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Impulsan Comisión Técnica para analizar situación del Refugio Gandoca–Manzanillo

Mediante un oficio que compartimos, la Asociación de Desarrollo para la Ecología acudió al alcalde de Talamanca para dar continuidad a la gestión para crear una Comisión Técnica para analizar situación del Refugio Gandoca–Manzanillo.

La nota, firmada por Marco Levy Virgo, presidente de la Asociación de Desarrollo para la Ecología señala en su primer párrafo: “De conformidad con el oficio de referencia, nos hemos enterado de que el honorable Concejo Municipal de Talamanca le trasladó a su despacho, para su análisis y recomendación, nuestro oficio AEL-037-2017 de fecha 22 de junio en curso, donde sugerimos al señor Alcalde y al Concejo, con todo respeto, que consideraran la posibilidad de solicitar formalmente al señor Ministro de Ambiente y Energía, Dr. Edgar Gutiérrez Espeleta, la conformación de una Comisión Técnica, integrada por profesionales calificados, expertos en temas ambientales para analizar la situación global del REGAMA, la Ley Nº9223 y otras acciones puntuales relacionadas”.

En la nota se sugiere posibles integrantes de una eventual comisión técnica.

Este es el texto enviado a SURCOS.

 

Limón, 27 de junio de 2017

AEL-038-2017

 

Lic. Randall Salas Rojas

Asesor Jurídico

Municipalidad de Talamanca

 

Ref.: Oficio SCMT-INT-243-2017 de 27/6/2017

y situación del Refugio Gandoca–Manzanillo (REGAMA)

 

Estimado licenciado Salas:

De conformidad con el oficio de referencia, nos hemos enterado de que el honorable Concejo Municipal de Talamanca le trasladó a su despacho, para su análisis y recomendación, nuestro oficio AEL-037-2017 de fecha 22 de junio en curso, donde sugerimos al señor Alcalde y al Concejo, con todo respeto, que consideraran la posibilidad de solicitar formalmente al señor Ministro de Ambiente y Energía, Dr. Edgar Gutiérrez Espeleta, la conformación de unaComisión Técnica, integrada por profesionales calificados, expertos en temas ambientales para analizar la situación global del REGAMA, la Ley Nº9223 y otras acciones puntuales relacionadas.

Citamos como ejemplo de posibles integrantes de una eventual Comisión técnica, aquellos funcionarios que trabajan con instituciones públicas, organismos internacionales y ONG´s tan serios y de tan reconocida reputación como la Fundación Neotrópica, el Centro Científico Tropical, la UICN, la Escuela Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional y la FECON, ya que ellos estarían en capacidad de valorar objetivamente (es decir, con criterios científicos), los efectos que podría tener y está produciendo ya la “Ley de Reconocimiento de los derechos de los habitantes del Caribe Sur” (No.9223, conocida como Ley Céspedes); además de establecer, específicamente, la viabilidad de la actual ampliación de las vías hacia el Refugio Gandoca-Manzanillo, las que presuntamente, estarían provocando el drenaje de humedales y aumentando la capacidad de carga de la zona, sin que se hayan conocido previamente los necesarios estudios técnicos de rigor.

Lo anterior, lo planteamos principalmente debido a que, desde hace algunos años, hay en el Caribe sur una enorme presión a favor de la aprobación de proyectos de desarrollo económico y turístico de diverso tipo, que eventualmente podrían constituir una seria amenaza a los recursos naturales del REGAMA.

Igualmente manifestamos –y reiteramos– nuestra preocupación porque, a pesar de la Acción de inconstitucionalidad (Expediente N°14-019174-0007-CO) en trámite en la Sala IV contra la Ley Nº9223, ni el Concejo ni la Alcaldía parece que no han considerado el principio precautorio “in dubio pro natura”, para evitar la comisión de daños ambientales de difícil o imposible reparación y por tanto, esperar la resolución de la Sala sobre el particular.

El problema que estamos tratando, requeriría de una acción política basada en ese principio precautorio, en la prudencia y la debida asesoría científica en todos sus extremos en la toma de decisiones.

Le remitimos nuevamente a la construcción de la carretera que aludimos y compruébese lo que decimos, según el siguiente vídeo:

Estado de obra Calle Playwood

Por todo lo anterior, reiteramos nuestra sugerencia y confiamos en que un organismo científico–técnico, fuera de presiones políticas y económicas, pueda producir resultados –recomendaciones al Concejo y la Alcaldía–, que sirvan de fundamento para la toma de decisiones.

No quisiéramos tampoco que, eventualmente, por decisión de la Sala Constitucional, haya que anular decisiones y permisos y concesiones mal otorgadas y que los funcionarios públicos deban asumir sanciones que no van a revertir los posibles daños causados al ambiente, que es en primer y último término nuestro interés en este asunto.

Reciba las muestras de nuestra consideración y confiamos en que su recomendación al Concejo y la Alcaldía será, sin duda alguna, la del respeto al bloque de legalidad y a la jurisprudencia constitucional en materia ambiental y a la observancia del principio precautorio tan sabio y tan necesario en la materia que tratamos.

Nos ponemos a sus órdenes para ampliar cualquier aspecto de nuestro interés, y con gusto atenderemos notificaciones al fax 2798-2645 y al correo machore@gmail.com

Atentamente,

 

Marco Levy Virgo

PRESIDENTE

Asociación de Desarrollo para la Ecología

 

Enviado por Marco Levy.

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Juicio contra SENARA

  • Cámaras de Empresarios atacan instrumento para la protección del recurso hídrico

 

Por varios años los empresarios han presionado para que deje de existir la Matriz de Uso del Suelo para la Protección del Recurso Hídrico; sus intentos han fracasado ya que este instrumento elaborado por SENARA, ha contado con la “bendición” de la Sala Cuarta que en varias de sus resoluciones, ha señalado que su aplicación es obligatoria en todo el país. No contentos, en octubre del 2015 la Cámara de la Construcción presenta una demanda contra SENARA en el Tribunal Contencioso Administrativo para que se anule el instrumento de protección del recurso hídrico subterráneo. Apoyando ante el Tribunal Contencioso el argumento de la Cámara de la Construcción, se presenta en calidad de coadyuvantes, la Municipalidad de San José, de Poás, la Asociación de Cámara de la Construcción, Cámara de Industrias de Costa Rica, Cámara Textil Costarricense, Cámara Costarricense de Hoteles, Asociación Cámara Nacional de Radio, Cámara de Transporte de Carga, Asociación de Desarrollo Inmobiliario, Unión de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial, Cámara de Infocomunicación y Tecnología, Cámara de Agricultura, Cámara de Comercio, Cámara Costarricense de Hoteles, Colegio de Ingenieros y Arquitectos, etc. La acción de los empresarios o sus representantes ante el Contencioso, tiene como propósito dejar sin efecto la Matriz que es un instrumento técnico que tiene como fin proteger el recurso hídrico, sobre todo subterráneo, de las actividades humanas por medio de la aplicación de una serie de criterios del uso del suelo apropiado en función de la vulnerabilidad hidrogeológica y la actividad productiva. Pareciera que la Matriz de Uso del Suelo para la Protección del Recurso Hídrico es un estorbo para cómo quieren llevar a cabo los empresarios sus actividades, por lo que quieren eliminar ese instrumento de protección, aun cuando esto signifique poner en peligro el recurso hídrico de los costarricenses.

No es la primera vez que se atacan los criterios técnicos de la Dirección de Investigación y Gestión del Recurso Hídrico (DIGH) del SENARA tendientes a la protección del recurso hídrico; así por ejemplo varias ciudadanos y organizaciones denunciamos en junio del 2009,que la Junta Directiva del SENARA, había acordado censurar de manera expresa las comunicaciones que salieran de la DIGH, acordando que no era competencia de SENARA pronunciarse en forma vinculante sobre solicitudes puntuales de concesiones de aprovechamiento de aguas, tarea que le competía, según la Junta Directiva, ejercer y resolver al MINAET, además acordaron, que no le correspondía definir aspectos relativos a la planificación urbana, propios de los Gobiernos Municipales. (Léase: EN DEFENSA DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS, en: http://conceverde.blogspot.com/2009/06/en-defensa-de-las-aguas-subterraneas_25.html)

En el 2011 se volvió a denunciar por varias organizaciones el intento de desmantelar la DIGH del SENARA, dirigido a concentrar todo lo relativo a la gestión del recurso hídrico en la Dirección de Aguas del MINAET. (Léase: http://conceverde.blogspot.com/2011/03/en-defensa-de-nuestras-aguas.html).

Las anteriores intentos y otros que se han dado contra SENARA, sobre todo contra la oficina que está encargada de la protección del recurso hídrico subterráneo, como es la DIGH, se vio frenado por la Sala Constitucional y la misma Contraloría de la República, que se pronunciaron a favor de la Matriz de Uso del Suelo y de la independencia de la DIGH a la hora de emitir sus recomendaciones y criterios. No conformes con lo que ha decidido la Sala Constitucional y la Contraloría, los intentos de los empresarios para anular los criterios técnicos del SENARA continúan, como es con la demanda para anular la Matriz de Uso del Suelo, cuyo juicio iniciará este jueves 29 de junio a las 8:30 a.m. en el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Segundo Circuito Judicial de San José, Goicochea. Esperamos que otra vez los afanes de los empresarios sean frenados y que los jueces decidan a favor del recurso hídrico de los costarricenses.

 

*Imagen con fines ilustrativos.

Enviado por CONCEVERDE.

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Contraloría no autoriza contratación relacionada con Acueducto Sardinal – El Coco – Ocotal

Confraternidad Guanacasteca envió a SURCOS un documento de la Contraloría General de la República con fecha de 24 de mayo del 2017 en el cual “Se deniega autorización para realizar contratación directa concursada y por urgencia para la ampliación y mejoramiento del Acueducto Sardinal – El Coco – Ocotal (Fase 2), por un monto de ₵1.500.000.000,00”.

La resolución expone una serie de consideraciones relacionadas con la disponibilidad del inmueble a utilizar, el contenido presupuestario, una situación de «precio incierto» y otras consideraciones.

Compartimos el documento:

DCA-1057 CGR Se deniega autorización…

 

*Imagen con fines ilustrativos tomada de http://tlc-no.blogspot.com/

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Fundación Neotrópica presenta resultados de investigación Impactos de la narco-deforestación en las áreas protegidas de Centroamérica

Comunicado de prensa

  • Afectación al turismo e inversión extranjera sería inminente de convertirse las áreas silvestres protegidas de Costa Rica en espacios controlados por el tráfico de drogas
  • Fundación Neotrópica: Patrones de Impacto del Narcotráfico sobre los espacios Protegidos en Centro América nos Alertan sobre los Riesgos para el País
Erik Nielsen COLCA2
Erik Nielsen

San José, Costa Rica, 21 de junio de 2017. La Fundación Neotrópica en asocio con Earth Economics y la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica, expone su más reciente estudio regional Impactos de la narco-deforestación en las áreas protegidas de Centroamérica.

El objetivo principal de la investigación consiste en presentar los resultados de una estimación del daño ambiental actual y potencial que se ha detectado históricamente en razón de esta actividad ilícita desde el año 2006, cuando cambiaron los patrones del tráfico en América Central, así como documentar y analizar los Conflictos Ecológicos Distributivos (CED), que puedan estar relacionados con el tráfico de drogas y la presión que generan sobre las áreas silvestres protegidas, usando como lugares de estudio 5 puntos calientes a través de la región:

  1. Área de Conservación Osa (ACOSA) en Costa Rica
  2. Reserva de la Biósfera Xiriualtique – Jiquilisco en El Salvador
  3. Reserva de la Biósfera Darién – Comarca Emberá – Wounaan, en Panamá
  4. el Corazón del Corredor Biológico Mesoamericano (CBM): Reserva de la Biósfera Bosawás en Nicaragua y Reserva de la Biósfera Tawahka – Asagni / Parque Nacional Patuca, Reserva de la Biósfera Río Plátano en Honduras
  5. Reserva de la Biósfera Maya en Guatemala

Los resultados revelan la problemática regional que está teniendo consecuencias serias en lo que respecta a la combinación de las razones tradicionales por las cuales se ocasiona la deforestación con un detonante nuevo que complica las cosas, tratándose de un actor que no solamente opera en la informalidad sino que también tiene un gran poder económico y de violencia asociados.

Narcopista Terraba-Sierpe a la par de Laguna de Sierpe Informante Anonimo (3)

Estos factores se manifiestan no solamente en pérdidas económicas sino en pérdidas que puede afectar la calidad de vida y seguridad de la región, siendo los campesinos, ambientalistas e indígenas los más afectados. Los investigadores proponen que entre un 30- 60% de las pérdidas por deforestación en las áreas protegidas de la región son atribuibles a la narco-actividad lo que implicaría que las pérdidas por servicios ambientales, producto de la deforestación por tráfico de cocaína, de 2001 a 2010 le costaron a Centroamérica hasta $88 millones al año. El valor agregado del tráfico en Centroamérica se estima hasta en $2.500 millones al año.

Por otra parte, los niveles de presión y conflictividad que estas redes están generando sobre las reservas naturales de la región centroamericana amenazan sin distinción la institucionalidad, gobernabilidad y seguridad de la región, presentándose América Latina como la zona más peligrosa para los ambientalistas, siendo 2015 el año con mayor cantidad de homicidios con un registro de 122. Guatemala y Honduras se presentan como los países con mayores niveles de muertes y violencia.

La reducción en el valor de los servicios ecosistémicos en todas las zonas calientes es tendencia con excepción de ACOSA en Costa Rica donde se da un aumento de cobertura, exceptuando las zonas de manglares. Las zonas que registran mayores pérdidas son la RB Darién-Comarca Emberá, RB Maya y Corazón del CBM con pérdidas de hasta $267 por hectárea. La pérdida total agregada en la mediana de las zonas calientes es de $1,3 mil millones. Ello equivale a una pérdida anual de $146,7 millones.

Según Bernardo Aguilar, Director Ejecutivo de la Fundación Neotrópica y parte del grupo investigador, “posiblemente la parte más importante en donde se debe tomar nota es que a pesar de que en nuestro país no tenemos la cantidad de deforestación anómala que se ha manifestado en el resto de la región, sí tenemos amenazas al sistema de gobernanza ambiental que se manifiesta en conflictividad como signo de la presión que está ejerciendo la actividad del narcotráfico”.

“La lección es importantísima porque nuestro sistema es el que ha sido más exitoso pero también el que arriesga más, porque ningún país en América Central depende tanto de la efectividad de sus áreas silvestres protegidas para efectos de sus ingresos en divisas como es el caso de Costa Rica, cuyos ingresos por exportación dependen en un 20% del turismo”, aseveró.

Según Kendra Mcsweeney, investigadora de la universidad estatal de Ohio, las políticas de control de drogas, más que reducir el tráfico han causado la reubicación del mismo, significando una inyección de hasta el 15% del Producto Interno Bruto (PIB), en las economías de las naciones en las que sucede.

Por otra parte el doctor Gustavo Gutiérrez, catedrático y profesor de biología de la Universidad de Costa Rica, hace un llamado a las instancias de seguridad, institucionalidad ambiental y sociedad civil para la articulación y fortalecimiento del sistema de gobernanza ambiental participativa para que sirva como vehículo para prevenir las consecuencias del narcotráfico, siendo un país donde el 85% o más de los turistas admiten que una de las razones principales es visitar las áreas silvestres protegidas, espacios donde sólo se destina poco más de un quinto de un 1% del presupuesto nacional.

En tal sentido, es imprescindible que no solamente lo gobiernos de la región reconozcan la importancia de la inversión en la gobernanza ambiental participativa sino también las fuentes de ayuda externa que en algunos casos alimenta la mayoría del presupuesto que se dedica a la manutención de las áreas silvestres protegidas en América Central y en particular en Costa Rica. Estamos seguros que el país maneja está información, posiblemente en algunos aspectos en una forma mucho más profunda. Se debe estar preparados para la discusión que involucra a todos los actores que tienen el interés en el sistema de conservación del país y la rendición de cuentas por parte de las autoridades que tienen misiones en las cuales no necesariamente esa participación es tan abierta.

DOC-INTERÉS01

DOC-INTERÉS02

DOC-INTERÉS03

DOC-INTERÉS04

INVESTIGACIÓN

CP21-06-17 Narcodeforestacion

Laguna de Sierpe 20-4-17 Informante Anonimo
Laguna de Sierpe.

*Imagen de portada Foto Narcopista en Olancho Honduras Kendra McSweeney.

Enviado por Ingrid Hernández, Fundación Neotrópica.

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FECON: Investigación de la UCR en la Zona Norte evidencia expansión piñera descontrolada y sus impactos socioambientales

  • Solo 7 proyectos solicitando viabilidad ambiental de SETENA para el cultivo de 4.175 hectáreas entre 2014 y 2015 en el cantón de los Chiles
  • Entre 2004 y 2015 la extensión territorial de las plantaciones creció más de veintitrés veces

Investigacion de la UCR en la Zona Norte evidencia expansion pinera descontrolada

La investigación surgió de un proyecto de Acción Social que es parte del Programa Kioscos Socioambientales para la Organización Comunitaria de la Universidad de Costa Rica. Dicho proyecto trabaja con comunidades en la Zona Norte-norte desde el año 2009.

El estudio incluye una cartografía participativa realizada en la zona Norte-Norte incluyendo los cantones de Upala, Los Chiles y Guatuso. En la investigación se evidencia la falta de licencias de viabilidad ambiental y la ausencia de seguimiento de los proyectos que sí cuentan con ella, presencia de fincas piñeras dentro de corredores biológicos, fincas dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo y producción de piña dentro de asentamientos campesinos bajo la tutela del INDER.

El análisis de los expedientes de la SETENA y del trabajo de campo en cantones de esta región (Upala, Los Chiles y Guatuso), concluyó que: “i) algunas de las empresas que siembran y procesan piña no cuentan con licencias de viabilidad ambiental, ii) la Setena carece de mecanismos para dar seguimiento en el mediano y largo plazos a los proyectos que sí cuentan con esa autorización, y iii) los datos recopilados en los expedientes no permiten identificar los impactos que tienen estos cultivos sobre el territorio y la biodiversidad”.

Entre 2004 y 2015 se realizaron evaluaciones de impacto ambiental de 47 proyectos en la región Norte-Norte más de la mitad (29) en los Chiles. Las evaluaciones indican del total de proyectos el 65,9% recibió la viabilidad ambiental, un 21,3% fue rechazado, un 10,6% sigue en estudio y para un 2,1% no se registró información.

Desde la perspectiva ambiental, el estudio mapeó la presencia de fincas piñeras dentro de corredores biológicos ruta los Malekus, Medio Queso y Las Camelias, situación que amenaza la conservación de la biodiversidad. También existen hay plantaciones dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo, las cuales fueron establecidas después de que el Estado declarara ese espacio como área protegida después de 1994. Los refugios de vida silvestre Duaru y Caño Negro están potencialmente amenazados, lo mismo que los cuerpos de agua continental: ríos y humedales.

Por otra parte, hay evidencia de que cerca de veinte fincas dedicadas a la producción de piña se localizan dentro de asentamientos campesinos bajo la tutela del INDER. A este respecto el Estudio plantea la hipótesis de que la expansión de esa actividad en los últimos años –principalmente en el cantón de Los Chiles- fue posible a partir del alquiler de tierras, con al menos tres consecuencias: “i) los propietarios de las parcelas pasaron a ser asalariados, ii) hubo desplazamiento –interno o externo- de familias, y iii) el suelo se degradó por efecto del alto uso de agroquímicos, al punto que, si estas tierras volvieran a manos de sus propietarios, posiblemente no serán aptas para la producción agropecuaria.”

Investigación completa: http://www.estadonacion.or.cr/files/biblioteca_virtual/022/Ambiente/Valverde_Ketal_2016.pdf

Investigacion de la UCR en la Zona Norte evidencia expansion pinera descontrolada3

Enviado por Presidencia FECON.

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Tibás: cuarto cantón en declararse libre de glifosato

  • Pérez Zeledón libre de todo tipo de herbicidas

 

La campaña por “desintoxicar” las comunidades y sitios públicos ganó un nuevo cantón, la Municipalidad de Tibás decidió que no usará el peligroso veneno glifosato para el control de hierbas en los sitios públicos que administra, sumándose a la apuesta que han hecho otros cantones del país como Montes de Oca, Santo Domingo y Belén.

Mediante un acuerdo unánime el Concejo Municipal de Tibás acordó “prohibir el uso de herbicidas que contengan glifosato, en cualquiera de sus presentaciones comerciales, en cualquier espacio público de nuestro cantón, sean parques, jardines, campos deportivos, cementerios, linderos, aceras, caños y otros sitios públicos”.

Además, acordaron que se “se instruye a la Administración Municipal, en la persona del señor Alcalde, gestionar las medidas administrativas necesarias para el cumplimiento de este acuerdo en beneficio de las personas y el ambiente del cantón en general”. La municipalidad definió: “promover una campaña informativa en los ocho distritos para que nuestra población conozca de esta política y a su vez evite el uso de herbicidas sintéticos basados en glifosato en sus propiedades e igualmente se evite su uso en escuelas, colegios e instituciones públicas presentes en este cantón”.

Según datos de FAO, World Resources Institute del Banco Mundial, Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas (IRET) de la Universidad Nacional (UNA) nuestro país es el consumidor más voraz de plaguicidas en el mundo (Semanario Universidad, 3-6-2015).

Desde la FECON felicitamos a los consejos municipales de Tibás y los cantones que se han unido a esta iniciativa por su visionaria decisión y les instamos a liberar las áreas públicas de todo herbicida como lo hizo Pérez Zeledón, lo que implica que el Paraquat, uno de los más dañinos en uso en Costa Rica, quede fuera de este cantón josefino.

El glifosato, según estudios realizados desde el año 2000 por la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC, dependiente de la OMS), tiene pruebas para que sea ingresado a la lista de sustancias probablemente carcinógenas para humanos (grupo de sustancias 2A de la IARC). Según la IARC puede causar cáncer en animales de laboratorio y hay pruebas limitadas de carcinogenicidad en humanos (linfoma no Hodgkin) además de daños en el ADN y en los cromosomas de las células humanas.

En las zonas no agrícolas y urbanas se consume cerca del 35% del glifosato usado en el país para la gestión de malezas en vías férreas, bordes de caños, linderos, poliductos, entre otros, por tanto, es de primera necesidad de generar soluciones ecológicas.

El movimiento por cantones libres de herbicidas es animado por organizaciones ecologistas como la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL), Red de Coordinación en Biodiversidad, FECON, Bloque Verde, entre otras.

Informes: Mauricio Alvarez tel.887019165

Acuerdo de Tibás: http://www.bloqueverde.com/libreherbicidas/Tibas.pdf

Tibas cuarto canton en declararse libre de glifosato

Enviado por Presidencia FECON.

Con carta dirigida al Presidente piden S.O.S para Gandoca–Manzanillo

Limón, 17 de junio de 2017

AEL-034-2017

 

Dr. Luis Guillermo Solís

Presidente de la Republica

Casa Presidencial

Dr. Édgar Gutiérrez Espeleta

Ministro del Ambiente y Energía

Señoras y señores

Diputados(as)

Asamblea Legislativa

Mauricio Álvarez Mora

Presidente

FECON

Señoras y señores

Organizaciones Ambientalistas

Costarricenses

 

Ref: ¡S.O.S.! : Gandoca–Manzanillo

 

Distinguido señor Presidente,

Señoras y señores:

 

Queremos hacerles un respetuoso pero vehemente llamado para unir esfuerzos entre “Tirios y Troyanos”, en pro de la protección del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo.

Actualmente, en el Caribe sur de Costa Rica campea una corriente depredadora que amenaza hoy más que nunca ese santuario ecológico. No estamos hablando de acciones aisladas, como las consabidas talas ilegales del bosque, o los cuestionados permisos de uso que terminaron creando suntuosos proyectos hoteleros y viviendas. No.

Ahora se trata un proceso extremadamente bien articulado orientado a legalizar un mega negocio de bienes raíces que cuenta con el silencio cómplice de las autoridades locales del SINAC–ACLAC.

Muy probablemente estos empresarios inescrupulosos, cuentan con el respaldo de altas autoridades de la Administración Solís Rivera, que han consentido –posiblemente por desconocimiento–, una serie de acciones carentes de ciencia, técnica y lógica, orientadas a aumentar el flujo vehicular en dicha zona, sin siquiera hacer públicos los rigurosos estudios de capacidad de carga que respalden la ampliación de las vías de acceso al Refugio Gandoca–Manzanillo, en jurisdicción de ACLAC.

El problema que estamos denunciando requiere de una acción política y social del más alto nivel, a fin de evitar daños de difícil o imposible reparación: se requiere la conformación inmediata de una Comisión Técnica, compuesta principalmente por ONG´s como la Fundación Neotrópica, el Centro Científico Tropical, la UICN, la FECON, etc., a fin de que se aboquen a valorar objetivamente los esfuerzos de quienes audazmente impulsaron la sugestiva “Ley de Reconocimiento de los derechos de los habitantes del Caribe Sur” (No.9223, conocida como Ley Céspedes), aprovechándose de que en dicha zona no existe una comunidad bio alfabetizada, que posea la debida sensibilidad para valorar adecuadamente los supuestos “beneficios” de dicha Ley, la cual hemos impugnado ante la Sala Constitucional mediante la respectiva Acción de Inconstitucionalidad (Exped.N°14-019174-0007-CO), pese a lo cual el gobierno local impulsa desesperadamente la consolidación de la Ley N° 9223 mediante una serie de acciones que generarían daños de IMPOSIBLE REPARACIÓN, aunque la Ley 9223 eventualmente fuera derogada por inconstitucional.

Como una breve reseña de lo que realmente hemos vivido durante la Administración Solís Rivera, les transcribo literalmente uno de los tantos esfuerzos realizados en aras de la transparencia y la legalidad en nuestro litoral Caribe, sin respuesta alguna. Veamos:

“El pasado 28 de setiembre le remitimos el oficio AEL-126-2015, en cuyo epígrafe consignamos “Gestión deficiente del ACLAC” y en respuesta recibimos el oficio de referencia, suscrito por don Julio Jurado, Director Ejecutivo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), que era el superior jerarca del Director del ACLAC.”

Después de una serie de leguleyadas de rito, don Julio Jurado maquilla su oficio indicando:

“asimismo, le solicitamos nos aclare cuáles son los hechos concretos de la disconformidad contra el Área de Conservación La Amistad Caribe y aportar en caso de tenerla prueba sobre dichas anomalías, lo anterior para darle el tramite debido según corresponda.

Esta Dirección Ejecutiva, está muy interesada en mejorar en lo que está a nuestro alcance, el desempeño técnico, administrativo y jurídico de la Institución, por lo cual todas las quejas y denuncias contra la actuación irregular de algunos de nuestros funcionarios, se atienden, analizan y gestionan de conformidad con la normativa aplicable, lo anterior con el fin de asegurar el fiel cumplimiento de nuestras funciones”. (Fin cita textual).

El señor Ministro del MINAE, así como el Director Ejecutivo del SINAC, son hombres de ciencia, que heredaron 27 procesos administrativos más una larga lista de denuncias contra el Director del Área de Conservación La Amistad Caribe (ACLAC) Ing. Edwin Cyrus. Por ello, nos resulta a todas luces contradictorio que ni el Ministro ni el Director del SINAC, después de dos años en sus cargos, no hayan ordenado una auditoría evaluativa operativa del ACLAC, lo cual es fundamental para determinar el supuesto buen “desempeño técnico, administrativo y jurídico de la Institución”.

En cuanto “a los hechos concretos de la disconformidad contra el Área de Conservación La Amistad Caribe”, le reiteramos que el Consejo Regional Ambiental (CORAC) es una caja de resonancia de los caprichos del Ing. Cyrus; dicho CORAC nunca se ha manifestado en temas álgidos y trascendentales para la provincia de Limón: como por ejemplo APM Terminal o el fallido Tajo Asunción. Sin embargo, ese CORAC oficiosamente sí se pronunció favorablemente en relación con el trámite del proyecto de ley que luego fuera aprobado como Ley N°9223 (2014), debido a que algunos de sus actuales integrantes, tenían un interés directo en la aprobación de dicha Ley. Lo anterior puede constarse con una revisión de las actas de los cuatro últimos años de dicho CORAC. Esa Ley 9223 autorizó CERCENAR el territorio del Refugio Gandoca–Manzanillo en contra de toda ciencia y técnica y en la Asamblea, por maniobras del Diputado Céspedes y socios, se obviaron los informes técnicos de rigor que emitió el Departamento de Servicios Técnicos, EN CONTRA DE LA APROBACIÓN DE DICHA LEY, pues se trata de una ley regresiva en materia ambiental, entre otros efectos negativos de la misma.

Los denominados Centros de Rescate de la Provincia de Limón, no pasan de ser solapados “Zoo Criaderos”, en los cuales las especies son sometidas a extenuantes jornadas de exhibición para el beneficio exclusivo de unos pocos inconscientes, que explotan al turismo que paga por admirar estas especies en cautiverio.

A pocos metros del Humedal Nacional Cariari, el Ing. Cyrus fue sorprendido emitiendo dos comprometedoras certificaciones, a nombre y beneficio de la empresa RADA S.A., que sirvieron de “fundamento legal” (sic) para drenar un enorme humedal en beneficio de esta empresa, subsidiaria de APM TERMINALS. Y todo ello se realizó en terrenos que son parte del Patrimonio Natural del Estado, en este caso bajo Administración de JAPDEVA, pese a lo cual, solo se conformó una complaciente Comisión Investigadora cuyos resultados resultan risibles.

Por otra parte, se han desmantelado instancias como la Comisión Interinstitucional de las Cuencas de los ríos Banano, Bananito y Estrella, lo cual favoreció indudablemente al desastre ambiental denominado “Tajo la Asunción” de tan triste mención.

Asimismo, los Comités de Vigilancia de los Recursos Naturales (COVIRENAs), han sido literalmente neutralizados por el Director de ACLAC, estimulando el funcionamiento de un Consejo Regional Ambiental (CORAC) que nunca se pronunció sobre el desastre ambiental del Tajo Asunción ni el drenaje de humedales.

Habría que preguntarle al señor Ministro del MINAE: ¿cómo es que se avala la desafectación del Refugio Gandoca Manzanillo, siendo un sitio Ramsar de prestigio mundial y que, como todos sabemos, se está viendo impactado negativamente por el cambio climático?, ¿no es acaso inviable ambientalmente la Ley No. 9223? ¿Por qué el ACLAC y su CORAC no adujo falta de estudios técnicos que fundamentaran la reducción del espacio del REGAMA y al contrario lo apoyó con entusiasmo? ¿Por cuenta de quién anduvo el Director de ACLAC haciendo lobby en la Asamblea Legislativa a favor de la futura Ley 9223, en vez de combatirla?

Habría que preguntarle al señor Ministro del MINAE: ¿sabía usted que durante los últimos años la Sala Constitucional ha procedido a declarar la nulidad de leyes y decretos tendientes a la reducción del REGAMA?

Es por ello que le solicitamos respetuosamente, en atención a sus responsabilidades como jerarca del MINAE y derivadas de la Ley Orgánica del Ambiente, y basado en principios de ciencia y técnica, consultar a instancias como la UICN, el Centro Científico Tropical (CCT) o a la Fundación Neo Trópica, la viabilidad ambiental de la Ley No.9223, para evitar daños de difícil o imposible reparación en el REGAMA.

Señor Ministro del MINAE: el SINAC que ustedes heredaron, mantiene una serie de instancias totalmente controladas por mezquinos intereses económicos –una verdadera mafia enquistada en la institución– que en contra de su misión y visión institucional, impulsan proyectos en detrimento de la colectividad y del Patrimonio Natural de los costarricenses. Es por ello que solicitamos, tanto a usted como al señor Director del SINAC, que pongan su mano en la conciencia y empiecen a hacer la esperada diferencia que muchos esperábamos de la Administración Solís Rivera en materia ambiental y de transparencia institucional.

Necesitamos acciones concretas y una primera y urgente debería ser el traslado del Ing. Edwin Cyrus, mientras se realiza una auditoría operativa–evaluativa en la ACLAC, dado que el Ing. Cyrus se ha caracterizado por realizar una gestión nefasta para los recursos naturales de Limón. Los jerarcas del MINAE–SINAC conocen y saben que no se trata de apreciaciones subjetivas de un ciudadano inconforme, todo lo contrario: existen pruebas e indicios de todo género en los voluminosos expedientes del Ing. Cyrus desde anteriores administraciones, además del oficio SINAC-DE-1986 del pasado 17 de diciembre.

Y con todo respeto, no esperen que les aportemos las pruebas que ustedes deben recabar en las investigaciones que les competen: si tuviéramos el sólido fundamento fáctico para ello, con el detalle requerido, iríamos de una vez el Ministerio Público y no perderíamos el tiempo en un intercambio epistolar con las jerarquías del MINAE–SINAC que a veces nos parece ocioso.

Vean a continuación lo que están haciendo en estos momentos en el Refugio Gangoca–Manzanillo, al amparo de la Ley Céspedes, abriendo un camino hacia el mismo refugio, para un mayor tránsito de vehículos de todo tipo: https://www.youtube.com/watch?v=Nm701I_3pec&feature=youtu.be

Reciban las muestras de nuestra consideración y quedamos a la espera de sus buenas noticias, informándonos de las acciones tomadas al respecto, para lo cual atenderemos notificaciones al correo machore@gmail.com fax 2798-2645.

Atentamente,

 

Marco Levy Virgo

Presidente

Asociación de Desarrollo para la Ecología

SOS Gandoca Manzanillo

Imágenes tomadas del video https://youtu.be/Nm701I_3pec

Enviado por Marco Levy Virgo.

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Ecologistas le ganan pulso a piña transgénica de PINDECO – Del Monte

El experimento de piña transgénica que desarrolla PINDECO, tuvo un significativo revés al rechazarse las intenciones de esta compañía de utilizar paracuat y quemar los rastrojos y remanentes de la piña transgénica “Rose”.

Ecologistas presentes en la Comisión Nacional de Bioseguridad (CTNB) del Servicio Fitosanitario del Estado, se opusieron a la propuesta de aplicar herbicida (paraquat), quemar y destruir mecánicamente dicho cultivo, posición que fue avalada y respalda por todos los representantes estatales y técnicos que conforman la CTNB. Este experimento transgénico que PINDECO desarrolla desde 2011 arrastra un cuestionado permiso de la CTNB (Red de Coordinación en Biodiversidad Costa Rica, 2-11-2011).

¿Por qué oponerse? Después de aplicar Paraquat (Dicloruro de 1,1′-dimetil-4,4′-bipiridilo) o cualquier otro herbicida con cloro y posteriormente quemar, sin importar el tiempo que haya pasado dada la persistencia de estos agrotóxicos, se generan dioxinas que “son contaminantes ambientales que pertenecen a la llamada «docena sucia»: son preocupantes por su elevado potencial tóxico. La experimentación ha demostrado que afectan a varios órganos y sistemas. La exposición breve del ser humano a altas concentraciones de dioxinas puede causar lesiones cutáneas, tales como acné clórico y manchas oscuras, así como alteraciones funcionales hepáticas. La exposición prolongada se ha relacionado con alteraciones inmunitarias, del sistema nervioso en desarrollo, del sistema endocrino y de la función reproductora.” Fuente: OMS (http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs225/es/ )

La práctica de usar el herbicida paraquat es generalizada para todas las plantaciones de la transnacional Del Monte. Este peligroso agrotóxico está prohibido en más de 40 países en el mundo, por ejemplo en sentencia firme de la Corte de la Unión Europea desde julio del 2007 por ser altamente tóxico (ver nota de la Corte de Justicia de la UE), a raíz de este fallo, la transnacional Dole decretó moratoria en todo el mundo con relación al uso del Paraquat en sus operaciones, con una sola excepción: Costa Rica (ver comunicado Dole).

Incluso el gobierno de China, una nación que poco se preocupa por la regulación ambiental, decidió en 2012 eliminar el paraquat “para salvaguardar la vida de las personas”, aunque todavía permite la producción para la exportación (Nytimes.com/20/12/2016).

Para Fabián Pacheco representante de FECON en la CTNB: “Comprendiendo que la bioseguridad debe partir de un análisis integral y de la responsabilidad del SFE y en general de los representantes del Ministerio de Salud de la Comisión se hace necesario que se prohíba esta mala práctica de la trasnacional que indiscutiblemente repercute de manera lamentable sobre la salud laboral y ambiental de Costa Rica”.

Ecologistas hicieron ver las grandes contradicciones del sector piñero en relación a sus manuales de buenas prácticas, que continuamente citan para afirmar que toda su producción es amigable con el ambiente (ver Luis Ángel González Alfaro. – San José, Costa Rica: MAG/SFE, 2012. 18 pp.).

La FECON recomienda ilegalizar este tipo de “sahumerios” de dioxinas y exigir la práctica de destrucción de la biomasa mediante la acción mecánica de implementos agrícolas y evitar el uso de herbicidas y quemas en general. Se recuerda la importancia de que la destrucción de la biomasa y su posterior integración al suelo debe darse en un plazo no mayor a 5 días para evitar criaderos de Mosca (Stomoxys calcitrans).

 

*Informes con Fabián Pacheco, tel. 88262270, representante de FECON en Comisión Nacional de Bioseguridad (CTNB).

Ecologistas le ganan pulso a pina transgenica de PINDECO

Enviado por presidencia FECON.

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La piña que se importa de Costa Rica está siendo denunciada por su impacto ambiental, social y económico en los territorios

La piña costarricense esconde una serie de impactos que van desde la destrucción del bosque tropical a la violencia machista y laboral. La expansión del agronegocio de la piña tiene características inesperadas para las poblaciones rurales de Costa Rica llegando a ocupar alrededor de 60 mil hectáreas. El crecimiento de más del 500% en menos de tres quinquenios ha puesto en jaque los sistemas agrícolas campesinos, los sistemas comunitarios de agua potable, la estabilidad económica y las condiciones de salud humana y animal donde quiera que se instalen. Tanto así que se ha formado un Frente Nacional de Sectores Afectados por la Expansión Piñera la cual lleva 10 años trabajando el tema.

Uno de los casos más preocupantes presentados por casos de contaminación de agua se dio en comunidades como El Cairo, Milano, Luisiana y La Francia del cantón de Siquirres, comunidades que son abastecidas por tres organizaciones comunitarias de acueductos (ASADAS) encargadas de abastecer de agua a 1.751 abonados, de fuentes provenientes de las cuencas de los ríos Peje y Destierro, afluentes del río Parismina. El Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas (IRET) de la Universidad Nacional (UNA) desde el año 2003 documentó la contaminación de las fuentes de agua para consumo humano con residuos de plaguicidas por el uso de bromacil y diurón y el fungicida triadimedón. Estas poblaciones reciben una cantidad reducida de agua potable semanalmente por porte de la institución nacional de Acueductos y Alcantarillados en una cisterna.

¿Sabemos cuánto le cuesta al país la actividad piñera? Lamentablemente es necesario investigar mucho más para responder esta pregunta con exactitud. Pero ya tenemos datos suficientes para decir, en lenguaje económico, cuánto cuesta aproximadamente al país producir piña. Importante mencionar que estos cálculos son realizados a partir de un escenario deseado donde las empresas piñeras tendrían que cumplir la ley nacional vigente, nada más.

Mediante la metodología de Análisis de Escenarios Objetivo (TSA por sus siglas en ingles) el Programa de Naciones Unidas para Pequeñas Donaciones (PNUD) en 2016 estimó los costos generados por los impactos sociales y ambientales de la actividad piñera en el país. Este documento es necesario complementarlo con otra investigación reciente generada por el mismo PNUD titulada: “Monitoreo de Cambio de Uso de Suelo del Paisajes Productivo” (MOCUP) donde demuestra mediante Sistemas de Información Geográfica que la pérdida de bosque por deforestación ilegal por parte de la industria piñera acede a 5.568 hectáreas. Esto en uno país en el que los bosques tienen un valor cultural y económico importante.

Según el TSA los costos asociados a la actividad que no pagan las empresas piñeras (externalidades) contemplan cuatro aspectos: perdida de cobertura forestal, perdida de bosque y biodiversidad, pérdida de calidad de agua y erosión se suelos.

 

  1. La pérdida de cobertura forestal se estima en 10 millones de euros por año
  2. La pérdida de bosque y biodiversidad suma un total de 12 millones de euros por pérdida de biodiversidad
  3. La pérdida de calidad de agua se ha registrado para este aspecto de 8 millones de euros al año
  4. Erosión de suelo llega a 1 millón de euros por año

 

Además de estas afectaciones ambientales, la mala gestión de los desechos de la piña ha afectado y sigue afectando a pequeñas familias ganaderas que tienen sus fincas en las cercanías ya que se genera una mosca que ataca fuertemente al ganado, disminuyendo su producción de leche, generando debilidad y hasta muerte. Esta situación ha obligado a varias familias a tener que vender sus tierras a las mismas compañías piñeras que siguen expandiéndose. En lugares donde se producían granos básicos y ganado para los mercados nacionales y locales, se está substituyendo por piña.

La mano de obra contratada en zonas fronterizas es mayoritariamente extranjera y bajo contratos temporales, sin pago de la seguridad social, en condiciones de trabajo abusivas y con persecución y despido a quienes se organicen en sindicatos.

Faltan datos aún para cuantificar el impacto sobre salud humana y animal, la explotación laboral y el desplazamiento de la economía campesina y la soberanía alimentaria. Organizaciones campesinas, ecologistas y de Economía Social Solidaria se han manifestado las últimas semanas para solicitar una moratoria ante la expansión piñera y controles eficientes del impacto ambiental y social de las piñeras existentes, como una forma casi desesperada ante los impactos que se están viviendo en las comunidades y ante la creciente demanda de piña de Costa Rica en los mercados internacionales. Las personas consumidoras deben de conocer el impacto de la producción de la piña y solidarizarse en las demandas que realizan las organizaciones de la sociedad civil denunciando y generando comunicados de apoyo. Ponemos nuestros contactos por si desean mayor información o expresar su solidaridad mediante cartas de sus organizaciones.

 

-Frente Nacional De Sectores Afectados por la Expansión Piñera

frenasappcr@gmail.com / FB: Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción Piñera

-Bloque Verde

bloqueverde@gmail.com / FB: Bloque Verde

-Red de Economía Social Solidaria de Costa Rica

ess.redcr@gmail.com / FB: Redess Costa Rica

 

*Imagen con fines ilustrativos.

Enviado por Carlos Alberto Hernández Porras, COKOMAL S.C. / Comisión Dinamizadora – RedESS.

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UCR: Galardón premia compromiso con el ambiente

Rebeca Madrigal López,

Periodista Oficina de Divulgación e Información, UCR

Galardon premia compromiso con el ambiente
27 unidades recibieron Galardón Ambiental en la UCR por sus buenas prácticas con el ambiente. En la foto, recibe Galardón Ambiental representantes de la Sede del Pacífico.

Realizar un bingo ambiental en donde las fichas de juego fueron las teclas viejas de computadoras en el Recinto de Grecia, utilizar la cosecha de agua llovida para lavar ropa en las Residencias Estudiantiles o utilizar el vehículo compartido, fueron tan solo algunos ejemplos, de la forma en que la comunidad universitaria de la Universidad de Costa Rica celebró la Semana Ambiental 2017.

En el cierre de la Semana y con una amplia gama de actividades, la Universidad de Costa Rica realizó este viernes 9 de junio un reconocimiento a las unidades de sedes y recintos que durante el año, impulsaron iniciativas orientadas hacia el uso sostenible de los recursos.

Uno de los reconocimientos es el «Galardón Ambiental», que por segundo año consecutivo se otorga a las unidades cuyas prácticas fortalezcan el equilibrio con el medio ambiente.

La Unidad de Gestión Ambiental, encargada de la organización de la Semana Ambiental, lanzó un concurso denominado Reto Ambiental, cuyo objetivo fue promover la integración de la comunidad universitaria, por medio de actividades donde se incentivó la participación y el trabajo colaborativo en equipo. Diferentes unidades se organizaron y conformaran un equipo para resolver los retos ambientales asignados para cada día de la semana.

El Vicerrector de Administración, Dr. Carlos Araya Leandro, durante el acto de clausura de la Semana Ambiental señaló que la UCR tiene que ser un referente en materia ambiental. Por ello, la academia no solamente debe generar conocimiento a través de amplia investigación, acción social y docencia sino que ese conocimiento tiene que verse reflejado en la gestión institucional.

De esta manera, durante el año se insta a las Unidades a implementar buenas prácticas y durante la Semana Ambiental tratamos de reflejar ese quehacer de todos los días y eso por esa razón, que la UCR cierra la semana con la premiación del Galardón Ambiental, puntualizó Araya.

Este reconocimiento es una valoración de buenas prácticas y estos parámetros pasan por un exhaustivo criterio de evaluación a cargo de un panel de expertos independientes. Este año aumentó el número de unidades participantes ya que pasó de 24 a 31 unidades con la participación de 1329 funcionarios.

Galardon premia compromiso con el ambiente2
La comunidad universitaria del Recinto de Grecia participa en el bingo ambiental con piezas de teclados viejos (foto: cortesía Rodrigo Rodríguez).

De acuerdo con los datos de la Unidad de Gestión Ambiental, este año, el 87% de los participantes, o sea 27 unidades, obtuvieron el Galardón Ambiental y los acredita como unidades amigables con el ambiente. De estas 27 unidades, 5 de ellas recibieron un reconocimiento especial al obtener el mayor puntaje. Entre ellas, se encuentra la Finca Baudrit, el Instituto Clodomiro Picado, el Recinto de Grecia , la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva y la Asociación de Estudiantes del Pacífico.

Estas unidades cumplieron con todos los aspectos evaluados como son gestión administrativa, educación ambiental, gestión de insumos, residuos, energía, recurso hídrico y gestión del aire, movilidad y compensación.

Activa participación de las sedes

Las sedes de Occidente, Atlántico y Pacífico obtuvieron el Galardón Ambiental al realizar un esfuerzo en áreas tales como recolección de residuos, uso de cosecha de agua llovida, eliminación o disminución en el uso del papel, entre otras.

El programa Galardón Ambiental inició con la celebración del 75 aniversario de la UCR en el año 2015 y el año pasado se entregaron los primeros galardones y en esta Semana Ambiental 2017 aumentó el número de unidades participantes.

El objetivo es que año a año el número de unidades académicas, administrativas y asociaciones de estudiantes se unan mediante un ejercicio diario de buenas prácticas ambientales, que van desde pequeños esfuerzos como apagar la luz y el computador cuando no se está utilizando hasta elementos macros como el cambio de iluminación convencional a iluminación Led en los diferentes campos de la universidad para disminuir el uso de energía. En materia de transportes se tiene un mayor cuidado en el uso de combustibles y cambio de flotilla vehicular que generen no solamente un ahorro económico sino también ambiental.

Todas estas iniciativas forman parte del compromiso asumido por la UCR, que se traduce en políticas de sostenibilidad ambiental aprobadas por el Consejo Universitario en la Sesión 5854 del 20 de marzo del 2015, para mejorar la calidad de vida de la comunidad universitaria y medir el grado de cumplimiento mediante prácticas sostenibles con el ambiente.

Recinto de Grecia con buenas prácticas ambientales

Para conversar con el gestor ambiental del Recinto de Grecia, Rodrigo Rodríguez Rodríguez, fue necesario interrumpirlo antes del bingo ambiental, donde las fichas de juego son teclas viejas de computadoras. La unidad académica está festejando su segunda Semana Ambiental, y Rodríguez nota una mayor participación de las y los estudiantes.

Su visión es que el personal administrativo, docente y el estudiantado deben vincularse para reciclar y llevar a cabo otros proyectos ambientales. “Creo que los estudiantes deben dejar de ver a los de administración como gente rígida y de oficina y que vean que también proponen cosas nuevas”, comentó.

El recinto instauró un Punto Verde para separar los residuos (papel, cartón, plástico, aluminio y vidrio), que la municipalidad lleva cada 15 días a una cooperativa de mujeres y capacitó a 30 personas, entre administrativas y docentes, en manejo de desechos

Video Clausura Semana Ambiental:

https://youtu.be/QIscFZpWFz4

 

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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