Durante la Semana Universitaria de la UCR, el movimiento “Por la Defensa del Humedal Cariari y de nuestra soberanía”, estará participando en un espacio facilitado por el Frente Ecologista Universitario (FECOU), para brindar información sobre la construcción del megapuerto por la concesionaria APM Terminals y sus repercusiones en los ecosistemas del Humedal Cariari.
El kiosko informativo estará funcionando desde el lunes 20 y hasta el viernes 24 de abril, de las 8 a.m. en adelante en la Plaza 24 de Abril de la Universidad de Costa Rica en San Pedro de Montes de Oca.
Se contará con varias intervenciones artísticas en la Plaza y alrededor del campus.
Cada año la Asociación CODECE (Conservación Cerros de Escazú) organiza una carrera recreativa (21 km, 10 km, 5 km). La actividad está programada para el domingo 26 de abril en las montañas de Escazú.
El objetivo de este evento es recaudar los principales fondos económicos de CODECE para cuidar el bosque de los Cerros de Escazú, garantizar la permanencia de las fuentes de agua y su zona de recarga acuífera, que aún abastecen miles de ciudadanos, así como la biodiversidad y paisaje de dichos bosques, como lo ha hecho desde hace 30 años, y mantenerlos libres del proceso urbanístico, siempre amenazante.
El límite para la inscripción de la carrera es martes 21 de abril y puede hacerlo ingresando en el siguiente enlace:
Los expositores aprovecharon el interés del público para crear conciencia y mostrar el material decomisado así como los cangrejos ermitaños que fueron llevados desde el Parque Marino (foto Juan Gabriel Madrigal).
Crear conciencia sobre el impacto que produce la extracción de conchas, caracoles y algunos otros materiales marinos de los océanos, fue uno de los objetivos de la participación de la iniciativa Salvemos al océano en la Expo UCR 2015.
Esta iniciativa nace con un grupo de voluntarios de la Sede de Occidente, que en conjunto con el Parque Marino del Pacífico se han dado a la tarea de cuantificar los materiales marinos que son decomisados en el Aeropuerto Juan Santamaría y de esta forma medir el verdadero impacto que provoca el turista extranjero con la extracción de estos materiales.
Para el Bach. Rudy Granados Cerdas, encargado de Educación Ambiental del Parque Marino “esta iniciativa incluye aspectos sociales, ambientales biológicos y más”.
Destacó que el impacto que produce la extracción de estos materiales es muy alto y que una de las especies más afectadas es el cangrejo ermitaño, ya que es un crustáceo que cambia de concha durante su crecimiento. Resaltó que “los cangrejos ermitaños son indicadores de una buena calidad de playa y por lo menos en Puntarenas no se ven, porque ya no hay conchas”.
La medición solo se puede hacer con el material que intentan sacar los turistas extranjeros, ya que dicho material se decomisa en el Aeropuerto Juan Santamaría.
Niños, adultos y adultos mayores visitaron el puesto de la iniciativa (foto Juan Gabriel Madrigal).
Hasta el momento se tiene alrededor de siete toneladas de carbonato de calcio en materiales como conchas, turricados, caracoles, corales y estrellas de mar, entre otros.
Según Granados la problemática más grande es con la recolección que hacer el turista nacional, pero esta no se puede medir.
Es por ello que uno de los objetivos más fuertes de esta iniciativa es dar a conocer esta información ya que “hay que hacer conciencia de que las conchas que se llevan a la casa se terminan botando, lo que se traduce en menos casas para los cangrejos ermitaños”.
A mediano plazo se tiene planeado reintroducir el material al océano, pero para ello se necesita hacer estudios que indiquen los lugares para reinsertarlo y no afectar el entorno marino. “La idea es retornarlo a lugares que no haya corrientes que los devuelva, por el momento se trata de utilizar el material para enseñanza” expresó el educador ambiental.
Añadió que el Parque Marino tiene planeado hacer una guía de identificación de especies y que el material de apoyo a la enseñanza se está trabajando junto con la Sede del Pacífico de la Universidad de Costa Rica.
La belleza del material decomisado atrajo gran cantidad de público (foto Juan Gabriel Madrigal).
Aporte de los voluntarios de la Sede de Occidente
La cuantificación del material se ha realizado gracias al aporte del trabajo de voluntarios de la Sede de Occidente, tanto de funcionarios, como de estudiantes de la carrera de Gestión de los Recursos Naturales, quienes se dan a la tarea de trasladar el material decomisado a la Sede de Occidente, cuantificarlo y clasificarlo y después devolverlo al Parque Marino.
El Bach. Marco Zumbado, del Laboratorio de Biología, fue quién realizó el contacto con el Parque Marino y desde el 2014 se está trabajando en conjunto. De esta forma, el laboratorio ha recibido la donación de colecciones importantes para el trabajo diario.
Según Zumbado, gracias a estos decomisos y al trabajo en conjunto con el Parque Marino, actualmente el Laboratorio de Biología cuenta con colecciones de arena, minerales, moluscos, equinodermos y de fósiles, que son de gran ayuda para los laboratorios.
Además, destacó que “las piedras obtenidas han conformado una colección muy completa en geología que son de gran ayuda para dar las clases en esta área”.
Según Zumbado el material decomisado ha sido muy bien aprovechado en la academia y en el Parque Marino, “ahora lo que queda es buscar la forma de reintroducir el material y lograr que las autoridades en turismo se informen sobre esta problemática y puedan trabajar en una campaña de información para el turista nacional y extranjero”.
No bastó con declararle la guerra a los mares en los últimos días (Diario Extra Opinión, 27-3-2015). Con la luz verde para el cuestionado Tajo Asunción, el gobierno abrió otro frente, en esta ocasión contra el futuro abastecimiento de agua en Limón.
El AyA aseguró que el megaproyecto del Tajo Asunción pone en riesgo tanto la cuenca del Río Banano, área protegida estratégica desde hace décadas, como la construcción del nuevo acueducto de Limón, que significaría nada más y nada menos que agua potable para 94.000 personas y para los próximos 200 años.
El Presidente de la República y el Ministro de Ambiente vuelven a apartarse de criterios técnicos de semejante calibre, y sin mayor problema le facilitan la apertura a uno de los principales tajos que abastecería de materiales de construcción a otro megaproyecto como lo es la construcción de la Terminal de Contenedores en Moín por APM Terminals, operación que necesitará miles de toneladas de material rocoso para reseñar y sustituir más de 10 millones de metros cúbicos de sedimento y fondo lodoso y construir una isla del tamaño del Parque la Sabana.
Cada día queda más en evidencia que por encima del ambiente para el gobierno están las incuestionables inversiones y megaproyectos de infraestructura: aval a la destrucción del humedal Cariari, desalojo del refugio de vida silvestre y hogar de Jairo Mora, el retorcido aval ambiental al muelle de APM terminal, la refinería China, la regresión ambiental que incluye el proyecto de la ruta 32, la eliminación de la moratoria a la incineración por la presión de alcaldes del “PLUSC” o impulsar Diquis, todo amalgamado por el provechoso continuismo en Setena.
Estos escandalosos casos tan siquiera parecen ruborizar a quienes llegaron al poder ganando votos con un Pacto Ambiental que ya quedó en el olvido en menos de un año de gestión, señal clara de activar todas las alarmas de parte del sector ambiental y la ciudadanía en general.
Así que al menos en materia ambiental, no aconteció el mentado gobierno del cambio, sin embargo sí cambió el movimiento social y comunitario, bajamos la guardia, y nos volvimos más pasivos: hemos tolerado lo que no hubiésemos dejado pasar a un gobierno del “PLUSC”.
¿Qué fue lo que pasó? Sabemos que no corresponde otorgarle al gobierno toda la responsabilidad, por eso con el Pacto Ambiental las expectativas fueron de trabajo conjunto. Asimismo ha actuado la fracción del FA en su alianza legislativa, cosa que estuvo bien al principio para facilitar la estabilidad, pero que no han sabido leer a tiempo la necesaria ruptura en más de una ocasión, siguiendo el estilo cantinflesco del gobierno del PAC en su vaivén de apoyo a cuestionables proyectos como la ruta 32, que al final no ha hecho más que contribuir a dar señales confusas y desmovilizar a la sociedad civil, confirmando la necesaria autonomía de organizaciones sociales de la línea y dinámica de partidos políticos, y aunque se compartan “camisetas”, no se disminuya la capacidad de disentir y cuestionar.
Una tras otra mala decisión ha llevado a que el MINAE sea una mala copia de la anterior administración, y ante su actuación hemos incurrido en un grave descuido como movimiento ambiental: no hemos anticipado y rechazado a tiempo los tremendos retrocesos en la protección al ambiente por parte del Gobierno, cosa que sí hicimos ante la anterior administración. Es un año perdido, con un gobierno sin la mínima intención de cumplir la palabra, es sí, solo si se trata de un negocio, un proyecto de infraestructura, o la sumisión colonial a holandeses, chinos y gringos.
El caso del Tajo Asunción nos dejó dos lecciones: Primero nos confirmó que ya un criterio técnico o principio precautorio no aplica en grandes inversiones o proyectos, ya nos debió haber quedado claro cuando presentamos un extenso recurso de revocatoria por la manera en que se otorgó la viabilidad ambiental a APM Terminals, con una “contorsión olímpica” se reinterpretó la normativa en la Comisión Plenaria de la Setena y se separó del criterio de su Unidad Técnica, con muy poca argumentación de fondo se conviertió en defensora de la empresa para aprobar, a como diera lugar, el proyecto. Segundo, que si bien hay gente sensible y amiga en el gobierno, los más altos jerarcas se apartan del criterio técnico para facilitar los negocios de “otros”. El tema es que ya se empieza a sospechar que esos “otros” no necesariamente son del régimen anterior.
En conclusión, este gobierno fijó su norte en megaproyectos e infraestructura a cualquier precio y por encima de cualquier criterio, lo cual nos lleva a separarnos de defender esta continuidad de guerra contra la naturaleza e interiorizar que seguimos gobernados por “otros” que trabajan para los negocios de los “mismos.”
El destacado científico El Dr. Philip Fearnside, señalado por Thompson-ISI como el segundo científico mundial más citado en el tema de cambio climático global, sostiene que es un error llamar a las hidroeléctricas como energía verde o energía limpia, ya que “por desgracia las represas especialmente en las zonas tropicales emiten grandes cantidades de gases de efecto invernadero”.
Fearnside, quien ha recibido el Premio Nacional de Ecología de Brasil, el premio de las Naciones Unidas Global 500, el premio Conrado Wessel y el Premio Chico Mendes, estará en Costa Rica impartiendo dos conferencias, giras de campo y reuniones con comunidades afectadas por represas hidroeléctricas, el miércoles 15 de abril a las 10 a.m. en el Auditorio de la Universidad de Costa Rica en San Ramón y el jueves 16 de abril, 10 a.m. en el Auditorio de la Facultad de Educación de la UCR en San Pedro.
El Dr. Philip Fearnside es investigador y profesor del Departamento de Ecología del Instituto Nacional de Pesquisas da Amazonia, en Manaus, Amazonas. Trabajó en India, Indonesia y China en el manejo de reservatorios y proyectos hidroeléctricos. Ha vivido en Brasil durante 30 años dedicado a la investigación en ecología.
En el tópico de los proyectos hidroeléctricos de la cuenca Amazónica, el Dr. Fearnside ha realizado un análisis crítico y fundamentado de su impacto ambiental, la alteración y eliminación de vastas áreas de ecosistemas acuáticos y terrestres amazónicos y la formación de nuevas áreas emisoras de gases de efecto invernadero. Fue un activo participante en el debate nacional en Brasil sobre el proyecto Hidroeléctrico de Belo Monte, en el río Xingu, y sobre otros proyectos hidroeléctricos, donde ha mostrado la subestimación de los impactos ambientales y análisis sesgado de esta información por parte de los desarrolladores de los proyectos, una situación muy parecida a la que estamos viviendo en nuestro país.
Actualmente estudia la capacidad de carga de población humana en áreas de colonización en la Amazonia, el ritmo, causas e impactos ambientales de la desforestación en la región, y la sustentabilidad de diferentes formas de desarrollo, incluyendo la ganadería, agricultura, silvicultura, extractivismo, manejo forestal y desarrollo hidroeléctrico.
Completó su Doctorado en el Departamento de Ecología y Biología Evolutiva en la Universidad de Michigan, Ann Arbor. Desde 1983 el Dr. Fearnside ha concentrado sus esfuerzos en el estudio del impacto de la deforestación de la Amazonia en el balance atmosférico global y el efecto invernadero, con el objetivo de demostrar el papel ambiental del bosque amazónico y la importancia de sus servicios ambientales al planeta, proponiendo el pago de servicios ambientales como alternativa de financiamiento al desarrollo sostenible y a la conservación. En los estudios del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC), ha propuesto varias metodologías para el inventario de emisiones usadas por agencias internacionales.
Peces, camarones y otros animales muertos a lo largo de la cuenca.
Vecinos consternados, afirman que nunca se había visto el río seco y que autoridades pudieron prever crisis por sobreexplotación.
Comunidades piden ser consultadas y tener mayor participación
El verano no sede en el Pacífico y las concesiones para riego están sobrexplotando el Río Acapulco y otras cuencas, dando paso a ríos secos donde mueren fauna y flora acuática y compromete la existencia de la misma cuenca. De este lamentable hecho son testigos los pobladores de Santa Rosa de Guacimal, en Puntarenas, que ven consternados y con tristeza el impacto que dos concesiones de agua otorgadas por la Dirección de Aguas del MINAE suman a la crisis que viven las cuencas en el periodo seco.
“Además de ser un crimen ambiental propiciado por la falta de cautela del MINAE y el SENARA, que tanto han defendido sus atribuciones técnicas cuando las comunidades han denunciado la amenaza de los proyectos, este desastre ecológico se convierte en un suceso revelador, que ahora debe llamar la atención de toda la población de Costa Rica en torno al trabajo de las instituciones que tienen en sus competencia la gestión del agua”, afirma Mauricio Álvarez, presidente de FECON.
“Las concesiones están registradas a nombre de Grupo de Maquinaria Rexte S.A. y la Sociedad de Usuarios de Agua de Santa Rosa respectivamente, que sumadas extraen 22.55 litros por segundo para proyectos de riego, de un río que registra solo 24.46 litros de caudal en la misma base de datos de la Dirección de agua de MINAE. Es decir, las instituciones que dieron los permisos podían prever esta crítica situación”, informa Dany Alberto Villalobos vecino de Guacimal.
Comunidades desinformadas
Los proyectos de riego de SENARA han sido denunciados porque se han llevado adelante sin que los concesionarios y las instituciones dieran ningún tipo de información a las comunidades sobre los alcances ambientales de las extracciones. Ahora, varias pruebas como videos, fotos y análisis de los datos de las concesiones y aforos con los que cuenta el río Acapulco serán presentados a las autoridades para exigir que se tomen medidas inmediatas para corregir la situación.
Problemática generalizada en Puntarenas. Comunidades organizadas como Monteverde (2005), Guacimal (2013) y Aranjuecito (2015) de Puntarenas, han tenido conflictos por el tema de acceso al agua en la última década, y al igual que el caso del Río Acapulco, por causa de proyectos de riego promovidos por el SENARA que atentan contra la biodiversidad acuática y el acceso al agua para otros usos en medio de condiciones climáticas cada vez más adversas. Hoy es un hecho que las comunidades han tenido la razón, como el caso de Guacimal donde según la Resolución Nº 2014008486 de la Sala Cuarta, la falta de estudios para conocer las posibles afectaciones en el río y las contradicciones en los informes institucionales del MINAE demostraron su incapacidad de garantizar la sostenibilidad ambiental del proyecto que pretendía para riego del río Veracruz.
La presidenta de la Asociación del Acueducto de Santa Rosa de Guacimal Roxana Jiménez quien es propietaria colindante con el río atestigua que es la primera vez en 40 años se ve el río seco “descubrí camarones y peces muertos y otros tratando de salir, hay algunos vivos tratando de sobrevivir en pequeñas pozas”.
Se pone en evidencia que no existe la tal supervisión o respeto al caudal ecológico que dicen realizar las instituciones como la Dirección de Aguas y SENARA al entregar de volúmenes casi proporcionales a la capacidad de los ríos. El presidente de FECON comenta que “es un hecho también, lo absurdo de la política del MINAE, que reconoce el 10% del caudal de un río como remanente suficiente para la sostenibilidad ecológica. Más bien, a simple vista, es clara la inclinación de los actores institucionales a considerar el agua como un recurso meramente económico, a merced de sus depredadores o mal llamados desarrolladores”.
Intereses económico entre el desabastecimiento y la contaminación. Mientras los proyectos de riego secan el río Acapulco, y otros amenazan el Veracruz y el Aranjuecito, en otros pueblos de la zona baja ya no dan abasto las nacientes que abastecen los acueductos para consumo humano como en Sardinal, o tienen altos niveles de contaminación, como en La Pita, o en Villa Bruselas, cuyos vecinos han tenido que manifestarse para exigir una solución, aún no dada por el AyA.
En Miramar, la amenaza de los intereses turísticos sobre el agua fueron denunciados por organizaciones locales, además de que los deslizamientos relacionados con la minera de oro en Bella Vista han puesto en riesgo la salud de la población por contaminación de aguas subterráneas con venenos mortales usados en esa actividad.
Informes: Dany Alberto Villalobos 87814512 o danyvlobos@gmail.com Verónica Sheehan 2647 1057 ovesheehan@gmail.com
En la recta final de ejecución de la sentencia contra la empresa minera canadiense Infinito Gold (Industrias Infinito para Costa Rica) condenada por causar daños ambientales en Las Crucitas de San Carlos, ésta volvió a recibir el apoyo del perjudicado, que es el mismo Estado, a través de la Procuraduría General de la República y el SINAC, que cuestionaron el peritaje que fija los montos que debe pagar la minera, tratando de regatear los recursos que vendrían a solventar el proceso de recuperación luego de la destrucción causada, sin embargo los daños pueden ser irreversibles.
“Hoy presenciamos algo triste. Revivimos el pasado. Pareciera que el Estado está haciendo equipo con Infinito Gold. Atacan directamente a peritos para desestimar fundamentos en el informe presentado. ¿Cuánto vale un bosque, un árbol, la vida? El ecosistema fue destruido. Infinito debe pagar por todo el daño realizado.” Aseguró Edgardo Araya, diputado ecologista y abogado activo del proceso.
Asimismo, el abogado Álvaro Sagot aseguró que: “La Procuraduría de la República junto con Industrias Infinito trataron de desvirtuar el peritaje olvidando que tal y como se valora una vida humana a efecto de resarcir los daños, la biodiversidad puede ser valorada de la misma forma». Para Jorge Lobo, biólogo de la UCR y activista, la Procuraduría trató de tergiversar y cuestionar todo para que sea imposible restaurar los ecosistemas dañados, el peritaje fue muy riguroso y refleja una aproximación a los daños que sufrieron los ecosistemas por la deforestación de la empresa.
El viacrucis. En 2013 la Sala Constitucional emitió una sentencia en la que por unanimidad acordó “rechazar de plano” la acción de inconstitucionalidad que había presentado la empresa minera contra el fallo del Tribunal Contencioso que anuló la concesión dada a Infinito para desarrollar el proyecto minero en Las Crucitas de San Carlos. Cabe recordar que la Sala I ratificó el fallo del contencioso cuestionado por la empresa canadiense.
Estos antecedentes le cerraron el camino legal a la compañía minera en Costa Rica, sin embargo insistió mediante un tribunal internacional del CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias) apéndice del Banco Mundial, amparados por el Tratado de Inversiones entre Costa Rica y Canadá. Para los ecologistas el Gobierno pudo haber descartado ir al arbitraje, amparándose en que el mismo Tratado de Inversiones con Canadá (1998) que estipula que no se acudirá a esta vía cuando, con anterioridad, exista una resolución de nuestros tribunales.
Además, el sustraerse de los tribunales nacionales y de la legislación nacional, sometiéndose a un arbitraje privado en el Banco Mundial a la medida de las transnacionales, preocupa a la luz de lo ocurrido en los tribunales hoy, destacaron los ecologistas.
«Si estos funcionarios públicos van a ir a defendernos en este tribunal internacional de antemano estamos condenados» señaló el presidente de FECON Mauricio Álvarez, quien además agregó que «ningún tratado internacional de protección de inversiones podrá ser entendido como una autorización para violar nuestro ordenamiento jurídico. Es indignante que sea el mismo Estado el que pretenda ayudar a la empresa a rebajar los montos necesarios para reparar los daños ambientales y sociales que ocasionó en Crucitas, cuando debería estar velando junto con el sector ambiental para que el dinero de la indemnización calculado entre 6.2 y 10 millones de dólares logre beneficiar a la comunidad de Crucitas y revertir los daños causados por la mina».
Los ambientalistas recordaron el caso del procurador Mauricio Castro, representante del Estado en el caso del proyecto minero en Las Crucitas, quien fue señalado en la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo, por su constante intercambio de “papelitos” y apoyo a las posiciones que durante el juicio defendió la empresa Industrias Infinito. Además, el funcionario reconoció que un tío suyo tiene contratos firmados con la empresa minera, por lo que los diputados consideran necesario que aclare sus actuaciones.
La audiencia de finalizó por la petición de la empresa de tener más tiempo y fue fijada nueva fecha para las conclusiones el 13 de abril a las 10: 45 am.
El cambio climático, con su efecto principal: el calentamiento global, conforman el problema ambiental más grave y por lo tanto de urgente resolución al que nos enfrentamos los seres humanos en esta época de nuestra historia.
La capacidad de destrucción de esta situación es de una magnitud inimaginable en razón de sus devastadores efectos contra la sobrevivencia del ser humano. Algunos ubican su peligrosidad en sus afectaciones al medio ambiente, pero lo cierto es que a través de la historia de la humanidad han existido “cambios climáticos” cuyos efectos variaron radicalmente el medio ambiente, aun así el ser humano continuó su desarrollo.
Esa pasada situación, dado el grado máximo de desestabilización de los factores climáticos y la agresividad de sus resultados, parece lejana de repetirse; por eso es que afirmamos que el mayor peligro al que nos estamos enfrentando es la desaparición de la raza humana y de todo ser vivo, elementos que se pensaban como suposiciones sin sentido alguno, hoy las podemos ver en la realidad: hambrunas; desintegraciones poblacionales; cambios radicales en la conformación del clima, los recursos hídricos, etc. Ya dan evidencia cierta de que el ser humano se enfrenta a su extinción.
Pero, por otra parte, el calentamiento climático es efecto y no causa: síntoma de males y trastornos que tienen raíces más profundas. La acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera resulta de los impactos humanos sobre el territorio (“cambios de usos del suelo”) y la quema de combustibles fósiles. Es nada menos la base energética de la sociedad industrial, y sus formas de ocupación del territorio, lo que está en cuestión. Se hace urgente modificar el sistema de producción, transporte y consumo que hoy es ya insostenible y cambiarlo por un modelo productivo industrial y agrícola y unos modos de movilidad sostenibles, a la vez que avanzamos en el ahorro de energía y recursos. Debemos apostar por el desarrollo ambientalmente sostenible y socialmente justo.
Por lo antes expuesto es que se hace absolutamente imprescindible una acción rápida, concertada planetariamente y cuyo resultado sea el logro y ejecución de acuerdos en la forma más rápida posible.
Asumir un cambio de conducta, desde la práctica personal hasta la conformación de una nueva ética empresarial, política y comercial, provista de principios y valores que sobrepongan, ante cualquier otro interés, el interés superior de la vida humana, de las personas en toda la inmensa dimensión de su integralidad.
Debemos reconocer, todos los actores, que el actual modelo de explotación, consumo y acaparamiento de riqueza es el gran culpable de la crisis que nos confronta. Es este perverso modelo, propio de la sociedad industrial de los países desarrollados el que ha provocado este catastrófico choque; tenemos que poner freno en raya a tales desmanes, reiterando que, a partir de nuestra propia individualidad, debemos combatir el consumismo superfluo y el dejarnos arrastrar por la magia publicitaria que nos dibuja como seres exitosos, cuando lo que estamos haciendo es sostener y dar vida a ese modelo anti-natural y destructivo, orientado a la excesiva producción y al consumo sin razón.
Hagamos un alto…pero ya, una actuación conteste con nuestras responsabilidades hacia el futuro de la raza humana es de obligada ejecución, dejemos el lamento improductivo y pasemos a la acción vital, frente a quien sea, incluso frente a nuestras propias ambiciones; de lo contrario en un futuro, por cierto muy cercano, estaremos lamentando, echándole la culpa a otros, nuestra propia extinción.
La Asociación Confraternidad Guanacasteca informa que la Fiscalía solicita abrir proceso por falsedades y delitos, que posibilitaron la destrucción del bosque en la zona donde se construyó el Hotel RIU.
También reconoce que se destruyó y rellenó un manglar. Aunque no encontró detalles de quién lo realizó.
La denuncia fue interpuesta desde el 2009.
Ante esta situación, la Asociación manifiesta su convicción de que tarde o temprano llegará la justicia a estas tierras.
Además comparte tres documentos de la Fiscalía adjuntos a continuación:
El pasado 20 de marzo del 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró una audiencia para escuchar los alegatos de comunidades de Costa Rica víctimas de los efectos de la producción de la piña en Costa Rica (ver nota de prensa del 3 de marzo así como nota en el Tico Times del mismo día 20). Un reciente reportaje audio de la emisora Voces Nuestras (marzo 2015) permite dar una idea de la magnitud del problema; un reportaje de febrero del 2014 “No nos tapen la boca: hablemos de la contaminación piñera” en homenaje Mayra Eugenia Umaña, ilustra el tipo de presiones a los que son sometidos líderes comunales que osan alzar la voz (reportaje del canal universitario Canal15, disponible aquí). Se trata de las comunidades del Cairo, Francia, Luisiana y Milano (de la región de Siquirres) cuyos acuíferos fueron contaminados por empresas dedicadas a la producción de la piña. Desde el mes de julio del 2007, más de 6000 personas en estas comunidades rurales toman agua proveniente de camiones cisternas proveídos por una entidad pública costarricense, Acueducto y Alcantarillado (AyA). A la fecha, el Estado costarricense no ha ordenado sanciones contra las empresas; tampoco se registra acción penal alguna del Estado contra los responsables de las empresas causantes de dicha contaminación. En todo estos años, el Estado no ha proveído a las comunidades afectadas con un nuevo acueducto en agua potable ni saneado las aguas, pese a dos sentencias de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia exigiéndole hacerlo “de inmediato” del 2009. El ente encargado del agua en Costa Rica mantuvo incluso durante más de un año en sus manos un estudio técnico sobre los alcances de dicha contaminación (ver nota de prensa de Elpais.cr titulada “AyA oculta información revelada sobre contaminación de agua con agroquímicos”). Por su parte, la reacción de la entonces titular del Ministerio de Salud, al evidenciarse por parte de un laboratorio universitario (independiente) niveles mucho mayores a los indicados por monitoreos realizados por las autoridades en el 2007-2009 fue la siguiente : “Les damos agua en cisterna porque la gente tiene miedo de tomar la del lugar, y la psicosis ha sido tal, que hasta asocian manchas en la piel que son producidas por un hongo, diciendo que se bañaron en agua con bromacil” (ver nota de prensa titulada “Laboratorios de la UNA comprobaron contaminación de piñera”, Semanario Universidad 26/05/2009). Cabe recordar que el 5 de junio del 2008, Día Internacional del Ambiente, la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña (CANAPEP) había suscrito en Casa Presidencial una larga lista de “Compromisos Socio Ambientales”: se leyó en aquel momento en la prensa que “Según Abel Chávez, presidente de Canapep, respetarán las normativas nacionales e internacionales y garantizarán la pureza del aire, del agua y la sostenibilidad del suelo. Además minimizarán los impactos ambientales de la agroindustria en las comunidades vecinas a las fincas productoras” (Diario La Extra, 6/06/2008, “Piñeros se comprometen a no contaminar”).
Una actividad objeto de especiales favores:
Las festividades del Día del Ambiente en Casa Presidencial con el gremio de la piña del 2008, la actitud del AyA y las declaraciones de la Ministra de Salud años después no deben sorprender mayormente. La persistente polémica entre laboratorios universitarios y laboratorios privados sobre los resultados de niveles de contaminación que recoge el último Informe del Estado de la Nación publicado en el 2014 tampoco (Nota 1). Costa Rica es el primer exportador de piña a nivel mundial desde el 2007. En el 2008 exportó 1.458.980 toneladas métricas (mientras que en el 2004 exportaba 693.107 toneladas): su competidor más cercano (Filipinas) exportó en el 2008 a penas 261.338 toneladas métricas contra 204.887 (2004) según se aprecia en este recuadro del “Top5”. La tabla 3 de este estudio de la UNCTAD revela, con base en datos de la FAO, el aumento vertiginoso de toneladas exportadas por Costa Rica en el período 2008-2009-2010. En el 2011 alcanzaron 1.722.200 toneladas, 1.875.813 (2012) y 1.939.680 (2013) (según datos oficiales de las estadísticas de la Promotora de Comercio Exterior – PROCOMER). En el 2011, según estas mismas estadísticas de PROCOMER (ver informe, p. 50), el 45% de la piña fue exportada a Estados Unidos, el 13% al Reino Unido, el 12% a Holanda, el 9% a Bélgica, el 8% a Italia, el 4% a Alemania y el 3% a España: en ese mismo año 2011, un país como España importó 67.866 toneladas de piña costarricense (ver nota).
En el 2010, Costa Rica representaba el 60% de la piña exportada a nivel mundial, seguida por Filipinas (con 12%), Ecuador (4%), Costa de Marfil (4%), Estados Unidos (4%) y otros países con un porcentaje menor al 3%, tal como se aprecia en el cuadro 2 en el siguiente estudio titulado “Análisis del Mercado de la Piña” elaborado por el Consejo Nacional de Producción (CNP). Datos sobre los cuales el CNP es mucho más discreto, recogidos por organizaciones sociales en un informe denominado “El sabor amargo de la piña” (en alusión al primer documental crítico – disponible aquí -sobre la piña producido en Costa Rica en el 2005), indican que el sector de la piña en Costa Rica se reparte la producción de la siguiente manera: “De acuerdo con la Cámara Nacional de Productores de Piña CANAPEP, el área sembrada de piña en Costa Rica aumentó un 675% entre 1990 y 2009, pasando de menos de 10.000 a más de 50.000 has. Las empresas Del Monte y PINDECO concentran el 50% de la producción piñera en Costa Rica, y 31 empresas concentran el 96% de la producción total de esta fruta. El 4% restante está en manos de aproximadamente 1200 pequeños agricultores que venden su producción a las grandes empresas, especialmente Dole, Del Monte, Fyffes y Chiquita”.
Desde el 2008, el Programa del Estado de la Nación (el cual, como bien se sabe, constituye un esfuerzo de las universidades públicas de Costa Rica), advertía los efectos de un modelo depredador del ambiente y señalaba la ausencia de mecanismos distributivos de la riqueza generada: “la producción piñera intensiva extensiva, altamente desarrollada en Costa Rica /…/ tiene una serie de implicaciones directas sobre el activo ecológico, que se convierten en un tipo de subsidio eco-social del Gobierno a las empresas piñeras. Los ingresos económicos concentrados en los empresarios y dueños de la compañías no han garantizado un beneficio social. El deterioro ambiental generado provoca serios daños en la estabilidad social de las comunidades, ya que reduce las condiciones que permiten el uso de los servicios ambientales como el agua, el suelo, la biodiversidad, etc. ” (Estado de la Nación, Informe XV (2008), p. 220). Siete años después, el mismo Informe indica de manera enfática que: “El cultivo de la piña ha destacado por su alto grado de conflictividad, tal como se ha señalado en las últimos ediciones del Informe del Estado de La Nación. Las principales preocupaciones versan sobre la contaminación de aguas superficiales y subterráneas, cambio de uso de suelo, generación de la plaga de la mosca Stomoxys calcitrans, desvío y sedimentación de los ríos, erosión del suelo, concentración de la tierra, desplazamiento de las familias campesinas, pérdida de la soberanía alimentaria, irrespeto de los derechos laborales y posibles consecuencias en la salud debido a la exposición a los agroquímicos” (Estado de la Nación, Informe XX (2014), p. 192).
Lo que podríamos denominar una “sordera institucionalizada” pareciera entonces haberse adueñado de varias entidades estatales de Costa Rica desde el 2008, cuando de cuestionamientos relacionados con la piña se trata, so pretexto del desarrollo que aporta. No obstante, las regiones de Costa Rica en las que se produce la piña siguen con los peores índices en cuanto a Desarrollo Humano (IDH) se refiere, poniendo así en entredicho el tan pregonado “desarrollo” que genera dicha actividad. Hace unos meses, un proyecto de ley (19.371) tendiente a gravar cada caja de piña exportada, presentado en noviembre del 2014, se interesó por este indicador en los cantones productores de piña y añadió que: “… en el marco de la expansión piñera, el modelo de Certificados de Abono Tributario (CAT), la liberación de impuesto bajo la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC) y el Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos, se ha liberado a la producción de piña de toda responsabilidad tributaria. Por ejemplo, bajo el régimen de zonas francas, la mayor parte de insumos requeridos para el cultivo de piña reciben exenciones completas” (Gaceta Oficial, expediente 19.371, 25/11/2014, p. 2, texto del proyecto y recuadro con el IDH cantonal disponible aquí). Ante mecanismos fiscales tan favorables para el sector piñero y actitudes tan complacientes por parte de las autoridades políticas (en particular la de los entes responsables de la salud y de la potabilidad del agua, pero también del ambiente como veremos a continuación), era muy difícil que se pudiera contener la voracidad de este sector. Tempranamente, la expansión piñera en Costa Rica fue tal que obligó a algunos responsables a externar criterios en los siguiente términos: en el mes de junio del 2009, el Presidente del Tribunal Ambiental Administrativo (TAA) escribía en un artículo de opinión “Tribunal Ambiental y producción piñera” que: “ No es el Tribunal Ambiental quien contamina, destruye bosques, humedales y nacientes; lamentablemente estas prácticas irresponsables son las que nos llevan a aplicar la legislación. Pero hay algo más grave que los propios daños ambientales –a veces irreparables– y es la conciencia con la que se perpetran estos actos. Aquí no estamos ante una simple infracción ambiental, sino que estamos jugando con el futuro de los/las costarricenses”. Días después, la expansión piñera fue calificada en un muy completo artículo del 2009 del El Financiero como «insensata” (ver artículo de El Financiero, del 1/07/2009, Edición 724). Nos permitimos en unas ediciones posteriores de El Financiero hacer ver la contradicción de los datos oficiales sobre la realidad laboral y la extensión real de la piña en Costa Rica (ver nuestra breve nota: “Moratoria piñera“, El Financiero, Edición 743).
Pese a los famosos “Compromisos Socio-Ambientales” suscritos por CANAPEP para celebrar en gran pompa el Día del Ambiente, extrañas maniobras de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) con relación a piñeras en la región de Siquirres fueron denunciadas por congresistas como el diputado Rafael E. Madrigal del Partido Acción Ciudadana (PAC): en su artículo publicado en La Nación “Las piñas y Setenas del señor Sancho” se dejan ver aspectos de gran interés que todo lector un tanto familiarizado con las sutilezas de la SETENA sabrá interpretar. En uno de los pocos foros académicos a los que participó CANAPEP con comunidades afectadas, su representante se defendió indicando que “No sé de cual país nos está hablando” (ver nota sobre foro realizado por la UCR en julio del 2009). No fue sino con la visita de una Misión de la Unión Europea a finales del 2009 que (de pronto …) las buenas prácticas agrícolas y ambientales parecieron interesar al sector productivo y a las autoridades: al respecto, la abogada Gabriela Cuadrado no dudo en titular un valiente artículo publicado en La Nación de la siguiente forma “Una visita que mueve más de mil denuncias” cuya lectura también recomendamos. Quiérase o no, estas iniciativas gremiales y estatales se enmarcaron dentro del Gobierno del Presidente Oscar Arias Sánchez que inició en el 2006 proclamando una “Paz con la Naturaleza”, calificada al final de su administración como como una verdadera guerra contra el ambiente (ver artículo del Semanario Universidad de junio del 2010: “Administración Arias le declaró la “guerra a la naturaleza”). En junio del 2008, nos habíamos permitido sugerir que algunas de las notas de aquella “paz” recordaban extrañamente las de un verdadero Réquiem (véase nuestro artículo: ”¿Paz o Réquiem para la Madre Tierra?”, publicado en La Nación).
Una larga lista de daños
Estudios, diagnósticos, planes de acción, compromisos de unos, manuales de buena prácticas de otros conforman una larga lista de publicaciones en Costa Rica desde el año 2008, unos como parte de un doble discurso, otros como parte de un esfuerzo sincero de algunos productores. En el 2013 el diputado Manrique Oviedo, de la zona Norte, región que concentra más del 50% de la producción de la piña en Costa Rica, expresó que: “Desde el año 2005 vengo insistiendo en este tema, el MAG siempre dice que está desarrollando un plan de manejo integral. Tenemos siete planes diferentes que han presentado y dicen que están desarrollando otro” (ver nota del 10/6/2013 de CRHoy). Un humedal internacionalmente reconocido por su importancia como el de Caño Negro ( declarado por Costa Rica sitio RAMSAR en 1991) en la zona Norte de Costa Rica sufre los embates de las piñeras en la mayor impunidad: pese a informes, como el del TAA titulado “Humedal de Caño Negro bajo seria amenaza Ambiental” (2010), reportajes como por ejemplo “Refugio Caño Negro debate su vida entre la ilegalidad y la indiferencia”, los vecinos organizados en defenderlo (ver su página en FaceBook) documentan una tras otra las denuncias y su archivo posterior por parte de las autoridades, pese a tomas aéreas contundentes. La comunidad y la escuela de El Jobo en Caño Negro (ver foto) con sus 150 niños “sitiados” por las piñeras (en alusión a título usado en este reportaje audio) de igual manera no han logrado que las autoridades de educación y de salud frenen el avance de los productores y suspendan las fumigaciones. Por su parte, las misiones técnicas de la Unión Europea que cada cierto tiempo visitan a Costa Rica (y las cadenas comerciales en el viejo continente) centran su atención en la calidad de la fruta ofrecida, y no en la salud de los trabajadores o la de las comunidades, ni los efectos de la producción de la piña en los suelos y en la prodigiosa biodiversidad de Costa Rica. Durante la visita de la Misión europea DG SANCO en octubre del 2009 a Costa Rica, las organizaciones sociales debieron “perseguir” a los visitantes europeos, ante el intento por parte de las autoridades de Costa Rica a cargo de la visita de impedir contacto alguno: se lee en el reportaje “Representantes de comunidades lograron entregar información a los europeos en el último momento” que “ Cuadrado reclamó el hecho de que el MAG solo permitiera que los productores entregaran su versión a los inspectores, mientras comunidades que no pueden tomar agua potable desde hace dos años y medio, debieron “perseguirlos” para exponer sus problemas” (ver nota del Semanario Universidad, octubre del 2009).Como se precisa de manera bastante acertada en un informe publicado en Suecia en el 2013 sobre la piña de Costa Rica, “The study shows that the requirements set by the Swedish companies are predominantly aimed at protecting the health and safety of the Swedish consumers, not the plantation workers. The workers and farmers interviewed by Swedwatch in Costa Rica attest to how they and their direct environment is affected by health issues caused by the continuous usage of pesticides on the plantations. The employees on the pineapples plantations in Costa Rica, and the local communities, suffer from dizziness, headaches, nausea and rashes. The chemicals have also adversely affected the environment and caused a decrease of fish and animal life in the area” (ver nota).
La reciente “Plataforma Nacional de Producción y Comercio Responsable de Piña en Costa Rica” (ver sitio oficial) promovida en el 2011 por el entonces Vicepresidente de Costa Rica Luis Lieberman, auspiciada por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) es otro esfuerzo para intentar mitigar internacionalmente la mala imagen de la piña costarricense. Tratándose de un país como Costa Rica, en el que abundan reconocidos profesionales en gestión ambiental, la escogencia para coordinar esta Plataforma de un ex directivo del sector exportador de piña fue denunciado por activistas y académicos, calificando esta Plataforma como un burdo intento de “maquillaje verde” internacional (ver por ejemplo pronunciamiento de la Coecoceiba.org). Independientemente de las motivaciones reales detrás de este y de anteriores esfuerzos, ninguno ha logrado regular esta actividad en aras de limitar sustancialmente los daños ocasionados por la piña: informe tras informe, el Estado de La Nación desde el 2008 así lo evidencia. El peso cada vez mayor de los expedientes en el TAA y en la Sala Constitucional reflejan la total inoperancia estatal en la materia y la poca receptividad a prácticas menos dañinas que algunos productores de piña han intentado implementar a pequeña escala.
Se trata en efecto de una actividad productiva que, por lo general, y con muy pocas excepciones, genera una serie de efectos negativos. En materia ambiental, los daños son muy graves, algunos de carácter irreversible, en la medida en que, a diferencia de la piña criolla costarricense, o de las variedades “Hawaiana” primero, “Cayenne” luego, producidas a finales de los años noventa para el mercado internacional, la variedad «MD2» (también conocida como ”Dorada” o “Golden” o «Sweet Gold») implantada en Costa Rica en los primeros años de los 2000, requiere de una gran cantidad de pesticidas y plaguicidas para ser producida, incluyendo sustancias químicas, algunas de ellas prohibidas en la Unión Europea (Nota 2). Varias de estas sustancias químicas se caracterizan por su carácter altamente persistente, como por ejemplo el bromacil o el diurón, usados para deshierbar las vías férreas en Europa por ejemplo. El uso del Bromacil es prohibido en Alemania, Eslovenia y Suecia. El carbofurán es prohibido en Estados Unidos, Canadá, y en la misma Europa, debido a su alto grado de toxicidad, pero su uso en piñeras de Costa Rica fue denunciado en su momento (ver nota de prensa). Recientemente (mayo del 2014), Costa Rica prohibió mediante Decreto Ejecutivo el uso del carbofurán, con excepción de los cultivos de piña y de banano, sin mayor justificación (ver texto del Decreto 38713) cuyo considerando 7 se lee así: “7º—Que en Costa Rica el uso de carbofurán está autorizado en varios cultivos, de ciclo corto, anual y perenne, dentro de los cuales están los de consumo fresco, así como los de consumo con cocción. Para estos el carbofurán actualmente puede ser sustituido por otros plaguicidas, a excepción de su uso en los cultivos de piña y banano”. En el 2006, la discusión en la Unión Europea para reducir los niveles del Ethephon (un químico usado para madurar y colorear artificialmente la MD-2) de 2 miligramos/kg a 0,05 mg/kg causó una alerta máxima del sector piñero en Costa Rica (ver nota). De manera a tener una idea del conjunto de sustancias químicas requeridas para producir la MD-2, remitimos al lector a la tabla del Anexo XXII (página 57) del informe denominado ”Crop Production Protocolo Pineapple MD2 (Ananas comosus)”, disponible aquí. Un número especial de la Revista Ambientico (Universidad Nacional – UNA) describía en detalle los daños ambientales que ocasionaba la piña MD-2 en Costa Rica (Número 177 de junio del 2008 disponible aquí). Los productores de ganado vecinos de una plantación de piña también pueden sufrir daños severos, debido a la proliferación de la mosca de establo que acarrea el mal manejo de los rastrojos de la piña (ver artículo de La Nación del 12/07/2010): sobre este punto, un documento que lleva el sello del MAG y de la Universidad Nacional UNA), “Boletín de Parasitología”, alerta sobre el riesgo de proliferación de este insecto, y lo más notorio es que su fecha de edición es del … 2003. Seis años después, un grupo de ganaderos cansados ante tanta inoperancia estatal interpuso una demanda contra el Estado (ver nota del Semanario Universidad, julio 2009). Diez años después de la edición de aquel boletín, la mosca sigue azotando a muchos ganaderos (ver nota de CRHoy del 27/6/2013). Desde el punto de vista de la cobertura mediática a las denuncias hechas por activistas y organizaciones sociales, son varios los reportajes hechos fuera de Costa Rica destinados a la opinión pública internacional en torno a la situación que impera en muchas piñeras de Costa Rica (en particular en el ámbito laboral) y en torno a los efectos sociales del modelo productivo adoptado: véase por ejemplo los reportajes de Suisse Romande, 2007, «Les ananas de la colère«, del Miami Herald, 2008, «Costa Rica’s pineapple boom raises environmental questions«, de Radio Canada, 2009, «Les ananas du Costa Rica«, de The Guardian, 2010, «Pineapples: Luxury fruit at what price?«, de The Guardian, 2010, «Bitter fruit: The truth about supermarket pineapple» o el más reciente publicado en Der Spiegel en julio del 2014. Algunos de ellos buscan alertar a los consumidores en consonancia con algunas campañas internacionales realizadas a partir del 2007 (Nota 3). A estos reportajes, hay que añadir artículos de opinión en la misma dirección como (para dar algunos ejemplos), los leídos en El Pais (España) en el 2008, “La piña se amarga en Costa Rica” (disponible aquí) o en La Stampa (Italia) en el 2011, “Costa Rica: il sapore amaro degli ananas sulla nostra tavola” (ver artículo). Para completar el panorama, en cada país existen sitios especializados sobre consumo libre de pesticidas que, cuando se busca la piña de Costa Rica, advierten sobre la presencia de sustancias químicas en la piña, como por ejemplo: “Ananas sweet du Costa-Rica, vous reprendrez bien un peu d’éthéphon !” o “Les ananas sont-ils gangrenés à l’acétylène ?” o “L’ANANAS : je vous en remets une tranche?” (Francia).
Un reciente estudio publicado por la UNA sobre la situación sociolaboral de los migrantes en las piñeras de la zona Norte concluye que: “En este sentido, la actividad piñera en la zona ha basado su dinamismo y evolución reciente a partir del concurso de factores como el uso (y abuso) intensivo de la tierra (con sus consecuencias ambientales y geográficas) y la inserción supernumeraria de personas trabajadoras que, debido a su condición de irregularidad migratoria, presentan cierta vulnerabilidad y son proclives a experimentar experiencias deficitarias en sus condiciones sociolaborales” (pp. 91- 92).Hace ya unos años, en una nota de prensa sobre un foro realizado en la UCR al que no llegaron quiénes debían hacerlo, titulada “MINAET rehuye debate sobre Caño Negro en Universidad de Costa Rica”, una de las juezas del TAA indicaba que al llegar sorpresivamente a investigar piñeras por presuntos delitos ambientales, “cuando nos ven llegando de sorpresa en una barrida, muchos operarios salen corriendo, pensado que somos de Migración”: señal inequívoca de un sistema de explotación laboral a los que están sometidas personas en situación migratoria irregular en muchas de las piñeras, y que no parece en lo más mínimo interesar a las autoridades del Ministerio de Trabajo.
La actitud del Estado costarricense
La falta de controles adecuados en materia laboral, en materia de salud ocupacional y las campañas internacionales contra la comercialización de la piña no parecieran haber dado lugar a algún tipo de reacción por parte del Estado costarricense, como tampoco en otros ámbitos, como el ambiental. Todo lo contrario. En un artículo titulado «La cuestionable sostenibilidad ambiental de la piña» publicado en septiembre del 2011 en La Nación, el Dr. Allan Astorga, experto en gestión ambiental, y Ex Secretario General de la SETENA, precisa el alcance de una grave modificación hecha a la normativa ambiental por las mismas autoridades estatales (en particular la Comisión Plenaria de la SETENA) para favorecer la expansión de la piña en el período 2006-2010: “Como por arte de magia, y en contravención con lo que establece el reglamento general de evaluación de impacto ambiental y la misma Ley Orgánica del Ambiente, surgió dentro de la Setena una nueva modalidad de instrumento, de tipo voluntario, que se denomina Estudio de Diagnóstico Ambiental (EDA), hecho para que las actividades ya en ejecución que no hubieran cumplido el trámite de evaluación de impacto ambiental que exige la ley y que la misma ley establece como un requisito indispensable para el inicio de las actividades, pudieran “ponerse al día” con sus permisos ambientales, muchos de los cuales son requeridos desde el exterior por los países que importan piña. La sustitución operada en la resolución 2286 – 2009 Setena del 25 de setiembre del 2009 del EDA por el EIA (por una Setena intervenida, como bien se sabe, por el Ministerio de la Competitividad) contradice nuestro ordenamiento jurídico y los principios de prevención que incluye nuestra normativa”. Un ejemplo más de directrices normativas que violan el principio de no regresión en materia ambiental, a las que nos hemos venido acostumbrando en los últimos años por parte de las autoridades a cargo del ambiente en Costa Rica. El autor de este artículo, que no dio lugar a ninguna refutación luego de ser publicado, es contundente en sus conclusiones: » Es urgente reorientar una producción piñera que, lejos de ser un orgullo para la imagen verde de nuestro país ante el mundo, se ha convertido en una vergüenza nacional». En el precitado número 177 de Ambientico, Gabriela Cuadrado analiza en detalle otra “innovación” por parte de las autoridades: la inaudita propuesta de Decreto Ejecutivo elaborada por el Ministerio de Salud de Costa Rica tendiente a legalizar la contaminación de agua potable por parte de las empresas. Su artículo: «Legalización de la contaminación de aguas para consumo humano (caso del diurón y el bromacil)» no deja duda alguna sobre la intención de las autoridades de salud de aquella época. Más recientemente (noviembre del 2014), un estudio publicado en Francia describe otro efecto de la expansión de la piña ante el que el Estado costarricense demuestra su complacencia: la concentración de tierras en detrimento del pequeño y mediano agricultor costarricense (artículo de Edgar Fernández «L’accaparement des terres au Costa Rica : le cas des entreprises productrices d’ananas» (disponible aquí).
Con relación al dato exacto de hectáreas de piña sembradas en Costa Rica dado por las autoridades del MAG, el último informe del Estado de la Nación precisa que “En 2013 y por quinto año consecutivo, la superficie sembrada de piña se estimó en 45.000 hectáreas, cifra que una vez más generó dudas, en vista de los aumentos registrados en la producción bruta y el monto exportado” (Estado de la Nación, XX Informe (2014) p.190). Además de innovar en muchos ámbitos, la piña de Costa Rica pareciera querer revolucionar la regla de tres: oficialmente, en el 2007, para generar 487 millones de dólares por concepto de piña exportada, se contaba con una extensión de 38.000 hectáreas. Para generar 834 millones de dólares (2013), oficialmente el MAG registra únicamente 45.000 hectáreas de piña en Costa Rica.
La advertencia de la UCR desoída
El liderazgo mundial obtenido por Costa Rica en el 2010 al que refiere el CNP coïncide con la administración del Presidente Oscar Arias Sánchez (2006-2010) y su marcada política de apertura irrestricta de Costa Rica a la economía mundial, política que se mantuvo durante la administración de la Presidenta Laura Chinchilla Miranda (2010-2014): durante este último período, el auge prosiguió con relación a la piña, tal y cómo lo indican las cifras de PROCOMER antes mencionadas. Se pudo observar cuán influyente puede ser este sector económico con ocasión de una inédita acción de Casa Presidencial que pidió suspender una “barrida” (control sorpresivo) del TAA en plantaciones de piña en la zona Norte (Nota 4). Se mantuvo de igual manera la negativa de las autoridades ministeriales a participar en foros públicos auspiciados por las universidades con organizaciones sociales y comunidades afectadas (Nota 5). Cuando lo hicieron, fue para rehuir los cuestionamientos y dejar la silla vacía, tal como ocurrió con el representante del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) durante un foro auspiciado por el Tribunal Latinoamericano del Agua (TRAGUA) a finales del 2013 en Costa Rica (Nota 6). Las autoridades de Salud por su parte se mantuvieron mudas ante periodistas interesados en conocer su punto de vista (Nota 7).Es de recordar que debido a la cantidad de denuncias y de recursos de amparo recibidos por parte de la Sala Constitucional en los años 2006 y 2007 y a numerosos cuestionamientos realizados por activistas, ONGs y académicos ante el crecimiento vertiginoso del sector de la piña, la máxima instancia de la Universidad de Costa Rica (UCR), su Consejo Universitario, solicitó a las autoridades de Costa Rica frenar su expansión. Con fecha de diciembre del 2008, el Consejo Universitario instaba a las autoridades a establecer una moratoria para nuevas plantaciones de piña, en los siguientes términos:
“3. Instar al Gobierno y a las municipalidades mencionadas anteriormente a declarar y aplicar, de acuerdo con la legislación una moratoria a la expansión de la actividad piñera, hasta tanto se den las siguientes condiciones:
a. Se cuente con la debida planificación del territorio en el que se determinen las áreas críticas en relación con la vulnerabilidad del recurso hídrico superficial y subterráneo, así como la biodiversidad existente en la zona.
b. Se ejerzan los controles necesarios y se cuente con los estudios que demuestren, fehacientemente, que la actividad piñera está causando el menor impacto posible al medio ambiente y a la salud ambiental, incluida la de las personas que habitan en el entorno de los cultivos.
c. Se cuente con una propuesta de gestión interorganizacional e intersectorial, que garantice el estricto acatamiento de las empresas a la legislación ambiental, sanitaria y laboral del país”.
El texto completo del Pronunciamiento del Consejo Universitario de la UCR está disponible aquí, y también se recomienda su lectura dado que poco se ha logrado desde el 2008 para limitar los daños que causa la piña, tal y como lo evidencia la lectura del informe del Estado de la Nación desde el 2008. La molestia que causó este documento a CANAPEP era de esperar (ver nota): siete años después, las buenas prácticas que alegó el gremio piñero acatar en el 2008 también quedan en espera. Con relación a la discusión en la arena política, un periodista costarricense había publicado en España uno de los pocos artículos críticos publicado en ese país a mediados del 2008 sobre la amargura de la piña (ver artículo de Alvaro Murillo, “La piña se amarga en Costa Rica” El Pais (España),17/06/2008 disponible aquí) precisando, entre otros que: “El principal partido de la oposición, Acción Ciudadana (PAC), ha convertido en un debate político los efectos ambientales de las 40.000 hectáreas cultivadas donde trabajan unos 20.000 peones en condiciones cuestionadas por organizaciones laborales. El auge de la piña en Costa Rica es tal que el último intento de las autoridades por reactivar el cultivo de granos básicos topó con que la mayoría de las tierras están dedicadas ahora a la fruta que servirá de postre para estadounidenses y europeos”. En un artículo reciente (septiembre del 2014), la docente Geanina Amaya recordaba los compromisos de campaña de la actual administración del Presidente Luis Guillermo Solis Rivera que inició en mayo del 2014: «En campaña política el PAC aseguró que “Debe establecerse una moratoria a la expansión de la producción piñera de acuerdo al principio precautorio, hasta que se establezcan los mecanismos y controles adecuados por parte de las instituciones estatales con competencia en la materia». En octubre del 2014, fue el legislador de otra bancada, el diputado Edgardo Araya (Frente Amplio) quién propuso establecer una moratoria nacional por 5 años y gravar con un impuesto especial la piña (ver nota de prensa): la segunda iniciativa dio lugar al proyecto de ley 19.371 antes mencionado. Habiéndose convertido el PAC en caja de resonancia a los fundados reclamos de las comunidades afectadas desde el 2008, habiendo además participado de forma activa (con la entonces unipersonal bancada del FA) para que la piña sea parte de la discusión política desde el 2008 en Costa Rica, y habiendo los académicos de la UCR nutrido parte de esta discusión, resulta lógico que la paciencia de comunidades, organizaciones, activistas y académicos empiece poco a poco a mermarse en estos meses del 2015.
Instancias internacionales y piña de Costa Rica
Más allá de advertencias desoídas, de los vaivenes de la política nacional, y de las promesas de campaña (que parecieran ya muy lejanas para algunos…), desde la perspectiva del derecho internacional, es la conducta del Estado la que se evalúa de cara a sus obligaciones internacionales. El tema de la piña en Costa Rica no es del todo nuevo para las instancias interamericanas: en el año 2009, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue solicitada para ordenarle a Costa Rica medidas para proteger la vida y la integridad física de un activista y reconocido opositor a la expansión de la piña en la Zona Sur, Aquiles Rivera (ver nota): ello debido a amenazas de muerte recibidas por este líder comunal en mayo del 2009 (ver nota de la Asociación Nacional de Empleados Público, ANEP). Dichas medidas de protección fueron ordenadas por la Comisión al Estado costarricense. En este mismo año 2009, la relatora especial de Naciones Unidas sobre Derecho Humanos, Agua y Saneamiento, Catarina Albuquerque, visitó Costa Rica (ver texto). En su informe incluyó lo siguiente: «71. La Experta independiente desea expresar su preocupación respecto del empleo de Bromacil, Diurón y otros plaguicidas en las explotaciones agrícolas, en especial en las plantaciones de piña tropical, habida cuenta de que esos productos han sido relacionados con diversas formas de cáncer en caso de ser consumidos en grandes cantidades durante un período prolongado » (p. 22, punto 71). La misma experta recomendaba en su informe del 2009 lo siguiente: «85. La Experta independiente recomienda que Costa Rica apruebe, como medida prioritaria, los proyectos de decreto ejecutivo destinados a reglamentar el uso de Bromacil y Diurón en las explotaciones agrícolas» (p. 26, punto 86). Notemos que no se encontró similar recomendación en los informes de misión posteriores de la experta de Naciones Unidas con relación a otros monocultivos (ver informes de misión disponibles en este enlace de Naciones Unidas). En respuesta a este informe de Catarina Albuquerque, la Misión de Costa Rica ante las Naciones Unidas en Ginebra hizo circular una nota oficial (ver texto del documento HRC/12/G/3, con fecha del 7/9/2009) que detalla las presuntas carencias del Informe. Con relación al tema de la piña, el punto 4 precisa que “sería importante conocer cuáles son las opciones que se les podrían brindar a los productores de piña en lugar de bromacil y diurón”: una crítica frontal a la experta de Naciones Unidas entendible si proviniese del sector productivo, pero que sorprendió a muchos observadores al provenir del mismo Estado. Más allá de esta airada reacción, se esperaría del Estado acatar lo recomendado sobre este punto preciso en el 2009. En un reciente reportaje del mes de marzo del 2015 sobre la contaminación en Siquirres que incluye una entrevista a un funcionario del Ministerio de Salud, se lee que “El funcionario también rescató que el país no cuenta con reglamentos específicos, que dicten cuáles son los parámetros permitidos de agroquímicos en el agua para consumo humano”.
Conclusión:
Como se puede apreciar, a lo largo de estos últimos 8 años, la actitud del Estado costarricense con relación a la producción de la piña ha sido sumamente cuestionable. La CIDH oyó este 20 de marzo (en las vísperas de la celebraciones del Día Mundial del Agua) los descargos de las valientes comunidades de Siquirres, quiénes han agotado pacientemente, una tras otra, todas las vías legales existentes para hacer valer su derecho al agua desde el 2007 (derecho consagrado como tal por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica). Dos sentencias de la Sala Constitucional del 2009 (ver nota) que exigían a las entidades recurridas del Estado “que en forma inmediata se inicie el proceso de saneamiento y eliminación de residuos de plaguicidas, de las fuentes de agua” demuestran de manera fehaciente el desinterés del Estado en resolver el problema. Ni que decir de este sector productivo, reacio a reconocer su responsabilidad (y a proceder por ejemplo a la creación de algún mecanismo – fideicomiso, fondo de compensación u otro – para compensar e indemnizar a comunidades afectadas y a particulares), proclive a presentar acciones penales por presunta difamación contra líderes comunales (Nota 8) y poco expresivo en algunas ocasiones en que el periodismo de investigación ha intentado obtener información de su parte (Nota 9). El marco de la demanda se circunscribe únicamente a los efectos en el agua de la contaminación de las empresas piñeras en Siquirres y a la conducta de las autoridades estatales desde el 2007 en esta zona, y no entra a analizar otros aspectos como los brevemente descritos. Pese a ello, es muy probable que otras comunidades afectadas por la expansión piñera desde muchos años, en particular las de la zona Norte de Costa Rica y de otras partes del país (como Buenos Aires de Puntarenas o Chomes), observaron con mucha atención esta audiencia: la sustancias químicas usadas en Siquirres son muy similares a las que se usa en el resto del país para producir la MD-2; además, la capacidad de absorción de los suelos así como la vulnerabilidad de los acuíferos no son peculiaridades propias a la región de Siquirres. Por parte del Estado, no hay mucho que se pueda hacer ante los comisionados en Washington: el mismo Presidente del TAA fue recientemente bastante enfático con relación a la conducta estatal en el caso que se ventilará ante la CIDH: “Vergüenza debe darle todo esto al Estado” (ver artículo de La Nación de septiembre del 2014).
La profunda sensación de impunidad que evidencia el reciente reportaje del Semanario Universidad (Nota 10) y la inoperancia demostrada por el Estado costarricense por hacer valer en la hermosa tierra de Siquirres principios (bastante básicos) como el principio precautorio o el principio “el que contamina paga” constituyen, entre otros, argumentos de peso de difícil refutación que ahora colocan a Costa Rica en una situación extremadamente delicada desde el punto de vista internacional.
Notas ————–
Nota 1: Se lee en el XX Informe del Estado de la Nación (2014) que “En mayo del 2014 el Laboratorio Nacional de Aguas del AyA recomendó suspender el abastecimiento por camiones cisternas, ya que desde el 2012 los laboratorios privados contratados no han encontrado residuos de plaguicidas en las fuentes de agua para consumo humano en las comunidades involucradas. Sin embargo estudios efectuados por el Laboratorio de Análisis de Residuos de Plaguicidas (Larep) del IRET-UNA, en marzo del 2014, detectaron concentraciones de 2,8 Mg/L de bromacil, 0,1Mg/L de triadimefón y otros plaguicidas” (p. 192).
Nota 2: Es, por ejemplo, el caso de un pesticida altamente tóxico para los suelos y la salud humana como el Paraquat (ver ficha del 2011 sobre efectos en suelos y en la salud humana disponible aquí). Informes de ONG internacionales habían denunciado los daños a la salud humana de quiénes se ven expuestos a este químico en todo el mundo, incluyendo los operarios de fincas en Costa Rica (ver informe). Luego de una intensa batalla judicial liderada por los países escandinavos, se logró en julio del 2007 que la Directiva de la Comisión de la Unión Europea que permitía su uso fuera anulada por el Tribunal de Primera Instancia de la Unión Europea (ver comunicado de prensa del TPI de la Unión Europea). No obstante, a los meses, una trasnacional operando en Costa Rica adujo que aplicaría la moratoria mundial exigida por la UE en cuanto a su uso en todas sus operaciones en el mundo, con excepción de sus fincas de piña en Costa Rica hasta mediados del 2008, indicando que “… it is discontinuing the use of paraquat in its agricultural operations worldwide by implementing an immediate phase-out program, except in Costa Rica for Dole’s pineapple operations where the targeted phase-out program extends to June 30, 2008” (ver nota de noviembre del 2007). En un comunicado de prensa de octubre del 2007 al que se le añadió una actualización del 2012, se indica que el uso de Paraquat se mantendrá, con la autorización de las autoridades de Costa Rica, para luchar contra la proliferación de la mosca hematófaga que provoca el mal manejo de los rastrojos de la piña: “Update to October 8, 2007 press release (effective November 20, 2012). The Costa Rican government requires growers to take measures to control stable fly infestations. Stable flies are drawn to the moist leaves and other residue left after pineapple harvest, and use of paraquat to dry this residue helps to control these infestations”.
Nota 3: Algunas organizaciones han intentado hacer ver al consumidor lo que no se dice de la piña costarricense: el informe «‘The story behind the pineapples sold on our supermarket shelves: A case study of Costa Rica’ preparado por Consumers International y Bananalink constituye uno de estos intentos. En el 2008, la ONG británica OXFAM de igual manera lideró una campaña contra la comercialización de la piña de Costa Rica en los supermercados de Alemania (ver nota de prensa de La Nación, 2008 y una nota de DW titulada «Explotación laboral en Latinoamérica: Alemania no es inocente» de abril del 2008).
Nota 4: En esta nota de prensa publicada por ElPais.cr se indica que: ”La Casa Presidencial estaría presionando a jueces del Tribunal Ambiental Administrativo (TAA), para que levante la orden de cierre a tres empresas productoras de piña en Los Chiles y Guatuso. De acuerdo con fuentes cercanas a la Presidencia, dos jueces abandonaron una gira por la Región Huetar Norte, y fueron llamados de urgencia por altos funcionarios de Casa Presidencial y del Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (Minaet)”.
Nota 5: Véase por ejemplo la nota de prensa titulada por Elpais.cr: “Salud rehuye debate sobre agua potable y contaminación de piñeras en Siquirres” (disponible aquí).
Nota 6: En el informe de prensa (disponible aquí) de la actividad realizada por el TRAGUA en San José a finales del 2013, se incluye el siguiente artículo de ElPais.cr titulado: “Costa Rica: Funcionario de Agricultura huyó de Foro sobre efectos negativos del cultivo de piña”.
Nota 7: Se lee en este reportaje del Semanario Universidad de septiembre del 2011 y titulado “Otra comunidad se resiste a las consecuencias de la expansión piñera” que, en la subnota titulada “Plantación opera junto a Escuela en Caño Negro” la posición de la Ministra de Salud resulta inalcanzable: “Este Semanario intentó conocer la opinión de la Ministra de Salud, Daysi Corrales; sin embargo, no fue posible obtener su posición sobre la denuncia de los habitantes de El Jobo de Caño Negro”.
Nota 8: Fue el caso de Carlos Arguedas, en Siquirres. Leemos en un largo recuento publicado por la FECON (ver nota) que: “El ambientalista y sindicalista Carlos Arguedas fue acusado por una piñera de difamación por haber asegurado que la compañía “contamina el agua y sigue sembrando piña a 50 metros de la naciente”. El juicio se ha suspendido en dos ocasiones (febrero y julio, 2010) y no fue convocado antes de la muerte de Carlos el 31 diciembre del 2010. La demanda interpuesta buscaba 10 millones de colones como reparación por las declaraciones dadas por Arguedas en el Consejo Municipal de Siquirres en febrero del 2009. Ese día, un grupo de vecinos estaba solicitando concretar una moratoria a la siembra de piña en el cantón de Siquirres por la contaminación con agrotóxicos desde el 2007, contaminación que afecta a unas 6 mil personas hasta el día de hoy. Para Carlos Arguedas, esta acción legal “no era más que la intención de la empresa Hacienda Ojo de Agua de salir librada de un daño tan grave que ha hecho a la comunidad.” De igual manera Erlinda Quesada, regidora de Guácimo, fue llevada por los empresarios de Siquirres a los tribunales por denunciar el irrespeto a la legislación ambiental (ver su presentación durante el foro del TRAGUA en noviembre del 2013). Añadamos también (ver nota de Kioscos Ambientales) el caso de cinco regidores de Guácimo: “Tico Verde acusa a los cinco regidores de prevaricato, luego de que la Municipalidad le retirara la patente a su planta empacadora en el 2008. La piñera se encuentra sobre áreas de recarga acuífera en La Perla, parte alta del cantón de Guácimo, donde se ubica la fuente de agua más importante para el abastecimiento público de los cantones de Guácimo y Pococí. Por la importancia del área la Municipalidad decretó una moratoria a la siembra de piña”. En otros casos, son trabajadores de piñeras los que han sido (y posiblemente sigan siendo …) despedidos por participar en protestas comunales, como el caso de Jeffrey López hecho público en el 2009 (ver Subnota” “Perdí mi trabajo por protestar” del artículo” Comunidad exige derecho a tomar agua potable” (Semanario Universidad, Junio 2009). Todas estas demandas por presunta difamación o prevaricato presentadas en Costa Rica por empresas piñeras contra líderes comunales fueron desestimadas después de largos años ante los tribunales penales de Costa Rica, y forman parte de acciones legales a las que recurren con frecuencia empresas, que la doctrina anglosajona denomina SLAPPs (Strategic Legal Action Aainst Public Participation). Sobre este particular, ver este estudio publicado en Canadá al respecto, que las califica de la siguiente manera: “SLAPPs are often threatened or filed with the intent of silencing participation and stifling public debate. SLAPPs function by harassing and intimidating individuals, in essence creating a “chill” in public participation. Defending a SLAPP involves a substantial drain of resources (namely money, energy and time) even if victory on the legal front is assured. The end result is that the suit may not be successful in court, but it has served to delay, silence and harass protestors. Whole communities can often become silenced out of fear of being dragged into a lawsuit”(p. 3). En el caso del proyecto minero ubicado en la localidad de Las Crucitas, la empresa minera canadiense Infinito Gold presentó acciones penales por presunta difamación contra cinco profesionales en Costa Rica, incluyendo al suscrito. Sus repetidas ausencias a las audiencias nos llevaron a publicar en el año 2012, el siguiente artículo: “Audiencias con el Infinito: ausencias…” De estas cinco demandas de la empresa canadiense, solo dos concluyeron en el 2013, a favor de los demandados. La muerte de Jairo Mora en el 2013 en un playa del Caribe de Costa Rica en la que monitoreaba la llegada de tortugas ha llenado de luto a Costa Rica, y llevó a un especialista costarricense como Alvaro Sagot a preguntarse en un artículo: “¿Es peligroso ser ambientalista en Costa Rica?”. La polémica decisión de los tribunales de Costa Rica del 2015 sobre este el caso de Jairo Mora ha sido denunciada por el sector ambientalista de Costa Rica. Recientemente The Guardian usó, con relación a esta decisión, el siguiente titular: “Conservationist murders threaten Costa Rica’s eco-friendly reputation” (ver artículo del 19/03/2015).
Nota 9: Por ejemplo, se lee en el artículo titulado “Comunidad exige cierre de piñera en Guácimo” (Semanario Universidad, octubre del 2007) que “Se intentó conocer el criterio de la empresa Agroindustrial Tico Verde S.A., pero durante la visita a la finca se informó que su administrador y representante, Federico Aguilar, no se encontraba. Posteriormente se le trató de entrevistar por teléfono, pero indicó que respondería las consultas por correo electrónico; sin embargo, al cierre de esta edición (lunes 22) no había contestado”. De similar manera, se lee que “UNIVERSIDAD se contactó con a la empresa Upala Agrícola, donde se indicó que dirigiendo un correo electrónico a Estíbaliz Rodríguez se evacuarían las dudas relacionadas con el tema, sin embargo al cierre de edición no se obtuvo respuesta” en el reportaje “Diez piñeras acumulan ¢276 millones de deuda con la Caja” (Semanario Universidad, agosto del 2012). Esta misma actitud ante la prensa se desprende a la lectura del artículo “Vecinos de la Perla de Guácimo están molestos por sentencia leve contra piñera que contaminó” (Semanario Universidad, febrero 2013) en el cual se recoge que : “Se intentó recoger el criterio tanto de Alfonso Sancho, presiente de la Sociedad Agroindustrial Tico Verde S.A., así como de Abel Chaves, presidente de la Canapep; sin embargo, al cierre de la edición no se recibió respuesta”. Se lee en el artículo titulado “Milano de Siquirres sigue esperando un acueducto ocho años después” (Semanario Universidad, marzo del 2015) que: “UNIVERSIDAD intentó conocer el criterio de dicha empresa sobre la situación actual de las comunidades afectadas por la contaminación del agua con Bromacil, para lo cual se enviaron por correo electrónico una serie de preguntas al director de relaciones corporativas, Luis Enrique Gómez, luego de intentar localizarlo por teléfono. Las preguntas enviadas, y no contestadas al cierre de esta edición son las siguientes: 1. Los últimos análisis de aguas realizados a la naciente y acueducto de Milano de Siquirres, realizadas por el Centro de Investigaciones en Contaminación Ambiental de la Universidad de Costa Rica el año anterior, revelan una «presencia constante» del químico bromacil en el agua, aún 8 años después de los incidentes que obligaron a limitar el consumo de agua en la Asada de esta comunidad. ¿Aún aplica su empresa el químico bromacil en la finca La Babilonia?, ¿cómo se puede explicar la presencia aún del químico en el agua? 2. ¿Ha colaborado la empresa en las labores de saneamiento de las fuentes de agua contaminadas? ¿Pagó la empresa por los daños ambientales causados? ¿Piensa la empresa compensar a las comunidades afectadas de alguna forma? ¿Qué responsabilidades asume la empresa por este caso, que ahora será expuesto por las comunidades ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?”
Nota 10: Nos referimos a la edición del 11 de marzo del 2015 que incluye los siguientes reportajes, muy completos sobre el caso en discusión: “Milano de Siquirres sigue esperando un acueducto ocho años después” (disponible aquí) y “Xinia Briceño, presidenta de Asada de Milano: “¡Ya nos hubieran construido tres acueductos con lo que han gastado en cisternas!” (disponible aquí).
(*) Nicolás Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
