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15 municipalidades y 2 universidades contra herbicidas

Escrito en 07/09/2017. Publicado en Madre Tierra.

Las municipalidades de La Unión y Mora se declararon libres del uso de herbicidas en sus áreas de administración públicas.

Siguiendo a la municipalidades de: Alajuela, Esparza , Sarapiquí, Desamparados, Aserrí, Belén y Pérez Zeledón. Mientras otras que tomaron acuerdos para prohibir el uso del herbicida glifosato son: Corredores, Quepos ,Tibás, Santo Domingo, Montes de Oca, Talamanca y las instituciones de la UNED y UCR.

¡Municipalidad de Mora la primera! Cuando iniciamos la campaña, en abril pasado, con la declaratoria de Pérez Zeledón creímos que era el primer cantón, pero según nos informaron en Mora tenían 2 años de aplicar esta medida para protección de la salud ambiental del cantón. Esta acción demuestra que tanto municipios urbanos o rurales pueden manejar sus áreas públicas sin recurrir al uso de estos peligrosos venenos.

Según Roger Madrigal encargado de los servicios municipales: “esta municipalidad tiene en sus políticas el no uso de herbicidas, hace dos años que no se usan, es muy grato saber que el cantón toma un acuerdo que lo sustenta”.

Nuria Quirós presidenta de la Comisión Ambiental del cantón de Mora aseguro que “después de ver las otras declaratorias, hicimos un dictamen de comisión y decidimos unánimemente decláranos a favor de un ambiente más sano libre de pesticidas y herbicidas que intoxiquen el ambiente, pero además decidimos motivar a los agricultores para un cambio que promuevan otras formas de producir”.

La Municipalidad de La Unión asegura en su acuerdo que “posee una Política Ambiental, la cual cita: En la Municipalidad de La Unión, nos comprometemos a liderar de manera solidaria, responsable y consciente, los esfuerzos, estrategias y proyectos para promover la conservación de los recursos naturales, la prevención y reducción de la contaminación” Por lo tanto: “declárese el Cantón de La Unión, Cartago, territorio libre de aplicación de agroquímicos o agrotóxicos en áreas públicas como son: caminos vecinales y carreteras, parques, jardines públicos, campos de deporte, áreas de recreo, cementerios, recintos escolares, aceras, caños, y los espacios cercanos a los centros de asistencia sanitaria”.

Además, la Municipalidad aseguró que en apego a esta declaratoria “se promueva la adopción de formas más sustentables para el manejo y control de las áreas verdes municipales, con formas que excluyan el uso de este tipo de plaguicidas de comprobada o presunta toxicidad para los seres humanos y todas las formas de vida, causantes de daños a la salud y al ambiente principalmente el recurso hídrico, de manera que comprometen la calidad y disponibilidad de recursos para las generaciones futuras”.

La Unión definió que “se permita el uso adecuado y regulado, de las sustancias químicas de esta naturaleza que se mantienen como parte del inventario en las bodegas municipales. Una vez agotadas las existencias, entrará en vigor esta propuesta”.

La campaña “Desintoxiquemos Costa Rica” busca prohibir no solo el glifosato sino también aquellos otros que aparecen que forman parte de la lista de Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAP) (ver aquí), como el herbicida Paraquat, uno de los más dañinos en uso en Costa Rica. Este peligroso agrotóxico está prohibido en más de 40 países en el mundo y los ecologistas han solicitado una prohibición de su uso en Costa Rica (FECON, 2-8-2017).

El movimiento Desintoxiquemos Costa Rica es animado por organizaciones ecologistas como la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL), Red de Coordinación en Biodiversidad, FECON, y el Bloque Verde, entre otras. A nivel local son cientos de organizaciones campesinas, sindicatos, grupos de mujeres, agrupaciones indígenas, personas profesionales, estudiantes y muchas más las que se están exigiendo lugares públicos libres de agrovenenos.

Enviado por FECON.

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Informe de la UNA confirma reducción de Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo

Escrito en 07/09/2017. Publicado en Madre Tierra.

Un informe de la Universidad Nacional confirma que se ha dado una reducción del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo.

El documento de la UNA fue presentado ante la Sala Constitucional «para mejor resolver» en el recurso presentado por la Asociación de Desarrollo para la Ecología que se tramita en esa instancia. Para conocer antecedentes sobre este caso pues consultar este enlace: https://surcosdigital.com/?s=Gandoca

En el siguiente vínculo puede ver el informe de la UNA:

Informe de la UNA sobre Regama

*Imagen tomada del video https://youtu.be/Nm7

Enviado por Marco Levy Virgo.

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UNA prohíbe pajillas y empaques plásticos en sodas universitarias

Escrito en 03/09/2017. Publicado en Madre Tierra.

A partir del 1 de setiembre próximo, pajillas, removedores y empaques plásticos desechables desaparecerán de las sodas de la UNA, donde desde 2008 se prohibió el uso de estereofón, como parte de las medidas a favor del ambiente

En sesión ordinaria del pasado 9 de agosto, el Sistema Institucional de Sodas y Afines de la Universidad Nacional (SISAUNA) acordó “prohibir el uso de pajillas, removedores y empaques de plásticos desechables en los servicios de alimentación de la Universidad Nacional, a partir del 1 de setiembre de 2017”.

El acuerdo del SISAUNA –órgano adscrito a la Vicerrectoría de Vida Estudiantil- toma en cuenta el problema ambiental que generan los productos plásticos desechables, los cuales pueden permanecer inalterables por periodos que pueden ir entre los 100 y 500 años, debido a que su degradación es muy lenta.

Además, estos se producen a partir de combustibles fósiles derivados del petróleo, lo que –según el SISAUNA- provoca una excesiva presión sobre las limitadas fuentes de energía no renovables. Asimismo, algunos de los químicos utilizados para su fabricación son tóxicos.

El acuerdo contempla promover el uso de empaques compostables, de cartón o biodegradables para empacar comida para llevar.

Como alternativa para contribuir con la solución de los problemas causados por productos plásticos desechables, se propone utilizar vajillas e implementos desechables amigables con el ambiente, por ejemplo aquellos fabricados con materiales compostables y biodegradables, como la fibra de palma y bagazo de caña.

Desde el 2008, la UNA prohibió el uso de envases de estereofón en las sodas y afines de la UNA para vender comida para llevar, precisamente con el objetivo de disminuir la cantidad de residuos producidos y promover la reutilización y el reciclaje.

Esta nueva medida a favor del ambiente, considera que la UNA apunta sus esfuerzos a realizar sus actividades bajo principios de sustentabilidad e implementa nuevas formas de mitigar los impactos ambientales que se presentan en los campus de la institución.

***Mayor información en la Vicerrectoría de Vida Estudiantil 2562-6430 / 2562-6432 o en la Oficina de Comunicación 2277-3067.

*Imagen con fines ilustrativos tomada de elcomercio.pe

Enviado por UNA Comunicación.

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Gobierno excluye a FECON de Comisión de SETENA

Escrito en 01/09/2017. Publicado en Madre Tierra.

Un nuevo decreto (DecretoN°40505), sin ninguna consulta, cambia la representación que ostentaba formalmente FECON al seno de una Comisión Adscrita al MINAE constituida para fortalecer el rol de SETENA, señalando ahora que los grupos ambientales serán representados por una “ONG” estableciendo una especie de “representación genérica”.

Nos referimos a la Comisión Comisión Nacional Asesora Técnica Mixta que fue conformada en 2005 (N° 32631-MINAE) para “dar apoyo a la Secretaria Técnica Nacional Ambiental mediante en el desarrollo y modernización de los instrumentos técnicos y procedimientos del sistema de Evaluación de Impacto Ambiental del país” (art. 1). Esta Comisión Mixta, estaba formada por instituciones del Estado, ONG, colegios profesionales, consultores, cámaras del sector productivo y FECON como entes de la sociedad vinculados a la gestión de la SETENA.

El nuevo decreto que ha expulsado a FECON en dicha comisión nos obliga a señalar que:

Es evidente en este caso que el gobierno no soporta la crítica y prefiere atraer a organizaciones más favorable a sus intenciones y, tal como cualquiera de los anteriores gobiernos se cobra la beligerancia con que hemos actuado exigiendo el cumplimiento de su propio instrumento de campaña, el Pacto Ambiental, en temas como incineración, expansión piñera, agroquímicos, semillas y transgénicos.
Significa otro grave retroceso y es lamentable que suceda después de insistir tanto que reactivar dicha comisión de SETENA para sacarla del destino de inoperancia e irregularidades que empuja a posiciones extremas sentenciado candidatos en el actual proceso electoral, máxime cuando es claro que lo único que ha hecho este gobierno en SETENA, es equivocarse.
Sorprende que sobreviviéramos a los tres gobiernos anteriores del “bipartidismo” donde era evidente un mayor malestar por nuestra presencia y logramos permanecer a pesar de varios cambios en la conformación de dicha Comisión. Es sintomático que sea en este gobierno de “Acción Ciudadana” y con un Pacto Ambiental firmado en campaña, que se actúe con este revanchismo, inmadurez y mediocridad política y decida hacer “al menos algo” a escasos meses de terminar la administración.
La gramática utilizada en el nuevo decreto demuestra un retroceso en la comprensión de los sanos intereses estatales que refrendan a la participación pública, señalando más las mismas debilidades de la participación que las fortalezas de una gobernanza democrática de los bienes comunes. La gramática utilizada no sólo significa un retroceso en la comprensión de la participación en materia ambiental a inicios de la década de los 90 del siglo anterior, sino que aleja al menos una década más el cumplimiento del Principio 10 de la Cumbre de la Tierra.
Si bien comprendemos que tan biodiversa es Costa Rica como diverso es su movimiento socioambiental y a eso debe la riqueza de sus conquistas, sería muy simplista, erróneo y peligroso afirmar que una sola organización o red representa su totalidad. Sin embargo, la FECON tiene 28 años de trabajo. Los logros de sus organizaciones hablan por sí solos. Representamos una fracción institucionalizada del movimiento ambiental y tiene un carácter consultivo para instancias de Estado y representación por ley en la Comisión Nacional de Gestión de la Biodiversidad y en la Comisión Técnica Nacional Asesora en Bioseguridad.

Antecedentes

A pesar de que la Comisión es de tipo consultivo y por tanto sus decisiones no tienen carácter vinculante, esta fue “congelada” en el gobierno de Arias (2006-2010) pero si sesionó en el mandato de Laura Chichilla, cuando se reactivó gracias al acuerdo 149 -2012- MINAET-Presidencia donde se nombró los representantes de todos los sectores. Para ese momento por la FECON fue ratificado como propietario el Dr. Jorge Lobo y como suplente la Lic. Heidy Murillo. En ambos gobiernos, sin embargo, se prefirió mantener una intervención política sobre SETENA que engrosó el cúmulo de fracasos e irregularidades y nunca lograron las ofertas electorales de la reforma estructural necesaria para que esta institución sea funcional y cumpla su mandato.

Entre la lista de irregularidades están:

Caso Crucitas: el complaciente y cuestionado trámite ambiental que realizó la SETENA donde esperan un nuevo juicio el exministro Roberto Dobles y varios funcionarios de la Secretaría;
La Marina Moín donde se otorgó una viabilidad ambiental que afectaba un humedal (FECON, 03-9-2013).
El caso de la fallida refinería: la revisión realizada en el trámite de Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que llevó a cabo la SETENA para este proyecto pone en clara evidencia que esta Secretaría no ha actuado con objetividad y total neutralidad científica y técnica. Estos casos fueron llevados al ministerio público.
Otras irregularidades se presentaron en el caso de torres y antenas de telefonía celular, así como el caso de P.H. Diquís, la evidente pérdida de autonomía técnica, las anomalías en trámites de diversos EIA de proyectos, la no reglamentación de la Evaluación Ambiental Estratégica de políticas, planes y programas (ver completa las denuncias en http://feconcr.org/doc/setena/reformarSETENA.pdf).

Ante ese panorama y atendiendo los compromisos de campaña del Pacto Ambiental del PAC, de Luis Guillermo Solís y de su Ministro, a tan solo cuatro días de ingresar la actual administración se lanzó un pronunciamiento de más de 20 organizaciones solicitando como “primer reto ambiental del Gobierno: reformar la SETENA”. La respuesta del gobierno fue un diálogo y nombrar transitoriamente a Mario Céspedes Pereira como Directo quien a la postre, se vio envuelto en una serie de denuncias por irregularidades (Telenoticias, 24-07-2017, Telenoticias, 25-07-2017 y Telenoticias 26-07-2017) y “salió directo” para el MOPT. La verdadera respuesta fue tirar la pelota para adelante.

Nuestro pedido mencionado a la administración Solís fue la renovación -por completo y de forma urgente- de la Comisión Plenaria de la SETENA, el cambio de Secretario General y la renovación completa de la totalidad de los cuadros técnicos y administrativos. Al mismo tiempo, que se acelerara ante la Asamblea Legislativa, el proyecto de Ley para despolitizar esta Secretaría y darle autonomía técnica y financiera. Finalmente, los ecologistas demandamos, en aquel momento, que realicen investigaciones profundas por medio de auditorías externas para que se sienten responsabilidades y las sanciones correspondientes tras los casos denunciados, que demuestran una mala gestión dentro de esta institución (ver solicitud completa).

También solicitamos una reactivación de la Comisión Mixta de apoyo a SETENA, tal como lo planteaba el fracasado Pacto Ambiental, sin embargo el gobierno fijó su ruta en megaproyectos heredados de infraestructura enrumbándose hacia donde ya no cabe duda que llegamos: un des-gobierno en materia ambiental que maquilló pero continúa la agenda que venía de administraciones anteriores (FECON,03-05-2015). Para esto aprovechó y profundizó los procesos de desregulación ambiental y de inoperancia de SETENA, tratándolos de disfrazar como acciones participativas entre empresarios y burócratas (FECON, 26-2-2015).

Hemos solicitado en los últimos tres gobiernos la reactivación de la Comisión Mixta Asesora de la SETENA y que sea en el seno de esta instancia, que se discuta la problemática actual, posibles soluciones o bien como mínimo se fijen las bases del diálogo y que no sea decidido unilateralmente por SETENA, tal como finalmente lo hizo el actual gobierno.

Ante la renuncia de Freddy Bolaños Céspedes a la Secretaria de SETENA en 2015 solicitamos nuevamente que se convocara a la Comisión Mixta para reformar la institución y que toda la Comisión Plenaria renuncie, fuimos críticos del ex secretario Bolaños (que sustituyó a Mario Céspedes) pues su única labor se limitó en aprobar proyectos polémicos como el Muelle de APM terminal, Ruta 257, Tajo Asunción y flexibilizar aún más los procedimientos para facilitarles a los desarrolladores sus proyectos en detrimento del ambiente y las comunidades. Además, señalamos en el comunicado que “Con el nuevo gobierno en SETENA no hubo ni asomo del “cambio” prometido frente a los poderosos intereses políticos y económicos que han intervenido, de manera permanente tanto en los anteriores como en el presente gobierno”(FECON, 10-9-2015).

Informes: Mauricio Álvarez, presidente FECON, 88709165

Enviado por FECON.

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UCR: motivación y experiencia presentes en la Semana IQ 2017

Escrito en 26/08/2017. Publicado en Derechos, Madre Tierra.

Sobresale labor desde la Ingeniería Química para mitigar el cambio climático

Francesca Brunner Alfani,

Periodista Oficina de Divulgación e Información UCR

UCR motivacion y experiencia presentes en la Semana IQ 2017 — La Semana IQ 2017 se realizó del 21 al 25 de agosto y contó con diversas charlas y talleres para personas interesadas en esta área y estudiantes de la carrera (foto Archivo ODI).

En el marco de la Semana IQ 2017 organizada por la Asociación de Estudiantes de Ingeniería Química se realizó una charla con el Ing. Kendal Blanco Salas, egresado de la Escuela de Ingeniería Química (EIQ) y quién presentó las diferentes opciones en las que un especialista de su área puede laborar y aportar en la lucha contra el cambio climático.

El Ing. Blanco Salas, graduado UCR en el 2014, trabaja actualmente en el Instituto Metereológico Nacional (IMN), en el apartado de Medio Ambiente y Emisiones de Gases, además de estar vinculado a proyectos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en temas relacionados.

En su charla titulada: Ingeniería química y cambio climático en Costa Rica, señaló que el papel de la ingeniera o ingeniero químico en esta área va desde la investigación profunda, monitoreo y estimación de gases de efecto invernadero en el ámbito local, hasta la medición de la huella de carbono, la determinación de los factores de emisión nacional y la realización del Inventario Nacional de Emisiones de Gases, entre otras aristas.

De igual forma el Ing. Blanco Salas motivó a las y los estudiantes a entrar en el campo del medio ambiente y cambio climático, “estoy tratando de convencerlos, si les gusta la proyección internacional probablemente no hay otro tema con mayor proyección externa que este”, aseveró.

Fabrica — Algunos de los principales gases de efecto invernadero que llegan a la atmósfera son el metano, dióxido de carbono y óxido de nitrógeno (foto Archivo ODI).

Actualmente, este especialista está revisando inventarios de emisiones de gases de otros países como parte de su participación dentro de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático.

Además, contó que cuando estaba estudiando en la EIQ no sabía que el IMN contaba con ese programa y que se podía trabajar ahí, sin contar que él mismo pensaba que no quería trabajar en temas del medio ambiente ni para el sistema público, aunque terminó en ambos y dice amar lo que hace.

Su experiencia lo llevó a incentivar a las y los estudiantes a buscar otras opciones para que lleguen a trabajar en algo que realmente les cautive: “ese era el objetivo de la charla, que no sólo se enteraran de la parte de emisiones de gases, sino también que hay instituciones de las que uno no tiene ni la menor idea del campo que cubren y que la ingeniería química está ahí”, recalcó Blanco.

De igual forma expresó que en el ámbito nacional la labor más importante de esta carrera es “ayudar al desarrollo y a la misma sostenibilidad de ese desarrollo, elingeniero químico debería ser un factor clave para eso”, subrayó.

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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El asedio y asalto a los Parques Nacionales

Escrito en 26/08/2017. Publicado en Madre Tierra.

Mauricio Álvarez Mora (*)

Día de Los Parques Nacionales. Un año más para celebrar y estar orgullosos de nuestro patrimonio natural como herencia a futuras generaciones. Pero las últimas celebraciones se han convertido en interminables listas de amenazas y hechos que evidencian que el sistema de conservación atraviesa una grave crisis que dejó de ser pasajera para verse más concreta y profunda.

Este año denunciamos una gran lista de despropósitos que se promueven y avanzan contra la fuerza de ese legado histórico de construir una verdadera paz con la naturaleza, por lo menos en estos espacios, para contener la guerra que denunciamos cotidianamente fuera de estos sitios.

Un hecho importante que contar es que gracias a las diversas gestiones realizadas por guarda parques, SITRAMINAE y organizaciones ambientales, fue indultado el guarda parques Mauricio Steller (FECON, 1-9-2015).

En el tercer informe presidencial de mayo pasado se destacó como logro ambiental un préstamo para infraestructura en el Parque Nacional Corcovado, el cual fue negociado y aprobado en administraciones anteriores. A dos días de inauguradas las instalaciones millonarias, un grupo de aproximadamente 250 oreros ilegales invadió parte del Parque dejando en evidencia que aunque “la infraestructura se vista de seda el Parque desprotegido se queda” pues hacen faltan plazas de guardaparques y durante este año tampoco se resolvieron las múltiples demandas y necesidades de este sector (FECON, 21-2-2017).

Lo más grave es que los préstamos para las áreas protegidas están en función de crear condiciones para su explotación turística, mientras el gobierno promueve una serie de proyectos, acciones y leyes que debilitan y destruyen las áreas protegidas y Patrimonio Natural (FECON, 24-8-2016).

Entre las principales acciones y proyectos impulsados en el último año están:

El proyecto N º 19.899 que Luis Guillermo Solís Rivera y Carlos Villalta Villegas, Ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), presentaron para reformar la Ley General de Caminos (Ley N. º 5060). El proyecto está en la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa, donde pretenden darle la autorización al Estado de construcción de nuevas obras viales en todo tipo de Área Protegidas, incluyendo Parques Nacionales (FECON, 10-8-2016).
La ley 9373 de moratoria en zonas especiales. Una ley que pospone todos los desalojos en zonas públicas y zonas de protección marítimo- terrestres, desprotegiendo el patrimonio natural del Estado (FECON, 15-7-2016). La ley fue impugnada por ecologistas mediante una acción de inconstitucionalidad, y se pretende corregir ésta regresión ambiental (FECON, 12-10-2016).
Diputados de gobierno siguen promoviendo la geotermia en Parques Nacionales, contradiciendo el mismo mandato de Solís que declaró que estos proyectos no serían aprobados en su administración (FECON, 29-6-2016 y FECON 4-12-2014). También la Subcomisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa, archivó por unanimidad la propuesta de “Ley para la Explotación del Recurso Geotérmico” expediente no. 19.339. El dictamen asegura que “adolece del cumplimiento de los estudios técnicos y ambientales que el ordenamiento jurídico exige para que pueda aprobarse (…) lo que podría derivar en un eventual problema de constitucionalidad” (FECON, 5-7-2017).
En Guanacaste el gobierno presentó en el Día de la Anexión un proyecto para cercenar 115 hectáreas que pertenecen a la Reserva Lomas de Barbudal, la cual es parte de un sitio de importancia RAMSAR, para hacer el embalse Río Piedras. Se trata de una iniciativa para llevar agua a los ismos de siempre, para seguir despilfarrándola y haciendo agricultura extensiva e ineficiente (FECON, 6-9-2016).
En este año los guardaparques de la Isla del Coco hicieron el mayor decomiso de tiburones dentro del área protegida: 93 tiburones muertos de diferentes especies. Tan solo rescataron tres vivos entre las líneas de pesca. El Viceministro de Aguas y Mares que defendió anteriormente la matanza de tiburones para la exportación en el Parque Nacional Isla del Coco, intentó desmentir que hay pesca ilegal en la isla, afirmando que se “trataba de una percepción errónea de los guardaparques”, cuando son ellos quienes denuncian cotidianamente y con evidencia contundente (FECON,24-3-2017).
El gobierno logró trasladar la representatividad nacional en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies amenazadas de Fauna y Flora Silvestres -CITES- al Ministerio de Agricultura y Ganadería, bajo el miope interés de legitimar la exportación de 8 toneladas de aletas de tiburón al mercado asiático que el sector pesquero nacional ha acumulado desde que se prohibió su exportación en 2015.En el proceso, incluso, se ha desmantelado un órgano científico-técnico como el CRAC – CITES para transformarlo en un órgano consultivo donde impera el criterio de quienes se enriquecen destruyendo nuestra fauna silvestre marina. (FECON, 24-3-2017).
A pesar de la pomposa presentación de una “Política Nacional de Humedales” hemos denunciado después de su presentación el estado de diferentes humedales designados Sitios Ramsar como la Laguna de Sierpe (FECON, 13.3-2017 FECON, 13.3-2017), la situación del Humedal Terraba-Sierpe amenazado por la expansión piñera (FECON,21-4-2017).También recientemente se denunció la destrucción del Humedal Caño Negro (Semanario Universidad,3-4-2017).
Para agudizar la contradicción con la Política de Humedales se firmó un decreto Nº 39838. Ya los humedales de Costa Rica no cuentan con toda la protección ambiental pues con una declaración de conveniencia nacional se da luz verde para intervenir zonas para la reparación, construcción y ampliación de infraestructura. El decreto fue impugnado por ambientalistas por acción de inconstitucionalidad en Sala IV (FECON, 06-3-2017).

Más que ejemplos puntuales ya vemos una clara tendencia para asaltar el Sistema de Áreas Protegidas en Costa Rica. La clara intención de ir minando y desmantelando con leyes, decretos y acciones lo que ha costado tres generaciones de ahorro en “recursos” naturales en este país. Esfuerzos que nos ha dado el prestigio ambiental mundial, que hoy empieza a estar en entredicho, por contradicciones que no se sostienen en el tiempo. También es meritorio reconocer que muchos de estos intentos están siendo combatidos en las vías de derecho y hecho por comunidades, guarda parques, académicos y el sector ecologista. La crisis es real y no se puede ignorar más.

(*) Presidente FECON y profesor en Kioscos Socio ambientales UCR

Enviado por FECON.

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Organizaciones ecologistas apoyan protección del Jaguar en Tortuguero

Escrito en 26/08/2017. Publicado en Madre Tierra.

El día de los Parques Nacionales (24 de agosto) organizaciones ecologistas y comunitarias se manifestaron en defensa de las decisiones que protegen nuestras Áreas Protegidas y critican el abuso del turismo sobre estos sitios que son primordialmente para conservación de los ecosistemas

En los días recientes las organizaciones firmantes y en general hemos sido testigo de las buenas actuaciones de Área de Conservación Tortuguero (ACTO) que apegados a la ciencia y la conservación que es el objetivo principal de nuestras áreas protegidas ha establecido una medida para proteger el habitad del jaguar (Panthera onca) en el sitio conocido como el sector de “Jalova” que es parte Sur del Parque Nacional Tortuguero.

También vemos con asombro la intensión de un reducido pero poderoso grupo turístico en la zona de Tortuguero que quiere lucrar con el “turismo de jaguares” llegando a cuestionar sin bases suficientes las decisiones técnico-científicas de conservación del área y de comité científico que avala dicha medida. Ellos venden costos tour y quieren manipular con algunas migajas a la opinión pública para seguir con un su lucrativo negocio.

Con una campaña de todo tipo de descalificaciones, amparados en publirreportajes y criterios técnicos particulares han tratado de defender su afán de lucro tratando de achacar al área la construcción de una planta de tratamiento que a todas luces no está dentro de sus potestades y deberes que le competen al gobierno central y a la Municipalidad de Pococí que desaprovecho un millonario préstamo en ese sentido.

Los abajo firmantes además alertamos que hay parques nacionales que deberían tomar como ejemplo el esfuerzo de ACTO para crear comités científicos fuertes, planes de manejo con criterios robustos frente a los intereses de explotación comercial desmedida y otras amenazas que enfrentan las áreas protegidas.

Por esta situación nos parece que la sociedad debe tener claro que apoyamos la decisión del área, y que entendemos que esta decisión va en sentido correcto de limitar el gobierno que quieren tener algunos mezquinos intereses de grupos turísticos sobre las áreas protegidas desplazando decisiones de capacidad de carga y criterios de manejos por intereses de lucro y turismo masivos en áreas frágiles amenazando la integralidad de las áreas protegidas.

FECON, Bloqueverde, Frente Ecologista Universitario (FECOU), Red de Coordinación en Biodiversidad, Grupo ecologista de Occidente, CoecoCeiba, PROAL , UNOVIDA , Hacia Basura O, Movimiento Ríos Vivos, Comisión de Ambiente y Turismo de Coto Brus, Asociación Mujeres Unidas de África Guácimo, Pacto Mundial Consciente, Finca Amalur, Asociación de Ecología Social, Comisión Defensora de los Ríos Convento y Sonador, Comisión pro Ríos del COBAS, Comité Cívico Agropecuario de Coto Brus Hernando Ureña Brenes, Comité de Agua Longo Mai Abajo, Cámara de Turismo Rural Comunitario de Coto Brus, Comisión de Ambiente y Turismo de Coto Brus, Amigos del Pacuare, Refugio de Vida Silvestre Longo Mai, UNAPROA, Comité Cívico de Buenos, APREFLOFAS, Red Ecologista Estudiantil Popular (REEP), Asociación de Administración del Acueducto de Milano, Ecolur compostaje doméstico, Colectivo de Comunicación Popular Radio Machete, Fundación Bandera Ecológica, Comité ProDefensa Río Virilla, Coronado Por la Naturaleza, Comisión ZP El Chayotey Frente de Resistencia Animal y de La Tierra

Ver más información del cierre del sitio: comunicado SINAC, resolución de ACTO y resolución del SINAC

Enviado por FECON.

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Continuará presión para archivar el PH San Rafael

Escrito en 25/08/2017. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo, Madre Tierra.

Génesis Santiago R.Cruz (1)

El Proyecto Hidroeléctrico San Rafael podría ser archivado por no gestionar sus permisos en el plazo establecido y corre el riesgo de que se anule su viabilidad ambiental y los permisos de uso de suelo otorgados por una funcionaria municipal de forma irregular. Mientras tanto, el Movimiento Ríos Vivos de Costa Rica presiona para que se declare una moratoria municipal a las hidroeléctricas en Pérez Zeledón, que sea incluida en el Plan regulador del cantón.

El Estado costarricense parece apostar cada vez más por la apertura y liberalización de la generación de energía eléctrica. Esto ha propiciado la expansión de proyectos hidroeléctricos, tanto públicos como privados, sin la debida planificación y evaluación de sus impactos. Además, el otorgamiento de permisos y los procesos de consulta a las comunidades han detonado cuestionamientos y oposición por parte de diversos sectores sociales de todo el país.

El Proyecto Hidroeléctrico San Rafael, presentado por la empresa Grupo H Solís, obtuvo viabilidad ambiental el 27 de octubre del 2016. Este proyecto pretende represar el Río San Rafael, que se ubica en el cantón de Pérez Zeledón, al sur de Costa Rica. En teoría, este permiso significa que es posible desarrollar el proyecto sin generar un costo social y ambiental mayor a los beneficios que produciría en la comunidad.

La Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) es el ente que otorga las viabilidades ambientales, tomando en cuenta “supuestos” criterios técnicos. No obstante, ha sido cuestionada en muchísimas ocasiones por sectores académicos y ambientalistas, que han denunciado que actúa movida por influencias políticas y económicas, más que por criterios técnicos.

En el caso del PH San Rafael, los cuestionamientos a la viabilidad ambiental otorgada por la SETENA no se hicieron esperar. El trámite del expediente de este proyecto fluyó con inusitada rapidez: el estudio sociológico se realizó en menos de un mes y la viabilidad ambiental fue otorgada al día siguiente de haberse presentado dicho estudio. Esto levantó sospechas entre vecinas y vecinos de la zona, ya que este tipo de estudios demoran varios meses e incluso años para ser aprobados para proyectos similares.

Por eso, varios comités defensores de los ríos de las comunidades de Buenos Aires, Pérez Zeledón y Coto Brus, aglutinados en el Movimiento Ríos Vivos de Costa Rica, han unido esfuerzos para detener el avance del Proyecto Hidroeléctrico San Rafael.

Si bien la viabilidad ambiental de SETENA es uno de los requisitos más importantes para que este proyecto tenga luz verde e inicie las obras de construcción, hay otros permisos y trámites pendientes que, afortunadamente, han obstaculizado la construcción de esta hidroeléctrica.

Aún están pendientes de aprobar: la concesión de aguas de la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE); los permisos municipales que están en proceso de juicio por haberse otorgado de forma irregular; y la declaratoria de conveniencia nacional, que debe emitir el Poder Ejecutivo.

Además, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) debía dar la concesión para la prestación del servicio público de suministro de energía eléctrica; es decir, el permiso para que el proyecto pueda vender la energía que produzca. Afortunadamente, la ARESEP emitió un dictamen negativo en relación al proyecto el 1ero de agosto de 2017, debido precisamente a que el PH San Rafael no tiene, a la fecha, la concesión de aguas del MINAE aprobada.

Ahora la empresa deberá presentar una solicitud de prórroga del tiempo para la gestión de sus permisos, lo que dichosamente atrasará la aprobación de este proyecto. Si el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) no renueva en octubre dicha solicitud de prórroga al proyecto, el PH San Rafael sería archivado por no gestionar sus permisos en el plazo establecido.

Como parte de los esfuerzos para frenar el avance de este proyecto, la Comisión Defensora del Río San Rafael, que forma parte del Movimiento Ríos Vivos, presentó una nota al Poder Ejecutivo, dirigida directamente al presidente de la república Luis Guillermo Solís, donde se solicitó que no se otorgue la conveniencia nacional al proyecto.

Según Melvin Solís, representante de la Comisión Defensora del Río San Rafael, el presidente Solís: “se comprometió ante quienes entregaron la nota, que durante su mandato no iba a haber conveniencia nacional para este proyecto”. Sin embargo, estando en periodo pre electoral, esta decisión del ejecutivo sería incierta en el 2018. Para Melvin Solís “es una clara amenaza; hay partidos y hay candidatos a la presidencia que ya dijeron ‘vamos para adelante con este tipo de proyectos’. Por eso estamos corriendo para lograr acuerdos importantes con esta administración y que el proyecto quede enterrado antes de que llegue alguien más a dirigir el país”, dijo.

En la Dirección de Aguas del MINAE, el expediente de concesión de aguas del proyecto está en proceso de estudio. Un Informe Técnico emitido el 19 de julio del 2017 por el Ingeniero Francisco Vargas, de la Unidad Hidrológica Térraba- Pacífico Sur, fue favorable para otorgar la concesión, argumentando que las 950 oposiciones que interpusieron vecinos y vecinas de las comunidades afectadas, no tienen fundamento técnico. Este informe indica que las afectaciones ambientales y sociales del PH San Rafael ya fueron tomadas en cuenta por la SETENA al aprobar la tan cuestionada viabilidad ambiental (que recordemos que se aprobó tan sólo un día después de presentado el estudio sociológico). Ahora le corresponde al MINAE tomar la decisión de otorgar o no la concesión de aguas a este proyecto.

Con respecto a la Municipalidad del cantón de Pérez Zeledón, el 8 de enero del 2016 se presentó a la SETENA un acuerdo del Concejo Municipal, indicando que no se otorgarían permisos municipales, ni certificados de uso de suelo a ninguna construcción del PH San Rafael, en el deslizamiento Zapotal, Quebrada Mollejones y en toda la extensión del río San Rafael, por las condiciones de riesgo en el terreno. No obstante, la anterior alcaldesa de Pérez Zeledón, Vera Violeta Corrales, firmó los permisos de uso de suelo, sin criterio técnico y pasando por encima del acuerdo del concejo. Extrañamente, la misma Comisión Nacional de Emergencias (CNE) desmintió que hubiera riesgo en la zona.

Por eso, actualmente el Movimiento Ríos Vivos está solicitando a las y los regidores de las distintas fracciones, que retomen el acuerdo de no otorgación de permisos al PH San Rafael y que se declare una moratoria municipal a las hidroeléctricas en Pérez Zeledón, que sea incluida en el Plan Regulador del cantón.

También se está exigiendo que se anulen los permisos de uso de suelo otorgados por la ex-alcaldesa de forma irregular, mediante un juicio que se desarrolla ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Si se logran anular estos permisos de uso de suelo, se anularía también la viabilidad ambiental del proyecto otorgada por SETENA.

Finalmente, Ríos Vivos ha gestionado reuniones con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) para que se emita una declaratoria de las cuencas de la zona como fuentes prioritarias para consumo humano y así garantizar a futuro el derecho humano al agua de las comunidades del Sur de Costa Rica. Para Geovanny Arias, del Movimiento Ríos Vivos, “esto va para largo. Vamos a empezar a hacer cadenas y alianzas, y eso es lo que pretendemos. Esto apenas empieza y ahí estamos, humildemente en la lucha”, expresó.

Los grupos de poder de la institucionalidad costarricense, así como diversos grupos empresariales privados, han propiciado la expansión de proyectos hidroeléctricos como el PH San Rafael, amparados en la excusa de que existe un aumento de la demanda energética y de que es necesario producir más energía para reducir las tarifas y hacerlas más competitivas.

Ambos argumentos han sido refutados por sectores ambientalistas y académicos, ya que los datos demuestran que el país ya tiene cubierta la demanda energética. Por lo tanto, este tipo de generación de energía está estrechamente ligada al interés privado de ampliar la oferta exportable a partir de la venta de energía en el Mercado Eléctrico Regional en Centroamérica (MER).

Muchos ríos de Costa Rica hoy son sitios de sacrificio que están atravesados, no por uno, sino por varios proyectos hidroeléctricos. Esto ha reducido los caudales de forma tan significativa y abrupta que, en muchos casos, los daños ambientales son irreversibles. La zona norte de Costa Rica ha visto sus ríos desaparecer con el avance de las hidroeléctricas y piñeras, que hoy amenazan también a los ríos vivos del Sur.

Para el Movimiento Ríos Vivos de Costa Rica, la defensa del Río San Rafael trasciende el nivel local y convoca a muchos sectores a nivel nacional e internacional, alrededor de la defensa la naturaleza, los ríos y del derecho humano al agua de todas y todos.

Más información: https://www.facebook.com/riosvivosmovimiento/

1 Comunicadora popular y facilitadora de procesos en la Asociación Voces Nuestras

Enviado por la autora.

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Cinco municipalidades más prohíben aplicación de herbicidas en áreas públicas

Escrito en 23/08/2017. Publicado en Madre Tierra.

Corredores, Quepos, y Talamanca prohíben uso del herbicida glifosato
Alajuela y Esparza prohíbe la utilización de herbicidas
13 municipalidades, la UNED y la UCR tomaron acuerdos similares

Las municipalidades de Corredores, Quepos y Talamanca tomaron históricos acuerdos para prohibir el uso del herbicida glifosato en sitios de administración municipal como parques y cementerios. Mientras el Concejo Municipal de Alajuela fue para todo herbicida y La Esparza acordó en Acta N° 67-2017: “no aplicar herbicidas y productos agrotóxicos en los parques públicos”.

Estas cinco importantes acuerdos se unen a: Sarapiquí (FECON,27-7-2017), Desamparados (FECON, 5-7-2017), Aserrí (FECON, 3-7-2017), Belén (FECON, 30-6-2017), así como al primer acuerdo tomado en este sentido por el Concejo Municipal de Pérez Zeledón (FECON, 7-4-2017). También se han declarado libres del uso del herbicida glifosato los cantones de Tibás, Santo Domingo, Montes de Oca y las instalaciones de la UNED y UCR.

Desde abril pasado se activó la campaña “Desintoxiquemos Costa Rica” que agrupa ecologistas, agricultores, indígenas, grupos de mujeres y comunitarios que buscan contrarrestar el deshonroso primer lugar mundial en consumo de plaguicidas. Según datos de FAO, World Resources Institute del Banco Mundial, y el Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas (IRET) de la Universidad Nacional (UNA), nuestro país es el consumidor más voraz de agrotóxicos en el mundo (Semanario Universidad, 3-6-2015).

Según informes del (IRET-UNA) el país importó unas 4116 toneladas de ingrediente activo de herbicidas en el 2015, siendo el glifosato, con 1340 toneladas, el más importado. Para tener una idea de proporción, con 1000 toneladas de glifosato se pueden preparar 3,7 millones de litros de una formulación comercial, que alcanzarían para fumigar un 1,25 millones de hectáreas.

“La prohibición de glifosato es un primer paso para ir dejando esta práctica y esperamos que progresivamente los municipios, centros educativos y las instituciones públicas tomen conciencia de que hay alterativas para sustituir todos los agrovenenos”, aseguró Fabián Pacheco, uno de los promotores de la campaña.

En las zonas no agrícolas y urbanas se consume cerca del 35% del glifosato usado en el país, para la gestión de malezas en vías férreas, bordes de caños, linderos, poliductos, entre otros; por tanto, es de primera necesidad generar soluciones alternativas ecológicas.

La campaña busca prohibir no solo el glifosato sino también aquellos otros que aparecen que forman parte de la lista de Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAP) (ver aquí), como el herbicida Paraquat, uno de los más dañinos en uso en Costa Rica. Este peligroso agrotóxico está prohibido en más de 40 países en el mundo y los ecologistas han solicitado una prohibición de su uso en Costa Rica (FECON,2-8-2017).

Enviado a SURCOS por FECON.

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Ambientalista solicita responsabilidad social corporativa por caso Gracor Internacional

Escrito en 23/08/2017. Publicado en Madre Tierra.

SURCOS comparte la carta enviada por el ecologista Marco Levy Virgo sobre la anulación de la prórroga de la Concesión minera otorgada en el Expediente Nº18–87 de Gracor Internacional y en consecuencia dejó sin efecto la resolución N°352-2015-MINAE donde se concedió dicha prórroga.

Limón, 18 de agosto de 2017

MLV-013-2017

Kenneth John Waugh Holguin

RADA, Sociedad Anónima

karolina.araya@apmterminals.com

Robert Jan Hesselink

Van Oord Limitada

Abel González

Gerente General de MECO

Lic. Roberto Cordero

Asesor Legal

Estimadas señoras y señores:

En atención a los valores éticos y empresariales que rigen sus políticas de responsabilidad social corporativa (RSC), les rogamos tomar nota de que según consta en el Expediente Nº18-87–MIRENEM, el Poder Ejecutivo mediante resolución NºR-103-2017-MINAE del 20 de marzo del 2017, anuló la prórroga de la Concesión minera otorgada en el Expediente Nº18–87 de Gracor Internacional, y en consecuencia dejó sin efecto la resolución N°352-2015-MINAE donde se concedió dicha prórroga, es decir, la Concesión de Gracor está vencida y no ha sido prorrogada.

Por lo anterior, en el Expediente 18–87, se retrotraen los hechos al momento de conocer la prórroga y se ordena a la Dirección de Geología y Minas, proceder a revisar la solicitud y prevenir sobre los incumplimientos hallados en el trámite, de acuerdo con la disposición del artículo 126 del Reglamento al Código de Minería.

El señor presidente de la República y el señor Ministro de Ambiente y Energía, consideraron que: (cita textual)

“el proceder de la Dirección no se encuentra ajustado a Derecho y ha hecho incurrir en error al Poder Ejecutivo por medio de la recomendación N°DGM-RNM-905-2015, al haberse encontrado un vicio en el procedimiento que conoció y concedió la prórroga a la sociedad concesionaria por medio de la N°352-2015-MINAE, porque no se cumple con los requisitos reglamentarios y se otorgó sin estar al día en las obligaciones. Por ende, se retrotrae el expediente al momento de conocer la prórroga para que la Dirección de Geología y Minas proceda a revisar la solicitud y prevenir sobre los incumplimientos de acuerdo con la disposición del artículo 126 del Reglamento al Código de Minería. Todo lo anterior, de conformidad con la potestad administrativa en la etapa recursiva de la Ley General de la Administración Pública”.

Pese a lo dispuesto por el Poder Ejecutivo, presuntamente sus representadas siguen comprando el material extraído del Río Chirripó mediante una concesión que es jurídicamente inexistente, es decir, adquiriendo material de río obtenido de manera presuntamente ilegal, sin que ustedes actúen de ninguna forma en concordancia con nuestro régimen de Derecho que rige la materia.

Por lo expuesto, les rogamos tomar nota de la resolución adjunta y actuar en consecuencia con los valores y la reputación de sus empresas y el respeto a la legislación vigente en materia ambiental.

Nulidad Gracor

Imagen con fines ilustrativos.

Enviado por Marco Levy.

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