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Denuncian problemática y destrucción del Parque Nacional Manuel Antonio

De acuerdo con la denuncia compartida con SURCOS Digital, según la Ley 5100, con la cual se creó el Parque Nacional Manuel Antonio, el 50% de los dineros que se recaudan por derecho de entradas a dicho parque, tienen que invertirse en el desarrollo, consolidación y mejoramiento del mismo, sin embrago, nunca se ha cumplido con esta Ley y el capital recaudado se destina para el resto de parques nacionales.

Según el comunicado emitido a SURCOS, el Parque Nacional Manuel Antonio produce 5 millones de dólares por año, de los cuales sólo se le destinan 10 millones de colones anuales, en un lugar donde ingresan cerca de 400 mil turistas por año, donde los servicios sanitarios están en mal estado, por lo que tienen varias órdenes sanitarias que ya llevan varios años sin cumplir; y existe un recurso de amparo declarado con lugar.

 

Enviado a SURCOS Digital por Enrique Soto Gómez.

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Plantean 32 razones para no apoyar el Proyecto de Ley de Recurso Hídrico

Diferentes personas, comunidades y ONG que no están de acuerdo con la aprobación del Proyecto de Ley de Aguas, emitieron un comunicado con 32 razones para no apoyar este proyecto de ley:

 

  • El proyecto de ley irrespeta el PRINCIPIO DE CONEXIDAD porque mutiló y modificó el texto original presentado por el mecanismo de INICIATIVA POPULAR que tuvo el respaldo de más de 170 mil personas firmantes.
  • El proyecto de ley es obsoleto porque excedió el plazo de DOS AÑOS para la aprobación que rige para las leyes de “iniciativa popular.”
  • El proyecto de ley muere al enviarlo a segundo debate en forma extemporánea.
  • El proyecto de ley concentra la tutela del recurso hídrico en un órgano descentralizado INDEPENDIENTE y TÉCNICO desmantelando al AyA y al SENARA, institución a la que le quitan las funciones de investigación y manejo de las aguas subterráneas, dejando en el limbo a los funcionarios especialistas.
  • El proyecto de ley debilita e invisibiliza a las más de 1500 ASADAS que solo son mencionadas 1 vez en 130 artículos y a las que les dejan 1 solo representante en el Consejo de Unidad Hidrológica, dominado con 4 representantes del sector privado, 3 representantes de las 81 municipalidades.
  • El proyecto de ley privilegia a las SOCIEDADES DE USUARIOS, les mencionan en 4 artículos en los que les permiten además de administrar el agua para riego y agricultura les permiten competir con las ASADAS en la administración de las aguas para el consumo humano.
  • El proyecto de ley eliminó el texto que obligaba a las SOCIEDADES DE USUARIOS a convertirse en ASADAS.
  • El proyecto de ley eliminó que el acceso al agua fuera en CANTIDAD Y CALIDAD ADECUADAS, tal y como lo establece la ONU y la Encíclica del Papa Francisco.
  • El proyecto de ley eliminó el CONSUMO HUMANO como el uso PRIORITARIO del agua La ley actual de aguas protege los usos consuetudinarios y no consuntivos del agua
  • El proyecto de ley establece que el agua tiene un valor económico en todos sus diversos usos, incluido el de consumo humano, por lo que al convertirse en un bien económico produciría que las 338776 personas que viven en pobreza y pobreza extrema en Costa Rica tengan menos opción de accesar el agua potable.
  • El proyecto de ley eliminó la prohibición de la EXPORTACIÓN DEL AGUA.
  • El proyecto de ley reduce el radio de protección de las nacientes 10 veces y el área en 100 veces, lo que significa reducir el radio de protección de 200 a 20 metros y reducir el área de protección de 12560 a 1256 metros cuadrados.
  • La ley actual no impide al Estado planificar la gestión y administración del agua. Esto no debe ser excusa para aprobar el proyecto de ley.
  • La ley actual no impide que el Estado garantice la participación de las comunidades en la gestión del agua. Esa participación está garantizada en leyes nacionales y convenios internacionales ratificados por Costa Rica.
  • La ley actual no impide que se apliquen sanciones donde corresponde. Las sanciones se pueden hacer mediante reformas, inclusión de un capítulo a la ley actual.
  • La ley actual no impide que se puedan estimar daños al ambiente y al agua.
  • La ley actual no impide que se tomen acciones para la adaptación al cambio climático. Esto debe ser una política de Estado y ya existe normativa y agenda al respecto.
  • La ley actual no impide tener una visión integral del agua como recurso, integrado a la biodiversidad.
  • La ley actual no contradice los convenios internacionales que declaran el agua como bien de dominio público y como derecho humano. Por el contrario, se complementan y se puede reformar la ley actual o reformar la constitución para que se establezca como tal.
  • La ley actual no impide cuidar el agua.
  • La ley actual resalta la importancia social y no valor económico del agua.
  • La ley actual protege los procesos de participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones
  • La ley de Aguas vigente posee un capítulo con 15 artículos con consideraciones ambientales.
  • La ley actual no impide la aplicación de los radios y áreas de protección de las nacientes.
  • La ley actual no representa una dificultad de acceso a la información para los administradores y usuarios. Los sistemas informáticos actuales y el programa de Gobierno Digital superan esa barrera.
  • La ley actual vigente ha sido actualizada mediante reformas que han abarcado 48 de los 216 artículos que contiene, lo que representa el 26%. Se dieron 48 reformas en el año 2009, 6 reformas en el año 1972 y 4 reformas en el año 2009.
  • Las ASADAS se deben pronunciar contra el proyecto de ley de aguas. Las ASADAS son personas que no conocen el alcance del proyecto de ley de aguas, antes de pronunciarse, se les debería informar adecuadamente.
  • Los grupos ecologistas se deben pronunciar contra el proyecto de ley de aguas. Los que están a favor del actual proyecto de ley se han vinculado con grupos y organizaciones que están al servicio del Banco Mundial y favorecen la privatización del agua.
  • Las asociaciones de desarrollo integral y las asociaciones de cualquier tipo se deben pronunciar contra el proyecto de ley de aguas. Estas asociaciones generalmente son integradas por personas que no conocen el proyecto de ley y más bien, por sus vínculos y dependencia con ciertos políticos que los pueden inducir a error, antes de pronunciarse deberían documentarse e informarse.
  • La escasez y la sobreexplotación del agua y la contaminación de pozos y nacientes no se solucionan con un proyecto de ley.
  • El acceso al agua tiene que ser gratuito y obligatorio. No se puede comercializar.
  • El derecho humano al agua, ni se compra ni se vende.

 

Enviado a SURCOS Digital por Ma. Elena Fournier S.

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FECON: Nueva ley de moratoria a desalojos es inconstitucional y es retroceso ambiental

Presentarán acción legal en los próximos días

 

Dos distintos dictámenes del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa evidencian que es inconstitucional la nueva Ley 9373, que se firmó la semana pasada aprobada bajo el expediente legislativo 19.139. Esta ley suspende durante 24 meses desalojos a personas, demolición de obras, suspensión de actividades y proyectos en la Zona Marítima Terrestre, Zona Fronteriza y el Patrimonio Natural del Estado.

En el primer dictamen del 5 de marzo de 2014, se indica que el entonces proyecto de ley violentaba entre otras cosas la interdicción de la arbitrariedad, la legalidad, razonabilidad, proporcionalidad y seguridad jurídica y también la tutela efectiva de los bienes demaniales y su correlativa potestad reivindicatoria, la imprescriptibilidad de los bienes de dominio público, la protección ambiental, la no regresión y progresividad en materia ambiental y la separación de poderes. En un segundo informe emitido el 7 de diciembre de 2015, se reiteró que la mayoría de señalamientos con respecto al proyecto de ley no fueron tomados en cuenta.

Cuando el Frente Amplio quiso visibilizar la inconstitucionalidad y regresión ambiental del proyecto mediante una consulta facultativa de constitucionalidad ante la Sala IV, contó con el apoyo de tres diputados del PAC, sin embargo al ver el revuelo del bipartidismo PLN-PUSC en contra de la consulta sobre la constitucionalidad de la ley, sacaron sus firmas para terminar siendo cómplices de este retroceso en materia ambiental en el país. Además, en términos políticos, este es un grave antecedente pues el PUSC y el PLN lograron “torcer la mano” de tres diputados del PAC bajo la amenaza de entorpecer, más aún, las agendas fiscales. El nivel de la discusión y argumentación por parte de estos partidos políticos fue tan bajo que el diputado liberacionista de la provincia de Limón, Danny Hayling, cuyos intereses están vinculados a los negocios de transportes de tierra y mar, recurrió a frases como “pacto satánico” para calificar la intención de hacer la consulta constitucional.

Para los ecologistas esta forma de legislar es populismo, pues se utiliza la pobreza y la desesperación de habitantes de estas zonas para atentar contra el ambiente y legalizar megaproyectos y sus intereses, es además un derroche de recursos y tiempo sumando los millones que implica el salario de los diputados y los recursos técnicos, para que se venga abajo no sólo el proyecto si no la esperanza de una solución más beneficiosa para el ambiente y las personas.

Para el presidente de FECON, Mauricio Álvarez “al texto de ley poco le falta incluir un transitorio que diga no nos importa el ambiente”. Y agrega que “esto significa que todos los megaproyectos que han ido usurpando las zonas especiales, se legalicen por dos años. Serán intocables por ley” enfatizó.

El abogado ambientalista Álvaro Sagot aseguró que “Afortunadamente, la Sala Constitucional ha sido constante en los criterios sobre situaciones similares (esperamos que ahora no vaya a cambiar) como la milla fronteriza, la Zona Marítimo Terrestre e incluso, otra moratoria exactamente igual a ésta, señalando la regresión ambiental, la imposibilidad de adquirir derechos tras la invasión de bienes del dominio público, entre otros aspectos. En la misma línea se ha pronunciado la Procuraduría General de la República, que ha indicado la violación del Estado de proteger los bienes públicos que se materializaría con la aprobación de este proyecto de ley”.

*Informes: http://www.feconcr.org/doc/zonas%20especiales/ Mauricio Alvarez M, presidente FECON.

 

*Imagen con fines ilustrativos tomada de la página de FECON.

Enviado a SURCOS Digital por FECON.

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Aclaración sobre “premio” de FAO sobre pesca ilegal

Lo que expresamente se está premiando es la adhesión a un tratado que vendría a combatir la pesca ilegal en el futuro. Se premió en total a los 34 partes firmantes del llamado Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto, las cuales representan a un total de 61 países (incluidos los de la Unión Europea).

Nuestro país está lejos de ser reconocido en la lucha por la pesca ilegal pues:

  • En 6 años pasamos del puesto 35 en 2011 a 130 a nivel mundial en 2016 en el índice de Salud de los Océanos, y mientras descendemos 95 puestos, el MAG por medio de INCOPESCA es responsable de burlar el principio precautorio y ponernos en vergüenza mundial por la exportación de aletas de tiburón, y como si faltara más hoy se insiste en un proyecto de pesca de camarón por arrastre que terminará con acabar, con el fondo marino y su diversidad (FECON,11-3-16).
  • En INCOPESCA no ha habido asomo de ninguna reforma integral de esta institución, que es incapaz de hacer una buena gestión del mar, como reconoce el MAG ante sus propias limitaciones para controlar la pesca de palangre, incumpliendo el decreto 38681. El Ministerio de Agricultura reconoce que de las reglas emitidas desde el 2014 para la pesca de palangre, a la fecha son pocas las que se cumplen. Según consigna una nota del Diario Extra del 25 Febrero, 2016: para la protección del atún y especies afines, el MAG reconoce que no hay capacidad para ejecutar las acciones dispuestas en el decreto debido a la lejanía y escaso personal. Otro que punto en el que no hay cumplimiento es en el establecimiento de dispositivos de control satelital en las embarcaciones nacionales de palangre, que pescan atún, corvina, tiburón, entre otras especies. No obstante, estas continúan recibiendo el combustible a un precio preferencial. Combustible que se usa para pescar ilegal en la isla del Coco y para trasegar droga.
  • Además para aumentar la vergüenza mundial la aleta de tiburón martillo exportada pudo ser pescada ilegalmente en la Isla del Coco y con combustible subsidiado. Así lo denuncio la Federación Ecologista en marzo del año pasado (FECON, 11-3-15). Esta paradoja se hace especialmente grosera cuando se constata que quienes en el SINAC han autorizado la exportación de las aletas son quienes no logran proveer a los guardaparques de Isla del Coco de los medios necesarios para lograr meter a la cárcel a quienes violan las leyes que resguardan este sitio patrimonio mundial de la Humanidad. Tampoco hay que olvidar que estas embarcaciones han recibido o reciben aún subsidios para combustible del INCOPESCA lo cual es un doble premio a estas malas conductas de este sector pesquero que nada tiene que ver con la pesca artesanal.
  • Según la FAO, Costa Rica figura entre los mayores exportadores de aletas de tiburón. Entre 2008 y 2011, el país exportó más de 300 toneladas anuales. Desde el punto de vista ecológico, los datos de la FAO (2014) significan que la matanza de tiburones en el país (solo para exportar sus aletas) puede haber llegado –utilizando números conservadores y considerando solo el dato de las 300 toneladas anuales–a 660.000 tiburones al año. (Estado de la Nación, 2015)
  • El ministro del MAG es el responsable político de la exportación de la aleta de tiburón, acción por la cual debería compartir el “galardón” de enemigo mundial del tiburón junto con el Presidente Solís ( FECON, 23-11-15).
  • Este gobierno es responsable además solicitar el aumento 7000 toneladas adicionales de atún que se sobrexplota y se regala en nuestras aguas. (Semanario Universidad, 19 -7- 2014). Según denunció el biólogo Enrique Ramírez Guier la falta de políticas y manejo de las pesquerías, que ha llevado a una caída en el 50% de los desembarcos de productos pesqueros en los últimos 10 años. Mientras esto ocurre, la flota internacional de cerco atunero se ha llevado aproximadamente 25.000 toneladas de atún al año con un valor de mercado de $70 millones (atún de enlatado) y un valor potencial (atún fresco) para la pesca con anzuelo para pescadores nacionales de $250 millones, pagando esa flota solo el 0,6% del valor potencial del atún que se llevan a otros puertos( Ver articulo completo).

 

*Imagen con fines ilustrativos tomada de http://feconcr.org/

Enviado a SURCOS Digital por FECON.

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Ruta 257 destruyó 69 hectáreas de Humedal Cariari en Moín

  • Cortaron 1399 árboles y afectaron 88,16 hectáreas de humedales
  • Se habría transgredido la Convención Ramsar

Ruta destruye hectareas de Humedal Cariari en Moin3

La semana pasada se denunció el alto costo y posible tráfico de influencias en la construcción de la Ruta 257 hacia la megaterminal de Moín, pero este sobrecosto fue justificado por el Gobierno como recursos necesarios para la supuesta protección del Humedal Cariari, que en todo caso nunca debió haberse puesto en peligro puesto que se pudieron haber usado otros accesos más baratos o con menos impactos, incluso la calle pública a Moín.

FECON ha sostenido que para reducir el humedal habría sido necesario que existiera una ley especial y no un decreto de interés nacional (N° 38172 -MINAE-MOPT) sin mayor análisis, como lo hicieron en este caso. Para la construcción de esta ruta, según el SINAC, se afectan 88,16 hectáreas de humedales, de las que 69 son del Humedal Nacional Cariari, Patrimonio Natural del Estado (SINAC –GASP-320-13).

Ruta destruye hectareas de Humedal Cariari en Moin

Este criterio fue compartido por los abogados de SETENA pues consideraron que el proyecto significa la mutilación del área protegida, requiriendo de una ley especial hecha con base en la ley forestal y estudios técnicos que justifiquen esta reducción. Todos estos criterios fueron obviados por los responsables de SETENA y la administración del MINAE del anterior gobierno y fue avalado por la actual administración.

El especialista en impacto ambiental y ex director de SETENA Allan Astorga-Gättgens, se cuestiona porqué el costo tan alto si la carretera ya está trazada en lastre y está en uso hace casi dos años y agrega que «si se dice que es dinero para disminuir el daño ambiental, hay que decir que, lamentablemente, el daño (irreversible) ya fue hecho desde que se metieron los tractores en el humedal Cariari y se hizo el trazo de la vía». Además para Astorga «una simple vista a la imagen de Google Earth para esa zona deja ver, con claridad, que había otras alternativas, menos impactantes para el ambiente y posiblemente más barata».

Ruta destruye hectareas de Humedal Cariari en Moin2

En abril de 2014 el Tribunal Contencioso Administrativo (TCA) rechazó la medida cautelar que ordenaba al Servicio Nacional de Conservación (SINAC) del Minae, no autorizar la tala de árboles en el Humedal Cariari, una de las razones fue que se construiría con medidas ambientales para evitar el daño ambiental. Esto no sucedió, como es visible se hizo una calle en lastre sin el mayor cuidado y partiendo en dos el humedal mediante la carretera y significó al menos la tala de 1399 árboles, según la SETENA.

En diciembre del 2013 la SETENA denegó la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto presentado por el CONAVI, y le solicitó un anexo al EIA. En esa resolución aducía que la ruta “se desarrolla en un área de cobertura boscosa importante, por lo que los impactos del proyecto sobre esta son de importancia alta, pues será necesaria la tala de árboles en el derecho de vía”, sin embargo de manera casi automática en febrero del 2014 la SETENA aprobó la viabilidad ambiental al proyecto.

Ruta destruye hectareas de Humedal Cariari en Moin4

El Humedal Cariari tiene una extensión de 786 hectáreas y fue creado por vía de decreto en 1994 (N° 23253 -MIRENEM). Este abarca desde la desembocadura del Río Moín en la Bahía Moín y el límite del Parque Nacional Tortuguero. La zona contiene una gran riqueza marina y valiosos ecosistemas que conforman el humedal Caribe Norte.

Sobre el mismo Humedal a escasos metros de la carretera, se rechazó al proyecto de Marina Moín. La Procuraduría General de la República resolvió la nulidad absoluta contra la Marina de Moín porque la viabilidad otorgada por SETENA afectaría el Humedal Cariari (resolución C-161-2013); al ser una zona protegida contravendría lo dispuesto por la Convención Ramsar, así como lo contemplado en la Ley Orgánica del Ambiente y la Ley Forestal, entre otras normas.

El humedal además recibe un impacto quizás irreversible durante la etapa de construcción por los casi 200 camiones diarios, que por 24 meses en promedio, ingresarán por esta carretera por los 137.000 viajes de transporte de material para el relleno del puerto. Una vez que el proyecto entre en operación, este impacto continuaría con cientos de contenedores diarios, además de que las áreas de protección del humedal y la playa de Moín se terminarían convirtiendo en zonas de comercios y servicios. Además del megapuerto, esta carretera facilitará unos 9 megaproyectos por más de 4983.3 millones de dólares que se planifican o se amplían en Moín (Ver más).

*Para más información consultar con Mauricio Alvarez M, presidente FECON.

 

Enviado a SURCOS Digital por FECON.

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CONCEVERDE: No a la Ley de Recurso Hídrico

El pasado 07 de julio en nombre del colectivo ciudadano CONCEVERDE, se dio a conocer a SURCOS Digital la oposición al Proyecto de Ley de Gestión Integral del Recurso Hídrico por las consideraciones plasmadas en el documento adjunto.

DIPUTADOS SOLICITUD NO LEY AGUAS

 

*Imagen tomada del video Agua es Vida no Mercancía https://www.facebook.com/aguaesvidanomercancia/videos/471779836325708/

Enviado a SURCOS Digital por Conceverde.

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Proponen moratoria a expansión piñera ante Municipalidad de Los Chiles

Comunicado de Prensa

 

Este martes 5 de julio distintos sectores comunales del cantón de Los Chiles solicitarán al Concejo Municipal de Los Chiles que declare una moratoria de 5 años a la expansión del monocultivo de la piña, mientras la Municipalidad termina de hacer el Plan Regulador y se realizan estudios hidrogeológicos.

El acercamiento con el Gobierno local es producto del trabajo que llevan a cabo pequeños productores y ganaderos, asociaciones comunales y personas preocupadas por el fuerte impacto ambiental de la producción piñera. Este esfuerzo es acompañado por distintas organizaciones nacionales y por legisladores y legisladoras.

Mañana se pedirá a la Municipalidad que declare una moratoria de cinco años al otorgamiento de permisos, autorizaciones municipales y certificados de uso para la construcción e instalación de fincas piñeras en el cantón de Los Chiles.

Si el Concejo Municipal aprueba la moratoria, después la Unidad de Gestión Ambiental de la Municipalidad deberá coordinar con las entidades competentes para realizar los estudios necesarios del impacto socioambiental acumulado de las fincas piñeras existentes, y definir así si es ambientalmente sostenible la expansión del cultivo.

La moratoria se está pidiendo porque la expansión piñera ha provocado graves daños a la biodiversidad del país. El Informe del Estado de la Nación 2012 menciona cómo los cultivos de piña “causan problemas directos, por su descomposición, e indirectos, por la aplicación de herbicidas quemantes, como paraquat, para desecar el rastrojo. Además, en el rastrojo prolifera la mosca del establo (Stomoxyscalcitrans), que ocasiona graves daños a la ganadería en áreas aledañas a las plantaciones”.

Álvaro Álvarez, ganadero de la Zona Norte, relató en el programa televisivo Era Verde que el primer problema que se empezó a visualizar, producto de los sembradíos de piña, fue la proliferación de las moscas de la piña, porque ésta se alimenta de la sangre del ganado: “(…) si el animal no se trata con los alimentos adecuados y a tiempo, pues el animal se muere”. Álvarez también expuso que el uso de los agroquímicos que utilizan las empresas piñeras, hacen que las vacas aborten, se enfermen del estómago y hasta mueran.

Varias comunidades se han visto afectadas por este cultivo y su expansión de manera directa, incluyendo las y los estudiantes de escuelas y colegios de estas zonas, perjudicados por los rocíos de los químicos, malos olores y el nacimiento de la mosca Stomoxyscalcitrans.

Específicamente en la Zona Norte, ya desde el 2010 las autoridades se encuentran en vigilancia tras las diferentes problemáticas asociadas al cultivo de la piña y la manera en la que se afecta negativamente el humedal Caño Negro. El Tribunal Ambiental Administrativo comunicó: “Tala, invasión de áreas de protección, cambio de uso del suelo, afectación de la laguna y su fauna, construcciones que afectan los corredores biológicos y una expansión de la actividad piñera son parte de la larga lista de problemas ambientales que están presionando fuertemente el Humedal de Caño Negro y sus alrededores (…). En el caso de las piñeras, el problema es que se están desarrollando en una de las regiones del bosque tropical lluvioso de la zona, reduciendo los hábitats de la flora y fauna al fragmentar y eliminar la vegetación, quedando únicamente pequeños islotes de cobertura arbórea que imposibilita la integración de corredores biológicos naturales y fragmenta esos sitios

Este esfuerzo de organización es compartido a nivel nacional por comunidades afectadas, organizaciones ecologistas y sociales, representantes sindicales y legisladores y legisladoras, que están proponiendo estrategias conjuntas para construir soluciones frente a las problemáticas socioambientales y laborales asociadas a la expansión intensiva y extensiva del monocultivo de la piña en Costa Rica.

En este espacio participan personas del Frente Nacional de Sectores Afectados por la Actividad Piñera (FRENASAPP), la Asociación de Iniciativas Populares Ditsö, la Coordinadora de Lucha Ambientalista Norte-Norte (CLANN) con el acompañamiento del Programa Kioskos Socioambientales para la Organización Comunitaria de la Universidad de Costa Rica (UCR), la Coordinadora Norte, Tierra y Libertad, la Coordinadora de Lucha Sur Sur, el Foro Ecuménico para el Desarrollo Alternativo de Guanacaste (FEDEAGUA), el Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas de Costa Rica (SITRAP), los despachos de la diputada Patricia Mora y del diputado Edgardo Araya, del Frente Amplio, el programa Era Verde de la Universidad de Costa Rica, COECOCEIBA y la Red de Coordinación en Biodiversidad, entre varios otros.

 

*Imagen con fines ilustrativos tomada de http://www.vocesnuestras.org/

Información enviada a SURCOS Digital por Fabiola Pomareda, Voces Nuestras.

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Tratan de votar apresuradamente geotermia en Parques Nacionales

La Comisión de Asuntos Agropecuarios está tratando a escondidas de votar un texto sustitutivo para Proyecto de Ley sobre Geotermia en Parques Nacionales (Expediente Nº 19.233), presentada por los diputados Ottón Solís Fallas y Javier Cambronero del Partido Acción Ciudadana. Al parecer el nuevo texto sería acogido unánimemente pero contraviniendo la mayoría de criterios negativos de las universidades públicas, criterios de la Procuraduría, la Contraloría, la posición del Presidente de la República, las promesas de campaña, comunidades, académicos y ecologistas.

El texto sustitutivo contaría con el apoyo del PUSC, PLN, ML, PAC y parte del FA. Quedan en evidencia profundas contradicciones, en un debate ambiental en campaña electoral (5-3-14) tanto el PLN como el PAC se mostraron opuestos a explotación de energía geotérmica en Parques Nacionales (ver nota) y ahora se desconocen los compromisos de campaña (Pacto Ambiental) de fortalecer la integridad de las áreas silvestres protegidas y “vetar cualquier intento de eliminar, segregar, o reducir en tamaño o categoría de manejo las áreas silvestres protegidas, o de abrirlos a la explotación de sus recursos naturales y culturales, en apego al principio de no regresión en materia ambiental”.

La propuesta también es contradictoria con lo expuesto por el Presidente de la República Luis Guillermo Solís Rivera en la Cumbre sobre el Clima, donde indicó que “…Costa Rica continúa acelerando la exploración y explotación de energía geotérmica en sus volcanes, sin afectar los parques nacionales”(ver más). Además se han mostrado rotundamente opuestos están:  Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional, Escuela de Biología de la UCR, Área de Conservación Arenal Tempisque, Foro de Guanacaste, FECON y SITRAMINAE

El proyecto sustitutivo de ley 19 233 sigue planteando modificar los límites de Áreas Silvestres Protegidas del país, para FECON hay suficientes criterios, jurisprudencia y precedentes para rechazar dicha propuesta, que también reñiría el Artículo 3 de la Convención para la Protección de Flora, Fauna y Bellezas Escénicas Naturales de los países de América. Además contraviene el Art 12 de la Ley 6084 que asegura que “No pueden otorgarse concesiones de tipo alguno para la explotación de productos de los parques nacionales, ni otorgarse permiso para establecer otras instalaciones que las del Servicio”.

También resulta imposible cumplir el “Principio de no regresión” (Art. 3,f.) dado que se permitiría la sustitución de terrenos, y esto, en sentido estricto, significa reducir el área original del ASP. El proyecto es contradictorio con el Artículo 50 de la Constitución Política pues se abrirá un precedente destructivo e irreversible en materia de seguridad ecológica.

El cambio de límites de parques nacionales o de cualquier otra ASP no garantiza que los fines de protección de ecosistemas se mantengan, otro territorio no compensa y no es garantía de que los valores ecosistémicos sean al menos similares a los que se perderán. El proyecto además tiene roces importantes en el principio precautorio y de objetivación.

La compensación no es una simple suma y resta de terrenos con la intención de que “cualquier modificación a los límites de las áreas protegidas debe garantizar que no se reduce su área total”, lo cual sí ocurrirá. Menos posible será cumplir el supuesto de que “serán compensadas con la integración de nuevas áreas de igual tamaño en las zonas contiguas a la ASP, manteniendo o idealmente aumentando el valor de conservación#, dado que cada ASP tiene valores ecosistémicos únicos. Esas condiciones hacen imposible cumplir “Principio de compensación” (Art. 3,f) del proyecto.

SINAC juez y parte. No se puede entregar una competencia de emitir una autorización especial (Art1.)para el aprovechamiento de los recursos de la energía geotérmica que se encuentran ubicados en terrenos que forman parte de las Áreas Silvestres Protegidas (ASP) Parque Nacional Rincón de la Vieja, Parque Nacional Guanacaste, Volcán Tenorio y Volcán Arenal al mismo tiempo que se le paga por un canon de aprovechamiento o servicios eco sistémicos( Art.19). Además el canon de la por será solo para la producción de energía eléctrica de un 2% de los ingresos brutos anuales que obtenga cada proyecto geotérmico por sus ventas de energía eléctrica. Como lo señalo la Contraloría: “También, se debe considerar que dicho canon deja por fuera todas las actividades exploratorias que se ejecuten dentro de las zonas con resultados negativos y por ende que no conducirán a la explotación final del recurso, que es lo que se consigna como hecho generador de la obligación” (Contraloría en el oficio DFOE-AE-0569, 17 -10-2014).

Si no hemos aprendido a hacer una gestión sostenible de los recursos que están fuera de las ASP es difícil creer en cualquier tipo de intervención en áreas protegidas que sí lo sean. Además los parques nacionales significan mayores ganancias por concepto de turismo y servicios que brindan que por cualquier otra proyección que se haga por concepto de explotación energética. Para finalizar, en una coyuntura global que nos pone frente al dramático cambio climático ¿cómo no apostar por seguir resguardando las ASP de toda forma de explotación?

Informes: Mauricio Álvarez M, presidente FECON, 88709165

 

Enviado a SURCOS Digital por FECON.

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Definen estrategias conjuntas frente a problemáticas causadas por la expansión piñera

Comunicado de prensa

Definen estrategias frente a expansion pinera

Personas de comunidades afectadas, organizaciones ecologistas, representantes sindicales y legisladores y legisladoras participaron en un encuentro para definir estrategias conjuntas y construir soluciones frente a las problemáticas socioambientales y laborales asociadas a la expansión intensiva y extensiva del monocultivo de la piña en Costa Rica.

El encuentro, realizado el pasado 4 de junio, fue un espacio para fortalecer y ampliar los esfuerzos de lucha contra la expansión piñera, y poder llevar esta acción a una escala nacional e internacional. Uno de los objetivos que se cumplieron en esta reunión fue construir un plan de acción conjunta ante esta problemática.

En la reunión participaron personas del Frente Nacional de Sectores Afectados por la Actividad Piñera (FRENASAPP), la Asociación de Iniciativas Populares Ditsö, la Coordinadora Norte Tierra y Libertad, la Coordinadora de Lucha Sur Sur, el Foro Ecuménico para el Desarrollo Alternativo de Guanacaste (FEDEAGUA), el Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas de Costa Rica (SITRAP), los despachos de la diputada Patricia Mora y del diputado Edgardo Araya, del Frente Amplio, el programa Era Verde de la Universidad de Costa Rica, COECOCEIBA y la Red de Coordinación en Biodiversidad, entre varios otros.

Este esfuerzo es importante porque es un espacio donde existe una voluntad compartida y reúne a mucha gente y a muchos actores que, durante casi 20 años, han trabajado y estudiado el tema de los daños causados por las piñeras y acompañando a las comunidades afectadas.

En el país, el sector piñero sigue buscando un crecimiento agresivo y formas de competir con otros países exportadores de piña. Ha quedado claro que actores poderosos como la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña (CANAPEP) ejercen fuerte presión ante el actual Gobierno, tanto en políticas agrícolas como en medidas fitosanitarias. Cuando recientemente el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) -adscrito al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)- ordenó la inspección de contenedores de piña para exportación en los puertos de salida, los productores se quejaron por este endurecimiento de controles sanitarios, y presionaron al Gobierno hasta que se sacó al director de dicha instancia, Francisco Dall’Anese. La medida había sido dictada por un aumento en los casos de detección de insectos en estos contenedores, destinados a Estados Unidos.

En las últimas décadas han aumentado en Costa Rica las héctareas sembradas de piña, el número de transnacionales instaladas y es claro que se ha generado una dinámica de dependencia de las economías locales donde están las fincas piñeras.

Investigadores del Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO) de la Universidad Nacional realizaron un estudio sobre jóvenes nicaragüenses y las dinámicas laborales en fincas piñeras de la Zona Norte, específicamente en las localidades de Guatuso, Pital y Aguas Arcas de San Carlos, Los Chiles, y Upala.

De acuerdo con el estudio, las 21 personas entrevistadas no tienen jornadas laborales claras ni vacaciones sino que sus horarios están sujetos a la demanda del mercado exterior y al período de cosecha. Trabajan un promedio de 6-7 días a la semana y entre 8-10 horas al día. Además, no existe un salario mínimo y éste varía según la finca. Las violaciones más graves ocurren con la figura del contratista, pues según las personas entrevistadas éste no tiene responsabilidad patronal, no les paga seguro social ni póliza de riesgos y se les obliga a largas jornadas de trabajo.

En abril de este año se dio a conocer el estudio “Condiciones de producción, impactos humanos y ambientales del sector piña en Costa Rica”. El reporte, elaborado por Oxfam y la Oxfam y la Asociación Regional Centroamericana por el Agua y el Ambiente (ARCA) estaba dirigido a los países consumidores de la piña que se produce aquí.

La investigación concluyó que grandes empresas piñeras que alaban la sostenibilidad vierten sus aguas residuales contaminadas con químicos cerca de reservas de agua potable sin ocultarlo; y que compañías responsables de contaminar aguas subterráneas no han pagado indemnización alguna ni construido el sistema de abastecimiento de agua requerido para subsanar el daño. Asimismo, se destacaron las quejas de las personas trabajadoras en las piñeras sobre sueldos, horas de trabajo e incumplimiento de derechos sindicales.

Después de tener un panorama sobre las principales consecuencias socioambientales y laborales causadas por la expansión piñera -y que son resultado de experiencias de ex-trabajadores, de personas vecinas de las fincas piñeras, y de investigaciones académicas-, en el Encuentro se discutieron las posibles rutas a seguir en conjunto para la construcción de alternativas.

Las y los participantes en el Encuentro aseguraron que continuarán trabajando en esa dirección, al lado de las comunidades que sufren las consecuencias directas del desarrollo, muchas veces irresponsable, de la actividad piñera; a vista y paciencia de todo el aparato institucional.

 

Información enviada a SURCOS Digital por Fabiola Pomareda, Voces Nuestras.

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Caudal del río Tempisque en peligro por concesiones

Según la Asociación Confraternidad Guanacasteca, en asuntos de AGUA se debe hablar con claridad, proporcionar datos e información para generar conciencia y acciones concretas.

Esto debido a los últimos datos oficiales proporcionado por dicha Asociación del Río Tempisque:

 

CAUDAL ASIGNADO POR USO (TOTALES) / CUENCA

REPORTE TECNICO
Cuenca:               TEMPISQUE
Litros / segundos
Agropecuario Agroindustrial Riego Cons.Humano Comercial Industria F. Hidráulica Turismo Total
208.75 28,002.08
1,496.08 25.73 49.26
322.09 3,597.15 22,303.02

 

Es evidente que con la extracción de 22.300 litros cada segundo de cada hora de cada día, el riego acapara el 80% de las concesiones para sacar aguas de este río. Éstas son:

CATSA – Central Azucarera del Tempisque–

Expedientes: 2316 A, 5195 A, 5165 A, 5195 A,

5555 A, 6472 A (todos en el río)                  4500 l/s

Agrorice de Milano – Expediente 12395 A   1366 l/s

Hacienda Rio Seco – Expediente 1443 A    1490 l/s

Hacienda Tempisque – Expedientes varios  1000 l/s

Según el comunicado faltan datos, pero estos que se aportaron, dan una idea sobre el volumen explotado y la concentración del recurso en pocas manos.

En nombre de la Asociación Confraternidad Guanacasteca se exige a la Dirección de Aguas del MINAE, al ministro, a la ARESEP, al gobierno, diputados tomar acción.

Pero sobre todo a los habitantes, ONG´s, y otras organizaciones de base, estudiar y actuar.

¡El problema del agua es de todos!

 

*Imagen con fines ilustrativos tomada de http://blog.ido-cr.org/

Información enviada a SURCOS Digital por Asociación Confraternidad Guanacasteca.

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