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10 años después del colapso de la Mina Bellavista

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

El día 22 de octubre 2007 colapsó la mina Bellavista. El deslizamiento rebalsó y destruyó la laguna de alta concentración de cianuro, mandando el contenido al río Ciruelas. Destruyó la planta de procesamiento del oro, rompió la geomembrana “irrompible”, permitiendo el escape de solución cianurada. Se destruyó calle pública y un acueducto municipal.

Después de esta catástrofe habría sido obligatorio para las instituciones que anularan la viabilidad ambiental y cancelaran la concesión minera por incumplimiento de compromisos adquiridos, exigiendo el cierre técnico, así como archivar el proyecto.

El gobierno renunció a su derecho de cobrar multas por los daños ambientales, de exigir que la empresa minera canadiense B2Gold restaure el sitio. Y diez años después, la Municipalidad de Montes de Oro aún guarda silencio.

Solicitamos pare la impunidad ante tanto destrozo ambiental, se proceda al cierre técnico, se cancele la viabilidad ambiental y la concesión minera de una vez por todas.

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comiteambientalmiramar@gmail.com

Más información en http://minabellavistadevuelta.blogspot.com/

https://picasaweb.google.com/…/MiramarMinaBellavistaCronica…

 

Compartido por Comité Ambiental Miramar y Nicolás Boeglin.

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Declaran con lugar recurso contra el CONAC

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

El 13 de octubre de 2017 la Sala Constitucional  declaró con lugar el recuro de amparo interpuesto por Marco Levy Virgo, en cuanto a la denuncia ambiental referida al Plan de Manejo del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, donde se alega tardanza en la atención de una denuncia ambiental.

Transcribimos la resolución dada por la Sala Constitucional:

“Por tanto:

Se declara CON LUGAR el recurso. En consecuencia se ordena a GUISELLE MENDEZ VEGA, en su calidad de Secretaria Ejecutiva a.i del Consejo Nacional de Áreas de Conservación del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, del Ministerio de Ambiente y Energía, o a quien en su lugar ocupe dicho cargo, proceder dentro del plazo máximo de DOS MESES, contados a partir de la notificación de esta resolución, a resolver por el fondo la denuncia ambiental presentada por el recurrente el 11 de julio del 2017. Lo anterior, bajo apercibimiento de que podría incurrir en el delito tipificado en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, el cual dispone que se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese de forma personal a GUISELLE MENDEZ VEGA, en su calidad de Secretaria Ejecutiva a.i del Consejo Nacional de Areas de Conservación del Sistema Nacional de Areas de Conservación, del Ministerio de Ambiente y Energía, o a quien en su lugar ocupe dicho cargo”.-

Ernesto Jinesta L. Presidente

Fernando Cruz C

Fernando Castillo V.

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jose Paulino Hernández G.

Anamari Garro V.

 

Ingrese en el siguiente enlace para leer la resolución completa.

Resolucion CONAC

 

*En la sección de Madre Tierra de SURCOS, puede encontrar más información acerca de este mismo tema.

 

Imagen con fines ilustrativos.

Enviado por Marco Levy Virgo.

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Incursión de H Solís provoca violencia

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

  • Se consolida oposición al PH San Rafael en Pérez Zeledón

 

Una acción civil y pacífica de las comunidades de San Pedro de Pérez Zeledón contra la empresa HSolís, terminó con la intervención de la policía y la detención injustificada de Luis Valverde Abarca, vecino de San Rafael. El incidente se originó porque la empresa, que pretende construir una hidroeléctrica en el río San Rafael, pagó maquinaria privada insistiendo en “dar ayuda para arreglo de caminos”, a pesar del rechazo de las comunidades.

Las personas opositoras se concentraron desde la primera hora de hoy cerca de Zapotal en la ruta hacia el acueducto de San Pedro de Pérez Zeledón, para manifestar su rechazo a la intromisión de la empresa. El mismo intento de HSolís por ofrecer “ayuda” se había dado en Fátima de San Pedro, de donde debieron salir por la presión de las comunidades.

“Todo estaba muy tranquilo porque la misma gente de la maquinaria se iba a retirar y aceptaron que eran “pagados por alguien de afuera” que sabemos que es HSolís. Pero a raíz de un supuesto daño a una patrulla a Luis Valverde lo golpearon y de manera muy violenta lo agarraron del pescuezo y lo detuvieron y también a su mamá la golpearon y la tiraron al suelo. Nosotros tenemos fotos y videos para demostrar que no hubo ningún daño a la patrulla y eso lo reconoció el mismo jefe de la policía. Más bien fue la policía la que agredió sin justificación pues estábamos haciendo las cosas de manera pacífica”, explicaron Alvaro Ureña e Isabel Solís Blanco, que participaron en la actividad. A Luis Valverde lo soltaron pero lo citaron a los Tribunales de flagrancia, por supuestos cargos de “golpear una patrulla y resistirse a la policía”.

Adelantándose al posible conflicto que la incursión de HSolís provocaría, desde el pasado 13 de octubre 2017, a las 06:27 horas, las comunidades previnieron a la empresa y le dieron aviso al país, al Gobierno Local, MINAE, SETENA y al Gobierno de la República de que “no aceptaban la manipulación de HSolís”. La oposición había denunciado que HSolís se estaba “guindando” de la emergencia nacional por la tormenta Nate para meterse a como diera lugar a las comunidades. “Esa insistencia es un intento de manipulación y aprovechamiento inescrupuloso para conseguir el apoyo de las comunidades que hasta ahora no han tenido”, reiteró Melvin Solís Blanco.

“Con esto que pasó a HSolís le debe quedar más claro aún que las comunidades no los queremos, que los rechazamos porque lo único que andan buscando es construir su negocio de represa que destruye el río y nos deja sin agua. Nosotros no somos 3 gatos y seguiremos organizados hasta que se vayan. A Setena nosotros le decimos que aunque ellos siguen ayudando a la empresa, les vamos a demostrar que los permisos están mal dados y son ilegales”, dijo Melvin Solís.

La mega constructora H. Solís es la empresa más beneficiada por del Estado, teniendo contratos de mantenimiento de la red nacional de carretera por más de 137 592 millones de colones, desde el 2009-2013 que fue renovado por el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) de forma directa, pese a que la Contraloría General de la República (CGR) había insistido en la necesidad de abrir un concurso público. El año pasado volvió a ser seleccionada para seguir el lucrativo negocio que le permitió tener tantas ganancias que empezó a invertir en al menos 10 proyectos hidroeléctricos en la Zona Sur.

Información: Melvin Solís Blanco 8740-8291, Alvaro Ureña 8802-7908

Antecedentes

Los vecinos y vecinas defensoras del río San Rafael trabajan sin recursos económicos y aun así han realizado múltiples acciones como: caminatas pacíficas, bloqueos, una visita a la SETENA, decenas de reuniones en las comunidades aledañas, recolección de más de 1500 firmas en oposición y han presionado a la Municipalidad para mantener una prohibición de proyectos hidroeléctricos en la zona de Deslizamiento Zapotal y toda la extensión del Río San Rafael (Ver Acuerdo).

En noviembre de 2016 fue agredido en preparativos de la marcha el señor Rafael Ángel Abarca, defensor del río, por un promotor del proyecto del PH San Rafael ( FECON, 19-11-2016). La aprobación de la viabilidad ambiental por parte de SETENA del PH San Rafael, el 27 de octubre, fue el detonante del descontento de la mayoría de la población del distrito de San Pedro de Pérez Zeledón (ver más). Recientemente fue aprobada la concesión de agua por parte de MINAE y faltan una serie de permisos entre ellos un decreto de conveniencia nacional.

 

Enviado por FECON.

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Personas de toda Mesoamérica se capacitarán sobre vías amigables con la vida silvestre

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

  • Curso Taller Vías Amigables con la Vida Silvestres

Comunicado de Prensa

 

San José, Costa Rica 18 de Octubre 2017.- Biólogos, ingenieros y representantes de los gobiernos de Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Belice, Guatemala y México se capacitarán en la implementación de medidas ambientales en proyectos viales en la región, para mejorar la conectividad entre los ecosistemas y las poblaciones de jaguares en ellos.

El curso se llevará a cabo del 26 al 28 de octubre de este año en el auditorio del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica (LanammeUCR), en San José, Costa Rica.

La construcción y operación de las redes viales está teniendo impactos negativos sobre la vida silvestre y los seres humanos en toda la región Mesoamericana. De esta forma se está viendo comprometida la riqueza biológica, principalmente al ponerse en peligro al jaguar. Esto por cuanto las poblaciones de jaguares necesitan estar conectadas en toda la región, para mantener un número saludable de individuos y la variabilidad genética. Los caminos son una barrera para los jaguares y sus presas, a través de la mortalidad directa por colisiones de vehículos y porque los jaguares tienden a evitar cruzar los caminos, lo cual aísla a las poblaciones. A la fecha se tienen registros de 27 jaguares presentes en diversos caminos (asfalto y lastre) del país desde el 1996, año en el cual se obtiene el primer registro de jaguar atropellado en Costa Rica.

En el marco de la Iniciativa del Corredor del Jaguar, que pretenden mantener la conectividad de los jaguares de México a Argentina, se necesita identificar el alcance de este impacto en las poblaciones de jaguares en la región, e identificar medidas para reducirlo, aprovechando que esta es una especie sombrilla, y su protección asegura la protección de muchas otras especies como sus presas (venado, saino, chancho de monte, mamíferos medianos y pequeños), entre otros.

El curso es organizado por el Grupo Vías Amigables con la Vida Silvestre (VAVS) y LanammeUCR, incluye dos días de presentaciones por parte de instructores nacionales e internacionales con experiencia en Ecología de Caminos sobre impactos de las carreteras en especies de vida silvestre, medidas de mitigación rentables, ingeniería en carreteras y mejores prácticas de investigación, así como una gira de campo para visitar un proyecto de ampliación de una carretera, donde se aplicaron medidas de mitigación.

Las personas que impartirán el curso son:

  • Sandra L. Jacobson, experta en ecología del transporte, bióloga de vida silvestre que trabaja en la Estación de Investigación del Pacífico Suroeste del Servicio Forestal de los Estados Unidos y una de las ganadoras del Premio 2015 de Excelencia Ambiental otorgado por la Administración Federal de Carreteras (FHWA) en Liderazgo para las Soluciones ARC.
  • Gordon Keller, ingeniero civil y geotécnico, integrante del Comité de Caminos de Bajo Volumen de la Junta de Investigación de Transporte de Estados Unidos, de la Asociación Internacional de Control de Erosión (IECA), de la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles (ASCE) y de la Federación Internacional de Carreteras.
  • Anthony Clevenger, biólogo, lleva más de 20 años investigando los impactos de la infraestructura de transporte sobre la fauna en Canadá, y la evaluación de medidas para mitigar su impacto. Miembro del Comité Científico sobre “Effects of Highways on Natural Communities and Ecosystems”. Co-autor de los libros “Road Ecology: Science and Solutions” y “Safe Passages: Highways, Wildlife and Habitat Connectivity”.
  • Vías Amigables con la Vida Silvestre: Conformado desde el 2013 por Daniela Araya Gamboa, bióloga encargada del Programa de Caminos Amigables con los Animales en la Organización Panthera en Costa Rica, Esmeralda Arevalo Huezo es bióloga con énfasis en conservación y manejo de la vida silvestre, realizó su tesis de Maestría en la Evaluación de la Mortalidad de Fauna Silvestre en la Carretera Interamericana Norte entre Cañas-Liberia; y Esther Pomareda García es bióloga con énfasis en conservación y manejo de la vida silvestre, regente del Centro de Rescate Las Pumas. Las tres han participado en diversas actividades relacionadas con la ecología de caminos, han brindado capacitación en el tema de monitoreo para determinar cruces de fauna y medidas ambientales para mitigar el impacto. En conjunto con otras autoras elaboraron la Guía Ambiental: Vías Amigables con la Vida Silvestre (2015), y han sido investigadoras y asesoras de estudiantes realizando trabajos relacionados al tema de ecología de caminos.

Contacto:

  1. Sc. Esther Pomareda. Tel. 8847-4694.

 

Enviado por Esther Pomareda.

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UNA: Día Internacional para la Reducción de los Desastres

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

La Escuela de Planificación y Promoción Social de la Universidad Nacional, UNA-EPPS, llama a conservar ecosistemas en el Día Internacional para la Reducción de los Desastres destacando la importancia de conservar nuestros sistemas naturales.

UNA Dia Internacional para la Reduccion de los Desastres

Enviado por MSc. Efraín Cavallini Acuña, Asesor Comunicación, Rectoría UNA.

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Declaración del V Encuentro del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero

Escrito en . Publicado en Derechos, Madre Tierra.

  • “El M4 existe porque resiste”

 

Como hace cinco años en Valle de Siria en Honduras, las comunidades, pueblos y organizaciones que somos el M4 nos hemos reunido del 22 al 25 de septiembre en la Ciudad de San José en Costa Rica para reconocernos y reafirmarnos en la lucha contra el modelo extractivo minero.

Como entonces, hoy confirmamos que el modelo extractivo minero se ha impuesto como el megaproyecto de mayor impacto territorial y de avasallamiento de derechos humanos, de acaparamiento de tierras y destrucción de la Madre Tierra en América Latina.

En estas jornadas de trabajo del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero -M4-, las representaciones de 13 países (Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Panamá, Haití, Colombia, Ecuador, Perú, Sierra Leona, Canadá y Estados Unidos) coincidimos en que la actividad minera en nuestros territorios ha avanzado al amparo de políticos y tecnócratas poco informados o ineficaces cuando no corruptos, por la imposición de intereses corporativos sobre el interés colectivo, por apetitos personales y silencios cómplices. En este sentido, consideramos que la minería en nuestros territorios es consecuencia de un modelo democrático deficitario que, al operar bajo la lógica de que tener el poder es tener la razón, inevitablemente coloca a los pueblos en una situación de vulnerabilidad. Tenemos la claridad para afirmar y denunciar que la minería no sería posible sin un entramado institucional que trae causa de un modelo de desarrollo que –a través de la extracción irracional de bienes comunes naturales– favorece la lógica de reproducción, acumulación y centralización del capital.

Para lograr sus objetivos de productividad, las empresas mineras externalizan sus costes aprovechando la permisividad de la legislación y la corrupción de los gobiernos. Las mineras aprovechan la pobreza de la gente y la ausencia de alternativas, lo que suele facilitar la explotación de la mano de obra y de la naturaleza. Las mineras obtienen insumos baratos o gratuitos y canalizan sus energías hacia el lobby político. Este proceso es reforzado por instituciones financieras internacionales y los gobiernos del norte quienes, a través de las «medidas de ajuste estructural», obligan a países como los nuestros a estimular las exportaciones de lo que suelen llamar «recursos naturales» mediante la exención de impuestos y otros incentivos financieros.

Es esa lógica de acumulación por despojo la que nos ha llevado a enfrentar una de las crisis más severas de violaciones a los derechos humanos en Latinoamérica. El M4, sus miembros y sus organizaciones han sido víctimas de la violencia extractivita. El 3 de marzo del 2016 en Honduras, en el marco de los intercambios y alianzas que facilita nuestro movimiento, fue asesinada nuestra compañera Berta Cáceres, dirigente del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH); en el mismo episodio, el compañero mexicano Gustavo Castro, referente latinoamericano del movimiento social por la defensa de la tierra y el territorio y principal impulsor y dinamizador del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4) fue herido y, en su condición de víctima, criminalizado por el gobierno de Honduras. Sin embargo, estamos en pie, existimos porque resistimos.

Esa misma crisis se expresa en la violencia estructural que sufren nuestros pueblos y que se echa de ver en los indignantes niveles de pobreza y en la discriminación metódica a nuestros pueblos y comunidades. Por ello, insistimos en rechazar las injusticias socioambientales que ocasionan las mineras a su paso por nuestros países: nos oponemos a la militarización de nuestros territorios, al debilitamiento del tejido social, a la división de las comunidades, a los atentados contra la integridad física y emocional de defensores y luchadores de derechos humanos, a la criminalización de la protesta y a la coerción de la libertad de expresión; a la contaminación de la tierra, el agua y el aire, a la erosión y desertificación de los suelos, a la pérdida de soberanía alimentaria, de biodiversidad y del paisaje; a las altísimas contribuciones al cambio climático, las afectaciones a la salud y los empleos precarios; al falso desarrollo y a la injerencia de las mineras en las decisiones políticas y económicas de nuestros países.

Sabemos que la causa fundamental de la destrucción del territorio y la sobreexplotación de los bienes comunes naturales reside en la desigualdad, los desequilibrios de poder y el neocolonialismo que atraviesa nuestras sociedades, por ello reforzamos nuestra convicción de que un verdadero progreso social estaría mediado por la humanización de las condiciones de trabajo, viviendas dignas y distribución igualitaria de la riqueza; por una educación de calidad y la adecuación de los planes de estudio a las distintas realidades existentes; por una seguridad social efectiva y la concepción integral de la salud entendida no solo como la ausencia de enfermedad sino también como la garantía de las condiciones individuales y colectivas que la hacen posible (alimentación sana, agua limpia, suficiente y accesible para todas y todos, entre otras).

Aspiramos a un modelo de sociedad basado en la vida digna sustentado por normas, valores, reglas, comportamientos y políticas que promuevan la democratización y participación de los pueblos en la toma de decisiones, el empoderamiento personal y comunitario, la realización de los derechos humanos, la reducción de la violencia, la sustentabilidad de las actividades productivas, el final de las desigualdades de género, el desarrollo cultural, científico y la creatividad artística; de manera importante, aspiramos a un modelo de sociedad que mantenga una relación con los minerales basada en las necesidades humanas y no en los dictados del mercado, los intereses especulativos y financieros, las ganancias o la guerra.

Desde el M4, imaginamos pueblos y comunidades donde la gente pueda realizar su potencial más alto garantizando sus necesidades básicas y aumentando sus opciones vitales basándose en la confianza de que su entorno es un lugar seguro, educativo, libre y espiritualmente satisfactorio en el que vivir y donde la comunidad ética incluya, en un sentido amplio, a toda la naturaleza.

Celebramos la prohibición de la minería en El Salvador y la moratoria a la misma en Costa Rica. Hacemos un llamado al resto de los gobiernos a seguir el camino de los pueblos y no de las corporaciones.

Saludamos con gran alegría la integración al M4 de los países hermanos de Colombia, Ecuador, Haití, Perú y Sierra Leona, quienes coinciden con nosotros en la necesidad de construir una sociedad alerta y movilizada que nos permita revigorizar la democracia, contar con organizaciones sociales fuertes e independientes que porten los esfuerzos de transformación de la sociedad y ofrezcan espacios apropiados para que las luchas contra el modelo extractivo minero germinen y se fortalezcan.

Junto a ellos, continuaremos trabajando para construir espacios colectivos adecuados que estimulen el surgimiento de un vínculo identitario fuerte que, más allá de nuestras luchas concretas, nos articulen en torno a la lucha contra el Modelo Extractivo Minero.

Consideramos que bajo el actual sistema capitalista y de acumulación no existe la “minería verde”, “sustentable”, “socialmente responsable”, “ecológica” o “limpia”. Por ello, exigimos:

  • La salida inmediata de las empresas mineras y sus proveedoras de nuestros territorios, así como el alto total de la entrega de nuestros territorios en concesiones para la explotación minera de parte de los gobiernos de nuestros países.
  • El cese total a la represión a defensoras y defensores de derechos humanos, de la tierra y del territorio.
  • Conclusiones favorables de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso de nuestro compañero mexicano Mariano Abarca, asesinado en el año 2009 en su lucha contra la empresa minera canadiense Black Fire y cuya familia y organizacion, al día de hoy, no ha obtenido justicia por parte de las autoridades mexicanas.
  • En atención a los tratatos internacionales en materia de derechos humanos suscritos por nuestros países, el respeto total a las decisiones que, en ejercicio de su autonomía, toman nuestros pueblos, sean cuales sean las formas y los mecanismos para ello.
  • Al gobierno Hondureño le demandamos el esclarecimiento del crimen cometido contra Berta Caceres, el COPINH y Gustavo Castro.

¡Enviamos un saludo solidario al pueblo mexicano que en días recientes ha sido sufrido el azote de sismos consecutivos que han afectado a la Ciudad de México y a los Estados de Morelos, Puebla, Oaxaca y Chiapas. Estamos con ustedes!

En comparación con otras expresiones políticas que aspiran a atemperar los efectos nocivos que produce este modelo de desarrollo, el M4 es contundente y señala que:

¡Del Perú a Canadá la minería no va!

Movimiento Mesoamericano contra el modelo extractivo Minero

 

Enviado por Coordinadora Ni Una Sola Mina (CNUSM).

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Sala Cuarta ordena «Plan de control y protección de las áreas protegidas»

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

Un extenso y fundamentado recurso de amparo (Exp: 16-010216-0007-CO) fue declarado “parcialmente con lugar” sentando un importante precedente en que cual obliga al MINAE y al Ministerio de Hacienda “que coordinen lo pertinente a fin de que se evalúe la situación actual de las áreas de conservación y se tomen las medidas necesarias para proteger el ambiente, de tal forma que se atiendan de manera efectiva y razonable las áreas silvestres protegidas del país. Para lo anterior deberán elaborar y ejecutar, en el plazo de SESENTA MESES, un plan de control y protección de las áreas silvestres protegidas que garantice su vigilancia efectiva a fin de prevenir y atender daños ambientales; para lo cual deberá asegurarse la existencia de los recursos necesarios para su cumplimiento”.

En la parte de “Conclusión en cuanto a la situación de las áreas silvestres protegidas”, la Sala indica claramente que: “Se concluye que existen suficientes elementos para tener por probado en esta vía, que las áreas silvestres protegidas requieren una intervención por parte de las autoridades competentes. […] Por lo anterior, se debe declarar con lugar [el recurso de amparo], toda vez que el Estado no ha sido capaz de brindar una protección efectiva a las áreas de conservación en el país”.

Asimismo en la resolución (Nº 2017014907) se ordena a la Contralora General de la República “girar las órdenes que estime pertinentes para que se actualice el estado de cumplimiento del informe (Nº DFOE-AE-IF-16-2014 y, de acuerdo con los medios que le otorga el ordenamiento jurídico, requiera al SINAC la efectiva atención a las recomendaciones brindadas”.

El Informe de la Contraloría General de la República (Nº DFOE-AE-IF-16-2014) determinó que 86 de las 128 áreas silvestres protegidas analizadas (el total existente de áreas es 171), cuentan con al menos una persona responsable por la gestión. En 48 áreas silvestre protegidas no se cuenta con recursos materiales para cumplir con acciones de control y protección.

La Sala ordena actualizar este alarmante informe de Contraloría pues el 32,8% de todas nuestras áreas protegidas no tienen protección alguna y deben considerarse como “parques de papel” por qué han sido declarados por ley o decreto, pero no cuentan con protección alguna y mucho menos con administración. Por ejemplo, el Parque Internacional La Amistad que cuenta con casi 200 mil hectáreas, y está totalmente desprotegido. El 96% de su superficie ocupa la vertiente del Caribe y cuenta con 1 guardaparques.

Otro punto importante que sentenció la Sala e incidirá en mejorar las condiciones de los guardaparques y visitantes, es sobre el agua potable en las áreas protegidas pues se ordena al SINAC “realizar un estudio sobre la necesidad de abastecimiento de agua potable en las áreas de conservación (…) a efectos de que se evalúe si las personas que se encuentran o visitan esas áreas de conservación requieren o no el servicio de agua potable, y si resulta procedente, gestione ante las autoridades competentes lo necesario a fin de que se determine si desde el punto de vista técnico y material es posible proveer el servicio”.

El recurso fue interpuesto por organizaciones como FECON, SITRAMINAE y destacados conservacionistas como Mario Boza, Eduardo Carrillo, Guiselle Monge, entre otros. Según los accionantes se están violentando derechos fundamentales a la vida, a la salud y al agua potable, a una vivienda digna, entre otros.

Según la exposición de motivos de los accionantes “las áreas protegidas promueven y se han constituido en la meca del ecoturismo, el cual le genera al país ingresos anuales por unos US$ 1.700 millones. Pero nuestro sistema de áreas protegidas afronta una verdadera crisis de protección y de desarrollo”.

 

*Imagen con fines ilustrativos.

Enviado por FECON.

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Acceso a agua potable de río Banano mantiene preocupados a pobladores

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

Pobladores preocupados por la normativa que ha sido violentada por la empresa San Rafael Ltda que ha continuado explotando una concesión minera vencida desde 2010, bajo la aparente complacencia de la Dirección de Geología y Minas (DGM) del MINAE y la omisión de la SETENA y que en oficios e informes técnicos presentados por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA) vienen a reafirmar.

El ICAA cuestiona severamente los informes complacientes de la Dirección de Geología y Minas (DGM-MINAE) y pone en entredicho la objetividad y la ciencia de esos informes rendidos por el MINAE, que siempre han favorecido a la empresa y han permitido indirectamente que la Concesión minera No.07-86.

Es así como se decide enviar una carta dirigida al Ministro del Ambiente y Energía, Dr. Édgar Gutiérrez Espeleta, donde los pobladores manifiestan:

“Esperamos que su despacho analice objetivamente que, nos encontramos ante la presunta comisión de daños ambientales de difícil o imposible reparación y esperamos se pronuncie de forma contundente sobre la gravedad de los hechos aquí denunciados y que tome todas las acciones a su alcance, para que se cumplan efectivamente las recomendaciones emitidas por la Gerencia del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, mediante el oficio No.G-2004-0183 de 5 de febrero de 2004, así como la normativa aplicable”.

Transcribimos la carta compartida con SURCOS.

 

Limón, 25 de setiembre de 2017

AEL-075-2017

 

Dr. Édgar Gutiérrez Espeleta

Ministro del Ambiente y Energía

 

Ref: D1-7-86-SETENA Resolución N° 1764-2017-SETENA

“Informe Técnico Acuífero La Bomba”

Expediente 17-014705-0007-2017

 

Estimado señor Ministro:

 

El pasado mes de agosto, don Daniel Quesada Güell de la Asociación de Desarrollo de la Bomba, sostuvo un chat con el Dr. Allan Astorga Gättengs mediante el Facebook, en relación con la concesión 7-86, y esto fue lo que textualmente manifestó el experto sobre dicha concesión y su cuestionada operación:

“Estimado Daniel Quesada, me parece que hay una confusión aquí. El Estudio Ambiental que, efectivamente yo hice hace como 5 años, tenía el objetivo de mejorar la gestión ambiental del proyecto y evitar que se generaran daños. Pero eso, desafortunadamente, se convierte el «letra muerta» si el responsable del proyecto hace otra cosa, y, peor todavía, si las autoridades responsables de ejercer el control ambiental, NO hacen su tarea. ¡Pasa con frecuencia que se culpa al consultor por los daños que produce el desarrollador, pero son dos cosas diferentes! En este caso concreto del Río Banano, elaboré un dictamen técnico en el que expliqué que hay una fuerte sobre explotación del cauce del Río Banano y advertí de la situación públicamente. Creo que debe plantear su molestia (que la entiendo), por medio de una denuncia ante la SETENA y la DGM, u otras instancias que correspondan”. (Fin cita textual)

  • Aunado a lo anterior, oficios e informes técnicos presentados por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA) vienen a reafirmar, con abundantes razones científicas y jurídicas, todos los reclamos que han planteado los pobladores en general. Los documentos son amplios, detallados y extensos, razón por la cual no vamos a citar textualmente las innumerables afirmaciones que respaldan nuestros asertos.
  • El ICAA demuestra con hechos reales, toda la normativa que ha sido violentada por la empresa Rafael Herrera Ltda. (Feluco Herrera), que ha continuado explotando una concesión minera generosamente vencida desde 2010, bajo la aparente complacencia de la Dirección de Geología y Minas (DGM) del MINAE y la omisión de la SETENA.
  • El ICAA cuestiona severamente los informes complacientes de la Dirección de Geología y Minas (DGM-MINAE) y pone en entredicho la objetividad y la ciencia de esos informes rendidos por el MINAE, que siempre han favorecido a la empresa y han permitido indirectamente que la Concesión minera No.07-86 que está ampliamente vencida, siga operando como si nada, en perjuicio de la comunidad y el futuro de la provisión de agua potable para la ciudad de Limón.
  • El ICAA señala sin lugar a dudas, la importancia de la cuenca del río Banano para el futuro del abastecimiento de agua potable para la ciudad de Limón y señala en algunos casos, la imposibilidad y los problemas que han experimentado los funcionarios del ICAA para acceder a las fuentes de agua potable, debido a las labores extractivas de la empresa Feluco Herrera (vid oficio de la Dirección Región Huetar Atlántica SB-GSP-RHA-2014-0047 que entre otras cosas manifiesta: “10 pozos de AyA, para consumo humano, han sido testigos de los problemas de acceso al agua potable, debido a la extracción de material minero del cauce de ese río”.
  • El informe del ICAA pone en evidencia, técnica y científica, los daños causados al cauce del río a causa de la labor minera realizada por la empresa concesionaria y la aparente violación a la resolución de la Sala Constitucional, que permitía solamente labores de mantenimiento del cauce, para ir más allá en la labor extractiva que se ha realizado sin control aparente del MINAE y la SETENA, pues se desconocen los volúmenes de material extraído aunque los informes de la DGM-MINAE afirman temerariamente lo contrario, sin prueba alguna que los sustente.
  • El informe pone de relieve los requerimientos establecidos por el ICAA mediante oficio de la Gerencia General No.G-2004-0183 de 5 de febrero de 2004, que en su aspecto medular, establece el requisito sine qua non para la eventual prórroga de la concesión minera, la presentación a SETENA y su posterior aprobación de un Estudio de Impacto Ambiental, el cual, a la fecha, no ha sido aprobado. Es decir, desde 2010 en que finalizó la última prórroga de la concesión minera 07-86 a la fecha, dicha concesión no se ha renovado o prorrogado, pero la empresa Rafael Herrera Ltda. ha continuado operando la extracción de materiales de forma absolutamente ilegal, con la aparente complacencia de la DGM–MINAE.

Para finalizar, citaremos en extenso nuevamente el oficio SB-GSP-RHA-2014-0047, referente a los graves daños causados por la explotación minera que realiza la empresa concesionaria, y que además lo hace de forma ilegal:

“1. El campo de pozos que AyA tiene en el sector de la Bomba en la zona de influencia hidrogeológica del Río Banano es parte del abastecimiento de agua potable para 91.206 Habitantes. De este campo de pozos actualmente están en operación 7 de ellos, otro adicional se tiene como reserva, además existían 2 pozos que eran explotados por el Instituto, sin embargo se perdieron como consecuencia de los movimientos laterales del Río Banano en el sector que es explotado en términos de Salud Pública, de este campo de pozos… 3-Adjunto le remito los oficios RHA-OM-2013-1593 y RHA-OM-2013-2581… Es claro que ante desarrollo de la explotación intensiva del lecho del río, la maquinaria y vagonetas que trasladan los materiales requieren de una superficie de rodamiento… 4-… para los efectos de esta Dirección Regional no se ha cumplido con los alcances del oficio G-2004-0183, lo que pone en riesgo esa fuente de abastecimiento de agua potable para los ciudadanos de la ciudad de Limón…” (los destacados no son del original).

CONCLUSIONES

El extenso oficio del ICAA de reiterada cita, demuestra legal, técnica y científicamente que la Concesión minera No.07-86 no solo está vencida y no ha sido prorrogada desde 2010, sino que la actividad extractiva minera que todavía sigue realizando ilegalmente la empresa concesionaria Rafael Herrera Ltda., está causando graves daños al cauce del río Banano y está amenazando directamente la cantidad y calidad del suministro de agua potable para la ciudad de Limón.

El acuerdo del ICAA declarando la cuenca del río Banano como “Zona de protección”, no solo tiene sustento legal sino que resulta un imperativo de su ley orgánica y de sus competencias, como cita el mismo señor Gerente General en su libelo al responder el Recurso de amparo No.14-019172-0007-CO y que reproducimos textual por su importancia:

“La importancia de dicha declaratoria ubica sustento también en el artículo 27 de la Ley de Aguas citada, al indicar que el abastecimiento de las poblaciones tiene preferencia absoluta sobre todos los demás usos posibles de las aguas públicas y su aplicación parte de los artículos 1º y 2º incisos c), f) y g) de la Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados Nº2726 del 14 de abril de 1961; que encomienda a AyA proteger los recursos de aguas públicas…”

Según este cuadro fáctico, parece que se incumple el principio precautorio, que impone realizar todas las acciones necesarias para garantizar la protección del ambiente, afectando así el equilibrio que debe garantizarse en esta materia a favor del ambiente.

Cuando se está en una situación de incertidumbre científica, este equilibrio impone inclinar la balanza a favor del ambiente, como lo ordena el principio “in dubio pro natura” estipulado en el artículo 11 de la Ley de Biodiversidad.

Esperamos que su despacho analice objetivamente que, nos encontramos ante la presunta comisión de daños ambientales de difícil o imposible reparación y esperamos se pronuncie de forma contundente sobre la gravedad de los hechos aquí denunciados y que tome todas las acciones a su alcance, para que se cumplan efectivamente las recomendaciones emitidas por la Gerencia del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, mediante el oficio No.G-2004-0183 de 5 de febrero de 2004, así como la normativa aplicable.

En consideración a todo lo expuesto en el “Informe Técnico Acuífero La Bomba”, solicitamos con todo respeto se analice, determine y ejerzan las acciones legales que procedan y le correspondan realizar, a fin de resolver a la brevedad posible el Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio interpuesto por la señora Gabriela De San Román Aguilar, en calidad de Apoderada Especial, de la empresa Desarrolladora, contra la Resolución N° 1895-2016-SETENA del 12 de octubre de 2016, dentro del marco de sus competencias.

Le rogamos de la manera más atenta, se sirva informarnos oportunamente las medidas que de manera inmediata se ha servido tomar sobre este particular.

Solicitamos atentamente ser notificados de cualquier acuerdo y/o resolución relacionada con el presente asunto, a través del correo machore@gmail.com o al fax 2798-2645.

Aprovechamos para enviarles un cordial saludo,

 

Marco Levy Virgo

Presidente

Asociación de Desarrollo para la Ecología

 

*Imagen con fines ilustrativos tomada de www.cahuitainfo.com

Enviado por Marco Levy.

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Vecinos de Caribe Sur denuncian la falta de estudios técnicos para la aprobación de “Ley Céspedes”

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

Ante la aprobación y malos manejos por parte del SINAC de la “Ley de reconocimiento de los derechos de los habitantes del Caribe Sur”, algunos de los habitantes de esta región del país han denunciado ante la auditora interna del MINAE, la “grosera violación del procedimiento constitucionalmente tutelado, en virtud de que en última instancia, se aprobó una ley que cercena el territorio del Refugio de Vida Silvestre Gandoca–Manzanillo (REGAMA), sin haberse aportado los estudios técnicos respectivos que justifiquen la excepción al Principio de No Regresión en materia ambiental”.

 

Limón, 19 setiembre 2017

AEL–072–2017

 

Licda. Karen Espinoza

Auditora Interna

SINAC – MINAE

 

Ref.: Su oficio SINAC–AI–226–2017 de 19/9/17.

 

Estimada señora auditora:

 

Acusamos recibo y agradecemos su oficio de referencia, el cual muestra interés por nuestras reiteradas denuncias sobre malos manejos en el SINAC, específicamente sobre el trámite de la Ley Nº9223 “Ley de reconocimiento de los derechos de los habitantes del Caribe sur” conocida como “Ley Céspedes”, dado que fue el exdiputado (y hoy nuevamente aspirante a diputado) Walter Céspedes, su promotor y proponente en la legislatura 2010–2014.

Dado que usted nos solicita “detallar y justificar ampliamente (sic) la aseveración realizada en su oficio AEL–071–2017, respecto a la Auditoría Interna del …SINAC…” procederemos a explicarle el contexto en el cual hacemos nuestras aseveraciones sobre la pasividad y silencio cómplice con que la auditoría a su cargo ha procedido respecto de la Ley Nº9223.

Nosotros como simples ciudadanos, entendemos que las auditorías internas de las instituciones públicas no solo actúan por conocimiento de denuncias explícitas que se les presentan, firmadas o anónimas, sino también oficiosamente, cuando observan que en el devenir institucional, suceden actos que podrían reñir con la legalidad o en contra del erario.

En el caso de la tramitación de la tristemente célebre Ley Céspedes Nº9223, nosotros denunciamos una y otra vez, que en la Comisión Legislativa donde se tramitó el entonces proyecto de ley que a la postre fue aprobado, se cometió una grosera violación del procedimiento constitucionalmente tutelado, en virtud de que en última instancia, se aprobó una ley que cercena el territorio del Refugio de Vida Silvestre Gandoca–Manzanillo (REGAMA), sin haberse aportado los estudios técnicos respectivos que justifiquen la excepción al Principio de No Regresión en materia ambiental, que suponemos usted conoce mejor que nosotros, tal como ha establecido la jurisprudencia de la Sala Constitucional, así como el Principio precautorio en materia ambiental.

Consecuentes con lo anterior, presentamos ante la Sala Constitucional una Acción de inconstitucionalidad contra la Ley Nº9223, que se tramita desde el año 2014 mediante Expediente Nº14-019174-0007-CO.

Siendo que las auditorías internas de las instituciones públicas, en general, velan por la integridad y mejor manejo de la Hacienda pública, el solo hecho de escuchar o conocer de forma directa o indirecta sobre una denuncia (pues tenemos la costumbre de copiarle a usted muchas de nuestras denuncias ante el jerarca del MINAE y demás autoridades), creemos que debió haberle motivado para realizar por iniciativa propia, una investigación sobre ese vicio de procedimiento que podría dar al traste con la eficacia de dicha Ley 9223 y preservar así la integridad del REGAMA, que implica ni más ni menos la defensa de la Hacienda pública, frente a la voracidad de ciertos empresarios a quienes beneficia directamente dicha ley (más que al difuso concepto de “los habitantes del Caribe sur”), al proteger legalmente y fomentar un negociado de bienes raíces dentro de la ZONA MARÍTIMO TERRESTRE (ZMT) y cercenando a su vez un valiosísimo territorio del REGAMA, sin que medien los estudios técnicos que señalen no solo el impacto ambiental que tendría dicha ley, sino además las posibles medidas de mitigación de ese impacto negativo.

Más adelante veremos cómo los supuestos informes técnicos presentados “por el SINAC” (más bien por el ACLAC, aparentemente), no reunían los requisitos y objetivos necesarios y conducentes al trámite de ley, sino que presentan serias inconsistencias y vacíos que los vuelven inadmisibles para ser considerados en dicho trámite legislativo.

Sobre el vicio en el trámite del proyecto de Ley Céspedes, habían elementos de juicio –de tipo jurídico y de técnica legislativa– que estaban a disposición de la ciudadanía de forma abierta y transparente, y desde luego, disponibles para cualquier auditoría que quisiera consultarlos y entre ellos, el Dictamen del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa (oficio ST-086-2012 del 24 de abril de 2012), que es vinculante para las señoras y señores Diputados, pero que fue olímpicamente desechadopor el exdiputado Céspedes y demás miembros de la Comisión legislativa. Ese oficio ST–086–2014 señala con claridad meridiana el incumplimiento del requisito de fundamentación técnica para una ley que cercena un refugio de vida silvestre.

Aquí es donde resentimos la inercia y el silencio de la Auditoría del SINAC, porque este tema tuvo mucha publicidad por diversos medios y a usted se le hizo llegar copia de nuestras denuncias al respecto, en diversos oficios.

Denunciamos también en su momento, cómo el director de ACLAC, Ing. Edwin Cyrus, tuvo una sospechosa y muy activa participación ante la Comisión legislativa de reiterada cita, apoyando cercenar el territorio del REGAMA, lo cual resulta a todas luces absolutamente incomprensible y contradictorio. Solo este hecho debería despertar la suspicacia de cualquier auditoría, pero no tenemos conocimiento de que ello le moviera a investigar esas actuaciones, tan cuestionables en un funcionario llamado a defender en primera línea nuestros recursos naturales.

Es decir, su despacho no solo fue enterado del tema de forma indirecta sino también de forma directa. Si no se dio por aludida y consideró que era deber del señor ministro del MINAE resolver este tema y que la auditoría interna no debía intervenir en ello, usted tendrá sus razones para actuar de esa forma, pero nosotros, con todo respeto, no compartimos su inercia y su silencio, porque están de por medio los intereses supremos de la nación y de nuestros ciudadanos de futuras generaciones.

Así que en nuestro oficio AEL–071–2017, le agregamos otro elemento importantísimo para que la auditoría interna se interesara por investigar este negociado de bienes raíces oculto detrás de la Ley Céspedes: tenemos ahora además del dictamen de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, el informe UNA-EDECA-D-OFIC-262-2017 de 24/7/2017, suscrito por la M.Sc. Virya Bravo Durán, directora de la Escuela de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional (UNA), mediante el cual traslada “Peritaje para determinar reducción de área y biodiversidad del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo (RNVSGM)” (REGAMA). Las afirmaciones que ahí se hacen sobre las graves inconsistencias de los informes técnicos aportados por “el SINAC” (ACLAC) a la Comisión legislativa que aprobó el Proyecto de Ley Céspedes, podrían hacer presumir a cualquier observador imparcial y objetivo, que quizás hubo intereses espurios detrás de esas inconsistencias que favorecieron de diversas formas la aprobación de la Ley Nº9223.

Por todo lo anterior, señora auditora, dijimos y sostenemos que su despacho ha sido pasivo y silente –quizás por ignorancia nuestra de la normativa o por desconocimiento de algunos hechos que demuestren lo contrario– y si estamos equivocados, con toda hidalguía haremos públicas las disculpas del caso, ante las diversas instancias ante las cuales hemos remitido copia de nuestras denuncias.

Esperando haber satisfecho su solicitud, nos reiteramos a sus órdenes, cordialmente,

 

Marco Levy Virgo

PRESIDENTE

Asociación de Desarrollo para la Ecología

 

Imagen con fines ilustrativos.

Enviado por Marco Levy.

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Santuario de osos perezosos en peligro por la piña

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

Un santuario de osos perezosos del país y la mayor finca orgánica de cacao del país, conocida como FINMAC, en Pueblo Nuevo de Guácimo fue vendida para ampliar una plantación de piña vecina.

La noticia tiene preocupados a vecinos y ambientalistas pues aseguran que están en riesgo el hábitat de unos 450 osos perezosos y otras especies. La Finca ha sido catalogada como el “Paraíso de los osos perezosos” y “oasis agroforestal”  y ha sido objeto de varias investigaciones de estos tiernos y vulnerables animales.

Una de las investigaciones del Museo Público de Milwaukee y la Universidad de Wisconsin realizadas en la finca demostró que los Perezosos de Costa Rica son más activos de lo que se creía pues logran desplazarse hasta ocho kilómetros en dos meses (La Nación, 28-9-2005).

Una tesis de maestría en Manejo de Recursos Naturales de la UNED para evaluar la exposición a plaguicidas se estudió una población de perezosos de la finca. El estudio se realizó del 2005 al 2008, se muestrearon un total de 58 perezosos, 46 de la finca y 12 de un centro de rescate. Se tomaron muestras para el análisis de residuos de plaguicidas y muestras de sangre. El estudio concluyo que los perezosos están expuestos a los plaguicidas ametrina, clorpirifos, clorotalonil, diazinón, difeconazol, deet, etoprofos y tiabendazol. La exposición de estos animales es probablemente por la ingesta de alimento contaminado y por contacto directo con los plaguicidas (Pinnock, M. UNED, 2010)

Esta última investigación ya revela el impacto de la producción de piña en estos animales por lo que los ambientalistas de la Asociación Pro Defensa de los Recursos Naturales del Caribe (APRENAC) solicitaron información al MINAE pues “temen se mande solapadamente a eliminar la fauna de la misma para borrar toda evidencia en caso de una inspección de las autoridades del ramo.”

APRENAC asegura que esa posible acción de la deforestación va agravar más el entorno de esas comunidades ya muy afectadas. Además, solicitan una intervención inmediata para verificar que esta sospecha que tienen los vecinos de la finca no se concrete.

Según una publicación de RAINFOREST ALLIANCE la finca FINMAC cuenta con 244 hectáreas, unos 120.000 árboles de cacao que están plantados bajo la sombra de cientos de árboles de almendro, sota caballo, cristóbal y eucalipto, así como cientos de plantas de banano y palmas de coco. Este sistema agroforestal, conocido como un “agrobosque” de cacao, es un hábitat ideal para aves, monos aulladores y especialmente para los osos perezosos que son tan icónicos de Costa Rica. La población de monos aulladores dentro de la finca, la cual ha crecido de cinco a 40 individuos en 10 años (Un paraíso de osos perezosos, 6-6-2016, RAINFOREST ALLIANCE).

Una reciente publicación confirmó la venta de la finca a la piñera por lo cual se dio la alerta de que en cualquier momento puede iniciar la destrucción de este santuario de perezosos, bosques y cientos de especies según esta fuente es la finca de cacao orgánico más grande del país y su destrucción representa una pérdida del 20% de la producción total de cacao del país y de la mayor parte de la producción de cacao orgánico costarricense. (ecolechocolat.com).

Informes con Walter Mora, 8793 6263, Presidente de Asociación Pro. Defensa de los Recursos Naturales del Caribe (APRENAC).

Santuario de osos perezosos en peligro por la pina
Foto de Vida silvestre: exposición a plaguicidas Margaret Pinnock Branford Ecotox-IRET-UNA.

Enviado por FECON.

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