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Embalse de Río Piedras y la politiquería de alto impacto ambiental

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

  • Amenaza sísmica del embalse no ha sido estudiada
  • Compensación de biodiversidad no está garantizada
  • Desobedecerían a la Contraloría General de la República debido a ausencia de Estudio Ambiental Estratégico
  • Existen alternativas para abastecer de agua Guanacaste

 

Los 48 diputados que votaron a favor de la vía rápida a un proyecto de ley que pretende desafectar las 113 hectáreas de la Reserva Biológica Lomas de Barbudal. Acción realizada sin sustento técnico suficiente y obviando la normativa nacional referente Áreas Silvestres Protegidas, evaluación de riesgo y ambiental. El proyecto de ley contenido en el Expediente n.º 20.465 pretende también compensar el bosque a inundarse con fincas vecinas cubiertas por potreros y pocos arboles dispersos.

Una cosa que sobre sale es amenaza sísmica que tiene el proyecto. En el folio 567 del expediente legislativo de dicho proyecto de ley destaca la posibilidad de que la presa se rompa debido a presencia de fallas técnicas. En su el inciso 1.4.1.5 habla que la cortina de concreto que sostendría el embalse está bajo amenaza sísmica tipo III. Lo cual recomienda análisis exhaustivos previos. Análisis que están ausentes y de no hacerse de forma responsable pondría en riesgo incuso vidas humanas y la inversión de aproximadamente USD$500 millones.

Lo anterior se refiere a sólo uno de una serie de análisis previos que se deberían de hacer. Por ejemplo demostrar que es el único lugar dónde se puede hacer y no existen alternativas. Se encuentra entre los pocos datos publicados del proyecto la posibilidad de compensar el área inundada con otras fincas que el SINAC adquirirá como concepto de compensación de biodiversidad con una inversión de 1500 millones de colones.

Para Isaac Rojas, miembro de CoecoCeiba Amigos de la Tierra: “la propuesta de compensación en biodiversidad es una idea poco conveniente en un país como Costa Rica, porque nadie puede asegurar que una ceiba que esté a 100 metros entre sí pueda compensar la una a la otra.”

Es conocido que la compensación es una medida que toman cuando los daños ambientales no se pueden evitar, pero en este caso está siendo usada de forma peligrosa para favorecer un proyecto empujado por intereses económicos muy fuertes sin tener estudios técnicos y científicos para apoyarse para tomar esta decisión.

El Dr. Jorge Lobo, biólogo catedrático de la Universidad de Costa Rica ha manifestado que: “…las poblaciones o especies afectadas por la pérdida de un área protegida no necesariamente aparecerán en su abundancia original en un área de compensación. Porque al no existir en el área de compensación los hábitats y recursos requeridos por esta especie, y los núcleos poblacionales o las condiciones migratorias para garantizar su redoblamiento. No se podrá compensar estas especies o poblaciones perdidas en Lomas de Barbudal. Diferencias drásticas en la calidad del hábitat, especialmente en el grado de alteración humana de los ecosistemas, que se detectaron entre Lomas de Barbudal y la Finca Asetrek (finca a adquirir par a compensar), no se equilibran con el aumento del área de esta última”.

Este proyecto de embalse comprendería 850 hectáreas; un canal de 55 kilómetros; un planta hidroeléctrica; entre otra obras se trata de un Programa o Plan y no de un simple «proyecto». Por tal razón el camino a seguir sería la realización de una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), aplicando los principios de Participación, Información y Transparencia y con la participación de todos los sectores relacionados.

Para Álvaro Sagot, experto en evaluación ambiental, manifestó que “…de debe hacer una evaluación previa para determinar si estratégicamente es viable y si lo es bajo qué salvaguardas ambientales y sociales. Lo correcto es que después de la Evaluación Ambiental Estratégica se elabora el proyecto de ley correspondiente, pero como aquí siempre ponemos la carreta por delante de los bueyes, entonces, la ley debería decir que el Programa o Plan de Desarrollo en particular, queda sujeta dicha evaluación.”

Basado en el informe N. °DFOE-AE-IF-00008-2017 de junio de 2017 la Contraloría General de la República le ordenó al Poder Ejecutivo implementarlo estipulado en el artículo 62 del “Reglamento General Sobre los Procedimientos de Evaluación De Impacto Ambiental” el cual estipula la Evaluación Ambiental Estratégica tiene como objetivo integrar la variable de impacto ambiental a la planificación del desarrollo económico del país.

Además el proyecto de ley no pone en cuestión el uso irracional del agua en la provincia de Guanacaste. Para la organización Confraternidad Guanacasteca el gran consumidor del agua es el sector agrícola que gasta de forma irracional el 70% del recurso hídrico disponible en la provincia.

El sector donde se ubica este proyecto, existe un total acaparamiento del agua en muy poca manos, pues empresas como Ingenio Taboga, Azucarera El Viejo, El Pelón y CATSA, consumen unos 7.000 litros por segundo, cada una, lo que es el agua equivalente al consumo de unas 500.000 personas. Estas 4 empresas juntas consumen 28.000 litros por segundo, volumen que supera el caudal que se dice proveerá el proyecto PAACUME con el embalse que es de solo 20.000 l/s. Consideran que las empresas de la zona deben modernizar sus sistemas de riego, para no incidir con su exagerado consumo, en los presupuestos del Estado y en el nivel de vida de cada uno de los habitantes de este país.

Según Gadi Amit de Confraternidad Guanacasteca: “Hay alternativas. Sí las 3 empresas cañeras aquí mencionadas, aplicaran riego por goteo a sus plantaciones, se ahorraría 16.800 l/s -que es la cantidad de agua que el PAACUME quiere destinar al riego de la rivera derecha del Tempisque-. La pequeña diferencia es, que no sería necesario construir el embalse en Rio Piedra. De esta forma el Estado y todos sus habitantes se ahorran el gasto de $ 500 millones”.

Por tanto desde FECON consideramos que este proyecto de ley enviado a vía rápida por 48 diputados y diputadas representa un peligroso paso en falso en materia ambiental, económica y social.

 

Federación Costarricense Para la Conservación de la Naturaleza.

 

Información:

Henry Picado, teléfono 87609800

Jorge Lobo,teléfono 86868649

Gadi Amit: 88268216

 

*Imagen de portada con fines ilustrativos tomada de Youtube.

Enviado por FECON.

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UCR: Expertos analizan transformación de los hospitales psiquiátricos en el país

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  • Centros médicos apuestan por un cambio de paradigma y la creación de espacios de atención en las comunidades
UCR Expertos analizan transformacion de los hospitales psiquiatricos en el pais
El Hospital Nacional Psiquiátrico (HNP) cerró el pasado mes de abril su servicio de internamiento permanente, mientras que el Hospital Chacón Paut trabaja para reubicar usuarios y aplicar la misma medida. – foto Anel Kenjekeeva.

“El hospital no se está cerrando, se está transformando”, afirmó la directora del Hospital Nacional Psiquiátrico (HNP), Dra. Lilia Uribe López, en el marco del conversatorio que organizó la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica (UCR) bajo el título “Pasado, presente y futuro de los hospitales psiquiátricos”.

El espacio fue convocado luego de que el 23 de abril, el HNP colocó un candado en las puertas de su asilo, como acto simbólico respecto al cierre de su servicio de internamiento permanente, el cual estuvo en funcionamiento durante 127 años y llegó a ocupar 800 de las 1253 camas que tuvo el centro médico en la década de 1990.

Según Uribe, el país “descuidó mucho las otras áreas de la salud mental, usando el dinero que tenía para encerrar a las personas con psicosis”, condición que de forma natural evoluciona hacia el deterioro y por tanto, propicia al abandono familiar de quienes lo padecen.

La atención de la población estuvo a cargo del HNP, el cual brindó albergue a los pacientes durante periodos de hasta 50 años. Sin embargo, la experta considera que es momento de que el país empiece a modificar el modelo de atención de la salud mental mediante la desinstitucionalización de la temática y un cambio de paradigmas.

Uribe señaló la necesidad de consolidar una serie de programas que permitan unir esfuerzos interdisciplinarios para mejorar las prácticas de todas las aéreas que tratan la prevención de las enfermedades mentales, así como la creación de espacios de atención en las comunidades.

“Debemos identificar lo que no sabemos abordar, buscar las mejores prácticas para hacerlo y trasladar ese conocimiento a la red de servicios comunitarios que son los que deben manejar la salud mental”, afirmó Uribe, quien considera que se debería convertir los hospitales en entes especializados.

La experta afirmó que lejos de la tendencia mundial de aislar a los pacientes con estas enfermedades o de catalogarlos como personas que estorban, está comprobado que a partir de medicamentos y una atención integral es posible lograr su adecuada reinserción en la sociedad.

La jefa de Trabajo Social del Hospital Chacón Paut, Luisa Vargas, coincidió en la necesidad de la “desinstitucionalización asilar” y señaló que este centro médico, que también atiende la salud mental desde hace 66 años, inició en el 2015 un proceso de reestructuración enfocado en procesos de rehabilitación con equipos interdisciplinarios y de proyección a la comunidad.

UCR Expertos analizan transformacion de los hospitales psiquiatricos en el pais2
Participaron del espacio los docentes Mariano Fernández Sáenz y Laura Chacón; la directora del Hospital Nacional Psiquiátrico (HNP), Dra. Lilia Uribe López; la jefa de Trabajo Social del Hospital Chacón Paut, Luisa Vargas y el jefe de la Secretaría Técnica de Salud Mental, Dr. Francisco Gólcher. La periodista Lorna Chacón fungió como moderadora.

Detalló que tal como se ha venido implementado, dichas iniciativas de reinserción social no deben centrarse en las deficiencias de las personas, sino en sus funcionalidades y en la detección de los apoyos que requieren para desarrollarse en un espacio comunitario

Vargas no dejó de mencionar los altos costos económicos que los extensos periodos de internamiento han generado a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y el trabajo que el Hospital Chacón Paut ha venido desarrollando durante los últimos años para cerrar su estancia prolongada, lo cual aún no ha sido posible.

“El cerrar el espacio de estancia prolongada es dar la oportunidad de atención al nuevo perfil epidemiológico de salud mental en el país” enfatizó la trabajadora social.

Por su parte el jefe de la Secretaría Técnica de Salud Mental, Dr. Francisco Gólcher, afirmó que “la salud mental siempre fue vista en el país como la prima pobre de la salud”, en un contexto de atención que ha privilegiado la mirada desde la perspectiva biológica.

Afirmó que la creación de una Política Nacional de Salud Mental en el país enfrenó diversos detractores pues “atentaba contra el statu quo” y fue hasta el 2012 que logró consolidarse desde un concepto de salud mental que considera aspectos biológicos, ambientales, económicos y culturales.

Gólcher enfatizo la necesidad de promover un cambio de paradigma que permita fortalecer la atención en los centros médicos comunitarios y de esta forma, facilitar la consolidación de diagnósticos tempranos y oportunos, por parte de equipos integrales de salud mental.

La docente de la Escuela de Psicología de la UCR, Laura Chacón Echeverría, también participó del espacio y afirmó que el país enfrenta nuevos retos en la atención de la salud, como resultado de una sociedad que crece y presenta múltiples dificultades que desencadenan el sufrimiento psíquico.

Por su parte, el también académico Mariano Fernández Sáenz, consideró que las acciones de los hospitales psiquiátricos en el país “nos conciernen a todos”, pues son un lugar esencial de construcción del oficio diario de la salud mental.

 

Andrea Méndez Montero

Periodista, Oficina de Divulgación e Información.

 

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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UCR, Kioscos Socioambientales: herramientas para la organización comunal y para la incidencia nacional

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  • Un proyecto presente en comunidades que han sido afectadas por el monocultivo de piña
UCR Kioscos Socioambientales herramientas para la organizacion comunal y para la incidencia nacional
El Programa de Kioscos Socioambientales de la UCR ha acompañado a las comunidades afectadas por el monocultivo de la piña por más de una década.

Como parte de las soluciones a la problemática que genera la expansión del cultivo de la piña en nuestro país, la Universidad de Costa Rica ha estado presente en la mayoría de comunidades que han sido afectadas por este monocultivo, desde el 2008.

A través del Programa de Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social, nuestra institución ha trabajado de la mano con diferentes comunidades de la zona norte, del Caribe y el Pacífico para brindarles herramientas que les permitan organizarse a nivel local, para hacerle frente a la expansión piñera.

Una de las acciones más importantes fue la petición de moratoria a nivel nacional para el cultivo de piña que realizó el Consejo Universitario junto con el Programa de Kioscos Socioambientales.

Mediante esta acción, la UCR instó al gobierno y a las municipalidades de Siquirres, Guácimo, Pococí, Matina, San Carlos, Upala, Los Chiles, Guatuso, Sarapiquí, Grecia, Buenos Aires y Pérez Zeledón a declarar y aplicar la moratoria hasta que existiera en estos lugares una planificación territorial efectiva y una propuesta de gestión integral de la actividad piñera.

UCR Kioscos Socioambientales herramientas para la organizacion comunal y para la incidencia nacional2
Presencia del monocultivo de piña en Costa Rica, foto: cortesía del Programa de Kioscos Socioambientales.

Durante una década, el Programa de Kioscos Socioambientales les ha brindado a estas comunidades apoyo para organización local, facilitándoles investigaciones y estudios técnicos sobre el impacto social, económico y de la actividad piñera, y fortaleciendo sus capacidades de organización para generar discusiones y acciones locales al respecto.

Asimismo, este programa ha trabajado junto con las municipalidades de estas regiones para que comprendan las consecuencias que genera el monocultivo de la piña en los mantos acuíferos, en los ríos y mares, en la salud de los habitantes y en la vida silvestre; y que de esta manera, los gobiernos locales tomen acciones políticas que garanticen los derechos de los habitantes de sus cantones a las condiciones ambientales y ecológicas que establece la constitución.

Todo este apoyo a comunidades en materia de defensa del territorio, monocultivo de piña, tenencia de la tierra y de conflictos por el agua, se ha llevado a cabo gracias al trabajo de decenas de estudiantes, y diferentes escuelas y centros de investigación de la Universidad de Costa Rica.

Actualmente el Programa de Kioscos Socioambientales de la UCR trabaja en un estudio de caso, en la comunidad de la Guaria de Pocosol de San Carlos, en donde acompaña a los pobladores en materia de organización comunal, pero también desarrolla el tema del impacto social y las condiciones laborales de los trabajadores de las piñeras.

“Este acercamiento con la comunidad de La Guaria en Pocosol nos ha permitido ver todo el proceso de expansión de la piña en un lugar, desde el inicio de cuando llega la empresa, hasta ahora que ya han avanzado los efectos de la expansión y se notan los cambios, esto es muy importante porque pudimos confirmar lo feroz que es la expansión, y acompañar a la comunidad en este proceso, pudimos observar que los pobladores tenían otras actividades económicas como la agricultura y la ganadería y que gracias a ellas vivían bien, pero que con la llegada de la piña poco a poco se les había vendido la idea que iban a tener más empleo, y que eso no es cierto, vimos también que los pobladores tienen muchos pozos artesanales, que lamentablemente van a terminar contaminados por los agroquímicos, y junto a la comunidad pudimos realizar varias acciones legales y denuncias, y seguimos trabajando” explicó Karina Valverde, docente del Programa de Kioscos Socioambientales.

Usted puede informarse más sobre la importante labor del Programa de Kioscos Socioambientales en esta página.

De acuerdo con los datos de la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña CANAPEP, en el 2017, la exportación de piña generó un total de 941.5 millones de dólares. Este producto se vende en su mayoría en América del Norte (53%) y en la Unión Europea (44%).

Reseña Piña, comunidad la Guaria

Tatiana Carmona Rizo

Periodista Oficina de Divulgación e Información.

 

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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UCR: El biocarbón o biochar: una alternativa novedosa al tratamiento de los desechos de la piña

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  • Este producto, además, promete aumentar la disponibilidad de nutrientes en el suelo

 

La producción de biocarbón a partir del rastrojo de la piña es una de las soluciones que la Universidad de Costa Rica (UCR) investiga para ofrecerle al sector piñero nacional una alternativa al manejo adecuado de los desechos de la fruta.

El Centro de Investigación en Contaminación Ambiental (CICA), de la UCR, trabaja en esta iniciativa con la colaboración de la Universidad Autónoma de Barcelona, de España, y del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), por medio del Servicio Fitosanitario del Estado.

El proyecto se encuentra aún en una etapa de experimentación en el laboratorio y se espera, este mismo año, iniciar los ensayos de campo en una finca en Pital de San Carlos, en la Zona Huetar Norte del país, donde ya ha sido expuesto a un grupo de productores.

Los investigadores Juan Salvador Chin Campillo, químico, y Marta Pérez Villanueva, microbióloga, explicaron que esta idea es muy novedosa para Costa Rica y en el trópico, debido a que no hay antecedentes sobre el uso de la técnica en el cultivo de piña. Asimismo, ampliará la información disponible acerca del comportamiento ambiental de los plaguicidas en el suelo de la región norte del país.

«Nosotros estamos proponiendo la incorporación del carbón a las prácticas agrícolas y prácticas agrícolas adaptadas al uso del carbón. Por eso estamos evaluando el uso de este material, porque se ha mostrado en otros lugares que los plaguicidas responden de diversa manera dependiendo de su naturaleza química», explicaron los científicos.

En Costa Rica hay más de 50 000 hectáreas sembradas de piña. La mitad están ubicadas en la Zona Norte.

El biochar se produce mediante un proceso llamado pirólisis, que consiste en exponer la biomasa a altas temperaturas en ausencia de oxígeno, para luego ser aplicado al suelo. Es un proceso semejante al que tradicionalmente se ha utilizado en las carboneras.

El CICA investiga el tema desde el 2016. El proceso ha comprendido, en primer lugar, hacer una caracterización química, física y estructural del biocarbón y, en segundo lugar, evaluar en el campo los efectos de este material en el suelo y en el cultivo.

«El carbón se aplica al suelo como enmienda orgánica antes del cultivo. En otros países se han documentado mejoras en la calidad del suelo en cuanto a fertilidad», comentó Chin.

UCR El biocarbon o biochar una alternativa novedosa al tratamiento de los desechos de la pina
Para la producción de biocarbón primero se seca el rastrojo de la piña, luego se hacen pequeñas porciones comprimidas, conocidas como pellets, que pasan por un proceso de pirólisis y finalmente el producto carbonizado se muele (foto Laura Rodríguez). – foto Laura Rodríguez Rodríguez.

Problemas ambientales

El rastrojo es causante de problemas ambientales, ya que deshacerse de él no es tan sencillo. Es un desecho muy duro y, por ende, tarda mucho en descomponerse. Lo que se acostumbra es hacer una quema química, que consiste en secarlo con un herbicida, y en algunos casos luego le prenden fuego. Posteriormente incorporan esta materia orgánica al suelo con ayuda de maquinaria. Además, los desechos que el cultivo de la piña genera son el hospedero de la mosca del establo (Stomoxys calcitrans), un insecto que se alimenta de la sangre del ganado y ha provocado conflictos con el sector ganadero.

En Costa Rica se producen 8,2 millones de toneladas de rastrojo de piña por año.

Otro de los problemas identificados es que el rastrojo se produce en grandes cantidades y por sus características es muy difícil de tratar. Posee cerca del 85 % de agua, tiene mucha celulosa y las hojas estás cubiertas de una cera que evita que la planta pierda el agua y se seque. Además, otra parte son las «ñongas», como se le llama al tallo de la planta, que también presenta dificultades para su tratamiento.

La propuesta

Para la producción de biochar se necesita un horno para procesar la biomasa. Si este proceso se realiza bajo condiciones controladas, se minimiza la producción de emisiones contaminantes a la atmósfera, afirmaron Chin y Pérez. Para esto, el CICA elaboró un prototipo de esta tecnología.

Los investigadores han evaluado los efectos del biocarbón elaborado a diferentes temperaturas, la cantidad que debe ser adicionada al suelo y los cambios en las características fisioquímicas del suelo.

El estudio también incluye el análisis de los efectos del biocarbón en el ambiente y en el agroecosistema para conocer cómo responden las poblaciones microbiológicas que conviven en el suelo, pues una gran porporción de ellas no son patógenos, sino más bien benéficas y ayudan al cultivo; además de si aporta al crecimiento de las plantas y a la raíz.

«El carbón, por su porosidad, puede ayudar a distribuir mejor el agua en el área de la raíz de la planta, lo que le sirve a esta para mejorar la absorción de nutrientes», expresó Pérez.

Las repercusiones en el uso de los plaguicidas es otro de los aspectos que se desea conocer. Al respecto, los investigadores del CICA explicaron que intentan comprobar si al aplicar el carbón al suelo, la plantación de piña tendrá disponibles más nutrientres, las plantas serán más resistentes al ataque de plagas y enfermedades, y esto provocaría que se apliquen menos fertilizantes y plaguicidas.

 

Patricia Blanco Picado

Periodista Oficina de Divulgación e Información.

 

Foto de portada, Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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El silencio tóxico

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  • Desde hace 8 años el CICA ha evitado publicar datos sobre la contaminación de agua por agroquímicos usados por piñeras

 

FECON, 15 de junio 2018. La prestación de resultados por parte del Centro de Investigaciones en Contaminación Ambiental (CICA) de la UCR sobre contaminación de plaguicidas en agua de la Zona Norte de Costa Rica fue el resultado de un proceso de presión política para que salieran a la luz pública algunos de los datos que este centro aparentemente se negaba a publicar. Esto se dio como resultado de la presión ejercida sobre el CICA desde el despacho del diputado José María Villalta.

Esta información fue recabada desde 2015. Para ese momento el CICA ya tenía evidencia de que el agua de estas comunidades estaba contaminada no lo reportó hasta el 14 de junio de 2018. Este silencio de tres años puede estar costando a muchas personas su salud. Un centro de investigación financiado con fondos públicos tiene el compromiso ético-profesional de publicar información considerada relevante para el resguardo de la salud de las personas.

Desde 2015 el CICA tiene datos que confirman que alguno de los puntos de muestro están contaminados con bromacil (herbicida), ametrina (herbicida), diuron (herbicida), metalaxil (fungicida), carbendazim (fungicida) y hexazinona (heribicida) pero no los había hecho públicos. Lo más grave es que algunos de los 32 sitios maestreados son fuentes de agua para consumo humano de comunidades pertenecientes a Pital, Agua Zarcas y Venecia de San Carlos y el cantón de Río Cuarto.

Este centro de investigaciones no sólo ha ocultado información sobre contaminación de agua por agroquímicos en comunidades de la Zona Norte, sino que esta práctica es reiterada. El CICA también se ha negado a publicar otros datos sobre contaminación en una de las cuencas más importantes de nuestro país, el Río Grande Terraba y el Humedal Terraba-Sierpe. La FECON tiene conocimiento que esto datos han sido recopilados desde 2012 sin ver la luz pública. Uno de los ecosistemas de humedal protegidos por el Convenio RAMSAR.

Este tipo de prácticas es una grave falta moral y ética departe de funcionarios públicos que deciden engavetar información clave para el debate nacional sobre el fenómeno de expansión piñera que el país tiene a cuestas.

En FECON hemos sido enfáticos en denunciar en el pasado que existen 5.566 hectáreas deforestadas por las piñeras de forma ilegal, un área equivalente al Parque Nacional Carara. Además se reportan 74 piñeras identificadas por el Centro Nacional de Alta Tecnología de CONARE que desde 2015 por violar la Ley Forestal siguen impunes. También hemos reportado que existen más de 1.112 hectáreas de piña sembradas dentro de Áreas Silvestres Protegidas.

Se debe señalar que las consecuencias económicas de la expansión descontrolada de la piña ya estan siendo pagadas por las comunidades y el Estado costarricense. Se calcula ₡2.500 millones de colones cuesta el acueducto nuevo de Milano de Siquierres ya que el viejo se los contaminó una piñera hace más de quince años. Por esta situación el AyA ha desembozado durante este tiempo alrededor de USD$5.000.000 para abastecer agua mediante cisterna a comunidades donde la Piña contaminó sus acueductos comunitarios.

La totalidad del costo social y ambiental de la expansión piñera se desconoce. El país está permitiendo que esta industria devaste gran parte de la riqueza natural y ahora incluso amenaza las fuentes de agua de las comunidades vecinas a sus plantaciones. Por eso se necesita una institucionalidad académica comprometida para investigar de forma responsable los impactos de la industria piñera.

Federación para la Conservación de la Naturaleza (FECON)

Información al teléfono: 87609800

 

Ilustración: Raquel Mora

Enviado por FECON

Los Santos reafirma rechazo a gasificación de basura

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  • Más de cien personas se organizan para detener incineración de desechos en Los Santos

 

Fecon, 11 de junio 2018. Las comunidades de San Antonio, San Pablo, La Angostura de León Cortés y Frailes de Desamparados están en una nueva etapa de oposición ante la amenaza de instalación de una “planta gasificadora de basura” en la zona Los Santos por parte de la empresa Agropecuaria 70-48.

Actualmente la empresa no tiene viabilidad ambiental del proyecto ni siquiera un expediente en trámite en SETENA para la zona de Los Santos por lo que la empresa está operando sin el debido proceso.

Ya en 2013 el proceso en contra la incineración había culminado con el archivo del Estudio de Impacto Ambiental el 11 de setiembre del 2014, expediente D1-8972-2013-SETENA de la empresa Agropecuaria 70-48. En ese momento Agropecuaria 70-48 fue incapaz de contestar veintiocho cuestionamientos técnicos en el plazo de seis meses que le concedió la Secretaría Técnica Ambiental (SETENA).

Posteriormente en una resolución de SETENA del 28 de febrero del 2014 había confirmado lo señalado por las comunidades y los ecologistas: la empresa obvió la necesidad de los estudios cualitativos y cuantitativos de la percepción local de la población.

Según Octavio Quirós Quirós miembro de Grupo Ecologista León Cortés: la empresa busca nuevamente ocultar las consecuencias y las amenazas directas para elrecurso hídrico, los cultivos de café, aguacate, frutícolas de todo tipo, el turismo comunitario, la naturaleza y la calidad de vida en Los Santos. Daños imposibles de reparar regalándole la ceniza de la planta como abono a los agricultores como ofreció la empresa.

En Los Santos se está repitiendo la misma secuencia de intentos de manipular a la gente que en todos los demás lugares donde las incineradoras han intentado instalarse. “Somos cientos de personas, las ASADAS, las Asociaciones de Desarrollo Integral, los comités, los que estamos en estas reuniones opuestos y el único representante de esa empresa dice que ya van a empezar porque tienen todos los permisos”, indicó David Mora de San Antonio uno de los organizadores comunitarios.

Los vecinos reporta que la empresa Agropecuaria 70-48 convocó a dos reuniones, pero no dejaron entrar a más de quince personas, todas escogidas por la misma empresa, mientras al resto de gente simplemente no la dejaron entrar.

David Mora se refirió a estas reuniones y señaló que: “les pedimos los estudios realizados y nunca nos han enseñado ni una hoja»”.

Amenaza al recurso hídrico

Los impactos sobre la explotación de las fuentes de agua por parte de empresas incineradoras de basura sería un conflicto entre el agua para consumo humano y el del uso industrial.

«No alcanzarían todas las nacientes que tenemos para lo que la incineradora necesita y Guillermo Aguilar, el hombre de la empresa, dice que no importa, que con cisternas completa”, explicaron Irene Mora de San Antonio de León Cortés.

Insostenible

Es económica y ambientalmente insostenible este proyecto. Agropecuaria 70-48 insiste en gasificar 42 toneladas diarias de desechos para generar 1 MW con un exorbitante costo de 4.000 millones de colones, costo que subvencionaría la municipalidad de lo contrario sería inviable económicamete.

Por otro lado en Los Santos se generan menos de 20 toneladas diarias a las que habría que restarle desechos biodegradables, reciclables y reutilizables, para cumplir con lo obligado por la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos N.º8839 sobre manejo de desechos del país. Esto llevaría a esta planta incineradora a traer basura de otros lugares del país, aumentando el impacto ambiental social de dicho proyecto.

“Esa empresa técnicamente es igual o peor de incompetente que todas las demás cuyos intentos han fracasado en Barranca, Alajuela, Carrillo, La Uruca, Cañas-Tilarán-Bagaces, e incluso en Dota donde los representantes de la empresa coreana Wells Lighting Central America S.A., no lograron articular respuesta ante los cuestionamientos sociales, ecológicos, económicos y sobre oferta eléctrica pues todos dicen que “ayudarán a suplir de electricidad al país” lo cual es técnicamente improbable, indicó Osvaldo Durán Castro de PROAL/FECON.

 

Más informes:

Osvaldo Durán Castro, 8380-0966, osvaldod@gmail.com

Octavio Quirós Quirós, 8835-6021, quiros9011@gmail.com

 

Los Santos reafirma rechazo a gasificacion de basura

 

Enviado por FECON.

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ASECODES: Sala IV acoge recurso de amparo contra la Municipalidad de Desamparados y SETENA

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

Comunicado

Asecodes, Asociación Ecologista Desamparadeña, comunica a la ciudadanía desamparadeña y nacional, que la Sala IV, Sala Constitucional, acogió nuestro recurso de amparo, contra la Municipalidad de Desamparados y a la SETENA, Secretaria Técnica Ambiental.

Se les da tres días hábiles para que rindan informes, ante la Sala, para su valoración, y resolución, con el cumplimiento del Artículo 50 de nuestra Constitución Política, de nuestro derecho a ¡gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado!

ASECODES Sala IV acoge recurso de amparo

 

Foto de Héctor Ferlini-Salazar.

Imagen de portada tomada del Facebook Pacto Mundial Consciente CostaRica

Enviado por Alejandro García Valerio.

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Comunidad de Puerto Viejo de Talamanca participó en conversatorio sobre derecho ambiental

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  • Actividad fue coordinada por el Área de Transparencia adscrita a la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción

 

Mónica Álvarez Pérez

Comunicadora. Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción

Comunidad de Puerto Viejo de Talamanca participo en conversatorio sobre derecho ambiental4

7 de junio del 2018. Ciudadanos de la comunidad de Puerto Viejo de Talamanca y sus alrededores participaron el pasado 05 de junio en el conversatorio sobre Derecho Ambiental, en el que José Pablo González, fiscal adjunto Agrario Ambiental, participó como expositor y aclaró las dudas del público.

El fiscal González inició la actividad resaltando las características del derecho ambiental y los conceptos en torno a los delitos más frecuentes en esta temática.

Posteriormente, se dio espacio a temas como leyes, sanciones, áreas protegidas, la intervención de instituciones afines a la protección ambiental, reciclaje, moratorias y daños al medio ambiente; momento en que los presentes aprovecharon para hacer sus aportes, denunciar y solicitar apoyo al Ministerio Público en relación al eje temático expuesto.

Entre los temas abordados, se enfatizó en la preocupación por permisos de construcción que ha otorgado la Municipalidad de Talamanca dentro de las zonas marítimo terrestre durante la moratoria, pues es prohibido construir en zona pública, esteros y humedales.

“En Costa Rica no se puede alegar ignorancia de la Ley, denunciemos, aunque hayan construido, cortado árboles. La naturaleza tiene capacidad impresionante para regenerarse y no se puede permitir que la ignorancia y la avaricia prevalezcan. Nuestra lucha no es por nosotros, es por sus hijos y los hijos de ellos”, manifestó González.

Durante el conversatorio, la comunidad también tuvo la oportunidad de conocer al nuevo personal que asumió funciones el pasado mes de mayo en la fiscalía de Bribri, entre quienes se encuentran Marlon Poyser, fiscal coordinador,  y el fiscal auxiliar de Enlace Agrario Ambiental, Guillermo Cordero; ellos mostraron su anuencia y compromiso con la ciudadanía.

Este espacio comunitario fue coordinado por el Área de Transparencia de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción y se celebró en la Casa de la Cultura Liberty Hall de Puerto Viejo.

 

Área de Transparencia

Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción

Ministerio Público de Costa Rica

Tel: 2295-44-29

Email: malvarez@poder-judicial.go.cr

 

Rendición de cuentas, un ejercicio de transparencia.

 

Enviado por María Elena Fournier.

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UCR detecta residuos de plaguicidas en fuentes de agua en la Zona Norte

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

  • Hallazgos son parte del proyecto conjunto entre la UCR y el Servicio Fitosanitario del Estado para fomentar buenas prácticas agrícolas (BPA) en fincas productoras de piña
Frutas y verduras
Estudio realizado tomó muestras en 22 sitios de aguas superficiales (ríos y quebradas) y en 10 sitios de aguas subterráneas (pozos y nacientes). Los muestreos en aguas superficiales se realizaron durante los años 2015, 2016 y 2017 tres veces al año, en las épocas seca, lluviosa y de transición. – foto Laura Rodríguez Rodríguez.

El Proyecto de Buenas Prácticas Agrícolas en la producción de piña en la Zona Norte, ejecutado por el Centro de Investigación en Contaminación Ambiental (CICA) de la Universidad de Costa Rica (UCR) y el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), encontró presencia de plaguicidas en algunas fuentes de agua de los distritos de Pital, Aguas Zarcas y Venecia de San Carlos, y el cantón de Río Cuarto.

Como parte del estudio, se tomaron muestras en 22 sitios de aguas superficiales (ríos y quebradas) y en 10 sitios de aguas subterráneas (pozos y nacientes), ubicados en dichas localidades. Los muestreos en aguas superficiales se realizaron durante los años 2015, 2016 y 2017 tres veces al año, en las épocas seca, lluviosa y de transición. Mientras que los muestreos en aguas subterráneas se realizaron durante el 2015, 2016 e inicios del 2017.

A partir del primer año de análisis de muestras, se observaron tendencias sobre la presencia de trazas (cantidades minúsculas) de ingredientes activos de bromacil detectados en algunos pozos y nacientes de varias Asadas que fueron muestreadas, previo al tratamiento del agua para consumo, lo que llevó a los investigadores del CICA a informar a las autoridades competentes.

"La investigación que se realiza en la Universidad de Costa Rica y particularmente ésta es una investigación que se financia con fondos públicos y por lo tanto estamos en la obligación de brindar resultados a la sociedad costarricense", reconoció el Dr. Fernando Santamaría, Vicerrector de Investigación de la UCR.
«La investigación que se realiza en la Universidad de Costa Rica y particularmente ésta es una investigación que se financia con fondos públicos y por lo tanto estamos en la obligación de brindar resultados a la sociedad costarricense», reconoció el Dr. Fernando Santamaría, Vicerrector de Investigación de la UCR.

Los científicos sostienen que las concentraciones de ingredientes activos encontradas son bajas según los niveles establecidos por entidades internacionales como la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de EE.UU. No obstante, en algunos casos, dichas concentraciones sobrepasan los parámetros de calidad para residuos de plaguicidas establecidos en el Reglamento para la Calidad del Agua Potable que rige en Costa Rica actualmente.

En el caso de aguas superficiales el bromacil, la ametrina y el diurón, herbicidas utilizados para el cultivo de la piña, fueron los plaguicidas más frecuentemente detectados y cuantificados en muestras de ríos y quebradas durante el desarrollo del proyecto. El bromacil fue prohibido por el Gobierno para su importación a partir del 24 de mayo del 2017 y para su uso a partir de noviembre del mismo año. También se detectaron en menor medida otros plaguicidas como metalaxil, carbendazím y hexazinona.

El jueves 18 de junio de 2018, en la Facultad de Ciencias Sociales se presentaron hallazgos del proyecto conjunto entre el Centro de Investigación en Contaminación Ambiental (CICA-UCR) y del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) para fomentar buenas prácticas agrícolas (BPA) en fincas productoras de piña.
El jueves 18 de junio de 2018, en la Facultad de Ciencias Sociales se presentaron hallazgos del proyecto conjunto entre el Centro de Investigación en Contaminación Ambiental (CICA-UCR) y del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) para fomentar buenas prácticas agrícolas (BPA) en fincas productoras de piña.

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Cabe destacar que, actualmente, en Costa Rica las concentraciones residuales de estas sustancias en aguas superficiales no se encuentran reguladas de acuerdo con el reglamento vigente 33601-MINAE-5. Al respecto, el investigador Greivin Pérez expresó: “Este proyecto servirá como linea base para que las autoridades competentes puedan actualizar la regulación nacional en materia de valores máximos permitidos de plaguicidas por medio de futuras investigaciones que complementen la actual”.

El proyecto, además, incluyó análisis físicoquímicos y microbiológicos de muestras tomadas en ríos y quebradas, que permitieron detectar, en algunos casos, contaminación por coliformes fecales. Adicionalmente, se tomaron muestras de sedimentos y de piña que fueron analizados con tecnología de punta en el laboratorio del CICA. En las frutas ninguno de los valores de plaguicidas detectados superó los límites máximos de residuos permitidos en piña.

El CICA cuenta con ensayos acreditados y equipo de alta tecnología para la detección y análisis de residuos de plaguicidas mediante técnicas de cromatografía de líquidos y cromatografía de gases, acoplados a espectometría de masas, lo cual permitió detectar trazas en las muestras de agua analizadas.

UCR detecta residuos de plaguicidas en fuentes de agua en la Zona Norte4
El vicerrector de Investigación, Fernando Santamaría y dos investigadores del CICA, Laura Brenes y Greivin Pérez presentaron los principales resultados de los análisis realizados en la Zona Norte. Brenes recalcó que el proyecto incluye además el trabajo con productores piñeros para mejorar sus prácticas agrícolas en el uso de plaguicidas.

La Universidad de Costa Rica, a través del CICA, recomendó en abril del 2017 al Servicio Fitosanitario del Estado discutir urgentemente los resultados preliminares de este estudio con las autoridades nacionales responsablesdel Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y Acueductos y Alcantarillados (AyA) con el fin de que se tomen las medidas regulatorias correspondientes. Recomendaron que la atención esté centrada no soloo en los residuos de plaguicidas sino también en otros potenciales riesgos de origen microbiológico y físicoquímicos.

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Como parte del proyecto “Caracterización de la prácticas agrícolas y el uso y manejo de agroquímicos en el cultivo de piña para la implementación de buenas prácticas agrícolas (BPA)”, actualmente, el CICA está realizando capacitaciones y campañas informativas con los productores de de la Zona Norte donde operan más de 150 fincas productoras de piña para la reducción en el uso de agroquímicos y procurar su manejo apropiado en este cultivo.

UCR detecta residuos de plaguicidas en fuentes de agua en la Zona Norte5
El investigador Greivin Pérez del CICA explicó los resultados obtenidos durante los años 2015, 2016 y 2017 donde se detectó la presencia de Bromacil en aguas subterráneas.

Katzy O`neal Coto

Periodista Oficina de Divulgación e Información.

 

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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Comunidad Boruca e instituciones discuten atracadero en Parque Nacional Marino Ballena

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

Hoy se realizó una reunión de acercamiento en las oficinas centrales del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), con la participación de la ministra María Amalia Revelo; así como la Ministra de Cultura Sylvie Durán Salva tierra, con representación de la Asociación de Desarrollo y Consejo de Cultura de Boruca, para analizar el proceso de construcción del Atracadero en el Parque Nacional Marino Ballena (PNMB), áreas de uso ancestral del pueblo indígena Brunca.

Gilbert González de la Comisión designada por el Consejo Cultural y la Asociación de Desarrollo de Boruca aseguró: “La ministra Sylvie Durán quiere etiquetar el proceso como de “buena fe” y no como consulta, algo en lo que difiero totalmente”.

También se acordó revisar los términos de referencia para la contratación de los estudios referidos, atendiendo las recomendaciones de la Asociación de Desarrollo y el Consejo Cultura.

Se expuso la falta de consulta correspondiente al pueblo de Boruca al planificar el proyecto, la desatención de varias de las instituciones participantes a las recomendaciones del pueblo de Boruca sobre el tema de consulta, la falta de información pertinente, el ocultamiento de la información, entre otros.

“Es necesario entender el amplio marco jurídico que respalda la acción de consulta al pueblo de boruca, así como las maniobras dadas en los últimos meses referentes al tema”, aseguro González.

La reunión estaba planificada para analizar la contratación, directa o abierta, de un estudio biológico y de impacto cultural del atracadero sobre el caracol múrice utilizado ancestralmente para teñir hilo que el tono morado distintivo en sus tejidos y también sobre eventuales cambios culturales.

En la reunión participaron treintena de personas, entre ellas tour operadores del PNMB, representantes del Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE), Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), Área de Conservación Osa (ACOSA), Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP), Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad (CONAGEBIO), Fideicomiso INCOP-ICT-BNCR.

Informes Gilbert González Maroto 6025-3217 y Mario Lázaro presidente de la ADI de Boruca al 8463 4969.

 

Enviado por Mauricio Álvarez.

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