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Privatización del sistema eléctrico nacional sería un error en materia de cambio climático

Comunicado de FECON

  • Organizaciones y expertos en cambio climático ven con preocupación avance en la Asamblea Legislativa del proyecto n°23414 “Armonización del Sistema Eléctrico Nacional”. Representantes de organizaciones ambientales de todo el país se dan cita para debatir en torno a las oportunidades y desafíos que tiene el país en materia de cambio climático y de transición justa. El Programa Estado de la Nación y la Federación Ecologista han organizado un evento este 15 de octubre, con el fin de analizar en conjunto el camino que debe de seguir Costa Rica en materia de energía y cambio climático para lograr una transición justa hacia modelos energéticos más sostenibles.

Una serie de expertos y representantes de comunidades dan contenido al encuentro denominado “Diálogo multisectorial: transición energía justa en Costa Rica”.

Entre los obstáculos y preocupaciones más importantes para logar la justicia energética y la transición justa se encuentra el proyecto de ley n°23414 “Armonización del Sistema Eléctrico Nacional” impulsado por el Ejecutivo. Osvaldo Durán integrante de la FECON señaló que: “vemos con entera preocupación el curso del proyecto en la Asamblea legislativa y el adverso contexto nacional en favor de la privatización del servicio público de electricidad y el desmantelamiento del ICE. Dialogamos sobre la alianza entre los sindicatos del ICE, diputados y diputadas del Frente Amplio y nuestras organizaciones sociales, con la urgencia de reforzar la organización, movilización y capacidad de propuesta política y técnica para la defensa de la electricidad pública, los ríos y los ecosistemas, ante las propuestas de privatización y desnacionalización.”

El proyecto de ley n°23414 propone debilitar la institucionalidad pública en la administración de la energía eléctrica a nivel nacional, dando paso a un nuevo proceso de privatización, donde empresas privadas, que ya participan de la generación de electricidad, tengan más poder y control sobre la energía de este país. Lo cual hace que el sistema eléctrico pase de ser uno basado en los principios de solidaridad, universalidad y de funcionamiento al costo, para pasar a ser un sistema basado en la especulación, el mercado, el lucro. La energía en Costa Rica dejaría de ser un bien del que goza la gran mayoría de la población, a ser un recurso acaparado por unos cuantos. «A nivel global, la mayoría de los países entienden el tema energético con una cuestión de seguridad nacional, y de un tiempo para acá, un tema de seguridad climática. Es claro que los sistemas públicos de producción y distribución de electricidad públicos son más eficientes y resilientes ante los embates del cambio climático. Sacarlo de la esfera pública es impensable en otras geografías, pero en Costa Rica esta propuesta está movida por el afán de enriquecimiento a costa de la seguridad energética nacional.

Enlace al panel.

Sala Constitucional fija plazo a ministra de la Presidencia para que reactive el Tribunal Ambiental Administrativo y la advierte

El 11 de octubre del 2024 la Asociación Confraternidad Guanacasteca interpuso un recurso de amparo contra el gobierno, por el incumplimiento de sus obligaciones de tener en funcionamiento el Tribunal Ambiental Administrativo, dependencia del MINAE. Este fue declarado con lugar, y se ordenó a Laura Fernández Delgado, en condición de Ministra de la Presidencia, que dentro del plazo de dos meses, se realicen todas las actuaciones a fin de designar a los miembros faltantes en el Tribunal Ambiental Administrativo. De lo contrario, podría incurrir en el delito de desobediencia de conformidad con el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Esto, debido a que la Constitución Política recoge implícitamente el derecho fundamental de los administrados al buen y eficiente funcionamiento de los servicios públicos. Esta obligación se acentúa al tratarse de casos en los que está de por medio la tutela de la protección ambiental, derivado del artículo 50 de la Constitución Política. La protección del ambiente es un mecanismo adecuado para tutelar y mejorar la calidad de vida de todos, lo que hace necesaria la intervención de los Poderes Públicos sobre los factores que pueden alterar su equilibrio y obstaculizar que la persona se desarrolle y desenvuelva en un ambiente sano.

Abajo anexamos la sentencia completa, y le invitamos a leerla e informarse acerca de este tema tan relevante para Costa Rica, siendo este un país baluarte del medio ambiente, cuya administración se le insta en este caso a actuar con celeridad para resolver situaciones de índole ambiental, para defender su patrimonio. Además, puede ver en anexo el PDF con el comunicado de la Asociación Confraternidad Guanacasteca.

Foro en vivo este 16 de octubre: Minería metálica a cielo abierto en Costa Rica: ¿vuelve Crucitas?

El miércoles 16 de octubre a las 6:00 pm, por medio de una transmisión en el Facebook Live de SURCOS Digital, se estará realizando un foro en vivo en donde se va a analizar el futuro de la minería metálica a cielo abierto en Costa Rica y la posible reactivación de esa actividad en Crucitas. La Alianza por una Vida Digna junto a Kioscos Socioambientales UCR organizan la actividad.

Vamos a contar con la participación de tres personas expertas en el tema: Jorge Lobo – biólogo y profesor jubilado de la UCR; Álvaro Sagot – abogado y profesor de Derecho Ambiental de la UCR; y Yanet Rojas – activista de los colectivos Abriendo el Surco y Frente Contra la Minería a Cielo Abierto.

Sintonizá en vivo por Facebook Live en la página de SURCOS Digital y sumate a la conversación. ¡Tu voz y tu opinión son esenciales!

Defensoría emite alerta sobre Plan Regulador Costero Caribe Sur

Recomendó a alcalde y Concejo Municipal de Talamanca suspender cualquier acto de aprobación

La Defensoría de los Habitantes, en seguimiento a la investigación que lleva a cabo respecto al proceso del Plan Regulador Costero Caribe Sur Cahuita, emitió una alerta temprana donde comunicó a la Municipalidad de Talamanca hallazgos preliminares que deben ser atendidos en tres puntos importantes.

Una de las advertencias emitidas por la Defensoría tiene relación con la falta de consulta a los pueblos indígenas, donde se constata el incumplimiento del procedimiento establecido en el Convenio 169 de la OIT y el Mecanismo Nacional de Consulta Indígena; se evidencia la inobservancia de un elemento formal para la constitución del acto administrativo como es la consulta. La Defensoría solicitó información a la Unidad Técnica de Consulta Indígena del Ministerio de Justicia y Paz, quienes informaron que no consta ninguna solicitud por parte del Poder Ejecutivo o del Gobierno Local de Talamanca, para la apertura del proceso de consulta indígena relacionado con el Plan Regulador en la Zona Marítimo Terrestre del Distrito de Cahuita.

Considera la Defensoría que las autoridades nacionales y locales deben respetar el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación y, por tanto, el derecho a la autonomía en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, incluyendo su derecho a la consulta respecto de toda actividad que afecte sus derechos e intereses.

La otra situación que se planteó al ayuntamiento tiene relación con los derechos a la información y participación de la población local, pues si bien se realizaron algunas charlas informativas y una audiencia pública según la Ley de Planificación Urbana, previamente no se aportó a las personas interesadas copia del expediente ni información sustantiva para garantizar una participación activa e informada, ni se hizo la devolución de las inquietudes manifestadas por los y las habitantes.

Adicionalmente a ello se abordó el tema sobre la rectificación de los límites del Refugio Nacional Gandoca-Manzanillo y la delimitación de humedales en la zona marítimo terrestre del cantón de Talamanca, previo a la adopción del plan regulador, siendo que se estima que las instituciones involucradas en la elaboración del Plan Regulador Costero Talamanca – Distrito Cahuita, elaboraron un plan regulador a partir de la ley 9223 que la Sala Constitucional declaró inconstitucional en el año 2019, y que a la fecha, continúa sin cumplir con dicha resolución.

Llama la atención que las distintas instituciones consultadas por la Defensoría sobre el trámite actual del Plan Regulador, externaron criterios que no se corresponden entre sí. Por ejemplo, la municipalidad señala que ya cumplió con lo dispuesto por la Sala Constitucional al llevar a cabo la audiencia pública y de esa manera realizar la consulta a la población indígena, y que el trámite del Plan Regulador Costero ha estado a cargo del INVU, de manera tal que el expediente administrativo se encuentra en poder de dicha institución.

No obstante, el INVU indicó a esta Defensoría que el plan regulador debe ser ajustado a una nueva resolución de la Sala Constitucional que ha ordenado al SINAC a través del Área de Conservación La Amistad Caribe (ACLAC) actualizar la delimitación del Patrimonio Natural del Estado (PNE) y a la Municipalidad y al INVU el ajustar la Zonificación del Plan vigente a esta nueva delimitación del PNE, para lo cual se está a la espera de que el ACLAC desarrolle lo que le corresponde para poder establecer un plan de trabajo y un cronograma de actividades que nos permitan ajustar la propuesta. Mientras tanto el ICT indicó que luego de la resolución de la Sala Constitucional, se llevó a cabo la audiencia pública, la municipalidad solicitó la conformación de la “comisión tripartita” para analizar las “nuevas” observaciones que se derivaron de la segunda audiencia y que a la fecha está a la espera de ser convocada para el trabajo de esta comisión.

La Defensoría recomendó al Alcalde de Talamanca realizar la consulta indígena tal  como se indicó anteriormente y se le solicitó que, en un plazo de tres meses, presente a esta Defensoría un listado de canales de información a la ciudadanía y de mecanismos de participación que serán habilitados para continuar la construcción participativa e informada del Plan Regulador y de otras políticas, planes y programas que impulse y que afecten los intereses de las y los munícipes, de manera que se puedan subsanar las limitaciones que ha tenido hasta ahora el ejercicio de este derecho fundamental.

Adicionalmente se recomendó al Concejo Municipal de Talamanca que, en virtud del incumplimiento en que ha incurrido el gobierno local respecto de la consulta previa, libre e informada a la población indígena, así como el desacato de lo dispuesto por la Sala Constitucional en sentencia 31756-2023 del 7 de diciembre de 2023, suspender cualquier acto de aprobación del Plan Regulador Costero del distrito de Cahuita, hasta que se cumpla con ese derecho fundamental y requisito formal para la validez del acto.

Además, en virtud del incumplimiento en que han incurrido otras instituciones respecto de la delimitación del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, y del consiguiente desacato de las sentencias 12745-2019, 3959-2024, 4692-2024, 10951-2024 y 26300-2024 emitidas por la Sala Constitucional, se alerta a ese Concejo Municipal a efecto de suspender cualquier acto de aprobación del Plan Regulador Costero en el distrito de Cahuita, hasta tanto no se haya cumplido con la debida delimitación de ese Refugio natural.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

Salvar el árbol, el medio ambiente y la vida misma – Pensamiento de Thomas Sankara

Observatorio de Bienes Comunes, UCR

En París, en la primera Conferencia por la Protección del Árbol y el Bosque, el 5 de febrero de 1986, Thomas Sankara como presidente de Burkina Faso presentó los esfuerzos que estaba llevando adelante el pueblo burkinés en torno a la protección ambiental.

En este discurso, Sankara plantea los grandes desafíos que tiene el antiimperialismo para buscar sus propias respuestas ante la crisis socioecológica que envolvía a los pueblos africanos. Llama la atención sobre las asimetrías y los intereses económicos que deforman los supuestos principios imperantes de «protección ambiental»  y la necesidad de posicionar esta lucha por la naturaleza como una reivindicación política popular y democrática.

Concluye, que está lucha en defensa de los árboles y el medio ambiente, es un esfuerzo humano por la defensa de la vida, y que está se materializará cuando el verde de la abundancia, de la alegría y la felicidad conquisten sus derechos.

Con esta infografía queremos invitarles a pensar los diversos legados de pensamientos y prácticas que desde las luchas antiimperialistas y panafricanismo han problematizado y enriquecido las dimensiones de las luchas socioambientales.

Les compartimos el libro «Thomas Sankara Biografía» que presenta una serie de discursos compilados por Bruno Jaffré y pertenece a la editorial El perro y la rana.

PDFImagen

Contaminación de aguas en Cartago: SINAC a Sala Constitucional por incumplimiento en protección de nacientes

  • La lucha por la defensa de las nacientes de agua del Frente Ecologista de Cipreses continúa

  • Frente Ecologista de Cipreses presenta diligencia de inejecución de sentencia por el incumplimiento del Sistema Nacional de Áreas de Conservación ante la Sala Constitucional con objetivo de resolver de manera definitiva

  • De ganar esta acción legal el Frente Eco-Cipreses cambiaría lo que históricamente ha venido dejando de hacer el SINAC.  Debido a que el SINAC insiste que ellos no les compete la protección ambiental dictada por la Ley de Aguas (200 metros de protección) y solo deben hacer cumplir la Ley Forestal (100 metros de protección)

  •  Ecologistas insisten en solicitar demarcar el área de protección de 200 metros que rodea las nacientes de agua para consumo humano que siguen estando desprotegidas y fumigadas.

La Sala Constitucional acogió y ha dado su debido trámite una reciente diligencia de inejecución de sentencia por el incumplimiento del Sistema Nacional de Áreas de Conservación de la Resolución N° 20-021797-0007 de la Sala Constitucional de las 9:15 horas del 15 de enero del 2021, para resolver de manera definitiva la denuncia interpuesta por la parte del Frente Ecologista de Cipreses de Cartago el 28 de julio de 2020 ante el SINAC. La organización ecologista insiste en que se debe demarcar el área de protección de 200 metros que rodea las nacientes de agua utilizadas para consumo humano. Dicha agrupación señala que el SINAC ha generado un retraso excesivo en la resolución de dicha denuncia y en la protección efectiva de las nacientes.

En la diligencia de inejecución se señala textualmente: “Han transcurrido más de dos años desde el dictado de la Resolución N.° 2021-000679 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en la que se le ordenó al jefe de la Oficina Subregional de Cartago del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, llevar a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de su competencia, para resolver de manera definitiva la denuncia interpuesta por la parte recurrente el 28 de julio de 2020 ante el SINAC, y  demarcar el área de protección de 200 metros que rodea la naciente, conforme a la Ley de Aguas No. 276 y la Ley Forestal No. 7575, superando los plazos establecidos”.

Activistas del Frente Ecocipreses aseguran que: “a pesar de que hemos ganado tres recursos de amparo que nos dan la razón y exigen a las instituciones involucradas actuar y resolver, actualmente se sigue desarrollando actividad agrícola con uso de agroquímicos, en los alrededores del naciente Platón, afectando el recurso hídrico que abastece a muchas personas en diferentes comunidades de la Zona Norte de Cartago, y continuando con la desprotección ambiental de dichas nacientes”.

El agro biólogo y ecologista Fabián Pacheco del Frente Eco-Cipreses señala que: “La Administración Pública está cometiendo una violación EVIDENTE y FLAGRANTE a los derechos de las personas pobladoras de la zona de Cipreses de Oreamuno al no garantizar acceso a un derecho humano básico como lo es el agua potable”.

Dentro de la petitoria de la diligencia por inejecución la organización solicita:

  • Se declare con lugar en todos sus extremos la presente gestión por desobediencia de lo ordenado por la Sala Constitucionalen la sentencia No. 20-021797-0007, de conformidad con el artículo 71 de la Ley de Jurisdicción Constitucional.
  • Se ordene al Sistema Nacional de Áreas de Conservación en un plazo de dos meses, hacer respetar y delimitar expresamente las áreas de protección de 200 metros que rodean las naciente Plantón y Carlos Calvo, conforme a la Ley de Aguas No. 276 y la Ley Forestal No. 7575; como parte de la solicitud inicial realizada por los amparados, y ordenada por la Sala Constitucional, al declarar con lugar dicho amparo y que, a la fecha de esta gestión, no ha sido ejecutada por parte del SINAC.

Esta gestión de desobediencia contra el SINAC se presenta a las vísperas de los resultados del monitoreo  e investigación ante la contaminación agrotóxica con degradados de clorotalonil y otros pesticidas de 69 tomas de agua en la Zona Norte de Cartago. Dicho monitoreo que se realiza con la coordinación interinstitucional del AyA, MINSA y MAG (https://websolutionss.aya.go.cr/WebNoticiasAYA/TNotNoticias/DetalleTitulo/354).

Ecologistas insisten en que lo encontrado en Cipreses es la punta del iceberg y señalan que el SINAC debe hacer cumplir la Ley de Aguas en materia de protección ambiental del recurso hídrico a pesar de que el SINAC se ha pronunciado por escrito que a ellos no les compete velar por el cumplimiento de Lay de Aguas. “si ganamos este proceso ante la Sala Cuarta pondremos a trabajar a los del SINAC ya que se han capeado su responsabilidad todos estos años y esto sería un gane histórico para ponerlos a trabajar como se debe” Indicó Ana María Montenegro del Frente Ecologista de Cipreses.

Kioscos Ambientales UCR

¿Cómo va la lucha? Ecocipreses reflexiona sobre su contexto

Observatorio de Bienes Comunes, UCR

Conversamos con Isabel Méndez y Jordan Vargas sobre la lucha de Ecocipreses, nos exponen el contexto actual que están enfrentando. Reflexionamos sobre la importancia que tiene la participación comunitaria y problematizamos ¿Es suficiente el decreto de la prohibición del clorotalonil para la protección del agua?

Si desea escuchar la conversación, ingrese en este enlace.

Movimientos ecologistas y sociales solicitan firmas de respaldo para carta a líderes ambientales costarricenses en el extranjero

Si está de acuerdo con esta carta se le invita a respaldarla con su firma. El enlace al formulario está al final.

1 de octubre de 2024

Carlos Manuel Rodriguez, Director Ejecutivo y Presidente del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), y miembros/as de la Mesa Directiva de GEF,

Grethel Aguilar, Directora General Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), y miembros/as de la Mesa Directiva de UICN,

Andrea Meza, Secretaria Ejecutiva Adjunta de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación,

Christiana Figueres, ex-Secretaría Ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático

Pregunta: ¿El liderazgo del sector privado en los espacios de formulación de políticas sobre clima, biodiversidad y agua está dejando al planeta vulnerable a escenarios extremos y retrasando las conversaciones urgentes que deben tener lugar sobre un cambio económico sistémico?

Estimado/a Director Ejecutivo Rodríguez, Directora General Aguilar, Secretaria Ejecutiva Adjunta Meza, y ex-Secretaría Ejecutiva Figueres,

Dado el destacado liderazgo de Costa Rica en la configuración de la política ambiental global, nosotros/as, los miembros del Frente Nacional de Lucha en Costa Rica, les escribimos a ustedes, nuestros conciudadanos, en la cúspide de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad (COP16), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP29) y otros foros y eventos ambientales próximos, para pedirles respetuosamente que ustedes y sus colegas en posiciones de influencia en espacios de toma de decisiones ambientales:

  1. Relaten una historia más compleja y matizada sobre la dirección que ha tomado el país desde la década de 1980, mientras adopta y modela el liderazgo del sector privado para abordar la emergencia climática, muy probablemente a expensas del sector público;
  2. Relaten una historia más compleja y matizada sobre los verdaderos costos y beneficios del creciente liderazgo del sector privado en los espacios de formulación de políticas ambientales en todo el mundo;
  3. Promuevan un cambio de políticas y financiamiento que apoye nuevas historias: una nueva narrativa, que defiende en lugar de debilitar el papel esencial del sector público y la sociedad civil en la solución de la emergencia climática.

Aunque el sector privado debe, por supuesto, participar de manera central en el financiamiento y el desarrollo de soluciones climáticas, ¿puede honestamente tomar la iniciativa, en la medida en que lo hace, de transformar la economía global en el plazo que exige la emergencia climática?

Necesitamos un debate coherente sobre esto, a partir de la narración de historias sólidas.

En una charla TEDXPuraVida reciente, por ejemplo, presidente Rodríguez, que usted dio, arrojó luz sobre la influencia de Costa Rica en la elaboración del Acuerdo de París y el Plan de Biodiversidad.  También hizo alusión a nuestra historia relacionada con la protección del 65% de nuestra tierra a través del Programa de Pago por Servicios Ambientales.

En general, usted sostiene que Costa Rica es el único país “que opera en armonía con la naturaleza, en unidad con la naturaleza, de manera positiva con la naturaleza”.

Pero ¿qué tan cierta es esta afirmación?  ¿Y por qué es relevante?

Como integrantes del Frente Nacional de Lucha, unidos en la defensa de las instituciones públicas, que consideramos son fruto del entramando de las conquistas sociales responsables de nuestros éxitos en la protección de la naturaleza y de la creación de una fuerte red de seguridad social para nuestro pueblo, vemos una realidad diferente.

Una gran parte venimos del sur del país, dedicados a defender los ríos vulnerables frente a la amenaza de construcción de represas, reafirmamos nuestro compromiso a favor de proyectos que se alejan de los intereses de las grandes industrias de la región: ganadería, caña de azúcar y piña producida industrialmente.   Además de la problemática socioeconómica y ambiental suficientemente documentadas que vivimos aquí desde principios de la década de 1980, existen nuevas preocupaciones sobre cómo las asociaciones público-privadas en esta región (emblemáticas de cómo las corporaciones de todo el mundo están asumiendo un nuevo y poderoso liderazgo para enfrentar la emergencia climática) impiden que las comunidades tengan una voz auténtica en las discusiones sobre el futuro de la región.

Directora General Aguilar, en la zona sur del país le manifestamos una profunda preocupación sobre cómo una alianza entre la Agencia Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ) y Fresh Del Monte, Inc., enfocada en reforestar la cuenca alta donde se encuentra Del Monte, está haciendo cada vez más difícil hablar abiertamente sobre el impacto de la sedimentación de esta región en la destrucción del Humedal Térraba-Sierpe, un sitio Ramsar.   Uno de los objetivos de la alianza es reforestar las fincas dañadas para que siga habiendo agua para la piña, sin generar un debate público abierto y accesible sobre el hecho de que Del Monte utiliza el 98% del agua concesionada en esta área y es el mayor usuario de agua del país.  ¿Qué tan sostenible es este uso?  Es difícil decirlo, en parte porque la empresa tiene datos que considera privados (lo que frecuentemente afirman los funcionarios de la empresa en reuniones públicas), y así, niega el derecho a tener acceso como ciudadanía.

También se limita la discusión sobre la afectación socioeconómica que sufren las comunidades indígenas y locales que dependen de la pesca, ante la disminución de peces resultante de la sedimentación y la carga química. Así mismo, impide un debate profundo sobre cómo se viene abriendo una puerta para que los carteles del narcotráfico ingresen en esta área; o si, por lo tanto, la región debe abandonar rápidamente la piña, en lugar de garantizar su continuidad.

¿Cómo tener esta conversación más amplia, particularmente en espacios como la COP16 y la COP29 y como parte de acuerdos como el Plan de Biodiversidad y el Desafío del Agua Dulce?

Por supuesto, no es sólo en el sur donde se está volviendo más difícil para la ciudadanía cuestionar los proyectos individuales, así como la lógica mercantil extractivista –corporativa y neoliberal y el modelo de desarrollo predominante que se impone. Costa Rica se está convirtiendo en un mosaico de playas gentrificadas y tierras adyacentes; la piña ahora se planta en todo el país, no sólo en la zona sur; las áreas protegidas están siendo invadidas por actores poderosos; los grandes terratenientes y los hoteles de lujo son los principales beneficiarios del suministro de agua que continúa reduciéndose para las poblaciones aledañas. Estos son solo algunos de los ejemplos de cómo se está transformando Costa Rica.

Por múltiples razones, es un desafío para la ciudadanía tener el derecho de discutir públicamente cualquier proyecto de desarrollo impuesto desde los sectores dominantes a nivel nacional e internacional, y mucho menos cuestionar su impacto colectivo como reflejo de una decisión de continuar con la actual economía extractivista, en lugar de alejarse de ella.

Es preocupante, sobre todo en este momento de la historia de Costa Rica, las diversas formas y mecanismos que se fraguan orientadas a que personas de todo el espectro político sigan siendo ignoradas y silenciadas frente a personas, familias y corporaciones poderosas que influyen en el país.   Esta situación trae a la mente, Secretaria Ejecutiva Figueres, un comentario que usted hizo sobre el proceso de orientación del Acuerdo de París, que aparece en Zen y el Arte de Salvar el Planeta (páginas 212-13): “No se puede avanzar hacia soluciones sin comprender el problema. Sólo se lograrán soluciones efectivas si honramos y respetamos las diferencias de todos; si elegimos comprender las necesidades y los dolores de quienes están al otro lado de la mesa”.  Y su comentario, Secretaria Ejecutiva Adjunta Meza, sobre la necesidad de que el liderazgo se base en “la colaboración, la inclusión, la empatía y el pensamiento sistémico”.  Pero en Costa Rica cada vez es más difícil para la sociedad civil saber siquiera qué mesas son aquellas donde se toman las decisiones.

Por lo tanto, lejos de ser el único país que vive en armonía con la naturaleza, creemos que, desde la década de 1980, cuando Costa Rica inició su camino de privatización del sector público en general, empezamos a perder de manera acelerada la tierra, las aguas y el espíritu del país que amamos.

Vemos que una creciente privatización del sector ambiental está:

  • concentrando el poder en manos de relativamente pocos individuos e industrias;
  • disminuyendo la capacidad del sector público y de la sociedad civil para acceder a información crítica, participar en debates y establecer agendas;
  • vaciando los planes de conservación y las áreas protegidas, a medida que la industria, el turismo y los monocultivos se expanden con impunidad sin estudios de impacto ambiental y otros consignados en marcos jurídicos a nivel nacional e internacional;
  • ayudando a abrir la puerta a la especulación no regulada, anónima y peligrosa sobre el agua, la tierra y la biodiversidad;
  • ayudando a mantener la misma economía extractivista que está destruyendo el país y el planeta, al retrasar conversaciones urgentes con todos los actores de la sociedad sobre el cambio económico sistémico, que cada vez es menos asegurable; y
  • debilitando y vulnerando el apoyo y la confianza en el sector público en general, dada la fluidez del poder, la influencia y la visión entre los diversos sectores. La concentración de poder en manos de unos pocos, con la intención de generar ganancias, en un sector está impulsando la concentración de poder en otros sectores en un ciclo de retroalimentación preocupante y no examinado, erosionando nuestra democracia. Creemos que esta tendencia también está ocurriendo en muchos otros países.

Esta es la historia que como movimiento exploramos y relatamos sobre Costa Rica, en parte con la esperanza de sanar nuestras propias divisiones, y en parte para que aquellos de ustedes que presentan al país como modelo sigan su ejemplo.

Al abordar esta compleja historia, pedimos algo que es relativamente simple, dado que es difícil, si no imposible, para la sociedad civil reconocer e identificar qué instituciones y foros están promoviendo la privatización del medio ambiente, y en qué espacios.  Aunque los grupos de la sociedad civil están presentes en eventos como las próximas COP16 y COP29, sus voces, historias y planes alternativos suelen ser secundarios, como si operaran en un universo paralelo.

Le pedimos a ustedes y a sus colegas que cuestionen abiertamente en salas clave de toma de decisiones ambientales la narrativa predominante de que la emergencia climática es tan grave que solo las corporaciones pueden financiarla adecuadamente y resolverla a tiempo, y debatir abiertamente en estas salas plataformas económicas alternativas. En la actualidad existen múltiples grupos centrados en “falsas soluciones” climáticas, apuntando a estrategias específicas, como los mercados de carbono, REDD+ y las soluciones basadas en la naturaleza, entre otras.  Cada vez más grupos de la sociedad civil proponen profundas soluciones económicas sistémicas para transformar la actual economía extractivista: desafiando la captura corporativa de instituciones como las Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y los bancos de desarrollo regionales; y proponiendo justicia fiscal internacional, condonación de la deuda para el Sur Global, ingreso básico garantizado y otras soluciones que honestamente desafíen en lugar de fortalecer el statu quo.  Los espacios de toma de decisiones cada vez más financiados y dirigidos por corporaciones no podrán nombrar ni mucho menos desafiar el statu quo.

Por lo tanto, la sociedad civil necesita que aquellos de ustedes en posiciones de liderazgo rompan el silencio, promuevan un debate inclusivo sobre cambios económicos sistémicos.

Nos comunicaremos con usted en las próximas semanas para programar una reunión virtual.

Gracias de antemano por considerar los puntos de esta carta.

Firmantes:

Frente Nacional de Lucha (FNL)

Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON)

Movimiento Ríos Vivos

Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción Piñera (FRENASAPP)

Por favor firmar la carta en el siguiente enlace:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKkUP959eifJq0XjOc6wwUirsN4W3hI75kqAa92NO4rrDxGA/viewform?usp=sharing

¡Muchas Gracias!

Sala IV ordena a la Municipalidad de San Rafael de Heredia entregar información sobre proyecto en zona protegida

Integrantes del colectivo ambientalista Conceverde presentaron un recurso de amparo ante la Sala Constitucional (Sala IV) para exigir al alcalde Jorge Arias Santamaría la entrega de información relacionada con un proyecto constructivo en la zona protegida, que por la Ley 65 del 30 de julio de 1888 es considerada una zona no apta para construcción, caso que se ha estado ejecutando sin el permiso correspondiente y se ha validado maquinaría realizando aceras y hasta proyecto vivienda. 

La Sala IV resolvió a favor del colectivo mediante la Resolución Nº 2024-028131, emitida hace pocos días, y dando razón aún más ya que Arias no contestó los mensajes enviados por la Sala, dejándolos pasar por alto, confirmando así que el alcalde violentó el derecho constitucional de acceso a la información pública. La sentencia ordena al alcalde que, en un plazo de diez días hábiles a partir de la notificación, responda a la solicitud de información presentada por Conceverde el 27 de julio de 2024.

El colectivo ha denunciado que esta no es la primera vez que la Municipalidad de San Rafael incumple con su deber de brindar la información solicitada por la ciudadanía y ya genera gran desconfianza. Según los integrantes de Conceverde, esta situación ha sido recurrente bajo distintas administraciones municipales y lamentan que continúen ignorando las peticiones ciudadanas. 

«Son innumerables las veces que hemos tenido que acudir al Tribunal Constitucional para que los funcionarios municipales nos entreguen información que debería ser de acceso público. Esperamos que esta sentencia impulse a la Municipalidad a rectificar su proceder y a ser más diligente en el futuro», expresó el grupo en un comunicado.

Foro virtual: «Minería no metálica en Costa Rica: un serio problema socio-ambiental»

El próximo miércoles 9 de octubre, a las 6:00 pm, se llevará a cabo un importante foro virtual titulado «Minería no metálica en Costa Rica: un serio problema socio-ambiental».

Esta transmisión está siendo organizada por Kioscos Socioambientales y la Alianza por una Vida Digna y será transmitido en la página de SURCOS Digital en Facebook; reunirá a tres importantes panelistas que trabajan a fondo en temas ambientales y sociales, quienes conversarán sobre las implicaciones de la minería no metálica en el país, con un enfoque en los desafíos sociales y ambientales que enfrenta Costa Rica.

El foro contará con la participación de: 

Dylanna Rodríguez, socióloga, que trabaja junto al programa Kioscos Socioambientales y docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Dany Villalobos, geógrafo y miembro de la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua en Puntarenas. 

Nathaniel Grew, miembro de la Junta Directiva de CIRENAS (Centro de Investigación de Recursos Naturales Sociales).

La moderación estará a cargo de José María Gutiérrez.

Se le invita a conectarse a través de la página de Facebook de SURCOS Digital para conocer de primera mano las perspectivas de los especialistas, profundizar en el tema y en cómo este está afectando a las comunidades en distintas regiones del país.