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La crisis civilizatoria ¿en qué consiste y cómo afecta el cambio climático?

Alberto Salom Echeverría
albertolsalom@gmail.com

La llamada “crisis civilizatoria” se refiere a una crisis profunda del modelo de civilización dominante, es decir, de la forma en que la humanidad —particularmente el mundo industrial moderno— organiza la economía, la política, la producción, el consumo, la relación con la naturaleza y hasta los valores culturales. No se trata únicamente de una crisis económica o ambiental aislada, sino de una crisis integral del modo de vida contemporáneo.

La idea central es que el modelo civilizatorio basado en el crecimiento económico ilimitado, el consumo masivo, la explotación intensiva de recursos naturales y la lógica de acumulación permanente ha llegado a límites ecológicos, sociales y éticos que amenazan la estabilidad del planeta y de las propias sociedades humanas.

Diversos pensadores y movimientos críticos han desarrollado este concepto, entre ellos Edgar Morin, Enrique Leff, Leonardo Boff y Boaventura de Sousa Santos, quienes coinciden en que la crisis ambiental y climática no es un accidente pasajero, sino la consecuencia estructural de un determinado modelo de desarrollo.

La relación con el cambio climático es directa y profunda por varias razones:

1. El modelo económico depende de combustibles fósiles

La civilización industrial moderna se construyó sobre el uso masivo de carbón, petróleo y gas natural, así como también gas metano. Estos combustibles permitieron el crecimiento industrial, el transporte global y la expansión del consumo, pero también generaron enormes emisiones de gases de efecto invernadero.

El resultado es entonces el calentamiento global antropogénico, es decir, el cambio climático en esta ocasión ha sido provocado principalmente por las actividades humanas dedicadas a la producción de combustibles fósiles.

2. La lógica del crecimiento ilimitado choca con los límites del planeta

La economía dominante funciona bajo la idea de crecer constantemente: producir más, consumir más y extraer más recursos. Sin embargo, la Tierra posee límites ecológicos. Los bosques, océanos, suelos y la atmósfera no pueden absorber indefinidamente la presión humana.

Esta contradicción entre crecimiento ilimitado y planeta finito es uno de los núcleos de la crisis civilizatoria.

3. La naturaleza es tratada como mercancía

Dentro del paradigma dominante, la naturaleza suele ser concebida principalmente como “recurso económico”: bosques para explotar, ríos para represar, minerales para extraerlos y procesarlos, mares para industrializar.

Esa visión reduce el valor ecológico y cultural de los ecosistemas y favorece procesos como:

deforestación,

contaminación,

destrucción de biodiversidad,

expansión minera y petrolera,

agricultura industrial intensiva.

Todos estos factores agravan el cambio climático.

4. El consumismo incrementa la huella ecológica

La cultura contemporánea impulsa patrones de consumo masivo: producción rápida, obsolescencia programada, desperdicio y uso intensivo de energía.

El problema no es solamente cuántos seres humanos existen, sino el tipo de consumo predominante, especialmente en las sociedades más industrializadas.

Una minoría del planeta consume y contamina muchísimo más que la mayoría de la población mundial.

5. La desigualdad social dificulta soluciones globales

La crisis civilizatoria también implica enormes desigualdades económicas y políticas. Los países y grupos sociales que menos contribuyen al calentamiento global suelen ser los más vulnerables a sus efectos.

Esto genera tensiones internacionales y dificulta alcanzar acuerdos eficaces para enfrentar la crisis climática.

En regiones como Centroamérica, por ejemplo, los impactos climáticos —huracanes, sequías, inundaciones y pérdidas agrícolas— son severos, aunque la región emite relativamente poco carbono a escala global.

6. Existe una crisis ética y cultural

Muchos autores sostienen que el problema no es solo tecnológico o económico, sino también de naturaleza política, ética y cultural. La crisis civilizatoria expresa una ruptura en la relación entre humanidad y naturaleza.

Se cuestiona una visión basada en:

dominación sobre la naturaleza,

individualismo extremo,

competencia permanente,

acumulación material como medida del bienestar.

Por eso, las soluciones al cambio climático no consisten únicamente en nuevas tecnologías “verdes”, sino también en transformaciones culturales, políticas y sociales profundas.

En síntesis, la crisis civilizatoria influye en el cambio climático porque el calentamiento global no surge de manera aislada: es el resultado histórico de un modelo de civilización basado en la explotación intensiva de energía fósil, el crecimiento ilimitado y una relación desequilibrada con la naturaleza. Desde esta perspectiva, enfrentar seriamente el cambio climático implica también replantear el modelo de desarrollo, los patrones de consumo y la forma en que las sociedades humanas conciben el progreso y el bienestar.

Escuela de Biología de la UCR pide revisión de los criterios que autorizaron la tala en Playa Panamá

  • Personal académico advierte sobre impactos ecológicos irreversibles y cuestionan criterios utilizados para autorizar corta de árboles en Papagayo

La Asamblea de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica (UCR) expresó su profunda preocupación ante la autorización de corta de árboles en Playa Panamá, en el marco de las controversias generadas por el desarrollo turístico en el Polo Turístico Golfo de Papagayo.

Mediante un pronunciamiento público dirigido a la ciudadanía nacional, la Escuela solicitó una revisión “rigurosa, transparente y técnicamente fundamentada” de los criterios utilizados para justificar la intervención, especialmente ante la existencia de procesos judiciales, administrativos y penales en curso relacionados con el caso.

Las personas académicas señalaron que la discusión pública no puede reducirse a una falsa oposición entre ambiente y desarrollo, ni limitar la valoración ecológica de un bosque a cálculos numéricos o compensaciones simplificadas.

“Un bosque tropical es mucho más que un conjunto de árboles. Es un sistema vivo donde interactúan plantas, animales, microorganismos, suelo, agua y clima”, destaca el documento, el cual insiste en que la estructura ecológica, la conectividad biológica y las funciones ecosistémicas deben formar parte central de cualquier evaluación ambiental.

La Escuela de Biología advirtió que los remanentes boscosos en Guanacaste cumplen funciones fundamentales para la biodiversidad y para la sostenibilidad de la actividad turística, particularmente en una región cada vez más afectada por la urbanización, el cambio climático y la fragmentación ecológica.

Además, cuestionó la idea de compensar la tala de árboles adultos mediante la siembra de árboles jóvenes, recordando que la recuperación de funciones ecológicas equivalentes puede tardar décadas y que la supervivencia de árboles sembrados en bosque seco suele ser muy baja.

“El bosque reforestado no reemplaza de forma inmediata la estructura, las interacciones, el suelo, el microclima, la fauna asociada ni la historia ecológica de un sistema ya establecido”, subraya el pronunciamiento.

La Asamblea también alertó sobre los impactos acumulativos que ha sufrido la región costera de Papagayo durante las últimas décadas, incluyendo procesos de sedimentación marina asociados a la pérdida de cobertura forestal y terraceos, lo que ha afectado ecosistemas marinos y la relación ecológica entre tierra y mar.

Según la Escuela, la protección de la cobertura boscosa no es un obstáculo para el turismo, sino una condición indispensable para su sostenibilidad. En ese sentido, advirtió que la pérdida de bosques puede traducirse en más calor, escasez de agua, erosión, pérdida de fauna y deterioro del paisaje, afectando incluso la viabilidad económica del propio sector turístico.

Asimismo, manifestaron preocupación por propuestas regulatorias que podrían aumentar la fragmentación forestal en Papagayo, considerando que este caso debe servir para fortalecer, y no debilitar, la protección de los remanentes boscosos y la calidad de la toma de decisiones ambientales en Costa Rica.

Finalmente, la Escuela de Biología solicitó que las autoridades garanticen una revisión independiente y libre de presiones políticas sobre los permisos otorgados y que se aplique el principio de cautela mientras persistan dudas técnicas y procesos pendientes.

Puede descargar el pronunciamiento desde SURCOS:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/05/Pronunciamiento-corta-arboles-Playa-Panama.pdf

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

Recurso de amparo denuncia construcción de carretera sin pasos de fauna en zona protegida de Barva

Proyecto vial en área de amortiguamiento del Parque Nacional Braulio Carrillo habría sido aprobado sin estudios ambientales integrales

El Colectivo de Ciudadanos de San Rafael de Heredia (CONCEVERDE) y personas defensoras ambientales presentaron un recurso de amparo ante la Sala Constitucional denunciando graves irregularidades ambientales y legales en la construcción de una carretera en Sacramento de Barva, Heredia, dentro de la zona inalienable protegida por la Ley 65 y en el área de amortiguamiento del Parque Nacional Braulio Carrillo.

El recurso, interpuesto por Isabel Arias Chavarría y José Francisco Alfaro Carvajal, cuestiona la actuación de la Municipalidad de Barva, el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), por permitir el avance de un proyecto vial sin estudios ambientales rigurosos y sin medidas esenciales para la protección de la fauna silvestre, como la construcción de pasos de fauna.

La Sala Constitucional acogió para estudio el recurso de amparo y ordenó solicitar informes al MINAE, SETENA y a la Municipalidad de Barva sobre los hechos denunciados.

La carretera se construye sobre un antiguo camino rústico de tierra que históricamente había mantenido baja intervención humana y tránsito reducido. Según la denuncia, el proyecto pretende transformar esa vía mediante asfaltado, ampliación y obras de infraestructura financiadas a través de un convenio entre el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) y la Municipalidad de Barva.

Las personas recurrentes señalan que el proyecto se desarrolla dentro de una zona de protección absoluta creada por la Ley 65 de 1888, cuyo objetivo histórico ha sido proteger los bosques y las fuentes de agua que abastecen gran parte del Valle Central.

Además, el área funciona como corredor biológico y zona de amortiguamiento del Parque Nacional Braulio Carrillo, albergando especies como dantas, quetzales, pumas, ocelotes, monos carablanca, coyotes, colibríes y numerosas especies de reptiles y mamíferos silvestres.

A pesar de esta alta sensibilidad ecológica, la denuncia sostiene que SETENA clasificó el proyecto como de “bajo impacto ambiental”, permitiendo únicamente una evaluación simplificada y evitando exigir un Estudio de Impacto Ambiental completo.

Según el recurso, esto provocó la omisión de estudios fundamentales en biología, hidrogeología, amenazas naturales y arqueología, así como la ausencia de medidas de mitigación frente al incremento del tránsito vehicular y los atropellos de fauna.

Uno de los principales cuestionamientos del recurso es que el expediente ambiental no contempla la construcción de pasos de fauna ni infraestructura destinada a reducir la muerte de animales silvestres por atropellos.

Las personas denunciantes afirman que solicitaron información formal a la Municipalidad de Barva sobre la existencia y ubicación de estos pasos de fauna, pero no recibieron respuesta.

“La apertura de una carretera en un ecosistema frágil no es una simple modificación del paisaje. Implica fragmentación de hábitats, ruido, contaminación y presión permanente sobre especies silvestres indispensables para el equilibrio ambiental”, señala el recurso presentado ante la Sala IV.

También se denuncia que durante las obras se removió vegetación nativa y se amplió el camino sin contar -según alegan las personas recurrentes- con autorizaciones expresas del MINAE o SINAC para intervenir patrimonio natural del Estado.

El recurso cuestiona además el papel de SETENA y del MINAE, señalando una aparente flexibilización institucional en favor de intereses económicos y turísticos por encima de la protección ambiental. Según la denuncia, el procedimiento utilizado redujo el control ambiental a simples declaraciones juradas de cumplimiento, sin análisis científicos integrales ni consulta pública.

Las personas recurrentes sostienen que el Estado tiene la obligación de aplicar el principio de precaución en territorios de alta fragilidad ecológica y que la construcción de infraestructura vial en áreas protegidas debe garantizar previamente que no existirán daños irreversibles sobre los ecosistemas y los recursos hídricos.

Le invitamos a leer desde SURCOS el documento completo del recurso de amparo:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/05/0031-0007-237626170-0155-F.pdf

Soluciones ante el calentamiento global derivado de la crisis civilizatoria

Alberto Salom Echeverría
albertolsalom@gmail.com

Como ya se ha advertido en los capítulos anteriores, la crisis climática contemporánea no constituye un fenómeno aislado ni una simple alteración temporal de las condiciones atmosféricas. Se trata de una transformación sistémica que compromete simultáneamente la estabilidad ecológica, la economía mundial, la producción alimentaria, la disponibilidad de agua, las migraciones humanas y la gobernabilidad política. Por ello, las soluciones no pueden ser parciales ni fragmentarias. Frente a un problema de naturaleza global, las respuestas deben ser igualmente globales, articuladas y sostenidas en el tiempo.

El calentamiento global posee un carácter esencialmente antropocéntrico. Aunque la historia geológica del planeta ha conocido variaciones climáticas naturales, la aceleración actual de la temperatura terrestre está directamente vinculada con la actividad humana desarrollada desde la Revolución Industrial. La expansión ilimitada de la producción, el uso masivo de combustibles fósiles, la deforestación, la destrucción de ecosistemas y los patrones de consumo intensivo han alterado el equilibrio climático del planeta a una velocidad desconocida en la historia reciente de la Tierra.

En consecuencia, las soluciones deben dirigirse a transformar las estructuras económicas, energéticas y culturales creadas por la propia humanidad. No basta con reducir algunos daños ambientales: es indispensable modificar las lógicas que los producen.

Uno de los principales factores del calentamiento global es la emisión de gases de efecto invernadero derivados de la extracción, transporte y consumo de hidrocarburos. El petróleo, el carbón y el gas natural continúan siendo la base energética de gran parte de la economía mundial. Esta dependencia energética ha permitido un extraordinario desarrollo industrial y tecnológico, pero al mismo tiempo ha generado una acumulación de dióxido de carbono y metano incompatible con la estabilidad climática del planeta.

Por ello, una de las tareas fundamentales de este siglo consiste en sustituir progresivamente la matriz energética basada en combustibles fósiles por energías renovables y menos contaminantes. La expansión de la energía solar, eólica, geotérmica, mareomotriz e hidráulica constituye un paso imprescindible para disminuir las emisiones globales. Sin embargo, esta transición energética no puede reducirse únicamente a un cambio tecnológico. Requiere enormes inversiones públicas, cooperación internacional y mecanismos de financiamiento que permitan a los países más pobres acceder a tecnologías limpias sin sacrificar sus posibilidades de desarrollo.

Además, la transición ecológica debe evitar reproducir nuevas formas de desigualdad. En ocasiones, ciertas economías industrializadas trasladan a los países periféricos los costos ambientales de la extracción de minerales estratégicos necesarios para las nuevas tecnologías verdes. La solución climática no puede construirse sobre nuevas formas de explotación humana y destrucción ecológica.

La crisis climática también revela los límites históricos de un modelo económico basado en el crecimiento ilimitado dentro de un planeta finito. Durante décadas, el éxito económico fue identificado casi exclusivamente con el aumento constante de la producción y de la inducción de patrones de consumo superfluos. Sin embargo, una economía sustentada en la expansión incesante del mercado y en el consumismo voraz permanente termina chocando inevitablemente con los límites ecológicos de la Tierra.

La contradicción es evidente: un sistema que necesita crecer infinitamente opera dentro de un mundo cuyos recursos naturales son limitados. De ahí que el problema climático no sea solamente energético, sino también civilizatorio.

Las soluciones deben orientarse hacia la construcción de una economía humanista y solidaria, sostenible y sustentable para las generaciones de hoy y las de mañana, donde la prioridad no sea únicamente la acumulación de riqueza, sino el bienestar colectivo, la equidad social y la preservación de la vida. Ello implica redefinir las nociones de progreso y desarrollo. El crecimiento económico carece de legitimidad cuando destruye ecosistemas, profundiza desigualdades y compromete las condiciones de existencia de las futuras generaciones.

En este sentido, una mejor distribución de la riqueza socialmente producida constituye también una política climática. Las sociedades profundamente desiguales suelen presentar mayores niveles de deterioro ambiental, porque amplios sectores de la población quedan excluidos de condiciones dignas de vida y sobreviven en medio de dinámicas de explotación y expoliación, así como del uso intensivo de los recursos naturales, más allá de lo que el planeta es capaz de proveer. Por ende, la lucha contra la pobreza y la desigualdad no es ajena a la lucha climática: ambas forman parte del mismo desafío histórico.

La complejidad del calentamiento global obliga asimismo a abandonar explicaciones simplistas. Los factores que originan la crisis climática son múltiples y están profundamente interrelacionados: energía, transporte, urbanización, agricultura industrial, deforestación, patrones culturales de consumo, concentración de riqueza, políticas públicas devienen completamente insuficientes, porque están basadas en formas de competencia voraz y desigual entre naciones y al interior de cada una de ellas; por eso mismo, este sistema fragmentado y fragmentario sabotea cualquier modelo de gobernanza, tanto internacional como al interior de cada sociedad, porque aplaca y desprecia la participación societal.

Frente a la complejidad, la falta de colaboración y la fragmentación de las sociedades, las soluciones deben apoyarse en enfoques inter y multidisciplinarios. Ninguna disciplina científica, por sí sola, puede resolver un problema de semejante magnitud. La ecología, la climatología deben dialogar permanentemente con la economía, la sociología, la ingeniería, la biología, la oceanografía, la agronomía, la ética y las ciencias políticas y sociales en general. Del mismo modo, el conocimiento científico necesita complementarse con saberes comunitarios e indígenas que históricamente hubiesen desarrollado formas más equilibradas de relación con la naturaleza.

El calentamiento global exige una nueva cultura de cooperación entre conocimientos, instituciones y sociedades.

Entre las políticas más urgentes destaca la necesidad de aumentar la captura y almacenamiento de carbono tanto en los ecosistemas terrestres como en los océanos. Los bosques, humedales, manglares, suelos agrícolas y ecosistemas marinos desempeñan un papel esencial como sumideros naturales de carbono. La destrucción de estos sistemas acelera la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera.

De ahí la importancia de impulsar vastos programas de reforestación y restauración ecológica, particularmente en regiones tropicales severamente afectadas por la deforestación. Sin embargo, no se trata simplemente de sembrar árboles de manera indiscriminada, sino de recuperar ecosistemas completos capaces de regenerar biodiversidad, proteger fuentes de agua y estabilizar suelos.

Igualmente, relevante es la protección de los océanos. Durante décadas, los mares han absorbido una parte significativa del exceso de calor y dióxido de carbono generado por las actividades humanas. Pero esta función tiene límites. La acidificación oceánica, el aumento de temperatura y la contaminación por plásticos y petróleo amenazan gravemente los ecosistemas marinos. La recuperación de manglares, pastos marinos y arrecifes coralinos puede contribuir significativamente a la fijación de carbono y a la protección costera frente a fenómenos climáticos extremos.

Otro eje fundamental consiste en transformar las ciudades y las formas de vida urbana. Actualmente, gran parte de las emisiones globales proviene de modelos urbanos dependientes del automóvil privado, del consumo energético excesivo y de una expansión desordenada del territorio. Las ciudades del futuro deberán priorizar el transporte público limpio, la movilidad peatonal y la ciclística, la eficiencia energética de las edificaciones y una planificación urbana orientada hacia la sostenibilidad.

Las guerras deben desaparecer de la faz de la tierra. El ser humano de todos los países debe ser capaz de encontrar mecanismos pacíficos para resolver sus conflictos y diferencias. Las dos guerras mundiales del siglo XX, más otras guerras regionales en el mismo siglo y en el actual, han dejado como herencia muertes por millones, desolación y más envenenamiento de la atmósfera de la tierra, mediante el uso de armas atómicas y otras de menor rango, pero letales también. Entre muertos y desaparecidos se cuentan no solamente los combatientes en los escenarios bélicos, sino también millones de niños inocentes, adultos mayores, mujeres abandonadas y personas con discapacidad. La humanidad debe sobreponerse a toda esa herencia y luchar cotidianamente por un mudo en el que predomine la paz y la capacidad de negociar soluciones pacíficas a sus diferencias. Esta es parte fundamental de la lucha por una nueva civilización en medio del caos generado por la crisis climática.

Nunca será suficiente insistir en que ninguna transformación será suficiente sin una profunda participación de una ciudadanía cada vez más educada en la protección de la naturaleza, de los ecosistemas, en una palabra, de la vida. La lucha contra el calentamiento global no puede quedar exclusivamente en manos de gobiernos, organismos internacionales o grandes corporaciones, que hasta el momento no atinan a encontrar una ruta segura que logre soluciones seguras para mitigar el cambio climático. Requiere, además, de sociedades activas, informadas y capaces de construir nuevas prácticas cotidianas.

Es crucial promover comunidades ecológicas y eco sustentables basadas en la participación democrática, la producción local, el consumo responsable y la solidaridad social. La educación ambiental desempeña aquí un papel decisivo. No se trata únicamente de transmitir información científica, sino de desarrollar una nueva conciencia ética sobre la relación entre humanidad y naturaleza.

Las transformaciones culturales son tan importantes como las tecnológicas. Una civilización organizada alrededor del hiperconsumo superfluo difícilmente podrá resolver una crisis derivada precisamente del exceso de consumo y la explotación. El desafío climático implica también revisar estilos de vida, redefinir necesidades y reconstruir vínculos comunitarios debilitados por décadas de individualismo extremo.

Por otra parte, la dimensión internacional del problema exige fortalecer los mecanismos de cooperación global. Ningún país, por poderoso que sea, puede resolver aisladamente la crisis climática. Las emisiones producidas en una región afectan al conjunto del planeta. De ahí la necesidad de acuerdos multilaterales vinculantes, financiamiento climático para los países más vulnerables y responsabilidades diferenciadas entre naciones industrializadas y países en desarrollo.

La justicia climática constituye un principio esencial. Las sociedades que históricamente más contribuyeron a las emisiones globales poseen una responsabilidad mayor en la financiación de soluciones y en la transferencia de tecnologías limpias. Resultaría éticamente inadmisible exigir iguales sacrificios a países pobres cuya contribución histórica al calentamiento ha sido mucho menor.

Finalmente, toda solución climática auténtica exige recuperar una visión ética de la relación entre humanidad y naturaleza. Durante siglos predominó una concepción basada en la dominación ilimitada del entorno natural. La naturaleza fue reducida a mera fuente de recursos disponibles para la explotación económica. La crisis actual demuestra los límites y peligros de esa visión.

La humanidad necesita reconstruir una relación más equilibrada con el planeta que habita. No se trata de renunciar al progreso científico ni tecnológico, sino de orientarlo hacia la preservación de la vida y el bienestar colectivo. El desafío del siglo XXI consiste precisamente en compatibilizar desarrollo humano, justicia social y sostenibilidad ecológica.

La lucha contra el calentamiento global no representa únicamente una tarea ambiental. Constituye una disputa por el tipo de civilización que la humanidad desea construir. De las decisiones tomadas en las próximas décadas dependerá no solo la estabilidad climática del planeta, sino también la posibilidad de una convivencia más justa, solidaria y sostenible entre los seres humanos y la naturaleza.

Crucitas: la ilusión de riqueza que produce el oro

Fernando Rodríguez Garro
Economista

Fernando Rodríguez Garro

Los conquistadores españoles se obsesionaron con el mito de El Dorado, que se fue distorsionando con el tiempo hasta llegar a ser la historia de una ciudad con riquezas inimaginables en oro. Esto los llevó a embarcarse en tareas increíbles, como la de tratar de drenar la Laguna de Guatavita a mediados del siglo XVI, a fin de comprobar la veracidad de la leyenda, lo que generó una cicatriz en la zona que aún hoy es visible y que pudo dañar de forma irreparable la riqueza ambiental del área que la rodea. Los conquistadores no encontraron El Dorado, ni lograron secar la Laguna de Guatavita, aunque finalmente mucho oro sí logró cruzar el Atlántico.

La comprensión que el mundo tenía de riqueza en ese entonces era muy particular, claramente la acumulación de metales preciosos tenía un papel central en ese concepto y el poder de las naciones se definía en función de la cantidad de “riquezas” en oro y plata que se pudieran acumular. Pero esto cambió, el mundo transformó su modo de producción y la revolución industrial vino a darle sustento a una visión que condensó adecuadamente Adam Smith en su obra “Investigación sobre la Naturaleza y Causas de la Riqueza de las Naciones”, cuando señalaba que la base de la riqueza de una nación está en la producción, el uso del trabajo productivo para la satisfacción de las necesidades de la población. Los metales preciosos son, en este concepto, un medio de cambio, pero no la fuente de la riqueza.

La discusión con la que hoy nos encontramos, sobre la minería de oro a cielo abierto en la zona norte de nuestro país, se distorsiona para promover un ideal de riqueza que desde hace 250 años la economía como disciplina científica dejó atrás. Si bien el oro extraído del suelo se puede comerciar y obtener de él recursos para invertir de distintas formas, ni esto por sí solo garantiza resultados distintos que hagan del proceso en la zona norte una panacea de desarrollo, ni cambiará el destino de la zona de Cutris y alrededores en el largo plazo.

Empecemos por el primer punto, hay muchas experiencias previas de países, o regiones, dedicadas a la explotación de oro, y otros recursos naturales, en que estas actividades no cambiaron sustancialmente su situación económica y, sobre todo, su nivel de desarrollo en el largo plazo. Si la explotación de oro planteada en Cutris será como se ha indicado hoy, gran parte del valor que generará la venta del oro no quedará en la comunidad, ni servirá para transformar mayor cosa en esa comunidad. La forma en la que se plantee el proceso, más allá del papel del oro en la transformación de las condiciones económicas de la zona, puede hacer que las cosas se vean distintas, para bien, o que no dejen ningún efecto beneficioso.

Ilustremos esto con un ejemplo. ¿Por qué si Noruega y el Reino Unido tenían acceso a la misma cuenca del Mar del Norte, obtuvieron resultados distintos de la exploración y extracción de petróleo? La respuesta en sencillo es la forma en que lo planteó Noruega, su estrategia se basa en el control público estricto de estas actividades, impuestos elevados a las empresas que participan de la extracción del petróleo, que llegan al 78% de sus ganancias netas, y la constitución de un gigantesco fondo de inversión global, que es la fuente de recursos que alimenta la economía noruega. Para obtener en nuestro caso resultados distintos, como los obtenidos por Noruega, tendríamos que hacer las cosas de otra manera, que dista mucho de lo que se está planteando hoy con la minería de oro a cielo abierto.

Por otro lado, ¿puede garantizar este proceso un cambio en las condiciones de desarrollo de la zona norte del país? No, siguiendo el planteamiento que define lo que es riqueza, las condiciones de producción de riqueza en la zona no cambiarán, no habrá una modificación de sus fuerzas productivas, ni en las condiciones de competitividad, ni una transformación de los procesos de producción que permitan sumar más valor agregado a las actividades económicas en esa región. El día que el oro no esté, que se haya agotado su explotación, nos quedarán los resultados del proceso, los buenos y los malos, incluyendo en esto último los impactos ambientales, pero nada más, no habrá ninguna transformación sustancial que cambie el destino de las personas de esa zona.

Esto lo entendieron los países petroleros del Golfo Pérsico hace un tiempo, cuando supieron que los recursos obtenidos por las ventas de este hidrocarburo debían invertirse en cambiar las cosas dentro de sus países. Sin embargo, la situación actual en esa región del planeta demuestra que su posición aún es endeble, sus economías siguen muy vinculadas a la exportación de gas y petróleo, y si su comercialización se ve afectada por situaciones como la que viven hoy, sufren de forma importante. Ese es el problema de suponer que podemos depender de un recurso natural, para solucionar los problemas que las estrategias de desarrollo de las últimas décadas no lograron.

Si la explotación del oro no cambia la realidad de las fuerzas productivas de la zona, si esos recursos no se invierten en fortalecer la educación de sus niños y jóvenes, en mejorar la infraestructura pública de la región norte, en más y mejores caminos, en mejorar la velocidad de conexión a la red de internet, en más y mejor infraestructura de salud, incluso en una ferrovía que conecte la zona norte con el área portuaria del Caribe costarricense, no habrá nada distinto el día que el oro se acabe, salvo el previsible impacto ambiental.

Y es que esto tampoco se habla de forma abierta, pues la ilusión de riqueza que el oro produce, no se contrapone al costo ambiental que produciría la exploración del oro en gran escala, impacto que reduciría los beneficios a la población por los servicios ambientales que la zona eventualmente impactada produce hoy día. ¿Cuánto será el costo ambiental de esa exploración, en comparación con el pírrico 5% de los ingresos de la actividad que se quedarán en el país como renta del oro extraído?

Sin entender cómo realmente se produce la riqueza, o sin ver el impacto que el costo ambiental puede tener en nuestras actividades diarias, incluyendo la producción en el largo plazo, lo que estamos haciendo por el momento es engañarnos con el oro como una solución a los problemas de una región que urge de respuestas.

Coalición por los pasos de fauna

Los pasos de fauna no pueden esperar

El Proyecto de Ley de Pasos de Fauna, expediente 23.166, enfrenta un momento decisivo. Aunque ya fue aprobado en primer debate en la Asamblea Legislativa, el proyecto podría archivarse si no se aprueba la moción de plazo cuatrienal presentada el día de hoy, necesaria para extender por cuatro años más la vigencia legislativa del expediente y permitir su avance hacia el segundo debate.

Permitir que este proyecto sea archivado sería un grave retroceso para Costa Rica y una nueva deuda con su biodiversidad. La falta de una legislación específica sobre pasos de fauna ya no puede verse como una omisión menor, sino como la ausencia de acciones concretas y la falta de voluntad frente a una problemática ampliamente documentada y prevenible.

Mientras esta ley continúa estancada, la fauna silvestre muere diariamente como consecuencia de la fragmentación de bosques, la tala y la falta de planificación ambiental en el desarrollo de infraestructura vial y urbana.

La magnitud del problema es alarmante:

A través de una recopilación de estudios realizados en Costa Rica, la Universidad Latina compiló más de 19.000 registros de atropellos de animales silvestres.

Solo en la Ruta 253, durante el 2019 en un tramo de 20 km, entre Comunidad y Papagayo, se tiene un estimado anual de 7.000 atropellos de vida silvestre.

Entre 2011 y 2025, la asociación SalveMonos registró 1.552 accidentes de fauna silvestre, de los cuales 994 corresponden a electrocuciones y 153 a atropellos. Del total, cerca del 85% involucra primates.

Asimismo, según datos de Vías Amigables con la Vida Silvestre, Centro de Rescate y Santuario Las Pumas y Panthera, entre 2012 y 2025 se registraron 676 atropellos de felinos silvestres en rutas nacionales, siendo el manigordo la especie más afectada, con 482 casos documentados.

Los pasos de fauna salvan vidas.

La asociación SalveMonos ha instalado 313 puentes de fauna arbórea en los cantones de Santa Cruz y Carrillo. Como parte de su implementación, se colocaron cámaras de monitoreo para evaluar su efectividad, generando amplia evidencia documental sobre su uso constante, en especial del mono aullador.

Registro de monos aulladores utilizando un paso de fauna aéreo en Guanacaste. Imagen cortesía de SalveMonos.

Además, el Protocolo de Monitoreo de Pasos de Fauna, elaborado por Panthera y el Banco Interamericano de Desarrollo, reporta a partir de 19 estudios realizados en Costa Rica entre el 2011 y el 2023, que se documentan 59 especies utilizando pasos de fauna, evidenciando su funcionalidad para reducir impactos sobre la fauna silvestre y restaurar la conectividad ecológica.

Las organizaciones firmantes hacemos un llamado urgente a las diputadas y diputados de todas las fracciones para que aprueben la moción de plazo y permitan que este proyecto continúe su camino hacia el segundo debate y su eventual aprobación como ley de la República.

También hacemos un llamado a la ciudadanía, organizaciones, comunidades y sectores comprometidos con la biodiversidad a comunicarse con las distintas fracciones legislativas y exigir que este proyecto no sea archivado.

La protección de la fauna silvestre no puede seguir postergándose.

Puede bajar desde SURCOS el documento Estado del Impacto Vial y Medidas Ambientales para la Vida Silvestre, Costa Rica

Organizaciones firmantes:

SalveMonos Costa Rica

Savage Lands

APREFLOFAS

Alturas Wildlife Rescue Costa Rica

Verde Mar

Alianza Escazú

Bloque Verde

GuanaDefensoras

Corredor Biológico Paso de la Danta

Observatorio de Derechos Humanos y Naturaleza

● The Leatherback Trust

● Comité Punta Pelencho

Asociación Civil Pro Natura

Un Puerto Limpio

Asociación de Desarrollo Específico para la Conservación del Medio Ambiente Playa Grande

Asociación Nandamojo

Sol Sanctuary

Antigentrificación

Asociación de Desarrollo de Playa Brasilito

Fundación Halfway Home Tamarindo

Mercado Bahía Ballena

Fundación Fogaus

Asociación de Desarrollo de Playa Potrero

Coalición Floresta

Colectivo Ecologista Liberiano

Fundación Orgánica

Asociación Sostenibilidad en Grande

Defensores de la Casa Común

Asociación Ojo de Agua Legado Ancestral

Red de Juventudes y Cambio Climático de Costa Rica

Organizaciones piden aprobar proyecto de ley sobre pasos de fauna y alertan sobre muerte masiva de animales en carreteras

Diversas organizaciones ambientales y personas defensoras de la vida silvestre solicitaron a la Asamblea Legislativa ampliar el plazo de discusión y aprobar el proyecto de ley No. 23.166, orientado a garantizar la incorporación de pasos de fauna en obras de infraestructura vial en Costa Rica.

La solicitud fue impulsada por la Comisión Vías y Vida Silvestre de la UNED (CVVS-UNED), junto con sectores ecologistas vinculados al Frente Ambiental del Frente Amplio y organizaciones conservacionistas.

Según el pronunciamiento enviado a diputadas y diputados, la ausencia de pasos de fauna ha provocado una creciente mortalidad de animales silvestres en carreteras nacionales, situación que consideran ya constituye una amenaza para la biodiversidad y la conectividad ecológica del país.

El proyecto de ley busca incorporar medidas obligatorias de protección de fauna silvestre dentro de las obras de infraestructura vial, incluyendo pasos aéreos, subterráneos y otras soluciones de conectividad ecológica.

La Comisión Vías y Vida Silvestre recordó que actualmente “están muriendo más animales silvestres en nuestras carreteras que por la cacería”.

Como parte de la campaña, se compartieron materiales audiovisuales elaborados por la UNED sobre atropello de fauna silvestre y prevención en carreteras.

Además, las organizaciones insistieron en la necesidad de que el proyecto vial de ampliación de la Ruta 1 San José-San Ramón incorpore pasos de fauna desde sus etapas de diseño y evaluación ambiental.

En una carta enviada el 16 de abril de 2026 al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, al viceministerio y al CONAVI, la Comisión Vías y Vida Silvestre consultó formalmente si el proyecto contempla pasos de fauna aéreos, subterráneos y mixtos, y cuántas estructuras de este tipo se encuentran previstas.

La organización recordó que la Ruta 1 atraviesa importantes corredores biológicos y señaló que la Sala Constitucional ya había indicado anteriormente la necesidad de contemplar medidas de protección de fauna silvestre para esta vía.

Entre los antecedentes citados destaca la resolución de la Sala Constitucional relacionada con el proyecto del corredor vial San José-San Ramón. En ella se reconoce que la Ruta 1 atraviesa tres corredores biológicos: Garcimuñoz, El Achiote y Montes de Aguacate.

La resolución también establece que el Estudio de Impacto Ambiental deberá determinar la necesidad de incorporar pasos o cruces de fauna silvestre como parte del diseño del proyecto vial.

Asimismo, SETENA indicó dentro de los términos de referencia del estudio ambiental que deben evaluarse corredores biológicos, fragilidad de ecosistemas y medidas de protección asociadas a la conectividad ecológica.

Aunque la Sala Constitucional declaró sin lugar el recurso presentado en 2021 debido a que el proyecto aún se encontraba en una fase inicial, el tribunal dejó claro que los pasos de fauna deberán ser incorporados en el diseño del proyecto una vez presentado el Estudio de Impacto Ambiental.

Las organizaciones ambientalistas advierten que el país enfrenta un proceso creciente de “defaunización” de los bosques, producto de la expansión vial, incendios forestales, cacería y cambio climático. Por ello, consideran urgente aprobar legislación que garantice infraestructura amigable con la vida silvestre y reduzca la mortalidad animal en carreteras.

Desde el Frente Nacional Ecologista del Frente Amplio se respaldó la solicitud de ampliar el plazo legislativo del expediente 23.166 y se pidió su pronta aprobación “para proteger y conservar la vida silvestre”. También señalaron la necesidad de detener las muertes de animales tanto por atropellos como por electrocuciones.

Carta a la presidenta Fernández cuestiona mora ambiental del Poder Ejecutivo y pide acciones inmediatas

La Asociación Confraternidad Guanacasteca dirigió una carta pública a la presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, en la que cuestiona la mora e inacción dentro del propio Poder Ejecutivo en materia de justicia ambiental, particularmente en el funcionamiento del Tribunal Ambiental Administrativo (TAA).

El documento, firmado por Gad Amit Kaufman en representación de la organización, reconoce inicialmente las manifestaciones públicas de la mandataria sobre la necesidad de enfrentar la mora judicial en Costa Rica y comparte la importancia de impulsar transformaciones estructurales en el sistema de justicia. Sin embargo, la carta enfatiza que esa problemática no se limita al Poder Judicial y que también afecta gravemente órganos bajo responsabilidad directa del Ejecutivo.

La organización señala específicamente al Tribunal Ambiental Administrativo, órgano desconcentrado del Ministerio de Ambiente y Energía, como ejemplo de expedientes paralizados durante años, recursos sin resolver y ausencia de respuestas oportunas a la ciudadanía.

Como caso emblemático, la carta expone la denuncia ambiental presentada contra el Hotel Riu Guanacaste bajo el expediente 174-09-03, interpuesta hace más de diecisiete años. Según el documento, el expediente requirió incluso recursos ante la Sala Constitucional para lograr avances procesales.

La organización recuerda que una resolución constitucional emitida en octubre de 2024 ordenó a Laura Fernández Delgado —entonces ministra de la Presidencia y representante del Consejo Nacional Ambiental— nombrar a los integrantes faltantes del TAA, situación que finalmente permitió que el Tribunal dictara sentencia el 25 de noviembre de 2025.

Dicha resolución declaró con lugar la mayoría de los cargos relacionados con daños ambientales causados al manglar, al bosque y a una quebrada por actividades vinculadas con el proyecto hotelero. No obstante, la organización denuncia que actualmente continúan pendientes la resolución de medidas cautelares y recursos de apelación, reproduciendo nuevamente la dinámica de retraso institucional.

La carta plantea tres solicitudes concretas al Poder Ejecutivo:

  • que el MINAE adopte medidas administrativas y asigne recursos humanos suficientes para agilizar la resolución del expediente;
  • que se establezcan métricas de rendimiento y plazos máximos para resolver casos en el TAA;
  • y que se garantice permanentemente la existencia de jueces titulares y suplentes debidamente nombrados para evitar nuevas parálisis institucionales.

El texto concluye señalando que la exigencia de rendición de cuentas y eficiencia institucional promovida por la Presidencia debe aplicarse también dentro del propio Poder Ejecutivo.

A continuación, se reproduce íntegramente la carta:

San José, Costa Rica, 16 mayo de 2025

Señora
LAURA FERNÁNDEZ DELGADO
Presidenta de la República de Costa Rica

Asunto: Mora en el Tribunal Ambiental Administrativo — Solicitud de ejecución de sentencia N° 1403-2005-TAA (Caso HOTEL RIU GUANACASTE)

Estimada señora Presidenta:

Nos dirigimos a usted con el mayor respeto institucional, para manifestarle, en primer lugar, nuestro pleno respaldo a la preocupación que ha externado públicamente en torno a la mora en la administración de justicia. Compartimos ese anhelo ciudadano de una justicia pronta y cumplida, que es además una garantía constitucional consagrada en el artículo 41 de nuestra Carta Magna.

Reconocemos, al mismo tiempo, que la transformación estructural del Poder Judicial es una tarea que corresponde, en virtud del principio de separación de poderes, a la Asamblea Legislativa y a la propia Corte Suprema de Justicia. En ese sentido, compartimos el deseo de que se impulse una reforma legislativa profunda al respecto, y confiamos en que su voz como jerarca del Ejecutivo contribuirá a colocar ese debate en la agenda nacional.

Sin embargo, señora Presidenta, la mora judicial no es exclusiva del Poder Judicial. El problema existe también —y de forma igualmente grave— dentro del propio Poder Ejecutivo, en órganos que están bajo su directa autoridad y respecto de los cuales usted sí cuenta con plenas potestades de dirección, organización y control.

Nos referimos concretamente al Tribunal Ambiental Administrativo (TAA), órgano desconcentrado del Ministerio de Ambiente y Energía, cuya gestión refleja exactamente la misma patología que usted ha señalado en el Poder Judicial: expedientes que duermen por años, recursos sin resolver, y una ciudadanía que agota todas las vías —incluyendo el amparo constitucional— para obtener una respuesta que nunca llega.

El caso que le presentamos lo ilustra con absoluta claridad. La denuncia ambiental N° 174-09-03 contra el HOTEL RIU GUANACASTE fue interpuesta hace más de diecisiete años. Fue necesario recurrir en dos ocasiones a la Sala Constitucional para que el expediente siquiera avanzara. La segunda de esas resoluciones, la Res. N° 2024029778 del 11 de octubre de 2024 (Exp. 24-020676-0007-CO), ordenó precisamente a usted, en su entonces condición de Ministra de la Presidencia y representante del Consejo Nacional Ambiental, designar a los miembros faltantes del TAA. Lo hizo con prontitud, y se lo reconocemos públicamente.

Gracias a esa actuación, el Tribunal pudo finalmente emitir su sentencia el 25 de noviembre de 2025. Esa resolución declaró con lugar la gran mayoría de los cargos formulados, ordenando la reparación de los daños causados al manglar, el bosque y la quebrada afectados por la actividad hotelera.

Hoy, meses después de dictada esa sentencia, nos encontramos nuevamente en espera: pendiente la resolución de las medidas cautelares y la apelación planteada por el Hotel. La historia amenaza con repetirse.

Es por ello que nos permitimos dirigirnos a usted, señora Presidenta, con una solicitud concreta y dentro del ámbito estrictamente ejecutivo:

Primero. Que se instruya al Ministerio de Ambiente y Energía para que, en ejercicio de su función de órgano superior jerárquico, adopte las medidas administrativas necesarias —incluyendo la asignación de recursos humanos y, de ser preciso, la habilitación de jornadas extraordinarias— para que el TAA resuelva con la debida diligencia las actuaciones pendientes en el expediente N° 174-09-03.

Segundo. Que se establezcan, por vía reglamentaria o mediante directriz administrativa, métricas de rendimiento y plazos máximos de resolución para los expedientes en trámite ante el TAA, de manera que la ciudadanía cuente con certeza sobre los tiempos de respuesta y el Ejecutivo pueda ejercer un control real de gestión sobre ese órgano.

Tercero. Que se adopten las disposiciones pertinentes para garantizar que el TAA cuente siempre con jueces titulares y sustitutos debidamente nombrados, evitando la parálisis institucional que afectó este expediente y, con él, a todos los demás en trámite.

Señora Presidenta: usted ha convocado a otros poderes del Estado a rendir cuentas sobre la mora judicial. Es ese mismo espíritu —y no la crítica— el que nos impulsa a señalar que la reforma más urgente bien puede comenzar en casa, dentro del Poder Ejecutivo, donde su autoridad es plena y sus instrumentos de acción son inmediatos.

La sentencia N° 1403-2005-TAA existe. Fue dictada tras diecisiete años de lucha. Merece ser ejecutada con la misma energía institucional con que usted exige justicia a los demás.

Con las muestras de nuestra más alta consideración,

GAD AMIT KAUFMAN
En representación de la
ASOCIACIÓN CONFRATERNIDAD GUANACASTECA

Debatirán futuro del Cerro Chompipe y la protección del agua en Heredia

Organizaciones ambientales, especialistas en gestión hídrica y representación legislativa participarán en un foro público sobre las disputas en torno al Cerro Chompipe, un territorio estratégico para la conservación ecológica y la protección de fuentes de agua en la provincia de Heredia. El encuentro surge en medio de la creciente preocupación por la propuesta impulsada por la Municipalidad de San Rafael de Heredia bajo la figura de “Monumento Natural”, iniciativa que contempla infraestructura recreativa dentro de una zona de alta fragilidad ambiental e hidrogeológica.

El Cerro Chompipe forma parte del Parque Nacional Braulio Carrillo y cuenta con un régimen especial de protección desde el siglo XIX. Además, constituye una importante zona de recarga acuífera para el abastecimiento de agua de amplios sectores de la Gran Área Metropolitana. Diversas organizaciones y personas expertas han advertido que cualquier intervención en este ecosistema debe analizarse con rigurosidad técnica y jurídica, debido a sus implicaciones para la seguridad hídrica regional y la conservación de bosques de alta importancia ecológica.

La discusión también se intensificó tras la decisión del alcalde de rechazar la recomendación del Concejo Municipal de trasladar aproximadamente 155 hectáreas al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), medida orientada a fortalecer la protección formal del área.

El foro abordará temas como la efectividad de las figuras legales de conservación, la protección del recurso hídrico frente a proyectos de desarrollo y la necesidad de garantizar transparencia, estudios técnicos y participación ciudadana en decisiones de alto impacto ambiental.

Entre las personas participantes estarán el Lic. José Francisco Alfaro, del Colectivo de Ciudadanos de San Rafael de Heredia (CONCEVERDE); el Ing. Roberto Ramírez, director de Investigación y Gestión Hídrica del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA); y María Eugenia Román, diputada herediana.

La Municipalidad de San Rafael de Heredia y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) también fueron invitados al espacio; sin embargo, ambas instituciones declinaron su participación.

Las organizaciones convocantes señalan que el objetivo principal del foro es promover un diálogo público informado y basado en evidencia técnica, jurídica y científica sobre el futuro de uno de los territorios más importantes para la protección del agua y los ecosistemas en Heredia. El evento busca además fortalecer el debate ciudadano sobre la gestión de bienes ambientales estratégicos y la responsabilidad de las instituciones públicas en la protección de recursos esenciales para las generaciones presentes y futuras.

El foro es organizado por la Alianza por una Vida Digna, SURCOS Digital, el proyecto Geografía y Diálogo de Saberes de la Escuela de Geografía de la UCR y Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social UCR. La actividad será virtual y se transmitirá a través de SURCOS Digital en Facebook.

Programa Kioscos Socioambientales
Universidad de Costa Rica

Foro analizará disputas por la protección hídrica y la conservación del Cerro Chompipe

La Alianza por una Vida Digna, junto con la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica, el proyecto Geografía y Diálogo de Saberes UCR, Kioscos Socioambientales y SURCOS Digital, realizarán el foro en vivo “Cerro Chompipe: disputas por la protección hídrica y la conservación del ecosistema”.

La actividad se transmitirá el lunes 18 de mayo a las 6:00 p.m. mediante Facebook Live de SURCOS Digital.

El espacio busca abordar las tensiones y desafíos relacionados con la protección del recurso hídrico y la conservación ambiental en el Cerro Chompipe, ubicado en San Rafael de Heredia.

Participarán en el foro:

  • José Francisco Alfaro, integrante del Colectivo CONCEVERDE de San Rafael de Heredia.

  • María Eugenia Román, diputada.

  • Roberto Ramírez, de la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica del SENARA.

Las organizaciones convocantes señalaron que el foro pretende generar reflexión pública sobre las disputas socioambientales vinculadas con la protección del agua y los ecosistemas estratégicos del país.