Compartimos el balance que realiza Philippe Vangoidsenhoven sobre la situación en el Caribe Sur. Volvió al terreno en Cocles para dar seguimiento a la denuncia reseñada en la nota sobre el chapeo, y lo que encontró evidencia cómo quienes realizan estas actividades ignoran deliberadamente la ley y buscan evadirla.
En el terreno donde se encuentra el contenedor —como se menciona en la nota anterior— la intervención fue detenida. Philippe nos comentó en ese momento que una estrategia frecuente de los supuestos “dueños” es enviar peones en lugar de presentarse personalmente. En esta visita, logró comprobar que también fue chapeado el terreno contiguo.
En el terreno intervenido, verificó que los árboles pequeños, entre 8 y 20 cm de diámetro, fueron eliminados, quedando únicamente los árboles grandes. Nos comenta que, en situaciones similares, estos árboles son talados o envenenados.
Estos terrenos preocupan de forma crítica, ya que se trata de patrimonio natural del Estado. Philippe recuerda: “Inscrito como tal, no es cuestión de hacer gestiones para realizar inspecciones y validar… no, ya está desde hace muchos años inscrito debidamente, como patrimonio natural del Estado”. Es decir, tanto el terreno donde está el contenedor como el colindante están bajo esta categoría. Philippe remarca: “Es parte del Estado, es bosque costero y, además, gran parte de un humedal de esta área”.
Los daños continúan a pesar de las advertencias y acciones realizadas, lo que evidencia una clara intención de imponer el cambio de uso del suelo a toda costa.
Sin rastro visible, con temor latente: la draga que podría estar operando en silencio
Otra gran pregunta que deja esta revisión es: ¿dónde está la draga que Philippe reportó en la nota anterior? Según nos comentó, ya no se ve por ningún lado. La última información indica que fue ingresada por la zona de La Unión.
Las imágenes tomadas por Philippe muestran un caminito que sube por la loma en ese terreno. El mayor temor es que la draga esté operando detrás y, como él mismo señala: “uno no puede entrar en propiedad privada, ese es el problema”, lo que impide verificar si se están dañando los bosques del lugar.
Vulnerabilidad de los humedales y zonas boscosas del Caribe Sur
Lo observado en Cocles no es un caso aislado, sino parte de una dinámica más amplia que refleja la alta vulnerabilidad de los humedales y zonas boscosas del Caribe Sur. Estas áreas, fundamentales para la biodiversidad, la regulación hídrica y la vida de muchas comunidades, enfrentan constantes amenazas por el avance de proyectos que priorizan la ganancia económica sobre la protección ambiental.
El desinterés de algunos sectores por respetar los marcos legales y ambientales se combina con la falta de acción estatal efectiva y proactiva. A menudo, las instituciones responsables llegan cuando el daño ya está hecho, y en muchos casos no se actúa con la contundencia necesaria para prevenir nuevas agresiones. Esta omisión o debilidad institucional deja el camino libre para prácticas ilegales como el chapeo, el relleno de humedales y la fragmentación del bosque.
La ausencia de una presencia estatal constante y de mecanismos de vigilancia eficaces refuerza un patrón donde el territorio se va transformando al margen de la ley. Mientras tanto, la carga de la denuncia y documentación recae cada vez más en las personas defensoras del ambiente, quienes, además, muchas veces enfrentan riesgos por visibilizar estos hechos.
Este escenario exige una respuesta urgente que combine vigilancia, aplicación de la ley y fortalecimiento de la gestión ambiental con enfoque territorial y comunitario.
Regulación y protección legal de los bosques en Costa Rica
En Costa Rica, los bosques están protegidos principalmente por la Ley Forestal N.º 7575 y otras normativas como la Ley de Vida Silvestre N.º 7317. Según la ley, está prohibido cambiar el uso del suelo en áreas boscosas, incluso si el terreno es privado. Esto significa que no se puede talar un bosque natural sin cumplir con ciertos requisitos legales.
Se considera bosque todo terreno con al menos un 70% de cobertura arbórea de especies nativas y que cumpla con ciertas condiciones ecológicas. Para realizar una tala legal, es obligatorio presentar una solicitud ante la oficina local del SINAC (Sistema Nacional de Áreas de Conservación), acompañada de un Plan de Manejo Forestal elaborado por un profesional en ciencias forestales. El plan será evaluado técnicamente y, si cumple con los requisitos, el SINAC emitirá un permiso de aprovechamiento forestal.
La tala sin permiso es ilegal y puede acarrear consecuencias como multas, decomiso de madera, obligación de restaurar el daño ambiental y procesos penales. Si se sospecha de tala ilegal, se pueden presentar denuncias llamando al 911 o acudiendo a la Fiscalía Ambiental.
Este marco legal busca proteger los bosques por su valor ecológico, social y cultural, y evitar que intereses privados impongan cambios de uso del suelo sin respetar el ordenamiento ambiental del país.
El ciudadano Marco Levy Virgo presentó una solicitud formal ante la Fiscalía General de la República para que se investigue al ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach Capra, por presuntas irregularidades relacionadas con la gestión de humedales en el cantón de Talamanca.
La petición, remitida el 9 de abril a la oficina del fiscal general Carlo Díaz Sánchez, solicita una «investigación exhaustiva e inmediata» en relación con la causa penal 23-000041-0611-PE, vinculada al manejo del documento técnico «Caracterización y Delimitación de Humedales en la Zona Marítimo Terrestre del Litoral del Cantón de Talamanca» de junio de 2021.
Según se detalla en el escrito, Levy considera que existen acciones cuestionables sobre la administración de áreas protegidas en el Caribe Sur, específicamente en el Refugio Gandoca-Manzanillo, donde el MINAE administra aproximadamente el 60% del territorio y el 75% de sus costas, incluyendo 2.802,65 hectáreas de humedales protegidos bajo el Convenio Ramsar.
El documento menciona destituciones de personal en el Área de Conservación Amistad Caribe (ACLAC-SINAC), como el caso del señor Mario Cerdas Gómez, quien fue reemplazado por Maylin Mora Arias. Este proceso de nombramiento, según indica Levy está siendo investigado por la Contraloría General de la República por presunto nombramiento ilegal.
La misiva también hace referencia a la Directriz 09-2023 emitida por el jerarca del MINAE y menciona que desde febrero de 2019, mediante oficio SINAC-ACTO-AL-55-2019, se alertó a la Dirección Ejecutiva de SINAC sobre supuestas irregularidades.
En su petitoria, el ciudadano limonense solicita:
La apertura inmediata de una investigación penal contra el ministro Tattenbach Capra.
La designación de una comisión especial de fiscales para indagar actuaciones de personal del ACLAC-SINAC.
Una revisión de las acciones de empresarias y empresarios inmobiliarios que, según alega, estarían afectando áreas protegidas.
La carta fue enviada con copia a diversas instituciones, incluyendo la Defensoría de las y los Habitantes, la Contraloría General, la Procuraduría General, la Fiscalía Agrario Ambiental, la Comisión de Acceso a la Justicia, la Presidencia del Poder Judicial, la Presidencia de la Asamblea Legislativa y la Comisión de Ambiente del Poder Legislativo.
La Asociación para el Desarrollo de la Ecología (AEL) solicitó formalmente a la administración del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo (RNVSGM) un informe técnico sobre los fundamentos administrativos y legales que sustentan la Viabilidad Ambiental del proyecto inmobiliario DIVINE.
Según consta en el oficio AEL-00155-2025, con fecha del 7 de abril de 2025, Marco Levy Virgo, presidente de la AEL, dirigió la solicitud a la licenciada Fanny Cruz Torres, administradora del Refugio, expresando preocupación por un hecho que considera de especial interés en el ámbito de la conservación ambiental de esta área protegida.
El documento detalla que el 12 de febrero de 2025 se colocó un rótulo de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) frente al Colibrí Lodge, anunciando el proyecto DIVINE a cargo del desarrollador Philip Michel André Sánchez. La información consignada indica que el proyecto abarca 2.745 metros cuadrados y cuenta con Viabilidad Ambiental otorgada mediante la Resolución 1445-2024-SETENA del 13 de agosto de 2024.
La AEL señala que el sitio donde se proyecta esta iniciativa está compuesto por bosque y presuntamente se ubica dentro de los límites del RNVSGM, un área que además se encuentra bajo un proceso de judicialización.
En el oficio, Levy Virgo solicita que se le informe sobre cómo, pese a las medidas cautelares solicitadas por la Defensoría de los Habitantes en el marco del seguimiento y cumplimiento de la Sentencia 2019-012745 de la Sala Constitucional, se continúa permitiendo el fraccionamiento del bosque en esta zona protegida.
La misiva recuerda que dicha sentencia, dictada el 10 de julio de 2019, ordenó la protección y delimitación efectiva del RNVSGM. Este mandato ha sido objeto de seguimiento y medidas posteriores, incluyendo la resolución 2024-26300 del 10 de septiembre de 2024, que constató el incumplimiento de lo dispuesto en 2019.
La solicitud se fundamenta en el interés ciudadano de garantizar la integridad de los ecosistemas del refugio, así como en el derecho de acceso a la información pública ambiental, consagrado en la legislación costarricense, incluyendo la Ley Orgánica del Ambiente (N° 7554) y la Convención de Aarhus, ratificada por Costa Rica.
El oficio fue enviado con copia a diversas autoridades gubernamentales, entre ellas la Defensora de los Habitantes, la Contralora General, el Procurador General de la República, fiscales ambientales y otros funcionarios relacionados con la conservación ambiental y el ordenamiento territorial.
La Universidad Bíblica Latinoamericana, la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en Costa Rica, la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON), Bloqueverde, CoecoCeiba – Amigos de la Tierra Costa Rica, y la Universidad de Costa Rica, a través del programa Kioscos Socioambientales, han unido esfuerzos para visibilizar el trabajo de las personas defensoras del ambiente, activistas, organizaciones comunitarias y comunidades indígenas en resistencia.
La actividad es abierta al público y busca ofrecer un espacio para expresar gratitud y cariño a quienes han entregado su cuerpo y su trabajo por un planeta más justo y sano. El evento contará con la participación de las instituciones organizadoras, intervenciones de personas defensoras, y culminará con un acto cultural a cargo del cantautor y músico ecologista Fabián Pacheco, junto a la cantautora Luz María Romero, originaria de Chile y radicada en Costa Rica desde 1990.
Las personas defensoras ambientales desempeñan un papel fundamental en la protección de los ecosistemas y los derechos humanos. Sin embargo, su labor las expone constantemente a amenazas y violencia. Reconocer su lucha es esencial para fortalecer la resistencia frente al despojo y la destrucción ambiental, garantizando así un futuro más justo y sostenible para todas las personas.
Este grupo de defensores es sumamente diverso e incluye activistas, comunidades, pueblos originarios, profesionales y ciudadanos que, en muchos casos, ni siquiera son conscientes de que están actuando como tales.
Cuando se imponen modelos económicos extractivistas y de despojo, surgen conflictos socioambientales que atentan contra las bases materiales y simbólicas que sostienen la vida en el planeta. Este fenómeno ha sido ampliamente documentado por plataformas como el Atlas de Justicia Ambiental (EJAtlas), que desde 2012 ha registrado más de 3.700 conflictos ambientales a nivel mundial, una cuarta parte de ellos en América Latina.
En los últimos 25 años, la violencia y criminalización contra quienes defienden el ambiente se ha intensificado. Este proceso suele comenzar con la estigmatización de los activistas, a quienes se les etiqueta como opositores al «desarrollo», seguido de acoso legal, amenazas de muerte e incluso asesinatos. Según la organización británica Global Witness, América Latina es la región más peligrosa del mundo para los activistas ambientales, con más de 500 asesinatos en la última década.
El año pasado, algunas de las personas que serán reconocidas enfrentaron amenazas. Es el caso de Philippe Vangoidsenhoven, quien lleva casi dos décadas documentando y denunciando la destrucción del bosque, los humedales y la ecología del Caribe Sur. Su labor voluntaria ha permitido detener cientos de delitos ambientales, lo que lo ha convertido en blanco de constantes amenazas y acoso, incluyendo una amenaza directa en 2023 [ver más].
Asimismo, habrá un importante reconocimiento a las organizaciones y pueblos originarios recuperadores de territorios en la Zona Sur del país, quienes han logrado hacer cumplir la ley para reafirmar su autonomía territorial.
Lamentablemente, los conflictos no se limitan al Caribe y la Zona Sur. En Cartago, organizaciones comunitarias enfrentan luchas igualmente difíciles, como la defensa del Humedal de Coris y la denuncia de contaminación del agua por agroquímicos en la zona norte de la provincia. En ambos casos, las personas defensoras han sido objeto de violencia y amenazas.
La Zona Marítimo Terrestre (ZMT) en el Caribe Sur de Costa Rica enfrenta una creciente presión debido a ocupaciones irregulares, deforestación y modificaciones del ecosistema que amenazan su equilibrio ambiental. En Punta Uva, dentro del Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, se ha reportado la degradación de un humedal y la alteración del bosque costero.
Diversos expedientes administrativos y judiciales dan cuenta de la transformación causada por actividades humanas. A pesar de las denuncias e investigaciones realizadas, el daño ambiental no ha sido abordado con la seriedad que merece por parte de las instancias judiciales.
Personas defensoras del territorio, como Philippe Vangoidsenhoven, han manifestado su preocupación por la continuidad de estas actividades y han impulsado procesos de vigilancia ambiental, lo que ha derivado en más denuncias ante las autoridades, pero el ninguneo sigue siendo la respuesta dominante.
Impacto Ambiental y Denuncias en Punta Uva
Esta zona de alto valor ecológico ha sido intervenida durante años. Diversos informes han señalado la transformación del humedal debido a la eliminación de vegetación, excavación de zanjas de drenaje y la instalación de cercas perimetrales.
Un reportaje publicado por La Nación el 27 de diciembre de 2019 evidenció la magnitud del daño ambiental: las autoridades detuvieron un proyecto turístico que incluía cinco cabinas y una recepción, tras denuncias por afectación al ecosistema e invasión de la ZMT.
Un Inventario del Abandono: Impactos Socioambientales sin Regulación
Los siguientes hechos representan un panorama acumulativo de acciones con consecuencias directas sobre el humedal de Punta Uva y su entorno natural.
Destrucción del Ecosistema
Eliminación de vegetación del humedal y del sotobosque.
Tala de árboles jóvenes, afectando la regeneración natural del bosque.
Excavación de zanjas de drenaje, alterando la función del humedal.
Relleno de áreas con tierra y lastre, modificando el uso del suelo.
Quema de vegetación baja, ramas y troncos, contribuyendo a la degradación del ecosistema
Acciones Realizadas
Instalación de cercas con postes de cemento y alambre de púas.
Uso de parte del terreno para actividades comerciales.
Construcciones.
Violencia e Intimidación contra Personas Defensoras Ambientales
Denuncias de amenazas, insultos y agresiones verbales contra quienes han alzado la voz.
Incidentes de obstrucción a la documentación de los daños ambientales.
Actos de hostigamiento por parte de personas involucradas en estas actividades.
Papeles Llenos, Bosques Vacíos: El Contraste entre las Denuncias y la Realidad Ambiental
Durante más de 20 años, se han registrado diversas acciones y reportadas en relación con los terrenos en esta región costera protegida:
2008: Autoridades ambientales ordenaron la suspensión de obras y la restitución del terreno a su estado natural.
2009-2010: Se presentaron nuevas denuncias por eliminación de cobertura vegetal y posibles cambios en el uso del suelo.
2018-2019: Se documentaron intervenciones adicionales, incluyendo denuncias por afectación al ecosistema.
A pesar de múltiples denuncias realizadas por Philippe Vangoidsenhoven, el juicio se perdió y las medidas cautelares fueron levantadas, permitiendo que las actividades continúen hasta el día de hoy. Según Vangoidsenhoven, las autoridades judiciales prefieren esperar a que el juicio en Limón avance.
“Si es un humedal… pero ¿qué le vamos a hacer?”
Vangoidsenhoven señala que, a pesar de la inacción de las autoridades, ya se realizaron estudios que confirman que el terreno es un humedal. Sin embargo, las construcciones persisten.
En una ocasión, el MINAE paralizó las obras, pero a los pocos días la construcción se reanudó. Philippe relata que, al reportar esto, le respondieron: “Ya fuimos y notificamos, no podemos hacer más”.
Esta situación le resulta indignante. Para él, es muestra de la incompetencia institucional, pues en otros casos similares, las autoridades han regresado con la policía y detenido a quienes laboraban en el sitio. En el Caribe Sur, concluye, “las cosas funcionan según quién las pide”.
Un Vacío que Beneficia, pero Ignora el Mar
Para el defensor ambiental, toda esta situación beneficia a la Municipalidad. Durante años de monitoreo, ha observado cómo se otorgan permisos sin considerar restricciones, sin importar si se trata de un humedal o una zona pública.
“Han decidido no entender que la zona pública se mide desde la pleamar ordinaria, y no por los mojones”, señala.
“Usan los mojones porque es lo más fácil. Pero lo que estamos viendo es que el mar ya ha reclamado gran parte de la zona pública en algunos tramos. Todo se tiene que mover hacia atrás”, advierte.
Philippe nos hace un recuento de las omisiones y menciona un caso que ejemplifica esta irresponsabilidad:
«En Puerto Viejo construyeron pegado a los mojones. Ahora resulta que en esa área ya no hay zona pública, ya se fue todo. Y no solo eso, el mar está entrando y ha erosionado alrededor de dos metros debajo de esa construcción», explica.
La preocupación es generalizada:
«En toda la costa, donde deberían medirse los 50 metros de la zona pública, lo máximo que se puede medir son 20 metros. En algunos lugares, incluso menos. En Puerto Viejo centro, por ejemplo, el mar ya ha sobrepasado la línea de los mojones».
Esta situación no es nueva. Philippe recuerda el caso de Beach Break y la carretera:
«Un fin de semana, JAPDEVA y la municipalidad tuvieron que movilizar toda la maquinaria disponible para colocar enormes rocas —de más de metro y medio de diámetro— frente a la carretera. Si no hubieran hecho eso, el mar se la habría llevado. Hoy en día, esas rocas siguen sosteniéndola, pero aun así, si el mar sigue subiendo, volverá a pasar. Oficialmente, el nivel del mar ha aumentado 1.5 cm, pero en la superficie esto se traduce en cientos de metros. Con más oleaje y más fuerza golpeando la costa, el impacto es evidente».
Si no se toman medidas serias de protección ambiental y se reconoce la importancia de las regulaciones y los ecosistemas costeros, Philippe advierte que, paradójicamente, no serán las instituciones las que regulen:
«Será el mar el que haga cumplir la ley y termine demoliendo todo esto», sentencia.
La Problemática es Integral
Después de años de monitoreo y denuncia, Vangoidsenhoven concluye: “El problema es judicial y también municipal, sobre la zona pública. Se escucha a las autoridades hablando por todos lados, pero a ellas no les importa nada. Los humedales siguen siendo ignorados. Siguen usando el argumento de que no aparecen oficialmente declarados como humedales, y aprovechan esa desinformación para continuar con todo esto”.
Riesgos para las Personas Defensoras del Medio Ambiente
Nada de esto ha sido gratuito. Las personas que han promovido denuncias y procesos de monitoreo ambiental han sufrido hostigamiento e intimidación. Según testimonios de Vangoidsenhoven, los incidentes han incluido agresiones verbales, físicas y obstrucción a su labor.
Uno de los eventos más graves ocurrió el 16 de septiembre de 2019: mientras realizaba un monitoreo ambiental, una persona le lanzó una piedra que le fracturó un dedo. La situación fue muy grave, ya que tuvo que ser trasladado al Hospital Tony Facio en Limón, donde se valoró la posibilidad de amputar la mitad del dedo. Philippe explicó al doctor que es zurdo y que, de perder el dedo, tendría serias dificultades para continuar con sus labores cotidianas. Finalmente, y por suerte, el doctor logró unir el hueso y, según cuenta Philippe, «hoy día lo puedo usar normal».
Esta situación ha afectado su seguridad, estabilidad emocional y económica. Ha tenido que destinar tiempo y recursos a su protección, lo que ha impactado su negocio y su calidad de vida.
Imágenes con contenidos delicados. Son parte de los traumatismos sufridos por Philippe en su mano izquierda.
El Marco Legal y la Importancia de la Zona Marítimo Terrestre
La ZMT en Costa Rica está regulada por la Ley N.º 6043, que establece que los primeros 50 metros desde la pleamar ordinaria son de uso público y no pueden ser apropiados ni modificados. Los siguientes 150 metros pueden ser concesionados bajo estrictas regulaciones ambientales.
El Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, además, cuenta con protección especial bajo la Convención RAMSAR, lo que refuerza su importancia para la conservación de humedales.
Conclusión: Urgencia de Regulación y Protección Ambiental
En el oficio No. 030-2008-UCA-ACLAC-MINAE se solicitaron medidas cautelares como la suspensión inmediata de las obras, el desalojo y la demolición de construcciones dentro de la ZMT, así como la restitución de la zona a su estado natural y el pago por el daño ambiental causado. Pero al paso de los años, todo cambió.
El caso de Punta Uva es una muestra dolorosa de los obstáculos que enfrenta la protección ambiental en el Caribe Sur. La expansión de actividades no reguladas y la falta de medidas efectivas han provocado una degradación ambiental que afecta la biodiversidad y las comunidades locales.
La legislación ambiental debe aplicarse con rigor para garantizar la protección de los ecosistemas costeros y la seguridad de las personas que los defienden. La vigilancia ciudadana, el empoderamiento comunitario y la acción institucional coordinada son claves para revertir los daños y evitar que se repitan casos como este.
A falta de justicia, vendrán las olas
Cuando las instituciones fallan y la impunidad se impone, la naturaleza encuentra sus propios caminos para responder. La marea que avanza no distingue permisos ni escrituras; arrastra consigo la negligencia y el abandono institucional. La frase de Philippe Vangoidsenhoven resuena como advertencia y como sentencia: si el Estado no protege los bienes comunes, será el mar —con su fuerza paciente pero implacable— quien imponga los límites. El tiempo de actuar es ahora, antes de que sea demasiado tarde, antes de que las olas arrasen no solo con lo construido, sino con la esperanza de justicia ambiental.
Esta nota se preparó a partir del testimonio de Philippe Vangoidsenhoven y la información contenida en expedientes judiciales
Esta situación no es ajena al contexto regional
Mientras se escribe este texto, el daño ambiental en toda la región del Caribe continúa. Es probable que las personas inicialmente responsables ya hayan vendido las propiedades, obteniendo ganancias económicas significativas. Sin embargo, el daño causado al ecosistema es irreversible y perdurará, afectando la biodiversidad y la salud ambiental de la zona.
Las acciones de ocupación y degradación no solo han comprometido la integridad del humedal y el bosque original, sino que también han dejado una huella negativa que impactará a las generaciones futuras.
El Caribe Sur de Costa Rica enfrenta una presión creciente sobre sus ecosistemas por el desarrollo urbano no regulado, el turismo descontrolado y la ocupación ilegal de tierras protegidas. A pesar de la existencia de regulaciones ambientales, la falta de cumplimiento y la corrupción han facilitado la degradación de estos ecosistemas.
Además, la criminalización y persecución de personas defensoras del ambiente es una constante en la región. Esto genera un clima de impunidad para los agresores y pone en riesgo tanto la biodiversidad como a las comunidades locales.
Este caso es una muestra más de la alta vulnerabilidad de estos territorios y evidencia el abandono institucional en la aplicación efectiva de regulaciones ambientales. No obstante, aún es posible recuperar parte del equilibrio ecológico si se fortalece la protección legal, se promueve la restauración ambiental y se respalda con firmeza a las personas y comunidades que defienden el territorio.
¿Por qué sube el nivel del mar y qué significa para Costa Rica?
El aumento del nivel del mar es una de las consecuencias más visibles del cambio climático. Se debe principalmente al derretimiento de glaciares y capas de hielo, así como al calentamiento de los océanos, que expande el volumen del agua. Este proceso se agrava con la pérdida de ecosistemas costeros como los manglares, que tradicionalmente han actuado como barreras naturales frente a la erosión y las inundaciones.
En Costa Rica, y en particular en el Caribe Sur, el impacto ya es evidente: el mar avanza sobre las costas, erosiona terrenos protegidos por ley, degrada ecosistemas como humedales y manglares, y pone en riesgo a comunidades locales que dependen directamente del entorno costero para su subsistencia. Ante esta realidad, los humedales costeros se vuelven aliados clave en la adaptación al cambio climático. Su vegetación densa y su capacidad de retención hídrica permiten amortiguar el impacto de marejadas, tormentas y oleajes extremos, protegiendo tanto la biodiversidad como la infraestructura y los medios de vida humanos. Además, estos ecosistemas almacenan grandes cantidades de carbono, ayudando a mitigar el calentamiento global. Su conservación y restauración no solo es urgente, sino esencial para garantizar un futuro resiliente y sostenible.
Felipe Triana Rincón, estudiante de la Maestría Académica en Biología del Sistema de Estudios de Posgrado de la Universidad de Costa Rica lidera una investigación pionera que busca generar datos clave sobre la ecología espacial de las serpientes y su adaptación tras ser reubicadas.
“El problema es que no sabemos qué pasa cuando en vez de matarlas, las reubicamos en un bosque cercano. ¿Sobreviven? ¿Logran adaptarse? No existen datos sobre esto, y mi investigación busca responder esas preguntas con evidencia científica”, expresó Triana.
En su tesis titulada “Evaluación de los programas de reubicación de serpientes en Costa Rica a partir de la ecología espacial de Crotalus simus (Serpentes: Viperidae)”, Triana aborda una problemática recurrente en el país: el miedo y desconocimiento hacia estos reptiles, que frecuentemente lleva a su eliminación cuando se encuentran cerca de áreas urbanas. “Serpiente buena para la gente es serpiente muerta”, explica Triana.
Gracias a esfuerzos del Instituto Clodomiro Picado en conjunto con Bomberos de Costa Rica, se ha implementado un programa donde las personas pueden llamar al 911 para que las serpientes sean trasladadas en lugar de sacrificarlas. Sin embargo, hasta ahora no se ha analizado cómo estas reubicaciones afectan su comportamiento y supervivencia.
El Sistema de Estudios de Posgrado (SEP), en estos 50 años de su fundación, continúa reafirmando su compromiso con la excelencia académica y la investigación. La Maestría Académica en Biología es un ejemplo del impacto positivo de estos programas, al formar profesionales que aportan soluciones a problemáticas ambientales urgentes.
“Desde el SEP siempre hemos aportado conocimiento y buenas prácticas en todas las áreas del conocimiento y una de ellas en las ciencias básicas, consolidándonos como el sistema de posgrados más robusto de la educación pública y privada en Costa Rica”, concluyó la Dra. Flor Jiménez Segura, decana del SEP.
Un estudio pionero para la conservación
Las serpientes cumplen un papel fundamental en los ecosistemas al regular poblaciones de roedores y otros animales que, sin control, podrían generar desequilibrios. Sin embargo, su conservación sigue siendo un reto, en gran parte por la falta de información.
“A nivel de investigación, mi proyecto de posgrado es el tercero en América Latina en generar datos espaciales sobre una víbora”, señala Triana. “Sin datos ecológicos confiables, la conservación de especies se hace a ciegas. No podemos asegurar que lo que estamos haciendo realmente funciona”.
Este trabajo contribuirá no solo al conocimiento científico en Costa Rica, sino también a la generación de mejores estrategias de conservación en toda la región.
Mag Olga Marta Ramírez Hernández Comunicadora Sistema de Estudios de Posgrado (SEP)
El liderazgo verdadero no se proclama en cumbres; se ejerce en el territorio.
A un mes de coorganizar la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Océano (junio de 2025), Costa Rica protagoniza un nuevo episodio que desconcierta a la comunidad internacional y debilita su imagen como referente en liderazgo y compromiso ambiental.
Nos referimos a la eliminación de la financiación y de la declaratoria de interés público del decreto que da seguimiento al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), concretada mediante la modificación del Decreto Ejecutivo N.° 40203. Esto no solo implica un desinterés por la sostenibilidad como política de Estado, sino que debilita la capacidad del país para acceder a cooperación internacional, articular esfuerzos multisectoriales y garantizar derechos fundamentales.
¿Con qué liderazgo y legitimidad puede el gobierno coorganizar una cumbre sobre océanos, cuya génesis y columna vertebral son los ODS —especialmente el número 14— de la Agenda 2030? ¿Quién nos va a tomar en serio si somos verdes solo de las fronteras para afuera, y aquí adentro la política ambiental es negacionista, contradictoria y regresiva?
Porque este caso no es el único. Las decisiones más recientes del gobierno evidencian una política ecocida, marcada por el desmantelamiento institucional, la permisividad extractiva y el abandono sistemático de sus propios compromisos ambientales y sociales.
Esta decisión se enmarca en un patrón de retroceso que se ha acelerado en los últimos meses. El caso más reciente es el escándalo por el trasiego autorizado de 12.6 toneladas de aletas de tiburón martillo para su reexportación, reportado por la organización CREMA en marzo de 2025. Esta acción contradice abiertamente el compromiso con la protección de especies en peligro y con el ODS 14 (Vida submarina), justo cuando el país se presenta como anfitrión global de una cumbre dedicada al océano.
A esto se suman graves retrocesos en gobernanza ambiental, como lo ocurrido en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, donde se ha instaurado un modelo autoritario e impuesto de toma de decisiones, ignorando a las comunidades locales y permitiendo el avance de intereses gentrificadores y extractivos. La falta de participación ciudadana y el debilitamiento del marco jurídico ambiental revelan una tendencia alarmante hacia la destrucción institucional del patrimonio natural del Estado.
Todos estos hechos no son aislados: responden a una lógica de gobernanza que desmantela lo público, prioriza intereses privados y erosiona los derechos humanos y ambientales. Un modelo de gestión que promueve el extractivismo como política y el silencio institucional como estrategia. En este contexto, hablar de sostenibilidad, océanos sanos y liderazgo climático resulta, al menos, hipócrita.
Esta nueva contradicción del gobierno abre muchas otras preguntas. Si revisamos, gran parte de la Agenda 2030 es la columna vertebral de proyectos de cooperación internacional que hacen posible la implementación de políticas ambientales. Por eso nos preguntamos: ¿Qué va a pasar con estos y otros financiamientos cuando los organismos internacionales vean el actuar del gobierno?, ¿Se trata de una decisión inspirada en la postura reciente de la administración Trump, que anunció su rechazo a la Agenda 2030 hace apenas un mes? ¿O es una acción deliberada para polarizar, aprovechando la ola conspiranoica que rodea a esta agenda?
Esta decisión genera más dudas que certezas. Pero lo que sí está claro es que Costa Rica no puede seguir sosteniendo una narrativa de ejemplo global mientras autoriza el aleteo, envenena sus nacientes, silencia comunidades y desactiva compromisos internacionales. Si realmente quiere defender los océanos, debe empezar por cuidar sus ríos, proteger sus bosques, respetar a sus pueblos y garantizar el carácter público y democrático de sus políticas ambientales.
La Asociación para el Desarrollo de la Ecología ha solicitado al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) información técnica sobre el seguimiento a una resolución emitida por la Sala Constitucional relacionada con la protección del acuífero de Moín en Limón.
Mediante el oficio AEL-00131-2025, con fecha del 30 de marzo de 2025, Marco Levy Virgo, presidente de la asociación, solicitó al ministro Franz Tattenbach Capra detalles sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el ministerio ante la Sala Constitucional en el expediente No. 22-008354-0007-CO.
La sentencia constitucional, dictada el 23 de septiembre de 2022, ordenó la creación de una comisión interinstitucional para abordar la problemática que afecta al acuífero de Moín, específicamente en fincas ubicadas en la zona de protección restringida. Además, la resolución estableció el diseño y ejecución de un plan para atender y solucionar los problemas que afectan dicho acuífero.
Según la nota enviada por la asociación, el MINAE se comprometió a realizar seis labores específicas en protección del acuífero:
Identificar actividades incompatibles con normas ambientales vigentes e informar a instancias correspondientes.
Identificar cuerpos de agua existentes y determinar cuáles poseen criterio.
Determinar áreas de protección de acuerdo con la normativa ambiental.
Emitir criterios técnicos para recuperación de áreas de protección.
Cuantificar dolinas existentes y determinar zonas de protección.
Identificar vertidos de aguas residuales, tanto legales como ilegales.
En su solicitud, la asociación pide específicamente un informe detallado sobre la delimitación y caracterización de humedales dentro de la zona 6 de protección absoluta, así como un estudio foto-interpretativo que muestre los cambios en el uso del suelo en dicha zona.
La asociación espera recibir respuesta del Ministerio dentro del plazo establecido por la normativa vigente.
Sospechan de descargas de sedimentos de mina cercana
El pasado fin de semana, vecinas y vecinos de Miramar detectaron la muerte de una gran cantidad de peces, camarones, cangrejos y otras especies en el río Ciruelas, desde el sector conocido como El Salto, a la salida de la mina Bellavista, hasta varios kilómetros río abajo, llegando al histórico «Puente Negro», camino a la comunidad de Río Seco.
Según testimonios de la comunidad, se contactaron a MINAE, Fuerza Pública y el Ministerio de Salud sobre el incidente, pero se desconoce si se realizaron muestreos o denuncias. Las personas denunciantes tienen gran preocupación, ya que este es un sitio frecuentado por visitantes, especialmente durante la Semana Santa.
Si bien aún se desconoce la causa exacta de la contaminación, la mina Bellavista, ubicada en la parte alta de Miramar de Puntarenas, ha sido objeto de múltiples denuncias por presuntas irregularidades en su administración y posibles daños ambientales (ver cronología abajo).
Dayana Rojas de la Asociación Civil Pro Natura, de Miramar aseguro les informaron que “esta situación se origina a partir del punto conocido como ‘El Salto’ donde se observa una importante descarga de sedimentos en el río, pero aguas arriba a escasos 50 metros se puede ver que el río mantiene su fauna normal… Además, los vecinos aseguran que pudieron mapear el fenómeno por más de 6 kilómetros recorriendo la cuenca del río, hasta llegar al Puente Negro”(audio).
En octubre de 2024, el diputado Carlos Andrés Robles expresó su preocupación por la gestión de la mina y solicitó al Ministerio de Salud una inspección exhaustiva para evaluar sus operaciones y determinar si se cumplen las normativas ambientales y de seguridad (Mundo.cr, 16-10-24).
Estas preocupaciones se basan en denuncias previas, como la presentada por Diego Leonardo García, exsupervisor del Proyecto Minero Bellavista, quien advirtió sobre el depósito de residuos en áreas sin la debida impermeabilización, lo que podría provocar contaminación del agua subterránea. Además, señaló que las piletas de emergencia carecen de sistemas adecuados de detección de fugas y que las descargas de la planta podrían estar afectando negativamente al río Ciruelas (Ver denuncia).
Según la presidenta de Pro Natura “a todo esto se suma la inexistencia de actas, o registros de la Comisión Mixta de Monitoreo y Control Ambiental (o COMIMA) desde hace más de 10 años, que permita garantizar el control y el seguimiento ambiental de las actividades de un proyecto de categoría A, como éste y la negativa de la SETENA de reactivarla alegando que el expediente se encuentra secuestrado como parte del Caso Comején”.
Finalmente aseguró que “lamentablemente a pesar de las múltiples denuncias las autoridades locales e instituciones estatales han sido omisas para dar seguimiento al tema de aseguramiento de la calidad del recurso hídrico en nuestro cantón, así como el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y tras el colapso de una mina clandestina hace pocas semanas donde se cobró la vida de un trabajador y otro resultó gravemente herido, la comunidad espera que como mínimo se tomen las muestras de agua para los análisis físico-químicos correspondientes y se desarrollen investigaciones rigurosas”.
Miramar: un «Territorio de Sacrificio»
La minería en Miramar, en sus diversas formas (legal, ilegal, a cielo abierto o subterránea), ha generado impactos socioambientales profundos y acumulativos, convirtiendo la zona en un «Territorio de Sacrificio».
Por otro lado, una investigación del Proyecto Geografía y Diálogo de Saberes (ED-3526) de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la UCR reveló la existencia de un enjambre de minería subterránea de oro en Costa Rica, con al menos 59 solicitudes de concesión que abarcan 779,52 km² (1,52 % del territorio nacional). Entre los cantones más afectados se encuentra Miramar, donde más del 31,86 % de su superficie está solicitada para exploración minera, incluyendo su área urbana (UCR).
Cronología de denuncias sobre la mina Bellavista
● 2007: Suspensión de operaciones debido a deslizamientos de tierra que afectaron la estabilidad del proyecto minero (UCR).
● Marzo de 2009: Sonia Torres, del Comité Ambiental de Miramar, denunció el abandono de la mina por parte de la empresa canadiense Glencairn Gold Corporation, señalando incumplimientos de compromisos ambientales y posibles contaminaciones de los mantos acuíferos y del río Ciruelas con metales pesados y cianuro (UCR).
● Enero de 2011: Sonia Torres publicó un artículo sobre los impactos de la mina Bellavista en el paisaje y corredores biológicos de la región (SURCOS Digital).
● Mayo de 2011: El grupo Miramar al Grano denunció irregularidades en una auditoría de la mina, señalando inconsistencias en la evaluación ambiental (Semanario Universidad).
● Mayo de 2013: Las empresas Río Minerales S.A. y Metales Procesados MRW S.A. demandaron a la SETENA para reactivar la extracción de oro en la mina Bellavista (Semanario Universidad).
● Setiembre 2023: el Ministerio de Salud emitió una orden sanitaria para el cierre del laboratorio de la empresa debido a la detección de plomo en sangre de trabajadores (Semanario Universidad).
● Julio de 2024: El académico Álvaro Sagot expresó preocupaciones sobre la minería en Costa Rica y los impactos del proyecto Bellavista en Miramar (Radio Columbia).
● Agosto de 2024: Se anunció la intención de elevar una denuncia ante la ministra de Salud por presunta contaminación química en el río Ciruelas, vinculada a la mina Bellavista (El Mundo).
● Octubre de 2024: Durante la sesión ordinaria N°24-2024 del Concejo Municipal de Montes de Oro, se discutieron preocupaciones sobre la mina Bellavista. Diego Leonardo García presentó una denuncia con evidencia fotográfica sobre irregularidades en la planta (Municipalidad de Montes de Oro).
Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.
La Asociación para el Desarrollo de la Ecología solicitó información detallada sobre el Sitio Ramsar 783, Gandoca Manzanillo, y áreas asociadas en el cantón de Talamanca, mediante un oficio dirigido al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC).
El documento AEL-00120-2025, firmado por Marco Levy Virgo, presidente de la organización, fundamenta la solicitud en la Ley Marco de Acceso a la Información Pública, vigente desde noviembre de 2024, y hace referencia al Informe SINAC-ACLAC-DRFVS-PNE-C-014-2025.
En la solicitud enviada a David José Chavarría Morales, director ejecutivo del SINAC, y Rotney Piedra Chacón, encargado de Humedales, se requiere información específica sobre cuatro aspectos principales:
La organización pide las coordenadas oficiales y actualizadas del Sitio Ramsar 783, conforme se especifica en un oficio de enero de 2025. También solicita un informe sobre los ocupantes de la Zona Marítimo Terrestre (ZMT) en Talamanca, detallando si son personas físicas o jurídicas y su ubicación respecto a bosques o humedales.
El documento requiere además una descripción y delimitación de ríos y quebradas ubicadas en el litoral de Talamanca, así como un mapa descriptivo de todos los humedales oficialmente documentados en Playa Negra.
Según se indica en la carta, esta información es requerida para fines legales y para garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente.
El documento fue remitido también a expedientes judiciales, diputados de la Comisión de Ambiente, la Procuraduría General de la República, la Defensoría de los Habitantes, la Contraloría General de la República, la Fiscalía Agrario Ambiental y la Alcaldía Municipal de Talamanca.
Adjuntamos dos documentos de referencia aportados por la organización. Les invitamos a descargarlos para conocer en detalle la información.
