La hormiga loca es de un tamaño pequeño con un tono de color café claro, mismas que se encuentran en grupo y caminando en abundancia de forma rápida alrededor de un área de una lado a otro, es de tal aspecto de donde proviene su nombre hormiga loca. Estas principalmente se albergaban en los territorios de Brasil y Argentina pero ha ido expandiendo rápidamente, por lo cual se logran encontrar en zonas del territorio Costarricense como el Valle Central, Guanacaste, el Pacífico y en el Caribe pero no de manera abundante, sin embargo, falta un mejor muestreo para la obtención del dato específico.
Una característica de las hormigas locas es que no tiene una especie nativa, sino que son una solo colonia, en donde la mayoría de las hormigas defiende su colonia de otras, sin importar si son de la misma especie, esta diferenciación se da por el olor respectivo que tiene cada colonia, la hormiga local al tener una sola colonia no lucha por territorio o defensa de su grupo, lo que ocasiona que se mueven por distintos lugares.
Es la primera vez que se da en Costa Rica que una especie de hormiga introducida en el territorio nacional afecte directamente a la vida silvestre, debido a que una de las particularidades de estas es que son omnívoras, es decir que se alimenta de materia vegetal y animal, la proteína animal la obtienen de las secreciones que expulsan por medio de los orificios como las fosas nasales y oídos, pero también la obtienen por medio de tejidos blandos como los ojos, lo que provoca que algunos animales queden totalmente ciegos.
Estas también están afectando la cotidianidad de los seres humanos, ya que ingresan a las diferentes estructuras como hogares, negocios, entre otros, en busca de alimentarse lo que provocando que exista una alta mortalidad para esta especie, lo que ocasiona que miles de cantidades de estas mueran y generen malos olores. En cuanto a el área agrícola como lo son la producción de caña de azúcar se ven afectadas por esta especie, debido a que la hormiga excreta algo dulce lo que produce el aumento de escamas en la caña y por tanto cochinillas y áfidos que se alimentan de estas.
Hasta el momento hace falta realizar más estudios para poder determinar algún mecanismo de control natural, que sería lo ideal dado a que los agroquímicos tienen un efecto secundario sobre la fauna ya que estos no son selectivos para una especie, es por ello que buscar un organismo que controle naturalmente a la especie es la idea principal.
Sin embargo, se han realizado estudios de un parásito microscópico que sólo vive dentro de la célula, no se puede producir este parásito en un medio artificial, es como un virus, este es dispersado solamente de la boca de la obrera, la hormiga adulta, a la larva cuando la está alimentando, por lo cual es poco probable que se transmita a otras especies de hormigas. Tal proyecto tiene la idea de tratar de inocular hormigas infectadas o grupos infectados a hormigueros que no lo tienen para ir propagando la enfermedad en diferentes poblaciones, para controlar la reproducción de las mismas.
Gracias a estos modelos, los científicos han logrado avances significativos en la comprensión de la vida y en la creación de soluciones innovadoras para problemas biológicos.
Información extraída de este video de la Escuela de Biología de la UCR:
En uno de los caminos internos de la Finca Experimental de la UTN y la Reserva Forestal Taboga se han encontrado animales (iguana, pizote) afectados por la hormiga loca. Una particularidad de la hormiga es que es omnívora, es decir que se alimenta de materia vegetal y animal, siendo así parte de la proteína animal la obtiene de las secreciones expulsadas por el cuerpo a través de orificios: fosas nasales, oídos y tejidos blandos como los ojos lo cuál provoca que los animales pierdan estos órganos e incluso, lleguen a la desnutrición.
La hormiga es pequeña, de color café claro y se mueve rápidamente. Se puede encontrar en casas y aceras caminando sin un sentido determinado – de ahí su nombre de hormiga loca. Debido a que se ha expandido rápidamente desde países como Brasil y Argentina, pero biólogos de la Universidad de Costa Rica sospechan que llegó desde el sur de Estados Unidos y se estima que está presente en todo el país pero, con menos relevancia en la región Caribe.
Afectan no solo a los animales sino también a las personas en sus hogares ya que encuentran refugio en cimientos y producen un mal olor. La hormiga loca tiene una característica que casi no tiene ninguna otra especie nativa: lo normal es encontrar diversas colonias de la misma especie que suelen pelearse por el alimento o la protección de su colonia. Sin embargo, la expansión de la hormiga loca es más fácil porque existe una sola colonia en el país, no tiene competencia. Incluso, pueden ingresar a otros nidos como las colmenas de abejas y robar su alimento.
Los profesionales consideran que aún hacen falta estudios para determinar los medios de control natural, que sería lo ideal: encontrar una especie que controle naturalmente a las hormigas locas para no depender de químicos o insecticidas. Aún así, son parásitos ya que su proceso evolutivo es simultáneo al del organismo en el cuál parasitar, es decir, son parásitos que se adecúan a su entorno.
SURCOS comparte el siguiente documento de Marco Levy Virgo:
Limón, 4 de junio de 2024, AEL-00123-2024
Licenciado Carlo Díaz Sánchez, Fiscal General Ministerio Público
“Si la vida es el sustento de los demás derechos y esta es un derecho fundamental, resulta difícil no establecer una relación lógica entre el ambiente como sustento de la vida y el derecho ambiental como instrumento de su protección”.
La anterior cita viene al caso debido a su respuesta a nuestra solicitud de Investigación Penal en contra de los jerarcas del Ministerio de Ambiente y Energía Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), Dirección del Área de Conservación Amistad Caribe (ACLAC) por presunto prevaricato, presunto abuso de poder y otros al propiciar el desarrollo inmobiliario dentro de ecosistemas de humedal y un área silvestre protegida como es el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo (REGAMA) por parte de la Sociedad Anónima Inversiones Puket, S.A. así como el progresivo aprovechamiento forestal dentro de los límites del Refugio Nacional Gandoca Manzanillo. Sin duda su respuesta denota que la persona que atendió nuestra gestión no reparó en el hecho de que se trata de una denuncia de carácter ambiental, amparada a normas internacionales de rango superior a las leyes ordinarias, por violentarse normas de la Convención Ramsar, de la cual Costa Rica es miembro, (conforme lo obliga el párrafo primero del Artículo 7 de nuestro Constitución Política, que demanda sin excusa alguna, la consecuente adopción de medidas preventivas o correctivas conforme a la robusta legislación ambiental con que cuenta nuestro país.
Le reitero que desde el año 2014 este servidor presentó una Acción de Inconstitucionalidad en contra de la Ley 9223 la cual fue declarada parcialmente con lugar por la Sala Constitucional delegando a su vez una serie de acciones técnicas y legales en la Procuraduría General de la República y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), a través del voto 201912745 del 10 de julio de 2019. Nuevamente, y por si acaso la persona encargada de dar respuesta a mi nota no lo vio; posterior a la emisión del voto 2019-12745 del 10 de julio de 2019 los funcionarios de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción obtuvieron copia integral del expediente de la Sala Constitucional para presuntamente investigar el “gemeleo” de los estudios técnicos suministrados por el Área de Conservación Amistad Caribe ACLAC a la Asamblea Legislativa para el trámite de la Ley 9223, lo cual 4 años después no no ha dado ningún resultado positivo Señor Fiscal General, hemos venido denunciando con nombres y apellidos una mafia enquistada en el Área de Conservación Amistad Caribe ACLAC, Alcaldía de la Municipalidad de Talamanca y su Consejo Municipal, Comité Local Ambiental, Consejo Regional Ambiental CORAC integrada por políticos y empresarios del Caribe Sur y un grupo de empresarios inmobiliarios liderados por el señor Fernando Arias Molina, Enrique Pucci Coronado, Emily Yozzel, y Jorge Molina Polanco. Estos son artífices de un plan regulador costero diseñado para ser ejecutado sobre humedales y sitios de anidación de tortugas marinas con el apoyo del señor Franz Tattenbach Capra, actual Ministro de Ambiente, quien se ha permitido emitir la abusiva directriz número 09 2023 para invalidar el documento llamado Caracterización y Delimitación de Humedales en la Zona Marítimo Terrestre del Litoral del Cantón de Talamanca de 47 páginas, elaborado por los funcionarios Oscar Fonseca Rivera, y Francisco Domínguez Barros del SINAC, ACLAC referente a 13 humedales ubicados en el litoral del Cantón de Talamanca.
Señor Fiscal General, concretamente le estoy solicitando acciones inmediatas que demandan una actividad procesal consecuente de su parte por estar involucrado un miembro de los supremos poderes como es el señor Franz Tattenbach Capra y los previamente citados que son personas beneficiadas por presunto tráfico de influencias en que habría incurrido el alcalde señor Rugeli Morales Rodríguez al instaurar un Comité Técnico del plan regulador costero de Talamanca en franco beneficio de los señores Fernando Arias Molina, Enrique Pucci Coronado, Emily Yozzel y el regidor Jorge Molina Polanco.
Esta es una breve síntesis de la corrupción que impera en nuestro Caribe Sur y que le toca a usted, como funcionario público a cuyo cargo se encuentra velar por el imperio de la ley, erradicar con acciones concretas e inmediatas mediante la adopción de medidas preventivas o correctivas debido a que la corrupción descrita y resumida en el presente escrito está ocurriendo en uno de los cantones que ostentan los índices más bajos de desarrollo.
El día 17 de octubre del 2023, mediante la Directriz No. 092023 el señor Ministro de Ambiente y Energía presuntamente incurrió en un deliberado acto de abuso de poder y prevaricato mediante la directriz previamente citada. Obsérvese que para dicho acto no se cumplió con el principio del artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública, siendo así que no se han cumplido los requisitos y presupuestos técnicos y legales exigidos por el ordenamiento jurídico. Esa “directriz pone en riesgo la salud, el medio ambiente y la vida, ya que además del quebranto del principio de legalidad consagrado a nivel constitucional en el numeral 11, se quebrantó el artículo 11 inciso 2) de la Ley 7788 que es la Ley de la Biodiversidad, y que dispone: “Criterio precautorio o indubio pro natura: Cuando exista peligro o amenaza de daños graves o inminentes a los elementos de la biodiversidad y al conocimiento asociado con estos, la ausencia de certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces de protección”. Nótese que una “directriz ministerial” no puede violentar los derechos consagrados por Costa Rica en una Convención Internacional, como ocurre en el caso concreto con la Convención RAMSAR, por lo que cualquier gestión administrativa relacionada con la supuesta “directriz” constituye en sí mismo una acción delictiva, por estar basada en hechos falsos, constitutivo del delito de prevaricato.
Es por ello que creemos que deben de tomar las acciones coercitivas necesarias para garantizar que el señor Ministro de Ambiente y Energía no siga extralimitándose en sus acciones contraviniendo la Misión y Visión institucional que debe tener el Ministerio de Ambiente y Energía.
Propuesta elimina la figura del regente forestal y amplía funciones de los profesionales del sector, lo cual traería el aumento de sus honorarios a costa del productor. Asimismo, la disminución en el incentivo provocaría que la ganadería y producción extensiva sean más atractivas para las familias que producen en pequeña escala, lo que pone en peligro la conservación de los bosques. El Colegio de Agrónomos y Forestales afirma que los cambios son inconstitucionales.
Recientemente, el Gobierno de la República planteó una reforma a los artículos 38, 39, 40, 47 y 63 y adición del Capítulo Décimo Noveno del Reglamento a la Ley Forestal, Decreto Ejecutivo N° 25721-MINAE y sus reformas del 17 de octubre de 1996, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 16 del 23 de enero de 1997”. ¿Benefician estos cambios a la conservación de los bosques?
El pasado 6 de junio, el Instituto de Investigación y Servicios Forestales (Inisefor-UNA), la Escuela de Ciencias Ambientales (Edeca-UNA) y la Asociación de Ingenieros Forestales Pro-Manejo de los Recursos Naturales (Ucifor) organizaron un foro en la Universidad Nacional para analizar los cambios propuestos por el Gobierno al Programa de Pago por Servicios Ambientales (PPSA).
Xinia Brenes, presidenta de la Asociación de Ingenieros Forestales Pro-Manejo de los Recursos Naturales (Ucifor), indicó que eliminar la figura de regente forestal dentro del Programa de Pagos por Servicios Ambientales (PPSA) impide una certificación adecuada de la permanencia del bosque. “No es lo mismo una comprobación satelital versus la comprobación, al menos anual, que se realiza directamente en el campo”.
Asimismo, Brenes afirmó que el artículo 122, aumenta las labores que realiza el profesional forestal, lo que conlleva a un aumento de sus honorarios y por ende a los costos del productor, al mismo tiempo que el Estado reduce el monto pagado por hectárea por los servicios ambientales que brindan los bosques.
Además, explicó que la propuesta pretende aumentar el tamaño mínimo de las fincas de 300 a 500 ha, “algo cuestionable considerando que las estadísticas de Fonafifo estiman que alrededor del 70% de las fincas que actualmente están adscritas al programa, tienen 40 o menos hectáreas”.
También indicó que los pagos conjuntos adicionales por los conceptos de “biodiversidad plus” y por “importancia para el recurso hídrico”, estarían limitados a menos del 5% de las posibles personas beneficiarias, lo que significa un pago de 21.000 colones por hectárea para alrededor del 80% de ellas, un monto no solo menor al actual, sino que insuficiente para competir con la presión que generan otras actividades productivas que compiten con la protección del recurso forestal.
Michael Garro, fiscal del Colegio de Agrónomos y Forestales, reiteró que la regencia forestal, “está más que comprobada como mecanismo para asegurar la permanencia del bosque, un elemento clave en el reconocido éxito internacional del PPSA. En los últimos años, el 72% de los contratos por conservación lo gestionan los regentes, quienes no solamente tienen fe pública para certificar tanto el buen uso de los fondos estatales y la permanencia del bosque, sino además son asesores que permiten a familias en zonas rurales tomar mejores decisiones sobre el uso sostenible de los recursos naturales”.
El fiscal añadió que en años recientes el programa registró en promedio 70 000 hectáreas bajo protección y duda que Fonafifo sea capaz de gestionar adecuadamente un aumento a 182 000 hectáreas el presente año según pretende el cambio de normativa. Finalmente, agregó que el Colegio —en su análisis legal— llegó a la conclusión que dichas modificaciones a la normativa riñen con la legislación vigente porque intenta modificar un reglamento que es competencia profesional del Colegio, transgrede principios ya establecidos en tratados internacionales, y además sería inconstitucional al violentar el principio de no regresión en material ambiental.
Protagonistas
El alcalde y dirigente comunal de Puerto Jiménez,Enrique Segnini, fue vehemente en decir que los verdaderos protectores del bosque son los miles de campesinos que trabajan la tierra en condiciones limitadas pero que protegen el bosque. “Ellos serían los perdedores con estos cambios”.
Mario Piedra, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de la Cordillera Volcánica Central (Fundecor), fue enfático en indicar que las personas productoras a pequeña escala —que son la mayoría de quienes se benefician con los pagos por servicios ambientales— son los guardianes del bosque, y mostrando datos desarrollados recientemente desde el Conare, argumentó que esta modificación al PPSA lo que hace es exacerbar la matriz de riesgo del recurso forestal ya que le resta valor al bosque, haciéndolo menos competitivo en comparación con usos alternativos de la tierra como la ganadería o la piña, actividades que añaden presión al bosque.
Para Piedra, la regencia forestal da la seguridad jurídica necesaria para poder comercializar internacionalmente servicios ambientales o ecosistémicos, algo esencial a futuro considerando las restricciones presupuestarias que tendrá el programa al depender mayoritariamente del impuesto a los hidrocarburos.
Los empresarios forestales manifestaron su preocupación ante la posibilidad de que los cambios a la normativa generen mayores cuellos de botella en trámites que deberían ser simplificados. “Con frecuencia se crea normativa, pero poco se evalúa su efectividad. Estamos en un momento histórico para revisar lo que realizamos en las últimas décadas en el sector forestal y proponer conjuntamente cómo mejorarlo”, sostiene Natalia Chacón, directora ejecutiva de la Cámara Forestal, Madera e Industria, quien además coincidió, en que la regencia es más que solo una verificación, sino que además es una necesaria asesoría al productor.
En este punto también concordó Jiri Spendlingwimmer, presidente de la Federación Costarricense para la Conservación (Fecon), quien compartió la experiencia de cómo por medio de la asesoría de un regente forestal, en la zona de Osa, una comunidad de 800 personas logró crear el Refugio de Vida Silvestre Longo Mai, utilizando los impuestos verdes pagados por la sociedad para el aseguramiento de la provisión de servicios ambientales provenientes del bosque.
Para ellos, de acuerdo con Spendlingwimmer, está claro que, si no hay pagos, el bosque pierde valor y la amenaza de deforestación es inminente. Señaló al actual Gobierno por querer seguir al pie de la letra la receta de entes financieros internacionales que se enfocan en modelos de mercado y descuidan la inversión social en salud, educación y ambiente.
Voz estudiantil
Representantes estudiantiles de la Universidad Nacional y el Instituto Tecnológico de Costa Rica, mostraron su preocupación por los cambios propuestos. La limitación a opciones de empleo si se elimina la figura de regente, el insuficiente pago propuesto, el cual dejaría de ser un incentivo a la conservación del bosque, y la duda ante la capacidad del Estado para fiscalizar por sí mismo los contratos, fueron algunas de las menciones realizadas por Hillary Jara.
Por su parte, Kendall Gamboa indicó que “para conservar el bosque no es solo decir Costa Rica pura vida”, sino que se requiere de verdaderos incentivos. Compartió cómo él mismo —proveniente de una familia campesina que se beneficia de pagos por servicios ambientales— decidió estudiar ingeniería forestal porque el regente le transmitió con su ejemplo, lo necesario que es la regencia y la fe pública para la protección de su propio bosque.
Tanto los expositores como los asistentes a este encuentro solicitan a Rodrigo Chaves, presidente de la República, que publique lo antes posible la normativa para la asignación de los pagos por servicios ambientales 2024 en los mismos términos de cómo se hizo en el 2023, para así no tener más retrasos y garantizar el uso del presupuesto durante este año en la colocación de áreas de bosque bajo protección y con esto no perjudicar a las personas productoras. Igualmente, solicitan que se inicie un proceso participativo de consulta para la construcción del decreto que asignará el uso de los fondos en el 2025.
Oficina de Comunicación Universidad Nacional, Costa Rica
Más de 500 participantes reunieron propuestas para un océano sostenible, posibles mediante la colaboración entre sectores académicos, privados y públicos
Con una participación de más de 500 académicos y científicos de 20 países de América, Europa y Asia, así como de asociaciones de desarrollo, líderes y lideresas comunitarias, organizaciones no gubernamentales y otros actores locales que desarrollan acciones en pro de la sostenibilidad del océano, se celebró del 3 al 6 de junio el Congreso de Integración de Saberes para un Océano Sostenible (CISOS24), organizado por la Comisión de Vicerrectores de Investigación del Consejo Nacional de Rectores (CONARE).
Foros, mesas redondas y talleres, culminaron en una declaratoria que será presentada este 7 de junio en el evento de Alto Nivel Inmersos en el cambio, preparatorio para la Cumbre Mundial de los Océanos a celebrarse en Niza en el 2025, con la coorganización de los Gobiernos de Francia y Costa Rica.
La declaratoria presentada por Karol Ulate Naranjo, académica de la UNA y Álvaro Morales Ramíez, académico de la Universidad de Costa Rica, aborda los temas urgentes y problemáticas que se deben enfrentar en temas como Gobernanza del mar, donde se introduce la diplomacia azul como una herramienta que une el ámbito científico y académico con el político, facilitando espacios de diálogo necesarios para gestionar y preservar el océano de manera justa para las futuras generaciones. Respecto a la protección de los ecosistemas marinos, se insta a los gobiernos a integrar políticas públicas que combinen elementos académicos, comunitarios y políticos para abordar los problemas de las poblaciones marino-costeras. Llama a implementar y respetar instrumentos internacionales y desarrollar marcos normativos nacionales para el uso sostenible de los recursos marinos, evitando la sobreexplotación y la contaminación. Además, se promueve la creación de áreas de conservación marina interconectadas e internacionales, siguiendo los principios de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, para gestionar y conservar eficientemente la biodiversidad marina en áreas fuera de la jurisdicción nacional.
En el tema de riesgo y monitoreo del océano, se subraya la necesidad de que los gobiernos colaboren con el sector académico y científico para desarrollar planes de emergencia y proteger a las comunidades costeras vulnerables al cambio climático. “Es fundamental divulgar los resultados de investigaciones y fortalecer la influencia política del sector científico para mejorar las políticas públicas y la planificación del sistema marino-costero”. Asimismo, se insta a priorizar la inversión en tecnología avanzada para el monitoreo y gestión de riesgos oceánicos, fomentar el desarrollo sostenible en las zonas costeras y fortalecer la resiliencia ante amenazas como tsunamis. También se considera crucial mejorar el acceso a datos satelitales, expandir el uso de fibra óptica y desarrollar protocolos de monitoreo de fauna marina respetando los ecosistemas.
Con respecto a la productividad del océano y su salud, se resalta la necesidad de impulsar la investigación y el monitoreo de fenómenos como las floraciones algales nocivas, abordar integralmente la contaminación marina y fomentar la colaboración entre sectores académicos, privados y públicos. Asimismo, la importancia de preservar el ambiente marino y los recursos en las zonas económicas exclusivas de los países, requiriendo recursos, infraestructura y capacitación adecuada. “Es determinante ampliar la infraestructura y acceso a datos para decisiones informadas, medir el impacto de la pesca artesanal frente a las grandes industrias pesqueras, fomentar la maricultura sostenible y aumentar la investigación en tecnologías limpias para reducir emisiones y aprovechar la energía de los océanos”.
Finalmente, bajo el eje Un océano que inspira, se hace un llamado a la ciudadanía para participar en procesos de investigación a través de la ciencia ciudadana y aseguran, se debe mantener un equilibrio entre la conservación del océano, el aprovechamiento de sus recursos y los derechos humanos de quienes dependen de ellos, fomentando prácticas no extractivas que aseguren una vida digna. Además, afirman que es esencial proteger la biodiversidad marina e incentivar la investigación en regiones profundas mediante la cooperación internacional, así como equipar adecuadamente a los laboratorios para facilitar proyectos de investigación experimental y organizar conferencias para difundir resultados y metodologías a sectores sociales, productivos y políticos, que promuevan el intercambio de conocimientos.
Para Francisco González, rector de la UNA, la sostenibilidad del océano no es solo una preocupación ambiental, sino una cuestión vital para el futuro de nuestro planeta y para toda la humanidad. “Conscientes de esta realidad, nuestras universidades han adoptado un enfoque integral y sistemático para abordar los desafíos que enfrenta nuestro océano y esto es posible gracias a la labor integrada de múltiples actores que trabajan mano a mano con el sector académico y científico, que en nuestro país está depositado en su mayoría en las universidades públicas. Nuestras universidades han estado a la vanguardia de la investigación marina, desarrollando estudios pioneros sobre la biodiversidad, los impactos del cambio climático en los ecosistemas oceánicos y las técnicas de conservación más efectivas, así como el monitoreo ante los riesgos y cómo podemos convivir adecuadamente las personas con la naturaleza. Nuestro país es 92 % océano, mucho de este es aún desconocido por la mayoría y por esto es necesario sensibilizar e invertir en investigación que nos permita conocer quiénes somos y cuál es el patrimonio cultural y natural que tenemos”.
Durante estos días también se realizó en la Cumbre de Juventudes Latinoamérica Azul, organizada por la Alianza de Sostenibilidad del Océano (SOA) capítulo Costa Rica, que reunió a 100 jóvenes de Latinoamérica y el mundo para discutir temas relevantes sobre la sostenibilidad del océano y el cumplimiento del ODS 14.
Marilyn Valverde, representante de la SOA en Costa Rica fue la encargada de presentar un extracto de la declaratoria preparada por los jóvenes participantes. “Como juventudes latinoamericanas, reconocemos el rol crucial que cumple el océano en nuestras vidas y cómo necesitamos su conservación para hacerle frente a la triple crisis planetaria que enfrentamos. Ante eso, buscamos y demandamos mayor ambición por los países de la región latinoamericana en los siguientes puntos principales: cumplir la meta 30 /30 del Marco Global de Diversidad Biológica de manera efectiva, sin permitir actividades perjudiciales; ratificar y firmar en los países de nuestra región el acuerdo de diversidad biológica más allá de la jurisdicción nacional; Incluir soluciones basadas en el océano dentro de las contribuciones nacionales determinadas de los países de la región; la creación de un reconocimiento a centros educativos que incluyan la cultura oceánica; establecer una comisión internacional latinoamericana de contaminación marina que tenga como objetivo la centralización de la información a nivel regional y que sea accesible a todos los países de la forma de una plataforma de datos de acceso libre, gratuito y en línea”.
También incluyen en su declaratoria posicionamientos públicos, propuestas nacionales y la generación de investigación científica que permitan que los países de la región muestren apoyo a la moratoria por la minería submarina.
Política pública basada en ciencia
Hervé Berville, Secretario de Estado del Mar, Francia, aseguró en el acto de clausura, que la ciencia es necesaria, no solo para comprender mejor el océano, sino para guiar las políticas públicas. “Necesitasmo convencer a otros países de que, por ejemplo, los microplásticos son perjudiciales para nuestra salud, son una amenaza para la biodiversidad marina. Necesitamos que la ciencia convenza a la gente de que no deberíamos iniciar la minería en aguas profundas porque sólo conocemos el tres por ciento de este hermoso ecosistema. Y necesitamos, recursos genéticos marinos que están en las profundidades del mar que podrán ayudarnos para abordar alguna enfermedad para avanzar en el campo farmacéutico y médico, entonces no deberíamos iniciar una actividad que dañe el ecosistema. También necesitamos ciencia para comprender mejor el impacto de las actividades económicas en este ecosistemas marinos, y para asegurarnos de que no solo impongamos reglas, sino también sanciones”.
Finalmente, el ministro de Relaciones de Relaciones Exteriores Arnoldo André Tinoco, destacó el compromiso y espíritu innovador por el avance del conocimiento. “Más allá de la investigación pura, quiero destacar el papel fundamental que desempeña la comunidad científica y académica en la formulación de políticas y la toma de decisiones. Sus hallazgos y recomendaciones no sólo informan a los gobiernos y a las organizaciones internacionales, sino que también inspiran y movilizan a la sociedad en su conjunto para actuar en Defensa del océano y los recursos marinos. En Costa Rica reconocemos la importancia vital de esta colaboración entre la ciencia, la política y la sociedad. Estamos comprometidos con la protección de nuestro océano y con el desarrollo de políticas públicas basadas en evidencia científica, que promuevan la conservación y el uso sostenible de nuestros recursos marinos. Sabemos que este es un desafío que requiere del esfuerzo conjunto a nivel mundial. El océano y sus recursos no conocen fronteras y su preservación es responsabilidad de todos nosotros. Por lo tanto, es fundamental que continuemos fortaleciendo los lazos de colaboración y cooperación entre los diferentes actores, tanto a nivel nacional como internacional. Este es un trabajo que trasciende a los gobiernos y crear alianzas entre la comunidad científica, la academia, la sociedad civil y el sector privado es esencial”.
Oficina de Comunicación Universidad Nacional, Costa Rica
Presa de riego de Del Monte ubicada en el rio Volcán.
El 1ero de junio se celebró en Longo Mai de Volcán de Buenos Aires la octava edición de la Fiesta del Agua. Organizada entre otros por la Comisión Defensora de los Ríos Sonador y Convento, Movimiento Ríos Vivos y Programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica, este Festival anual conmemora el triunfo de las comunidades organizadas de la zona Sur en su lucha para detener la construcción de 17 proyectos hidroeléctricos privados, además del Diquís, propuestos para ríos ubicados en los cantones de Pérez Zeledón, Buenos Aires y Coto Brus entre los años 2013 y 2019.
Los representantes de las comunidades que detuvieron la construcción de dichas represas estuvieron acompañados por lideres y lideresas de movimientos que actualmente enfrentan retos importantes, como la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua de Guacimal, Chomes y Manzanillo de Puntarenas, luchando contra quebradores que extraen material del río Guacimal y otros, y amenazan las fuentes de acueductos locales. Así mismo, las compañeras del Frente Ecologista de Cipreses (Eco-Cipreses), quienes lograron presionar al gobierno con una campaña nacional e internacional para prohibir el fungicida clorotalonil que contaminó las nacientes y acueductos de Cipreses y Santa Rosa de Oreamuno de Cartago. También estuvieron representantes del Frente Nacional de Lucha, una alianza integrada por más de 60 organizaciones de diversos sectores de la sociedad, preocupados por el rápido avance de las políticas neoliberales que han venido a deteriorar los servicios de instituciones que son parte del estado social solidario costarricense (CCSS, ICE, AyA, BCR, INA, MINAE, etc.).
Al calor de la celebración, y con un poco de duda y temor, algunos participantes nos preguntábamos si las actuales organizaciones ecologistas, grupos comunales y las nuevas generaciones de activistas, estábamos preparados para enfrentar las graves amenazas que se avecinan, como el proyecto de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional (expediente legislativo N° 23.414) que se discute actualmente en la Asamblea Legislativa. Este proyecto, priorizado recientemente por la administración Chaves, propone modernizar la legislación del sistema eléctrico nacional: abriendo a la competencia los mercados de generación y distribución eléctrica; trasladando la rectoría del sector eléctrico del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE); y creando un mercado mayorista, donde empresas generadoras de energía, distribuidoras eléctricas y consumidores podrían comprar y vender electricidad mediante el mecanismo de subasta.
Concretamente el temor de los activistas congregados en la Fiesta del Agua es que, además de facilitar el avance hacia la privatización del ICE y la desintegración del modelo eléctrico solidario costarricenses, la aprobación de este proyecto de ley podría generar una nueva ola de proyectos hidroeléctricos en los ríos de la zona Sur. Los cuales, a pesar de estar cada día más debilitados por la intensa extracción para riego de plantaciones de piña en los meses secos y del cambio climático acelerado, todavía serían capaces, aunque por un corto tiempo, de generar energía en los meses lluviosos, a precios atractivos, para exportar a países de la región centroamericana.
Más tarde compartiendo un delicioso café con veteranos de las luchas y reflexionando sobre las acciones que llevaron al Movimiento Ríos Vivos y las comisiones de defensa organizadas en más de 20 comunidades, al triunfo que hoy celebramos, llegamos a la conclusión de que: la memoria colectiva de luchas pasada —que conmemoramos cada año en la Fiesta del Agua– es nuestra mejor vacuna contra los ambiciosos desarrolladores que vendrían a construir nuevas represas para enriquecerse con el agua de nuestros ríos.
Al igual que el sistema inmune, que produce linfocitos (células sanguíneas) dotados de memoria después de exponerse por primera vez a un patógeno (antígeno) introducido al cuerpo durante una infección o mediante una vacuna, los veteranos de las luchas por la protección de los ríos cuentan con la memoria necesaria para responder más rápida, eficaz, y contundentemente la próxima vez que un desarrollador amenace con construir un nuevo proyecto hidroeléctrico en nuestros ríos.
Para resurgir, para recomenzar, para retomar el camino de la lucha por nuestros ríos y nuestras instituciones públicas, el mensaje de la celebración de la Fiesta del Agua es que debemos volver siempre al encuentro con nuestros colegas, con los compañeros y las compañeras que nos ayudan a invocar la memoria viva, concreta y palpitante de las primeras luchas. Una vez más … una dosis de refuerzo que fortalece nuestra inmunidad para enfrentar los retos que nos trae el día de hoy.
Carlos Manuel Muñoz Jiménez Especialista en Relaciones Internacionales
La política es el arte de las acciones no de las palabras, y como dice mi amigo Álvaro Rivera de Rosario de Naranjo: “los molinos de dios muelen despacio porque muelen muy fino”.
Tras 8 años de negación por parte del anterior gobierno municipal de Naranjo, a la protección de nuestra reserva más importante de recurso hídrico, o sea la montaña “El Chayote”, y una muy mala relación con la sociedad civil, representada por la Comisión para la Defensa de la Zona Protectora del Chayote que lucha desde hace 15 años por la protección de la misma, y es responsable de la creación de la Ley de la Zona Protectora del Chayote, número 9085, del 19 de octubre de 2012, los molinos de dios molieron muy fino y finalmente tanto los gobernantes de la zona de Occidente como la sociedad civil pudieron entenderse para comprometerse en un trabajo en equipo -para el beneficio de las presentes y futuras generaciones-, como lo declaró Randall Vega, alcalde de Naranjo.
La mañana de este 5 de junio autoridades de la región de Occidente, los respectivos alcaldes de Naranjo, Zarcero y Sarchí, la diputada María Marta Padilla, las asesoras de las diputadas Sofía Alpízar (Priscilla Vindas) y Diana Gutiérrez (Monserrat Ruiz), en combinación con otras instituciones de la región, FEDAPRO y la Comisión para la Defensa de la Zona Protectora del Chayote, se reunieron en la Finca La Gongolana, propiedad de FEDAPRO, para firmar una propuesta de creación de un nuevo Parque Nacional a partir de la unión de la Zona Protectora del Chayote y la Zona Protectora del Río Toro.
Esta unión en palabras del biólogo naranjeño Luis Fernando Hernández, quién maneja un alto registro de los recursos biológicos del Chayote, está muy bien fundamentada según las características de las mismas, además, supone una gran conveniencia nacional al conectar al Parque Nacional Juan Castro Blanco, con el Parque Nacional Volcán Poás.
Las diputaciones presentes recibieron la propuesta y la procederán a mejorar para presentarla como un proyecto de ley ante la Asamblea Legislativa.
Comisión para la Defensa de la Zona Protectora del Chayote presentó Plan Anual de Trabajo.
En la noche de este mismo día, y como parte del mismo hito, la mejora de las relaciones entre gobernantes y sociedad civil dio otro paso fuerte, cuando la Comisión, a través del profesor de la U.C.R., Marco Rojas Lizano, presentó sus expectativas para este año 2024 donde resaltan dos: a) la implementación del Plan General de Manejo de la Zona Protectora del Chayote, ya aprobado por el SINAC, y b) la elaboración del estudio hidrogeológico de la Zona Protectora del Chayote cuya ejecución la lleva a cabo el SINAC.
En la sesión del Concejo Municipal, el alcalde Randall Vega, invitó a la Comisión a trabajar en conjunto con la actual Comisión Ambiental Municipal, y también dentro de la sesión se comentó la posibilidad de la creación de la Comisión Interinstitucional Ambiental de Naranjo, donde participarían tanto instituciones del cantón como la sociedad civil.
De esta forma, una organización de la sociedad civil respaldada tanto por el Artículo 9 de la Constitución Política de Costa Rica, como por el buen accionar y compromiso de sus gobernantes, logra agruparse y generar impacto dentro de las políticas públicas del cantón.
Rodrigo Chaves Robles Presidente de la República de Costa Rica
Franz Tattenbach Capra Ministro de Ambiente y Energía
Víctor Carvajal Porras Ministro de Agricultura y Ganadería
Heiner Méndez Barrientos Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura
Asunto: Pronunciamiento: ¡Qué se cumpla la Ley! ¡No se sumerja, comprométase con el cambio!
Señores,
En conmemoración del Día de los Océanos, los costarricenses y las personas habitantes de este país firmantes de esta nota nos dirigimos a ustedes con el fin de denunciar el incumplimiento de las leyes ambientales, las marítimas, las de ordenamiento, y la de zona marítimo – terrestre. Es nuestro deber con Costa Rica y el mundo evidenciar el incumplimiento de estas leyes por el Gobierno de la República. Prueba de ello es la celebración de la Pre-Conferencia de las Naciones Unidas sobre Océanos, realizada los días 7 y 8 de junio, mientras de manera sistemática realizan ataques a la naturaleza y a quienes la defendemos y evidencian desinterés por el bienestar de las comunidades costeras, los ecosistemas marino-costeros, el resguardo de nuestra zona económica exclusiva, y la integridad y valor del Estado costarricense. Como funcionarios públicos sujetos al principio de legalidad, Costa Rica y el mundo necesitan de ustedes acciones concretas y que se cumpla lo que la Constitución Política, los Tribunales, y el ordenamiento jurídico (nacional e internacional) establecen. Por esto, exigimos de los jerarcas y las instituciones del Estado que representan:
1. ¡Salvemos los corales! Costa Rica cuenta con arrecifes de coral en ambas costas. Los en estado crítico debido al aumento de las temperaturas del océano, el desarrollo urbano desmedido en zonas costeras, la deforestación de los bosques costeros, el uso de pesticidas y la contaminación por aguas residuales, así como el secamiento de humedales, entre otros factores que están provocando el blanqueamiento y pérdida de los corales. Es urgente declarar un estado de emergencia para los arrecifes y tomar medidas inmediatas para su conservación y protección. Para lograr su protección se requieren acciones inmediatas como la reactivación del Concejo de Corales y la implementación urgente de las medidas de conservación y gestión establecidas en el decreto ejecutivo 41.774 – MINAE, la Ley de Vida Silvestre, la Ley Orgánica del Ambiente, y la Ley de Pesca y Acuicultura.
2. Los tiburones son vida silvestre y así han sido reconocidos por la Sala I de la Corte Suprema de Justicia en la resolución 000912-F-S1-2023. El MINAE debe cumplir la Ley de Conservación de Vida Silvestre y el INCOPESCA debe erradicar toda captura de tiburón martillo y de otros tiburones en peligro de extinción, incluso la incidental en la totalidad de la zona económica exclusiva costarricense.
3. Las políticas de desarrollo de este gobierno, han incrementado las violaciones al Patrimonio Natural del Estado, provocando una acelerada invasión de la Zona Pública de la Zona Marítimo Terrestre, así como la destrucción masiva de bosques costeros y humedales. Estas acciones conllevan la destrucción de los hábitats de fauna marina en vías de extinción como lo son los corales, el manatí, los tiburones, y las tortugas, entre otros. El objetivo de esta destrucción es permitir el desarrollo inmobiliario y turístico, lo cual ha aumentado además el desplazamiento geográfico de las comunidades locales hacia zonas lejanas de la costa, perdiendo así gran parte de su cultura e identidad.
4. Solicitamos de manera urgente la intervención del INCOPESCA. El Desarrollo Sostenible de la Pesca y la Acuicultura se quedó sin rumbo. El Plan Nacional de Desarrollo de la Pesca y la Acuicultura se encontraba vigente hasta el año pasado (2023), pero hasta el momento INCOPESCA no lo ha actualizado. Debido a la inoperancia del INCOPESCA, Costa Rica perdió el financiamiento disponible para la urgente mejora de las pesquerías y la acuicultura, incluyendo los estudios necesarios para brindar las licencias a los pescadores artesanales y de pequeña escala. Contrario a ayudar al sector pesquero, este gobierno pretende revivir la pesca de arrastre.
5. El Estado debe garantizar un desarrollo sostenible y democrático de cara a los indicadores socioeconómicos que reflejan la indiscutible vulnerabilidad de las comunidades costeras. Exigimos la implementación del mecanismo de gobernanza marina establecido en el decreto ejecutivo 41.775-MP-MSP-MAG-MINAE-MOPT-TUR, de la Política Nacional del Mar, y un compromiso de fiscalización y participación de las instituciones del Estado en los procesos de generación de los planes reguladores costeros. Del mismo modo, exigimos que en estos procesos se consideren las voces de los usuarios del mar quienes deben guiar las políticas marinas. Su conocimiento tradicional es invaluable para la gestión sostenible de recursos.
6. Alto a la contaminación de nuestros océanos, la cual ha alcanzado niveles verdaderamente alarmantes, amenazando la vida marina, la salud humana y el equilibrio mismo de nuestro planeta. Exigimos medidas inmediatas para asegurar la gestión de los residuos sólidos, tratar las aguas sucias, y limitar el uso de plaguicidas y otras sustancias altamente tóxicas, las cuales terminan en los ríos, mantos acuíferos y otros cuerpos de agua e inevitablemente en el mar. El Estado debe tomar medidas inmediatas para disminuir los residuos generados por la actividad de pesca, con especial atención a las artes de pesca que se descartan en alta mar y continúan pescando, generando el fenómeno conocido como pesca fantasma.
7. Exigimos control y vigilancia en las costas y mares. Ante la compleja situación que se vive tanto en alta mar como en el mar territorial y las costas, es urgente que se le asignen los recursos necesarios al Servicio Nacional de Guardacostas, a la Fuerza Pública, y a la Fiscalía para realizar las labores de seguridad, control y vigilancia que por Ley le corresponde. No existe una Estrategia Nacional de Control y Vigilancia Marina vigente y todas las metas correspondientes fueron eliminadas del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública por la administración actual.
8. Se debe atacar la pesca ilegal no declarada y no reglamentada y cumplir con las obligaciones internacionales adquiridas por el país, tanto en puerto como en el mar. Resulta urgente la mejora de las capacidades de inspección del INCOPESCA, en coordinación con otras autoridades como el Servicio Nacional de Guardacostas, la Fuerza Pública, el SINAC y la Fiscalía. Finalmente, el INCOPESCA debe reglamentar e implementar el Programa de Observadores a Bordo que le ordena el artículo 60 de la Ley de Pesca y Acuicultura.
9. Nuestros mares sin extractivismo. La sociedad costarricense llegó a un importante consenso de que nuestro desarrollo no debe basarse en la industria extractiva. Este consenso fue ratificado por una moratoria petrolera en el 2004 y se ha sostenido a lo largo de distintos gobiernos sin verse gravemente amenazada hasta la fecha ya que por un lado el gobierno anuncia una moratoria a la minería en el subsuelo oceánico, pero por otra reactiva las intenciones de exploración de gas y petróleo en nuestras costas y en especial la costa Caribe donde se sabe que hay mayores prospectos históricos. Exigimos que se respete la moratoria establecida hasta el 2050, coherencia y justicia climática efectiva para no abrir ni un pozo más y caminar hacia la sociedad post petrolera.
10. Exigimos que se presente e impulse en la Asamblea Legislativa la aprobación del acuerdo de Escazú, con el fin de impulsar el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales.
A pesar de que Costa Rica es 92% mar, el Gobierno de la República parece estar determinado a destruirlo cuando no cumple las leyes ni los convenios internacionales. Esta actitud ha causado, ahora más que nunca, un ecocidio marino. Alzando la voz por aquellos que no pueden hacerlo les instamos a recapacitar y redoblar esfuerzos para cumplir con lo que les exige la Constitución, los convenios internacionales y la Ley.
Firman:
Asociación para el Desarrollo de la Cultura y el Ambiente Región Norte (ADCA)
Asociación Talamanqueña de Ecoturismo y Conservación;
Bloqueverde
Comité de Vigilancia de los Recursos Naturales del Caribe Sur;
El Centro de Rescate de Especies Marinas Amenazadas (CREMA)
Esta semana en Lo que Importa: escuchen la voz de la embajadora de Francia en Costa Rica, los detalles sobre la preparación que ambos países realizan para la más importante reunión sobre los océanos.
Científicos nacionales, franceses y de otras nacionalidades se dan cita en el país para determinar los temas que llevarán a la próxima conferencia de las Naciones Unidas sobre los océanos, prevista en el 2025 en Niza.
La embajadora de Francia en Costa Rica, Alexandra Bellayer-Roille y Matthieu Robin, representante de Agencia Francesa de Desarrollo en CR, explican el trabajo que realizan ambos países en la ruta por la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Océano (UNOC) a celebrarse en junio de 2025 en la ciudad francesa de Niza.
La embajadora de Francia en Costa Rica manifestó: “Hay un interés muy importante sobre la negociación de un futuro acuerdo en contra de la contaminación por los plásticos”.
Lo que importa, este domingo a las 12:30 mediodía, por canal 15 UCR, Televisión con Sentido.
Madre Tierra invita al conversatorio “El futuro del Amazonas y el futuro de la Humanidad”, el cual contará con la presencia del conferencista Jorge Lobo.
Esta actividad se realizará el 13 de junio del 2024 a las 6:30 p.m. en el Centro Cultural de España en Costa Rica, en Barrio Escalante frente a la rotonda del Farolito.
