El proyecto busca probar una nueva mezcla asfáltica con componentes de plástico PET de botellas recicladas
Países como Inglaterra, India y Canadá poseen experimentos con polímeros PET (plásticos) en mezclas asfálticas, pero en Latinoamérica solo Costa Rica los está aplicando (foto: Laura Rodríguez).
Asfalto Verde es el nombre de un proyecto único en Latinoamérica, que busca ensayar la mezcla asfáltica con plástico reciclado para pavimento. La propuesta es liderada por el equipo técnico del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la UCR (LanammeUCR), en conjunto con la Compañía Coca Cola, la Fundación Aliarse y la Municipalidad de Desamparados.
La idea busca añadir polímeros PET (plástico) a las mezclas convencionales utilizadas en el país para mejorar la vida útil del asfalto, gracias al aumento de su resistencia a factores climatológicos y también al peso vehicular.
«Ejemplos como este muestran que cuando juntamos la academia, la empresa privada y organizaciones de la sociedad civil, podemos plantear soluciones a las problemáticas del país», acotó William Segura, gerente del área de Comunicación de Compañía Coca Cola.
Adherir plástico a los materiales que se utilizan para elaborar la mezcla asfáltica le agrega al pavimento, según los primeros estudios, resistencia a malformaciones, al agrietamiento y a la humedad (foto: Laura Rodríguez).
Además de ser una alternativa innovadora para construir o reparar las vías públicas nacionales, es una forma deaportar al desarrollo con sostenibilidad ambiental, ya que la mezcla cuenta con 3 % de plástico y se espera que las siguientes pruebas ayuden a determinar si el porcentaje de polímeros se puede aumentar.
En los próximos meses se va a realizar el plan piloto que consiste en implementar la mezcla en el plantel de la Municipalidad de Desamparados, para aplicarla en un kilómetro. El proceso se hará de la siguiente manera: 500 metros con asfalto convencional y los otros 500 metros con asfalto verde, cada tonelada de este último pavimento contendrá 1 000 botellas de plástico.
Tal prueba busca medir la calidad y el funcionamiento de la mezcla en condiciones reales para validar los beneficios de esta investigación impulsada por el LanammeUCR. Según los ensayos realizados, se determinó que el Asfalto Verde tiene un buen desempeño, resiste a la malformación, al agrietamiento y a la humedad, entre otras características.
En el plan piloto que se desarrollará con la colaboración de la Municipalidad de Desamparados, se utilizarán 1 000 botellas de plático por cada tonelada de mezcla asfáltica. A partir de los resultados, el LanammeUCR definirá si se puede añadir más cantidad de plástico (foto: Laura Rodríguez).
«Después de nuestros estudios, llegamos a confirmar que el PET es bastante noble e, incluso, compite muy bien con productos comerciales que se añaden a las mezclas asfálticas«, explicó el Ing. José Pablo Aguiar Moya, coordinador de la Unidad de Materiales y Pavimentos del LanammeUCR.
Para realizar esta primera prueba, el LanammeUCR cuenta con un Simulador Pesado de Vehículos, el cual será utilizado por primera vez fuera de las instalaciones del Laboratorio. Esta tecnología permite establecer cuál es la resistencia de determinada superficie ante el rodamiento de automóviles.
De igual manera, se realizarán más ensayos de laboratorio en las próximas semanas, con la finalidad de someter a prueba al asfalto verde junto con los componentes utilizados por la empresa que brinda el pavimento a la Municipalidad de Desamparados. Realizar este control permite garantizar que la mezcla sea lo más exitosa posible.
El LanammeUCR asegura que entre los beneficios que contiene este proyecto resalta la reutilización delplástico en vez de la extracción de producto virgen como piedra y arena. Tal cambio reduce el impacto ambiental, pues al mermar la extracción de productos, se disminuye el gasto económico y energético para obtenerlos.
“De este modo, utilizar esta mezcla única reduciría la huella de carbono y el costo económico del asfalto convencional”, concluyó Aguiar Moya.
Representantes del LanammeUCR, Municipalidad de Desamparados, Compañía Coca Cola y Fundación Aliarse presentaron el proyecto Asfalto Verde, este martes 10 de julio en las instalaciones del LanammeUCR (foto Laura Rodríguez).
Los esfuerzos por proteger a las tortugas marinas en tierra son diversos. Sin embargo, estos resultan insuficientes cuando los reptiles regresan al mar, donde afrontan los mayores peligros
Playa Ostional, en Santa Cruz de Guanacaste, es el principal sitio de anidación y reproducción de la tortuga lora. Foto: Anel Kenjekeeva.
Poco más de media tonelada, eso puede llegar a pesar un ejemplar de la tortuga baula (Dermochelys coriacea), una de las cinco especies de estos reptiles que llegan a las costas de nuestro país. Junto a ella, la tortuga lora (Lepidochelys olivacea), la tortuga verde (Chelonia mydas), la tortuga carey (Eretmochelys imbricata) y la tortuga cabezona (Caretta caretta) viajan miles de kilómetros para llegar a las playas costarricenses a desovar.
Algunas tortugas son especies de reproducción masiva, se estima que pueden pasar de 30 a 40 años de su vida dedicadas a esta labor. Aproximadamente, tienen unas 15 o 20 temporadas de desove y en cada una de ellas son capaces de poner hasta 400 huevos repartidos en distintos nidos.
Estos refugios son construidos por las tortugas cada quince días o una vez al mes a lo largo de la temporada, y contienen entre 80 y 100 huevos. Según estimaciones de científicos consultados, esa es la técnica evolutiva que maximiza la posibilidad de sobrevivencia de dichos reptiles, ya que la depredación natural de los neonatos es alta: se estima que solo una de las 1 000 tortuguitas que nacen llega a la madurez sexual. Además, no existe ningún cuido maternal, por tanto, los huevos y las tortugas en desarrollo tienen que sobrevivir por su propia cuenta desde el momento en que son depositados en la arena.
A pesar de sus mecanismos reproductivos, estas grandes viajeras se encuentran amenazadas y algunas de ellas, como la baula y la carey, están bajo la etiqueta de “estado crítico” en la lista de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Por eso, en la última década, las organizaciones no gubernamentales, asociaciones de desarrollo y el gobierno han puesto el ojo sobre su protección.
Y es que este animal se enfrenta a la cacería, a las consecuencias del calentamiento global, a la extracción de sus huevos y al peligro que supone para ellas la pesca de arrastre y con palangre, pues la pesca incidental o no deseada es la principal amenaza para estos reptiles migratorios.
“Algo como la construcción de una marina, por ejemplo, podría tener un impacto fuertísimo en las tortugas. Tenemos otros factores, como en playa Rajada (Guanacaste), donde hay campistas que cortan los manglares y quitan la sombra, se meten con los carros a la playa, entre otras acciones”, dijo Maike Heidemeyer, bióloga del Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología (Cimar), de la Universidad de Costa Rica (UCR), al referirse a otros peligros que las tortugas sufren en tierra.
Este artículo pertenece al suplemento C+T, realizado en la Oficina de Divulgación e Información (ODI) de la UCR.
Amenazas latentes
Otro de los enemigos más recientes de estos animales con caparazón es el cambio climático. Tal fenómeno es uno de los factores que ha generado cambios en la proporción de machos y hembras en las poblaciones, ya que a mayor temperatura se producen más hembras; así como descensos poblacionales significativos en los últimos años, debido a que las altas temperaturas afectan la supervivencia de los huevos.
Las baulas, por ejemplo, dependen de la temperatura, pues sus presas tienden a vivir en zonas frías. Se piensa que el calentamiento global, acentuado en los trópicos, hace que las presas de las baulas se desplacen más hacia las zonas polares, por tanto, la migración de las tortugas desde sus centros de alimentación hasta sus sitios reproductivos se ha vuelto más prolongada.
Tanto para Heidemeyer como para el herpetólogo Gerardo Chaves Cordero, profesor de la Escuela de Biología de la UCR, la población de baulas en el Pacífico es la que más se ha visto afectada. «El problema central con las baulas es que sus lugares de alimentación coinciden con los hotspots o puntos de acceso de pesca. Por ejemplo, el Pacífico sureste en Perú, donde hay una fuerte captura incidental de las baulas en las flotas pesqueras mas grandes del continente», explicó Heidemeyer.
La baula es una de las especies de tortugas marinas que encara un mayor peligro de extinción. Imagen: Rafael Espinoza.
Por su parte, Chaves aseguró que las tortugas baulas en Asia han disminuido y ello afecta a las baulas americanas, pues ambas poblaciones están conectadas. “La población más grande que se conoce de esta especie en el Pacífico americano está en Costa Rica, en playa Grande (Guanacaste). Esta población se reduce a unas cientos de hembras por año, cuando antes se tenían miles”, añadió. El científico explicó que las tortugas marinas, por su longevidad y por ser animales muy grandes, poseen una dinámica poblacional muy lenta.
En su criterio: “no se puede hablar de una tendencia poblacional en la mayoría de las especies si no se tienen más de 20 años continuos de datos”. Estos animales, como la mayoría de especies marinas, lidian a diario con la destrucción de su hábitat, de las playas que utilizan para anidar y de sus sitios de alimentación.
La tortuga carey es una de las especies que llega a las playas del país. Imagen: Rafael Espinoza.
Además, ciertas técnicas de pesca, incluso algunas ilegales en el país, amenazan a diario el bienestar y la vida de las tortugas marinas en el océano. Y es que si no son pescadas de manera incidental, como sucede muchas veces, los cazadores furtivos van tras su carne y sus huevos, práctica que todavía es común en el Caribe.
Esfuerzos de conservación
A lo largo de los años se han dado diversos esfuerzos para conservar a estos majestuosos reptiles. El país trabaja actualmente en la Estrategia Nacional para la Conservación y Protección de las Tortugas Marinas en Costa Rica, documento que detalla las acciones para proteger a estos animales.
“Es importante que la estrategia entre en vigencia. Se debe crear un programa porque las tortugas son animales que tienen un grado bastante importante en la generación de economía de la gente de la costa, son animales que necesitan un enfoque particular”, expresó Didiher Chacón Chaverri, director de Latin American Sea Turtles (LAST), una entidad que trabaja en programas de conservación en Pacuare y Moín, en Limón, y en Osa, en la zona sur del país.
La tortuga lora es la más pequeña de las tortugas marinas que arriban a nuestras playas. Imagen: Rafael Espinoza.
Sin embargo, la bióloga Heidemeyer considera que proteger las zonas de anidación no es suficiente para lograr preservar las tortugas marinas.
“Como las tortugas que llegan a nuestras playas son hembras adultas es muy importante que se protejan esos sitios. Esto ya se hizo a nivel regional, las principales playas están protegidas y enmarcadas en parques nacionales, pero nunca se han revisado los sitios de alimentación y es ahí donde encontramos a los juveniles, a los adultos no reproductivos y a los machos”, explicó Heidemeyer.
“En un contexto de conservación –agregó– es muy importante iniciar por ahí, porque las tortugas maduran muy tarde, una negra (o verde), por ejemplo, puede empezar a reproducirse a los 50 años”.
Es por esto que en el país se estudian las rutas migratorias de las tortugas marinas, con el objetivo de conocer el movimiento que realizan y las zonas donde se alimentan.
Heidemeyer coordina la Red Integral de Tortugas Marinas (Ritma), la cual unifica a las personas investigadoras de estos animales, tanto de la UCR como de organizaciones no gubernamentales y otras universidades, a lo largo del Pacífico Tropical Oriental. La Ritma promueve el intercambio de conocimientos vitales en la toma de decisiones para el manejo y conservación de las tortugas.
“Trabajamos en juntar datos lo más rápido posible para conocer su ciclo de vida, cómo se mueven y cómo Costa Rica debe comunicarse con otros países para diseñar estrategias regionales de conservación, porque las tortugas son migratorias y no conocen fronteras”, indicó la investigadora. Ella, además, ejemplificó que en el Pacífico norte se agregan tortugas verdes que vienen desde Indonesia, en el sureste asiático.
Por su parte, Chacón reforzó la idea de que aunque se trabaje por proteger las zonas de anidación, las circunstancias a las que se enfrentan las tortugas en sus rutas migratorias se salen de las manos de las organizaciones que trabajan para conservarlas.
“Aunque hagamos las cosas bien y liberemos a más de 15 000 tortuguitas por año, como lo hacemos, las condiciones de la zona de alimentación están fuera del control de Costa Rica, dependen de otra serie de factores y no del quehacer de nosotros”, afirmó.
De acuerdo con Chaves, el país se ha esforzado por proteger las zonas de anidación, así como las áreas para migrar de las tortugas marinas.
“Crear áreas protegidas para las tortugas es complejo, porque estos animales pueden moverse entre playas a lo largo de varias décadas y por distintas razones. Se ha visto en otras partes del mundo que la población desaparece de un lado y aparece en otro, lo cual requiere un posible movimiento. Pero aparte de esto, la costa es un lugar muy dinámico, y si un animal se restringe solo a una parte para anidar, puede desaparecer”, advirtió el investigador.
La tortuga verde puede llegar a medir más de un metro de longitud y se alimenta de pasto marino. Imagen: Rafael Espinoza.
Debido a este dinamismo, el investigador sugiere prever que toda la costa tenga condiciones adecuadas para que la tortuga pueda escoger dónde anidar. Esta sería una forma más eficiente de proteger a estos individuos.
Las tortugas no pueden reproducirse a no ser que tengan una cantidad de reserva de alimento suficiente; por lo tanto, si la reserva de alimentos no alcanza para hacer la migración, el animal aborta y espera otro momento, cuando se den las condiciones. Esto hace que algunos especímenes se tarden más en regresar a anidar.
El herpetólogo detalló que algunos ejemplares en playa Grande ahora duran incluso siete años entre una estación reproductiva y otra, esto es el doble o el triple del tiempo que tardan otros individuos regularmente.
Además, se ha descubierto que las crías requieren de una corriente muy fuerte frente a la costa para que las ayude a llegar rápidamente a mar abierto y así no ser depredadas. Se considera que el cambio climático podría variar la ubicación de esas corrientes.
Actualmente, el Parque Nacional Marino Las Baulas, situado en Guanacaste, recibe estudiantes del Programa de Voluntariado de la UCR todos los años.
Rodney Piedra Chacón, administrador del Parque, aseguró que la ayuda de los voluntarios es muy importante en la conservación de las especies, no solo porque colaboran con el monitoreo de la costa y otras actividades, sino también porque ellos hacen conciencia y eso se va a reflejar cuando –como futuros profesionales– tengan que tomar decisiones de impacto a favor del ambiente.
Chaves opinó que se puede lograr una mejor conservación de las tortugas si se incluye el tema en los planes reguladores costeros, si se protegen las cuencas hidrográficas y si se cuidan las costas para que estén en el estado idóneo que los animales necesitan para anidar.
Sin embargo, el biólogo hizo énfasis en no sobreproteger a los huevos y a las crías, ya que eso más bien produce un efecto negativo: “nosotros somos una especie que cuida a sus hijos y a veces aplicamos esto a los animales que queremos conservar, pero no todas las especies requieren cuido parental. Las tortugas son el ejemplo clásico”, dijo.
“Cada animal nace previsto para resolver sus problemas en el mundo desde el primer día que nació. El ambiente natural de las tortugas es muy agresivo. Para poder sobrevivir en esos sitios se requiere de mucha capacidad. Esas capacidades no las podemos mermar”, aseveró.
CONCEVERDE nos comparte la nota adjunta, la cual es dirigida a la Junta Directiva de SENARA, en cuanto a que las Cámara de la Construcción está presionando al Gobierno Central para que éste a su vez, presione a la Junta Directiva del SENARA para que se elimine la matriz de protección de acuíferos.
El objetivo de la nota adjunta es dejar patente que hay otro sector que se contrapone a las cámaras y que apoyan la matriz.
Interponen denuncia para etiquetar transgénicos en Costa Rica
En el mercado existe presencia de contaminantes transgénicos
FECON, 30 de junio 2018. Ecologistas y académicos exigen se haga efectivo el etiquetado de Organizamos Genéticamente Modificados en alimentos de consumo humano y animal.
Mediante una carta dirigida a los nuevos jerarcas de los ministros Victoria Eugenia Hernández Mora del Ministerio de Economía Inustria y Comercio (MEIC); Giselle Amador Muñoz del Ministerio de Salud; y Renato Alvarado Retana del Ministerio de Agricultura y Ganadería, así como al actual Presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada; en la cual certifica el apoyo con más de 37.716 costarricenses solicitando la elaboración de un reglamento de etiquetado de los productos alimentarios que contengan ingredientes transgénicos.
Además se le recordó a la administración actual la promesa hecha por el el Sr. Carlos Alvarado Quesada, el cual se comprometió de forma escrita, junto a sus vicepresidentes y otros miembros cercanos a establecer «… la obligatoriedad de informar al consumidor de alimentos para consumo humano o animal que contengan ingredientes genéticamente modificados» . (Punto 9. del documento adjunto Acuerdos con sectores. Carlos Alvarado Presidente 2018. “Yo creo en el ambiente”).
El Dr. Jaime García, de la Red de Coordinación en Biodiversidad interpuso así una denuncia ante la Defensoría de los Habitantes por negación al Derecho Humano de obtener información sobre la composición y naturaleza de los alimentos que contienen ingredientes genéticamente modificados (transgénicos).
Según García “Con esta trigésima sétima (37a.) entrega de firmas de apoyo se incrementa el número de firmas de personas que solicitan la promulgación de un decreto ejecutivo que haga valer el compromiso adquirido, para así hacer efectivo el derecho constitucional que tenemos las personas consumidoras a recibir información adecuada y veraz, así como a la libertad de elección, en los términos especificados en nuestra Carta Magna (art. 46), la Ley n.° 7472 de Defensa Efectiva del Consumidor (art. 32, 33 y 34) y su reglamento (Decreto Ejecutivo n.° 25 234-MEIC, art. 91 y 92).”
Anteriormente salió a la luz un estudio del Laboratorio de Análisis Genómico de la Universidad Nacional (Semanario, 2017) en el país se encuentran alimentos contaminados con genes de los maíces transgénicos BT11, MON810, NK603 y GA21; así como de la soja transgénica GTS 40-3-2. Según el Dr García esto no se puede saber a simple vista la presencia de estos contaminantes por eso es necesario el etiquetado para ejercer el derecho humano a la información sobre nuestros alimentos.
Información y contacto con el Dr. Jaime García, Red de Coordinación en Biodiversidad, tel.: 8723 7343.
Estreno de campaña para evitar el atropello de la fauna silvestre en carreteras
El I Enlace de esta campaña ya fue lanzado y forma parte de una serie de «spots» en redes sociales, los cuales han sido realizados gracias al apoyo de Audiovisuales de la UNED, en conjunto con el trabajo de la Comisión Vías y Vida Silvestre; la UNED, Yiski, Fundación Ambio y el Comité Ambiental de Miramar.
En total van a ser 9 spots que salen cada viernes hasta el mes de agosto y culminará con la presentación oficial el día viernes 31 de agosto de 2018 en el Paraninfo de la UNED, en Sabanilla, desde las 10 a.m. hasta las 12 medio día.
Por tanto, el Consejo Regional del Área de Conservación de Guanacaste, se manifiesta en contra del Proyecto Canal Seco Interoceánico (Canal Verde Interoceánico). Comuníquese a quien corresponda. ACUERDO UNÁNIME Y FIRME.
Pulse en las siguientes imágenes para agrandarlas y leer el comunicado completo.
Foto: Bahía Santa Elena, 2018. Foto: Luciano Capelli. Tomada de la páginas www.acguanacaste.ac.cr
El Consejo Editorial y la Escuela de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional (UNA) nos comparte la última edición de la Revista Ambientico, en la cual se presentan avances sobre el trabajo que se está llevando a cabo a través del Proyecto Humedales, una iniciativa de apoyo al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) administrada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
A continuación la Editorial y la tabla de contenidos.
La imperante necesidad de proteger y manejar los humedales en Costa Rica
Las áreas silvestres protegidas del mundo son espacios únicos en términos de biodiversidad, pero con frecuencia altamente vulnerables. Muchas de ellas presentan desafíos sustanciales sobre el entendimiento de su importancia ecosistémica, amenazas antropogénicas producto de su poca valoración, o por los limitados recursos para su adecuada protección y manejo de manera conjunta con los múltiples agentes.
A pesar del mayor reconocimiento que las áreas silvestres protegidas puedan tener hoy en día, los ecosistemas de humedal son con frecuencia poco conocidos, protegidos y valorados. Muchos humedales en Costa Rica reflejan alto grado de deterioro producto de actividades agropecuarias, de una deficiente planificación del uso del suelo y de actividades industriales. Sistemas de riego, ganadería, deforestación, plaguicidas, aguas residuales, erosión de suelos, sedimentación, entre otros, generan alta presión sobre la cantidad y calidad del agua disponible, acelerando procesos de contaminación, eutrofización o simplemente desaparición de estos frágiles ecosistemas. Se estima que en el siglo XX se redujo la extensión de los humedales naturales del mundo en cerca de un 70 % considerando tanto los continentales como los marinos. Para el caso costarricense quizás la mayor limitante no es su disminución en área, sino su alto grado de deterioro, como mencionamos anteriormente.
No obstante, los ecosistemas de humedal son espacios altamente productivos y esenciales en la provisión de múltiples servicios ecosistémicos. Entre ellos destacan el suministro de agua dulce, alimentos y materias primas como la madera, la recarga de aguas subterráneas, su biodiversidad, y la protección contra tormentas o su rol en la mitigación del cambio climático. Ellos son indispensables para que innumerables especies vegetales y animales puedan subsistir brindando beneficios irremplazables para la humanidad. Se conoce, por ejemplo, que el ciclo global y local del agua depende en gran medida de los humedales. Como se argumenta más adelante, la calidad de vida de las personas depende de la calidad del ambiente, y los humedales marinos (costeros), lacustres (lagos), ribereños (ríos) y palustres (pantanos, ciénagas) proveen beneficios en términos materiales, físicos y sociales que son necesarios para el mantenimiento y generación de este bienestar integral.
Enmarcado dentro de las metas globales de Biodiversidad (Metas Aichi) y la Estrategia Nacional de Biodiversidad 2016-2025, resalta el aumentar para el año 2020 el área de humedales bajo categoría RAMSAR a 589 742 hectáreas en comparación con las 569 742 bajo categoría RAMSAR en el año 2015. Esto es 20 mil hectáreas adicionales de humedales de importancia internacional (HII) bajo protección y rehabilitación. El desafío no es menor. Para lograrlo es necesario aumentar la capacidad institucional para su gestión sostenible y conservación, el involucramiento de los actores locales de forma activa en las diversas actividades de manejo y mejoramiento, ajustes y aplicaciones más estrictas a la normativa, y el reconocimiento de su importancia entre la sociedad para su financiamiento. En esta edición les presentamos avances desarrollados desde el año 2015 por el Proyecto Humedales, una iniciativa de apoyo al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), administrado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF).
En su conjunto, el accionar del Proyecto Humedales se dirigió hacia el desarrollo e implementación de herramientas para gestionar de mejor forma la protección y la rehabilitación de los ecosistemas de humedal y para la conservación de las especies que habitan en ellos, en concordancia con los principios de desarrollo sostenible y de adaptación a la variabilidad climática. Estos esfuerzos también contribuyen a que Costa Rica avance en la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en particular con los objetivos: 3, 5, 6, 11, 13 y 15, cumpliendo así con los compromisos país establecidos en el Proyecto Humedales.
Profesionales en arqueología preocupados por grave desprotección al patrimonio arqueológico nacional
FECON, 17 de junio 2018. Veinticuatro arqueólogos le dirigieron una carta a la Comisión Plenaria de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) manifestando la preocupación que tienen ante el grave peligro que conllevaría aprobar el borrador del decreto que presenta el nuevo “Reglamento de Evaluación, Control y Saneamiento Ambiental” propuesto para cambiar la forma de funcionamiento de esta entidad.
Los especialistas en patrimonio arqueológico se encuentran preocupados porque los umbrales ambientales planteados en este nuevo reglamento permiten calificar obras de construcción de menos de 9000m² y a otras obras, actividades y proyectos que no poseen una dimensión por área como de “bajo o muy bajo impacto ambiental”. Este umbral ambiental exime de inspecciones previas los terrenos donde se construirá infraestructura. Esto significa que construcciones de magnitudes similares a la de la Plaza de la Democracia en San José estarían exentas de cualquier inspección previa para verificar si hay o no elementos indicadores de existencia de ocupaciones precolombinas.
En ese sentido, la arqueóloga Ifigenia Quintanilla (experta en evaluación del patrimonio arqueológico) señaló que “el reglamento actual contempla la obligatoriedad de realizar inspecciones en obras con áreas que sobrepasen los 1000m², con ello se logra la identificación oportuna de cientos de sitios arqueológicos previo al desarrollo de obras y, con esto, el salvamento de una parte importante del patrimonio nacional arqueológico. El nuevo reglamento dejaría sin protección a gran cantidad de áreas al pasar este umbral a una amplitud nueve veces más amplia.”
Costa Rica posee una gran riqueza arqueológica. Los estudios indican que el país estuvo habitado desde hace más de 12 000 años. A la fecha, en la base de datos del Museo Nacional de Costa Rica hay registrados más de 4 000 sitios arqueológicos y solo seis de ellos tienen protección formal. El resto, es decir más del 99.9 %, de los sitios arqueológicos el país no tienen ningún tipo de protección, ni cuido ni mantenimiento.
El Museo Nacional, únicamente actúa en casos de denuncias por daños o amenazas de destrucción de alguno de ellos. A la fecha, la obligación de cumplir con los procedimientos de la SETENA ha sido fundamental para detectar sitios arqueológicos a impactar por las obras de infraestructura. Gracias a esto, se han podido realizar labores de rescate y de protección que en otras circunstancias no se hubieran dado.
Los firmantes de la carta a la SETENA señalan algo muy importante y es que “el patrimonio arqueológico es finito e irrepetible; una vez que se impacta es irrecuperable. La posibilidad de anticipar, prevenir y mitigar el impacto sobre el patrimonio arqueológico del país a través de los instrumentos de la Ley Ambiental ha sido vital para la protección del mismo. (…) por lo que consideramos inaceptable e inconveniente para el país eliminar la valoración arqueológica previa, en una cantidad importante de proyectos”
La Ley 6703 de Patrimonio Nacional Arqueológico sólo contempla el rescate y la protección de este patrimonio cuando se ha producido un hallazgo al realizarse obras de infraestructura, es decir se hace el rescate cuando el patrimonio ya fue afectado por movimientos de tierra o, cuando ya no se puede dar marcha atrás en las construcciones y hay que hacer un rescate de emergencia. Con el cambio en el reglamento de la SETENA se agudizará esta situación al quedar fuera de los protocolos de inspección previa gran cantidad de proyectos situados en el umbral de “muy bajo o bajo impacto ambiental”.
La creación de la SETENA y los protocolos de evaluación ambiental que incluyen el componente arqueológico se pudo subsanar parcialmente uno de los grandes vacíos de la Ley sobre Patrimonio Arqueológico (Ley 6703). Con el cambio propuesto en el reglamento de la SETENA se retrocede en la protección del patrimonio arqueológico del país, ya que solamente se podrán proteger los sitios que sean identificados durante los movimientos de tierra y que sean notificados voluntariamente al Museo Nacional.
Dejar la protección y salvaguardia de una buena parte del patrimonio cultural del país bajo la premisa de la buena fe de los desarrolladores de proyectos es una irresponsabilidad del Estado Costarricense. Al respecto la carta de los investigadores señala que “de nuestra experiencia sabemos que esto se dará en muy pocos casos y dependerá del grado de conciencia de los desarrolladores informar, o no, el hallazgo. Esta situación representa un retroceso para la protección del patrimonio arqueológico nacional”.
Con el cambio en el reglamento de la SETENA unido a otras debilidades de la gestión del patrimonio arqueológico por parte del Estado Costarricense se incumplen una serie de convenciones internacionales. Especialmente, se incumple la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial ratificada en 1977, en la que nuestro país se comprometió a mantener en su territorio servicios de protección, conservación y valorización del patrimonio (cultural y natural), desarrollando estudios e investigación científica y técnica sobre el tema; asimismo, se procuró adoptar medidas jurídicas, científicas y administrativas para identificar, proteger, conservar, revalorizar y habilitar ese patrimonio. Respecto ello y según la opinión de expertos en arqueología que redactaron la carta a la SETENA, la aplicación del nuevo reglamento estaría arremetiendo contra este y otros compromisos internacionales.
Por su lado la Federación para la Conservación de la Naturaleza también manifestó su preocupación en febrero anterior por la reforma al reglamento de SETENA y lo calificó de regresivo en materia de protección ambiental. A su vez, la Defensoría de los Habitantes ha acogido las denuncias de los ambientalistas y recomendó al MINAE y SETENA acatar las observaciones de los ecologistas.
Ingrese en el siguiente enlace para leer la carta:
Río Abangares, punto de extracción de materiales. Kioscos Socioambientales visitó las comunidades de Abangaritos, Higuerilla y Manzanillo, donde comprobó las múltiples amenazas para los ríos del Pacífico Central.
La defensa de los ríos del cantón central de Puntarenas ha quedado en manos de las comunidades. Así lo han evidenciado organizaciones de las comunidades de Guacimal, Aranjuez y Abangaritos, quienes han defendido sus ríos frente a las tomas de agua para el riego privado y la extracción ilegal de materiales de río (arena y piedra principalmente) .
Los embates de la época seca es solo una de las amenazas que sufren los ríos del pacífico central. El monocultivo de caña de azúcar, la deforestación desmedida y la ganadería extensiva en las márgenes y cuencas de estos ríos, generan una serie de efectos negativos tanto para las comunidades como para los ecosistemas que en estos espacios conviven.
Los ríos de la comunidad de Abangaritos son de los más afectados por la extracción de materiales. De acuerdo con personas de la comunidad, las extracciones se realizan en fincas privadas, pero destruyen el bien común de todas las personas, el río Abangares. “Esta finca es de Germán Vargas-un terrateniente del lugar-, pero la finca es de él, el río no. De aquí sacan piedra, sacan el agua (…) se roba la arena del río, y la venden en otros lugares, a la Asociación de Desarrollo se le ha denunciado la situación para que hagan algo, y no han querido hacer absolutamente nada”, declaró Sundry Álvarez de la comunidad de Abangaritos.
Tampoco el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAET), por medio del Área de Conservación del Pacífico Central (ACOPAC), ha dado respuesta a las múltiples denuncias interpuestas por la tala ilegal de árboles en las cercanías de los pozos de agua de las comunidades. Según las denuncias, “los dueños de las fincas enferman los árboles maderables para luego alegar la necesidad de talar dichos árboles por riesgo de caída”. Así se comprobó mediante una visita a los pozos de agua de Abangaritos, donde a escasos metros se halló un árbol señalizado con un número y con incrustación de clavos.
Abangaritos, Puntarenas. Tala de árboles en las cercanías de los pozos de agua.
Estas actividades extractivas, las cuales atentan contra los ríos y el acceso al agua de las comunidades, se desarrollan sin ningún tipo de regulación o concesión estatal, a pesar de las informaciones que han recibido el Ministerio de Ambiente y Energía y la Asociación de Desarrollo de la comunidad.
Problemáticas ambientales como la extracción de material que afecta el cauce de los ríos, así como la deforestación en las fincas donde se encuentran los pozos y nacientes de agua no son problemas menores, máxime en una zona catalogada de alto riesgo por su propensión a las sequías y desabastecimiento de agua. Este es el caso de Higuerilla, una de las comunidades que se hallan sobre la cuenca del río Abangares, y en la que el acceso al agua potable depende del paso por la zona de los camiones cisterna del Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA).
Abangaritos, Puntarenas. Una muestra de los cultivos extensivos en la zona del río Abangares, producción de sandía.
La tala ilegal de árboles, la extracción de materiales, así como los monocultivos extensivos y la ganadería a gran escala, son las principales problemáticas que ocasionan la sequía y contaminación de los ríos, teniendo un efecto directo sobre las formas de vida de las comunidades costeras, ya que la disminución en el nivel de agua de los ríos, así como la afectación por agroquímicos, genera contaminación en los manglares y por ende un impacto sobre las distintas especies marinas, así como en los modos de vida de las comunidades que dependen de la pesca y la “saca” de piangüa.
Abangaritos, Coyolito, Guacimal, Punta Morales, Manzanillo, Orocú, Malinche, Judas, Chomes, todas ellas de Puntarenas, son parte de las comunidades que pertenecen a la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua de Puntarenas, organización que tiene como propósito la defensa de los ríos frente a los proyectos de privatización, ya que se reconoce la importancia del agua para la vida y el derecho de las personas al acceso de dicho bien común.
Para más información con Dylanna Rodríguez tel. 8886 6291, docente del Programa Kioscos Socioambientales
FB: Kioscos Socioambientales Ucr
FB: Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua de Puntarenas.
Trabajo comunal apoya en capacitación y promueve una cultura de sostenibilidad
Grupo de mujeres piangüeras en el Humedal Térraba – Sierpe. Foto: archivo ODI.
En el Humedal Térraba-Sierpe se desarrolla la mayor actividad de extracción de piangua del país, estos moluscos usualmente se encuentran adheridos a las partes más bajas de las raíces de árboles de mangle y para alcanzarlos hay que hurgar de manera profunda entre lodo y ramas hasta dar con ellos.
Este es el trabajo de Rufina Gómez Zapata, piangüera y presidenta de la Asociación de Pescadores Artesanales de Ciudad Cortés (Asopescar). Como ella, muchos piangüeros y pescadores del cantón de Osa dependen del humedal para llevar sustento a sus familias. No obstante, la falta de planes de manejo y adversas condiciones climáticas amenaza con cambiar este oficio tal y como lo conoce la población.
“La mayoría de gente que trabaja son piangüeros y pescadores, […] hay días que las mareas son muy grandes entonces la gente esos días paran de pescar, o sea se dedican a las dos cosas”, explica Gómez.
El estado permanente informal de estos grupos afecta diversos procesos administrativos con instituciones estatales, desde la pesca hasta la certificación de guías turísticos y la organización de asociaciones comunales; todas estas iniciativas se vienen abajo por la falta de requerimientos y permisos necesarios.
Este es el escenario que describe Daisy Arroyo Mora, docente e investigadora de la Universidad de Costa Rica (UCR) que ha dedicado más de 10 años a la capacitación de estas comunidades costeras y al fomento de la coordinación interinstitucional con las mismas.
La mayoría de estas capacitaciones se han gestionado por medio del proyecto de Trabajo Comunal Universitario (TCU) Capacitación a pobladores de las zonas costeras en manejo y protección de los recursos marinos y costeros (TC-581), iniciativa que se vincula con líderes comunales como Rufina en materia de gestión de riesgo, sostenibilidad ambiental, tramitología, computación y aprendizaje del inglés.
TCU capacita y acompaña
El proyecto de TCU pretende promover una cultura de sostenibilidad entre los pescadores y la comunidad, así como el buen funcionamiento de las asociaciones de la región. A la fecha, el proyecto ha colaborado con las ASADAS de Sierpe, Caña Blancal y Olla Cero, la Escuela I.D.A. Caña Blancal, Asopescar, la Asociación de pescadores de Coronado, el Centro de Adultos Mayores de Ojo de Agua y la Asociación de Desarrollo Integral de Cortés.
Integrantes del TCU reunidos con representantes de la asociación de ASADAS. Foto: Facebook TCU Humedal Térraba Sierpe-581.
La investigadora y actual coordinadora del TCU, Margarita Silva Benavides, afirma que el trabajo con las comunidades nunca concluye, pues la formación de nuevas generaciones y el acompañamiento frente a dinámicas laborales cambiantes mantienen al TCU relevante en la zona.
De acuerdo con Silva, especialista en ecología en manglares y microalgas, la protección del humedal y la estabilidad laboral de los pescadores van de la mano. “Ellos protegen el manglar porque saben que si el manglar se muere, se muere la piangua, los peces, los camarones, entonces ellos más bien lo cuidan”, afirma la investigadora.
El estudiante de Antropología, Tony Urbina Vallejos, uno de los ocho estudiantes matriculados en el proyecto, ha trabajado junto con las escuelas de la zona en talleres ambientales, planes de gestión de residuos, de salud ocupacional y de gestión de riesgo. Además, ha colaborado junto con las ASADAS de la región en la elaboración de mapas de referencia y en la capacitación de personal.
Entre las prácticas positivas que se fomentan en los talleres ambientales se encuentran: el respetar las vedas de pesca, no extraer moluscos que se pasen del tamaño estipulado por ley, no verter el combustible de los botes cerca del humedal y no pescar en zonas de poca afluencia de piangua.
Aunque la preservación y fomento de una pesca sostenible siguen siendo puntos importantes para el TCU, la profesora Arroyo, comenta que el proyecto se tuvo que acoplar a las necesidades de los pobladores, incluyendo temas como la enseñanza del inglés, recursos humanos, computación y el ecoturismo.
Yen Picado Mora, presidente de la Asociación de Pescadores de Coronado de Osa, ha sido uno de los interesados en recibir capacitaciones sobre turismo rural y ecológico por parte del TCU. De acuerdo con el pescador, estas nuevas prácticas se están volviendo cada vez más necesarias puesto que muchos de sus colegas no pueden practicar la pesca de manera legítima y se arriesgan a diferentes tipos de agresiones.
Desde el TCU, docentes y estudiantes han abogado por el óptimo desarrollo de estas organizaciones y su relación el estado. Gracias a este trabajo se ha logrado concretar eventos como el Festival de los Manglares, la aprobación de planes de manejo de pesca y la creación de nuevas asociaciones piangüeras como la de Ajuntaderas de Sierpe.
Esteban Hidalgo Pena
Unidad de Comunicación Vicerrectoría de Acción Social
