Se encuentra bromacil, metalaxil, hexazinona, bentazona, diuron, triadimefon en acueductos comunitarios del Caribe.
Agroquímico prohibido debió de salir de circulación en Costa Rica el pasado 5 de diciembre de 2017
Es necesario que el OIJ investigue sí existe contrabando de bromacil
Fecon, 6 de junio 2018. A un año de que el anterior gobierno firmó el decreto de prohibición de Bromacil datos de Instituto Regional de Sustancias Tóxicas (IRET) ratifican presencia del agroquímico en el acueducto de la ASADA de Milano de Siquirres en Limón.
El bromacil es un herbicida utilizado en la producción de piña el cual a significado grandes daños al ambiente y a la personas vecinas de este monocultivo. Desde 2003 se reporta su presencia en el agua para consumo humano de comunidades limonenses.
Reportes de expertos señalan que el bromacil tiene una persistencia en el ambiente de 100 días después de su aplicación. Lo cual significa que las piñeras vecinas de acueducto comunitario de Milano posiblemente aplicó este herbicida al margen de la legislación nacional.
Según los análisis de agua de este acueducto se encontró bromacil 1,39 μg/L, metalaxil 0,09 μg/L, hexazinona 0,07 μg/L, bentazona y diuron, triadimefon trazas (menor que 0,05 μg/L). Otras comunidades vecinas como Villafranca también reportan contaminación el pozo de la ASADA de Villafranca reporta concentraciones abajo del límite de reporte de 0,05 μg/L (microgramo por litro). Las muestras fueron tomadas el 23 de febrero del 2018 en dichas comunidades.
Para Henry Picado la Federación Costarricense para la Conservación de la Naturaleza -FECON- “es muy preocupante porque pueden ser indicios de una violación a la prohibición del decreto tal y como lo denunció la Federación hacer unos meses cuando se comprobó la introducción ilegal de 4200Kg de ingrediente activo de Bromacil”.
Según Xinia Briceno del Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción Piñera (FRENASAPP) estos datos son importantes que sean sacados a la luz pública porque nuestra comunidad está trabajando fuertemente en la construcción de un nuevo acueducto para cambiar el contaminado. Pero mientras tanto nuestra comunidad de Milano sigue recibiendo agua contaminada.
Por último Picado puntualizó que «es necesario que el OIJ, Aduanas y la Fiscalía verifique si existe un tráfico ilegal de bromacil«.
Imagine un área natural donde las comunidades indígenas o rurales convivan en una relación no solo armoniosa con su entorno, sino beneficiosa en ambas vías, donde se genera una economía que sustente este vínculo: ¿Un sueño lejano? ¿Una utopía?, pues esta es la realidad que actualmente se gesta con los “Geoparques” en América Latina.
Existen actualmente 140 Geoparques mundiales de la UNESCO, los cuales están distribuidos en 38 países, 4 de ellos en América Latina. Para discutir alrededor de esta figura alternativa de conservación, el pasado lunes 21 de mayo, la Escuela de Geografía recibió la visita de Dr. José Luis Palacios Prieto, del Instituto de Geografía de la Universidad de Autónoma de México (UNAM), quien impartió una conferencia sobre los “Geoparques y su Importancia en el Patrimonio Natural de América Latina”.
¿Qué no es un Geoparque? Un Geoparque no es una colección de sitios o de áreas aisladas, no es un museo geológico al aire libre, ni necesariamente, un Área Natural Protegida como la conocemos.
Un Geoparque no es sinónimo de parque geológico, o de un área con alguna característica geomorfológica sobresaliente; un Geoparque es un territorio holístico donde el manejo y la protección, así como las actividades económicas, educativas y turísticas van de la mano entre comunidad y administración. Inclusive, la administración de un Geoparque puede estar en manos de la misma comunidad, como es el caso del Geoparque de la Mixteca Alta, el cual es animado por el DR. Palacios desde la UNAM.
En América Latina, la figura de Geoparque ha mutado, y se ha adaptado a la diversidad cultural y el necesario proceso de participación social que conllevan las múltiples cosmovisiones. Es un parque creado sin imposición externa, con la participación de la gente ósea de abajo para arriba, donde puede convivir lo natural y ancestral, donde la comunidad construye su plan de manejo de manera participativa y de acuerdo también con su cosmovisión. Es un patrimonio con una serie de aspectos geológicos relevante pero conectados con otros patrimonios como la Geodiversidad y la cultura.
Y ¿qué es geodiversidad? Es la relación entre biodiversidad viva y las características geológicas de los suelos donde se desarrolló esa vida. La geodiversidad también comprende a las culturas que han leído y aprovechado estas relaciones geológicas para prosperar o destruir sus formas de vida.
¿Cómo se crea un Geoparque? Por ejemplo, el caso de la Mixteca Alta donde ha trabajado el geógrafo Palacios es una zona identificada de “desastre ecológico”, debido a la erosión tan acelerada que tiene su relieve. Esta erosión es historia y estética: el resultado de una interacción con las sociedades de más de diez mil años (http://www.geoparquemixtecaalta.org/).
Actualmente, el Geoparque de la Mixteca representa una fuente de empleo para la comunidad, así como una oportunidad para mejorar la economía local, al tiempo en que se hace un aprovechamiento del recurso didáctico para explicar la erosión y su relación con los descendientes directos de la cultura Mixteca, una de las más extensas de Mesoamérica, por su continuidad y antigüedad.
El proceso necesario para crear un Geoparque, como fue el caso de la Mixteca, es un fin y un medio en sí mismo, al poner de acuerdo 9 municipios, comunidades, socios, actores privados etc. Todo ello implica una serie de requisitos para completar y mantener una nominación oficial de la UNESCO, por lo que se convierte un proyecto de vida para el territorio y las comunidades. La gestión social se convierte en el principal reto a trabajar, pues implica ajustar tiempos, instituciones, visiones, expectativas, aprendizajes, y sobre todo, mucha creatividad y persistencia.
Si bien hay lineamientos generales para este tipo de categoría, no existe una receta única para su creación; cada territorio parece agregar alguna novedad al concepto, por lo que es una categoría en construcción, especialmente porque parte de las particularidades de la región latinoamericana.
¿Y las implicaciones para Costa Rica? Es un paso más agresivo que el llamado “co-manejo” aplicado en el Parque Nacional Cahuita, ubicado en el Caribe Sur. El Geoparque es una categoría de conservación relativamente nueva, especialmente para Costa Rica, ya que a pesar de que esta figura de protección tiene más de dos décadas de aplicación, ha sido una categoría desconocida en el país; aun cuando Costa Rica se vanaglorie de su sistema de conservación, un modelo que fue exitoso y que actualmente se encuentra en un proceso de crisis e involución.
Un Informe de la Contraloría General de la República (Nº DFOE-AE-IF-16-2014) determinó que 86 de las 128 áreas silvestres protegidas analizadas – a pesar de que en el país existen 171 áreas protegidas- cuentan con al menos una persona responsable por la gestión. En 48 de estas áreas silvestre protegidas no se cuenta con los recursos materiales necesarios para cumplir con acciones de control y protección.
En otras palabras, con base en los datos de la Contraloría, el 32,8% de todas nuestras áreas protegidas no tienen protección alguna y deben considerarse como “parques de papel” pues han sido declarados por ley o decreto, pero no cuentan con protección o administración alguna. Por ejemplo, el Parque Internacional La Amistad que el cual cuenta con casi 200 mil hectáreas, está totalmente desprotegido. El 96% de su superficie ocupa la vertiente del Caribe y cuenta con solamente 1 guardaparques para su protección.
Desde 1998 no se ha creado ninguna plaza de guardaparques, pero además los que se pensionan o renuncian no son sustituidos, esto hace que en algunas áreas protegidas la reducción de guardaparques alcance un 70%.
Sumado a lo anterior, adeudamos más de 100 mil millones en tierras que conforman parte de los parques nacionales no pagadas a sus propietarios originales. Con mil millones al año, presupuesto adjudicado al MINAE para pagar esta deuda, tardaríamos 100 años saldándola; esto sin contar intereses.
A esta crisis se le suma una serie de megaproyectos, privatizaciones, e intenciones extractivas y aperturistas sobre el Patrimonio Natural del Estado. Si bien se reconoce que hay una crisis ambiental sin precedentes fuera de las áreas protegidas, no resulta nada sensato romper el sistema de protección para extraer recursos y someter el patrimonio natural que nos queda a una mayor crisis socio ambiental. Hace falta construir visiones de Geoparque en los “parques de papel”, pero, sobre todo, fuera de las áreas que ya se encuentran “conservadas”, a fin de que no exista una visión exclusivamente conservacionista, sino más bien integracionista de las comunidades con el ambiente.
(*)Docente Escuela de Geografía y coordinador del Programa Kioscos Socioambientales de la UCR.
La contaminación se enreda en sus raíces, el cambio climático los golpea y acciones humanas amenazan su supervivencia, aunque nos protegen de los huracanes y son la cuna de muchas especies animales
Los manglares y otros ecosistemas marítimos son amortiguadores naturales de fenómenos, como inundaciones y fuertes oleajes. – foto Cristian Araya Badilla.
Si no conoce un manglar, es posible que la palabra lo remita a un espacio húmedo y con zancudos, rodeado de lodo y con algunos árboles colgantes. Pero lo cierto es que estos ecosistemas son protectores de vida: bajo sus aguas guardan múltiples funciones que benefician al ser humano y, además, cientos de especies de animales hacen de los bosques de manglar su hogar.
Sin embargo, estos bosques salados, aliados estratégicos contra los efectos del cambio climático, padecen las consecuencias de las acciones humanas insostenibles con el medio ambiente, lo cual afecta la economía de las comunidades aledañas.
Los manglares, que son reconocidos como humedales, entretejen múltiples funciones naturales: son el hábitat de cientos de especies vegetales y la cuna de animales de importancia comercial, como peces, cangrejos y moluscos.
“Estos ecosistemas le proveen alimento y refugio a una gran cantidad de especies que llegan a desovar; ahí tienen su nicho y cuando están en etapa adulta migran hacia mar abierto. Además, sus raíces atrapan sedimentos que vienen de los ríos y evitan que lleguen al mar y afecten a otros ecosistemas, como arrecifes de coral”, explicó Margarita Silva Benavides, especialista en ecología de manglares de la Universidad de Costa Rica (UCR).
Además, la contribución de los bosques de manglar en el almacenamiento de carbono en sus plantas y suelo es mayor que la de un bosque tropical, según expertos. Esta captura es conocida como «carbono azul».
“Uno de los puntos importantes de la discusión que tuvimos en La Haya fue esa capacidad que tienen los ecosistemas de humedales y manglares de desempeñar funciones como la fijación de gases de efecto invernadero, la protección de las zonas costeras, la contribución en la formación del suelo y la prevención de la erosión”, explicó Bernardo Aguilar González, director de la Fundación Neotrópica, al hacer referencia al fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el caso de Costa Rica contra Nicaragua.
Si se pudiera comparar a los manglares o humedales con algún objeto, este sería un escudo; puesto que, por sus características y su composición, cumplen un papel primordial al proteger las costas de la erosión y al absorber la lluvia. Igualmente, son una barrera efectiva contra fuertes vientos provenientes de tormentas y huracanes.
Así lo refuerza el más reciente informe del Estado de la Nación al indicar que ecosistemas como los manglares, los bosques y los ríos absorbieron gran parte de la carga de la precipitación durante el huracán Otto, que afectó al territorio nacional a finales de noviembre de 2016 con serias consecuencias.
“Los humedales, por ejemplo, retuvieron los excesos de precipitación y escorrentía, y cumplieron una función al retener sedimentos”, explica el informe.
A pesar de esto, gran parte de la población ignora los beneficios que los diversos ecosistemas incluidos en los humedales, como los manglares, cumplen en condiciones adversas como los huracanes. Mientras tanto, la contaminación y las drásticas transformaciones humanas imperan en los manglares del país.
¿Qué importancia tienen los manglares? Desde atrapar contaminantes hasta generar beneficios económicos para las comunidades cercanas. – diseño Rafael Espinoza.
¿Cómo han sufrido los manglares?
Y es que los manglares ven llegar de todo a sus terrenos: plaguicidas, productos farmacéuticos y detergentes, por nombrar solo algunas de las sustancias que contaminan sus raíces diariamente. Además de la contaminación, el cambio del uso de la tierra y la presión de proyectos inmobiliarios amenazan la supervivencia de estos ecosistemas.
En Costa Rica, según el XXI Informe del Estado de la Nación, desde inicios de los años noventa la cobertura nacional de bosques de manglares ha disminuido: en 1992 se contabilizaban 51 350 hectáreas y para el año del estudio la cobertura correspondía a un 0.7 %, es decir, 37 420 hectáreas; esto representa una reducción de 13 930 hectáreas.
A partir de este año, el Sinac cuenta con un dron fotogramétrico “con una precisión que cubre los requerimientos del Instituto Geográfico Nacional para clasificar manglares. A partir de este 2018 estamos con la planificación de sobrevuelos sobre los manglares, comenzamos por la costa del Pacífico”, explicó Jacklyn Rivera, coordinadora del Programa Nacional de Humedales de esa institución. Por otro lado, la expansión de cultivos y otras actividades, como las salineras, han provocado que estos ecosistemas desaparezcan. De acuerdo con el Informe del Estado de la Nación 2017, los cambios en el uso del suelo y la invasión de zonas protegidas por el crecimiento de cultivos se relaciona de manera directa con la pérdida de manglares.
En el 2017, el Proyecto Humedales del Sinac encontró que en el Humedal Nacional Térraba-Sierpe, en la provincia de Puntarenas, se había desaguado 1310 hectáreas para dedicarlas a la ganadería y, posteriormente, a la producción de arroz y palma africana, entre el 2008 y el 2016.
“El tema de la contaminación lo abordamos por medio de los programas de control y protección que tienen las áreas de conservación y las denuncias. Hay un fuerte impacto por parte de la actividad agropecuaria y es ahí donde se nos sale de las manos. El Sinac aprovecha los espacios de coordinación con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, pero sigue siendo una debilidad en la parte de vinculación de la agenda agro y la agenda ambiental”, explicó Rivera.
Los humedales representan un 7 % del territorio nacional. Asimismo, se estima que el 0.8 % del país es zona clasificada como manglar. El aporte que estas áreas generan, por medio del almacenamiento de carbono y del valor económico que representan, pone la lupa de las comunidades costeras y cercanas a los humedales en la protección de estos ecosistemas.
Este artículo pertenece al suplemento C+T, que es publicado mensualmente en el formato impreso del Semanario Universidad. Puede encontrarlo el primer miércoles de cada mes. (Diseño: Rafael Espinoza).
Comunidades en acción
El sustento de decenas de familias que habitan en lugares aledaños depende de los manglares que reposan en los principales humedales del país.
Los servicios ambientales que estas áreas ofrecen permiten a los habitantes de las zonas cercanas realizar actividades de subsistencia, como el ecoturismo, la pesca y la extracción de pianguas y otros moluscos para su comercio.
“Aquí en Costa Rica hay muchas localidades costeras que trabajan en pro de los manglares, como en el Golfo Dulce, en el Golfo de Nicoya o en el Pacífico Central, donde hay grupos organizados de las propias comunidades que aprovechan el manglar de una manera sostenible, en el sentido de que están sometidos a un plan de manejo y permisos respectivos”, explicó Silva.
De esto es ejemplo la Asociación de Pescadores y Piangüeros del Golfo Dulce (Asopez), quienes trabajan en la recolección de semillas y posterior plantación de mangle, en viveros cercanos a Playa Colibrí en el sector de Osa.
“También trabajamos en un vivero de ostras y en la parte de turismo. En el mangle hacemos un turismo educativo y en junio hacemos un festival en el que realizamos charlas para enseñarle a comunidad la importancia del mangle y cómo protegerlo”, explicó Gisela Víquez, secretaria general de Asopez.
Por otro lado, actores como la Fundación Neotrópica buscan combinar la responsabilidad social corporativa con acciones que generen beneficios para los manglares y las comunidades aledañas; entre estas se encuentran: reforestar los bosques de manglar, educar a la población y realizar capacitaciones sobre actividades productivas sostenibles por medio de programas como Carbono Azul Comunitario.
Desde el 2017, los humedales del país cuentan con la Política Nacional de Humedales, que señala acciones encaminadas a la conservación y el aprovechamiento responsable de estos ecosistemas, y con un marco de acción del 2017 al 2030 que incluye manglares y pantanos, entre otros.
“Se están ejecutando los planes de gestión local de los sitios Ramsar, básicamente son un instrumento que permite implementar las acciones de los planes generales de manejo de las áreas protegidas que coinciden con estos sitios”, explicó Rivera.
El Frente por la Vida es conformado por varias ONG ambientalistas que han estado trabajando desde el año pasado.
Nos comparten un video presentado en el pasado mes de octubre de 2017 durante el I Debate Político de Costa Rica, el cual fue organizado por estos mismos grupos que ahora conforman el Frente. La voz corresponde a la de don Óscar Aguilar Bulgarelli, quién fue el moderador de dicho debate.
La Universidad Nacional recibió el pasado 5 de junio por parte del MINAE el reconocimiento “Excelencia Ambiental – Edición 2018”, por su destacado desempeño en la implementación de Programas de Gestión Ambiental Institucional (PGAI), ubicándola entre las 10 mejores instituciones del país en esta temática.
En las imágenes, Daniel Rueda, vicerrector de Investigación y Fabián Chavarría, coordinador de la Comisión PGAI.
Enviado por Msc. Efraín Cavallini Acuña, Asesor Comunicación, Rectoría UNA.
EPER-Lab UCR cuenta con vehículo eléctrico para realizar investigaciones que respalden el cambio de la flota vehicular universitaria
El EPER-Lab UCR es un laboratorio dedicado a la simulación y análisis de sistemas eléctricos de potencia y las respectivas fuentes de energía; además, elabora algoritmos para el control de sistemas eléctricos, realiza procesamiento de datos para monitorear y estudiar los sistemas de potencia, se llevan a cabo cálculos del potencial solar y eólico, y se identifica el impacto que registran los sistemas de generación distribuida de las redes eléctricas. – foto Laura Rodríguez Rodríguez.
Costa Rica observó a su presidente para el periodo 2018-2022 llegar al traspaso de poderes en un autobús con hidrógeno como combustible, y el propio Carlos Alvarado Quesada dejó claro minutos después, en su primer discurso como gobernante, que el país buscará apartarse del uso de combustibles fósiles y apostará cada vez más fuerte por las energías alternativas.
Asimismo, la Ley 9518 «Incentivos y promoción para el transporte eléctrico», que entró en vigor el 6 de febrero del 2018, exige a las instituciones públicas que sustituyan el 10 % de sus compras anuales con vehículos eléctricos, o sea, desde ya el sector público debe de planificar cómo insertarse de manera certera y eficaz dentro de este cambio.
La Universidad de Costa Rica (UCR), por su parte, viene gestando proyectos e investigaciones que den soporte a esta evolución energética y la Facultad de Ingeniería es uno de los pilares en este campo, con iniciativas como la producción y utilización de biodiésel o la obtención de electricidad a partir de desechos orgánicos como la broza del café.
Pero ahora se unen varios proyectos que responden a la necesidad de relegar los motores de combustión interna que emiten gases con efecto invernadero y emplear los motores eléctricos, iniciativas que germinan en el Laboratorio de Investigación en Sistemas de Potencia (EPER-Lab UCR) de la Escuela de Ingeniería Eléctrica (EIE).
En el marco del proyecto para reemplazar la flota vehicular de esta Universidad por autos eléctricos, el EPER-Lab UCR ofreció a la Sección de Transporte de la UCR capacitar a todas las personas que tienen permiso para conducir vehículos oficiales, para explicarles los fundamentos y las características principales de este tipo de tecnología. – foto Laura Rodríguez Rodríguez.
Uno de los trabajos que se plantean allí es poder desarrollar, con criterio científico, una propuesta para que la flotilla de vehículos de la UCR vaya cambiando de manera paulatina y llegue a constituirse en su totalidad por vehículos eléctricos; esta estrategia se trabaja en conjunto con la Vicerrectoría de Administración (VA) y la Sección de Transportes de la Oficina de Servicios Generales (OSG).
“En este momento nos encontramos en el análisis del costo y la estrategia pertinente para la sustitución de los vehículos de la flotilla de esta Universidad y emigrar hacia los motores eléctricos; además, se evalúan los efectos del consumo de energía por parte de estos autos en el sistema eléctrico, para tener todas las variables estudiadas y colaborar para que las autoridades tomen las decisiones. Este proyecto está inscrito ante la Vicerrectoría de Investigación”, indicó el Dr. Jairo Quirós Tortós, profesor de la EIE e investigador y coordinador del EPER-Lab UCR.
Las y los estudiantes de la EIE también aportan su esfuerzo en estas labores por medio de los denominados “proyectos eléctricos”, resaltó el Dr. Quirós Tortós, los cuales abarcan un semestre y en los que se realizan tareas específicas.
Del viernes 27 al domingo 29 de mayo, el Dr. Jairo Quirós Tortós condujo el auto eléctrico hasta Puerto Jiménez para participar en un encuentro sobre movilidad eléctrica en el que participaron empresas e instituciones, como el ICE; de esta forma, la UCR recalca su compromiso con la protección del ambiente y demuestra que está en la mejor disposición de colaborar en la transición hacia la descarbonización de nuestra economía. – foto Jairo Quirós.
“En el tema de la aplicabilidad de la movilidad eléctrica, dentro del parque vehicular de la UCR vamos a desarrollar, en el segundo semestre del 2018, un trabajo con estudiantes para definir los puntos en donde se deberán instalar las estaciones de recarga rápida dentro del campus universitario, que permitirán recargar en tan solo 20 minutos; una de las variables más importantes que se tomarán en cuenta es que no tengan un impacto significativo en la infraestructura eléctrica de la Universidad”, aseveró el especialista.
De esta forma, la UCR está enviando un fuerte y claro mensaje sobre su compromiso con el medio ambiente, “tenemos un campus verde y hermoso, en el que se respira aire fresco, pero existe una flotilla de vehículos oficiales de combustión interna que llega a las mil unidades en total, de esos son 600 los autos que están en uso, por lo que, si hacemos una transición que sea costo-efectiva, la UCR estaría reduciendo su huella de carbono e incluso podría pensarse en una carbono-neutralidad y ser un ejemplo en la región”, mencionó el Dr. Quirós Tortós.
Insumos para la investigación
Para poder obtener datos reales y realizar los análisis cuantitativos y cualitativos necesarios en los trabajos sobre la implementación de los motores eléctricos, el EPER-Lab UCR cuenta a partir de mayo del presente año con un automóvil Nissan Leaf de motor eléctrico y batería de litio de 30 kWh con una autonomía de 250 km ypuerto de carga semi-rápida.
La inversión fue de $37 000 y se adquirió con fondos de la Rectoría; además, en la misma compra se obtuvo uncargador inteligente, paneles fotovoltaicos que están instalados en el techo del edifico de la EIE y una batería marca LG.
Aunado a esto, se instaló en el edificio de parqueos de la Facultad de Ciencias Sociales una estación de recarga que aportará datos invaluables para el estudio del comportamiento de la carga y el costo de la energía consumida, entre otras aristas.
Las tendencias actuales se dirigen hacia un uso racional de los recursos naturales y un entorno en donde prevalezcan las energías alternativas como fuentes primordiales para el desarrollo idóneo de nuestras sociedades, por lo que los esfuerzos de la UCR para aportar a esta visión se ven reflejados en la adquisición de este vehículo eléctrico y la instalación de una estación de recarga, que se utilizarán exclusivamente para investigación. – foto Laura Rodríguez Rodríguez.
“En Costa Rica van a existir tres niveles de carga que van a predominar: el Nivel 1 que se conecta como un televisor a un toma de 120 voltios y 16 amperios, es el tipo de cargador que va a tener el usuario regular en su casa y el vehículo lo trae; si la batería está completamente descargada entonces va a tardar entre 15 y 16 horas para llenarla de energía”, explicó el Dr. Quirós Tortós.
Sin embargo, no todos los usuarios van a esperar a que la batería esté vacía para ponerla a cargar, aclaró el investigador, pues sería un riesgo muy alto; por lo tanto, si se asume que en promedio el costarricense conduce 32 kilómetros diarios, entonces cargarán sus autos cada dos o tres días ya que ofrecen una autonomía que va desde los 130 km a 250 km.
El cargador de Nivel 2 se conecta a un toma de 240 voltios y da 32 amperios, con lo que la batería se carga de cero a 100 % en solamente cuatro horas. “Utilizar el Nivel 2 es equivalente a tener encendidos los cuatro discos y el horno en una cocina al mismo tiempo”, ejemplificó el Dr. Quirós Tortós.
En el Nivel 3 están las estaciones de recarga rápida que ofrecen una recarga de cero a 80 % en 25 o 30 minutos, “brindan 50 kilowatts de energía, esa es una gran inyección de poder, por lo que la batería del automóvil va a aceptar llegar hasta el 80 % de su capacidad como medida de autoprotección. En general, cuando una batería se carga de manera lineal su funcionamiento no se ve afectado”, comentó el especialista.
La conexión en una estación de recarga inteligente Nivel 2 como la que está en el edificio de parqueos de la Facultad de Ciencias Sociales es en realidad muy sencilla: el conector tiene una serie de pines con diferentes funciones: uno transmite la energía; otro funciona como bloqueador del auto para que no se mueva mientras se carga la batería; y otro pin es para comunicación, pues el cargador inteligente le pregunta al vehículo sobre su estado, cuánta carga necesita, cuánto tiempo se demorará en esta acción, entre otros datos. – foto Laura Rodríguez Rodríguez.
Cooperación interinstitucional
Precisamente, son 32 estaciones de recarga de Nivel 3 las que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) proyecta tener repartidas en puntos estratégicos por todo el país, como parte del proceso de diseño y planificación de la estructura necesaria para atender la demanda que generarán los vehículos eléctricos en el país.
Para definir la ubicación de esos puntos estratégicos, tanto el ICE como el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) colaboran con el EPER-Lab UCR, a través de varios talleres participativos con varios actores principales, para definir los lugares óptimos de acuerdo a criterios ya establecidos, “nosotros ya hemos hecho análisis similares, aunque un poco más simplificados, pero ahora contribuimos para llevarlo a una etapa de implementación”, subrayó el Dr. Quirós Tortós.
Dichas estaciones permiten recolectar datos, por lo que el EPER-Lab UCR podrá, entre otras cosas, analizar y establecer cuál es el consumo que tendrían los vehículos eléctricos y el impacto que llevarían a la infraestructura eléctrica del país; además, conocer si ese consumo es significativo en términos energéticos, “esta variable la venimos trabajando con el Centro de Control de Energía del ICE mediante una tesis doctoral, con la que queremos determinar si la conexión de muchos vehículos eléctricos causaría problemas en los activos de la red eléctrica, como por ejemplo en los cables o en los transformadores”, detalló el Dr. Quirós Tortós.
Finalmente, en cuanto a cuáles son los principales cuidados que debe tener el usuario de un auto eléctrico, el especialista respondió: “hay que planificar el trayecto antes de salir, pues hay que idear la mejor ruta y conocerlas características que tiene, en especial la altimetría (altura a la que se encuentra el destino final); entonces, si necesitamos ir a la Sabana, un destino relativamente plano, la relación autonomía versus distancia real no es tan dispareja, pero si vamos a Jacó la relación es inferior, o sea, ocupamos menos autonomía (cantidad de energía de la batería) para cubrir la distancia real porque vamos en descenso”, precisó el Coordinador del EPER Lab UCR.
Al volver de Jacó hacia San José (una distancia de 107 km) el cálculo cambia, advirtió el investigador, pues se debe proyectar más autonomía ya que en ascenso el vehículo eléctrico gasta más energía; caso contrario sucede en el descenso, pues estos autos cuentan con un sistema que les permite generar y guardar energía en la batería cuando el auto va en bajada.
“Con los resultados de las investigaciones derivadas de la experiencia de contar con este automóvil eléctrico, la UCR será capaz de predicar con el ejemplo y demostrarle a la sociedad los esfuerzos que hacemos para lograr una mejor convivencia, que sea libre de gases contaminantes para beneficio de nuestras futuras generaciones y del medio ambiente”, concluyó el Dr. Quirós Tortós.
En el Día Internacional del Ambiente las organizaciones ecologistas solicitamos a las personas diputadas de aprobar el proyecto de Ley Expediente No 19.610
Que se salvaguarde la vida de aquellas personas que cuidan La Vida
FECON, 5 de junio 2018. Ser ecologistas o defensores de Derechos Humanos es quizá una de las ocupaciones más peligrosas del mundo, según el informe de Global Witness (2-2-2018): “Durante 2017, América Latina mantiene el primer lugar en el ranking de asesinatos contra personas defensoras de la tierra y el medio ambiente. Sin embargo, la agroindustria ha sobrepasado a la minería como el negocio más vinculado al asesinato de activistas (ambas industrias juntas representan el 60% de las vinculaciones conocidas)”.
Costa Rica no escapa a ésta alarmante realidad. Para Henry Picado integrante de FECON: «es preocupante el aumento de casos de agresión, amenazas, acoso, hostigamiento, judialización y hasta asesinatos. Muy tristemente no es ajeno a nuestro país y la mayoría de los casos quedan sin consecuencias para quienes comenten estos crímenes«.
La impunidad de los actores intelectuales del asesinato de Jairo Mora -en su quinto aniversario- pone en perspectiva la urgencia de la protección legal de personas defensoras de los derechos humanos y de la naturaleza. Casos paradigmáticos como este crimen o las muertes aún no esclarecidas de Oscar Fallas, María del Mar Cordero y Javier Bustamante en 1994; posteriormente el hallazgo del cuerpo sin vida de David Maradiaga siete días y 7 meses después, son muchas veces condenados a la impunidad.
Para mejorar la seguridad jurídica de las personas que nos dedicamos a la protección de la naturaleza es urgente que se haga una reforma a la “Ley a favor de la protección de activistas de los Derechos Humanos”, Ley N.° 1594. Ya dictaminada en la Comisión Especial Permanente de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa. Reforma que propone:
que a quien mate a una persona defensora o activista en amparo y promoción de los derechos humanos se impondrá prisión de veinte a treinta y cinco años;
la pena de prisión será de cuatro a diez años a quien prive a otro de su libertad personal un defensora o activista en amparo y promoción de los derechos humanos;
serán consideradas víctimas las personas que de manera pública y notoria sean reconocidas como defensoras o activistas de los derechos humanos establecidos y garantizados en los instrumentos del Derecho Internacional Público ratificados y vigentes en el país, cuando en los delitos contra uno o varios de sus integrantes el móvil sea su condición de activistas o defensores.
Hoy 5 de junio Día Internacional del Ambiente proponemos que se proteja a quienes protegen. Que se salvaguarde la vida de aquellas personas que cuidan La Vida.
En el marco del Día Internacional del Medio Ambiente, el próximo martes 5 de junio, a las 10 a.m., representantes de comunidades organizadas del cantón de Pérez Zeledón organizadas y pertenecientes al Movimiento Ríos Vivos presentarán un Recurso de Amparo contra la Municipalidad de Pérez Zeledón, en defensa del río San Rafael. Para esto se encontrarán en el Boulevard de la Asamblea Legislativa para compartir información e invitan a organizaciones, colectivos y personas a acercarse e integrar la lucha por la liberación de los ríos.
El recurso de amparo hace referencia al derecho humano a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, consagrado en el artículo 50 de la Constitución Política de Costa Rica. También denuncia una serie de inconsistencias del gobierno local del cantón de Pérez Zeledón, en relación con el cumplimiento Plan Regulador.
La empresa Grupo H. Solís impulsa la construcción del Proyecto Hidroeléctrico San Rafael, sobre el río que lleva el mismo nombre, lo cual afectaría directamente a la comunidad de San Pedro de Pérez Zeledón. Diversas instituciones estatales han incurrido en una serie de inconsistencias, y la Municipalidad de Pérez Zeledón es una de las principales acusadas de lesionar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, reconocido en la Constitución Política de nuestro país.
El Recurso de Amparo denuncia las inconsistencias en las que ha incurrido la Municipalidad. La primera es atentar contra el derecho a un ambiente sano. La segunda revocar la decisión del Consejo Municipal de aprobar una moratoria a la generación hidroeléctrica en el cantón (ACTA-171-13, del 13 de agosto de 2013), argumentando que esta medida no corresponde a sus atribuciones como gobierno local. La tercera es no acatar lo establecido en el Reglamento de Zonificación del Plan Regulador vigente del cantón de Pérez Zeledón, el cual prohíbe otorgar permisos municipales para obras de gran envergadura o mayores a todas las zonas de alto riesgo del cantón, con base en las investigaciones de la Comisión Nacional de Emergenias (CNE).
El Recurso de Aparo pretende que se ordene a la Municipalidad de Pérez Zeledón respetar lo establecido en el Reglamento de Zonificación correspondiente y se abstenga de violentar el derecho a un ambiente sano que tienen las comunidades del cantón.
Melvin Solís, miembro del Movimiento Ríos Vivos, comentó que: “este Recurso de Amparo forma parte de una gran lucha que hemos llevado distintas comunidades; el PH San Rafael atenta contra el ambiente y es una amenaza a las comunidades de San Pedro de Pérez Zeledón”.
Por su parte, Raquel Bolaños, también integrante de Rios Vivos, afirmó que: “el Movimiento Ríos Vivos continuará vigilante para que los ríos sean respetados; es hora que las instituciones del Estado nos escuchen y respeten nuestra decisión de poner la vida por sobre la generación eléctrica”.
Para más información o entrevistas, por favor contactar a Melvin Solís 8740-8291, Raquel Bolaños 8973-0660 o Elia Quirós 8309 4023. Movimiento Ríos Vivos.
