Este miércoles 05 de diciembre a las 5:30 p.m. se llevará a cabo el Conversatorio por la Defensa de las Semillas.
Imagen ilustrativa tomada de la página oficial de la UCR.
Enviado por Carlos Hernández Porras.
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Desde hace año y medio, 14 estudiantes del Recinto de Paraíso de la Universidad de Costa Rica (UCR) trabajan junto a las comunidades de Cartago en la creación de proyectos que intentan aprovechar el potencial turísticode la provincia de forma sostenible.
Los jóvenes cursan la carrera de Turismo Ecológico y como parte de su proceso de formación se dieron a la tarea de visitar comunidades aledañas a fin de detectar necesidades a las que es posible dar atención desde su campo de estudio.
Según la docente Marisol Mayorga, la iniciativa permite que los jóvenes pongan en práctica el conocimiento que han adquirido en las aulas y que a partir de propuestas de ecoturismo colaboren con el desarrollo de las comunidades.
“Los estudiantes trabajan con las comunidades para ayudarles a detectar un futuro más sostenible desde la perspectiva económica, pero también ambiental”, señaló la docente.
Los seis proyectos turísticos diseñados por los jóvenes fueron presentados en el Recinto de Paraíso el pasado 9 de noviembre durante el espacio “Simbiosis Cultural: VIII Encuentro de Ecoproyectos de la carrera de Turismo Ecológico”.
Los estudiantes Mariana Marín, Jairo Cedeño y Javier Barrantes se acercaron al cantón de Paraíso, donde detectaron la ausencia de espacios para la promoción del arte local, lo cual les motivó a proponer una feria creativa cultural.
La actividad se realizaría una vez al año y albergaría de forma exclusiva a los artesanos de los cinco distritos del cantón. El espacio permitiría que los asistentes aprecien el trabajo artístico de la comunidad, mientras consumen gastronomía local.
“El cantón de Paraíso fue declarado de interés turístico en 1993 y aún así no hay muchas iniciativas para atraer gente. Queremos que la gente conozca lo que hay aquí, porque tenemos mucha riqueza” señaló la joven, quien afirmó que la iniciativa ya cuenta con una valoración positiva de la Municipalidad.
Los estudiantes Yulicsa Zamora, Hilary Villalobos y Antony Solano se involucraron con el cantón de Turrialba, donde a pesar de que existen varios hoteles que reciben visitantes constantemente, la comunidad no ha dado a conocer los atractivos de la zona.
“Queremos mostrar los atractivos que tiene San Cruz de Turrialba, pues actualmente es vista como zona de paso o de producción de lácteos, queremos mostrar que tiene un equilibrio cultural y natural”, afirmó Solano.
Los jóvenes proponen la creación de una ruta turística que permitiría a los turistas disfrutar de espacios como el tour del queso en la Finca La Florita o realizar observación de aves en la Granja Turística Miravalles, mientras que las familias de la localidad se benefician con la generación de ingresos económicos.
Según los estudiantes Anthony Padilla y Diego Ramírez, entre las problemáticas que experimenta el cantón de Paraíso se incluye la cacería de aves, situación que amenaza la existencia de las especies y limita el acercamiento de las nuevas generaciones a la fauna de la localidad.
Ante este panorama, los jóvenes idearon la creación de una guía biocultural que rescata el conocimiento de los adultos mayores sobre las aves y lo convierte en un producto didáctico atractivo y de fácil consumo, incluso para los niños.
La guía incluye las 21 especies más comunes de la localidad entre las que figuran aves como el Siete Colores, el Pecho Amarillo y el Chayotero. La información se complementa con ilustraciones y cuentos cortos.
“Con esta guía queremos llevar un mensaje de conservación y que al mismo tiempo, fomente la educación ambiental. Cuando se le da a pueblo la posibilidad de identificarse con una problemática, va a salvaguardar el recurso en peligro” afirmó Ramírez.
Las estudiantes Jaqueline Herrera y Daniela Bejarano también reconocieron la necesidad de impulsar la educación ambiental pero en su caso, en la comunidad de Ujarrás, localidad amenazada por la cacería, la desforestación y la contaminación del agua y el suelo.
Las universitarias crearon una guía lúdico educativa que a partir de diversas actividades intentaría concientizar sobre las problemáticas de la localidad a los estudiantes de cuarto, quinto y sexto año de la Escuela Clemente Avendaño Sáenz.
“Queremos que los niños aprendan a valorar lo que tienen alrededor y creemos que así se preocuparían por cuidarlo pero además, podrían aprovecharlo por medio del turismo sostenible” afirmó Herrera.
Una perspectiva similar es la que quieren promover Sharon Hernández y Carolina Quirós, quienes se acercaron a la popular finca Tres Equis ubicada en el cantón de Turrialba para plantear un modelo de interpretación ambiental.
Según Hernández, tras varios años de explotación ganadera, la finca fue recuperada y ahora puede aprovecharse como atractivo turístico y espacio de educación ambiental mediante la creación de un sendero que presente la historia del lugar y promueva la conservación.
“Queremos que la comunidad vea esta propuesta como ejemplo para desarrollar otros proyectos. Hay muchas familias que tienen finquitas pequeñas pero tal vez no saben cómo empezar a aprovecharlas.” afirmó la universitaria.
Pero el aporte de esta iniciativa del Recinto de Paraíso ha beneficiado incluso a otras comunidades, pues los estudiantes John Lewis y Adriana Orozco salieron de Cartago y trabajaron una ruta de turismo rural comunitario para el cantón de Alajuelita, en San José.
Los jóvenes diseñaron un recorrido que permitiría a los turistas que visiten la localidad conocer al menos seis lugares con atractivo cultural, histórico o natural, dentro de los que se incluyen el Parque Central, una fábrica de queso artesanal y la popular Cruz de Alajuelita.
“El cantón ha recibido un estigma que no se merece. El turismo rural comunitario visibiliza la riqueza del lugar. Queremos darle una cara diferente y que al pensar en Alajuelita la gente recuerde el sabor del chinchiví o las belleza de sus miradores” enfatizó el universitario.
La iniciativa ya fue presentada a la Municipalidad de Alajuelita y al igual que el resto de los proyectos, evidencia los valiosos resultados que es posible conseguir cuando el conocimiento académico es puesto al servicio de la sociedad.
Andrea Méndez Montero
Periodista, Oficina de Divulgación e Información.
Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/
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En la ciudad de Trieste, Italia, del 27 al 29 de noviembre, se reúnen destacados científicos y científicas de los países en desarrollo para intercambiar los avances de investigaciones que buscan resolver los grandes desafíos que enfrenta la humanidad en la Vigésimo octava Asamblea General de la Academia de Ciencias del Mundo en Desarrollo, TWAS por sus siglas en inglés, (The World Academy of Sciences).
Allí, el Dr. Pablo Bolaños Villegas, investigador de la Estación Experimental Agrícola Fabio Baudrit Moreno (EEAFBM) de la Universidad de Costa Rica (UCR), es el único representante de Costa Rica y uno de los pocos de América Latina, quien presentará en este importante foro mundial una muestra de la investigación de alto nivel que se realiza en el país, con su estudio sobre maiz.
“Es un orgullo representar a Costa Rica y a la UCR y dar a conocer nuestro trabajo ante instancias internacionales. El beneficio es que a partir de éstas reuniones salen colaboraciones con científicos de otros países lo cual permite trabajar más rápido y mejor” expresó el investigador desde Italia.
El maíz es un cultivo vulnerable al cambio climático, ya que la radiación provoca daños en el ADN de las plantas afectando la división y el crecimiento celular, lo que a su vez disminuye las cosechas. Se estima que con el cambio climático podría haber una reducción en las cosechas, lo cual podría traer hambrunas y desnutrición, por lo que encontrar soluciones a esta amenaza es vital para los países en desarrollo.
Por eso, el Dr. Bolaños se ha enfocado en comprender el mecanismo por el cual las plantas de maíz se protegen de la radiación y ha determinado que hay diferencias entre las variedades de maíz en su capacidad de tolerar este daño, por lo que ahora está estudiando la respuesta a nivel celular y molecular.
Caracterizar las variedades de maíz mesoamericanas más tolerantes a la radiación ionizante será un paso fundamental para que, en el futuro cercano, se puedan realizar cruces y desarrollar materiales más fuertes y más productivos capaces de resistir los efectos del cambio climático.
“Si las plantas tienen mecanismos efectivos de reparación eso les da una ventaja y en términos científicos de ciencia básica es un tema muy importante poder detectar cómo ese ADN se repara para utilizarlo con fines de mejoramiento genético de cultivos”, comentó Luis Barboza, director del CIGRAS y colaborador del proyecto.
En esta investigación Bolaños ha contado con el aporte de otros científicos costarricenses; Carlos Echandi de la Estación Fabio Baudrit, Luis Barboza y Andrés Hernández del Centro de Investigación en Granos y Semillas (CIGRAS), Luis Alexis Jiménez del recinto de Tacares y Miguel Rojas del Centro de Biotecnología del ITCR.
Pablo Bolaños Villegas es egresado de la carrera de Fitotecnia de la UCR y obtuvo una maestría en horticultura en la Universidad de Pingtung y el doctorado en biología molecular de la agricultura en la Universidad de Hsinchu, ambas de Taiwan. En 2016 fue nombrado miembro joven en la Academia Mundial de Ciencias, puesto que ocupará hasta el 2020. Después de ese periodo puede ascender a alumno de la Academia y luego, si otros miembros lo postulan, puede pasa a ser miembro pleno.
La Academia de Ciencias del Mundo en Desarrollo (TWAS), auspiciada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), es una academia de ciencias basada en el mérito, que reúne 1200 científicos (as) de unos 90 países. Su principal objetivo es promover la capacidad científica y la excelencia para el desarrollo sustentable en el mundo en desarrollo.
Katzy O`neal Coto
Periodista Oficina de Divulgación e Información
Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/
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FECON, 27/10/2018. Con el 40 aniversario de la Oficina Nacional de Semillas el Ministerio de Agricultura y Ganadería impulsa en la Asamblea Legislativa una nueva Ley de Semillas bajo el expediente 21.087, de aprobarse, daría más protección a la Propiedad Intelectual sobre variedades comerciales de semillas al mismo tiempo que limita el comercio de semillas criollas o nativas para campesinos e indígenas.
Aunque el articulado supuestamente deja fuera las semillas criollas del ámbito de aplicación de la ley; esto es siempre y cuando no intervengan con los negocios privados de las empresas. Es decir, que en el momento que una empresa se sienta ofendida por la práctica ancestral de compartir semillas, estas corren el riesgo de ser perseguidas y criminalizadas.
Este fenómeno de privatización de las semillas es global. La ola de mega-fusiones de empresas trasnacionales ha dejado al mundo de la agricultura en un estado de concentración y monopolio nunca antes visto. En 2006, diez compañía controlaban el 57% de negocio de la semillas (i), menos de diez años después, para el 2018, sólo tres empresas controlarán el 60% de las semillas del mundo (ii). Estos tres emporios multinacionales se conocen por el nombre de Bayer-Monsanto, Syngenta-ChemChina y Dow-DuPont (iii); estos gigantes son producto de compras y fusiones sin precedentes, con inversiones de hasta USD$63.000 millones. En este escenario internacional en materia agrícola es en el que se desenvuelve nuestro país.
Según la Ofinase en Costa Rica el negocio de importación de simientes reporta transacciones de hasta USD$ 36 millones anuales (iv). Es claro que el país no es excepción al contexto mundial. Datos de la Ofinase revelan que se encuentran registradas 104 empresas con permisos para vender semillas certificadas (v); de estas solamente 8 compañías controlan el 53% de todas las variedades disponibles comercialmente. Lo que evidencia que la tendencia mundial no es ajena a la realidad Costarricense.
El mercado doméstico de las semillas están controlado en pocas manos y desean incrementar la presión para certificar y registrar todas las semillas siguiendo el mandato de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, (OCDE) mejor conocido como el club de los países ricos. Un ente privado de carácter neoliberal, al margen del sistema de Naciones Unidas que presiona a sus miembros para adoptar políticas de libre comercio. El ingreso de Costa Rica a la OCDE nos costaría como país ¢1.789 millones al año, solamente por cuota de membresía.
Todavía no somos miembros pero ya la OCDE ha recomendado a Costa Rica incrementar el uso de semillas certificadas en el país (vi) y así criminalizar la semilla campesina.
De aprobarse esta ley, las personas que sean encontradas cultivando o vendiendo semillas sin los permisos estipulados, serán objeto de multas de hasta 5 salarios base. Lo que equivale a ¢2.155.000. Estas sanciones vienen descritas en el artículo 44 del proyecto de ley, pero no es todo.
En este proyecto de ley serán obligatorias las inscripciones de las variedades comerciales. Lo que tiene un costo alto para campesinos e indígenas que desearan estar dentro del comercio formal de semillas a nivel nacional. El costo del trámite de inscripción actualmente rondan los ¢405.000 para plantas procesadoras de semillas; e inscribir una nueva variedad de semillas le costaría ¢155.000. Costos que están lejos de ser accesibles para campesinos o indígenas que desearan ser parte del abasto nacional de semillas.
Las discusiones para hacer una nueva Ley de Semillas en Costa Rica no ha contado con la participación adecuada por parte de sectores como en campesino o el indígena. Incluso desde el sector ambiental hemos tenido que defender nuestro derecho a participar de la discusión dentro de la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Legislativa. Esta discusión debería ser abierta, plural, participativa y democrática puesto que se tratan de intereses de poblaciones sensibles. El Convenio 169 de la OIT debe de ser respetado y las poblaciones originarias deberían ser tomadas en cuenta.
Es urgente comenzar una discusión para que, como sociedad costarricense, impulsemos un verdadero proceso de fortalecimiento de la producción nacional y apoyar la agricultura campesina, que da de comer a la mayoría de personas que vivimos en este país.
Referencias:
(ii) http://www.etcgroup.org/es/content/megafusiones-agricolas-quien-decidira-lo-que-comemos
(iii) https://www.righttofoodandnutrition.org/files/r_t_f_a_n_w_2017_spa_7.pdf
(iv)http://ofinase.go.cr/wp-content/uploads/201808ie_totalimp2017.pdf
(v) http://ofinase.go.cr/servicios/registro-empresas/?print=pdf
Enviado por FECON.
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Jueves 22/11/18. San José, Costa Rica. En conferencia de prensa, delegadas (os) de las organizaciones indígenas, campesinas y sociales que suscriben, manifestaron que celebran el cierre inmediato o cancelación del megaproyecto PH Diquís y recalcaron que dicho proyecto, no está construido y funcionando debido a la organización, lucha y resistencia de las organizaciones y comunidades de la zona y del país en general.
Es motivo de celebración ya que dicho proyecto tendría enormes y negativos impactos culturales, sociales, económicos y ambientales para el pueblo Naso Broran de Térraba, los otros pueblos originarios de la región y para toda la sociedad costarricense.
Además, las organizaciones firmantes condenan la actitud irresponsable y prepotente con la que actuaron los jerarcas del ICE y todos los gobiernos de turno, al querer imponer el megaproyecto de forma inconsulta, sin los estudios técnicos que lo justificaran y siendo el mismo innecesario, como ahora lo admite la Presidencia Ejecutiva de la institución.
En ese sentido, la jerarca del ICE, Irene Cañas anunció oficialmente el pasado 2 de noviembre, el cierre inmediato de toda actividad del proyecto; por lo que no se va continuar con el «proceso de consulta indígena» y se ordena el archivo del expediente en la SETENA.
Las organizaciones indígenas y campesinas firmantes comunicamos que ya se están tomando las respectivas medidas organizativas, políticas y jurídicas para lograr la derogatoria del Decreto Ejecutivo que le otorgó la categoría de conveniencia nacional e interés público al fallido proyecto.
También, se analiza la posibilidad de establecer la responsabilidad penal del exmandatario Oscar Arias, quien fue el que emitió dicho Decreto. En esta misma línea se piensa solicitar la derogatoria de un Decreto similar que emitió la administración Chinchilla a favor del Aeropuerto Internacional del Sur.
De igual manera, se buscará establecer las responsabilidades de diversas instituciones públicas por los daños e impactos negativos que ocasionó el PH Diquís en el territorio de Térraba, en materia ambiental, social, cultural y económica y sus respectivas indemnizaciones.
Por último, las organizaciones que suscribimos, celebramos este triunfo, pero denunciamos las intenciones mercantilistas de expandir la generación privada de energía, condenamos el actual modelo de generación y cogeneración privada de energía y nos mantenemos alertas y rechazamos cualquier proyecto que trate de imponersenos y que pretenda explotar nuestros territorios.
-Consejo de Mayores y Mayoras Iriria Jtechö Wakpa de Cabagra.
-Consejo Regional Indígena Pacífico Sur de Yimba Cajc (Rey Curre)
-Organización de Mujeres Orcuo Dbön. Mano de Tigre (Terraba).
-Recuperadores Nasö Broran de Finca Crun Shurin (Terraba)
-Comité de parceleros de Finca San Andrés (Terraba)
-Pueblo Bribri de Salitre.
-Cootraosa R.L
-Comité por la tierra de Finca Changuina.
-APSE.
-Ditsö.
-Coordinadora de Lucha Sur Sur.
Imagen tomada de la nota: Terraba dice No al Proyecto Hidroeléctrico Díquis
Compartido por Renier Canales en redes digitales.
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FECON, 5 de octubre 2018. El ministro Renato Alvarado se niega a prohibir plaguicidas que pone en peligro las abejas y con esto el70% de la agricultura. Según oficio dirigido a los magistrados de la Sala Constitucional, el ministro asegura que “no existe evidencia científica que demuestre que los insecticidas neonicotinoides Clotianidina, Tiametoxan e Imidaclorpid son la causa de la afectación a las colmenas de abejas.» (Ver adjunto). Esto a pesar de que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) se basó en 1500 estudios científicos que demuestran que estos plaguicidas, fabricados por Bayer y Syngenta, son causantes de la desaparición de millones de abejas en todo el mundo.
La Unión Europea llegó a un consenso en abril del 2018 y ha decidió prohibir estos plaguicidas en campo abierto. La Comisión de Ambiente del Parlamento Europeo (PE) asegura que los insecticidas neonicotinoides suponen “riesgos muy agudos” para las abejas. Pero el Ministerio de Agricultura y Ganadería dice no haber sido notificado de esta resolución por parte de la Unión Europea.
Según FECON “La negativa de Alvarado carece de sustento científico ya que no viene acompañado de evidencia de que estos plaguicidas sean seguros para la la abejas.”
En este momento la Sala Constitucional evaluá un Recurso de Amparo interpuesto por en Diputado José María Villalta bajo el expediente 18-014586-0007 el cual solicita prohibir los neonicotinoides en Costa Rica para proteger unas 650 especies de abejas nativas y meliferas.
Según los ecologistas, una de las características más peligrosas de los neonicotinoides es su persistencia, es decir los plaguicidas pueden permanecer en el suelo durante varios años, así las plantas que crecen en suelos previamente expuestos a estos plaguicidas pueden absorberlos a través de sus raíces y convertirse en un peligro para las abejas(2).
Se registra en Costa Rica el uso de imidacloprid y thiametoxam en el café(5) que paradojicamente ha tenido impacto negativo sobre las polinizadores de dichos cultivos. Se ha comprobado que la conectividad de la red de servicios que brinda los polinizadores se han visto afectados por los Neonicotinoides en sistemas productivos tan importantes como el café, que sin estos servicios la producción disminuiría hasta un 50% (3).
En Costa Rica como país tropical y biodiverso es importante tomar precauciones, ya que tenemos más de 650 especies de abejas de las cuales 58 son especies de abejas sin aguijón que se agrupan socialmente con géneros diversos y abundantes, como lo son:Cephalotrigona, Frieseomelitta, Nannotrigona, Partamona, Plebeia, Scaptotrigona, Scaura, Trigona, Tetragona, Tetragonisca, etc.(4).
Sumado a lo anterior la sobreexplotación de los bosques y recientemente el uso de pesticidas entre ellos Neonicotinoides, han provocado la disminución en el número de colonias de Apis mellifera (Apidae: Apini)(6)(7) y efectos adversos aún no cuantificados en otras especies, entre ellas las abejas nativas sin aguijón consideradas las abejas más importantes en la polinización de los bosques tropicales y subtropicales del mundo.
Las organizaciones ecologistas hace un llamado para que se presenten coadyuvancias bajo el Expediente 18-014586-0007-CO para defender las abejas y con esto la agricultura y la alimentación a nivel nacional.
Henry Picado Cerdas, presidente FECON
Información y contacto al teléfono: 87609800
Referencias:
Enviado por FECON.
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Cuando un volcán despierta, como ocurrió con el Poás en el 2017, puede generar una erupción de grandes proporciones en cuestión de horas o días, y de esta manera poner en riesgo la vida de muchas personas y causar fuertes pérdidas económicas.
Ante esta eventualidad de origen natural, el país requiere un sistema automatizado de detección temprana de señales volcánicas, que proporcione datos en tiempo real y facilite su interpretación, para que tanto los especialistas como las autoridades encargadas de la gestión del riesgo tomen las decisiones oportunamente.
En la actualidad tenemos cinco volcanes en estado activo, que son monitoreados y estudiados por la Red Sismológica Nacional (RSN), de la Universidad de Costa Rica (UCR) y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), y por el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori), de la Universidad Nacional (UNA).
A nivel mundial, algunos observatorios sismológicos y vulcanológicos han desarrollado distintos tipos de algoritmos para el procesamiento y el análisis de datos volcánicos en tiempo real.
Así por ejemplo, se han desarrollado técnicas de interpretación automática de señales sísmicas con el propósito de detectar cualquier variación en sus características, tales como la frecuencia, amplitud, factor de calidad, magnitud y localización, entre otras, que puedan indicar cambios en la actividad o la ocurrencia de una eventual erupción volcánica.
En nuestro país, un grupo de especialistas en sismología volcánica, en ingeniería y en computación de las universidades públicas se unieron en el proyecto “Red en sismología computacional para el estudio de los volcanes activos en Costa Rica”, con el propósito de reunir esfuerzos y desarrollar herramientas computacionales útiles para el procesamiento de información volcánica.
La meta final es implementar un sistema computarizado de clasificación, detección y localización de eventos volcánicos, de manera que se pueda automatizar el análisis técnico de las señales de los volcanes, tales como imágenes visuales y térmicas, datos sobre deformación de los edificios volcánicos, flujos de gases emanados por el magma en ascenso, datos sísmicos con amplio ancho de banda y alto muestreo, entre otros, se detalla en un documento sobre el proyecto que cuenta con financiamiento de la UCR para el intercambio de información y la interacción entre especialistas nacionales y extranjeros.
“Se requiere la automatización de los procesos volcánicos. Cada vez aumenta más la cantidad de personas en riesgo, vemos más turistas que les gusta visitar los volcanes y que se exponen a una situación de peligro”, expresó Javier Pacheco Alvarado, investigador del Ovsicori.
Los expertos señalaron que la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) requiere información inmediata y actualizada acerca de los fenómenos volcánicos. Asimismo, ante el aumento en el uso de las redes sociales, los usuarios desean conseguir una respuesta rápida a sus consultas.
El tratamiento, procesamiento y modelación de grandes volúmenes de información técnica procedente de los volcanes requiere de herramientas computacionales automáticas y poderosas para generar insumos que faciliten la toma de decisiones en situaciones de riesgo sísmico y volcánico.
Con los avances tecnológicos de las últimas décadas, han surgido nuevos instrumentos digitales y remotos que permiten la transferencia de esas grandes cantidades de datos en tiempo real, desde los volcanes hasta los centros de vigilancia.
Si bien la RSN y el Ovsicori comparten información sismológica sobre los volcanes desde hace algún tiempo, hacen falta métodos de procesamiento de la información volcánica, así como profesionales en la materia.
Un volcán puede producir hasta 1000 eventos sísmicos diarios, pero “no hay tiempo para el análisis detallado y manual de esos datos, ni para estar viendo sismos todos los días”, explicó Pacheco.
Para el vulcanólogo de la RSN, Mauricio Mora Fernández, no cabe duda de que hay que “mejorar las herramientas para procesar la entrega de información. Para esto lo que se requiere son recursos humanos y eso es de lo que carecemos”.
De allí que a la iniciativa se unió el Centro Nacional de Alta Tecnología (Cenat), que pondrá a disposición del proyecto su infraestructura computacional, así como profesionales y estudiantes en el campo de la informática.
Luis Guillermo Cornejo Suárez, ingeniero eléctrico del Cenat y estudiante de maestría del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), es uno de ellos. Cornejo considera que tanto la RSN como el Ovsicori “tienen una gran cantidad de datos, pero necesitan ayuda computacional para transformarlos en información que sea de utilidad para la toma de decisiones”.
Sin embargo, agregó, el procesamiento de estos datos solo se puede hacer con mucho poder computacional, que se resuelve con un clúster de computadoras que se encuentra en el Cenat. Por su parte, el TEC proporcionará el músculo técnico para producir los programas de computación y los algoritmos.
“El plan para los próximos dos años es construir un sistema de monitoreo para los volcanes, para que los observatorios, los guardaparques y demás personas e instituciones puedan fácilmente revisar el estado de los volcanes y tomar decisiones”, precisó Cornejo.
Para fortalecer esta iniciativa se ha solicitado la colaboración de universidades de Francia y España, que cuentan con experiencia en este campo, y también de México, donde actualmente funciona un sistema automatizado en tiempo real para el volcán Colima.
“Localizar un evento sísmico tectónico es mucho más sencillo, debido a que es una ruptura y tiene fases muy claras que se pueden leer. En cambio, con las señales sismo-volcánicas están involucrados procesos más complejos de circulación de fluidos, son volúmenes y hay un abanico muy amplio de señales sísmicas que varían de un volcán a otro. Por eso hay que analizar cada volcán por separado”, concluyó Mora.
El gran reto –añadió– es “tropicalizar” el sistema computarizado que ya funciona en otros países a las condiciones tecnológicas de Centroamérica.
Patricia Blanco Picado
Periodista Oficina de Divulgación e Información.
Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/
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FECON, 21/11/2018. Es posible la destrucción de buena parte un Área Silvestre Protegida que en este momento sufre la presión de la expansión Piñera. Se sabe que en 2016 el Refugio de Vida Silvestre Fronterizo Norte fue impactado por unas 300 hectáreas de monocultivo de piña dentro del área del refugio, en la actualidad se reportan nuevos cultivos de piña ilegales y un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa dejarían impune estos delitos ambientales.
Al mismo tiempo que se tala el bosque, esta semana se tramita de forma acelerada el proyecto “Ley Para Establecer Un Régimen Jurídico Especial Para El Refugio Nacional De Vida Silvestre Corredor Fronterizo Norte”, Expediente Nº 20.493. Texto que tienen como centro permitir actividades humanas dentro del refugio mediante un “plan de manejo” para administrar la Franja Fronteriza Norte. Pero esto tiene un trasfondo que huele feo.
El informe de Servicios Técnicos mantiene criterios jurídicos que indican que el proyecto de ley afecta los principios constitucionales ambientales. Claramente es existen numerosos portillos para que empresas que históricamente han talado el bosque, por ejemplo las empresas piñeras, sean las beneficiarias de esta ley.
Lo anterior se entiende cuando se lee el articulo 20 donde determina eliminar el tope del área máxima de trescientas hectáreas y en su lugar será determinado de acuerdo a la zonificación que se establece en el plan de manejo. Según el Departamento de Servicios Técnicos: “esto es aún más preocupante al liberar las concesiones del límite máximo de hectáreas, permitiendo que si los terrenos ya fueron talados y ahora se encuentran de charral o cultivos agrarios pueda concesionarse el número de hectáreas que el SINAC determine en base a la zonificación establecida en el plan de manejo, justificando los cambios de uso que se dieron contrario a lo indicado en normativa ambiental en terrenos de patrimonio natural del Estado.”
Ente otros de los señalamientos a este proyecto es que en su Artículo 22 autoriza la extracción de madera caída o cortada en patrimonio natural del Estado. Permitir esa labor sería abrir el espacio para futuras extracciones de madera e iría contra el principio de no regresión ambiental. En ese mismo orden permitir la apertura a remates de madera dentro del Patrimonio Natural del Estado. Por lo tanto, sería abrirle la brecha comercial a los recursos naturales y socavar su biodiversidad dentro de esas áreas protegidas. Esto es contrario a los principios para lo que fueron creadas las Áreas Silvestres Protegidas ya que en la práctica significa la reducción de esas áreas protegidas sin cumplir con lo indicado en el artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente.
Se conoce gracias al Sistema Nacional de Información Territorial (www.snitcr.go.cr/Visor) que existe en total unas 1.112 hectáreas dentro de Barra del Colorado, Franja Fronteriza y el Refugio de Vida Silvestre Mixto Maquenque invadidas de piña y que el cambio de uso de suelo de estas fincas posiblemente se realizara de forma irregular.
Entre otros de los señalamientos que tiene esta propuesta de ley es que abre portillos para la privatización del Patrimonio Natural del Estado ya que empresas con personería jurídica podrían ser parte de las concesionarias por años indeterminados en el proyecto de ley dentro del Refugio. Lo cual traería dinámicas económicas basadas en estas concesiones que incluso se podrían traspasar de manos por medio de la venta del total de las acciones de la empresa adjudicataria.
Nuevamente las Áreas Silvestres Protegidas están amenazadas en su conjunto. Esta proyecto de ley bajo el Expediente Nº 20.493 es un nuevo experimento por privatizar un bien demanial propiedad de todas las personas que construimos la sociedad costarricense y que en este momento se encuentra en la mira de las empresas destructoras y contaminantes.
Henry Picado Cerdas
Presidente de la Federación Para la Conservación de la Naturaleza
Tel: 8760 9800
Enviado por FECON.
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Loma Salitral, considerada por vecinos y vecinas de Desamparados como el «gran pulmón del Área Metropolitana», se está viendo amenazada por la construcción del proyecto urbanístico La Arboleda, el cual ha sido aprobado y ratificado por los regidores de la Municipalidad.
Veamos más detalles en el siguiente video.
Enviado por Alejandro García Valerio.
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A bordo de una lancha, un puñado de biólogos marinos se propone atender a los “gritos desesperados” que vienen de las profundidades del mar. La vital escena ocurre -discretamente para muchos- en el Golfo de Nicoya, a unos 20 metros de profundidad. En cada inmersión estará en juego el futuro de nuestros ecosistemas marinos y el sustento de muchos hogares.
SOS desde el mar
Las estadísticas planetarias son preocupantes: en los últimos 40 años, la población de mamíferos, reptiles, anfibios, aves y peces se redujo en un 60%, mientras que la cantidad de arrecifes coralinos disminuyó a la mitad. Así lo concluye el más reciente Informe Planeta Vivo del Fondo Mundial de la Vida Silvestre (WWF, por sus siglas en inglés).
El mismo reporte también señala que las poblaciones en los ecosistemas marinos han bajado un 83% desde 1980. Conscientes de estas turbias cifras, biólogos marinos de la Universidad Nacional (UNA) lideran desde hace varios años una titánica iniciativa llamada “El estado de salud de los ecosistemas de arrecifes rocosos de las áreas marinas protegidas del Pacífico Norte costarricense”. A punta de buceos, el proyecto se propone “monitorear la cantidad y tipo de recurso marino; contabilizar, medir y apuntar todo lo que veamos”, explica Karol Ulate, bióloga marina de la UNA.
Diagnóstico urgente
Como si se tratara de médicos, periódicamente estos biólogos descienden a profundidades que van de los 20 a los 5 metros: equipo de buceo, tablas acrílicas, cámaras submarinas, instrumentos para la estimación de tamaños, son parte de las herramientas científicas de las que disponen: “esta por ejemplo es una tabla con una lista de unas 60 especies comunes, pero no quiere decir que vamos a encontrar solo estas, puede ser que veamos otras, entonces vamos anotando en ellas la cantidad de organismos que identifiquemos. Todo esto lo hacemos bajo el agua, el acrílico permite escribir bajo el agua”, añade Andrea García, bióloga marina de la UNA.
Adicionalmente, “un sensor a bordo de la embarcación que traslada a los buzos, genera dos ondas en forma de cono, gracias a las cuales se puede leer e interpretar lo que está pasando a los lados de la lancha, así como contar con indicadores importantes que describen el entorno físico de las profundidades”, comenta Hannia Vega, quien también es bióloga marina de la UNA.
De regreso a la superficie, y gracias a la estadística, los científicos se abocan a realizar estimaciones, de tal modo que los datos permitan hacer proyecciones más globales acerca del status de estos ecosistemas. “Con todas estas observaciones y cifras deducimos la salud de nuestras costas, que al final son importantes en términos biológicos como económicos para muchas comunidades que viven del mar”, sostiene Fausto Arias, biólogo marino de la UNA.
¿Estamos a tiempo?
El proyecto está en pleno desarrollo, y al menos por dos años más. Será entonces cuando las autoridades ambientales puedan tener de primera mano los resultados.
Sin embargo desde hoy se respiran aires de optimismo, en el tanto las investigaciones científicas puedan impactar una política pública “que por años le ha dado la espalda al mar”, asegura Andrés Jiménez, biólogo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio de Ambiente y Energía (SINAC-MINAE). Así por ejemplo, según el mismo Jiménez: “si en estos trabajos de monitoreo vemos que la biodiversidad es más rica en un área protegida que aquí, la Isla Tortuga donde estamos, podemos decir entonces que los esfuerzos que hacemos son exitosos, sino es así, es como una alerta para nosotros que nos dice que hay que mejorar”.
El mismo proyecto, en su propuesta académica, advierte la importancia de las labores de investigación conjunta: “este tipo de estudios llevados a cabo con la participación del sector académico y el acompañamiento del sector administrativo gubernamental, constituyen fórmulas cuyos resultados pueden generar impactos positivos para la administración de las Áreas Marinas protegidas. Costa Rica en su Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018, apunta a que es fundamental la integración entre las instituciones estatales y la academia, para hacer una gestión oportuna y viable de la biodiversidad”.
Dicho Plan señala que Costa Rica se ha enfrentado a una gestión descoordinada de los espacios marinos y costeros, con una visión parcial y fragmentada, que refuerza una cultura predominante que no valora la gran importancia del mar para el desarrollo del país y de sus comunidades costeras. El Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 concluye que predomina una visión de corto plazo con una cultura nacional del mar poco desarrollada que no favorece la generación o aprovechamiento de las oportunidades productivas sostenibles, más allá de la pesca y el turismo, ni la distribución justa y equitativa de sus beneficios, agudizando las situaciones socioeconómicas problemáticas como la exclusión social, la exposición a los riesgos y la sobreexplotación especialmente en la zona costera.
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Imagen ilustrativa tomada de la nota: Proponen modelo de gestión de recursos marino pesqueros
Enviado por UNA Comunicación.
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