Desde hace 8 años el CICA ha evitado publicar datos sobre la contaminación de agua por agroquímicos usados por piñeras
FECON, 15 de junio 2018. La prestación de resultados por parte del Centro de Investigaciones en Contaminación Ambiental (CICA) de la UCR sobre contaminación de plaguicidas en agua de la Zona Norte de Costa Rica fue el resultado de un proceso de presión política para que salieran a la luz pública algunos de los datos que este centro aparentemente se negaba a publicar. Esto se dio como resultado de la presión ejercida sobre el CICA desde el despacho del diputado José María Villalta.
Esta información fue recabada desde 2015. Para ese momento el CICA ya tenía evidencia de que el agua de estas comunidades estaba contaminada no lo reportó hasta el 14 de junio de 2018. Este silencio de tres años puede estar costando a muchas personas su salud. Un centro de investigación financiado con fondos públicos tiene el compromiso ético-profesional de publicar información considerada relevante para el resguardo de la salud de las personas.
Desde 2015 el CICA tiene datos que confirman que alguno de los puntos de muestro están contaminados con bromacil (herbicida), ametrina (herbicida), diuron (herbicida), metalaxil (fungicida), carbendazim (fungicida) y hexazinona (heribicida) pero no los había hecho públicos. Lo más grave es que algunos de los 32 sitios maestreados son fuentes de agua para consumo humano de comunidades pertenecientes a Pital, Agua Zarcas y Venecia de San Carlos y el cantón de Río Cuarto.
Este centro de investigaciones no sólo ha ocultado información sobre contaminación de agua por agroquímicos en comunidades de la Zona Norte, sino que esta práctica es reiterada. El CICA también se ha negado a publicar otros datos sobre contaminación en una de las cuencas más importantes de nuestro país, el Río Grande Terraba y el Humedal Terraba-Sierpe. La FECON tiene conocimiento que esto datos han sido recopilados desde 2012 sin ver la luz pública. Uno de los ecosistemas de humedal protegidos por el Convenio RAMSAR.
Este tipo de prácticas es una grave falta moral y ética departe de funcionarios públicos que deciden engavetar información clave para el debate nacional sobre el fenómeno de expansión piñera que el país tiene a cuestas.
En FECON hemos sido enfáticos en denunciar en el pasado que existen 5.566 hectáreas deforestadas por las piñeras de forma ilegal, un área equivalente al Parque Nacional Carara. Además se reportan 74 piñeras identificadas por el Centro Nacional de Alta Tecnología de CONARE que desde 2015 por violar la Ley Forestal siguen impunes. También hemos reportado que existen más de 1.112 hectáreas de piña sembradas dentro de Áreas Silvestres Protegidas.
Se debe señalar que las consecuencias económicas de la expansión descontrolada de la piña ya estan siendo pagadas por las comunidades y el Estado costarricense. Se calcula ₡2.500 millones de colones cuesta el acueducto nuevo de Milano de Siquierres ya que el viejo se los contaminó una piñera hace más de quince años. Por esta situación el AyA ha desembozado durante este tiempo alrededor de USD$5.000.000 para abastecer agua mediante cisterna a comunidades donde la Piña contaminó sus acueductos comunitarios.
La totalidad del costo social y ambiental de la expansión piñera se desconoce. El país está permitiendo que esta industria devaste gran parte de la riqueza natural y ahora incluso amenaza las fuentes de agua de las comunidades vecinas a sus plantaciones. Por eso se necesita una institucionalidad académica comprometida para investigar de forma responsable los impactos de la industria piñera.
Federación para la Conservación de la Naturaleza (FECON)
Más de cien personas se organizan para detener incineración de desechos en Los Santos
Fecon, 11 de junio 2018. Las comunidades de San Antonio, San Pablo, La Angostura de León Cortés y Frailes de Desamparados están en una nueva etapa de oposición ante la amenaza de instalación de una “planta gasificadora de basura” en la zona Los Santos por parte de la empresa Agropecuaria 70-48.
Actualmente la empresa no tiene viabilidad ambiental del proyecto ni siquiera un expediente en trámite en SETENA para la zona de Los Santos por lo que la empresa está operando sin el debido proceso.
Ya en 2013 el proceso en contra la incineración había culminado con el archivo del Estudio de Impacto Ambiental el 11 de setiembre del 2014, expediente D1-8972-2013-SETENA de la empresa Agropecuaria 70-48. En ese momento Agropecuaria 70-48 fue incapaz de contestar veintiocho cuestionamientos técnicos en el plazo de seis meses que le concedió la Secretaría Técnica Ambiental (SETENA).
Posteriormente en una resolución de SETENA del 28 de febrero del 2014 había confirmado lo señalado por las comunidades y los ecologistas: la empresa obvió la necesidad de los estudios cualitativos y cuantitativos de la percepción local de la población.
Según Octavio Quirós Quirós miembro de Grupo Ecologista León Cortés: la empresa busca nuevamente ocultar las consecuencias y las amenazas directas para elrecurso hídrico, los cultivos de café, aguacate, frutícolas de todo tipo, el turismo comunitario, la naturaleza y la calidad de vida en Los Santos. Daños imposibles de reparar regalándole la ceniza de la planta como abono a los agricultores como ofreció la empresa.
En Los Santos se está repitiendo la misma secuencia de intentos de manipular a la gente que en todos los demás lugares donde las incineradoras han intentado instalarse. “Somos cientos de personas, las ASADAS, las Asociaciones de Desarrollo Integral, los comités, los que estamos en estas reuniones opuestos y el único representante de esa empresa dice que ya van a empezar porque tienen todos los permisos”, indicó David Mora de San Antonio uno de los organizadores comunitarios.
Los vecinos reporta que la empresa Agropecuaria 70-48 convocó a dos reuniones, pero no dejaron entrar a más de quince personas, todas escogidas por la misma empresa, mientras al resto de gente simplemente no la dejaron entrar.
David Mora se refirió a estas reuniones y señaló que: “les pedimos los estudios realizados y nunca nos han enseñado ni una hoja»”.
Amenaza al recurso hídrico
Los impactos sobre la explotación de las fuentes de agua por parte de empresas incineradoras de basura sería un conflicto entre el agua para consumo humano y el del uso industrial.
«No alcanzarían todas las nacientes que tenemos para lo que la incineradora necesita y Guillermo Aguilar, el hombre de la empresa, dice que no importa, que con cisternas completa”, explicaron Irene Mora de San Antonio de León Cortés.
Insostenible
Es económica y ambientalmente insostenible este proyecto. Agropecuaria 70-48 insiste en gasificar 42 toneladas diarias de desechos para generar 1 MW con un exorbitante costo de 4.000 millones de colones, costo que subvencionaría la municipalidad de lo contrario sería inviable económicamete.
Por otro lado en Los Santos se generan menos de 20 toneladas diarias a las que habría que restarle desechos biodegradables, reciclables y reutilizables, para cumplir con lo obligado por la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos N.º8839 sobre manejo de desechos del país. Esto llevaría a esta planta incineradora a traer basura de otros lugares del país, aumentando el impacto ambiental social de dicho proyecto.
“Esa empresa técnicamente es igual o peor de incompetente que todas las demás cuyos intentos han fracasado en Barranca, Alajuela, Carrillo, La Uruca, Cañas-Tilarán-Bagaces, e incluso en Dota donde los representantes de la empresa coreana Wells Lighting Central America S.A., no lograron articular respuesta ante los cuestionamientos sociales, ecológicos, económicos y sobre oferta eléctrica pues todos dicen que “ayudarán a suplir de electricidad al país” lo cual es técnicamente improbable, indicó Osvaldo Durán Castro de PROAL/FECON.
Asecodes, Asociación Ecologista Desamparadeña, comunica a la ciudadanía desamparadeña y nacional, que la Sala IV, Sala Constitucional, acogió nuestro recurso de amparo, contra la Municipalidad de Desamparados y a la SETENA, Secretaria Técnica Ambiental.
Se les da tres días hábiles para que rindan informes, ante la Sala, para su valoración, y resolución, con el cumplimiento del Artículo 50 de nuestra Constitución Política, de nuestro derecho a ¡gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado!
Actividad fue coordinada por el Área de Transparencia adscrita a la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción
Mónica Álvarez Pérez
Comunicadora. Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción
7 de junio del 2018. Ciudadanos de la comunidad de Puerto Viejo de Talamanca y sus alrededores participaron el pasado 05 de junio en el conversatorio sobre Derecho Ambiental, en el que José Pablo González, fiscal adjunto Agrario Ambiental, participó como expositor y aclaró las dudas del público.
El fiscal González inició la actividad resaltando las características del derecho ambiental y los conceptos en torno a los delitos más frecuentes en esta temática.
Posteriormente, se dio espacio a temas como leyes, sanciones, áreas protegidas, la intervención de instituciones afines a la protección ambiental, reciclaje, moratorias y daños al medio ambiente; momento en que los presentes aprovecharon para hacer sus aportes, denunciar y solicitar apoyo al Ministerio Público en relación al eje temático expuesto.
Entre los temas abordados, se enfatizó en la preocupación por permisos de construcción que ha otorgado la Municipalidad de Talamanca dentro de las zonas marítimo terrestre durante la moratoria, pues es prohibido construir en zona pública, esteros y humedales.
“En Costa Rica no se puede alegar ignorancia de la Ley, denunciemos, aunque hayan construido, cortado árboles. La naturaleza tiene capacidad impresionante para regenerarse y no se puede permitir que la ignorancia y la avaricia prevalezcan. Nuestra lucha no es por nosotros, es por sus hijos y los hijos de ellos”, manifestó González.
Durante el conversatorio, la comunidad también tuvo la oportunidad de conocer al nuevo personal que asumió funciones el pasado mes de mayo en la fiscalía de Bribri, entre quienes se encuentran Marlon Poyser, fiscal coordinador, y el fiscal auxiliar de Enlace Agrario Ambiental, Guillermo Cordero; ellos mostraron su anuencia y compromiso con la ciudadanía.
Este espacio comunitario fue coordinado por el Área de Transparencia de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción y se celebró en la Casa de la Cultura Liberty Hall de Puerto Viejo.
Área de Transparencia
Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción
Hallazgos son parte del proyecto conjunto entre la UCR y el Servicio Fitosanitario del Estado para fomentar buenas prácticas agrícolas (BPA) en fincas productoras de piña
Estudio realizado tomó muestras en 22 sitios de aguas superficiales (ríos y quebradas) y en 10 sitios de aguas subterráneas (pozos y nacientes). Los muestreos en aguas superficiales se realizaron durante los años 2015, 2016 y 2017 tres veces al año, en las épocas seca, lluviosa y de transición. – foto Laura Rodríguez Rodríguez.
El Proyecto de Buenas Prácticas Agrícolas en la producción de piña en la Zona Norte, ejecutado por el Centro de Investigación en Contaminación Ambiental (CICA) de la Universidad de Costa Rica (UCR) y el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), encontró presencia de plaguicidas en algunas fuentes de agua de los distritos de Pital, Aguas Zarcas y Venecia de San Carlos, y el cantón de Río Cuarto.
Como parte del estudio, se tomaron muestras en 22 sitios de aguas superficiales (ríos y quebradas) y en 10 sitios de aguas subterráneas (pozos y nacientes), ubicados en dichas localidades. Los muestreos en aguas superficiales se realizaron durante los años 2015, 2016 y 2017 tres veces al año, en las épocas seca, lluviosa y de transición. Mientras que los muestreos en aguas subterráneas se realizaron durante el 2015, 2016 e inicios del 2017.
A partir del primer año de análisis de muestras, se observaron tendencias sobre la presencia de trazas (cantidades minúsculas) de ingredientes activos de bromacil detectados en algunos pozos y nacientes de varias Asadas que fueron muestreadas, previo al tratamiento del agua para consumo, lo que llevó a los investigadores del CICA a informar a las autoridades competentes.
«La investigación que se realiza en la Universidad de Costa Rica y particularmente ésta es una investigación que se financia con fondos públicos y por lo tanto estamos en la obligación de brindar resultados a la sociedad costarricense», reconoció el Dr. Fernando Santamaría, Vicerrector de Investigación de la UCR.
Los científicos sostienen que las concentraciones de ingredientes activos encontradas son bajas según los niveles establecidos por entidades internacionales como la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de EE.UU. No obstante, en algunos casos, dichas concentraciones sobrepasan los parámetros de calidad para residuos de plaguicidas establecidos en el Reglamento para la Calidad del Agua Potable que rige en Costa Rica actualmente.
En el caso de aguas superficiales el bromacil, la ametrina y el diurón, herbicidas utilizados para el cultivo de la piña, fueron los plaguicidas más frecuentemente detectados y cuantificados en muestras de ríos y quebradas durante el desarrollo del proyecto. El bromacil fue prohibido por el Gobierno para su importación a partir del 24 de mayo del 2017 y para su uso a partir de noviembre del mismo año. También se detectaron en menor medida otros plaguicidas como metalaxil, carbendazím y hexazinona.
El jueves 18 de junio de 2018, en la Facultad de Ciencias Sociales se presentaron hallazgos del proyecto conjunto entre el Centro de Investigación en Contaminación Ambiental (CICA-UCR) y del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) para fomentar buenas prácticas agrícolas (BPA) en fincas productoras de piña.
Cabe destacar que, actualmente, en Costa Rica las concentraciones residuales de estas sustancias en aguas superficiales no se encuentran reguladas de acuerdo con el reglamento vigente 33601-MINAE-5. Al respecto, el investigador Greivin Pérez expresó: “Este proyecto servirá como linea base para que las autoridades competentes puedan actualizar la regulación nacional en materia de valores máximos permitidos de plaguicidas por medio de futuras investigaciones que complementen la actual”.
El proyecto, además, incluyó análisis físicoquímicos y microbiológicos de muestras tomadas en ríos y quebradas, que permitieron detectar, en algunos casos, contaminación por coliformes fecales. Adicionalmente, se tomaron muestras de sedimentos y de piña que fueron analizados con tecnología de punta en el laboratorio del CICA. En las frutas ninguno de los valores de plaguicidas detectados superó los límites máximos de residuos permitidos en piña.
El CICA cuenta con ensayos acreditados y equipo de alta tecnología para la detección y análisis de residuos de plaguicidas mediante técnicas de cromatografía de líquidos y cromatografía de gases, acoplados a espectometría de masas, lo cual permitió detectar trazas en las muestras de agua analizadas.
El vicerrector de Investigación, Fernando Santamaría y dos investigadores del CICA, Laura Brenes y Greivin Pérez presentaron los principales resultados de los análisis realizados en la Zona Norte. Brenes recalcó que el proyecto incluye además el trabajo con productores piñeros para mejorar sus prácticas agrícolas en el uso de plaguicidas.
La Universidad de Costa Rica, a través del CICA, recomendó en abril del 2017 al Servicio Fitosanitario del Estado discutir urgentemente los resultados preliminares de este estudio con las autoridades nacionales responsablesdel Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y Acueductos y Alcantarillados (AyA) con el fin de que se tomen las medidas regulatorias correspondientes. Recomendaron que la atención esté centrada no soloo en los residuos de plaguicidas sino también en otros potenciales riesgos de origen microbiológico y físicoquímicos.
Como parte del proyecto “Caracterización de la prácticas agrícolas y el uso y manejo de agroquímicos en el cultivo de piña para la implementación de buenas prácticas agrícolas (BPA)”, actualmente, el CICA está realizando capacitaciones y campañas informativas con los productores de de la Zona Norte donde operan más de 150 fincas productoras de piña para la reducción en el uso de agroquímicos y procurar su manejo apropiado en este cultivo.
El investigador Greivin Pérez del CICA explicó los resultados obtenidos durante los años 2015, 2016 y 2017 donde se detectó la presencia de Bromacil en aguas subterráneas.
Hoy se realizó una reunión de acercamiento en las oficinas centrales del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), con la participación de la ministra María Amalia Revelo; así como la Ministra de Cultura Sylvie Durán Salva tierra, con representación de la Asociación de Desarrollo y Consejo de Cultura de Boruca, para analizar el proceso de construcción del Atracadero en el Parque Nacional Marino Ballena (PNMB), áreas de uso ancestral del pueblo indígena Brunca.
Gilbert González de la Comisión designada por el Consejo Cultural y la Asociación de Desarrollo de Boruca aseguró: “La ministra Sylvie Durán quiere etiquetar el proceso como de “buena fe” y no como consulta, algo en lo que difiero totalmente”.
También se acordó revisar los términos de referencia para la contratación de los estudios referidos, atendiendo las recomendaciones de la Asociación de Desarrollo y el Consejo Cultura.
Se expuso la falta de consulta correspondiente al pueblo de Boruca al planificar el proyecto, la desatención de varias de las instituciones participantes a las recomendaciones del pueblo de Boruca sobre el tema de consulta, la falta de información pertinente, el ocultamiento de la información, entre otros.
“Es necesario entender el amplio marco jurídico que respalda la acción de consulta al pueblo de boruca, así como las maniobras dadas en los últimos meses referentes al tema”, aseguro González.
La reunión estaba planificada para analizar la contratación, directa o abierta, de un estudio biológico y de impacto cultural del atracadero sobre el caracol múrice utilizado ancestralmente para teñir hilo que el tono morado distintivo en sus tejidos y también sobre eventuales cambios culturales.
En la reunión participaron treintena de personas, entre ellas tour operadores del PNMB, representantes del Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE), Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), Área de Conservación Osa (ACOSA), Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP), Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad (CONAGEBIO), Fideicomiso INCOP-ICT-BNCR.
Informes Gilbert González Maroto 6025-3217 y Mario Lázaro presidente de la ADI de Boruca al 8463 4969.
Se encuentra bromacil, metalaxil, hexazinona, bentazona, diuron, triadimefon en acueductos comunitarios del Caribe.
Agroquímico prohibido debió de salir de circulación en Costa Rica el pasado 5 de diciembre de 2017
Es necesario que el OIJ investigue sí existe contrabando de bromacil
Fecon, 6 de junio 2018. A un año de que el anterior gobierno firmó el decreto de prohibición de Bromacil datos de Instituto Regional de Sustancias Tóxicas (IRET) ratifican presencia del agroquímico en el acueducto de la ASADA de Milano de Siquirres en Limón.
El bromacil es un herbicida utilizado en la producción de piña el cual a significado grandes daños al ambiente y a la personas vecinas de este monocultivo. Desde 2003 se reporta su presencia en el agua para consumo humano de comunidades limonenses.
Reportes de expertos señalan que el bromacil tiene una persistencia en el ambiente de 100 días después de su aplicación. Lo cual significa que las piñeras vecinas de acueducto comunitario de Milano posiblemente aplicó este herbicida al margen de la legislación nacional.
Según los análisis de agua de este acueducto se encontró bromacil 1,39 μg/L, metalaxil 0,09 μg/L, hexazinona 0,07 μg/L, bentazona y diuron, triadimefon trazas (menor que 0,05 μg/L). Otras comunidades vecinas como Villafranca también reportan contaminación el pozo de la ASADA de Villafranca reporta concentraciones abajo del límite de reporte de 0,05 μg/L (microgramo por litro). Las muestras fueron tomadas el 23 de febrero del 2018 en dichas comunidades.
Para Henry Picado la Federación Costarricense para la Conservación de la Naturaleza -FECON- “es muy preocupante porque pueden ser indicios de una violación a la prohibición del decreto tal y como lo denunció la Federación hacer unos meses cuando se comprobó la introducción ilegal de 4200Kg de ingrediente activo de Bromacil”.
Según Xinia Briceno del Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción Piñera (FRENASAPP) estos datos son importantes que sean sacados a la luz pública porque nuestra comunidad está trabajando fuertemente en la construcción de un nuevo acueducto para cambiar el contaminado. Pero mientras tanto nuestra comunidad de Milano sigue recibiendo agua contaminada.
Por último Picado puntualizó que «es necesario que el OIJ, Aduanas y la Fiscalía verifique si existe un tráfico ilegal de bromacil«.
Imagine un área natural donde las comunidades indígenas o rurales convivan en una relación no solo armoniosa con su entorno, sino beneficiosa en ambas vías, donde se genera una economía que sustente este vínculo: ¿Un sueño lejano? ¿Una utopía?, pues esta es la realidad que actualmente se gesta con los “Geoparques” en América Latina.
Existen actualmente 140 Geoparques mundiales de la UNESCO, los cuales están distribuidos en 38 países, 4 de ellos en América Latina. Para discutir alrededor de esta figura alternativa de conservación, el pasado lunes 21 de mayo, la Escuela de Geografía recibió la visita de Dr. José Luis Palacios Prieto, del Instituto de Geografía de la Universidad de Autónoma de México (UNAM), quien impartió una conferencia sobre los “Geoparques y su Importancia en el Patrimonio Natural de América Latina”.
¿Qué no es un Geoparque? Un Geoparque no es una colección de sitios o de áreas aisladas, no es un museo geológico al aire libre, ni necesariamente, un Área Natural Protegida como la conocemos.
Un Geoparque no es sinónimo de parque geológico, o de un área con alguna característica geomorfológica sobresaliente; un Geoparque es un territorio holístico donde el manejo y la protección, así como las actividades económicas, educativas y turísticas van de la mano entre comunidad y administración. Inclusive, la administración de un Geoparque puede estar en manos de la misma comunidad, como es el caso del Geoparque de la Mixteca Alta, el cual es animado por el DR. Palacios desde la UNAM.
En América Latina, la figura de Geoparque ha mutado, y se ha adaptado a la diversidad cultural y el necesario proceso de participación social que conllevan las múltiples cosmovisiones. Es un parque creado sin imposición externa, con la participación de la gente ósea de abajo para arriba, donde puede convivir lo natural y ancestral, donde la comunidad construye su plan de manejo de manera participativa y de acuerdo también con su cosmovisión. Es un patrimonio con una serie de aspectos geológicos relevante pero conectados con otros patrimonios como la Geodiversidad y la cultura.
Y ¿qué es geodiversidad? Es la relación entre biodiversidad viva y las características geológicas de los suelos donde se desarrolló esa vida. La geodiversidad también comprende a las culturas que han leído y aprovechado estas relaciones geológicas para prosperar o destruir sus formas de vida.
¿Cómo se crea un Geoparque? Por ejemplo, el caso de la Mixteca Alta donde ha trabajado el geógrafo Palacios es una zona identificada de “desastre ecológico”, debido a la erosión tan acelerada que tiene su relieve. Esta erosión es historia y estética: el resultado de una interacción con las sociedades de más de diez mil años (http://www.geoparquemixtecaalta.org/).
Actualmente, el Geoparque de la Mixteca representa una fuente de empleo para la comunidad, así como una oportunidad para mejorar la economía local, al tiempo en que se hace un aprovechamiento del recurso didáctico para explicar la erosión y su relación con los descendientes directos de la cultura Mixteca, una de las más extensas de Mesoamérica, por su continuidad y antigüedad.
El proceso necesario para crear un Geoparque, como fue el caso de la Mixteca, es un fin y un medio en sí mismo, al poner de acuerdo 9 municipios, comunidades, socios, actores privados etc. Todo ello implica una serie de requisitos para completar y mantener una nominación oficial de la UNESCO, por lo que se convierte un proyecto de vida para el territorio y las comunidades. La gestión social se convierte en el principal reto a trabajar, pues implica ajustar tiempos, instituciones, visiones, expectativas, aprendizajes, y sobre todo, mucha creatividad y persistencia.
Si bien hay lineamientos generales para este tipo de categoría, no existe una receta única para su creación; cada territorio parece agregar alguna novedad al concepto, por lo que es una categoría en construcción, especialmente porque parte de las particularidades de la región latinoamericana.
¿Y las implicaciones para Costa Rica? Es un paso más agresivo que el llamado “co-manejo” aplicado en el Parque Nacional Cahuita, ubicado en el Caribe Sur. El Geoparque es una categoría de conservación relativamente nueva, especialmente para Costa Rica, ya que a pesar de que esta figura de protección tiene más de dos décadas de aplicación, ha sido una categoría desconocida en el país; aun cuando Costa Rica se vanaglorie de su sistema de conservación, un modelo que fue exitoso y que actualmente se encuentra en un proceso de crisis e involución.
Un Informe de la Contraloría General de la República (Nº DFOE-AE-IF-16-2014) determinó que 86 de las 128 áreas silvestres protegidas analizadas – a pesar de que en el país existen 171 áreas protegidas- cuentan con al menos una persona responsable por la gestión. En 48 de estas áreas silvestre protegidas no se cuenta con los recursos materiales necesarios para cumplir con acciones de control y protección.
En otras palabras, con base en los datos de la Contraloría, el 32,8% de todas nuestras áreas protegidas no tienen protección alguna y deben considerarse como “parques de papel” pues han sido declarados por ley o decreto, pero no cuentan con protección o administración alguna. Por ejemplo, el Parque Internacional La Amistad que el cual cuenta con casi 200 mil hectáreas, está totalmente desprotegido. El 96% de su superficie ocupa la vertiente del Caribe y cuenta con solamente 1 guardaparques para su protección.
Desde 1998 no se ha creado ninguna plaza de guardaparques, pero además los que se pensionan o renuncian no son sustituidos, esto hace que en algunas áreas protegidas la reducción de guardaparques alcance un 70%.
Sumado a lo anterior, adeudamos más de 100 mil millones en tierras que conforman parte de los parques nacionales no pagadas a sus propietarios originales. Con mil millones al año, presupuesto adjudicado al MINAE para pagar esta deuda, tardaríamos 100 años saldándola; esto sin contar intereses.
A esta crisis se le suma una serie de megaproyectos, privatizaciones, e intenciones extractivas y aperturistas sobre el Patrimonio Natural del Estado. Si bien se reconoce que hay una crisis ambiental sin precedentes fuera de las áreas protegidas, no resulta nada sensato romper el sistema de protección para extraer recursos y someter el patrimonio natural que nos queda a una mayor crisis socio ambiental. Hace falta construir visiones de Geoparque en los “parques de papel”, pero, sobre todo, fuera de las áreas que ya se encuentran “conservadas”, a fin de que no exista una visión exclusivamente conservacionista, sino más bien integracionista de las comunidades con el ambiente.
(*)Docente Escuela de Geografía y coordinador del Programa Kioscos Socioambientales de la UCR.
La contaminación se enreda en sus raíces, el cambio climático los golpea y acciones humanas amenazan su supervivencia, aunque nos protegen de los huracanes y son la cuna de muchas especies animales
Los manglares y otros ecosistemas marítimos son amortiguadores naturales de fenómenos, como inundaciones y fuertes oleajes. – foto Cristian Araya Badilla.
Si no conoce un manglar, es posible que la palabra lo remita a un espacio húmedo y con zancudos, rodeado de lodo y con algunos árboles colgantes. Pero lo cierto es que estos ecosistemas son protectores de vida: bajo sus aguas guardan múltiples funciones que benefician al ser humano y, además, cientos de especies de animales hacen de los bosques de manglar su hogar.
Sin embargo, estos bosques salados, aliados estratégicos contra los efectos del cambio climático, padecen las consecuencias de las acciones humanas insostenibles con el medio ambiente, lo cual afecta la economía de las comunidades aledañas.
Los manglares, que son reconocidos como humedales, entretejen múltiples funciones naturales: son el hábitat de cientos de especies vegetales y la cuna de animales de importancia comercial, como peces, cangrejos y moluscos.
“Estos ecosistemas le proveen alimento y refugio a una gran cantidad de especies que llegan a desovar; ahí tienen su nicho y cuando están en etapa adulta migran hacia mar abierto. Además, sus raíces atrapan sedimentos que vienen de los ríos y evitan que lleguen al mar y afecten a otros ecosistemas, como arrecifes de coral”, explicó Margarita Silva Benavides, especialista en ecología de manglares de la Universidad de Costa Rica (UCR).
Además, la contribución de los bosques de manglar en el almacenamiento de carbono en sus plantas y suelo es mayor que la de un bosque tropical, según expertos. Esta captura es conocida como «carbono azul».
“Uno de los puntos importantes de la discusión que tuvimos en La Haya fue esa capacidad que tienen los ecosistemas de humedales y manglares de desempeñar funciones como la fijación de gases de efecto invernadero, la protección de las zonas costeras, la contribución en la formación del suelo y la prevención de la erosión”, explicó Bernardo Aguilar González, director de la Fundación Neotrópica, al hacer referencia al fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el caso de Costa Rica contra Nicaragua.
Si se pudiera comparar a los manglares o humedales con algún objeto, este sería un escudo; puesto que, por sus características y su composición, cumplen un papel primordial al proteger las costas de la erosión y al absorber la lluvia. Igualmente, son una barrera efectiva contra fuertes vientos provenientes de tormentas y huracanes.
Así lo refuerza el más reciente informe del Estado de la Nación al indicar que ecosistemas como los manglares, los bosques y los ríos absorbieron gran parte de la carga de la precipitación durante el huracán Otto, que afectó al territorio nacional a finales de noviembre de 2016 con serias consecuencias.
“Los humedales, por ejemplo, retuvieron los excesos de precipitación y escorrentía, y cumplieron una función al retener sedimentos”, explica el informe.
A pesar de esto, gran parte de la población ignora los beneficios que los diversos ecosistemas incluidos en los humedales, como los manglares, cumplen en condiciones adversas como los huracanes. Mientras tanto, la contaminación y las drásticas transformaciones humanas imperan en los manglares del país.
¿Qué importancia tienen los manglares? Desde atrapar contaminantes hasta generar beneficios económicos para las comunidades cercanas. – diseño Rafael Espinoza.
¿Cómo han sufrido los manglares?
Y es que los manglares ven llegar de todo a sus terrenos: plaguicidas, productos farmacéuticos y detergentes, por nombrar solo algunas de las sustancias que contaminan sus raíces diariamente. Además de la contaminación, el cambio del uso de la tierra y la presión de proyectos inmobiliarios amenazan la supervivencia de estos ecosistemas.
En Costa Rica, según el XXI Informe del Estado de la Nación, desde inicios de los años noventa la cobertura nacional de bosques de manglares ha disminuido: en 1992 se contabilizaban 51 350 hectáreas y para el año del estudio la cobertura correspondía a un 0.7 %, es decir, 37 420 hectáreas; esto representa una reducción de 13 930 hectáreas.
A partir de este año, el Sinac cuenta con un dron fotogramétrico “con una precisión que cubre los requerimientos del Instituto Geográfico Nacional para clasificar manglares. A partir de este 2018 estamos con la planificación de sobrevuelos sobre los manglares, comenzamos por la costa del Pacífico”, explicó Jacklyn Rivera, coordinadora del Programa Nacional de Humedales de esa institución. Por otro lado, la expansión de cultivos y otras actividades, como las salineras, han provocado que estos ecosistemas desaparezcan. De acuerdo con el Informe del Estado de la Nación 2017, los cambios en el uso del suelo y la invasión de zonas protegidas por el crecimiento de cultivos se relaciona de manera directa con la pérdida de manglares.
En el 2017, el Proyecto Humedales del Sinac encontró que en el Humedal Nacional Térraba-Sierpe, en la provincia de Puntarenas, se había desaguado 1310 hectáreas para dedicarlas a la ganadería y, posteriormente, a la producción de arroz y palma africana, entre el 2008 y el 2016.
“El tema de la contaminación lo abordamos por medio de los programas de control y protección que tienen las áreas de conservación y las denuncias. Hay un fuerte impacto por parte de la actividad agropecuaria y es ahí donde se nos sale de las manos. El Sinac aprovecha los espacios de coordinación con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, pero sigue siendo una debilidad en la parte de vinculación de la agenda agro y la agenda ambiental”, explicó Rivera.
Los humedales representan un 7 % del territorio nacional. Asimismo, se estima que el 0.8 % del país es zona clasificada como manglar. El aporte que estas áreas generan, por medio del almacenamiento de carbono y del valor económico que representan, pone la lupa de las comunidades costeras y cercanas a los humedales en la protección de estos ecosistemas.
Este artículo pertenece al suplemento C+T, que es publicado mensualmente en el formato impreso del Semanario Universidad. Puede encontrarlo el primer miércoles de cada mes. (Diseño: Rafael Espinoza).
Comunidades en acción
El sustento de decenas de familias que habitan en lugares aledaños depende de los manglares que reposan en los principales humedales del país.
Los servicios ambientales que estas áreas ofrecen permiten a los habitantes de las zonas cercanas realizar actividades de subsistencia, como el ecoturismo, la pesca y la extracción de pianguas y otros moluscos para su comercio.
“Aquí en Costa Rica hay muchas localidades costeras que trabajan en pro de los manglares, como en el Golfo Dulce, en el Golfo de Nicoya o en el Pacífico Central, donde hay grupos organizados de las propias comunidades que aprovechan el manglar de una manera sostenible, en el sentido de que están sometidos a un plan de manejo y permisos respectivos”, explicó Silva.
De esto es ejemplo la Asociación de Pescadores y Piangüeros del Golfo Dulce (Asopez), quienes trabajan en la recolección de semillas y posterior plantación de mangle, en viveros cercanos a Playa Colibrí en el sector de Osa.
“También trabajamos en un vivero de ostras y en la parte de turismo. En el mangle hacemos un turismo educativo y en junio hacemos un festival en el que realizamos charlas para enseñarle a comunidad la importancia del mangle y cómo protegerlo”, explicó Gisela Víquez, secretaria general de Asopez.
Por otro lado, actores como la Fundación Neotrópica buscan combinar la responsabilidad social corporativa con acciones que generen beneficios para los manglares y las comunidades aledañas; entre estas se encuentran: reforestar los bosques de manglar, educar a la población y realizar capacitaciones sobre actividades productivas sostenibles por medio de programas como Carbono Azul Comunitario.
Desde el 2017, los humedales del país cuentan con la Política Nacional de Humedales, que señala acciones encaminadas a la conservación y el aprovechamiento responsable de estos ecosistemas, y con un marco de acción del 2017 al 2030 que incluye manglares y pantanos, entre otros.
“Se están ejecutando los planes de gestión local de los sitios Ramsar, básicamente son un instrumento que permite implementar las acciones de los planes generales de manejo de las áreas protegidas que coinciden con estos sitios”, explicó Rivera.
