La Asociación para el Rescate de la Zona Marítima Terrestre invita al Debate del Proceso Contencioso Playas Cabuyal, Carbonal y Balsal, bien demanial, este próximo 6 y 7 de diciembre a las 8 a.m. en la Sala del Contencioso Administrativo, San José, Guadalupe, 100 metros al Oeste del Banco Nacional.
Compartido en redes digitales.
Suscríbase a SURCOS Digital:
El 22 de noviembre el Concejo Municipal de Barva de Heredia se declaró libre de Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAP) en áreas de manejo municipal.
Con esta declaración son 17 municipalidades y 2 universidades públicas que aplican políticas similares. Se trata de prohibiciones totales en las municipalidades Escazú, La Unión, Mora, Alajuela, Esparza, Sarapiquí, Desamparados, Aserrí, Belén y Pérez Zeledón. Mientras otras que tomaron acuerdos para prohibir el uso del herbicida glifosato son: Corredores, Quepos, Tibás, Santo Domingo, Montes de Oca, Talamanca y las instituciones de la UNED y UCR.
Según informes del (IRET-UNA) el país importó unas 4116 toneladas de ingrediente activo de herbicidas en el 2015, siendo el glifosato, con 1340 toneladas, el más importado. Para tener una idea de proporción, con 1000 toneladas de glifosato se pueden preparar 3,7 millones de litros de una formulación comercial, que alcanzarían para fumigar un 1,25 millones de hectáreas.
La campaña “Desintoxiquemos Costa Rica” busca prohibir no solo el glifosato sino también aquellos otros que aparecen que forman parte de la lista de Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAP) (ver aquí), como el herbicida Paraquat, uno de los más dañinos en uso en Costa Rica. Este peligroso agrotóxico está prohibido en más de 40 países en el mundo y los ecologistas han solicitado una prohibición de su uso en Costa Rica (FECON,2-8-2017).
El movimiento Desintoxiquemos Costa Rica es animado por organizaciones ecologistas como la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL), Red de Coordinación en Biodiversidad, FECON, y el Bloque Verde, entre otras. A nivel local son cientos de organizaciones campesinas, sindicatos, grupos de mujeres, agrupaciones indígenas, personas profesionales, estudiantes y muchas más las que se están exigiendo lugares públicos libres de agrovenenos.
Tomado de http://www.feconcr.org
Suscríbase a SURCOS Digital:
Hoy jueves 23 de noviembre se llevará a cabo una reunión, convocada esta misma semana por el MINAE, en la cual el sector ecologista y de conservación de la biodiversidad deberá elegir a quienes le representarán en el Consejo Consultivo Ciudadano de Cambio Climático, conocido como “5C”, que fue creado mediante el decreto ejecutivo N°40615. Este Consejo, según el decreto, será una instancia de auditoría ciudadana a cargo de analizar, discutir y apoyar el trabajo de los diferentes ministerios, en cumplimiento de la Ley número 9405 que refrenda el Acuerdo de París de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático.
“La convocatoria se realizó con muy poco tiempo y hubo poca difusión” declaró Mariana Porras de COECOCEIBA-Amigos de la Tierra Costa Rica. “Esto, no permite que las organizaciones podamos discutir cómo puede darse nuestra participación y quienes podrán representarnos a nuestras organizaciones y al trabajo que realizamos sobre todo a aquellas que trabajamos y construimos junto a muchas organizaciones comunitarias que no cumplen con requisitos formales para participar en esta instancia como lo es, estar registradas ante el Registro de Asociaciones, pero que aportan día a día al cuidado de sus territorios y en la lucha contra las causas que provocan el cambio climático” añadió Porras.
La convocatoria a esta elección no solo es tardía sino que contrasta con lo establecido en el decreto de conformación del Consejo: mientras en el decreto se presentan los requisitos, la carta solo invita a participar generando gran confusión. “No entendemos por qué la convocatoria se hace con tan poca antelación y además dejando por fuera a importantes organizaciones ecologistas del país ya que creemos que todas tienen algo que aportar sobre esta crisis climática, especialmente las que vienen de comunidades afectadas por esta crisis ambiental y cuyas voces al parecer no serán escuchadas” terminó Porras.
Creemos que la convocatoria a esta reunión debe ser cancelada y en su lugar, el MINAE como autoridad, debe convocar a una nueva reunión con tiempo suficiente para que las organizaciones puedan prepararse. Esta convocatoria debe ser amplia. Así, el gobierno de la acción ciudadana podrá hacer honor a uno de los pilares por los cuales fue electo y hacer del Derecho Humano a la participación ciudadana un derecho y no un slogan.
Además, sobre el tema de cambio climático y las causas que lo provocan nos preocupa:
Las organizaciones ecologistas, seguiremos aportando y denunciando las causas que provocan el cambio climático y las soluciones al mismo. Algunas como el manejo comunitario del bosque y la agroecología ya existen en nuestro país y son fortalecidas día a día por muchas comunidades y organizaciones. Creemos además que es necesario un cambio importante en el patrón de producción y dejar el consumismo.
Es de trascendental importancia incluir a las comunidades campesinas y Pueblos Indígenas para construir una visión crítica común para que sean los propios actores quienes tomen las decisiones sobre lo que puede o no pasar en su territorio. Es necesario apoyar propuestas para la defensa y la recuperación de los bienes comunes, y esto implica el respeto de los derechos de las comunidades campesinas e Indígenas así como el reconocimiento del papel fundamental que desempeñan en la toma de decisiones relativas a sus bienes naturales.
Para mayor información: Mariana Porras, COECOCEIBA – Amigos de la Tierra al teléfono: 8302236 y al correo mariana@coecoceiba.org
*Imagen con fines ilustrativos tomada de cienciados.com
Enviado por Coecoceiba.
Suscríbase a SURCOS Digital:
Comunicado de prensa, 20 de noviembre del 2017
Bayer S.A. y Costa Rica Seeds S.A. (= Semillas del Trópico S.A.) intentaron dejar por fuera de la discusión a los representantes de la sociedad civil en el seno de la CTNBio, que es la instancia del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) donde participan distintos sectores encargados de conocer y dictaminar la solicitudes de siembra de los cultivos transgénicos en nuestro país, y en este caso específico sobre el permiso de siembra en Costa Rica de las variedades de algodón transgénico citadas.
Dicamba ha sido señalado por el diario The Washington Post, como “el herbicida milagroso que salvaría las granjas y ahora las está devastando”. Quienes no usan los cultivos transgénicos resistentes a dicamba se ven seriamente afectados por los cultivos transgénicos vecinos que sí son resistentes al herbicida, dado que por su alta volatilidad afecta tanto a los cultivos aledaños, causando pérdidas en la producción agrícola, como a los ecosistemas circundantes. (goo.gl/1qgLkP). En cuanto al glufosinato, este herbicida forma parte de la lista de Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAP) desde el año 2009 (goo.gl/33T1kg)
Bayer S.A. y Costa Rica Seeds S.A. pretendieron silenciar la participación y el análisis de los representantes de la sociedad civil en la CTNBio mediante recusaciones infundadas argumentando que estos habían adelantado criterio por expresar, en redes sociales, críticas generales hacia los cultivos transgénicos. No obstante, dichas recusaciones fueron rechazadas por el resto de la membresía de la comisión y por la representación del Servicio Fitosanitario ante dicha instancia. Los representantes recusados son el Mag. Fabián Pacheco (FECON) y el Dr. Jaime García (Red de Coordinación en Biodiversidad).
No es la primera vez que una compañía interpone este tipo de acciones para sacar a representantes de la sociedad civil de la CTNBio; sin embargo, la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON) cuestiona las razones de fondo: ¿qué es lo que quieren ocultar estas compañías sobre sus nuevos cultivos transgénicos?, ¿qué tipo de experimentos, y sus posibles impactos negativos, desean ocultar a la sociedad civil estas empresas que quieren dejar por fuera a los representantes de la sociedad civil de su tramitación?. FECON considera que tratar de excluir al sector ecologista de la discusión técnica es un acto poco democrático y de prepotencia por parte de estas empresas.
El representante de la FECON ante la CTNBio Fabián Pacheco afirmó: “nuestro trabajo en dicha comisión es de gran importancia para poder identificar las amenazas a la biodiversidad nacional y tratar de protegerla. Si hay corporaciones incómodas con la participación ecologista ha de ser porque él que la debe, la teme” y finalmente agregó “por lo menos ya se sabe con qué tuza nos rascamos”.
La CTNBio sigue analizando la solicitud del permiso para la siembra del polémico algodón resistente a los herbicidas dicamba y glufosinato en la provincia de Guanacaste. Al respecto, FECON llama la atención al hecho de que la CTNBio esté dando trámite a la solicitud de siembra de algodón transgénico presentada por la empresa Costa Rica Seeds S.A.-Semillas del Trópico S.A. (céd. juríd. 3101326341 y 3101249566), a pesar de mantener una morosidad patronal ante la CCSS por cerca de 52 millones de colones, incumpliendo así con lo establecido el art. 74 de la Ley Constitutiva de la CCSS. También mantiene una deuda de cerca de 24,5 millones de colones con el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF). Al IMAS deben ¢929.015,29 según una consulta en línea donde aparecen en Proceso Judicial. Debido a lo anterior, cabe la posibilidad de interponer una acusación por prevaricato ante el Ministerio Público contra el presidente de la CTNBio, y eventualmente contra los demás miembros de esta comisión.
En “el país sin ingredientes artificiales”, las trasnacionales como Bayer, Monsanto y Syngenta se dedican a reproducir semillas transgénicas en nuestros suelos para exportadas a los Estados Unidos, poniendo en riesgo nuestra biodiversidad.
*Imagen con fines ilustrativos tomada de semanariouniversidad.com
Enviado por FECON.
Suscríbase a SURCOS Digital:
Invito a leer, este informe, publicado la semana pasada (ver link abajo).
Al ser el documento más reciente, con una descripción acerca del cambio climático (i.e., calentamiento global antropogénico), contiene lo fundamental y lo más actualizado, y no sólo para Estados Unidos.
El texto está bien escrito y, aunque es un bloque de casi 500 páginas con muchos tecnicismos, al final está bien dosificado. Trump ni nadie lo impidió ni lo hizo editar, como quizás algunos pudiesen haberlo querido. Es posible que la presión por avanzar se está haciendo elevada internamente, gracias a la participación de muchos especialistas renombrados, todos del gobierno.
Se espera otro informe que será de más detalle en el ámbito del país, acerca de los impactos, y que saldría en 2018, cuando ya estará el IPCC-AR6 en proceso.
Ahora bien, desde mi perspectiva el enfoque de promedios y la baja resolución de los downscalings (aunque la mejoren un poco), es el enemigo principal de estos documentos, pues las proyecciones gruesas (hechas aquí y usadas por otros) terminan convirtiéndose en especulaciones y generalizaciones bastante groseras, que no ayudan y más bien le quitan el valor y el rigor a los esfuerzos científicos y políticos.
A pesar de que creo que el informe está bien hecho, creo que no dice, en la práctica, muchas cosas que uno pudiera decir y que se consideran nuevas, pertinentes y oportunas frente a lo que ya se ha venido insistiendo (e.g. el capítulo de modelos y de su incertidumbre, y el de los posible cambios abruptos por retroalimentación de las causas y consecuencias, lo cual no es considerado en la modelación y que se podrían destacar como que tienen énfasis diferentes).
En general, el informe ratifica lo que ya se sabe, pero quizás, como resumen que es y por las referencias que trae, puede ser muy útil.
Sin embargo, no se habla una palabra de la adaptación/gestión del riesgo, aunque ese no era su objetivo, pero uno siente que le hace falta, pues no es difícil concluir, con todo lo que se explica y ya se ha explicado antes, que se está muy lejos de poder neutralizar el problema con la simple reducción de las emisiones de gases, vapores y partículas a efecto de invernadero. Aparte de que aunque hubiese un consenso total sobre este detalle, su factibilidad, en la práctica, es mínima y esto se puede afirmar sin darle muchas vueltas al tema, a los datos y a los hechos, incluso independiente de lo que haga o diga Trump…
Recomiendo su lectura cuidadosa.
https://science2017.globalchange.gov/downloads/CSSR2017_FullReport.pdf
Dr. Sergio Mora Castro, geólogo, consultor internacional especialista en Gestión del Riesgo.
Enviado por Sergio Mora Castro.
Sobre la aprobación del Proyecto de ley de recurso hídrico FECON manifiesta:
Llamamos a las organizaciones ambientales, ASADAS, y ciudadanía a manifestarse y rechazar este intento de defraudar la participación ciudadana.
No se trata de una nueva ley, sino de ¿cuál es la ley de aguas que la sociedad costarricense necesita?
Tomado de la página de Facebook de Bloque Verde.
Suscríbase a SURCOS Digital:
El día de hoy miércoles 25 de octubre a las 5:00 p.m.; en los tribunales de San Isidro del General, tendrá que comparecer Luis Valverde Abarca. Este ha sido acusado de “resistencia y agresión a la autoridad”, cargos que rechazan tanto Valverde, como las comunidades que luchan por la defensa del río, contra las intenciones de la mega constructora H. Solis, de apropiarse del caudal para hacer una hidroeléctrica privada.
Los hechos se produjeron la semana pasada, cuando una incursión de maquinaria de H. Solís provocara violencia. El incidente se originó porque la empresa pagó maquinaria privada insistiendo en “dar ayuda para arreglo de caminos”, a pesar del rechazo de las comunidades.
Las personas opositoras se concentraron desde la primera hora del jueves pasado cerca de Zapotal, en la ruta hacia el acueducto de San Pedro de Pérez Zeledón, para manifestar su rechazo a la intromisión de la empresa. El mismo intento de H. Solís por ofrecer “ayuda” se había dado en Fátima de San Pedro, de donde debieron salir por la presión de las comunidades.
La situación parecía controlada cuando la misma gente de la maquinaria se iba a retirar, pero a raíz de un supuesto daño a una patrulla, los policías golpearon a Luis Valverde y de manera muy violenta lo agarraron del cuello y lo detuvieron. También a su madre la golpearon y la tiraron al suelo.
Las vecinas y vecinos que se movilizarán hoy a los tribunales, realizaron una carta al ministro de seguridad, donde aseguran que los cargos “carecen de cualquier fundamento. Contamos con decenas de testigos que lo podrán demostrar en cualquier instancia. Por el contrario, contamos con abundante e irrefutable evidencia que prueba la agresión y violencia desmedida y reiterada de que fueron objeto Luis Angel y su madre Deyanira Abarca Mora. Ante los hechos de provocación generados por la empresa HSolís, llamamos a la Policía a dialogar, actuar y asegurar la integridad y seguridad de la población”.
La mega constructora H. Solís es la empresa más beneficiada por el Estado, teniendo contratos de mantenimiento de la red nacional de carretera por más de 137,592 millones de colones, desde el 2009-2013 que fue renovado por el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) de forma directa, pese a que la Contraloría General de la República (CGR) había insistido en la necesidad de abrir un concurso público. El año pasado volvió a ser seleccionada para seguir el lucrativo negocio que le permitió tener tantas ganancias, las cuáles empezó a invertir en al menos 10 proyectos hidroeléctricos en la zona Sur.
Para más información: Melvin Solís Blanco 8740-8291, Geiner Gamboa Piedra 7174-0839.
Comisión de Defensa del Río San Rafael
Movimiento Ríos Vivos
Tomado de la página de Facebook de Movimiento Ríos Vivos de Costa Rica
Suscríbase a SURCOS Digital:
Río Cuarto de Alajuela, 23 de octubre del 2017. Costa Rica. La Comisión de Ganaderos de Pital y la Coordinadora Norte Tierra y Libertad, junto con vecinos y vecinas del cantón de Río Cuarto, en la provincia de Alajuela, denuncian que la empresa piñera ANEXCO continúa generando graves daños ambientales en fuentes de agua y zona de humedales.
Los hechos denunciados ocurrieron el día miércoles 18 de octubre, del presente año en una finca de la empresa Ananas Export Company, conocida como ANEXCO, ubicada a 2 km de la plaza de San Rafael, Río Cuarto. Como se puede observar en las fotografías adjuntas, en las fincas de esta empresa se da invasión del área de protección de una naciente de agua y de humedales (se construyó un gran canal por donde están desecando al humedal).
La expansión piñera sigue generando graves impactos ambientales al patrimonio natural, dañando especialmente las fuentes de agua de comunidades enteras, a pesar de las denuncias y la movilización de vecinos(as) de la zona para que las autoridades intervengan y regulen la actividad. Además, en esta misma zona la Comisión de Ganaderos de Pital, ha denunciado ante las instancias pertinentes las afectaciones a la economía local generadas por la peste de la mosca de la piña (_stomoxys calcitrans_), sin obtener hasta el momento el apoyo de las autoridades estatales responsables.
Hacemos un llamado a la ciudadanía a informarse y actuar frente a una actividad que destruye la economía local y el ambiente, en favor de unos pocos empresarios millonarios.
Denunciamos que estas situaciones se vienen desarrollando en total impunidad, a pesar de existir amplia legislación ambiental en el país y del conocimiento de la situación por parte de funcionarios(as) de SETENA, MINAE, MAG, SENASA y el gobierno de Luis Guillermo Solís.
*Comisión de Ganaderos de Pital
*Coordinadora Norte Tierra y Libertad
Para mayor información por favor comunicarse al correo: ditso.org@gmail.com
Fotografías:
Comisión de Ganaderos de Pital.
Coordinadora Norte Tierra y Libertad.
Tomado de la página de Facebook de Bloque Verde.
Suscríbase a SURCOS Digital:
El día 22 de octubre 2007 colapsó la mina Bellavista. El deslizamiento rebalsó y destruyó la laguna de alta concentración de cianuro, mandando el contenido al río Ciruelas. Destruyó la planta de procesamiento del oro, rompió la geomembrana “irrompible”, permitiendo el escape de solución cianurada. Se destruyó calle pública y un acueducto municipal.
Después de esta catástrofe habría sido obligatorio para las instituciones que anularan la viabilidad ambiental y cancelaran la concesión minera por incumplimiento de compromisos adquiridos, exigiendo el cierre técnico, así como archivar el proyecto.
El gobierno renunció a su derecho de cobrar multas por los daños ambientales, de exigir que la empresa minera canadiense B2Gold restaure el sitio. Y diez años después, la Municipalidad de Montes de Oro aún guarda silencio.
Solicitamos pare la impunidad ante tanto destrozo ambiental, se proceda al cierre técnico, se cancele la viabilidad ambiental y la concesión minera de una vez por todas.
Suscribe Comité Ambiental de Miramar
comiteambientalmiramar@gmail.com
Más información en http://minabellavistadevuelta.blogspot.com/
https://picasaweb.google.com/…/MiramarMinaBellavistaCronica…
Compartido por Comité Ambiental Miramar y Nicolás Boeglin.
Suscríbase a SURCOS Digital:
El 13 de octubre de 2017 la Sala Constitucional declaró con lugar el recuro de amparo interpuesto por Marco Levy Virgo, en cuanto a la denuncia ambiental referida al Plan de Manejo del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, donde se alega tardanza en la atención de una denuncia ambiental.
Transcribimos la resolución dada por la Sala Constitucional:
“Por tanto:
Se declara CON LUGAR el recurso. En consecuencia se ordena a GUISELLE MENDEZ VEGA, en su calidad de Secretaria Ejecutiva a.i del Consejo Nacional de Áreas de Conservación del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, del Ministerio de Ambiente y Energía, o a quien en su lugar ocupe dicho cargo, proceder dentro del plazo máximo de DOS MESES, contados a partir de la notificación de esta resolución, a resolver por el fondo la denuncia ambiental presentada por el recurrente el 11 de julio del 2017. Lo anterior, bajo apercibimiento de que podría incurrir en el delito tipificado en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, el cual dispone que se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese de forma personal a GUISELLE MENDEZ VEGA, en su calidad de Secretaria Ejecutiva a.i del Consejo Nacional de Areas de Conservación del Sistema Nacional de Areas de Conservación, del Ministerio de Ambiente y Energía, o a quien en su lugar ocupe dicho cargo”.-
Ernesto Jinesta L. Presidente
Fernando Cruz C
Fernando Castillo V.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jose Paulino Hernández G.
Anamari Garro V.
Ingrese en el siguiente enlace para leer la resolución completa.
*En la sección de Madre Tierra de SURCOS, puede encontrar más información acerca de este mismo tema.
Imagen con fines ilustrativos.
Enviado por Marco Levy Virgo.
Suscríbase a SURCOS Digital: