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Interponen más acciones legales y presentan objeciones contra el Plan Regulador Costero de Talamanca

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Comunidad organizada, ecologistas y habitantes de la zona defienden su hogar y el patrimonio de los costarricenses de quienes quieren robarles sus derechos

  • Movimiento Cahuita Unida cuestiona que el INVU sea “juez y parte” y vecinos del cantón de Cahuita exigen con amparo verdadera participación comunitaria.

  • Recursos y acciones legales contra el PRC se acumulan en la Sala Constitucional, el MINAE, y la Municipalidad de Talamanca.

  • El lunes 28 de agosto venció el plazo para la presentación de objeciones y observaciones por parte de la sociedad civil al PRC.

Cahuita, 30 de agosto del 2023. Movimiento Cahuita Unida, Bloqueverde y COVIRENAS Caribe Sur. Durante el mes anterior, la Municipalidad de Talamanca presentó la propuesta de Plan Regulador Costero (PRC) la cual fue elaborada por el Instituto de Vivienda y Urbanismo (INVU). El PRC fue presentado a la comunidad mediante reuniones informativas con las comunidades y a través de información que circuló en la página web de la Municipalidad. El 4 de agosto del año en curso, inmediatamente después de este apurado proceso de socialización, la Municipalidad celebró la Audiencia Pública durante la cual se evidenció una amplia y diversa oposición desde las comunidades locales que critican la falta de participación, el dificil acceso a la informaión, y graves violaciones a las leyes ambientales y a los derechos ancestrales de los pueblos tribales e originarios de la zona, entre otros.

El PRC en discusión plantea la zonificación y el ordenamiento de la franja de doscientos metros de ancho, medidos horizontalmente a partir de la línea de la marea alta ordinaria de todo lo largo del litoral, franja mejor conocida como la zona marítimo terrestre (ZMT). Resulta importante recordar que la ZMT se compone de dos secciones: la zona pública (la primera faja de cincuenta metros de ancho a contar de la pleamar ordinaria, las áreas que quedan al descubierto durante la marea baja, manglares y esteros); y la zona restringida (la franja de los ciento cincuenta metros restantes y los demás terrenos en caso de islas). La zona pública no puede ser objeto de ocupación bajo ningún título ni en ningún caso, y nadie podrá alegar derecho alguno sobre ella ya que estará dedicada al uso público y en especial al libre tránsito de las personas. En la zona restringida las Municipalidades, en coordinación con el ICT, se encuentran autorizadas para otorgar concesiones para el uso y disfrute de áreas determinadas en la zona restringida, por el plazo y bajo las condiciones que la Ley de Zona Marítimo Terrestre número 6043 indique.

Dicha Ley, publicada en su versión original en el año 1977, establece en sus artículos 15, 25, 31, 37, 38, y 51, que la elaboración de los instrumentos de ordenamiento territorial para esta zona especial, deberán realizarse mediante un trabajo coordinado y dirigido por la Municipalidad respectiva y fiscalizado y aprobado por el Instituto de Vivienda y Urbanismo (INVU) y el Instituto Costarricense de Turismo (ICT). Silvia Matamoros, consultora legal en temas marino-costeros explica que:

en virtud de que las comunidades que habitan las costas del Caribe Sur todavía no cuentan con la declaratoria de zona urbano-litoral, lo que corresponde a la hora de elaborar el PRC para el distrito de Cahuita es aplicar lo establecido en la Ley número 6043. Esta Ley y su reglamento son complementadas por las disposiciones establecidas en la Ley de Planificación Urbana y el Manual para la elaboración de Planes Reguladores Costeros aprobado por la Junta Directiva del INVU y el ICT, instrumentos de política pública que deben ser observados y acatados por el Gobierno Local correspondiente a lo largo del proceso.

Preocupados por la injerencia del INVU en el proceso de elaboración de la propuesta del PRC, el Movimiento Cahuita Unida (MCU) cuestionó la constitucionalidad de los artículos 9 inciso 1 y 17 inciso 2; y el transitorio II de la Ley de Planificación Urbana. Estos artículos son los que autorizan a la Dirección de Urbanismo del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo para que puedan elaborar la propuesta del Plan Regulador. El argumento principal para impugnar estas normas es que la autoridad designada por ley para aprobar el plan es la misma que lo elabora. Se cuestiona que al ser “juez y parte” del proceso de elaboración de los Planes Reguladores existe un alto riesgo de que la institución pierda objetividad al aprobar una propuesta elaborada por el mismo ente público.

Adicionalmente, 40 vecinos de la comunidad de Cahuita presentaron un recurso de amparo ante la Sala Constitucional denunciando irregularidades dentro del proceso participativo. Afirman que la información se compartió con poco tiempo considerando lo complejo que fue accesarla y estudiarla debido a lo extensa y técnica que es. Además, según denuncia Andrea Mora del Movimiento Cahuita Unida,

sigue existiendo incertidumbre sobre lo que sucederá con las construcciones existentes; la Municipalidad de Talamanca no brinda respuesta a solicitudes de información y peticiones específicas; y la Comisión Local de Planificación y Ordenamiento Territorial realizó una consulta inadecuada, que incumple normativas ambientales y pone en riesgo los derechos de los habitantes de las costas.

Estos dos nuevos recursos se suman a cuatro otros que han presentado distintos actores comunitarios y sectores opuestos al PRC ante la Sala Constitucional sobre temas como la afectación de humedales (23-014549-0007-CO), los mapas del Territorio Indígena de Kéköldi (23-016184-0007-CO), Solicitud de información y suspensión de audiencia (23-016185-0007-CO), No consulta al territorio indígena Kéköldi – Cocles (23-016445-0007-CO). Estas acciones fueron complementadas con un recurso de nulidad ante la Comisión Plenaria de la SETENA por los errores graves en los IFAs que sustentan la viabilidad ambiental (EAE-0002-2020-SETENA), el cual fue rechazado el día de hoy y por lo tanto se espera que se presente la apelación correspondiente en los próximos días con el fin de agotar la vía administrativa. Por último, pero no menos importante, la Municipalidad de Talamanca se ha visto inundada por recursos de nulidad y de apelación relacionados al fondo de la propuesta del PRC y a irregularidades presenciadas por la comunidad durante la celebración de la Audiencia Pública.

A las acciones legales mencionadas hasta el momento, se suman las objeciones y observaciones que se presentaron a la propuesta de PRC, las cuales se podían presentar hasta este lunes 28 de agosto. Dentro de las principales preocupaciones que han expresado los distintos grupos comunales como los COVIRENAS del Caribe Sur se señalan (i) el desconocimiento de información técnica que busca garantizar la adecuada protección de los ecosistemas de humedal; (ii) que se planifica un área sin conocer los límites reales que tendrá el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo por encontrarse estos en proceso de oficialización a causa de una acción de inconstitucionalidad resuelta en el 2019 ni los límites definitivos del Territorio Indígena Kekoldi-Cocles los cuales se encuentran en proceso de devolución a este pueblo originario; (iii) que se impulsa un desarrollo turístico que viene a ejercer presión sobre los mantos acuíferos y el recurso hídrico a pesar de que las instituciones competentes en la materia han afirmado que existe escasez; (iv) el nulo reconocimiento de la crisis climática y sus impactos principalmente sobre la erosión de las costas del Caribe sur; (v) la débil participación de la sociedad civil y la no-consulta del territorio Kekoldi-Cocles; y (vi) el notorio tráfico de influencias que ha impactado el proceso, entre muchas otras cosas.

Declaratoria de Longo Maï – ríos y energía no son mercancías

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Representantes de organizaciones y comunidades de Costa Rica, reunidas el 26 de agosto 2023, para dialogar sobre el futuro del sistema eléctrico del país, MANIFESTAMOS:

  1. Los ríos son ecosistemas integrales que incluyen el agua y todas las expresiones de vida presentes en ella, pero además todos los elementos que conviven en las cuencas hidrográficas. Los ríos deben ser reconocidos jurídicamente como sujetos con derechos propios para asegurar su existencia y su uso regulado, respetuoso y limitado, según necesidades ecosistémicas y sociales colectivas y solidarias. En esta tarea Costa Rica debe aprender de los avances de otros países orientados a ese reconocimiento.
  2. Los usos prioritarios del agua y otros elementos de la biodiversidad deben ser definidos colectivamente y la protección de los ecosistemas debe ser el primero, seguido del agua para consumo humano, la soberanía alimentaria y posteriormente los fines comerciales y energéticos, regulados y limitados de acuerdo con estudios científicos de calidad y disponibilidad. En estas definiciones es indispensable reconocer el papel fundamental de las mujeres y de los Pueblos originarios de todo el mundo en el uso y protección del agua, lo mismo que las innumerables dificultades para asegurar el acceso a ésta.  En esta misma línea rechazamos la negociación de futuros del agua en la bolsa de New York bajo el código “Agua-NQH2O” y cualquier otra vía de privatización y exclusión de la gente más pobre.
  3. Nos solidarizamos con los pueblos en México, Chile, Perú y otros países, que mantienen cruentas y desiguales luchas en defensa del agua por su explotación comercial en aguacate y arándanos, que sumados a otros monocultivos han secado y desparecido los ríos y dejado sin agua a pueblos enteros.
  4. Las comunidades y organizaciones sociales exigimos espacios efectivos de participación en la definición de las políticas energéticas y eléctricas, pues hasta ahora esas definiciones han sido exclusivas de instancias técnicas y políticas con exclusión total de los pueblos impactados negativamente. Reiteramos que todos los proyectos, sin importar su tamaño y condiciones, deben ser efectivamente consultados con las comunidades en las cuales se pretenden instalar, y que los criterios de éstas deben ser respetados.
  5. El consumo de la energía indispensable para tener mejor calidad de vida, debe ser un derecho fundamental de los pueblos a precio justo y bajo principios de solidaridad, y esto demanda reconocer la incompatibilidad entre energía como derecho de la gente y energía como mercancía. Costa Rica debe enfilarse hacia su seguridad y soberanía energéticas asegurando el uso responsable de todos los ecosistemas. Esto demanda, de manea indispensable, incorporar en todos los proyectos el principio “indubio pro-natura” presente en la Ley de biodiversidad y convenios internacionales firmados por Costa Rica.  
  6. Nos solidarizamos y unimos a la lucha del Grupo ecologista León Cortés, la Asociación PROAL, ASADAS, Asociaciones de desarrollo y muchas más organizaciones de la zona Los Santos, para que el alcalde y el Consejo municipal, obedezcan a la población y aprueben “declarar León Cortés permanentemente libre de co-incineración de residuos sólidos y prohibir la instalación y contratación de cualquier servicio asociado con la co-incineración”.
  7. Con la mayor vehemencia, instamos a los y las diputadas a impedir los gravísimos impactos sociales y ecológicos que tendrían en el país los proyectos de ley expedientes #23.414 “Armonización del sistema eléctrico nacional”, #22.701 “Ley de fortalecimiento en la venta y exportación de electricidad a asociaciones cooperativas, empresas distribuidoras y de servicios públicos” y #22.561 “Ley para la autorización a los generadores de electricidad para la venta de excedentes de energía en el mercado eléctrico regional”. En el debate de este último expediente hemos seguido con extrema preocupación la falta de argumentación técnica, social y ecológica con que está siendo defendido.  Por esto le exigimos a los y las diputadas, estudiar, consultar, asumir responsabilidad e impedir su aprobación porque debilitan de forma irreversible el sistema público de electricidad, su condición como derecho de la gente y lo convierten en un sistema de lucho privado.  En paralelo, y como lo hemos reiterado por más de 30 años, exigimos la derogatoria de leyes 7.200 y 7.508 porque siguen siendo un deleznable medio de lucro para un grupo de empresas privadas nacionales y transnacionales.
  8. Nos comprometemos a fortalecer la unión de organizaciones sociales del país integrantes de la “Coalición por la defensa del modelo eléctrico solidario para Costa Rica”, que bajo la consigna “Electricidad justa y solidaria para Costa Rica”, está orientada a la defensa del servicio social, público y solidario de electricidad que sólo ha sido posible por la existencia del Instituto costarricense de electricidad, ICE. En la tarea de resguardar de nuestra institucionalidad, nos sumamos al “Frente nacional en defensa del estado de bienestar costarricense”, para salvar nuestro sistema de salud y en particular la Caja costarricense de seguro social, la educación, la seguridad y soberanía alimentarias y las garantías laborales, que siguen sufriendo los embates del modelo de sociedad antisolidario y orientado a favorecer fines privados.
  9. Instamos al gobierno de Costa Rica, instituciones, empresas y a la población en general, a asumir con respeto irrestricto, la existencia y derechos reconocidos nacional e internacionalmente de los Pueblos originarios, y en particular su derecho a la Tierra que les ha sido usurpada, y sus formas propias de organización y autogobierno según las leyes vigentes. En particular, rechazamos el eventual relanzamiento de la hidroeléctrica Diquís (646 megavatios), incluido en el plan de expansión eléctrico del actual gobierno.

¡Agua, ríos y ecosistemas para la vida!

Señalan irregularidades en el borrador de la propuesta del Plan Regulador Costero de Talamanca

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Selva Melody Baker Felton

Selva Melody Baker Felton, costarricense por nacimiento y vecina con participación comprometida en la comunidad del distrito de Cahuita y del cantón de Talamanca envió a las instituciones implicadas, incluyendo a la Municipalidad de Talamanca, un documento con el señalamiento de irregularidades en la propuesta de Plan Regulador Costero.

En su documento señala que “en el distrito de Cahuita NO somos un enclave turístico… aquí somos comunidad primero”.

Agrega que el bien común debe ser el concepto que marque los esfuerzos comunitarios y de las instituciones públicas.

Especifica que la comunidad “le reconoce una nula validez legal a todo el proceso de elaboración del presente PRC”, pues se constató una carencia de participación ciudadana real, la que fue reemplazada por simples “charlas informativas”.

Ante un tema de tanto impacto comunitario como un plan regulador, la comunidad ha reclamado que se realicen “verdaderos espacios para la comunicación horizontal entre el conjunto tripartito de autoridades correspondientes y el mayor rango diverso e inclusivo posible de todas las y los Agentes Sociales de las comunidades afectadas directa e indirectamente” por ese plan regulador.

Ante esa carencia de participación ciudadana, Selva Baker Felton solicita a la Municipalidad de Talamanca “entregar copias de todos los anuncios que se publicaron” para propiciar la debida participación.

Asimismo, indica que “el derecho al agua es un derecho humano”. Agrega que “la comunidad ha expuesto claramente la falacia de la afirmación sobre el estado real y actual de abastecimiento y suministro de agua potable”.

En cuanto a la recolección de los desechos sólidos por parte de la Municipalidad, indica el documento que “las comunidades somos testigos de la incapacidad actual de dicha autoridad de brindar un servicio satisfactorio, ejemplificado claramente por las montañas de basura que se acumulan a la orilla de las calles con los habitantes y visitantes actuales”. Añade: “El texto del borrador de la propuesta del PRC afirma lo contrario al hablar de la cantidad máxima de visitantes en la ZMT y la cantidad de basura proyectada”, es decir, no hay coherencia entre lo que se pretende con el plan regulador y la realidad en cuanto a la capacidad municipal para administrar la recolección de basura común y desechos sólidos.

En el documento de Baker se hace referencia a graves irregularidades y problemas de filtración de aguas contaminadas al mar, “y sin duda a los mantos acuíferos más superficiales”.

Agrega que “el tema del medioambiente es muy amplio y digno de un verdadero análisis metodológico minucioso y muy cuidadoso”. Se debe tener presente, se argumenta “la alta fragilidad” del tema ambiental y su impacto en las comunidades locales, pues debe aspirarse a un sano balance bioquímico del mismo para la sobrevivencia, y el desarrollo de las actividades ecoturísticas que se llevan a cabo en el distrito y que representan un importante ingreso al PIB de nuestro país”.

Con base en documentación del Instituto Costarricense de Turismo, Baker indica que “carece de toda lógica” lo que se pretende con el Plan Regulador Costero si se tiene como referencia la meta de “conservar y proteger la integridad del medioambiente que nos caracteriza”, esto, si se considera “que hayan decidido plasmar una propuesta de PRC traslapando parte del territorio que le pertenece al Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo (REGAMA)”.

SURCOS comparte el documento íntegro presentado por Selva Melody Baker Felton. Puede descargarlo de este enlace.

Ciclo de cine: Territorios, resistencias y alternativas

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SURCOS comparte la siguiente invitación:

Gracias al trabajo de nuestras compas de @lasandiadigitalmx tendremos la oportunidad de proyectar estos increíbles documentales

¡Acercate al Frente Ecologista Universitario!

Buscamos fomentar un espacio para motivar a la acción frente a los conflictos socioambientales que estamos viviendo tanto en la región latinoamericana como en Costa Rica. A través de estos documentales se posicionan narrativas de defensa de la tierra, los territorios, el agua y las comunidades que día con día luchan frente a los gobiernos neoliberales, frente a las multinacionales, poniendo el cuerpo ante la destrucción ambiental que comenzó hace más de 500 años.

Lugar: Frente Ecologista Universitario (Local negro con mural de animales en el Edificio Saprissa cruzando la calle frente al Girasol de Generales, UCR, San Pedro).

 

Compartido con SURCOS por Nayla Carvajal Sancho.

Campaña para no permitir la construcción de una torre de condominios en el bosque de Manuel Antonio

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Una campaña de firmas iniciada por la Fundación Corcovado propone “no permitir la construcción de una torre de condominios en el bosque de Manuel Antonio”.

El texto explica:

El bosque en el área de Manuel Antonio es un ecosistema altamente frágil que sustenta una diversa gama de flora y fauna. Es el hogar de varias especies en peligro de extinción, incluido el mono ardilla centroamericano y la lapa roja. Sin embargo, este bosque ahora está amenazado debido a la construcción propuesta de una torre de condominios de 16 pisos y 70 unidades.

Esta torre de condominios destruirá una porción significativa de este hermoso bosque y alterará su equilibrio natural. El tamaño de la construcción perturbará significativamente la belleza escénica de Manuel Antonio. Las vistas panorámicas de Manuel Antonio han hecho de este destino un ícono turístico y uno de los paisajes más hermosos del mundo.

El proceso de construcción por sí solo causará un daño inmenso al ecosistema, incluida la erosión del suelo y la destrucción del hábitat de muchos animales. Además, este desarrollo tendrá graves consecuencias para las comunidades locales que dependen del ecoturismo como su principal fuente de ingresos. La pérdida de un atractivo natural tan importante conducirá al declive económico y la pérdida de puestos de trabajo en la región.

Por eso, instamos a todos los ciudadanos preocupados a que firmen esta petición y exijamos que las autoridades tomen medidas inmediatas para detener este proyecto destructivo. Debemos proteger nuestro medio ambiente para las generaciones futuras y preservar nuestro patrimonio natural.

Puede unirse a la campaña con su firma mediante este enlace.

Lucha contra la co-incineración en León Cortés y la Zona de Los Santos

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SURCOS comparte la siguiente información:

El Grupo Ecologista está buscando personas voluntarias que quieran unirse a nuestra causa en la lucha contra la co-incineración en León Cortés y la Zona de Los Santos. 

Si desea formar parte activa de este esfuerzo, le animamos a llenar el siguiente formulario de inscripción: https://forms.gle/FsBN8taSk9aos33c7

¡Su compromiso puede marcar la diferencia!

¿Nuevo reglamento en SETENA?

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Observatorio de Bienes Comunes

A partir de las acciones legales implementadas por ANEP y Grupo Ecologista Kañík , queremos aprovechar para reflexionar sobre las tensiones que están cercando nuestros bienes comunes en el actual Gobierno de Costa Rica, caracterizado por la promoción de actividades «económicas» extractivas con mayor desregulación ambiental.

Esta desregulación, no pasa sólo por la erosión  del «marco legal», sino también el debilitamiento institucional y reduciendo los espacios de la participación ciudadana. La nueva normativa de la Secretaría Técnica Ambiental (SETENA) la 43898 es una muestra más de este camino en beneficio al empresariado, y tal vez el mejor ejemplo corresponde lo que señalan desde ANEP y Kañik:

  • Presiona al personal de SETENA al imponerle plazos más cortos en los procesos de las Evaluaciones de Impacto Ambiental
  • Beneficia al empresariado no sólo al disminuir el papeleo para los permisos y los controles, sino que les baja las penas (sanciones en caso de incumplimiento).

Ante esto, queremos compartirles la siguiente infografía que nos señala algunas de las implicaciones socioambientales que representa el nuevo reglamento, tales como la explotación forestal en áreas silvestre protegidas, el consentimiento para el pavimento de áreas frágiles ambientalmente, entre otros.

Festival Ambiental de La Gamba de Golfito

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El Programa de Gestión Local de la UNED trabaja en el desarrollo del 3° Festival Ambiental de La Gamba de Golfito, a realizarse el sábado 26 de agosto 2023, en el Salón Comunal de 8:00 am a 4:00 pm.

En este festival se realizarán conversatorios, exposiciones, actividades deportivas, educación ambiental, caminata al Parque Nacional Piedras Blancas, entre otras actividades para el disfrute de las personas de la comunidad de La Gamba y personas de organizaciones comunales y campesinas de la región que estarán acompañando el evento.

El Festival tiene como objetivo el involucrar a la comunidad de La Gamba en los procesos de sensibilización por el cambio climático y la protección del medio ambiente, compartiendo en todo momento acciones que coadyuban a generar interés tanto a nivel comunal como institucionales, para un adecuado manejo de los recursos naturales en pro y en beneficio de la colectividad.

Además, de mantener una relación estrecha con el Parque Nacional Piedra Blanca, el cual se encuentra en la parte territorial de la comunidad de La Gamba. La propuesta es que produzca un manejo compartido de las actividades que se desarrollan en el Área de Conservación de Osa, para que le permita una participación activa y fructífera a la comunidad de La Gamba.

Durante el desarrollo del festival, se proponen actividades en coordinación con las siguientes instituciones gubernamentales, la academia y organizaciones comunales:

Organizaciones comunales:

ADI – ASADA – Productores – Ambientalistas – Mujeres – Jóvenes – Artesanos.

Academia aliada:

UCR – UNA – UNED

Invitar a diferentes instituciones gubernamentales como:

MINAE- ACOSA – SINAC – INDER – MAG – ICT – JUDESUR – ICE – Municipalidad – Bomberos.

Un eje temático para la presentación artística es el agua.

Además:

Taller sobre compostaje.

Cuenta cuentos.

Estación de pintura con niños.

Presentación de música rock Syroplasma.

ANEP y Grupo Ecologista Kañík presentan acción de inconstitucionalidad contra reglamento que elimina controles ambientales

Escrito en . Publicado en Madre Tierra, Trabajo.

  • Destrucción de ecosistemas, levantamiento de urbanizaciones sin control, explotación maderera en áreas protegidas, abusos laborales, reducción de penas para desarrolladores y pérdida de autoridad de la SETENA pretende este nuevo reglamento.

La nueva normativa de la Secretaría Técnica Ambiental (SETENA), la 43898, sustituye a la que rige actualmente, la 31489, y entre sus peligrosos enunciados se encuentra el consentimiento para pavimentar áreas ambientalmente frágiles, entre ellas las que albergan afloramientos o cursos de agua, suelos susceptibles de inundación y hundimiento, o de gran importancia ecológica para su conservación y que, por su belleza escénica, son los favoritos para asentar en ellos proyectos urbanísticos.

Además, autoriza la extracción forestal en las áreas silvestres protegidas, libera de permisos el cambio de uso del suelo en materia agrícola, excluye la obligatoriedad de los empresarios de informar a la población sobre sus proyectos en un medio impreso, elimina la obligación de la industria urbanística de presentar estudios de vialidad avalados por el Ministerio de Transportes, traslada gran parte de las responsabilidades de SETENA a las municipalidades sin que estas hayan sido consultadas, reduce las penas para los empresarios que incumplan las disposiciones, pero amenaza a los funcionarios que la pudieran quebrantar.   

El reglamento, que empezaría a regir este agosto, retrocede 25 años en materia legal y deja indefensos los cuerpos de agua, el aire, el suelo, a los ciudadanos y demás habitantes de este nuestro territorio común, con el propósito de reducir al mínimo los trámites y obligaciones legales de la industria constructora, el sector que presenta ante la SETENA el 70% de lo que esa institución tramita.

No es casual que el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles  y el ministro del ambiente, Franz Tattenbach Capra, se hicieran acompañar de representantes de la Cámara de la Construcción el día en que anunciaron a la prensa, este pasado febrero, la derogación del Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y su Manual de Instrumentos Técnicos. Tampoco es fortuito que días después, en febrero también, escogieran al Colegio de Ingenieros como escenario para anunciar la entrada del Reglamento de Setena número 43898, cargado de vicios, portillos, contradicciones, desregulaciones, regresiones e inconstitucionalidades.

El nuevo articulado carece de los elementos preventivos que sí estuvieron presenten en las normativas anteriores, incluida la que aún está vigente. Ante la ausencia de normas preventivas, se prevén daños ambientales irreversibles y en consecuencia desmejora de la calidad de vida, justo en el momento en que el mundo ha alertado sobre la escasez de agua.

Este reglamento, a punto de empezar a regir, amplía el umbral de los proyectos calificados como “menores” a mil metros cuadrados (en el reglamento aún vigente el umbral es de 500 metros cuadrados) que constituyen el 65% de los proyectos ingresados al SETENA para ser evaluados y controlados.

Ese 65% de proyectos, según el reglamento 43898, pasarían a estar bajo inspección de los gobiernos locales que en un 50% carecen de su principal herramienta para regular asuntos ambientales, los planes reguladores. Y de ese 50% que sí los posee, solo el 6% ha definido, mediante estudio técnico, las áreas de fragilidad ambiental de sus cantones.

Además de lo expuesto en el punto anterior, la nueva normativa permite que en una misma finca se construyan sin permisos, uno tras otro, esos proyectos de hasta mil metros cuadrados considerados de “bajo impacto ambiental” y que al sumarse y acumularse terminan constituyéndose en megaproyectos que no requirieron de permisos, ni controles.

Por otra parte, el tamaño de los desarrollos no determina los impactos en el ambiente y por tanto la calificación de “bajo impacto” no posee sustento técnico.

Otra de las enormes deficiencias del reglamento 43898 es que elimina la obligación de los urbanizadores de presentar ante la SETENA un estudio vial avalado por el Ministerio de Transportes, con lo cual el aumento en el tránsito vehicular que traerán los desarrollos urbanísticos a las zonas rurales y urbanas agravará el congestionamiento que gobierna nuestras calles.

Esta normativa a punto de estrenarse se mete también en lo laboral, acosando psicológicamente al personal de la SETENA, al imponer plazos más cortos en los procesos de las Evaluaciones de Impacto Ambiental, EIA, desconociéndose si esto puede ser posible y amenazando al personal con procesos disciplinarios.

En sentido contrario caminan las cosas para los desarrolladores, a quienes este reglamento favorece notoriamente, no solo porque disminuye en gran medida el papeleo para los permisos y los controles sobre ellos de parte de la SETENA, sino que les baja las penas, les suaviza las sanciones en caso de incumplimiento.

En lo referente a los descuidos, la publicación de este documento en La Gaceta adolece de algunos anexos citados en sus artículos. Según estos, en determinados anexos deben figurar determinados formularios para ser llenados antes del inicio de algún proyecto.

Por si fuera poco, el derecho de los ciudadanos a ser debidamente informados se violenta en el reglamento, al eliminar de sus regulaciones el acceso a un medio impreso donde poder enterarse sobre el desarrollo de proyectos.

El nuevo reglamento de la Setena es un mamotreto eliminador y facilitador de trámites a favor de una minoría, que no contempla, sino más bien excluye, los intereses y derechos de las mayorías, así como deja indefensos los recursos naturales, pasando por encima de leyes, convenios internacionales y principios de la Constitución Política de Costa Rica.

Ante sus enormes deficiencias y parcialidades y ante las graves repercusiones socioambientales a que conllevaría esta normativa, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) ha decidido estrenarse hoy como figura ambientalista y solidaria, apoyando la iniciativa del también nuevo grupo ecológico Káñik.

Seremos sus cómplices en esta acción ante el Poder Judicial, una acción de inconstitucionalidad contra el reglamento 43898 sobre la cual les hablará a continuación su abogado, Msc. Juan Diego Quirós.

Le invitamos a ver el video con la exposición.