Estreno de campaña para evitar el atropello de la fauna silvestre en carreteras
El I Enlace de esta campaña ya fue lanzado y forma parte de una serie de «spots» en redes sociales, los cuales han sido realizados gracias al apoyo de Audiovisuales de la UNED, en conjunto con el trabajo de la Comisión Vías y Vida Silvestre; la UNED, Yiski, Fundación Ambio y el Comité Ambiental de Miramar.
En total van a ser 9 spots que salen cada viernes hasta el mes de agosto y culminará con la presentación oficial el día viernes 31 de agosto de 2018 en el Paraninfo de la UNED, en Sabanilla, desde las 10 a.m. hasta las 12 medio día.
Por tanto, el Consejo Regional del Área de Conservación de Guanacaste, se manifiesta en contra del Proyecto Canal Seco Interoceánico (Canal Verde Interoceánico). Comuníquese a quien corresponda. ACUERDO UNÁNIME Y FIRME.
Pulse en las siguientes imágenes para agrandarlas y leer el comunicado completo.
Foto: Bahía Santa Elena, 2018. Foto: Luciano Capelli. Tomada de la páginas www.acguanacaste.ac.cr
El Consejo Editorial y la Escuela de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional (UNA) nos comparte la última edición de la Revista Ambientico, en la cual se presentan avances sobre el trabajo que se está llevando a cabo a través del Proyecto Humedales, una iniciativa de apoyo al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) administrada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
A continuación la Editorial y la tabla de contenidos.
La imperante necesidad de proteger y manejar los humedales en Costa Rica
Las áreas silvestres protegidas del mundo son espacios únicos en términos de biodiversidad, pero con frecuencia altamente vulnerables. Muchas de ellas presentan desafíos sustanciales sobre el entendimiento de su importancia ecosistémica, amenazas antropogénicas producto de su poca valoración, o por los limitados recursos para su adecuada protección y manejo de manera conjunta con los múltiples agentes.
A pesar del mayor reconocimiento que las áreas silvestres protegidas puedan tener hoy en día, los ecosistemas de humedal son con frecuencia poco conocidos, protegidos y valorados. Muchos humedales en Costa Rica reflejan alto grado de deterioro producto de actividades agropecuarias, de una deficiente planificación del uso del suelo y de actividades industriales. Sistemas de riego, ganadería, deforestación, plaguicidas, aguas residuales, erosión de suelos, sedimentación, entre otros, generan alta presión sobre la cantidad y calidad del agua disponible, acelerando procesos de contaminación, eutrofización o simplemente desaparición de estos frágiles ecosistemas. Se estima que en el siglo XX se redujo la extensión de los humedales naturales del mundo en cerca de un 70 % considerando tanto los continentales como los marinos. Para el caso costarricense quizás la mayor limitante no es su disminución en área, sino su alto grado de deterioro, como mencionamos anteriormente.
No obstante, los ecosistemas de humedal son espacios altamente productivos y esenciales en la provisión de múltiples servicios ecosistémicos. Entre ellos destacan el suministro de agua dulce, alimentos y materias primas como la madera, la recarga de aguas subterráneas, su biodiversidad, y la protección contra tormentas o su rol en la mitigación del cambio climático. Ellos son indispensables para que innumerables especies vegetales y animales puedan subsistir brindando beneficios irremplazables para la humanidad. Se conoce, por ejemplo, que el ciclo global y local del agua depende en gran medida de los humedales. Como se argumenta más adelante, la calidad de vida de las personas depende de la calidad del ambiente, y los humedales marinos (costeros), lacustres (lagos), ribereños (ríos) y palustres (pantanos, ciénagas) proveen beneficios en términos materiales, físicos y sociales que son necesarios para el mantenimiento y generación de este bienestar integral.
Enmarcado dentro de las metas globales de Biodiversidad (Metas Aichi) y la Estrategia Nacional de Biodiversidad 2016-2025, resalta el aumentar para el año 2020 el área de humedales bajo categoría RAMSAR a 589 742 hectáreas en comparación con las 569 742 bajo categoría RAMSAR en el año 2015. Esto es 20 mil hectáreas adicionales de humedales de importancia internacional (HII) bajo protección y rehabilitación. El desafío no es menor. Para lograrlo es necesario aumentar la capacidad institucional para su gestión sostenible y conservación, el involucramiento de los actores locales de forma activa en las diversas actividades de manejo y mejoramiento, ajustes y aplicaciones más estrictas a la normativa, y el reconocimiento de su importancia entre la sociedad para su financiamiento. En esta edición les presentamos avances desarrollados desde el año 2015 por el Proyecto Humedales, una iniciativa de apoyo al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), administrado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF).
En su conjunto, el accionar del Proyecto Humedales se dirigió hacia el desarrollo e implementación de herramientas para gestionar de mejor forma la protección y la rehabilitación de los ecosistemas de humedal y para la conservación de las especies que habitan en ellos, en concordancia con los principios de desarrollo sostenible y de adaptación a la variabilidad climática. Estos esfuerzos también contribuyen a que Costa Rica avance en la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en particular con los objetivos: 3, 5, 6, 11, 13 y 15, cumpliendo así con los compromisos país establecidos en el Proyecto Humedales.
Profesionales en arqueología preocupados por grave desprotección al patrimonio arqueológico nacional
FECON, 17 de junio 2018. Veinticuatro arqueólogos le dirigieron una carta a la Comisión Plenaria de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) manifestando la preocupación que tienen ante el grave peligro que conllevaría aprobar el borrador del decreto que presenta el nuevo “Reglamento de Evaluación, Control y Saneamiento Ambiental” propuesto para cambiar la forma de funcionamiento de esta entidad.
Los especialistas en patrimonio arqueológico se encuentran preocupados porque los umbrales ambientales planteados en este nuevo reglamento permiten calificar obras de construcción de menos de 9000m² y a otras obras, actividades y proyectos que no poseen una dimensión por área como de “bajo o muy bajo impacto ambiental”. Este umbral ambiental exime de inspecciones previas los terrenos donde se construirá infraestructura. Esto significa que construcciones de magnitudes similares a la de la Plaza de la Democracia en San José estarían exentas de cualquier inspección previa para verificar si hay o no elementos indicadores de existencia de ocupaciones precolombinas.
En ese sentido, la arqueóloga Ifigenia Quintanilla (experta en evaluación del patrimonio arqueológico) señaló que “el reglamento actual contempla la obligatoriedad de realizar inspecciones en obras con áreas que sobrepasen los 1000m², con ello se logra la identificación oportuna de cientos de sitios arqueológicos previo al desarrollo de obras y, con esto, el salvamento de una parte importante del patrimonio nacional arqueológico. El nuevo reglamento dejaría sin protección a gran cantidad de áreas al pasar este umbral a una amplitud nueve veces más amplia.”
Costa Rica posee una gran riqueza arqueológica. Los estudios indican que el país estuvo habitado desde hace más de 12 000 años. A la fecha, en la base de datos del Museo Nacional de Costa Rica hay registrados más de 4 000 sitios arqueológicos y solo seis de ellos tienen protección formal. El resto, es decir más del 99.9 %, de los sitios arqueológicos el país no tienen ningún tipo de protección, ni cuido ni mantenimiento.
El Museo Nacional, únicamente actúa en casos de denuncias por daños o amenazas de destrucción de alguno de ellos. A la fecha, la obligación de cumplir con los procedimientos de la SETENA ha sido fundamental para detectar sitios arqueológicos a impactar por las obras de infraestructura. Gracias a esto, se han podido realizar labores de rescate y de protección que en otras circunstancias no se hubieran dado.
Los firmantes de la carta a la SETENA señalan algo muy importante y es que “el patrimonio arqueológico es finito e irrepetible; una vez que se impacta es irrecuperable. La posibilidad de anticipar, prevenir y mitigar el impacto sobre el patrimonio arqueológico del país a través de los instrumentos de la Ley Ambiental ha sido vital para la protección del mismo. (…) por lo que consideramos inaceptable e inconveniente para el país eliminar la valoración arqueológica previa, en una cantidad importante de proyectos”
La Ley 6703 de Patrimonio Nacional Arqueológico sólo contempla el rescate y la protección de este patrimonio cuando se ha producido un hallazgo al realizarse obras de infraestructura, es decir se hace el rescate cuando el patrimonio ya fue afectado por movimientos de tierra o, cuando ya no se puede dar marcha atrás en las construcciones y hay que hacer un rescate de emergencia. Con el cambio en el reglamento de la SETENA se agudizará esta situación al quedar fuera de los protocolos de inspección previa gran cantidad de proyectos situados en el umbral de “muy bajo o bajo impacto ambiental”.
La creación de la SETENA y los protocolos de evaluación ambiental que incluyen el componente arqueológico se pudo subsanar parcialmente uno de los grandes vacíos de la Ley sobre Patrimonio Arqueológico (Ley 6703). Con el cambio propuesto en el reglamento de la SETENA se retrocede en la protección del patrimonio arqueológico del país, ya que solamente se podrán proteger los sitios que sean identificados durante los movimientos de tierra y que sean notificados voluntariamente al Museo Nacional.
Dejar la protección y salvaguardia de una buena parte del patrimonio cultural del país bajo la premisa de la buena fe de los desarrolladores de proyectos es una irresponsabilidad del Estado Costarricense. Al respecto la carta de los investigadores señala que “de nuestra experiencia sabemos que esto se dará en muy pocos casos y dependerá del grado de conciencia de los desarrolladores informar, o no, el hallazgo. Esta situación representa un retroceso para la protección del patrimonio arqueológico nacional”.
Con el cambio en el reglamento de la SETENA unido a otras debilidades de la gestión del patrimonio arqueológico por parte del Estado Costarricense se incumplen una serie de convenciones internacionales. Especialmente, se incumple la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial ratificada en 1977, en la que nuestro país se comprometió a mantener en su territorio servicios de protección, conservación y valorización del patrimonio (cultural y natural), desarrollando estudios e investigación científica y técnica sobre el tema; asimismo, se procuró adoptar medidas jurídicas, científicas y administrativas para identificar, proteger, conservar, revalorizar y habilitar ese patrimonio. Respecto ello y según la opinión de expertos en arqueología que redactaron la carta a la SETENA, la aplicación del nuevo reglamento estaría arremetiendo contra este y otros compromisos internacionales.
Por su lado la Federación para la Conservación de la Naturaleza también manifestó su preocupación en febrero anterior por la reforma al reglamento de SETENA y lo calificó de regresivo en materia de protección ambiental. A su vez, la Defensoría de los Habitantes ha acogido las denuncias de los ambientalistas y recomendó al MINAE y SETENA acatar las observaciones de los ecologistas.
Ingrese en el siguiente enlace para leer la carta:
Río Abangares, punto de extracción de materiales. Kioscos Socioambientales visitó las comunidades de Abangaritos, Higuerilla y Manzanillo, donde comprobó las múltiples amenazas para los ríos del Pacífico Central.
La defensa de los ríos del cantón central de Puntarenas ha quedado en manos de las comunidades. Así lo han evidenciado organizaciones de las comunidades de Guacimal, Aranjuez y Abangaritos, quienes han defendido sus ríos frente a las tomas de agua para el riego privado y la extracción ilegal de materiales de río (arena y piedra principalmente) .
Los embates de la época seca es solo una de las amenazas que sufren los ríos del pacífico central. El monocultivo de caña de azúcar, la deforestación desmedida y la ganadería extensiva en las márgenes y cuencas de estos ríos, generan una serie de efectos negativos tanto para las comunidades como para los ecosistemas que en estos espacios conviven.
Los ríos de la comunidad de Abangaritos son de los más afectados por la extracción de materiales. De acuerdo con personas de la comunidad, las extracciones se realizan en fincas privadas, pero destruyen el bien común de todas las personas, el río Abangares. “Esta finca es de Germán Vargas-un terrateniente del lugar-, pero la finca es de él, el río no. De aquí sacan piedra, sacan el agua (…) se roba la arena del río, y la venden en otros lugares, a la Asociación de Desarrollo se le ha denunciado la situación para que hagan algo, y no han querido hacer absolutamente nada”, declaró Sundry Álvarez de la comunidad de Abangaritos.
Tampoco el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAET), por medio del Área de Conservación del Pacífico Central (ACOPAC), ha dado respuesta a las múltiples denuncias interpuestas por la tala ilegal de árboles en las cercanías de los pozos de agua de las comunidades. Según las denuncias, “los dueños de las fincas enferman los árboles maderables para luego alegar la necesidad de talar dichos árboles por riesgo de caída”. Así se comprobó mediante una visita a los pozos de agua de Abangaritos, donde a escasos metros se halló un árbol señalizado con un número y con incrustación de clavos.
Abangaritos, Puntarenas. Tala de árboles en las cercanías de los pozos de agua.
Estas actividades extractivas, las cuales atentan contra los ríos y el acceso al agua de las comunidades, se desarrollan sin ningún tipo de regulación o concesión estatal, a pesar de las informaciones que han recibido el Ministerio de Ambiente y Energía y la Asociación de Desarrollo de la comunidad.
Problemáticas ambientales como la extracción de material que afecta el cauce de los ríos, así como la deforestación en las fincas donde se encuentran los pozos y nacientes de agua no son problemas menores, máxime en una zona catalogada de alto riesgo por su propensión a las sequías y desabastecimiento de agua. Este es el caso de Higuerilla, una de las comunidades que se hallan sobre la cuenca del río Abangares, y en la que el acceso al agua potable depende del paso por la zona de los camiones cisterna del Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA).
Abangaritos, Puntarenas. Una muestra de los cultivos extensivos en la zona del río Abangares, producción de sandía.
La tala ilegal de árboles, la extracción de materiales, así como los monocultivos extensivos y la ganadería a gran escala, son las principales problemáticas que ocasionan la sequía y contaminación de los ríos, teniendo un efecto directo sobre las formas de vida de las comunidades costeras, ya que la disminución en el nivel de agua de los ríos, así como la afectación por agroquímicos, genera contaminación en los manglares y por ende un impacto sobre las distintas especies marinas, así como en los modos de vida de las comunidades que dependen de la pesca y la “saca” de piangüa.
Abangaritos, Coyolito, Guacimal, Punta Morales, Manzanillo, Orocú, Malinche, Judas, Chomes, todas ellas de Puntarenas, son parte de las comunidades que pertenecen a la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua de Puntarenas, organización que tiene como propósito la defensa de los ríos frente a los proyectos de privatización, ya que se reconoce la importancia del agua para la vida y el derecho de las personas al acceso de dicho bien común.
Para más información con Dylanna Rodríguez tel. 8886 6291, docente del Programa Kioscos Socioambientales
FB: Kioscos Socioambientales Ucr
FB: Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua de Puntarenas.
Trabajo comunal apoya en capacitación y promueve una cultura de sostenibilidad
Grupo de mujeres piangüeras en el Humedal Térraba – Sierpe. Foto: archivo ODI.
En el Humedal Térraba-Sierpe se desarrolla la mayor actividad de extracción de piangua del país, estos moluscos usualmente se encuentran adheridos a las partes más bajas de las raíces de árboles de mangle y para alcanzarlos hay que hurgar de manera profunda entre lodo y ramas hasta dar con ellos.
Este es el trabajo de Rufina Gómez Zapata, piangüera y presidenta de la Asociación de Pescadores Artesanales de Ciudad Cortés (Asopescar). Como ella, muchos piangüeros y pescadores del cantón de Osa dependen del humedal para llevar sustento a sus familias. No obstante, la falta de planes de manejo y adversas condiciones climáticas amenaza con cambiar este oficio tal y como lo conoce la población.
“La mayoría de gente que trabaja son piangüeros y pescadores, […] hay días que las mareas son muy grandes entonces la gente esos días paran de pescar, o sea se dedican a las dos cosas”, explica Gómez.
El estado permanente informal de estos grupos afecta diversos procesos administrativos con instituciones estatales, desde la pesca hasta la certificación de guías turísticos y la organización de asociaciones comunales; todas estas iniciativas se vienen abajo por la falta de requerimientos y permisos necesarios.
Este es el escenario que describe Daisy Arroyo Mora, docente e investigadora de la Universidad de Costa Rica (UCR) que ha dedicado más de 10 años a la capacitación de estas comunidades costeras y al fomento de la coordinación interinstitucional con las mismas.
La mayoría de estas capacitaciones se han gestionado por medio del proyecto de Trabajo Comunal Universitario (TCU) Capacitación a pobladores de las zonas costeras en manejo y protección de los recursos marinos y costeros (TC-581), iniciativa que se vincula con líderes comunales como Rufina en materia de gestión de riesgo, sostenibilidad ambiental, tramitología, computación y aprendizaje del inglés.
TCU capacita y acompaña
El proyecto de TCU pretende promover una cultura de sostenibilidad entre los pescadores y la comunidad, así como el buen funcionamiento de las asociaciones de la región. A la fecha, el proyecto ha colaborado con las ASADAS de Sierpe, Caña Blancal y Olla Cero, la Escuela I.D.A. Caña Blancal, Asopescar, la Asociación de pescadores de Coronado, el Centro de Adultos Mayores de Ojo de Agua y la Asociación de Desarrollo Integral de Cortés.
Integrantes del TCU reunidos con representantes de la asociación de ASADAS. Foto: Facebook TCU Humedal Térraba Sierpe-581.
La investigadora y actual coordinadora del TCU, Margarita Silva Benavides, afirma que el trabajo con las comunidades nunca concluye, pues la formación de nuevas generaciones y el acompañamiento frente a dinámicas laborales cambiantes mantienen al TCU relevante en la zona.
De acuerdo con Silva, especialista en ecología en manglares y microalgas, la protección del humedal y la estabilidad laboral de los pescadores van de la mano. “Ellos protegen el manglar porque saben que si el manglar se muere, se muere la piangua, los peces, los camarones, entonces ellos más bien lo cuidan”, afirma la investigadora.
El estudiante de Antropología, Tony Urbina Vallejos, uno de los ocho estudiantes matriculados en el proyecto, ha trabajado junto con las escuelas de la zona en talleres ambientales, planes de gestión de residuos, de salud ocupacional y de gestión de riesgo. Además, ha colaborado junto con las ASADAS de la región en la elaboración de mapas de referencia y en la capacitación de personal.
Entre las prácticas positivas que se fomentan en los talleres ambientales se encuentran: el respetar las vedas de pesca, no extraer moluscos que se pasen del tamaño estipulado por ley, no verter el combustible de los botes cerca del humedal y no pescar en zonas de poca afluencia de piangua.
Aunque la preservación y fomento de una pesca sostenible siguen siendo puntos importantes para el TCU, la profesora Arroyo, comenta que el proyecto se tuvo que acoplar a las necesidades de los pobladores, incluyendo temas como la enseñanza del inglés, recursos humanos, computación y el ecoturismo.
Yen Picado Mora, presidente de la Asociación de Pescadores de Coronado de Osa, ha sido uno de los interesados en recibir capacitaciones sobre turismo rural y ecológico por parte del TCU. De acuerdo con el pescador, estas nuevas prácticas se están volviendo cada vez más necesarias puesto que muchos de sus colegas no pueden practicar la pesca de manera legítima y se arriesgan a diferentes tipos de agresiones.
Desde el TCU, docentes y estudiantes han abogado por el óptimo desarrollo de estas organizaciones y su relación el estado. Gracias a este trabajo se ha logrado concretar eventos como el Festival de los Manglares, la aprobación de planes de manejo de pesca y la creación de nuevas asociaciones piangüeras como la de Ajuntaderas de Sierpe.
Esteban Hidalgo Pena
Unidad de Comunicación Vicerrectoría de Acción Social
Desobedecerían a la Contraloría General de la República debido a ausencia de Estudio Ambiental Estratégico
Existen alternativas para abastecer de agua Guanacaste
Los 48 diputados que votaron a favor de la vía rápida a un proyecto de ley que pretende desafectar las 113 hectáreas de la Reserva Biológica Lomas de Barbudal. Acción realizada sin sustento técnico suficiente y obviando la normativa nacional referente Áreas Silvestres Protegidas, evaluación de riesgo y ambiental. El proyecto de ley contenido en el Expediente n.º 20.465 pretende también compensar el bosque a inundarse con fincas vecinas cubiertas por potreros y pocos arboles dispersos.
Una cosa que sobre sale es amenaza sísmica que tiene el proyecto. En el folio 567 del expediente legislativo de dicho proyecto de ley destaca la posibilidad de que la presa se rompa debido a presencia de fallas técnicas. En su el inciso 1.4.1.5 habla que la cortina de concreto que sostendría el embalse está bajo amenaza sísmica tipo III. Lo cual recomienda análisis exhaustivos previos. Análisis que están ausentes y de no hacerse de forma responsable pondría en riesgo incuso vidas humanas y la inversión de aproximadamente USD$500 millones.
Lo anterior se refiere a sólo uno de una serie de análisis previos que se deberían de hacer. Por ejemplo demostrar que es el único lugar dónde se puede hacer y no existen alternativas. Se encuentra entre los pocos datos publicados del proyecto la posibilidad de compensar el área inundada con otras fincas que el SINAC adquirirá como concepto de compensación de biodiversidad con una inversión de 1500 millones de colones.
Para Isaac Rojas, miembro de CoecoCeiba Amigos de la Tierra: “la propuesta de compensación en biodiversidad es una idea poco conveniente en un país como Costa Rica, porque nadie puede asegurar que una ceiba que esté a 100 metros entre sí pueda compensar la una a la otra.”
Es conocido que la compensación es una medida que toman cuando los daños ambientales no se pueden evitar, pero en este caso está siendo usada de forma peligrosa para favorecer un proyecto empujado por intereses económicos muy fuertes sin tener estudios técnicos y científicos para apoyarse para tomar esta decisión.
El Dr. Jorge Lobo, biólogo catedrático de la Universidad de Costa Rica ha manifestado que: “…las poblaciones o especies afectadas por la pérdida de un área protegida no necesariamente aparecerán en su abundancia original en un área de compensación. Porque al no existir en el área de compensación los hábitats y recursos requeridos por esta especie, y los núcleos poblacionales o las condiciones migratorias para garantizar su redoblamiento. No se podrá compensar estas especies o poblaciones perdidas en Lomas de Barbudal. Diferencias drásticas en la calidad del hábitat, especialmente en el grado de alteración humana de los ecosistemas, que se detectaron entre Lomas de Barbudal y la Finca Asetrek (finca a adquirir par a compensar), no se equilibran con el aumento del área de esta última”.
Este proyecto de embalse comprendería 850 hectáreas; un canal de 55 kilómetros; un planta hidroeléctrica; entre otra obras se trata de un Programa o Plan y no de un simple «proyecto». Por tal razón el camino a seguir sería la realización de una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), aplicando los principios de Participación, Información y Transparencia y con la participación de todos los sectores relacionados.
Para Álvaro Sagot, experto en evaluación ambiental, manifestó que “…de debe hacer una evaluación previa para determinar si estratégicamente es viable y si lo es bajo qué salvaguardas ambientales y sociales. Lo correcto es que después de la Evaluación Ambiental Estratégica se elabora el proyecto de ley correspondiente, pero como aquí siempre ponemos la carreta por delante de los bueyes, entonces, la ley debería decir que el Programa o Plan de Desarrollo en particular, queda sujeta dicha evaluación.”
Basado en el informe N. °DFOE-AE-IF-00008-2017 de junio de 2017 la Contraloría General de la República le ordenó al Poder Ejecutivo implementarlo estipulado en el artículo 62 del “Reglamento General Sobre los Procedimientos de Evaluación De Impacto Ambiental” el cual estipula la Evaluación Ambiental Estratégica tiene como objetivo integrar la variable de impacto ambiental a la planificación del desarrollo económico del país.
Además el proyecto de ley no pone en cuestión el uso irracional del agua en la provincia de Guanacaste. Para la organización Confraternidad Guanacasteca el gran consumidor del agua es el sector agrícola que gasta de forma irracional el 70% del recurso hídrico disponible en la provincia.
El sector donde se ubica este proyecto, existe un total acaparamiento del agua en muy poca manos, pues empresas como Ingenio Taboga, Azucarera El Viejo, El Pelón y CATSA, consumen unos 7.000 litros por segundo, cada una, lo que es el agua equivalente al consumo de unas 500.000 personas. Estas 4 empresas juntas consumen 28.000 litros por segundo, volumen que supera el caudal que se dice proveerá el proyecto PAACUME con el embalse que es de solo 20.000 l/s. Consideran que las empresas de la zona deben modernizar sus sistemas de riego, para no incidir con su exagerado consumo, en los presupuestos del Estado y en el nivel de vida de cada uno de los habitantes de este país.
Según Gadi Amit de Confraternidad Guanacasteca: “Hay alternativas. Sí las 3 empresas cañeras aquí mencionadas, aplicaran riego por goteo a sus plantaciones, se ahorraría 16.800 l/s -que es la cantidad de agua que el PAACUME quiere destinar al riego de la rivera derecha del Tempisque-. La pequeña diferencia es, que no sería necesario construir el embalse en Rio Piedra. De esta forma el Estado y todos sus habitantes se ahorran el gasto de $ 500 millones”.
Por tanto desde FECON consideramos que este proyecto de ley enviado a vía rápida por 48 diputados y diputadas representa un peligroso paso en falso en materia ambiental, económica y social.
Federación Costarricense Para la Conservación de la Naturaleza.
Información:
Henry Picado, teléfono 87609800
Jorge Lobo,teléfono 86868649
Gadi Amit: 88268216
*Imagen de portada con fines ilustrativos tomada de Youtube.
Centros médicos apuestan por un cambio de paradigma y la creación de espacios de atención en las comunidades
El Hospital Nacional Psiquiátrico (HNP) cerró el pasado mes de abril su servicio de internamiento permanente, mientras que el Hospital Chacón Paut trabaja para reubicar usuarios y aplicar la misma medida. – foto Anel Kenjekeeva.
“El hospital no se está cerrando, se está transformando”, afirmó la directora del Hospital Nacional Psiquiátrico (HNP), Dra. Lilia Uribe López, en el marco del conversatorio que organizó la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica (UCR) bajo el título “Pasado, presente y futuro de los hospitales psiquiátricos”.
El espacio fue convocado luego de que el 23 de abril, el HNP colocó un candado en las puertas de su asilo, como acto simbólico respecto al cierre de su servicio de internamiento permanente, el cual estuvo en funcionamiento durante 127 años y llegó a ocupar 800 de las 1253 camas que tuvo el centro médico en la década de 1990.
Según Uribe, el país “descuidó mucho las otras áreas de la salud mental, usando el dinero que tenía para encerrar a las personas con psicosis”, condición que de forma natural evoluciona hacia el deterioro y por tanto, propicia al abandono familiar de quienes lo padecen.
La atención de la población estuvo a cargo del HNP, el cual brindó albergue a los pacientes durante periodos de hasta 50 años. Sin embargo, la experta considera que es momento de que el país empiece a modificar el modelo de atención de la salud mental mediante la desinstitucionalización de la temática y un cambio de paradigmas.
Uribe señaló la necesidad de consolidar una serie de programas que permitan unir esfuerzos interdisciplinarios para mejorar las prácticas de todas las aéreas que tratan la prevención de las enfermedades mentales, así como la creación de espacios de atención en las comunidades.
“Debemos identificar lo que no sabemos abordar, buscar las mejores prácticas para hacerlo y trasladar ese conocimiento a la red de servicios comunitarios que son los que deben manejar la salud mental”, afirmó Uribe, quien considera que se debería convertir los hospitales en entes especializados.
La experta afirmó que lejos de la tendencia mundial de aislar a los pacientes con estas enfermedades o de catalogarlos como personas que estorban, está comprobado que a partir de medicamentos y una atención integral es posible lograr su adecuada reinserción en la sociedad.
La jefa de Trabajo Social del Hospital Chacón Paut, Luisa Vargas, coincidió en la necesidad de la “desinstitucionalización asilar” y señaló que este centro médico, que también atiende la salud mental desde hace 66 años, inició en el 2015 un proceso de reestructuración enfocado en procesos de rehabilitación con equipos interdisciplinarios y de proyección a la comunidad.
Participaron del espacio los docentes Mariano Fernández Sáenz y Laura Chacón; la directora del Hospital Nacional Psiquiátrico (HNP), Dra. Lilia Uribe López; la jefa de Trabajo Social del Hospital Chacón Paut, Luisa Vargas y el jefe de la Secretaría Técnica de Salud Mental, Dr. Francisco Gólcher. La periodista Lorna Chacón fungió como moderadora.
Detalló que tal como se ha venido implementado, dichas iniciativas de reinserción social no deben centrarse en las deficiencias de las personas, sino en sus funcionalidades y en la detección de los apoyos que requieren para desarrollarse en un espacio comunitario
Vargas no dejó de mencionar los altos costos económicos que los extensos periodos de internamiento han generado a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y el trabajo que el Hospital Chacón Paut ha venido desarrollando durante los últimos años para cerrar su estancia prolongada, lo cual aún no ha sido posible.
“El cerrar el espacio de estancia prolongada es dar la oportunidad de atención al nuevo perfil epidemiológico de salud mental en el país” enfatizó la trabajadora social.
Por su parte el jefe de la Secretaría Técnica de Salud Mental, Dr. Francisco Gólcher, afirmó que “la salud mental siempre fue vista en el país como la prima pobre de la salud”, en un contexto de atención que ha privilegiado la mirada desde la perspectiva biológica.
Afirmó que la creación de una Política Nacional de Salud Mental en el país enfrenó diversos detractores pues “atentaba contra el statu quo” y fue hasta el 2012 que logró consolidarse desde un concepto de salud mental que considera aspectos biológicos, ambientales, económicos y culturales.
Gólcher enfatizo la necesidad de promover un cambio de paradigma que permita fortalecer la atención en los centros médicos comunitarios y de esta forma, facilitar la consolidación de diagnósticos tempranos y oportunos, por parte de equipos integrales de salud mental.
La docente de la Escuela de Psicología de la UCR, Laura Chacón Echeverría, también participó del espacio y afirmó que el país enfrenta nuevos retos en la atención de la salud, como resultado de una sociedad que crece y presenta múltiples dificultades que desencadenan el sufrimiento psíquico.
Por su parte, el también académico Mariano Fernández Sáenz, consideró que las acciones de los hospitales psiquiátricos en el país “nos conciernen a todos”, pues son un lugar esencial de construcción del oficio diario de la salud mental.
Un proyecto presente en comunidades que han sido afectadas por el monocultivo de piña
El Programa de Kioscos Socioambientales de la UCR ha acompañado a las comunidades afectadas por el monocultivo de la piña por más de una década.
Como parte de las soluciones a la problemática que genera la expansión del cultivo de la piña en nuestro país, la Universidad de Costa Rica ha estado presente en la mayoría de comunidades que han sido afectadas por este monocultivo, desde el 2008.
A través del Programa de Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social, nuestra institución ha trabajado de la mano con diferentes comunidades de la zona norte, del Caribe y el Pacífico para brindarles herramientas que les permitan organizarse a nivel local, para hacerle frente a la expansión piñera.
Una de las acciones más importantes fue la petición de moratoria a nivel nacional para el cultivo de piña que realizó el Consejo Universitario junto con el Programa de Kioscos Socioambientales.
Mediante esta acción, la UCR instó al gobierno y a las municipalidades de Siquirres, Guácimo, Pococí, Matina, San Carlos, Upala, Los Chiles, Guatuso, Sarapiquí, Grecia, Buenos Aires y Pérez Zeledón a declarar y aplicar la moratoria hasta que existiera en estos lugares una planificación territorial efectiva y una propuesta de gestión integral de la actividad piñera.
Presencia del monocultivo de piña en Costa Rica, foto: cortesía del Programa de Kioscos Socioambientales.
Durante una década, el Programa de Kioscos Socioambientales les ha brindado a estas comunidades apoyo para organización local, facilitándoles investigaciones y estudios técnicos sobre el impacto social, económico y de la actividad piñera, y fortaleciendo sus capacidades de organización para generar discusiones y acciones locales al respecto.
Asimismo, este programa ha trabajado junto con las municipalidades de estas regiones para que comprendan las consecuencias que genera el monocultivo de la piña en los mantos acuíferos, en los ríos y mares, en la salud de los habitantes y en la vida silvestre; y que de esta manera, los gobiernos locales tomen acciones políticas que garanticen los derechos de los habitantes de sus cantones a las condiciones ambientales y ecológicas que establece la constitución.
Todo este apoyo a comunidades en materia de defensa del territorio, monocultivo de piña, tenencia de la tierra y de conflictos por el agua, se ha llevado a cabo gracias al trabajo de decenas de estudiantes, y diferentes escuelas y centros de investigación de la Universidad de Costa Rica.
Actualmente el Programa de Kioscos Socioambientales de la UCR trabaja en un estudio de caso, en la comunidad de la Guaria de Pocosol de San Carlos, en donde acompaña a los pobladores en materia de organización comunal, pero también desarrolla el tema del impacto social y las condiciones laborales de los trabajadores de las piñeras.
“Este acercamiento con la comunidad de La Guaria en Pocosol nos ha permitido ver todo el proceso de expansión de la piña en un lugar, desde el inicio de cuando llega la empresa, hasta ahora que ya han avanzado los efectos de la expansión y se notan los cambios, esto es muy importante porque pudimos confirmar lo feroz que es la expansión, y acompañar a la comunidad en este proceso, pudimos observar que los pobladores tenían otras actividades económicas como la agricultura y la ganadería y que gracias a ellas vivían bien, pero que con la llegada de la piña poco a poco se les había vendido la idea que iban a tener más empleo, y que eso no es cierto, vimos también que los pobladores tienen muchos pozos artesanales, que lamentablemente van a terminar contaminados por los agroquímicos, y junto a la comunidad pudimos realizar varias acciones legales y denuncias, y seguimos trabajando” explicó Karina Valverde, docente del Programa de Kioscos Socioambientales.
Usted puede informarse más sobre la importante labor del Programa de Kioscos Socioambientales en esta página.
De acuerdo con los datos de la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña CANAPEP, en el 2017, la exportación de piña generó un total de 941.5 millones de dólares. Este producto se vende en su mayoría en América del Norte (53%) y en la Unión Europea (44%).
Este producto, además, promete aumentar la disponibilidad de nutrientes en el suelo
La producción de biocarbón a partir del rastrojo de la piña es una de las soluciones que la Universidad de Costa Rica (UCR) investiga para ofrecerle al sector piñero nacional una alternativa al manejo adecuado de los desechos de la fruta.
El Centro de Investigación en Contaminación Ambiental (CICA), de la UCR, trabaja en esta iniciativa con la colaboración de la Universidad Autónoma de Barcelona, de España, y del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), por medio del Servicio Fitosanitario del Estado.
El proyecto se encuentra aún en una etapa de experimentación en el laboratorio y se espera, este mismo año, iniciar los ensayos de campo en una finca en Pital de San Carlos, en la Zona Huetar Norte del país, donde ya ha sido expuesto a un grupo de productores.
Los investigadores Juan Salvador Chin Campillo, químico, y Marta Pérez Villanueva, microbióloga, explicaron que esta idea es muy novedosa para Costa Rica y en el trópico, debido a que no hay antecedentes sobre el uso de la técnica en el cultivo de piña. Asimismo, ampliará la información disponible acerca del comportamiento ambiental de los plaguicidas en el suelo de la región norte del país.
«Nosotros estamos proponiendo la incorporación del carbón a las prácticas agrícolas y prácticas agrícolas adaptadas al uso del carbón. Por eso estamos evaluando el uso de este material, porque se ha mostrado en otros lugares que los plaguicidas responden de diversa manera dependiendo de su naturaleza química», explicaron los científicos.
En Costa Rica hay más de 50 000 hectáreas sembradas de piña. La mitad están ubicadas en la Zona Norte.
El biochar se produce mediante un proceso llamado pirólisis, que consiste en exponer la biomasa a altas temperaturas en ausencia de oxígeno, para luego ser aplicado al suelo. Es un proceso semejante al que tradicionalmente se ha utilizado en las carboneras.
El CICA investiga el tema desde el 2016. El proceso ha comprendido, en primer lugar, hacer una caracterización química, física y estructural del biocarbón y, en segundo lugar, evaluar en el campo los efectos de este material en el suelo y en el cultivo.
«El carbón se aplica al suelo como enmienda orgánica antes del cultivo. En otros países se han documentado mejoras en la calidad del suelo en cuanto a fertilidad», comentó Chin.
Para la producción de biocarbón primero se seca el rastrojo de la piña, luego se hacen pequeñas porciones comprimidas, conocidas como pellets, que pasan por un proceso de pirólisis y finalmente el producto carbonizado se muele (foto Laura Rodríguez). – foto Laura Rodríguez Rodríguez.
Problemas ambientales
El rastrojo es causante de problemas ambientales, ya que deshacerse de él no es tan sencillo. Es un desecho muy duro y, por ende, tarda mucho en descomponerse. Lo que se acostumbra es hacer una quema química, que consiste en secarlo con un herbicida, y en algunos casos luego le prenden fuego. Posteriormente incorporan esta materia orgánica al suelo con ayuda de maquinaria. Además, los desechos que el cultivo de la piña genera son el hospedero de la mosca del establo (Stomoxys calcitrans), un insecto que se alimenta de la sangre del ganado y ha provocado conflictos con el sector ganadero.
En Costa Rica se producen 8,2 millones de toneladas de rastrojo de piña por año.
Otro de los problemas identificados es que el rastrojo se produce en grandes cantidades y por sus características es muy difícil de tratar. Posee cerca del 85 % de agua, tiene mucha celulosa y las hojas estás cubiertas de una cera que evita que la planta pierda el agua y se seque. Además, otra parte son las «ñongas», como se le llama al tallo de la planta, que también presenta dificultades para su tratamiento.
La propuesta
Para la producción de biochar se necesita un horno para procesar la biomasa. Si este proceso se realiza bajo condiciones controladas, se minimiza la producción de emisiones contaminantes a la atmósfera, afirmaron Chin y Pérez. Para esto, el CICA elaboró un prototipo de esta tecnología.
Los investigadores han evaluado los efectos del biocarbón elaborado a diferentes temperaturas, la cantidad que debe ser adicionada al suelo y los cambios en las características fisioquímicas del suelo.
El estudio también incluye el análisis de los efectos del biocarbón en el ambiente y en el agroecosistema para conocer cómo responden las poblaciones microbiológicas que conviven en el suelo, pues una gran porporción de ellas no son patógenos, sino más bien benéficas y ayudan al cultivo; además de si aporta al crecimiento de las plantas y a la raíz.
«El carbón, por su porosidad, puede ayudar a distribuir mejor el agua en el área de la raíz de la planta, lo que le sirve a esta para mejorar la absorción de nutrientes», expresó Pérez.
Las repercusiones en el uso de los plaguicidas es otro de los aspectos que se desea conocer. Al respecto, los investigadores del CICA explicaron que intentan comprobar si al aplicar el carbón al suelo, la plantación de piña tendrá disponibles más nutrientres, las plantas serán más resistentes al ataque de plagas y enfermedades, y esto provocaría que se apliquen menos fertilizantes y plaguicidas.
