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Comunidades y ecologistas celebran prohibición del Bromacil

  • Un logro alcanzado luego de 14 años de pedir la prohibición del bromacil
  • Es necesario sacar otros químicos del país que son incluso aún más contaminantes y peligrosos que el bromacil

 

El decreto 40423-MAG-MINAE-S recién publicado en la Gaceta prohíbe el uso de bromacil en Costa Rica. Hace más de 14 años se supo que este químico contaminaba acueductos comunitarios, razón por la cual las comunidades han protestado y después de un largo camino de lucha se ganó esta importante reivindicación colectiva, que no es la única en la lucha comunitaria en defensa del agua.

Sin duda la prohibición del bromacil es avance importante pero insuficiente para remediar la emergencia ambiental que vive Costa Rica por causa de la expansión piñera.

Celebramos la prohibición del bromacil, pero las comunidades y ecologistas exigimos que esa medida se extienda a otros agrovenenos utilizados en las piñeras como los herbicidas Diuron, Hexazinona y Ametrina que han aparecido en constantes análisis de agua en pozos, nacientes y aguas superficiales (Estado de la Nación, 2012). También se han encontrado en nacientes el Metalaxyl y Triadimefon los cuales son urgentes de regular. Además, estamos preocupados por nematicidas como Etoprofo ligados al cultivo de banano.

En el río Volcán en la Zona Sur estudios entre 2011 y 2013 del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas (IRET) encontraron la presencia del insecticida diazinón en el aire, usado en el cultivo de piña. Por lo que debería regularse de la misma forma que el bromacil.

Es urgente la prohibición del Paraquat, cuyo uso fue prohibido en sentencia firme de la Corte de la Unión Europea por ser altamente toxico desde julio del 2007 (ver nota de la Corte de Justicia de la UE) a raíz de este fallo donde la transnacional Dole decretó moratoria en todo el mundo con relación al uso del Paraquat en sus operaciones, con una sola excepción: Costa Rica (ver comunicado Dole).

¿Qué es el bromacil y porque se prohíbe? El bromacil es un herbicida para control de malezas permanentes como gramíneas. Es usado en el cultivo de piña al inicio de la siembra en combinación con otros “quemantes”. Estos químicos matan las malezas antes que crezcan. La sustancia presenta una alta capacidad de infiltración o “tránsito” en el agua y ha sido detectada en acuíferos subterráneos. En Europa se ha eliminando el bromacil en la mayoría el uso de este herbicida desde los años 90 por su alto riesgo de contaminar las aguas subterráneas.

Está prohibido en varios países, como Alemania (1993), Belice (1990), Eslovenia (1997) y Suecia (1990), debido a las consecuencias en la salud y el ambiente que puede tener la presencia de este agroquímico en el agua.

En Costa Rica el caso emblemático es el de los acueductos que abastecían a Milano, Cairo, Luisiana y La Francia ubicados en la provincia de Limón. Desde el año 2003 el Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas (IRET) de la Universidad Nacional (UNA) documentó la contaminación de las fuentes de agua con plaguicidas utilizados en la actividad piñera en estas comunidades.

Durante 2009 los piñeros intentaron legalizar la contaminación presionando para que se permitiera una concentración de 5 μg/L de Bromacil en al agua potable siguiendo los parámetros la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidas -conocida por sus siglas como EPA-. Pero la realidad es otra, por ejemplo en Buenos Aires de Puntarenas se hay evidencias que señalan existencia de casi cuatro veces más Bromacil en el agua (19,9 μg/L).

En 2008 la lucha de Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción Piñera (FRENASAPP) evitó la legalización de la contaminación mediante un reglamento del Ministerio de Salud (a cargo de Maria Luisa Ávila) el cual proponía un máximo de 5 μg/L de agua. (FECON, 20-10-2008).

Incluso en algún momento la CANAPEP querían utilizar máximos mucho mayores, incluso llegaron a decir que se podía permitir hasta 90μg/L de agua, sin embargo, FRENASAPP sostuvo que es un derecho básico de las comunidades y una obligación del Estado vigilar porque el agua no tenga ningún grado de contaminación (FECON, 7-8-2008).

Informes: Henry Picado Cerdas, FRENASAPP. Tel: 87609800 o Mauricio Álvarez, FECON. Tel: 8870-9165

Ver decreto en: https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/06/05/ALCA124_05_06_2017.pdf

Comunidades y ecologistas celebran prohibicion del Bromacil

Enviado por presidencia FECON.

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Voluntariado UNA por el ambiente en Junquillal

Voluntariado UNA por el ambiente en Junquillal
Estudiantes de la Universidad (UNA) en Playa Junquillal.

En el marco del Día Mundial del Ambiente, el proyecto UNAventura, de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, realizó la jornada de voluntariado con estudiantes del campus Nicoya y del campus Omar Dengo de la Universidad Nacional (UNA), en Junquillal de Santa Cruz, Guanacaste, en coordinación con la Asociación Vida Verdiazul, del 2 al 4 de junio pasado.

Se realizaron actividades de georeferenciación de especies de árboles en el marco del proyecto de reforestación de la costera, además de limpieza del área de reforestación en el sector del y en la playa.

Según informó Esteban Campos, coordinador de UNAventura Voluntariado, Lla propuesta estudiantil se enmarca en elaborar una serie de mapas con el levantamiento de la información recolectada, los cuales serán entregados a la Asociación Vida Verdiazul para mejorar la toma de decisiones sobre acciones futuras en materia de reforestación de la zona costera.

Campos, además, externó su agradecimiento a los representantes de las instancias de la UNA que apoyaron la realización de esta jornada de trabajo, entre ellas, la Dirección Superior de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, Escuela de Topografía, Escuela de Ciencias Ambientales, Sección de transportes, Programa UNA Campus Sostenible, autoridades del campus Nicoya de la Sede Chorotega de la UNA por apoyar y creer en esta iniciativa universitaria, donde las y los estudiantes son protagonista.

***Mayores detalles con Esteban Campos, coordinador de UNAventura Voluntariado 2277-3213 / 8361-0675 o en la Oficina de Comunicación 2277-3067.

 

Enviado por UNA Comunicación.

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Buscan eliminar plaguicidas altamente peligrosos en cultivos del café

Entrega especial de Viernes Científico

  • Investigación del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional (Iret-UNA) promueve el uso de tratamiento alternativos al uso de plaguicidas altamente peligrosos, que ponen en riesgo la salud de los productores y el ambiente

 

Laura Ortiz C./Periodista UNA

Costa Rica importa cerca de 12 millones de kilogramos de ingredientes activos de plaguicidas por año, la mayoría proviene de China, India y Estados Unidos, de esa cantidad, cerca del 80 por ciento se considera Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAPs), es decir, pueden causar graves daños a la salud y el ambiente, tanto de forma aguda como crónica.

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la red PAN (Pesticide Action Network), han propuesto la reducción en el uso y la prohibición gradual de los PAP como una demanda mundial ante los riesgos para la salud y el ambiente que ocasionan estas sustancias químicas.

Desde el Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional (Iret-UNA) se desarrolla el proyecto “Alternativas para la reducción y eliminación del uso de PAPs”, financiado por el Programa de Nacionales Unidas para el Medio Ambiente (UNEP) y basado en el “Enfoque estratégico para el manejo de sustancias químicas (SAICM)”.

“A nivel internacional el fin es buscar controles y alternativas efectivas para los productores, con el propósito de abandonar por completo el comercio y empleo de estos plaguicidas y reemplazarlos por alternativas más seguras y agroecológicamente más sustentables. En el proyecto, lo que hicimos fue diagnosticar el uso, las prácticas agrícolas riesgosas y las alternativas de menor impacto en salud y ambiente a lo largo de todo el ciclo de vida de los PAPs (importación, regulación, distribución, uso y disposición de residuos), en los cultivos de café y piña que se desarrollan en el país”, dijo Fernando Ramírez, investigador del Iret-UNA y coordinador del proyecto.

Según el Censo Nacional Agropecuario realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), en el 2014 se reportó que a nivel nacional se siembran 82.511 hectáreas de café y 37.644 de piña, de acuerdo con el diagnóstico realizado por el Iret-UNA, en promedio se utilizan 2,37 kilogramos (kg) de ingrediente activo PAPs por hectárea por año (i.a/ha/año) en la producción de café y 29,52 kg i.a/ha/año en el cultivo de piña, este último dato, tras un análisis en Pital de San Carlos, Alajuela.

Contra la roya

Una de las enfermedades más importantes que enfrentan los cultivos de café en el país es la conocida como “roya”, ocasionada por el patógeno Hemileia vastatrix. De acuerdo con el Centro de Investigaciones en café (Cicafé), durante muchos años los caficultores han controlado la plaga por medio de diferentes prácticas, una de ellas el empleo de fungicidas químicos sintéticos, pero el abuso de estas sustancias, ha producido incrementos en los costos de producción, riesgo de aparición de fungorresistencia, contaminación del ambiente, destrucción de la fauna beneficiosa y riesgos contra la salud pública.

Para este estudio se trabajó en dos fincas cafeteras de manejo convencional, la primera ubicada en Santa Lucía de Barva de Heredia, y la segunda en Pirrí de Alajuela.

En ambas fincas los ensayos se hicieron para evaluar la eficiencia contra la roya de los productos alternativos Bacillus subtilis, caldo bordelés, extracto de árbol Melaleuca alternifolia, caldo sulfocálcico y el hongo Lecanicillium lecanii, comparado con la eficiencia de tres fungicidas catalogados como PAP (triadimenol y epoxiconazol + piraclostrobina) y un sintético catalogado como no PAP (trifloxistrobina + ciproconazole). Se evaluó la incidencia y severidad de roya 30 días después de la aplicación de los tratamientos, los cuales se aplicaron en cuatro ocasiones durante el ciclo del café.

De acuerdo con la investigación, en lo referente a las alternativas, la que dio mejores resultados, es decir menor incidencia y porcentaje de hojas con menos lesiones, fue el extracto comercial de té + fungicida no AP, sin embargo, es el más costoso de todos y por lo tanto poco accesible para los productores.

En la finca El Cántaro, independientemente del tratamiento ya sea químico o alternativo, no hubo diferencias significativas en los rendimientos, lo que concluye que estos últimos pueden incorporarse en el manejo fitosanitario de la roya.

Según los resultados, el caldo sulfocálcico + Lecanicillium lecanni, fue el de mayor rendimiento, a pesar de que la incidencia alcanzó un 26 por ciento a finales de setiembre, este tratamiento tuvo un costo de 116.000 colones/ha, mucho menor al costo del tratamiento con extracto comercial del árbol de té + fungicida no AP, pero más costoso que los tratamiento químicos. El uso de caldo sulfocálcico +Lecanicillium lecanii constituye una opción para el manejo efectivo de la roya del café.

Además de Ramírez, en este estudio participaron las investigadoras Silvia Luna, Martha Orozco y Stephanie Williamson. Estos resultados fueron presentados el pasado 27 de abril en un taller regional denominado “Alternativas para la reducción y eliminación de plaguicidas altamente peligrosos en el cultivo de café”, donde participaron productores y representantes de organizaciones públicas y privadas relacionadas con la producción.

En Costa Rica se utilizan 21 plaguicidas conocidos por ser extremadamente o altamente peligrosos según la clasificación de la OMS.

¿Qué es un PAP?

Un plaguicida se considera altamente peligroso si:

  • Tiene toxicidad aguda alta o extrema.
  • Puede causar muerte por inhalación.
  • Tiene toxicidad crónica (efecto a largo plazo).
  • Cumple con más de uno de los siguientes criterios: persistente, tóxico para organismos acuáticos y/o bioacumulable.
  • Es altamente tóxico para las abejas.
  • Está incluido en convenios ambientales internacionales.

 

***Para mayor información comuníquese con Fernando Ramírez, investigador del Iret-UNA (8812-2914) o con la Oficina de Comunicación de la UNA (2277-3660.

 

*Imagen de portada con fines ilustrativos.

Enviado a SURCOS por UNA Comunicación.

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FUPROVIRENA apoya protección del humedal Térraba-Sierpe

La Asociación de Protección y Vigilancia de los Recursos Naturales de Heredia surge, Ad Honoren, el 4 de abril de 1992, debido a la gran preocupación de Rafael Antonio Varela Montero actual presidente de FUPROVIRENA y cazadores de la zona de San José de la Montaña, por la tala indiscriminada del bosque natural en la reservas del Parque Nacional Braulio Carrillo, la cacería ilegal, la extracción de palmito de la zona del Parque y la falta de protección de los nacientes, ríos, mantos acuíferos y contaminación del medio ambiente.

Por razones involuntarias al interés de crear la figura jurídica de Asociación, se formó una Sociedad Anónima, la cual se disolvió y dio lugar a la Fundación de Protección Y Vigilancia De Los Recursos Naturales De Heredia Ad Honoren (FUPROVIRENA), a partir del 10 de febrero de 2003.

En los últimos años 2005, 2006, 2007 y 2208, se han dado la tarea de ir estrechando nexos con entidades que se encuentran en la zona de Heredia. Con el fin de realizar alianzas estratégicas y obtener alguna ayuda económica, han firmado convenios con: La Cervecería Costa Rica, Empresa de Servicios Públicos de Heredia, Cámara de Comercio, Municipalidad de Barva y la Universidad Nacional (UNA). Estos convenios entre las mencionadas instituciones y la Fundación para la Protección y Vigilancia de los Recursos Naturales, (FUPROVIRENA) se dan gracias a que estos se encuentran interesados en la problemática de los recursos naturales; protección y defensa sostenible. Aparte de esto, la UNA cuenta con distintos programas, institutos, laboratorios, escuelas, centros y unidades que abordan la amplia temática de los recursos naturales.

Por otra parte FUPROVIRENA ha venido trabajando en pro de la vigilancia y la conservación de los recursos naturales, ampliación de áreas protegidas y la preservación del ambiente como mecanismo para el desarrollo sostenible de las comunidades.

El presidente de FUPROVIRENA, Rafael Varela Montero, envió a SURCOS un comunicado en el que indica: “FUPROVIRENA apoya la protección al humedal Térraba-Sierpe; no se puede permitir que los humedales desaparezcan por falta de planificación e intereses materialistas y por deficiencias administrativas de los órganos competentes para autorizar estas siembras en terrenos protegidos por ley”.

 

*Imagen tomada de ecosistemasdecostarica.blogspot.com

Enviado por Rafael Varela Montero.

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Cleteada Ecológica UCR

Cleteada Ecologica UCR

La Universidad de Costa rica, en conjunto con la Municipalidad de Montes de Oca llevará a cabo a partir de este lunes 5 y hasta el 09 de junio la Semana Ambiental, la cual iniciará en el parque John F. Kennedy ( a la par de la Municipalidad de Montes de Oca) y finalizará en las Instalaciones Deportivas de la UCR.

El día del evento la Federación de Estudiantes de la UCR prestarán bicis en el Pretil; además se rifará entra los y las participantes una canasta de productos variados patrocinada por Bioland.

 

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Santo Domingo de Heredia: no más herbicidas en sitios municipales

  • Tercer cantón que se une a Pérez Zeledón y Montes de Oca

La vieja y peligrosa práctica para la salud de controlar malezas en rondas de calles, aceras, cementerio y parques será cosa del pasado para este municipio que voto un acuerdo por unanimidad para favorecer a la salud personas y el ambiente del cantón.

Ahora será manual favoreciendo también la salud de los trabajadores municipales y evitando las intoxicaciones que siempre conllevan el uso de venenos.

Fabián Pacheco, agroecólogo y promotor de la agricultura orgánica, miembro del Bloque Verde, señaló que “El uso desmedido de agroquímicos y herbicidas nos ha convertido en el primer lugar del mundo en el consumo de agrovenenos. Es vergonzoso para el país más verde del mundo”.

Ante ello, los ecologistas han lanzado una campaña  para “Desintoxicar el País” comenzando en los lugares públicos.

Mediante un acuerdo unánime en la sesión ordinaria del pasado lunes 22 de mayo el Concejo Municipal de Santo Domingo acordó “prohibir el uso de herbicidas que contengan glifosato en cualquiera de sus presentaciones comerciales, en cualquier espacio público de nuestro cantón, sean parques, jardines, campos deportivos, cementerios, linderos, aceras, caños y otros.

Además acordaron que se “instruya a la Administración Municipal, en la persona del Señor alcalde, para que en uso de sus atribuciones tome las medidas administrativas requeridas para el cumplimiento de este acuerdo que vendrá a beneficiar a todas las personas que habitamos Santo Domingo.”

La moción fue presentada por el regidor Rafael Bolaños Villalobos del Movimiento Avance Santo Domingo que además insta a “promover una campaña informativa en los ocho distritos para que nuestra población conozca de esta política y a su vez evite el uso de herbicidas sintéticos basados en glifosato en sus propiedades e igualmente se evite su uso en escuelas, colegios e instituciones públicas presentes en este cantón.”

En las zonas no agrícolas y urbanas se consume cerca del 35% del glifosato usado en el país para la gestión de malezas en vías férreas, bordes de caños, linderos, poliductos, entre otros, por tanto es de primera necesidad de generar soluciones ecológicas.

Esta decisión lo convierte en el tercer municipio en tomar esta importante decisión, pues en el Concejo Municipal de Pérez Zeledón lo hizo en abril pasado (FECON, 7-4-2017) y Montes de Oca la semana pasada(FECON,25-5-2017).

La prohibición del uso de herbicidas como el glifosato en áreas públicas ya es un hecho en Francia, Italia, Bélgica, Holanda, Malta, Sri Lanka y múltiples gobiernos locales, experiencias que suman a las razones que justifican que la prohibición sea total en nuestro país. En España más de 45 municipios han adoptado restricciones o prohibición al uso del glifosato, entre ellos Madrid, Barcelona, Sevilla, Toledo, Zaragoza y Tarragona, como también lo han hecho las comunidades autónomas de La Rioja, Extremadura y Aragón (García J. En Diario Extra, 23- 5-2017).

El movimiento por cantones libres de herbicidas es animado por organizaciones ecologistas como la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL), Red de Coordinación en Biodiversidad, FECON, Bloque Verde, entre otras.

Santo Domingo de Heredia no mas herbicidas

Enviado por Presidencia FECON.

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Este 5 de junio, defendamos el humedal Terraba Sierpe

Este 5 de junio defendamos el humedal Terraba Sierpe

En un video difundido en página de Facebook de Bloque Verde, que invita a manifestarnos a favor de la protección del humedal Terraba Sierpe, la escritora y ecologista Ana Cristina Rossi, manifiesta que “en el Pacífico Sur de Costa Rica se encuentra el humedal más grande de Centroamérica, el Humedal Térraba Sierpe, En estos tiempos inciertos de cambio climático los humedales son armas maravillosas para defendernos y para luchar.

Sin embargo, este humedal está siendo amenazado por 500 hectáreas de expansión piñera que lo van a afectar directamente, y estas hectáreas han sido aprobadas sin estudio de impacto ambiental.

Debemos manifestarnos este 5 de junio, Día del Ambiente, para proteger este maravilloso humedal que representa en estos momentos nuestra esperanza de vida.

El 5 de junio a las 12 m.d. en el Parque Nacional para ir a decirle al Presidente, al país a la SETENA, que nuestros humedales son vida, no muerte, que no queremos píña, que queremos agricultura para los costarricenses.

Vea el video en el siguiente enlace:

https://www.facebook.com/bloqueverdecr/videos/1304893686274792/

5 junio Alto a la expansion pinera

*Imagen de portada con fines ilustrativos tomada de ecosistemasdecostarica.blogspot.com

Tomado de la página de Bloque Verde.

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Montes de Oca: “No a los agrotóxicos en sitios públicos Municipales”

Montes de Oca No a los agrotoxicos

Mediante un acuerdo unánime en la sesión ordinaria del pasado lunes 22 de mayo el Concejo Municipal de Montes de Oca acordó la “No utilización en Áreas Públicas, de todo tipo de agroquímicos (como herbicidas, plaguicidas y otros agrotóxicos) en beneficio del cantón y los ciudadanos”.

Ahora peligrosos venenos como el glifosato o Paraquat en cualquier tipo de presentación comercial, no serán comprados ni usados en todos los espacios públicos del cantón.

Esta decisión lo convierte en el segundo Municipio en tomar esta importante decisión pues en el Concejo Municipal de Pérez Zeledón en abril pasados acordó la “no utilización en Áreas Públicas, de todo tipo de agroquímicos (como herbicidas, plaguicidas y otros agrotóxicos) en beneficio del cantón y los ciudadanos” (FECON, 7-4-2017).

La moción en Montes de Ocas fue presentada por el regidor Ruiz Salas del Frente Amplio, ante la solicitud de personas de la comunidad, organizaciones locales y ecologistas. El acuerdo contempla además la realización de una campaña informativa por parte de la Municipalidad dirigida a la ciudadanía del cantón para evitar el uso doméstico de herbicidas sintéticos en escuelas, colegios e instituciones públicas; también, incentivar a las demás municipalidades del país a adoptar el acuerdo (Ver Moción).

La prohibición del uso herbicidas como el glifosato en áreas públicas ya es un hecho en Francia, Italia, Bélgica, Holanda, Malta, Sri Lanka y múltiples gobiernos locales, por lo que no hay razón que justifique el atraso de su aplicación en nuestro país. En España más de 45 municipios han adoptado restricciones o prohibición al uso del glifosato, entre ellos Madrid, Barcelona, Sevilla, Toledo, Zaragoza y Tarragona, como también lo han hecho las comunidades autónomas de La Rioja, Extremadura y Aragón (García J. En Diario Extra, 23- 5-2017).

En nuestro país más municipalidades estudian, valoran y discuten los beneficios socio-económicos y ambientales que representa para sus habitantes esta sencilla medida. La iniciativa está siendo presentada a universidades y otras instituciones públicas, sustituyendo el uso de agro-venenos por alternativas menos peligrosas para los seres humanos y los ecosistemas. Además, la propuesta busca “desintoxicar el País” para sacarlo de ese penoso primer lugar del mundo en el consumo de agroquímicos que nada enorgullece.

El movimiento por cantones libres de herbicidas es animado por organizaciones ecologistas como la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL), Red de Coordinación en Biodiversidad, FECON, Bloqueverde, entre otras.

 

Enviado a SURCOS por Presidencia FECON.

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Agenda comunitaria, ecologista y popular ante la expansión piñera

La expansión del agronegocio de la piña tiene características inesperadas para las poblaciones rurales de Costa Rica. El crecimiento de más del 500% en menos de tres quinquenios ha puesto en jaque los sistemas agrícolas campesinos, los sistemas comunitarios de agua potable, la estabilidad económica y las condiciones de salud humana y animal donde quiera que se instalen.

Sólo durante 2015, 2016 y lo que va del 2017, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) aprobó 29 Estudios de Impacto Ambiental, referentes a nuevos proyectos piñeros, los cuales suman 6.258 hectáreas convertidas en nuevos monocultivos de la fruta. Lo que demuestra que la expansión sigue sin ningún tipo de control, planificación, ni fiscalización real. A esto, se suma que muchas fincas piñeras operan sin siquiera tramitar el permiso ambiental.

Como si fuera poco, Costa Rica sigue siendo uno de los países con más consumo de agrotóxicos y solamente en materia de herbicidas, en la última década se han triplicado el volumen de herbicidas importados según datos de PROCOMER. Lo que agrava la contaminación de aguas superficiales muchas usadas para consumo humano que tiene costos en salud pública aún sin cuantificar, pero evidentes.

Gracias a las movilizaciones y a las denuncias del último mes en contra de la expansión piñera, el Gobierno ha tenido que romper el silencio en este tema y ofrecer a la ciudadanía alguna respuesta. Sin embargo ésta se ha sustentado en declaraciones apuradas, a partir de medidas que aún no se pueden poner en práctica y por tanto confunden a la población en general. Hablamos del anunciado decreto de prohibición del herbicida Bromacil, anunciado por el Poder Ejecutivo el mismo día de la movilización en defensa del Humedal Térraba Sierpe, el pasado 15 de mayo de 2017. Esta declaración apresurada no se ha materializado en la redacción ni en la firma del decreto, que se anunció a la prensa sin que fuera un hecho consumado y que sigue sin materializarse una semana después de dicho anuncio.

Por otra parte, el gobierno solicitó a la comisión plenaria de SETENA integrar una comisión que indague la viabilidad ambiental que dicha Secretaría ha otorgado a plantaciones piñeras durante el último año. En realidad lo que corresponde es una auditoría externa que evalúe el cumplimiento legal en cada expediente y corrobore el apego a la legalidad de todas las viabilidades ambientales emitidas por la SETENA para la producción de piña, durante todo el período de gobierno y no solamente durante el año anterior, ya que la medida está dejando por fuera la mayoría de los permisos otorgados por la actual administración. Asimismo esa indagatoria debería contar idealmente con participación comunitaria y de profesionales en auditoría, derecho y gestión ambiental: no avalamos la autorevisión interna de SETENA ni confiamos en que esa Secretaría ponga en evidencia los errores de procedimiento que ella misma ha cometido.

Otra de las medidas anunciadas es la suspensión del proyecto piñero de más de 500 hectáreas que amenaza el Humedal Térraba Sierpe declarado sitio Ramsar en 1995. Esta medida es un distractor ante la indignación que ha generado el caso, pues ya hay suficientes evidencias para permitir al MINAE anular la viabilidad ambiental y abrir el órgano correspondiente para sancionar a los funcionarios y consultores que participaron en la aprobación irregular de este proyecto. Además este no es el único proyecto que amenaza este ecosistema, sino que es parte de un conjunto de proyectos en el área de Potrero Grande cuenca arriba, que en total sumarían 3000 hectáreas sembradas de piña en la zona y que también coinciden con sitios de importancia arqueológica por la presencia de vestigios tan importantes como las esferas de piedra.

Adicionalmente, existe la preocupación de una nueva expansión piñera sustentado en la creación de un acuerdo comercial con China para la venta de piña fresca y enlatada. Esta negociación realizada por Alexander Mora, Ministro de Comercio Exterior, se hace de forma irresponsable ya que no toman en cuenta las advertencias que se han emitido desde Universidades públicas, organizaciones ecologistas y comunitarias sobre los serios impactos en agua, suelo, bosque y salud humana del monocultivo de la piña.

La exportación al país asiático se haría pasándole por encima a la legislación ambiental, a la evidencia de serias violaciones a los derechos laborales y sin ningún tipo de planificación.

Las organizaciones firmantes celebramos los acuerdos alcanzados en el marco de la heroica caminata de Jorge Castro y Mariana Paniagua desde Pavón de Los Chiles hasta San José, que apuntan a fortalecer la presencia y accionar del Estado en las comunidades afectadas por la expansión piñera, y consideramos que son un paso en la dirección correcta. Sin embargo la gravedad de esta situación no puede atenderse solamente garantizando la aplicación de la ley en casos específicos: ante un impacto extraordinario e irreversible es necesario valorar medidas extraordinarias.

Por estas razones las organizaciones abajo firmantes exigimos una moratoria nacional a la expansión del monocultivo de la piña, misma que está sustentada en la necesidad de contar con estudios e instrumentos técnicos y políticos de carácter nacional y regionales que aseguren una debida planificación territorial, donde se prevengan y se ataquen los impactos negativos de la siembra desordenada y a gran escala del monocultivo de piña. Una decisión de este tipo beneficiaría directamente la gestión local y nacional de los bienes comunes y respondería de manera directa a las demandas de las comunidades afectadas. Asimismo permitiría tener una lectura más objetiva de la situación de violación a los derechos laborales y la toma de acuerdos en la dirección de tutelar los derechos de trabajadores y trabajadoras de la industria piñera. Finalmente, esta medida permitiría la continuidad de la producción y exportación de piña por parte de las empresas que se encuentran a derecho y están cumpliendo con la legislación ambiental y laboral, por lo que no afecta intereses consolidados y sí previene el crecimiento de las problemáticas relacionadas con la poca planificación y fiscalización de la actividad.

Hacemos un llamado a seguir las movilizaciones por una moratoria nacional a la expansión piñera,

La próxima cita es el lunes 5 de junio en todo el territorio nacional.

 

Suscribimos:

Alianza de Redes Ambientales (ARA)

Alianza Nacional para la Defensa del Agua (ANDA)

ASADA de Pavón de Los Chiles

ASADA La Gamba, Golfito

Asociación Agro-orgánica Guanacasteca

Asociación de Estudiantes de Sociología, Universidad Nacional

Asociación de Piangueros de la Purruja, Golfito (APIAPU)

Asociación de Productores y Consumidores Orgánicos de Costa RICA (APROCO) – Feria Orgánica El Trueque

Asociación de Protección, Gestión y Fomento de la Producción Agropecuaria de la Huetar Norte

Asociación Pro Cuenca Río Jabonal

Asociación Regional Centroamericana para el Agua y el Ambiente (ARCA)

Bloque Verde

Campaña Piña sin Derechos

CoecoCeiba-AT

Colectivo Eco-artístico y de Economía Solidaria

Colectivo de Estudiantes Autónomos El Quilombo, Universidad Nacional

Colectivo Ipís Ecológico

Colectivo Machete

Colectivo Río Urbano

Coordinadora de Lucha Sur Sur

Coordinadora Norte Tierra y Libertad

Ditsö Costa Rica

Diwo Ambientales

Federación para la Conservación de la Naturaleza (FECON)

Frente Ecologista Universitario (FECOU)

Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción Piñera (FRENASAPP)

Fundación para el Desarrollo Sostenible de OSA (FUNDAOSA)

Grupo Acción Golfito

GuanaRed

Huertos Urbanos de Costa Rica

Indignados CR

Molinos Verdes de Moringa

Movimiento Patriótico Juanito Mora

Movimiento Ríos Vivos de Costa Rica

Plataforma de Integración Ciudadana

PROAL-Pacuare

Red Centroamericana de Acción del Agua (FANCA)

Red Costarricense de Agricultura Ecológica (Red CAE)

Red de Coordinación en Biodiversidad

Red de Economía Social Solidaria de Costa Rica

Red de Plantas Medicinales de Costa Rica

Red Internacional de Forestería Análoga

UNOVIDA

¡Ya Basta!

 

Enviado por Presidencia FECON.

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UNA: Municipalidades no aprovechan información sobre amenazas naturales

  • Planes Reguladores
  • Metodología para incorporar amenazas naturales resulta insuficiente para definir hacia dónde extender el desarrollo urbano y las actividades productivas de cada cantón

Laura Ortiz C. /Periodista

 

Costa Rica posee 50.660 km2 de tierra, 25% de los cuales pertenecen a zonas protegidas. Dentro del porcentaje restante se ubican extensas llanuras, montañas, ríos caudalosos y al menos cinco volcanes activos, sin obviar las fallas tectónicas detectadas en el territorio; ¿cómo determinan los municipios los usos del suelo para que las amenazas naturales no representen un riesgo para la población ni la actividad productiva del país?

Desde 1996 se aplica el Decreto No 3296 del Ministerio de Ambiente y Energía que presenta un Manual de Instrumentos Técnicos para el proceso de evaluación del impacto ambiental. Las amenazas naturales son incorporadas en la planificación territorial por medio de una variable dentro de la metodología denominada Índice de Fragilidad Ambiental (IFA).

«El objetivo principal del IFA no es analizar las amenazas naturales, sino la protección del ambiente. El establecimiento de una metodología estandarizada que considera las amenazas naturales podría considerarse un aspecto positivo; sin embargo, los métodos propuestos para su estimación resulta en grandes generalizaciones que pierden significado, incluso puede llegar a subestimar las amenazas en el territorio», explicó Gustavo Barrantes, investigador y subdirector de la Escuela de Ciencias Geográficas de la Universidad Nacional (ECG-UNA).

Según el decreto, el IFA utiliza cuatro ejes de información:

Antropoaptitud: condición que presenta un espacio geográfico en razón de los diferentes tipos de uso del suelo.

Bioaptitud: condición natural que tiene un espacio geográfico desde el punto de vista biológico.

Edafoaptitud: que comprende la condición de aptitud natural que tiene un terreno dado, respecto a las condiciones de la capa del suelo que lo recubre.

Geoaptitud: que se refiere a la condición de estabilidad natural de los espacios geográficos, tanto desde el punto de vista de sus condiciones de subsuelo, como de los procesos geodinámicos activos que pueden alterar esa estabilidad.

Las amenazas naturales, de acuerdo con Barrantes, se incorporan en el eje de Geoaptitud, junto a otros cuatro factores: litopetrofísico, geodinámico externo, hidrológico y estabilidad de ladera.

«El algoritmo de cálculo del IFA se implementa en la práctica como un promedio simple (media aritmética) de las amenazas consideradas, procedimiento que se repite para cada uno de los factores que componen el índice de geoaptitud y posteriormente para con cada uno de los cuatro índices (o ejes de información) que conforman el IFA», explica Barrantes. De esta manera se llega a un data agrupado (IFA integrado) que pierde significado, en espacial en el tema de las limitaciones al uso del suelo que se derivan de la presencia de amenazas naturales en un determinado territorio.

Propuesta

Ante la limitada información que posee la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y las insuficiencias presentadas en la metodología de cálculo del IFA, Barrantes propone un Modelo multiamenaza, donde en primer lugar prevalecen los estudios técnicos elaborados por las instituciones públicas o centros de investigación. «Es frecuente que existan mapas de amenaza para eventos particulares, elaborados por especialistas en cada área; dicha cartografía debe ser la base para establecer el índice de cada amenaza natural, siempre que estén elaborados a una escala apropiada y con una clara alusión a la intensidad de los eventos y la probabilidad de que ocurre. En este sentido, si el OVSICORI realiza un mapa de amenazas volcánicas para el volcán Irazú, por ejemplo, este debería ser la herramienta a utilizar porque ha sido elaborado a partir de estudios detallados sobre el comportamiento de la amenaza (el volcán) y no sobre métodos simplificados», explica.

A pesar de que este tipo de estudios son los deseables, su costo y la dificultad de contar con suficientes datos de calidad para aplicar sofisticados cálculos o modelaje computacional, los hace poco factibles. En la mayoría de los casos, según Barrantes, se requiere de una aproximación heurística para definir zonas de distintos grados de peligro potencial por amenazas naturales y un método apropiado para integrar espacialmente dicha información. Este modelo también incorpora seis amenazas naturales no contempladas en el decreto del IFA: flujo de derrubios, sequías, caída de ceniza, flujos de lava, lluvia ácida y flujos piroclásticos.

«En este modelo prevalece la amenaza con mayor potencial y se considera la posible interacción en el espacio entre las amenazas presentes en un determinado territorio. Así, por ejemplo, durante las erupción del Irazú (1963-65) la caída de ceniza en la cabecera del rio Reventado, provocó que ese material bajara como un flujo de derrubios (avalancha) sobre la comunidad de Taras; otro caso fue el del terremoto de Cinchona de 2009, que provocó más de 4600 mil deslizamientos. La combinación de amenazas puede propiciar disparos o efectos en cascada».

Según el investigador “el modelo permite incorporar, de manera cualitativa, la recurrencia o frecuencia con que se presentan los eventos, incorporando un peso a las amenazas acorde con su frecuencia. Por ejemplo, podemos clasificar una área con el potencial más alto por por caída de ceniza volcánica pero disminuir su valoración en fusión de la poco probable que se presente un evento de este tipo, de esta forma se modera la restricción en el uso del suelo en función de ambas consideraciones. En términos generales, por medio del ordenamiento territorial se debe procurar disminuir el riesgo futuro al orientar los desarrollos urbanos hacia las zonas catalogadas de bajo o moderado potencia de amenaza. No obstante, en el caso de que las zonas de alto y muy alto potencial de multi-amenaza se encuentren habitadas, el modelo hace posible su localización para proceder con medidas de mitigación y preparación, como crear comités comunales de emergencia y sistemas de alerta temprana, entre otros».

Barrantes afirma que el IFA está, desde hace algunos años, en revisión pero centrado en su papel como instrumento para incorporar la variable ambiental en el Ordenamiento Territorial, sin atender a su potencial como instrumento para hacer gestión del riesgo, debido a la cantidad de información sobre amenazas que reúne y puede poner a disposición de los comités municipales de emergencia y a las oficinas municipales de gestión del riesgo.

*** Para mayor información comuníquese con la Oficina de Comunicación de la UNA (2277-3066).

 

*Imagen con fines ilustrativos tomada de rchivo.unionguanajuato.mx

Enviado por UNA Comunicación.

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