Organizaciones y comunidades de la zona sur celebran el cierre del Proyecto Hidroeléctrico Diquís
También exigen la derogatoria del Decreto Ejecutivo que lo declaró como proyecto de conveniencia nacional e interés público
Jueves 22/11/18. San José, Costa Rica. En conferencia de prensa, delegadas (os) de las organizaciones indígenas, campesinas y sociales que suscriben, manifestaron que celebran el cierre inmediato o cancelación del megaproyecto PH Diquís y recalcaron que dicho proyecto, no está construido y funcionando debido a la organización, lucha y resistencia de las organizaciones y comunidades de la zona y del país en general.
Es motivo de celebración ya que dicho proyecto tendría enormes y negativos impactos culturales, sociales, económicos y ambientales para el pueblo Naso Broran de Térraba, los otros pueblos originarios de la región y para toda la sociedad costarricense.
Además, las organizaciones firmantes condenan la actitud irresponsable y prepotente con la que actuaron los jerarcas del ICE y todos los gobiernos de turno, al querer imponer el megaproyecto de forma inconsulta, sin los estudios técnicos que lo justificaran y siendo el mismo innecesario, como ahora lo admite la Presidencia Ejecutiva de la institución.
En ese sentido, la jerarca del ICE, Irene Cañas anunció oficialmente el pasado 2 de noviembre, el cierre inmediato de toda actividad del proyecto; por lo que no se va continuar con el «proceso de consulta indígena» y se ordena el archivo del expediente en la SETENA.
Las organizaciones indígenas y campesinas firmantes comunicamos que ya se están tomando las respectivas medidas organizativas, políticas y jurídicas para lograr la derogatoria del Decreto Ejecutivo que le otorgó la categoría de conveniencia nacional e interés público al fallido proyecto.
También, se analiza la posibilidad de establecer la responsabilidad penal del exmandatario Oscar Arias, quien fue el que emitió dicho Decreto. En esta misma línea se piensa solicitar la derogatoria de un Decreto similar que emitió la administración Chinchilla a favor del Aeropuerto Internacional del Sur.
De igual manera, se buscará establecer las responsabilidades de diversas instituciones públicas por los daños e impactos negativos que ocasionó el PH Diquís en el territorio de Térraba, en materia ambiental, social, cultural y económica y sus respectivas indemnizaciones.
Por último, las organizaciones que suscribimos, celebramos este triunfo, pero denunciamos las intenciones mercantilistas de expandir la generación privada de energía, condenamos el actual modelo de generación y cogeneración privada de energía y nos mantenemos alertas y rechazamos cualquier proyecto que trate de imponersenos y que pretenda explotar nuestros territorios.
-Consejo de Mayores y Mayoras Iriria Jtechö Wakpa de Cabagra.
-Consejo Regional Indígena Pacífico Sur de Yimba Cajc (Rey Curre)
-Organización de Mujeres Orcuo Dbön. Mano de Tigre (Terraba).
-Recuperadores Nasö Broran de Finca Crun Shurin (Terraba)
-Comité de parceleros de Finca San Andrés (Terraba)
-Pueblo Bribri de Salitre.
-Cootraosa R.L
-Comité por la tierra de Finca Changuina.
-APSE.
-Ditsö.
-Coordinadora de Lucha Sur Sur.
Imagen tomada de la nota: Terraba dice No al Proyecto Hidroeléctrico Díquis
Pese a existir evidencia científica MAG se niega a prohibir los neonicotinoides
Sala Constitucional evalúa Recurso de Amparo a favor de las abejas
FECON, 5 de octubre 2018. El ministro Renato Alvarado se niega a prohibir plaguicidas que pone en peligro las abejas y con esto el70% de la agricultura. Según oficio dirigido a los magistrados de la Sala Constitucional, el ministro asegura que “no existe evidencia científica que demuestre que los insecticidas neonicotinoides Clotianidina, Tiametoxan e Imidaclorpid son la causa de la afectación a las colmenas de abejas.» (Ver adjunto). Esto a pesar de que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) se basó en 1500 estudios científicos que demuestran que estos plaguicidas, fabricados por Bayer y Syngenta, son causantes de la desaparición de millones de abejas en todo el mundo.
La Unión Europea llegó a un consenso en abril del 2018 y ha decidió prohibir estos plaguicidas en campo abierto. La Comisión de Ambiente del Parlamento Europeo (PE) asegura que los insecticidas neonicotinoides suponen “riesgos muy agudos” para las abejas. Pero el Ministerio de Agricultura y Ganadería dice no haber sido notificado de esta resolución por parte de la Unión Europea.
Según FECON “La negativa de Alvarado carece de sustento científico ya que no viene acompañado de evidencia de que estos plaguicidas sean seguros para la la abejas.”
En este momento la Sala Constitucional evaluá un Recurso de Amparo interpuesto por en Diputado José María Villalta bajo el expediente 18-014586-0007 el cual solicita prohibir los neonicotinoides en Costa Rica para proteger unas 650 especies de abejas nativas y meliferas.
Según los ecologistas, una de las características más peligrosas de los neonicotinoides es su persistencia, es decir los plaguicidas pueden permanecer en el suelo durante varios años, así las plantas que crecen en suelos previamente expuestos a estos plaguicidas pueden absorberlos a través de sus raíces y convertirse en un peligro para las abejas(2).
Se registra en Costa Rica el uso de imidacloprid y thiametoxam en el café(5) que paradojicamente ha tenido impacto negativo sobre las polinizadores de dichos cultivos. Se ha comprobado que la conectividad de la red de servicios que brinda los polinizadores se han visto afectados por los Neonicotinoides en sistemas productivos tan importantes como el café, que sin estos servicios la producción disminuiría hasta un 50% (3).
En Costa Rica como país tropical y biodiverso es importante tomar precauciones, ya que tenemos más de 650 especies de abejas de las cuales 58 son especies de abejas sin aguijón que se agrupan socialmente con géneros diversos y abundantes, como lo son:Cephalotrigona, Frieseomelitta, Nannotrigona, Partamona, Plebeia, Scaptotrigona, Scaura, Trigona, Tetragona, Tetragonisca, etc.(4).
Sumado a lo anterior la sobreexplotación de los bosques y recientemente el uso de pesticidas entre ellos Neonicotinoides, han provocado la disminución en el número de colonias de Apis mellifera (Apidae: Apini)(6)(7) y efectos adversos aún no cuantificados en otras especies, entre ellas las abejas nativas sin aguijón consideradas las abejas más importantes en la polinización de los bosques tropicales y subtropicales del mundo.
Las organizaciones ecologistas hace un llamado para que se presenten coadyuvancias bajo el Expediente 18-014586-0007-CO para defender las abejas y con esto la agricultura y la alimentación a nivel nacional.
Henry Picado Cerdas, presidente FECON
Información y contacto al teléfono: 87609800
Referencias:
EFSA, 2018. “EFSA has examined the scientific basis for emergency authorisations of neonicotinoid pesticides which were granted in seven EU Member States in 2017.” European Food Safery Authority. https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/180621
Espinoza, F. 2015. Guía Práctica de Identificación de Abejas Nativas sin Aguijón (Apidae, Meliponini) por medio de sus entradas. Centro de Investigaciones Apícolas Tropicales, Universidad Nacional. Departamento de Publicaciones UNA. Primera Edición. 67pp.
E. Solis, 2014. Contribución de una red de conectividad ecologico para el servicio ecosistemico de polinización en cultivos agrícolas, case de estudio: el café en el Corredor Biológico Volcánica Central Talamanca, Costa Rica http://agritrop.cirad.fr/575880/1/document_575880.pdf
Blacquière, T., Smagghe, G., van Gestel, C., & Mommaerts, V. (2012). Neonicotinoids in bees: a review on concentrations, side-effects and risk assessment. Ecotoxicology, 973-992.
Universidades públicas trabajan para crear sistemas automatizados de procesamiento de datos procedentes de los volcanes
Tanto la RSN (UCR-ICE) como el Ovsicori de la UNA cuentan con cámaras remotas instaladas en los alrededores de algunos volcanes para monitorear el estado de los volcanes (foto cortesía RSN).
Cuando un volcán despierta, como ocurrió con el Poás en el 2017, puede generar una erupción de grandes proporciones en cuestión de horas o días, y de esta manera poner en riesgo la vida de muchas personas y causar fuertes pérdidas económicas.
Ante esta eventualidad de origen natural, el país requiere un sistema automatizado de detección temprana de señales volcánicas, que proporcione datos en tiempo real y facilite su interpretación, para que tanto los especialistas como las autoridades encargadas de la gestión del riesgo tomen las decisiones oportunamente.
En la actualidad tenemos cinco volcanes en estado activo, que son monitoreados y estudiados por la Red Sismológica Nacional (RSN), de la Universidad de Costa Rica (UCR) y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), y por el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori), de la Universidad Nacional (UNA).
A nivel mundial, algunos observatorios sismológicos y vulcanológicos han desarrollado distintos tipos de algoritmos para el procesamiento y el análisis de datos volcánicos en tiempo real.
La sismología es fundamental como herramienta de vigilancia volcánica, aunque también existen otros métodos (foto RSN).
Así por ejemplo, se han desarrollado técnicas de interpretación automática de señales sísmicas con el propósito de detectar cualquier variación en sus características, tales como la frecuencia, amplitud, factor de calidad, magnitud y localización, entre otras, que puedan indicar cambios en la actividad o la ocurrencia de una eventual erupción volcánica.
En nuestro país, un grupo de especialistas en sismología volcánica, en ingeniería y en computación de las universidades públicas se unieron en el proyecto “Red en sismología computacional para el estudio de los volcanes activos en Costa Rica”, con el propósito de reunir esfuerzos y desarrollar herramientas computacionales útiles para el procesamiento de información volcánica.
La meta final es implementar un sistema computarizado de clasificación, detección y localización de eventos volcánicos, de manera que se pueda automatizar el análisis técnico de las señales de los volcanes, tales como imágenes visuales y térmicas, datos sobre deformación de los edificios volcánicos, flujos de gases emanados por el magma en ascenso, datos sísmicos con amplio ancho de banda y alto muestreo, entre otros, se detalla en un documento sobre el proyecto que cuenta con financiamiento de la UCR para el intercambio de información y la interacción entre especialistas nacionales y extranjeros.
“Se requiere la automatización de los procesos volcánicos. Cada vez aumenta más la cantidad de personas en riesgo, vemos más turistas que les gusta visitar los volcanes y que se exponen a una situación de peligro”, expresó Javier Pacheco Alvarado, investigador del Ovsicori.
El desarrollo tecnológico para el monitoreo de los volcanes es una necesidad en el país, ante la posibilidad de una erupción de grandes proporciones en alguno de los volcanes activos (foto RSN).
Los expertos señalaron que la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) requiere información inmediata y actualizada acerca de los fenómenos volcánicos. Asimismo, ante el aumento en el uso de las redes sociales, los usuarios desean conseguir una respuesta rápida a sus consultas.
Computación poderosa
El tratamiento, procesamiento y modelación de grandes volúmenes de información técnica procedente de los volcanes requiere de herramientas computacionales automáticas y poderosas para generar insumos que faciliten la toma de decisiones en situaciones de riesgo sísmico y volcánico.
Con los avances tecnológicos de las últimas décadas, han surgido nuevos instrumentos digitales y remotos que permiten la transferencia de esas grandes cantidades de datos en tiempo real, desde los volcanes hasta los centros de vigilancia.
Si bien la RSN y el Ovsicori comparten información sismológica sobre los volcanes desde hace algún tiempo, hacen falta métodos de procesamiento de la información volcánica, así como profesionales en la materia.
La cámara infrarroja de la Red Sismológica Nacional proporciona información sobre los niveles de calor de una erupción. Los colores más claros muestran las mayores temperaturas (foto RSN).
Un volcán puede producir hasta 1000 eventos sísmicos diarios, pero “no hay tiempo para el análisis detallado y manual de esos datos, ni para estar viendo sismos todos los días”, explicó Pacheco.
Para el vulcanólogo de la RSN, Mauricio Mora Fernández, no cabe duda de que hay que “mejorar las herramientas para procesar la entrega de información. Para esto lo que se requiere son recursos humanos y eso es de lo que carecemos”.
De allí que a la iniciativa se unió el Centro Nacional de Alta Tecnología (Cenat), que pondrá a disposición del proyecto su infraestructura computacional, así como profesionales y estudiantes en el campo de la informática.
Luis Guillermo Cornejo Suárez, ingeniero eléctrico del Cenat y estudiante de maestría del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), es uno de ellos. Cornejo considera que tanto la RSN como el Ovsicori “tienen una gran cantidad de datos, pero necesitan ayuda computacional para transformarlos en información que sea de utilidad para la toma de decisiones”.
Mauricio Mora, vulcanólogo de la UCR; Guillermo Cornejo, ingeniero eléctrico del Cenat y estudiante de Informática del TEC y Javier Pacheco, vulcanólogo del Ovsicori, forman parte de la Red en sismología computacional para el estudio de los volcanes activos en Costa Rica.
Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.
Sin embargo, agregó, el procesamiento de estos datos solo se puede hacer con mucho poder computacional, que se resuelve con un clúster de computadoras que se encuentra en el Cenat. Por su parte, el TEC proporcionará el músculo técnico para producir los programas de computación y los algoritmos.
“El plan para los próximos dos años es construir un sistema de monitoreo para los volcanes, para que los observatorios, los guardaparques y demás personas e instituciones puedan fácilmente revisar el estado de los volcanes y tomar decisiones”, precisó Cornejo.
Para fortalecer esta iniciativa se ha solicitado la colaboración de universidades de Francia y España, que cuentan con experiencia en este campo, y también de México, donde actualmente funciona un sistema automatizado en tiempo real para el volcán Colima.
“Localizar un evento sísmico tectónico es mucho más sencillo, debido a que es una ruptura y tiene fases muy claras que se pueden leer. En cambio, con las señales sismo-volcánicas están involucrados procesos más complejos de circulación de fluidos, son volúmenes y hay un abanico muy amplio de señales sísmicas que varían de un volcán a otro. Por eso hay que analizar cada volcán por separado”, concluyó Mora.
El gran reto –añadió– es “tropicalizar” el sistema computarizado que ya funciona en otros países a las condiciones tecnológicas de Centroamérica.
Crímenes ambientales de piñeras dentro de Área Silvestre Protegida quedaran impunes.
Proyecto de ley podría expandir piñeras en la Frontera Norte
FECON, 21/11/2018. Es posible la destrucción de buena parte un Área Silvestre Protegida que en este momento sufre la presión de la expansión Piñera. Se sabe que en 2016 el Refugio de Vida Silvestre Fronterizo Norte fue impactado por unas 300 hectáreas de monocultivo de piña dentro del área del refugio, en la actualidad se reportan nuevos cultivos de piña ilegales y un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa dejarían impune estos delitos ambientales.
Al mismo tiempo que se tala el bosque, esta semana se tramita de forma acelerada el proyecto “Ley Para Establecer Un Régimen Jurídico Especial Para El Refugio Nacional De Vida Silvestre Corredor Fronterizo Norte”, Expediente Nº 20.493. Texto que tienen como centro permitir actividades humanas dentro del refugio mediante un “plan de manejo” para administrar la Franja Fronteriza Norte. Pero esto tiene un trasfondo que huele feo.
El informe de Servicios Técnicos mantiene criterios jurídicos que indican que el proyecto de ley afecta los principios constitucionales ambientales. Claramente es existen numerosos portillos para que empresas que históricamente han talado el bosque, por ejemplo las empresas piñeras, sean las beneficiarias de esta ley.
Lo anterior se entiende cuando se lee el articulo 20 donde determina eliminar el tope del área máxima de trescientas hectáreas y en su lugar será determinado de acuerdo a la zonificación que se establece en el plan de manejo. Según el Departamento de Servicios Técnicos: “esto es aún más preocupante al liberar las concesiones del límite máximo de hectáreas, permitiendo que si los terrenos ya fueron talados y ahora se encuentran de charral o cultivos agrarios pueda concesionarse el número de hectáreas que el SINAC determine en base a la zonificación establecida en el plan de manejo, justificando los cambios de uso que se dieron contrario a lo indicado en normativa ambiental en terrenos de patrimonio natural del Estado.”
Ente otros de los señalamientos a este proyecto es que en su Artículo 22 autoriza la extracción de madera caída o cortada en patrimonio natural del Estado. Permitir esa labor sería abrir el espacio para futuras extracciones de madera e iría contra el principio de no regresión ambiental. En ese mismo orden permitir la apertura a remates de madera dentro del Patrimonio Natural del Estado. Por lo tanto, sería abrirle la brecha comercial a los recursos naturales y socavar su biodiversidad dentro de esas áreas protegidas. Esto es contrario a los principios para lo que fueron creadas las Áreas Silvestres Protegidas ya que en la práctica significa la reducción de esas áreas protegidas sin cumplir con lo indicado en el artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente.
Se conoce gracias al Sistema Nacional de Información Territorial (www.snitcr.go.cr/Visor) que existe en total unas 1.112 hectáreas dentro de Barra del Colorado, Franja Fronteriza y el Refugio de Vida Silvestre Mixto Maquenque invadidas de piña y que el cambio de uso de suelo de estas fincas posiblemente se realizara de forma irregular.
Entre otros de los señalamientos que tiene esta propuesta de ley es que abre portillos para la privatización del Patrimonio Natural del Estado ya que empresas con personería jurídica podrían ser parte de las concesionarias por años indeterminados en el proyecto de ley dentro del Refugio. Lo cual traería dinámicas económicas basadas en estas concesiones que incluso se podrían traspasar de manos por medio de la venta del total de las acciones de la empresa adjudicataria.
Nuevamente las Áreas Silvestres Protegidas están amenazadas en su conjunto. Esta proyecto de ley bajo el Expediente Nº 20.493 es un nuevo experimento por privatizar un bien demanial propiedad de todas las personas que construimos la sociedad costarricense y que en este momento se encuentra en la mira de las empresas destructoras y contaminantes.
Henry Picado Cerdas
Presidente de la Federación Para la Conservación de la Naturaleza
Loma Salitral, considerada por vecinos y vecinas de Desamparados como el «gran pulmón del Área Metropolitana», se está viendo amenazada por la construcción del proyecto urbanístico La Arboleda, el cual ha sido aprobado y ratificado por los regidores de la Municipalidad.
Biólogos marinos de la UNA levantan “inventario” bajo el agua
Proyecto científico impactaría política pública ambiental
A bordo de una lancha, un puñado de biólogos marinos se propone atender a los “gritos desesperados” que vienen de las profundidades del mar. La vital escena ocurre -discretamente para muchos- en el Golfo de Nicoya, a unos 20 metros de profundidad. En cada inmersión estará en juego el futuro de nuestros ecosistemas marinos y el sustento de muchos hogares.
SOS desde el mar
Las estadísticas planetarias son preocupantes: en los últimos 40 años, la población de mamíferos, reptiles, anfibios, aves y peces se redujo en un 60%, mientras que la cantidad de arrecifes coralinos disminuyó a la mitad. Así lo concluye el más reciente Informe Planeta Vivo del Fondo Mundial de la Vida Silvestre (WWF, por sus siglas en inglés).
El mismo reporte también señala que las poblaciones en los ecosistemas marinos han bajado un 83% desde 1980. Conscientes de estas turbias cifras, biólogos marinos de la Universidad Nacional (UNA) lideran desde hace varios años una titánica iniciativa llamada “El estado de salud de los ecosistemas de arrecifes rocosos de las áreas marinas protegidas del Pacífico Norte costarricense”. A punta de buceos, el proyecto se propone “monitorear la cantidad y tipo de recurso marino; contabilizar, medir y apuntar todo lo que veamos”, explica Karol Ulate, bióloga marina de la UNA.
Diagnóstico urgente
Como si se tratara de médicos, periódicamente estos biólogos descienden a profundidades que van de los 20 a los 5 metros: equipo de buceo, tablas acrílicas, cámaras submarinas, instrumentos para la estimación de tamaños, son parte de las herramientas científicas de las que disponen: “esta por ejemplo es una tabla con una lista de unas 60 especies comunes, pero no quiere decir que vamos a encontrar solo estas, puede ser que veamos otras, entonces vamos anotando en ellas la cantidad de organismos que identifiquemos. Todo esto lo hacemos bajo el agua, el acrílico permite escribir bajo el agua”, añade Andrea García, bióloga marina de la UNA.
Adicionalmente, “un sensor a bordo de la embarcación que traslada a los buzos, genera dos ondas en forma de cono, gracias a las cuales se puede leer e interpretar lo que está pasando a los lados de la lancha, así como contar con indicadores importantes que describen el entorno físico de las profundidades”, comenta Hannia Vega, quien también es bióloga marina de la UNA.
De regreso a la superficie, y gracias a la estadística, los científicos se abocan a realizar estimaciones, de tal modo que los datos permitan hacer proyecciones más globales acerca del status de estos ecosistemas. “Con todas estas observaciones y cifras deducimos la salud de nuestras costas, que al final son importantes en términos biológicos como económicos para muchas comunidades que viven del mar”, sostiene Fausto Arias, biólogo marino de la UNA.
¿Estamos a tiempo?
El proyecto está en pleno desarrollo, y al menos por dos años más. Será entonces cuando las autoridades ambientales puedan tener de primera mano los resultados.
Sin embargo desde hoy se respiran aires de optimismo, en el tanto las investigaciones científicas puedan impactar una política pública “que por años le ha dado la espalda al mar”, asegura Andrés Jiménez, biólogo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio de Ambiente y Energía (SINAC-MINAE). Así por ejemplo, según el mismo Jiménez: “si en estos trabajos de monitoreo vemos que la biodiversidad es más rica en un área protegida que aquí, la Isla Tortuga donde estamos, podemos decir entonces que los esfuerzos que hacemos son exitosos, sino es así, es como una alerta para nosotros que nos dice que hay que mejorar”.
El mismo proyecto, en su propuesta académica, advierte la importancia de las labores de investigación conjunta: “este tipo de estudios llevados a cabo con la participación del sector académico y el acompañamiento del sector administrativo gubernamental, constituyen fórmulas cuyos resultados pueden generar impactos positivos para la administración de las Áreas Marinas protegidas. Costa Rica en su Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018, apunta a que es fundamental la integración entre las instituciones estatales y la academia, para hacer una gestión oportuna y viable de la biodiversidad”.
Dicho Plan señala que Costa Rica se ha enfrentado a una gestión descoordinada de los espacios marinos y costeros, con una visión parcial y fragmentada, que refuerza una cultura predominante que no valora la gran importancia del mar para el desarrollo del país y de sus comunidades costeras. El Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 concluye que predomina una visión de corto plazo con una cultura nacional del mar poco desarrollada que no favorece la generación o aprovechamiento de las oportunidades productivas sostenibles, más allá de la pesca y el turismo, ni la distribución justa y equitativa de sus beneficios, agudizando las situaciones socioeconómicas problemáticas como la exclusión social, la exposición a los riesgos y la sobreexplotación especialmente en la zona costera.
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Imagen ilustrativa tomada de la nota: Proponen modelo de gestión de recursos marino pesqueros
El trabajo audiovisual recoge los resultados de la investigación científica realizada en el país por investigadores nacionales y extranjeros
“Murciélagos: aliados del cielo nocturno” es un documental de la Escuela de Biología de la UCR estrenado recientemente, que muestra cómo estos mamíferos contribuyen con el ambiente y la agricultura (foto archivo ODI).
Como otras especies de animales, los murciélagos tienen un sistema social muy complejo y son muy solidarios con sus semejantes. En filmaciones realizadas, se ha observado que en los partos otras hembras ayudan a cortar el cordón umbilical del recién nacido.
Sin embargo, poco conocemos de los murciélagos, los únicos mamíferos que pueden volar, y la imagen que predomina en la sociedad es negativa.
Con el fin de mostrar la verdadera cara de los murciélagos y contrarrestar esta percepción, la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica (UCR) realizó el documental “Murciélagos: aliados del cielo nocturno”.
“Pretendemos con este documental contribuir a derribar mitos y falsedades que hay acerca de los murciélagos y destacar los servicios ambientales y los beneficios que ellos brindan a la sociedad”, expresó el biólogo especialista en murciélagos de esa Escuela, Bernal Rodríguez Herrera.
El filme está dirigido al público general e incorpora el conocimiento científico generado a lo largo del tiempo, así como los resultados de múltiples investigaciones que profesores y estudiantes universitarios, nacionales y extranjeros, han efectuado tanto en el país como en el resto de la región centroamericana y en México.
En el mundo hay 1300 especies de estos mamíferos y en Costa Rica se conocen 114 especies. Su importancia radica principalmente en que cumplen un papel como polinizadores, dispersores de semillas y controladores de plagas de insectos, por lo que su desaparición impactaría de manera directa estos servicios que brindan al medio ambiente y a la agricultura.
Rodríguez afirmó que los murciélagos no representan un peligro para los seres humanos y el resto de animales. No obstante, existen tres especies que se alimentan de sangre, especialmente de mamíferos. “El murciélago común ocasionalmente puede morder al humano cuando no tiene comida y es posible que le transmita enfermedades como la rabia”, advirtió.
En el subcontinente funciona la Red Latinoamericana para la Conservación de los Murciélagos, que agrupa a 22 países, entre los cuales se encuentra Costa Rica.
La realización y producción del documental “Murciélagos: aliados del cielo nocturno” estuvo a cargo de Pedro Murillo Rodríguez y Hannia Rodríguez Jiménez. Además, como asesor científico participó Bernal Rodríguez y en la locución Karina Mora.
Informe del Estado de la Nación alerta que instituciones ambientales están en proceso de debilitamiento
Presupuesto Nacional para el año 2018 recorta ₡2.000 millones al SINAC
FECON, 14 de noviembre 2018. El XXIV Informe del Estado de la Nación presentado el día de ayer indica que la protección ambiental en Costa Rica sigue siendo uno de los eslabones débiles en la institucionalización costarricense. La perspectiva no tiende a mejorar, puesto que en el Presupuesto Nacional 2019 aprobado por la Asamblea Legislativa el Ministerio de Ambiente y Energía ha sufrido la reducción del 5% de su numerario, esto impacta directamente en las labores del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), el cual tendrá para el año que viene ₡2.000 millones menos para labores de control.
Según el Programa Estado de la Nación (PEN) y su reciente informe las entidades enfocadas en el cuido de esos recursos, o en controlar y minimizar los impactos de las actividades productivas, son débiles. Esto restringe el alcance de la acción pública para convertir la normativa y el discurso ambiental en medidas concretas y eficientes.
“Más de la mitad de estos entes (21 de 37) son órganos desconcentrados, lo cual implica limitaciones en la disponibilidad presupuestaria y la autonomía para organizar sus propias contrataciones administrativas y de personal. Pero hay una diferencia en términos económicos: gran parte de las tareas de regulación han sido asignadas a entes que tienen capacidades jurídicas y financieras restringidas (…). Entidades de control y protección, o responsables de medir y evitar impactos ambientales (como el Minae, el Sinac y la Setena) en general cuentan con pocos recursos.” Señala el PEN.
La Contraloría General de la República advirtió en su informe DFOE-AE-IF-16-2014 que ninguna Área Silvestre Protegida contaba con los fondos necesarios para atender a cabalidad sus obligaciones: solo un 27% tenía el dinero para realizar entre uno y dos tercios de sus actividades, y solo 9 disponían de personal para cumplir con todas sus tareas; otras 42 carecían totalmente de funcionarios para llevarlas a cabo. Sumado al déficit de guarda parques, la CGR señala que “la falta de recursos financieros tuvo un efecto desfavorable en la atención de al menos un 80% de las actividades esenciales de 91 Áreas Silvestres Protegidas”
Han pasado 4 años y sin embargo, los déficits de recurso humano subsisten: el PEN señala que: “mientras en 2014 había un funcionario del Sinac por cada 1.143 hectáreas terrestres bajo alguna categoría de protección, en 2017 había uno por cada 1.187 hectáreas; si solo se considera a las personas directamente responsables de ejecutar acciones en las ASP, se cuenta con una por cada 2.579 hectáreas. Esto no incluye el área protegida marítima, pues de ser así se trataría de un funcionario para cada 5.543 hectáreas. A esto se suma que el 50% del personal activo en el Sinac está cerca de iniciar sus procesos de retiro o jubilación”
La tendencia continua. La presión de los gremios empresariales como la Cámara Costarricense de la Construcción, Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria y la Cámara la de Industrias; atacan las acciones de control ambiental y las señalada como “barreras del desarrollo”. En este momento la Secretaria Técnica Ambiental pasa por un proceso de intervención. La Comisión Transformadora de SETENA se encuentra sesionado hace un par de meses sin participación de las organizaciones ambientales ni sociales. En FECON estamos a la espera de que se escuche nuestra solicitud de integrar dicha comisión, dato que la evaluación del impacto ambiental no debe verse como un trámite solamente y sino como un requisito importante para regular el impacto sobre la naturaleza que tienen el modelo neoliberal como el imperante.
Henry Picado Cerdas
Presidente de la Federación para la Conservación de la Naturaleza
Costa Rica requiere un nuevo modelo eléctrico sustentable y participativo
Suspensión reafirma las razones técnicas y organizativas de las comunidades y los movimientos sociales
La “suspensión indefinida” del PHDiquís por parte de Gobierno de Costa Rica es un acto oficial que no equivale a la liquidación de ese proyecto. Sin embargo, sí es un triunfo generado por la oposición de más de 3 décadas de las comunidades indígenas y de los movimientos sociales. Es la constatación de que el modelo de generación electricidad en Costa Rica está obsoleto. Es un modelo orientado hacia el comercio basado en la explotación del agua como fuente de enriquecimiento, cuyas primeras víctimas son los ríos, y no por las necesidades reales de la sociedad costarricense. Esta liquidación sirve también para reafirmar la urgencia de romper la creencia de que las represas son “energía limpia”.
No menos importante es que el modelo vigente de generación está fracasando también por sus prácticas excluyentes de las comunidades en las cuales se instalan los proyectos y, en este caso particular, de las comunidades indígenas. Ni el Estado, por medio del ICE, ni mucho menos los generadores privados locales o extranjeros, hay procurado nunca dialogar, consensuar e incluir de manera efectiva a las comunidades, cuyos territorios y población, han sido simplemente reducidos y espacios físicos de trabajo y personas por convencer y vencer para construir las represas.
Lo advertimos: PH Diquís no era necesario
Desde hace décadas hemos demostrado que la oferta eléctrica en Costa Rica está debidamente satisfecha. Que la generación de electricidad es en gran medida un negocio público y fundamentalmente privado, asociado con la exportación de electricidad. Toda la información oficial disponible demuestra que no existe ninguna necesidad de aumentar la oferta actual de electricidad.
De acuerdo con la información oficial del Sistema eléctrico nacional del ICE, el 28 de agosto de 2018, a las 11:30 a.m., se registró un consumo máximo de electricidad en el país de 1.559 MW, y tanto antes como después de esas fecha y hora, los registros son menores. Este dato es indispensable revisarlo en paralelo con la información de la Contraloría General de la República, expuesta en el “Informe de la Auditoría operativa acerca de la eficacia y eficiencia en la asignación de fuentes de energía para la generación eléctrica” (Dic. 2016. pág. 3), según la cual “la capacidad instalada para la generación fue de 3.242,5 MW, a julio de 2016”.
Si sumamos a los 3.242,5 MW el adicional de 304 MV del PH Reventazón, tenemos una capacidad de generación de hasta 3.548 MV, de los cuales 1.658 MV son de plantas de energía firme. Es decir, por tan solo 99 MV, la demanda máxima nacional no se satisface con energía firme. Esto es en extremo importante pues todos los generadores privados con plantas a filo de agua, siempre han argumentado la necesidad de sus “aportes” al sistema para atender necesidades del país, lo cual resulta insostenible desde cualquier perspectiva y a la luz de los datos oficiales.
Generar para las sociedades, no para los negocios privados
El país tiene ya una oferta eléctrica más que abundante para satisfacer actualmente, y en el futuro, el crecimiento de la demanda en cualquier escenario. Vista la capacidad de generación de 3.548 MV en comparación con el consumo máximo registrado en el país que fue de 1.559 MW, TENEMOS QUE EL PAÍS CUENTA CON UN EXCEDENTE RELATIVO DE ELECTRICIDAD DE HASTA 1.989 MV. Con esos datos la pregunta más que obvia es ¿cómo podrían el ICE y cualquier empresa privada justificar una supuesta necesidad de generación para el mercado nacional? De igual manera ¿cómo podrían la Setena y la Dirección de aguas del MINAE, justificar cualquier proyecto privado, como el PH San Rafael de la empresa H Solís, en San Jerónimo de San Pedro de Pérez Zeledón, o los que la misma empresa impulsa en ríos de Turrialba, si los datos oficiales demuestran que son innecesarios? Además, ¿cómo podría el ICE justificar la necesidad de otorgar o mantener la elegibilidad de esos y todos los demás proyectos privados, cuando toda la evidencia deja claro que el país no requiere electricidad privada?
La “suspensión indefinida” del PH Diquís, no se debe revisar de manera aislada del mercado eléctrico nacional. Queda demostrado que no eran necesarios ni el PH Diquís, ¡ni muchos otros proyectos estatales como los pensados para Pacuare, Savegre, Duchí (Chirripó atlántico). En ese contexto la generación privada sigue siendo un foco de tensión muy fuerte para muchísimas comunidades y sus ríos en el país. En el debate sobre modelo eléctrico nacional, ése es un aspecto urgente e impostergable.
Baste mencionar ahora que el miércoles 19 de noviembre de 2014, el entonces Presidente Ejecutivo del ICE, Carlos Obregón Loría, expuso ante la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Agropecuarios y Recursos Naturales de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica una serie argumentos, todos en dirección de que no es necesaria la generación privada de electricidad. Dijo Don Carlos Obregón:
“Tenemos que ver que el sistema tiene suficiente instalación para satisfacer con criterios de confiabilidad y además es importante lo que decíamos anteriormente, que ahí se manifiestan una mezcla de proyectos públicos y privados” (Acta de la sesión ordinaria N° 45 de la citada Comisión).
Es necesario revisar esto porque en la medida que el ICE baje su cuota en el mercado eléctrico, los privados querrán sustituirlo, como si el crecimiento ilimitado de la oferta fuera una necesidad. Este debate y resolución es impostergable y no se limita al balance entre oferta y demanda, sino a quién genera y en qué condiciones y costos para la población y los demás consumidores.
Decidir si se construyen Diquís y muchos otros proyectos públicos y privados, nos remite al modelo de sociedad, de economía y de consumo que queremos para el país. Es el debate entre límites al crecimiento de la oferta y las necesidades reales de la sociedad costarricense. No es lo mismo crecer para atender una necesidad real del país que hacerlo para cumplir un “Objetivo estratégico” de exportación de electricidad, que es lo que desde hace décadas se ha buscado. En el 2017, por ejemplo, el Concejo Directivo del ICE estimaba que:
“esos proyectos grandes como Reventazón y Diquís en el momento en que entren en operación, producirán excedentes importantes en el sistema. A través de estos proyectos, se puede incursionar con fuerza en el mercado centroamericano haciendo contratos a mediano plazo de venta de energía, con lo cual, la rentabilidad de los proyectos se beneficia enormemente” (subrayado ODC). (CD Sesión 5811, 25,10,07, 455b).
El ICE siempre consideró el PH Diquís como “proyecto estratégico para el desarrollo del sistema de generación” en su Plan de expansión de la generación (PEG, 2016-2035, pág. 100-101), pero también sabía que sus elevados costos lo hacían cada día menos factible. También el ICE siempre supo, aunque nunca lo aceptó, que la incapacidad de dialogar con las comunidades en general, y con los pueblos indígenas en particular, le provocarían una elevadísima deuda social, tanto en el país, como a nivel internacional por la violación del Convenio 169 de la OIT.
Debemos orientarnos hacia un nuevo modelo sustentable y socialmente incluyente
La suspensión del PH Diquís nos permite algunas constataciones:
La derrota del PH Diquís no es un hecho aislado. Se suma al archivo, liquidación y desecho de muchos otros proyectos en el país, como los estatales en el Savegre, y Pacuare y Ayil/río Duchí en territorios indígenas. Esa lista incluye muchos otros privados, desechados por la acción de las comunidades, entre otros los PHs Hidrosur, Los Gemelos, Canasta, Altamira, Cordoncillo I y I, Monteverde I y II, San Pedro, Peñas Blanquitas I y II, Ángel Sur, El Futuro y Consuelo.
Todos esos proyectos desechados tienen en común la acción directa de organización, estudio, debate y análisis de las comunidades impactadas negativamente y la demostración de que no son necesarios para el país. Cada uno ha sido un largo, desgastante y totalmente inequitativo proceso de disputas entre empresas con todos los recursos financieros y materiales, y las comunidades y organizaciones sociales con trabajo y aportes voluntarios.
La oferta eléctrica en Costa Rica supera en más del doble la demanda máxima que fue de 1.559 MW en agosto 2018. La generación privada de electricidad en Costa Rica amparada en las leyes 7.200 y la 7.508 es del todo innecesaria, sobre todo si consideramos que con plantas del ICE se generan 1.658 MV de energía firme, apenas 99 MW menos que la máxima demanda nacional. Por tanto, esas 2 leyes deben ser derogadas, y mientras se logra eso, no se debe, bajo ninguna circunstancia, permitir la construcción de una sola represa más en Costa Rica.
Un paso intermedio es parar todos los proyectos privados en trámite en SETENA, el ICE, la Dirección de Agua del MINAE, las municipalidades, con fundamento en que son innecesarios para el país, y también con base en los argumentos legales y técnicos que hemos aportado, desde las comunidades y movimientos sociales, a cada una de esas dependencias.
Todos esos proyectos también coinciden en que fueron pensados como negocios: unos para alimentar la oferta del ICE, con el objetivo de controlar el mercado y exportar y electricidad, y en el caso de los privados, para incrementar sus negocios amprados en la obligación del ICE de comprarles su generación aun cuando es innecesaria. En Costa Rica y el mundo, las represas han sido impuestas a las comunidades, provocado desplazamientos forzados de familias y comunidades enteras, persecución, asesinatos y pérdidas económicas de dimensiones incalculables para las economías locales comunitarias y familiares.
En el caso del PH Diquís, un movimiento social en paralelo a la oposición en el sur, se desarrolló en Dota. El resultado fue que se impidió que la línea de alta tensión Diquís –Rosario, destruyera ecosistemas en las comunidades, la Reserva Forestal Los Santos, la Reserva biológica Cerro Vueltas entre otros. Igualmente, se demostraron los efectos negativos de radiación de estas líneas y el atraso del país en materia de protección de la salud pública, pues mientras en Europa no se admiten niveles superiores a los 2 y 3 miligaus de radiación, en Costa Rica Decreto ejecutivo N. 29296-salud-MINAE, establece que (Art. 9) “No se podrá diseñar ni operar obras de transmisión cuya magnitud del campo magnético exceda los 15 micro Teslas (equivalente a 150 mili Gauss ) en el borde de la servidumbre”. En Suecia el límite es de 0.25 Ut ( 2.5 mG) para la exposición permanente de las personas a los campos electromagnéticos, dados los riesgos de distintos tipos de cáncer.
La energía hidroeléctrica nunca ha sido ni es “verde, “limpia” o “sostenible”. Los PHs son un sistema obsoleto: no son limpias, destruyen ríos y todos los ecosistemas asociados. Son más bien una fuente de contaminación y generación de gases efecto invernadero, aunque la lucrativa industria mundial de estudios de impacto ambiental, insiste en ocultar sus errores y justificar su supuesta inocuidad.
El mundo empresarial de las hidroeléctricas separa, por conveniencia, los componentes de estas obras, cuando represa, túneles, casa de máquinas y líneas de trasmisión, son componentes interrelacionados que no tienen sentido ni utilidad por separado. Pero, para facilitar proceso constructivos, sociales y legales, las empresas estatales y privadas, separan las obras y hasta hacen estudios de impacto separados.
LA ÉPOCA MUNDIAL DE LAS REPRESAS YA PASÓ. La liquidación del PH Diquís se da en momentos en que el mundo entero, la destrucción, y no construcción es la tendencia prevaleciente. En Europa los estudios demuestran tan solo el 40% de las represas operan eficientemente, y el plan previsto es demoler hasta 30.000 estructuras de éstas, lo cual tendrá impactos positivos extraordinarios para los ecosistemas y la economía local por la recuperación de los ríos, su vida interna y la asociada y para las comunidades, pues se abren opciones reales de nuevas empresas de baja escala familiar, por ejemplo.
Es urgente democratizar la generación de electricidad con fuentes alternativas y de pequeña escala, como la solar, y evitar que las nuevas fuentes sean acaparadas por pocas empresas privadas para lucrar.
Costa Rica necesita recuperar el ICE como entidad se servicio social con capacidades operativas, financieras, empresariales, y sobre todo con visión política en favor de la sociedad y no de los negocios.
Un asunto en paralelo a la generación de electricidad en un nuevo modelo de electricidad realmente sustentable y socialmente incluyente, debe prohibir, definitivamente, cualquier tipo de apertura de los parques nacionales para generar cualquier tipo de energía.
Preguntas adicionales:
Suspensión indefinida” del PH Diquís no significa cancelación o liquidación del proyecto. ¿Cuándo pensaría el ICE o el Gobierno, relanzar este proyecto en el futuro?
El PH Diquís en el marco del mercado eléctrico nacional:
El país tiene ya una oferta eléctrica más que abundante para satisfacer actualmente, y en el futuro, el crecimiento de la demanda en cualquier escenario. Vista la capacidad de generación de 3.548 MV en comparación con el consumo máximo registrado en el país que fue de 1.559 MW, TENEMOS QUE EL PAÍS CUENTA CON UN EXCEDENTE RELATIVO DE ELECTRICIDAD DE HASTA 1.989 MV. Con base en esos datos:
¿Cómo podrían el ICE y cualquier empresa privada justificar una supuesta necesidad de generación para el mercado nacional?
¿Por qué, en concordancia con el ICE, la Setena y la Dirección de aguas del MINAE, siguen avalando proyectos privados, como el PH San Rafael de la empresa H Solís, en San Jerónimo de San Pedro de Pérez Zeledón, o los que la misma empresa impulsa en ríos de Turrialba, si los datos oficiales demuestran que son innecesarios?
¿Por qué si el ICE sabe que tenemos un exente relativo superior a la demanda nacional, otorgó y encima prolongó la elegibilidad del PH San Rafael de la empresa H Solís?
¿Cómo podría el ICE justificar la necesidad de otorgar o mantener la elegibilidad de esos y todos los demás proyectos privados, cuando toda la evidencia deja claro que el país no requiere electricidad privada?
¿Por qué el ICE no le da a conocer al país los costos reales de la generación pública con respecto de la privada, incluyendo generación y transmisión en todos sus niveles?
¿Por qué el ICE y los privados siguen promoviendo la construcción de represas cuando la tendencia en muchos países es DEMOLERLAS por ser obsoletas y sucias? (En Europa los estudios demuestran que 60% de las represa son ineficientes. El plan de la Dam Removal Europe coalition, es demoler la mayoría de más de las 30.000 represas identificadas como innecesarias en los próximos años).
Saberes locales se traducen en herramientas para estudio y toma de decisiones
Académicos y comunidades analizan las zonas de riesgo, la tenencia y uso de la tierra, al tiempo que problematizan las razones de tales condiciones. (Ilustración: Ibux Sánchez).
La expansión de monocultivos y el desarrollo de proyectos de construcción en la localidad de Palmar Sur, en la península de Osa, ha desencadenado una problemática socio ambiental que atenta contra la autonomía y cultura.
La Universidad de Costa Rica (UCR) reconoce la gravedad de la situación y por eso está presente en la zona mediante el Trabajo Comunal Universitario (TCU) de la Escuela de Ciencias Políticas (ECP), “Cartografiando el conflicto socioambiental” (TC-684).
La iniciativa busca generar herramientas para hacerle frente a este conflicto a través de la cartografía participativa, que consiste en un proceso de trabajo colectivo con las comunidades, donde los habitantes comparten su conocimiento sobre las características del territorio.
Según la politóloga María José Guillén, quien lidera el proyecto, la construcción de mapas con las comunidades permite analizar las zonas de riesgo, la tenencia y uso de la tierra, al tiempo que se problematiza las razones por las que la zona presenta estas condiciones.
“No se trata solo del dibujito del mapa y lo que representa, sino de todo lo que queda detrás: el por qué este mapa es así. ¿Cuál es el papel del Estado, los campesinos, y la sociedad civil? Ahí es donde la discusión se torna un poco más política” comenta Guillen.
Además de la creación de mapas, el proyecto también produce espacios de discusión y formación política, legal, económica y cultural para las comunidades. Se llevan a cabo actividades como talleres sobre la Reforma Fiscal y un espacio llamado Aula Campesina, en el cual se discute el tema de cultivo de semillas y agroecología.
“Es un proceso de diálogo en el cual a partir del saber técnico de la U y el saber empírico de la gente con ciertas sensibilidades, se genera una discusión donde se crea algo nuevo y útil para la población.” asegura la docente.
El aporte del TCU en la comunidad ha tenido diversos impactos, desde influir en el paro del proyecto del Aeropuerto Internacional de la Región Brunca, hasta favorecer el desarrollo de festivales culturales e incrementar la participación de mujeres y jóvenes en la política comunitaria.
“¿De qué sirve luchar por la tierra si una vez que se tenga, la vida cotidiana y las relaciones entre personas siguen siendo lo mismo? El espacio de discusión sirve para las cosas grandes, pero también sirve para las cosas de más detalle que componen la comunidad.” concluye Guillen.
Tras casi dos años de su creación, esta iniciativa espera para el 2019 poder hacer una devolución física para las comunidades a través de un atlas que incluya las memorias de la lucha por la tierra con los mapas construidos, el cual sería distribuido a toda la comunidad.
Junto a Guillén participan en el proyecto 15 estudiantes universitarios de carreras como historia, antropología y ciencias políticas, así como el coordinador de Extensión Docente en la zona, el geógrafo José Antonio Mora.
Cartografiando el conflicto: creación de un atlas de conflicto socio-ambiental en el Caribe Sur.
