre del último proyecto hidroeléctrico en la Zona Sur, el PH San Rafael. Poco a poco, gracias a la resistencia que ofrecieron las comunidades, que, integradas junto con estudiantes, artistas, profesionales, ciudadanos y ciudadanas en general, en el Movimiento Ríos Vivos, logró articular la lucha para vencer a estos proyectos.

Poco a poco, basado en la experiencia que iba desarrollando cada grupo de resistencia que se constituía en las comunidades, y con el apoyo de aliados, como Kioscos Ambientales de la UCR, la FECON, la Asociación Voces Nuestras y en un inicio incluso la Pastoral Social de la Iglesia Católica. A punta de ejercicio se tejieron músculos de resistencia: aprendimos a presentar oposiciones en la SETENA; a hurgar en estudios técnicos para ubicar la información biológica, a desarrollar herramientas de comunicación tanto a lo interno como a lo externo del Movimiento; a realizar movilizaciones en los ríos, en las calles, en la ciudades, para llamar la atención de la ciudadanía, a realizar cabildeo político con los candidatos, a presionar a las Municipalidades para lograr las moratorias, a ser expertos en tramitologías, para descubrir las múltiples irregularidades con las que se iban aprobando los avances en los proyectos hidroeléctricos; a constituir células de resistencia independientes, pero al mismo tiempo capaces de aprovechar el conocimiento y experiencia adquiridos por el Movimiento en su totalidad. Se construyeron también hermandades, nuevas amistades, relaciones que antes no existían entre personas y comunidades distintas.

Este proceso desnudó los niveles de injerencia y de corrupción que se promueve desde las empresas privadas, tramitando proyectos con estudios de impacto ambiental superficiales, sin consulta a las comunidades, e incluso manipulando con su capital a algunos vecinos; logrando permisos irregulares en las Municipalidades y la aprobación en la ARESEP y SETENA de procesos que indican claramente que dio una colusión entre las empresas y estas entidades. Lo último que nos enteremos, cuando se solicitó información respecto a lo actuado, es que no se “puede adelantar información, hasta que sea oficialmente comunicada a los interesados”; refiriéndose a la empresa: para las autoridades las comunidades, los vecinos que defendemos los ríos, no somos “parte interesada”.

Todo este conocimiento y capacidades, construido por cientos de personas, es el que permitió que hoy se nos anuncie que el gobierno decidió no otorgar la conveniencia nacional al último proyecto en ciernes, el PH San Rafael; sin esta presión social, sin este ejercicio del poder y la gobernanza que emergió de la ciudadanía, no lo hubiésemos logrado.

 

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