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Obispos llaman a soluciones integrales en Crucitas sin sacrificar la vida ni la naturaleza

La Conferencia Episcopal de Costa Rica emitió un mensaje sobre la situación de Crucitas, en Cutris de San Carlos, en el que advierte que la problemática no es únicamente ambiental o social, sino una crisis socioambiental compleja que exige respuestas integrales. Desde la Doctrina Social de la Iglesia, los obispos llaman a no normalizar la minería ilegal ni sus impactos, a fortalecer la presencia del Estado y a promover soluciones basadas en el bien común, el diálogo participativo, la dignidad humana y el cuidado responsable de la creación.


Mensaje de los Obispos de la Conferencia Episcopal de Costa Rica sobre la realidad de Crucitas, Cutris de San Carlos:

No hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social,
sino una sola y compleja crisis socioambiental
.” (Laudato Si´, 139)

Ante la realidad presente en Crucitas, distrito de Cutris de San Carlos, Zona Norte de nuestro país, deseamos ofrecer una palabra de orientación que brota de nuestra misión pastoral y de la Doctrina Social de la Iglesia, mirando al bien integral de la persona humana y de la creación.

Durante más de veinte años, la zona ha sufrido las consecuencias de la minería ilegal: deforestación, contaminación de fuentes de agua, deterioro del tejido social, violencia e inseguridad. Esta realidad no puede normalizarse ni perpetuarse. El abandono del territorio y la ausencia de soluciones eficaces han provocado dolor en muchas familias y han expuesto la riqueza natural a graves daños. La indiferencia no es una opción moralmente válida.

Al mismo tiempo, la Iglesia recuerda que el desarrollo auténtico no puede construirse sacrificando la casa común ni poniendo en riesgo la vida y la salud de las comunidades. La experiencia histórica y los principios del Magisterio de la Iglesia nos enseñan que el progreso económico debe estar siempre subordinado a la dignidad humana, al destino universal de los bienes y al cuidado responsable de la creación.

En su Encíclica Caritas in Veritate, el Papa Benedicto XVI dejaba en claro el equilibrio que debe existir en la relación del hombre con el ambiente natural: “El tema del desarrollo está también muy unido hoy a los deberes que nacen de la relación del hombre con el ambiente natural. Éste es un don de Dios para todos, y su uso representa para nosotros una responsabilidad para con los pobres, las generaciones futuras y toda la humanidad. Cuando se considera la naturaleza, y en primer lugar al ser humano, fruto del azar o del determinismo evolutivo, disminuye el sentido de la responsabilidad en las conciencias. El creyente reconoce en la naturaleza el maravilloso resultado de la intervención creadora de Dios, que el hombre puede utilizar responsablemente para satisfacer sus legítimas necesidades -materiales e inmateriales- respetando el equilibrio inherente a la creación misma. Si se desvanece esta visión, se acaba por considerar la naturaleza como un tabú intocable o, al contrario, por abusar de ella. Ambas posturas no son conformes con la visión cristiana de la naturaleza, fruto de la creación de Dios”, n. 48.

Por ello, invitamos a que cualquier decisión que se tome sea fruto de un diálogo amplio, transparente y participativo, donde se escuche a las comunidades locales, a expertos independientes y a todos los sectores involucrados. Se requiere un discernimiento serio que considere no solo los beneficios económicos inmediatos, sino también los impactos ambientales, sociales y culturales a corto, mediano y largo plazo.

La superación de la minería ilegal y de la violencia asociada exige una presencia efectiva del Estado, políticas públicas claras, alternativas laborales sostenibles y un compromiso real con la legalidad. Enfrentar el crimen no puede implicar decisiones que pongan en riesgo irreversible el patrimonio natural que pertenece a todos.

La Iglesia no es instancia técnica ni política, expresa sí la conciencia ética que recuerda que toda decisión debe orientarse al bien común. Animamos a las autoridades y a la sociedad costarricense a buscar soluciones integrales que protejan la vida, restauren el orden, promuevan oportunidades dignas de trabajo y salvaguarden la riqueza natural que hemos recibido como don y responsabilidad.

Que este momento sea ocasión para renovar el compromiso con un desarrollo verdaderamente humano, solidario y sostenible, donde la justicia, la paz social y el cuidado de la creación caminen siempre unidos.

En San José a 14 de abril del 2026.

Javier Román Arias
Obispo de Limón
Presidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica

Bartolomé Buigues Oller
Obispo de Alajuela
Secretario General de la Conferencia Episcopal de Costa Rica

El río también recuerda

Observatorio de Bienes Comunes

Lo que parece una simple limpieza de río, en realidad es mucho más: memoria viva, encuentro comunitario y defensa del territorio.

En Los Chorros, cada bolsa de residuos que se retira también revela algo más profundo: historias, luchas y decisiones colectivas que han hecho posible que este lugar siga siendo fuente de vida.

Algunas ideas clave:

* Limpiar el río también es recordar su historia.

* El río no es solo agua: es vida, comunidad y sustento.

* Este lugar existe gracias a personas que lo han defendido.

* Conocer la historia nos ayuda a cuidar mejor el territorio.

* Cuidar el río es también cuidar a la comunidad.

Defender los bienes comunes empieza por reconocer que somos parte del territorio y de su historia.

Leé la nota completa aquí:
https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/el-rio-tambien-recuerda-memoria-y-comunidad-en-los-chorros/

UCR invita a taller participativo sobre manejo de fauna silvestre y normativa ambiental

La Universidad de Costa Rica (UCR, a través de la Vicerrectoría de Acción Social y el programa Kioscos Socioambientales, invita al Taller participativo sobre manejo de fauna y reglamentos, un espacio orientado a promover el conocimiento y la convivencia responsable con la fauna silvestre.

La actividad se realizará el miércoles 15 de abril, de 4:00 p.m. a 6:00 p.m., en la Sala Multimedia de la Facultad de Ciencias Sociales (primer piso), en la Ciudad de la Investigación.

Formación para la convivencia con la vida silvestre

El taller busca generar un espacio de diálogo y aprendizaje sobre las prácticas adecuadas para el manejo de fauna silvestre, así como sobre la normativa que regula su protección. La iniciativa parte de la premisa de que convivir responsablemente con la biodiversidad implica también conocer las leyes y reglamentos que resguardan estos ecosistemas.

En este sentido, la actividad pretende fortalecer capacidades en las comunidades para actuar de manera informada frente a situaciones relacionadas con la fauna, promoviendo el respeto por la vida silvestre y la conservación de los territorios.

Facilitación especializada

El taller será facilitado por Edgar Castrillo, de la Unidad Especial de Protección y Rescate Animal (UESPRA), quien aportará su experiencia en el manejo y rescate de fauna, así como en la aplicación de normativa ambiental.

Espacio abierto a la comunidad

La convocatoria está dirigida a personas interesadas en temas socioambientales, estudiantes y comunidades que buscan fortalecer sus conocimientos y prácticas en relación con la protección de la fauna silvestre.

Esta actividad forma parte de los esfuerzos de la UCR por promover la educación ambiental y el vínculo entre la academia y las comunidades en la defensa de la biodiversidad.

Convocan a jornada “Picnic en el río Chirripó” en defensa de los ríos

En el marco de la 10ma Jornada Nacional de Acción por los Ríos 2026, organizaciones ambientalistas invitan a participar en la actividad “Picnic en el río Chirripó”, un espacio de encuentro comunitario que promueve el disfrute responsable y la protección de los ecosistemas acuáticos.

La actividad se realizará el domingo 19 de abril, de 8:00 a.m. a 12:00 mediodía, en Chimirol de Rivas, Pérez Zeledón, específicamente en el puente de entrada a San Francisco.

Encuentro comunitario en torno al río

El evento propone una jornada recreativa y educativa bajo el formato de picnic, donde las personas participantes podrán compartir en contacto con la naturaleza. Entre las actividades previstas se incluyen juegos y espacios de convivencia, con el objetivo de fortalecer la relación entre las comunidades y los ríos.

La invitación es a asistir con merienda propia y disfrutar del entorno natural, promoviendo prácticas responsables con el ambiente.

Llamado a la responsabilidad ambiental

Como parte central de la actividad, se hace un llamado a evitar el uso de plásticos de un solo uso y a gestionar adecuadamente los residuos, fomentando hábitos que contribuyan a la conservación de los ríos.

Las personas organizadoras enfatizan la importancia de asumir un compromiso individual y colectivo con la protección de estos ecosistemas, fundamentales para la vida y el bienestar de las comunidades.

Organización y apoyo

La actividad es organizada por la organización ambientalista Montaña Verde, con el apoyo del Observatorio Ciudadano del Agua y Río Chirripó Pacífico, así como la participación de iniciativas como Río Urbano, Bandera Azul Ecológica y Ríos Limpios.

Para más información, se encuentra disponible el número telefónico 8682-3299.

La lógica de la ganancia frente a la lógica de la vida

Alberto Salom Echeverría
albertolsalom@gmail.com

La crisis climática no es exclusivamente, en su raíz, un problema ambiental. Es el síntoma más visible de una forma de civilización que ha organizado la vida —y no solo la economía— en torno a la ganancia. Y es esta forma de vida, eminentemente consumista y en gran medida devoradora de todo lo que existe, la que ha dado lugar a la crisis ambiental que hoy padecemos, derivada del calentamiento global.

Por vez primera en la historia, no digamos de la especie humana, sino del Planeta, se ha desatado una crisis climática, que amenaza la vida misma en todas sus formas y manifestaciones, la cual tiene un origen antropocéntrico; es decir, esta crisis ha sido y cada vez más es un colapso que reviste un origen humano.

Es paradójico, pero es real. La especie sobre la tierra que ha sido capaz de desarrollar la mayor inteligencia; la que ha construido grandes civilizaciones desde hace entre 5.500 a 5.000 años (entre 3.500 a 3.000 años antes de la era cristiana); es también la que inventó la escritura, el arte, la música, el lenguaje, la que hoy visita el espacio exterior; es al mismo tiempo la que ha llegado a desatar las guerras más destructivas, la que ha creado la actual civilización de la era industrial consumista y, hoy tiene en vilo a la humanidad entera, merced a la producción de los hidrocarburos más contaminantes de la atmósfera de la tierra, de los océanos, de los bosques y, que ha logrado poner en riesgo la vida misma de la propia especie humana, así como las demás formas de vida del resto de las especies vivientes.

Durante más de dos siglos, una idea ha orientado el rumbo del mundo: crecer es siempre bueno, y crecer más es mejor. Bajo esa premisa se levantaron fábricas, se expandieron ciudades, se acortaron distancias y se multiplicaron los bienes materiales. Pero también, silenciosamente, se fue incubando un desequilibrio profundo entre la actividad humana y los sistemas naturales que la sostienen.

El carbón primero, el petróleo después, y el gas en tiempos más recientes, han sido los combustibles de esa expansión. No solo movieron máquinas: moldearon sociedades enteras. La abundancia energética permitió imaginar un mundo sin límites visibles. Pero esos límites no desaparecieron; fueron desplazados, ocultos, postergados.

Hoy regresan: se manifiestan en sequías que agrietan la tierra y comprometen cosechas en regiones enteras de Centroamérica; en inundaciones que obligan a comunidades a abandonar sus hogares en Asia; en incendios forestales que devoran millones de hectáreas en lugares tan distantes como California o Australia. Lo extraordinario se vuelve cotidiano. Lo improbable, frecuente.

La naturaleza, durante mucho tiempo tratada como un telón de fondo, irrumpe ahora como protagonista de desastres. Pero no lo hace de manera neutral. Su irrupción desnuda una lógica: la lógica de la ganancia.

Porque el problema no es solo cuánto producimos, sino cómo y para qué producimos. La persistencia del modelo basado en combustibles fósiles no responde a desconocimiento. La evidencia científica ha sido clara durante décadas. Lo que está en juego son intereses: estructuras económicas que han convertido la explotación intensiva de la naturaleza en fuente de riqueza y poder.

Sin embargo, reducir esta lógica a una mera cuestión económica sería insuficiente. La ganancia no es solo un resultado; es un principio organizador de la vida social. Define aspiraciones, orienta deseos, modela imaginarios. No se trata únicamente de un sistema que produce mercancías, sino de un sistema que necesita producir sujetos que deseen consumirlas.

Se nos ha enseñado, de múltiples formas, que vivir mejor es consumir más.

Basta observar un objeto cotidiano: el teléfono móvil. Diseñado para ser reemplazado en pocos años, incluso cuando podría durar mucho más, se convierte en símbolo de una cultura donde lo nuevo desplaza rápidamente a lo útil. La obsolescencia no es un accidente técnico, no desaparece porque se estropea; es una decisión económica que se traduce en más extracción de minerales, más energía consumida, más residuos acumulados.

Algo similar ocurre con el transporte en muchas ciudades. El automóvil individual, elevado a símbolo de progreso, ha configurado espacios urbanos extensos y fragmentados. Millones de personas pasan horas diarias desplazándose, quemando combustibles fósiles, respirando aire contaminado. No se trata simplemente de una elección individual: es el resultado de una forma de organizar la vida colectiva.

Las clases dominantes de ese sistema hiper dominante, el capitalismo, son las responsables de haber entretejido una trama política, social, económica y cultural, donde habitamos todos como individuos esencialmente adictos al consumo, un modo de vida del que nadie por sí solo puede escapar, pero, cuyos efectos van paulatina y progresivamente minando la vida misma y, por lo tanto, la vida social se consume, se fagocita a sí misma.

Un proceso destructivo o de autofagia que, en la naturaleza sólo se da cuando el proceso se desregula y el organismo termina devorándose a sí mismo. Se trata de una situación peculiar, extraña en la naturaleza misma, donde el mecanismo que debería sostener la vida, para reciclarse, se ha vuelto tan intenso o desregulado que tiende a su propia destrucción. Se trata por ende de una civilización (la nuestra por desgracia) que, expande su propio poder material mientras reduce las condiciones ecológicas, sociales y simbólicas que la hacen viable. La sociedad actúa como una especie de organismo que devora su propio sustento. El ejemplo más claro es precisamente la crisis del clima; el modelo energético que permitió el desarrollo es el mismo que hoy amenaza su continuidad. En psicología, Freud habló y estudió la tensión que se produce en la vida humana entre el principio de vida o Eros versus el Tánatos o, pulsión de muerte. Es en este ejemplo, como si dijéramos que, el Tánatos se impone sobre el principio de vida o Eros, acarreando la muerte del propio ser humano.

Desde luego, mi optimismo me lleva a pensar que la humanidad podrá sobreponerse a esta circunstancia tan adversa. Hablaré sobre esto en un próximo capítulo de mi trabajo sobre la crisis climática.

Ahora bien, esta “racionalidad auto devoradora” no ha sido exclusiva de las economías capitalistas.

Es cierto que experiencias históricas que buscaron construir alternativas viables para una forma de vida más justa, y en consonancia con la naturaleza, también reprodujeron, en buena medida, una relación instrumental con ella. La Unión Soviética impulsó una industrialización acelerada que, si bien logró avances sociales importantes, dejó tras de sí profundas huellas ecológicas. El caso del mar de Aral, reducido dramáticamente por decisiones productivas, es una de sus imágenes más elocuentes. Más recientemente, ya casi en los momentos de la implosión del sistema socialista conocemos el tremendo accidente, el desastre de Chernóbil. Este ocurrió el 26 de abril de 1986, cinco años antes de la disolución de la Unión Soviética acaecida en 1991; ha sido considerado el peor accidente nuclear de la historia. Fue un enorme desastre humano, ambiental y político, que además contribuyó a debilitar la legitimidad del sistema soviético en sus últimos años.

Por su parte, la República Popular China ha protagonizado uno de los procesos de crecimiento más intensos de la historia reciente, apoyado durante décadas en el uso masivo de carbón. Ese mismo proceso, sin embargo, ha comenzado a reorientarse en años recientes hacia energías renovables, mostrando las tensiones propias de esta transición.

Ahora bien, reconocer estos hechos no debe conducir a una falsa equivalencia.

Algunos ejes vitales para enfrentar el cambio climático y la lógica de la ganancia que le subyace.

La matriz histórica, estructural y expansiva del modelo que ha llevado al planeta a esta situación es indisociable del desarrollo del capitalismo.

Es en las entrañas de este sistema donde la ganancia se constituye el principio rector; donde la acumulación no encuentra límites internos; donde la competencia obliga a una expansión constante de la producción y del consumo; y donde la naturaleza es sistemáticamente reducida a condición de recurso.

A diferencia de otras experiencias, el capitalismo no solo ha desarrollado este modelo: lo ha universalizado. Lo ha convertido en norma global, integrando territorios, economías y culturas en una lógica que subordina la vida a la rentabilidad.

La presión sobre los ecosistemas no es, en este sentido, un efecto colateral, sino una consecuencia estructural. La necesidad de crecer para sostener la acumulación, de innovar para competir, de expandir mercados para sobrevivir, configura un metabolismo económico que tiende, de manera recurrente, a desbordar los límites ecológicos.

Por ello, aunque no sea el único responsable histórico, el capitalismo constituye hoy el principal vector de profundización de la crisis climática.

Y mientras esa lógica continúe operando como principio organizador dominante, cualquier esfuerzo por mitigar el cambio climático enfrentará límites severos.

Frente a esta racionalidad, comienza a perfilarse —todavía de manera fragmentaria— otra posibilidad: una lógica de la vida.

No se trata de una negación de la producción, sino de su reorientación. No se trata de idealizar la escasez, sino de cuestionar el exceso. En esta lógica, producir deja de ser un fin en sí mismo y se convierte en un medio subordinado a la reproducción de los equilibrios que hacen posible la existencia.

Algunas experiencias concretas permiten vislumbrar ese horizonte. La agroecología, por ejemplo, busca trabajar con los ciclos naturales en lugar de imponerles ritmos externos, reduciendo la dependencia de insumos químicos y fortaleciendo la resiliencia de los suelos. En ciertas ciudades, la expansión del transporte público y de la movilidad no motorizada comienza a desafiar el dominio del automóvil. En diversas comunidades, la gestión colectiva de recursos naturales demuestra que existen formas de organización distintas a la lógica puramente mercantil.

En América Latina, las propuestas asociadas al “buen vivir” han intentado articular estas intuiciones en un horizonte más amplio, aunque no sin tensiones frente a economías profundamente insertas en el mercado global.

Nada de esto ocurre en el vacío. La transición entre la lógica de la ganancia y la lógica de la vida está atravesada por relaciones de poder. Los sectores que se benefician del modelo actual no son abstractos: poseen nombres, instituciones, capacidad de decisión e influencia.

Por eso, la crisis climática es también una disputa.

Una disputa en la que las responsabilidades no están distribuidas de manera equitativa, ni tampoco sus consecuencias. Mientras algunos países construyeron su desarrollo sobre el uso intensivo de combustibles fósiles, otros enfrentan hoy los impactos más severos con menos recursos para adaptarse.

Aquí emerge la exigencia de justicia.

No como consigna moral abstracta, sino como condición práctica para cualquier solución duradera. Sin ella, las respuestas serán parciales; con ella, se abre la posibilidad de una transformación más profunda.

Nos encontramos, así, ante una encrucijada civilizatoria.

Persistir en el camino actual implica aceptar, de manera implícita, que la vida puede seguir siendo subordinada a la rentabilidad. Cambiar de rumbo supone reconocer límites, redistribuir poder y redefinir aquello que consideramos valioso.

No es un desafío menor. Es, quizás, el mayor de nuestro tiempo.

Porque en última instancia, la crisis climática nos confronta con una pregunta que trasciende lo ambiental y lo económico:

¿qué significa vivir bien en un mundo finito?

Mientras la respuesta siga anclada en la expansión sin límites, la vida continuará siendo negociable.

Y si no somos capaces de reorganizar nuestra forma de habitar el mundo, serán los propios límites del mundo los que terminarán imponiendo, con mayor dureza, esa reorganización.

Bibliografía de referencia

  • Leonardo Boff – Ecología: grito de la Tierra, grito de los pobres
  • Naomi Klein – Esto lo cambia todo: el capitalismo contra el clima
  • IPCC– Informes de evaluación
  • Jason W Moore – Capitalism in the Web of Life
  • Andreas Malm – Fossil Capital
  • Karl Polanyik – La gran transformación
  • Elinor Ostrom – Governing the Commons
  • Eduardo Gudynas – textos sobre extractivismo y buen vivir
  • CEPAL– informes sobre desarrollo sostenible
  • PNUMA – reportes ambientales globales

Más de 40 organizaciones advierten: Crucitas revela una crisis estructural en la gobernanza ambiental de Costa Rica

El Parlamento Cívico Ambiental (PCA), integrado por más de 40 organizaciones de la sociedad civil, advierte que la situación en Crucitas no puede entenderse como un problema aislado ni como una simple consecuencia de la minería ilegal. Por el contrario, constituye la expresión visible de una crisis estructural en la gobernanza ambiental, la capacidad institucional y el modelo de desarrollo del país.

En su acuerdo 2026-015 y con base en análisis recientes, incluyendo hallazgos del Programa Estado de la Nación, el PCA señala que lo que hoy ocurre en Crucitas es el resultado de décadas de debilitamiento institucional, regresión normativa y decisiones políticas que han erosionado la capacidad del Estado para proteger el ambiente y ordenar el territorio.

La crisis actual refleja una convergencia de factores críticos: reducción de capacidades técnicas, presiones sobre los recursos naturales, cambios en las prioridades de política pública y un discurso que reabre la puerta a actividades extractivas incompatibles con la trayectoria ambiental del país.

Un debilitamiento progresivo de la institucionalidad ambiental

El PCA alerta que Costa Rica ha experimentado en los últimos años una preocupante pérdida de capacidad en su gestión ambiental. Recortes presupuestarios, disminución de personal técnico especializado y crecientes interferencias políticas han limitado la acción del Estado en la protección de ecosistemas y el cumplimiento de la normativa vigente.

A esto se suma una flexibilización de salvaguardas ambientales que genera señales contradictorias y debilita principios fundamentales como la prevención y la precaución.

Un modelo de desarrollo que incrementa la presión ecológica

Lejos de tratarse de un fenómeno aislado, Crucitas ocurre en un contexto donde el país enfrenta una presión ambiental creciente derivada de patrones de desarrollo insostenibles.

Entre estos destacan la mayor dependencia de combustibles fósiles, el aumento de emisiones, la presión sobre los recursos hídricos y la expansión de modelos productivos que comprometen el equilibrio ecológico. Estas tendencias han llevado a Costa Rica a una condición de déficit ecológico, donde el consumo de recursos supera su capacidad de regeneración.

Desorden territorial y aumento de la conflictividad

El caso de Crucitas también evidencia fallas profundas en la gestión del territorio. La ausencia de planificación efectiva, la debilidad en el control institucional y la falta de coherencia en las políticas públicas han generado condiciones propicias para la proliferación de actividades ilegales y la degradación ambiental.

El aumento sostenido de conflictos socioambientales en el país —muchos de ellos dirigidos hacia instituciones públicas— refleja una creciente desconfianza ciudadana y una crisis en la gobernanza territorial.

Crucitas como síntoma de una crisis estructural

El PCA enfatiza que Crucitas no es una anomalía, sino el resultado de: un debilitamiento institucional sostenido, políticas públicas contradictorias, falta de ordenamiento territorial efectivo y tensiones no resueltas entre el modelo económico y la sostenibilidad ambiental.

En este contexto, insistir en soluciones extractivistas como la minería metálica a cielo abierto no solo es técnicamente injustificado, sino que profundiza las causas del problema en lugar de resolverlas.

Un llamado a una respuesta estructural, no superficial

El Parlamento Cívico Ambiental compuesto por 40 organizaciones, sostiene que atender la situación en Crucitas exige mucho más que medidas de control o enfoques de seguridad. Requiere una respuesta estructural basada en ciencia, institucionalidad sólida y visión de largo plazo.

Entre las prioridades fundamentales se destacan: el fortalecimiento real de las instituciones ambientales, la recuperación de la autonomía técnica en la toma de decisiones, la inversión en ordenamiento territorial y participación comunitaria y la transición hacia un modelo de desarrollo verdaderamente sostenible.

Es importante destacar que Costa Rica enfrenta una decisión de fondo: corregir el rumbo y fortalecer su legado ambiental, o continuar debilitando las bases que lo han sostenido históricamente. Crucitas no es solo un conflicto local. Es una señal de alerta país. La forma en que se responda a esta crisis definirá no solo el futuro de un territorio, sino la coherencia ambiental de toda la nación, según señala Bermardo Aguila, presidente del Parlamento Cívico Ambiental.

Puede descargar el manifiesto desde SURCOS:

https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/04/2026-015-Manifiesto-Crucitas-sintoma-de-crisis.pdf

Denuncian intervención de camino en zona inalienable hacia el volcán Barva y solicitan explicaciones al MINAE y SINAC

El colectivo ciudadano CONCEVERDE, mediante gestión presentada el 7 de abril de 2026 ante el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), denunció la intervención de un camino en una zona declarada inalienable por la Ley N.° 65 del 30 de julio de 1888, en las cercanías del Parque Nacional Braulio Carrillo, sector Barva.

La solicitud, firmada por José Francisco Alfaro Carvajal, advierte que la Municipalidad de Barva estaría ejecutando obras de ampliación y pavimentación con cemento en el camino ubicado en Sacramento de San José de la Montaña, en un área de alta vulnerabilidad ambiental. Según el documento, estas acciones podrían contravenir el marco legal vigente y generar impactos significativos en ecosistemas clave para la recarga hídrica y la conservación de la biodiversidad.

Zona protegida y restricciones legales

El documento recuerda que la zona intervenida forma parte de un territorio declarado inalienable, lo que implica restricciones estrictas sobre su uso. Además, se señala que la Sala Constitucional, mediante el voto N.° 2008-12109, ordenó a diversas municipalidades —incluida la de Barva— abstenerse de otorgar permisos de construcción en estas áreas.

Según la argumentación presentada, esta prohibición no solo aplica a proyectos de particulares, sino también a obras ejecutadas por las propias municipalidades, en tanto se trata de una disposición orientada a proteger un patrimonio ambiental estratégico.

Asimismo, se enfatiza que, conforme al artículo 13 de la Ley Forestal, estas zonas forman parte del patrimonio natural del Estado y su administración corresponde al MINAE, lo que implica una responsabilidad directa en la supervisión y resguardo de estos territorios.

Riesgos ambientales señalados

El colectivo advierte que la ampliación y pavimentación del camino para facilitar el tránsito de vehículos automotores podría generar impactos acumulativos y sinérgicos, afectando la estabilidad ecológica del área.

Entre los riesgos señalados se incluyen:

  • Afectación a la recarga hídrica.

  • Alteración de ecosistemas de alta fragilidad.

  • Incremento de atropellos de fauna silvestre.

  • Contaminación sónica y lumínica asociada al aumento del tránsito vehicular.

Estos elementos refuerzan la preocupación por una posible degradación progresiva de un entorno ambientalmente sensible.

Solicitudes a las autoridades

En su petitoria, CONCEVERDE solicita al MINAE y al SINAC que informen de manera expresa si han otorgado algún tipo de autorización para la ejecución de estas obras dentro de la zona inalienable.

En caso afirmativo, requieren copia de las resoluciones correspondientes, incluyendo los criterios técnicos y jurídicos que habrían fundamentado dicha decisión. Asimismo, solicitan información sobre los mecanismos de mitigación ambiental previstos frente a los impactos derivados de la intervención.

El documento también remite copia a la Sala Constitucional, lo que sugiere la posibilidad de futuras acciones legales en caso de confirmarse irregularidades.

Antecedentes de conflictos en zonas protegidas

Este caso se suma a otras denuncias ciudadanas documentadas en torno a intervenciones en territorios con protección ambiental, donde se cuestiona la coherencia entre las decisiones institucionales y el marco jurídico vigente.

La situación plantea nuevamente el debate sobre la gestión de áreas protegidas, el rol de las municipalidades y la responsabilidad del Estado en la defensa del patrimonio natural.

La encrucijada civilizatoria: ganancia, poder y sobrevivencia ante el cambio climático de origen humano

Alberto Salom Echeverría
albertolsalom@gmail.com

La disputa entre un modelo de acumulación basado en combustibles fósiles frente a las fuerzas sociales que buscan una transición hacia un nuevo modelo de convivencia civilizatoria.

En este ensayo se examina la crisis contemporánea no solo como un problema ambiental, sino como una encrucijada civilizatoria en la que confluyen las lógicas de la ganancia, el poder y la sobrevivencia humana. A partir de una lectura crítica del cambio climático como fenómeno de origen humano, el texto plantea que los conflictos actuales expresan una disputa estructural entre un modelo de acumulación basado en combustibles fósiles y las fuerzas sociales que impulsan una transición hacia formas de convivencia sostenibles con la naturaleza, los ecosistemas y la vida. En este contexto, se subraya el papel de los pueblos —particularmente en América Latina— como actores clave en la construcción de una alternativa frente a una crisis que está limitando el horizonte histórico de la humanidad y de las demás especies vivientes.

Lo anterior se explica porque el modelo de industrialismo, sustentado mayoritariamente en la extracción y uso de fuentes de energía fósil —particularmente los hidrocarburos, o sea el carbón, el petróleo y el gas natural, además del gas metano—, constituye el factor determinante del cambio climático. Este proceso nos conduce hacia un calentamiento progresivamente más inhóspito a escala global, en la medida en que el efecto invernadero intensifica fenómenos extremos que amenazan con volver inviable la vida humana y la de otras especies en un plazo históricamente breve.

En el curso de la historia humana, la guerra ha sido con frecuencia la expresión extrema de tensiones acumuladas en torno al poder, los recursos y la organización de la vida social. Sin embargo, el tiempo presente nos sitúa ante una encrucijada distinta y más profunda: ya no se trata únicamente de quién domina o quién vence, sino de si las condiciones mismas que hacen posible la vida humana organizada podrán sostenerse en el futuro.

El cambio climático introduce un elemento radicalmente nuevo. A diferencia de las grandes conflagraciones del siglo XX, cuyos efectos —por devastadores que fueran— no alteraron los fundamentos biofísicos del planeta, la crisis actual amenaza con desestabilizar los sistemas que sostienen la vida: la atmósfera, los océanos, los ciclos del agua y la biodiversidad. Por primera vez, la humanidad enfrenta una crisis cuyos efectos tienden a universalizarse, diluyendo la distinción clásica entre vencedores y vencidos.

Sin embargo, reconocer la dimensión global del problema no debe conducir a una simplificación engañosa. No todos somos igualmente responsables. La acumulación histórica de emisiones, la dependencia estructural de los combustibles fósiles y la lógica de la ganancia que ha guiado el desarrollo industrial remiten a centros de poder económico altamente concentrados. En ellos convergen intereses corporativos, financieros y estatales que han sostenido —y continúan sosteniendo— un modelo de producción intensivo en carbono.

Aquí se encuentra el núcleo del problema: la contradicción entre una lógica de acumulación que exige crecimiento constante y un planeta cuyos límites son finitos. No se trata simplemente de una falla técnica corregible mediante innovaciones, sino de una tensión estructural entre economía y ecología, entre la expansión de la ganancia y la sostenibilidad de la vida.

Esta contradicción no es abstracta. Se manifiesta en múltiples planos: en la persistencia de matrices energéticas basadas en hidrocarburos, en la resistencia de sectores económicos a regulaciones ambientales, en la desigualdad global que obliga a muchos países a reproducir modelos extractivos y en patrones de consumo que refuerzan la dependencia del sistema vigente. La crisis climática, en este sentido, no es un fenómeno externo al orden económico, sino una de sus consecuencias más profundas.

Esto obliga a caracterizar con mayor claridad la naturaleza de los enfrentamientos sociales contemporáneos. De un lado, se encuentra un modelo productivo que ha conducido a una concentración inédita de poder en torno a grandes corporaciones vinculadas a los combustibles fósiles, respaldadas por élites políticas que coadyuvan a reproducir ese orden y, en muchos casos, privilegian soluciones unilaterales e incluso la guerra como forma de resolución de conflictos.

En contraposición, emergen organizaciones de la sociedad civil y sectores sociales que impulsan un nuevo horizonte civilizatorio, orientado a sustituir progresivamente la matriz energética basada en hidrocarburos por modelos sustentados en energías limpias y en una relación más equilibrada con la naturaleza.

La tensión entre estos dos proyectos no es superficial ni coyuntural: remite al núcleo mismo del poder contemporáneo y anticipa conflictos que difícilmente podrán resolverse sin una profunda reconfiguración de las estructuras económicas y políticas vigentes.

Frente a esta realidad, surge una pregunta decisiva: ¿es posible transformar este modelo sin atravesar por un enfrentamiento destructivo? La historia ofrece respuestas ambiguas. El siglo XX mostró que los sistemas pueden sobrevivir incluso a catástrofes extremas, pero también evidenció que los cambios más significativos no han sido resultado de la inercia, sino de procesos prolongados de conflicto social, político y cultural.

El presente, por tanto, no se configura como una disyuntiva simple entre colapso o transformación, sino como un campo de fuerzas en disputa. La confrontación ya está en curso, aunque no adopte siempre la forma de un choque frontal. Se expresa en tensiones entre sectores económicos, en disputas regulatorias, en litigios climáticos, en movilizaciones sociales y en debates políticos y culturales sobre nuevas formas de vivir, ejercer la democracia y comprender el sentido del desarrollo. Es una lucha difusa, prolongada y desigual, pero real.

En este contexto, adquiere especial relevancia el papel de los pueblos de América Latina. Históricamente situados en la periferia del sistema mundial, pero portadores de experiencias ricas en organización comunitaria, solidaridad y resistencia, estos pueblos pueden desempeñar un papel significativo en la búsqueda de alternativas. Las propuestas centradas en la defensa de los bienes comunes, la participación comunitaria y la construcción de formas de producción más equilibradas con la naturaleza abren un horizonte distinto al de la mera reproducción del modelo dominante.

No obstante, esta posibilidad no está garantizada. El destino no es ineluctable, ni predecible. La región se encuentra atravesada por una tensión persistente entre la continuidad de economías extractivas y la aspiración a modelos sostenibles de desarrollo. Resolver esa tensión exige no solo voluntad política, sino también claridad estratégica: comprender que las transformaciones profundas no se producen únicamente por confrontación directa, sino también por la capacidad de generar nuevas alianzas, reorientar intereses y construir formas alternativas de organización política, económica y social.

La cuestión de fondo es, entonces, civilizatoria. No se trata únicamente de reducir emisiones o mitigar impactos, sino de redefinir el sentido del desarrollo, el papel del Estado, la función de la economía y la relación entre humanidad y naturaleza. En última instancia, se trata de decidir si la lógica de la ganancia continuará organizando nuestras sociedades o si será subordinada a las condiciones que hacen posible la vida.

El optimismo, en este contexto, no puede ser ingenuo, pero tampoco debe ser abandonado. La historia humana es también la historia de la adaptación, la creación y la resistencia. La capacidad de supervivencia de nuestra especie es innegable. Sin embargo, en un horizonte más o menos cercano, lo que está en cuestión es la forma que esa supervivencia adoptará. Esta dependerá de la capacidad de la humanidad para limitar progresivamente —y, en última instancia, socavar— las bases estructurales del modelo extractivista y de la producción de energías fósiles que han sustentado el desarrollo industrial, especialmente desde mediados del siglo XX hasta el presente.

El siglo XXI no nos enfrenta únicamente a un riesgo, sino a una decisión histórica. La confrontación ya está en curso. Lo decisivo será su rumbo: si permanecerá fragmentada, tardía e insuficiente, o si logrará convertirse en un proyecto capaz de reorientar el destino de nuestras sociedades.

La pregunta final no admite evasivas:

¿seremos capaces de subordinar la lógica de la ganancia a las condiciones de la vida, o persistiremos en un camino que convierte el progreso en su propia negación?

Si la lógica de la ganancia no reconoce los límites de la vida, será la vida la que termine imponiendo sus límites a la historia humana.

Cuando la prueba técnica se impone en el juicio

Después de varios años de procurar justicia, Jessica Gamboa, productora de chile, logró ganar su caso gracias a sus registros y a la asesoría técnica de la UNA.

Iret-UNA. La primera señal fue el silencio; no el de la finca, sino el de las plantas. Ese día, en un potrero en Bagaces, Guanacaste, se aplicó un plaguicida formulado para el control de malezas de hoja ancha, de uso común en pasturas para ganadería, conocido comercialmente como Pastar, una mezcla de los herbicidas amynopiralid y 2,4-D. No es un producto diseñado para aplicarse cerca de cultivos como el chile; se trata de un herbicida de acción hormonal que, por sus características de alta volatilidad y, bajo ciertas condiciones como temperatura elevada, viento o aplicaciones fuera del horario recomendado, puede desplazarse muy fácilmente fuera del área donde se aplica…y eso fue lo que ocurrió.

A pocos cientos de metros, en un chilar de tres hectáreas, los trabajadores percibieron primero “un olor muy particular”. Horas más tarde aparecieron los primeros signos: las hojas nuevas comenzaron a acuchararse, los brotes se retorcieron, los puntos de crecimiento en tallos y raíces se alteraron. En los días siguientes, la planta dejó de responder: abortó flores, perdió hojas y los frutos se quemaron. “Era meterle una cosa y la otra, pero no… él (chilar) se murió como a las dos semanas”, contó Jessica Gamboa Morice, propietaria de la plantación.

Habían sido meses de trabajo: tres hectáreas de siembra, 32 mil plantas y solo faltaban menos de 15 días para iniciar la cosecha.

En 2018, la agricultora había apostado por el chile como su principal actividad productiva. No tenía experiencia, pero aprendió rápido. Llevaba registro de aplicaciones, control de insumos, seguimiento de recomendaciones técnicas. “Yo amarraba chile, lo recogía… me fascinó”, contó ilusionada. El cultivo estaba en condiciones óptimas y con un excelente precio de mercado, según las proyecciones. Ese orden, que en su momento era parte de la rutina, terminó siendo clave en el caso.

El mismo día del incidente, Gamboa decidió dejar constancia: acudió a la policía, buscó respaldo institucional, registró fechas y condiciones ambientales porque “papelitos hablan”, dijo. Esa documentación inicial permitió determinar cuándo ocurrió el evento y en qué condiciones.

Asesoría oportuna

Días después, a través de contactos del área fitosanitaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Jessica contactó a la Universidad Nacional (UNA). Fernando Ramírez, investigador y actual director del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas (Iret-UNA), atendió el llamado y visitó la finca pocos días después del daño.

Esta no fue solo una inspección visual: se tomaron muestras de suelo, raíces y tejido vegetal que luego se analizaron en el Iret y en los laboratorios de la Escuela de Ciencias Agrarias de la UNA. El investigador revisó posibles causas biológicas como plagas, enfermedades o desbalances nutricionales, documentó síntomas en campo y registró imágenes.

El análisis descartó otras causas. “No había insectos que transmitieran virus, no había nematodos en niveles que explicaran el daño, no había enfermedades suficientes”, explicó Ramírez. El suelo presentaba condiciones normales y el manejo agronómico era consistente con un cultivo sano.

En cambio, los síntomas coincidían con intoxicación por herbicidas hormonales: deformación de tejidos jóvenes, crecimiento anormal, caída de hojas y aborto de flores. Estos herbicidas “actúan en cuestión de minutos, si hay sol y la planta está activa”, detalló.

También se valoraron las condiciones externas. De acuerdo con Ramírez, la aplicación en la finca vecina se habría realizado después de las horas recomendadas, cuando había presencia de viento y posiblemente con boquillas que favorecieron la deriva. Este tipo de herbicida puede volatilizarse y desplazarse incluso a distancias mayores bajo esas condiciones. En ese contexto, el daño que se observó en el chilar era técnicamente consistente con una fitotoxicidad por deriva.

Justicia decisiva

Con esos elementos, el caso pasó al ámbito judicial. El proceso no fue inmediato, en primera instancia, el fallo no favoreció a Jessica. “Decía (el juez) que no le había quedado claro”. Sin embargo, la base técnica ya estaba construida y era sólida.

La evidencia que se generó a partir de los análisis con muestreos, diagnósticos y registro de manejo, permitió sostener el caso en apelación y posteriormente en casación. Cada argumento de la contraparte fue contrastado con datos: si se alegaba enfermedad, había diagnóstico; si se cuestionaba el suelo, había análisis; si se discutía la causa, estaban los síntomas y su interpretación técnica. “Ellos hablaban, pero nosotros teníamos los resultados”, contó la afectada.

La diferencia fue que se pudo demostrar. “Tiene que haber un diagnóstico de un especialista, documentación, registros”, explicó Ramírez. En muchos casos similares, eso no existe o se pierde en el tiempo; aquí no.

El acompañamiento técnico permitió traducir lo que ocurrió en el campo a un lenguaje probatorio. No era solo una percepción de daño, había evidencia. La sentencia final llegó el año pasado y reconoció el daño causado al cultivo. Jessica Gamboa ganó el caso.

No entra en cifras ni en nombres, prefiere quedarse con lo que la satisface: que fue posible sostener el proceso y demostrarlo. “La justicia sí existe”, dijo.

El caso no es frecuente. “Casi ninguno tiene suficiente evidencia”, reconoció Ramírez. La combinación entre documentación inicial, seguimiento técnico y análisis especializado marcó la diferencia. En ese recorrido, el respaldo técnico y científico de la Universidad Nacional no fue un detalle menor; eso permitió sostener el caso en el tiempo y responder a cada cuestionamiento con datos.

Aun así, el proceso no ha cerrado del todo. La ejecución de la sentencia, la etapa en la que se valoran las pérdidas y se concreta el pago, sigue en trámite. Ha pasado más de un año desde el fallo final y para Jessica en este momento “la ejecución ya tenía que haber estado resuelta”.

Desde el 2018, las deudas crecieron. Hubo intentos por sostenerse: un pequeño negocio, apoyo familiar, trabajo constante. “Esto es una bola de nieve…”, narró consternada.

Pero insiste en contar la historia. No como excepción, sino como referencia para otros productores. Saber qué hacer, a quién acudir, cómo documentar. Que un daño así no quede solo en una pérdida asumida. “Yo lo único que quiero es pagar mis deudas… devolverle a la gente que me ayudó”, dijo. Y después, si alcanza, volver a sembrar. Aunque sea poco e implique empezar otra vez.

Habla del chile con cercanía: “Qué planta más agradecida…”. La finca sigue en espera, como ella, pero su caso dejó un precedente poco común que puede servir a otros productores.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

CONCEVERDE denuncia contradicciones del alcalde de San Rafael sobre finca en el Cerro Chompipe y advierte posible incumplimiento de deberes

El colectivo CONCEVERDE cuestionó públicamente la actuación del alcalde de la Municipalidad de San Rafael de Heredia, Jorge Arias Santamaría, en relación con la situación de la finca ubicada en el Cerro Chompipe, señalando contradicciones en sus posiciones y una posible omisión en el cumplimiento de sus deberes.

Según expone el colectivo, el alcalde había sostenido anteriormente que dicha finca era propiedad municipal, argumento con el cual se habría negado a realizar su traspaso al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), pese a que esta institución lo solicitó desde hace más de un año en cumplimiento de una resolución de la Sala Constitucional.

No obstante, en respuesta reciente a una gestión de CONCEVERDE, el alcalde indicó que cualquier asunto relacionado con el Cerro Chompipe debe ser dirigido al MINAE, al considerarlo como la entidad administradora del inmueble.

Para el colectivo, esta posición resulta contradictoria, ya que por un lado se había afirmado la titularidad municipal del terreno, mientras que ahora se traslada la responsabilidad a otra institución sin haber concretado el proceso de traspaso.

Señalamientos sobre posible usurpación y falta de control territorial

La denuncia presentada por integrantes de CONCEVERDE plantea la existencia de inconsistencias relevantes en torno a la finca inscrita bajo el folio real 4-156766, la cual, según el Registro Nacional, tendría una extensión de 1.548.722,03 metros cuadrados.

Sin embargo, de acuerdo con la información analizada, la Municipalidad únicamente tendría posesión efectiva de una porción cercana a los 528.474,08 metros cuadrados, correspondiente a una de las tres fincas que originalmente conformaron el inmueble.

El documento también advierte que las otras dos fincas que integraban el terreno podrían encontrarse bajo control de terceros, lo que abre la posibilidad de una eventual usurpación o pérdida de control sobre bienes que registralmente formarían parte del patrimonio municipal.

Asimismo, se señala la ausencia de un plano catastrado actualizado que permita definir con precisión los linderos del inmueble, lo que dificulta verificar la correspondencia entre el área inscrita y la realidad física del terreno.

Solicitudes formales y necesidad de estudios técnicos

Ante esta situación, CONCEVERDE solicitó a la Municipalidad la realización de estudios técnicos, particularmente un levantamiento topográfico integral que permita:

  • determinar la correspondencia entre el área registral y la extensión real del terreno,

  • ubicar individualmente las fincas que dieron origen al inmueble,

  • identificar posibles ocupaciones por parte de terceros,

  • establecer si existe una usurpación y, de ser así, proceder a la recuperación de los terrenos.

El documento también subraya que la revisión únicamente registral no es suficiente para descartar una usurpación, y que resulta indispensable la verificación en sitio mediante estudios técnicos especializados.

Antecedentes: disputa por control y protección del Cerro Chompipe

Este caso se inscribe en un contexto más amplio de disputas sobre el uso, administración y protección de territorios en zonas de alto valor ambiental en el cantón de San Rafael de Heredia, particularmente en áreas vinculadas a la conservación forestal.

En el caso específico del Cerro Chompipe, se trata de un terreno catalogado como reserva forestal, lo que implica un régimen especial de protección y limita su uso a actividades compatibles con la conservación ambiental.

La controversia también se relaciona con la discusión sobre la rectoría institucional en estos territorios, especialmente entre gobiernos locales y entidades nacionales como el MINAE y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC).

CONCEVERDE: posibles responsabilidades administrativas y políticas

El colectivo sostiene que la conducta del alcalde podría interpretarse de dos maneras: como un reconocimiento implícito de que el bien debe estar bajo administración del MINAE, o como un intento de trasladar responsabilidades sin haber cumplido con el proceso correspondiente.

En ambos escenarios, advierten que podría configurarse un eventual incumplimiento de deberes, ya sea por no haber realizado el traspaso del inmueble o por no ejercer acciones para su defensa ante una posible ocupación indebida.

SURCOS le invita a descargar el documento que CONCEVERDE envió a la alcaldía de San Rafael de Heredia:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/03/1-Solicitud-estudios-topograficos-y-recuperacion-finca-fms.pdf