En una contundente declaración, la comunidad de Moravia, encabezada por María Elena Fournier Solano exige participación ciudadana y respuestas claras respecto a la proliferación de torres de telecomunicaciones en la zona. La preocupación se centra en la cantidad exagerada de instalaciones, algunas a distancias mínimas entre sí, generando inquietudes sobre posibles impactos en la salud y el medio ambiente.
El llamado a la acción surge ante la falta de oportunidades para la participación ciudadana en las decisiones que afectan directamente a la comunidad. La instalación de torres de telecomunicaciones, especialmente aquellas de tecnologías como 5G, ha generado inquietudes sobre la sobreexposición a radiación electromagnética y la falta de alternativas más seguras.
En una nota entregada a las autoridades municipales, encabezadas por el alcalde y el Concejo Municipal, se destaca la necesidad de una Moravia más participativa e informada. La comunidad reclama la oportunidad de discutir y decidir sobre el tipo de desarrollo que desean para su localidad, en lugar de ser testigos de imposiciones por parte de empresas privadas.
En el folleto informativo de la RASA, se subraya que la velocidad en las telecomunicaciones puede alcanzarse mediante fibra óptica sin exponer a la población a los riesgos asociados con la tecnología 5G. La solicitud incluye una audiencia con el nuevo Concejo Municipal para exponer la situación y los efectos negativos de la radiación electromagnética, los cuales consideran que no están siendo debidamente atendidos por las autoridades competentes.
La comunidad también exige respuestas concretas a las siguientes preguntas:
¿Por qué se eligen sistemáticamente torres de telecomunicaciones G5 y G4 privadas en lugar de explorar alternativas más seguras como la fibra óptica?
¿Qué criterios o intereses económicos y técnicos prevalecen en la decisión de no utilizar fibra óptica?
Además, se solicita el informe que la arquitecta Dylana Vargas Matamoros, encargada del Departamento de Control Vial de la Municipalidad, no pudo presentar en la sesión del 13 de diciembre de 2023 debido a razones de incapacidad.
La comunidad espera respuestas a estas preguntas y la atención debida a sus preocupaciones en el tiempo estipulado por la ley. La carta concluye reafirmando el derecho de la comunidad a una participación ciudadana efectiva y a un desarrollo que respete los derechos humanos y la salud de sus habitantes.
Municipalidad de Talamanca ignora disposiciones de la Sala Constitucional e insiste que Plan Regulador Costero sigue vigente a pesar de no contar con todos los elementos exigidos por Ley
La Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena Bribri de Këkoldi (ADITIK), recibe en sus instalaciones a funcionarios de la Municipalidad de Talamanca para tratar temas relacionados a la Anulación de la Audiencia del Plan Regulador Costero de Talamanca (PRC).
Vocero de la Municipalidad de Talamanca insiste en que PRC no está anulado y afirma al INVU e ICT que continuarán con hoja de ruta sin realizar una consulta indígena apropiada según lo establecido por Ley.
(Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena Bribri de Këkoldi, Bloqueverde, Covirenas Caribe Sur, Talamanca, 15 de enero del 2024 ) En diciembre 2023, la Sala emitió 4 resoluciones de relevancia que terminan por anular el PRC impulsado por la Municipalidad de Talamanca a tan sólo dos meses de su publicación. A inicios de diciembre se resuelve el recurso de amparo presentado por la ADITIK denunciando la no participación del territorio indígena Këkoldi en el proceso de elaboración y consulta del instrumento de ordenamiento territorial. La resolución 2023-031756 ordena la anulación de la audiencia pública celebrada el 04 de agosto del 2023 y le da a la Municipalidad un plazo de 3 meses para convocar a nueva audiencia.
Adicionalmente, mediante la respuesta a la solicitud de adición y aclaración presentada por el Alcalde Municipal, el Tribunal Constitucional aclara sobre la nulidad de los actos posteriores a la audiencia pública y qué dependen de ella que “la consecuencia del dictado de la sentencia N° 2023-031756 de las 09:30 horas del 07 de diciembre de 2023, fue precisamente la anulación de la audiencia pública llevada a cabo el 04 de agosto de 2023, por lo que el trámite debe retrotraerse a ese momento del procedimiento del plan regulador costero”, según consta en la resolución número 2023-033104. Pese a esta resolución, el Gobierno Local se rehúsa a tomar las medidas administrativas legalmente adecuadas y mantiene en suspenso un PRC con un vicio de nulidad grave que de no arreglarse implicará aún más desorden a nivel territorial para los habitantes del Caribe Sur.
El pasado 10 de enero del 2024, representantes de la Municipalidad de Talamanca y la ADITIK se reunieron en las instalaciones del salón comunal del territorio Indígena con el fin de atender la solicitud del Gobierno Local de presentar su propuesta para atender lo ordenado por la Sala Constitucional. Entre los representantes de la Municipalidad se encontraban presentes Enrique Joseph, enlace del Plan Regulador; Yahaira Mora Blanco, la presidenta del Concejo Municipal; Jorge Molina Polanco, Regidor, entre otros; así como la Junta Directiva de la ADITIK y asesores.
Reunión del 10 de enero con representantes de la Municipalidad.
Durante la reunión, la Municipalidad expuso una hoja de ruta elaborada por la Comisión Técnica de otorgamiento de concesiones y la Comisión del Plan Regulador. Cabe destacar nuevamente la insistencia de esta Municipalidad por entregarle a la ADITIK información desactualizada y descontextualizada por no haber sido el territorio partícipe de nada relacionado con la elaboración de estos documentos. La hoja de ruta también considera una convocatoria especial a la ADITIK y al Foro Tribal Afrocostarricense, y el desarrollo de material informativo referente únicamente a la zonificación de dicho plan regulador. Fue notoria la exclusión en esta hoja de ruta de los demás habitantes de la zona, como lo es la totalidad del territorio indígena y otros propietarios que no son parte del Foro Tribal.
Imagen de la hoja de ruta presentada durante la reunión del 10 de enero con representantes de la Municipalidad.
Por su parte, la ADITIK le entregó a la presidenta del Concejo Municipal Yahaira Mora dos cartas. La primera de ellas establece las condiciones necesarias para realizar una consulta indígena culturalmente apropiada. Dentro de los requisitos mínimos que la Municipalidad debe observar, se les indica que se debe involucrar al Concejo Directivo de Instancia Territorial del territorio y consultar a la totalidad de sus habitantes. Adicionalmente, se solicita que se implemente el procedimiento establecido en el Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenas oficializado por el Poder Ejecutivo mediante decreto ejecutivo número 40932-MP-MJP, con el fin de garantizar la salud del proceso y se les aclara que hasta tanto no se involucren a todas las partes necesarias, no se estará recibiendo ningún tipo de información técnica para su revisión de fondo. Los estudios necesarios y las características de los mismos deberán ser definidas en el marco del proceso de consulta, costeados por la parte interesada y presentados a la comunidad mediante la realización de reuniones en el territorio.
La posición de la ADITIK fue muy clara: “no vamos a aceptar ese documento del PRC, ya que el mismo está anulado, y no hubo participación del territorio en la elaboración de este documento. Para llegar a un acuerdo debe ser por medio de la debida aplicación de la Consulta Indígena” señaló Signia Villanueva, presidenta de la Asociación. Adicionalmente y en concordancia con lo anterior, en la segunda carta se solicita que se ordene la apertura de un procedimiento administrativo de nulidad oficiosa sobre los permisos de construcción, concesiones, licencias comerciales y usos de suelo otorgados utilizando el PRC, cuya Audiencia Pública fue anulada por orden de la Sala Constitucional.
A pesar de que a la fecha la ADITIK no ha recibido respuesta a sus solicitudes, terceros relacionados a la Asociación compartieron copia del oficio E-PRC-MT-001-24, el cuál circuló en múltiples chats comunales el 12 de enero del 2023, dos días después de la reunión celebrada con la ADITIK. Dicho oficio es dirigido a las jefaturas y los enlaces técnicos del INVU y el ICT y firmado por el Licenciado Enrique Joseph, en su calidad de funcionario y enlace Municipal del PRC y corresponde al “análisis que la Comisión Técnica para el Otorgamiento de Concesiones y la Comisión Municipal de Plan Regulador de la Municipalidad de Talamanca ha realizado a luz de la Resolución N.º 2023-031756”.
Queda claro de la lectura integral del documento la posición de la Municipalidad con respecto a las solicitudes planteadas por la ADITIK. La hoja de ruta presentada en el oficio ya ha sido modificada en comparación con aquella presentada durante la reunión del miércoles 11. No obstante, las solicitudes y observaciones por la ADITIK fueron completamente ignoradas en este nuevo criterio, el cual plantea que se continuará imponiendo un camino alejado de las estructuras y los procesos definidos a lo interno del territorio para la consulta e intentando obligar a los habitantes a conocer un PRC que no fue elaborado en conjunto con los indígenas (a diferencia de lo sucedido con otros grupos sociales) y que no tiene posibilidad real de mejorarse, ya que como bien indicó el Lic. Joseph durante la reunión, únicamente las observaciones que ellos consideren debidamente fundamentadas serán incluidas en el PRC en un Anexo II.
Ante la posición de la Municipalidad, reiteramos las palabras expresadas por la señora Dulcelina Sánchez, Vocal de la ADITIK, quien fue clara en indicarle a los representantes que deben “buscar esa manera de cómo hacer una consulta, no una convocatoria de una reunión, sino una consulta. Si bien es cierto la sala dice que en tres meses hay que terminar, pues la sala también tiene que saber que este es un proyecto grande para nosotros y que debe ser bien consultado. Si nosotros tenemos que defender a nuestro territorio, lo vamos a hacer, ante la Sala o ante quien sea porque esto debe realizarse correctamente.”
Compartimos documentos de referencia.
Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena Bribri de Këkoldi
De izquierda a derecha, Susana Méndez, coordinadora del programa UNA-Campus Sostenible, Fabián Chavarría, coordinador del PGAI-UNA y Magda Protti de la Unidad de Producción y Consumo del Minae.
Por sexto año consecutivo la Universidad Nacional (UNA) recibió el reconocimiento a la “Excelencia Ambiental”, premio otorgado por la Dirección de Gestión de la Calidad Ambiental del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), por su destacada gestión ambiental.
Dicha distinción obedece a las acciones ejecutadas por la comisión de gestión ambiental institucional del Programa de Gestión Ambiental Institucional (PGAI), conformada por; UNA-Campus Sostenible (coordinador), Apeuna, Programa de Servicios Generales (Sección de Transportes), Oficina de Comunicación, Prodemi, Programa de Gestión Financiera, Proveeduría Institucional y representación estudiantil (estudiante asistente), así como las comisiones ambientales por edificio, facultad o centro y las comisiones PGAI de los campus regionales (Liberia, Pérez Zeledón, Coto, Sarapiquí y Nicoya).
Para la Universidad Nacional este es un reconocimiento al trabajo que se realiza en materia ambiental, el cual es una motivación a seguir mejorando e implementar acciones ambientales como, por ejemplo; ser carbono neutro, tener comisiones ambientales por facultad, edificio o campus regional, la implementación de campañas de ahorro, la concientización mediante educación ambiental a estudiantes y funcionarios, así como la eficacia en el cambio de nuevas tecnologías eficientes para el ahorro y gestión de los recursos.
Fabián Chavarría, coordinador del PGAI-UNA, resaltó que este esfuerzo tiene como objetivo el uso más racional del agua, papel, energía eléctrica y combustible fósil, así como realizar una adecuada gestión de los residuos sólidos, el tratamiento de las aguas residuales y emisiones de gases de efecto invernadero, buscando minimizar los impactos ambientales que se generan en el quehacer institucional.
Chavarría agregó que esta distinción se extiende a la población universitaria que se encuentra comprometida con el ambiente, así como las personas que colaboran en estas comisiones ambientales. “Estas acciones han venido a consolidar la gestión ambiental de la UNA en el grado de excelencia y debido a esto es que la UNA en seis años consecutivos ha recibido el galardón a la Excelencia Ambiental”, subrayó la funcionaria.
Un Programa de Gestión Ambiental Institucional (PGAI) es un instrumento de planificación que parte de un diagnóstico ambiental del quehacer institucional que considera todos los aspectos ambientales inherentes a la organización, incluyendo los relacionados con eficiencia energética y cambio climático. A partir de este diagnóstico, se priorizan y establecen medidas de prevención, mitigación, compensación o restauración de los impactos ambientales, ya sea a corto, mediano o largo plazo; todo lo anterior bajo el principio de mejora continua.
Oficina de Comunicación Universidad Nacional, Costa Rica
Zona de vulnerabilidad amenazada por megaproyecto hotelero
La Gruta en Belén de Heredia es una zona de una gran importancia ecológica pues alberga más de 14 nacientes de agua. También hay dos zonas boscosas muy importantes para la comunidad, el Bosque de la Negra, llamado así debido a una antigua propietaria conocida como “La Negra’’ y bosque adentro, se encuentran otros terrenos boscosos propiedad de la Municipalidad. Además, fue el asentamiento de los primeros pobladores de la zona los cuales fueron indígenas huetares, por lo que ha provocado un gran apego y es de gran importancia para la comunidad de La Asunción, distrito en el que se encuentra La Gruta.
En el 2018, estas nacientes se verían afectadas debido a algunos trámites que realizaron funcionarios de la municipalidad con el fin de reducir el área de protección de estas nacientes a través de un cambio en el uso del suelo, que no contaba con los fundamentos para realizarlos y que, además, se encontraban bajo nulidad debido a que el Plan Regulador vigente, protegía esta zona donde se encuentra el tubo de flujo de la naciente de la Gruta. El problema con el cambio de usos del suelo daría paso a la construcción de un Mega Hotel en la zona, poniendo en riesgo el recurso hídrico, por esta razón la comunidad se posicionó en contra de estas acciones.
Ante las solicitudes y exigencias de la comunidad, la noche del martes 19 de diciembre del 2023 el Concejo Municipal de Belén aprobó iniciar el proceso de nulidad absoluta evidente y manifiesta de los actos por los cuales se intentó reducir el área de protección de la naciente La Gruta. Este es un procedimiento previsto en la ley general de la administración pública y fue basado en el criterio MB-013-2023 del Lic. Luis Antonio Álvarez Chaves asesor legal externo del Concejo Municipal de Belén. Como lo menciona el regidor Ulises Araya Chaves: “hoy sabemos que ese acto fue absolutamente ilegal y el Concejo Municipal, al declarar la nulidad de los actos iniciará el procedimiento no solamente para derogar los usos de suelo que se le emitieron a un privado para construir en algún momento un hotel, sino que también va a anular todos los actos administrativos que originaron esa ilegalidad y buscará sentar cuentas.”
El regidor Araya afirma que la comunidad de Belén ha velado por proteger las nacientes del cantón, por proteger el agua de las presentes y las futuras generaciones. Esto se refleja en la lucha que los vecinos mantienen en pie contra otros proyectos urbanísticos que amenazan a esta zona y su recurso hídrico, como en el caso de los que se quieren construir cerca del manantial de La Gruta y las nacientes del bosque de La Negra, que son zonas vulnerables que pueden causar cambios en el volumen de recarga y en la contaminación de estos cuerpos de agua (Kioscosambientales, 4-9-23).
Material de vídeo de Ulises Araya Chaves. Regidor municipal.
Elaborado con apoyo del proyecto Geografía y Diálogo de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios rurales de Costa Rica (ED-3526) del Programa Kioscos socioambientales y la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica.
El pasado 27 de diciembre del 2023, organizaciones comunales del Distrito de Cóbano realizaron una petición que muestra su posición ante la situación del río Ario que está siendo amenazado por minería de extracción de material en cauce de dominio público. Es por esto que los y las vecinas de Cóbano agrupados en la Alianza Comunitaria para el Ordenamiento Territorial (ACOT) se oponen a esta nueva solicitud que pone en riesgo al río y también a la población. Esta petición está apoyada por mil trescientas personas y sigue abierta para firmas.
Como lo mencionan en la solicitud “el río Ario representa un ecosistema valioso que alberga una biodiversidad única y es vital para nuestras vidas y las de las futuras generaciones. Reconocemos su importancia como fuente de agua para consumo humano por su proximidad del campo de pozos de AYA, actividades agrícolas y hábitat de numerosas especies, también esta zona es sumamente frágil, con bosque hasta la orilla del río y es parte clave de conexión de corredor biológico entre la cuenca alta y cuenca baja del río. La parte oeste colinda con la Reserva de Vida Silvestre Caletas Ario y es parte de su zona de amortiguamiento, cinturón ecológico esencial para la conservación.”
El siguiente cuadro muestra las 8 concesiones que han sido dadas y que han puesto en riesgo al río, como es posible notar, en algunos casos el estado de la concesión no es claro, esto da paso a mayor incertidumbre y preocupación por la acumulación de impactos y proyectos en un mismo río. Además, en el mapa que se muestra a continuación, es posible ubicar las zonas más afectadas y donde se encuentra mayor parte de las concesiones.
Solicitudes en causes de dominio público (CDP) en Río Ario de Cóbano Puntarenas al 3-1-24
Número de expediente
Titular
Estado
34CNE-2015
CONAVI
sin definir
2021-CDP-PRI-049
Constructora Herrera S.A
En trámite otorgamiento
2023-CDP-MUN-075
Concejo Municipal de Distrito de Cóbano
No Ubicado
2022-CDP-PRI-058
Inversiones comerciales Rubén de Goicoechea S.A.
Temporal
2022-CDP-PRI-052
Vanessa Quesada Solano
Suspendido
2022-CDP-MUN-031
Concejo Municipal de Distrito de Cóbano
Temporal
2023-CDP-MUN-029
Concejo Municipal de Distrito de Cóbano
Temporal
2023-CDP-PRI-063
Concejo Municipal de Distrito de Cóbano
Pendiente de criterio Legal
Fuente: consulta en línea al Catastro Minero de la Dirección de Geología y Minas en https://www.geologia.go.cr/
En el mapa se observa la afectación en Bajos de Ario, donde se une con el río Bongo, así como en Altos de Ario. La organización “Nicoya Peninsula Waterkeeper” explica que en la zona de Altos de Ario se caracteriza por tener terrenos que forman parte de un importante corredor biológico. Además, en esta zona hay una gran diversidad ecológica pues es una zona de mezcla riparia donde también hay bosques de galería, tierras agrícolas, pastizales para ganado y pequeños pueblos rurales.
Esta organización, así como el II Canje de Deuda por Naturaleza entre Estados Unidos y Costa Rica, mencionan la importancia de proteger el río Ario y el río Bongo ya que estos forman un estuario de relevancia ambiental que actualmente está protegido por el Refugio Mixto de Vida Silvestre Caletas-Ario y que gracias a la gran diversidad de hábitats alberga aproximadamente el 67% de especies terrestres descritas para Costa Rica.
Esta problemática no solo amenaza al río Ario, sino también otros ríos del país. En mayo del 2023, comunidades del cantón central de Puntarenas y de Guatuso presentaron propuestas en cuanto a los impactos de la actividad minera en el cauce de los ríos. Parte de los efectos negativos se reflejaron en la situación de los ríos Guacimal y Lagarto pues hubo una disminución del caudal, aunado a esto la abundancia de sedimentos producen un impacto directo en la pesca artesanal que es el 90 % de la economía local de la zona costera y un daño profundo en los manglares ( Kioscosambientales UCR, 05-05-23).
Problemática nacional. Dentro de las críticas que se le hacen a otorgar las concesiones para extraer material de los ríos, las comunidades de Puntarenas y Guatuso señalaron la falta de regulación para la protección efectiva del río pues la evaluación de impactos y el monitoreo de esta actividad, carece de criterios científicos. Similar a la solicitud que hacen las organizaciones de Cóbano, que solicitan a las autoridades pertinentes, tomar medidas inmediatas para detener y regular la extracción de materiales en todas las cuencas de los ríos del Distrito de Cóbano, que como se evidencia, no están siendo debidamente monitoreadas.
Otras zonas que experimenta una acumulación de concesiones es por ejemplo cuenca del río Chirripó Caribe con más de 30 concesiones vigentes para explotar en cauce de dominio público o para establecer plantas de procesamiento causan un daño difícil de cuantificar en la riqueza biológica. (Semanario Universidad; 31-7-21)
La bióloga Isabel Alvarado, quien realizó una amplia investigación en su tesis de grado en 2018 sobre los estudios de fauna acuática en actividades de extracción en ríos, asegura que este tipo de actividad altera la estructura tridimensional del cauce, cambia la carga de sedimentos y la capacidad de transporte del cauce, es decir, puede aumentar sedimentación, alterar la forma del río y la de todos los hábitats. Para Alvarado, el principal problema radica en la falta de información, tanto por parte de las instituciones del Estado, como la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) y la DGM. En su investigación halló que en el 96% de casos en que ha mediado un EsIA ha faltado monitoreo periódico institucional.
Elaborado con apoyo del proyecto Geografía y Diálogo de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios rurales de Costa Rica (ED-3526) del Programa Kioscos socioambientales y la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica.
El crimen organizado es un actor presente en nuestros territorios, el cual, tiene diversas estrategias para afianzar su presencia e imponer las condiciones para la gestión de las relaciones de poder. Por estar razón, es una dimensión más, que debemos tener en cuenta para cuando reflexionamos sobre los desafíos que representa nuestros contextos actuales.
Es por esta razón, que les compartimos la siguiente infografía, que nos permite exponer estos conceptos para contribuir a nuestras reflexiones personales y colectivas en torno a este actor que cada vez más, representa una dimensión determinante en nuestros territorios.
Aplicación y objetivos del proyecto Asfalto Sostenible
Las calles de la UCR son el lugar de prueba para el proyecto Asfalto Sostenible, una mezcla para pavimentar a la cual se le agrega plástico de desecho. Como resultado, las características del producto mejoran y se colabora con la eliminación de botellas plásticas que usualmente contaminan nuestro entorno. Además, esta propuesta promete impulsar la economía circular en Costa Rica.
Como parte del esfuerzo impulsado desde el Departamento de Participación Ciudadana de la la Asamblea Legislativa se abre la convocatoria para nuevas organizaciones comprometidas con el medio ambiente, para que participen del Parlamento Cívico Ambiental.
Se recibirán solicitudes del 8 de enero al 8 de febrero del 2023.
Requisitos de Solicitud:
-Breve reseña y naturaleza de la organización.
-Nombres, correo electrónico y teléfono de una persona representante titular y suplente.
Únase al esfuerzo colectivo por la protección ambiental. Su participación y las de su organización es crucial para impulsar cambios positivos. ¡Esperamos la solicitud!
El sábado 06 de enero, a las 9:00 a.m, se llevará a cabo una caminata y a la vez limpieza del río Cañas. El punto de encuentro para la actividad será en la terminal de buses de Salitrillos Arriba en Aserrí, a partir de las 8:30 a.m.
Para más información sobre la actividad puede contactar al Observatorio Ciudadano del Agua al 8351-4130.
