Comunidades costeras como Jacó, Quepos, Tivives, Uvita, Sámara y Tamarindo han estado trabajando incansablemente en la definición de rutas de evacuación, la creación de materiales educativos y la realización de actividades de divulgación, con el objetivo de estar preparadas ante la posible amenaza de un tsunami.
Este esfuerzo conjunto, apoyado por el Sistema Nacional de Monitoreo de Tsunamis de la Universidad Nacional (SINAMOT-UNA), y la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), ha rendido frutos notables, pues estas comunidades cuentan con el reconocimiento «Tsunami Ready» otorgado por la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO (IOC/UNESCO). Este reconocimiento tiene como objetivo aplaudir los esfuerzos de las comunidades para minimizar los riesgos y daños causados por los tsunamis, promoviendo la preparación y la conciencia en caso de que ocurra un evento de tal magnitud.
Silvia Chacón, coordinadora del SINAMOT-UNA, destacó que este logro es un tributo al trabajo conjunto de las comunidades y sus organizaciones, incluyendo los Comités Municipales de Emergencia (CMEs), Comités Comunales de Emergencia (CCEs), Asociaciones de Desarrollo Integral (ADIs) y ASADAS. Incluso las escuelas y hoteles de ciertas localidades, como Sámara y Tamarindo, se han involucrado activamente en este proceso. El compromiso de estas comunidades y su disposición a prepararse para enfrentar situaciones críticas ha sido fundamental.
El esfuerzo continuo de estas comunidades refleja su compromiso con la seguridad de sus habitantes y su disposición a afrontar desafíos para garantizar una respuesta efectiva ante cualquier eventualidad.
“El trabajo en conjunto que hemos realizado en el comité comunal de emergencias de playa Hermosa con la Universidad Nacional, ha sido desde principios del 2021. El Sinamot es el programa especializado para preparar a las comunidades para las emergencias de tsunami en nuestras costas costarricenses. El primer paso es hacer una cartografía, entonces hicimos un taller de cartografía en el cual participó toda la comunidad, por las circunstancias lo hicimos de manera virtual y lo pueden ver en nuestra página web. El resultado de este trabajo
conjunto ha sido obtener el reconocimiento que otorga la UNESCO de Tsunami Ready, entonces ahora playa Hermosa es una comunidad Tsunami Ready”, dijo María Marta Alfaro, del Comité de Emergencias de Playa Hermosa.
A la fecha, el país cuenta con 10 comunidades reconocidas con Tsunami Ready:
Después de un diagnóstico exhaustivo de la zonificación y reglamentos del Proyecto de Plan Regulador Costero, que la Municipalidad pretende implementar en las áreas costeras de ZMT de Cahuita, me siento obligado a levantar mi vos como Cahuiteño de Tercera Generación, para recordarles lo siguiente:
Llevamos más de un SIGLO luchando por la seguridad jurídica de nuestras tierras.
Si nuestros padres, abuelos y bisabuelos NUNCA se arrodillaron ante los grandes inversores externos, tampoco deberíamos hacerlo nosotros ahora.
Nos enseñaron a comerciar de pie con aquellos que consideraban dignos de ser sus vecinos; pero nunca forzados por funcionarios públicos que se jactan de normas legales que ellos mismos u sus superiores han promulgado.
Ahora, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y el Concejo Municipal de turno en una desvergonzada colusión sin precedentes, con un puñado de empresarios “quienes presumo ser honorables sin codicia u avaricia y de sobrado escrúpulos” quieren imponernos quiénes serán nuestros vecinos en el futuro, mediante una “CONCESIÓN” Municipal.
Si se permite eso, sería la RENUNCIA de uno de los valores fundamentales de nuestra cultura: la libertad de elegir a quién queremos como vecino.
Las fuerzas de la corrupción siempre han aparentado ser poderosas e invencibles, pero no permitas que sus amenazas te intimiden, siempre recuerde que:
«Caerán a tu lado mil, y diez mil a tu diestra; más a ti no llegará. Seguramente con tus ojos mirarás Y verás la recompensa de los impíos.” (Salmo 91).
Cahuita NO se rendirá:
UNIDOS VENCEREMOS.
Publicado por Bernando Archer Moore en su espacio de Facebook, compartido con SURCOS por Marco Palma Leiva.
Artistas en defensa de las comunidades y la naturaleza del Caribe Sur, contra la propuesta del plan regulador Costero, ver en video
En la audiencia pública del pasado viernes 4 de agosto, las comunidades lograron mostrar su desacuerdo y descontento a la propuesta del plan regulador costero que el INVU, ICT y Municipalidad de Talamanca, desean imponer en las comunidades costeras del Caribe Sur sin haberles consultado durante el proceso. El periodo de ajustes y modificaciones antes de la aprobación definitiva y publicación oficial del plan fue definido aproximadamente para 6 meses más, mismo periodo que se presenta para las nuevas candidaturas y elecciones de alcaldías.
Así se manifiestan distintas personas artistas sobre el Plan Regulador propuesto por la Municipalidad de Talamanca, que según las personas opuestas “amenaza con acelerar la destrucción de los ecosistemas y desplazar a las comunidades que allí habitan para dar paso a la instalación de megaproyectos hoteleros en beneficio de un pequeño sector empresarial, como ya ha sucedido en otras localidades del país”.
El Plan Regulador propuesto ha encontrado mucha resistencia en las vecinas y vecinos, principalmente por no haber sido construido en conjunto de la comunidad del Caribe Sur ni haber realizado el proceso de consulta debido a las comunidades tribales y de pueblos originarios que se verían afectadas.
Es uno de nuestros mayores atractivos en el país, por favor, ¡no lo destruyamos! – Arabella Salaverry, escritora y actriz, contra la aprobación del nuevo Plan Regulador.
El músico y compositor nacional Rialengo también asegura “los cambios políticos y de legislaciones deben hacerse en compañía de las comunidades, por eso no queremos un plan regulador impuesto, sino queremos uno participativo”.
Para el gremio artístico “es precisamente en el Caribe Sur que se encuentra el arrecife de coral más grande del país, así como uno de los pocos y exuberantes bosques costeros que quedan en nuestras costas y que se verían afectados por la magnitud de las construcciones hoteleras y edificios que se proponen desde el PRC. “Nuestro territorio debe ser tratado con respeto a sus habitantes originales, a la fragilidad de la flora y fauna. Esta no es la forma de desarrollo que queremos los habitantes del Caribe Sur” DJ Fauno, artista costarricense.
Aristas hacen un llamado urgente a la Municipalidad de Talamanca a no ser cómplice ni aprobar el PRC que amenaza a las comunidades tribales caribeñas y sus ecosistemas. El impacto que la actual propuesta del Plan Regulador tendría sobre la naturaleza podría ser irremediable. ¡No abramos la puerta a un desarrollo descontrolado a manos de grandes trasnacionales que únicamente vienen a convertir nuestros paraísos en miniciudades! Podemos hacer las cosas de forma equilibrada y en armonía con la naturaleza – Aldo Salazar, artista y arquitecto.
Selva, flora, fauna corales y calma – Canta Flora, recordándonos que es precisamente su naturaleza la que dota al Caribe Sur de sus cualidades únicas.
La organización comunitaria se vuelve imprescindible en la defensa de nuestro territorio, de nuestras prácticas ancestrales, de nuestra cultura y nuestra soberanía. Lo que no se defiende, se pierde -Nos recuerda Fabián Pacheco, ecologista del Bloque Verde y percusionista- Es muy importante organizarse por la defensa del bosque que da vida al Caribe Sur.
El actual PRC es un atropello a los derechos del pueblo de Cahuita, apunta Alessandra Bucci, pintora que se ha encargado de retratar en sus cuadros las historias y paisajes de este hermoso pueblo.
¡Mi tierra no se vende! ¡Mi tierra no se explota! – Canta Fercho, en sintonía con lo que exigen estas compañeras y compañeros de lucha.
Esta campaña de este importante sector está motivada por el Movimiento Cahuita Unida que al unísono se une al canto del sector diciendo “NO a este plan regulador y sí a uno que respete los ecosistemas, la vida silvestre y a las poblaciones locales, tribales y ancestrales”.
Las y los artistas participantes: Danny Williams, Arabella Salaverry, Fabián Pacheco, DJ Fauno, Karimel, Rialengo, Flora, Fercho, Aldo Salazar, Alessandra Bucci y Richy.
Grupos organizados y comunidades insistirán en exigir otro plan regulador participativo en la audiencia pública sobre Plan Regulador Talamanca
Audiencia es un simple trámite y formalismo donde ya todo está definido.
Todas las instancias que “evaluarán” la audiencia ya han adelantado criterio a favor de este plan regulador.
¿Qué valor le dan a lo que piensa la gente de la comunidad, si de antemano ya dieron su criterio favorable?
Las Organizaciones agotarán el debido proceso para demostrar en tribunales las irregularidades que hacen inviable este plan.
Hoy viernes 4 de agosto se desarrollará una audiencia pública convocada por la Municipalidad en plaza de fútbol de Hone Creek a partir de la 1pm, en el marco del proceso de aprobación del plan regulador Costero.
El Movimiento Cahuita Unido que encabeza la oposición al plan aseguro que “durante las última tres semanas las fuerzas vivas de la comunidad del Caribe Sur tratado de estudiar un plan regulador en condiciones de amplia desigualdad, con poco y difícil acceso a la información y la documentación, sin conocimiento técnico y sin espacios verdaderos de diálogos con la Municipalidad”.
Sentencia que “sabemos que el MINAE, el INVU, el ICT y hasta el propio presidente de la República están totalmente parcializados a favor de este plan. No es válido que una de las partes que evalúa el plan sea la misma que lo hizo, es decir el INVU, que actúa en este proceso como juez y parte, evidenciando que ya de antemano, el plan está aprobado nada más por cumplir el requisito, sin importar lo que pase en la audiencia, ni lo que piensen las personas locales”.
Afirman que “Las organizaciones vamos con la claridad de que la audiencia es un trámite para agotar la vía administrativa y revelar toda esta orquestación de voluntades institucionales a los tribunales de Justicia, donde objetivamente el plan no pasará. Por eso queremos decir fuerte y claro que vamos a denunciar con toda la información que obtendremos sobre las irregularidades que presenta este Plan regulador.
Fueron tajantes afirmando que “durante esta tramitación se evidencia como el MINAE, desconociendo sus mismas instancias como SINAC, se presta para maquillar el plan y eliminar humedales que propone hacerlos, condominios, hoteles, estacionamientos o áreas de turismo. El INVU juega en dos bandos, como una “consultora” haciendo el plan y después aprobándolo. La municipalidad, como siempre, hace cosas que nos producen desconfianza y poca credibilidad. Esta municipalidad está tomada por un grupo inescrupuloso que no da la cara, no abre espacios de diálogo y discusión, ignora a la comunidad indígena de Kekoldi, y no trabaja para los intereses ciudadanos del cantón”.
Mientas aseguran que: “el ministro de Ambiente, adelanta su criterio igualmente como el presidente de la República aprobando un plan sin siquiera conocer los antecedentes de participación ciudadana. Entonces nos preguntamos ¿qué valor le dan a lo que piensa la gente de la comunidad, si de antemano ya dieron su criterio favorable?”.
Recuerdan que las personas que habitan el Caribe Sur “siempre hemos tenido en contra a las instituciones, sea por acción, por ausencia y omisión, nunca las cosas nos han caído de cielo, todo ha sido luchas y organización, por eso no es extraño nuevamente tener este sentimiento de orfandad institucional, de siempre tratar de “convencer” al Estado que nos respete y que queremos un modelo acorde con esta diversidad histórica, cultural y ecológica”.
Por eso hacen el llamado a las personas opuestas al plan “que seamos vehementes, que dejemos marcada nuestra posición en las actas, pero no creamos que vamos a ganar esta lucha en la audiencia, la lucha es más larga y lo que nos toca es juntar fuerzas y pasar a las siguientes instancias buscando la justicia que nos han negado en este proceso. No hay que caer en provocaciones porque del discurso de miedo que hemos visto en los últimos días y de los intereses que apadrinan el plan, está haciendo solo ruido”.
También afirma que frente a toda esta orquestación y premura “nos han hecho más fuertes, hemos despertado un alegre movimiento comunitario, de todas las edades y colores, al son de calypso, del arte, de la colaboración y la solidaridad. Cantamos, marchamos, visitamos a nuestros vecinos y vecinas, conocemos habitantes nuevos, ponemos recursos de amparo, ganamos el debate público, estudiamos juntos y crecemos como comunidad. Somos más y más fuertes”.
Cierran su manifiesto afirmando propositivamente que “porque ya no le tenemos miedo a la Municipalidad y su arrebatador plan, estamos dispuestos a promover con mucha responsabilidad y con la fuerza que hemos acumulado, otro plan regulador arrancando desde las bases y las necesidades de toda la comunidad afro, indígena y todas las otras personas del distrito. Creemos en otro plan que sea justo y participativo, que nos devuelva la esperanza”.
Elaborado con apoyo del proyecto Geografía y Diálogo de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios rurales de Costa Rica (ED-3526) del Programa Kioscos socioambientales y la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica.
Una herramienta de la plataforma Google Maps realizada por el geógrafo Pablo Zagt Hernández dejó en evidencia el traslape de la zonificación propuesta por el Plan Regulador Costero Cahuita sobre humedales inventariados por el SINAC en 2021. La Municipalidad, en conjunto con el INVU, no justificaron las razones de esta importante omisión que, de concretarse, podría configurar un delito.
Este proceso de destrucción de los humedales fue también evidenciado en este estudio del SINAC y es posible que se llegue incluso a contar con permisos de construcción municipal, lo cual constituye una “licencia” para la destrucción de humedales que quiere generalizarse por medio del Plan Regulador.
Según este informe, el área total de los 13 humedales suma 165,12 hectáreas, lo que representa un 34% de la superficie total de la Zona Marítimo-Terrestre estudiada. Estamos hablando de un área importante que según la zonificación propuesta terminaría destruido. Esa destrucción constituye un delito que estaría siendo concretado mediante el Plan y avalado por el Minae e INVU. Es importante aclarar que solo una fracción de estos 13 humedales fueron clasificados en la zonificación como zonas de patrimonio natural del Estado o áreas de protección, como se puede contrastar en el visor elaborado por Zagt.
Navegar por la herramienta es fácil desde una computadora y ha permitido a las personas hacer el trabajo que le correspondía a la municipalidad de informar a las comunidades de cuáles son las actividades propuestas en la zonificación. Esta es una herramienta en construcción y se pretende que las mismas personas puedan ir completando información como, por ejemplo, denuncias que han realizado COVIRENAS, la identificación de otras zonas de importancia cultural o evidenciar las irregularidades como sucede con los humedales.
Dos ejemplos de traslape en humedales. La herramienta permite ver con facilidad la forma en la que uno de estos humedales (que además es bosque y estaría en el área de amortiguamiento del Refugio Gandoca Manzanillo) es propuesto como un estacionamiento ( Ejemplo 1). Esto refleja un cambio de uso de suelo de bosque y destrucción de humedal, que constituyen delitos penados por ley. Además, desecar un humedal no solo impacta el área en sí, ya que al mismo tiempo se debe rellenar, lo que llevaría a cabo un impacto en el límite del refugio se impactara este ecosistema. Esto se puede evidenciar en la siguiente imagen comparando el estudio de humedales y la propuesta de zonificación a partir de la herramienta del geógrafo Zagt.
Como se puede observar, este estacionamiento impactaría la misma entrada principal del Refugio Gandoca, cuando en un círculo amarillo se ve otra zona ya impactada que, si bien esta fuera del área marítima y del plan, podría ser una alternativa a la propuesta de destruir el humedal.
Otra gran área invadida por la zonificación es el sector conocido como Playa Grande, Almendros y Corales (Ejemplo 2). Esta es la parte de humedal más grande que aún queda en la costa, con una cobertura de 44 hectáreas que es donde pareciera haber mayor interés aprobación del Plan Regulador, pues ya es posible ver en internet megaproyectos inmobiliarios en venta. Como puede apreciarse en la imagen comparativa unas pequeñas partes en amarillo son declaradas como área de protección y Patrimonio Natural del Estado, mientras en anaranjado viene el destino de esos humedales propuestos por el plan regulador que es: Turístico Baja Intensidad y Área Mixta para el Turismo y la Comunidad. Es decir que la Municipalidad -apadrinada por el MINAE y el INVU- está promoviendo la destrucción del humedal más grande de la zona fuera del Parques Nacional Cahuita y el Refugio de Gandoca. Es importante recordar que este humedal estuvo dentro del mismo Refugio de Gandoca pero fue desafectado mediante una ley específica, que fue declarada parcialmente inconstitucional por no compensar esta regresión ambiental (Delfino.cr, 2019). Es claro que también hay una extralimitación de competencias, pues se modifican áreas de protección por parte de la Municipalidad, que no es la institución autorizada para tal efecto.
Parte del error de omitir estos importantes datos sobre la cantidad de humedales queda de manifiesto en el mapa de humedales que se presenta en el Estudio de Índice de Fragilidad Ambiental (IFA). Este se basa en el mapa de inventario de humedales del SINAC (2017) y no toma la caracterización de humedales del SINAC del 2021, hecha a partir de trabajo de campo y en una escala de más detalle, con pruebas de suelo, entre otras. El mapa de humedales del IFA del PRC se basa en una escala nacional que, aunque se puede considerar como información de apoyo, no se puede considerar como la información definitiva, dado que no tiene un alcance local y no se basa en interpretación de imágenes satelitales y verificación de campo con muestras de suelo, lo que hace que la zonificación propuesta termine siendo al menos irregular, y delito si llegara a aplicarse.
La herramienta fue solicitada por el Movimiento Cahuita Unida al geógrafo Zagt, quien actualmente colabora desde los Países Bajos donde está cursando la maestría en Geografía Política en la Universidad de Ámsterdam. Zagt habría realizado su tesis de licenciatura sobre las Multiterritorialidades del Mar en Cahuita, en el cual se analizan las relaciones territoriales mediante los usos, discursos y representaciones visuales por parte de diferentes agentes territoriales. Como parte de los resultados, esta investigación evidencia que el mar se ha concebido como un espacio vacío de personas pero lleno de biodiversidad y recursos naturales por parte de agentes hegemónicos, como el Estado, organizaciones internacionales y empresas transnacionales. Este “vaciamiento” del mar se ha encargado de invisibilizar la producción territorial por parte de la comunidad, quienes han tejido meticulosamente relaciones con el mar desde el siglo XVII, con sus propias epistemologías locales e integrando el mar como un espacio habitado. El mar pasa a ser entonces un territorio disputado entre su modificación para ser convertido en la nueva frontera neoliberal y las identidades territoriales por parte de la comunidad de Cahuita.
Para Zagt “este Plan Regulador parece obedecer esta lógica de invisibilizar a las comunidades, de ignorar sus modos de vida, y de irrespetar espacios protegidos para poder cumplir con una agenda meramente comercial. La historia se repite. No es la primera vez que las comunidades del Caribe sur se enfrentan a proyectos promovidos por el mismo Estado. Recordemos la imposición sin consulta del Monumento Nacional y el Parque Nacional Cahuita en la década de los 70s, donde personas se vieron forzadas a abandonar sus hogares; o el cambio en la tarifa de entrada al Parque Nacional Cahuita en la década de los 90s que iba a afectar el turismo, la principal fuente de ingreso de la comunidad; o la vez que, nuevamente sin consulta, se querían realizar proyectos petroleros a principio del milenio en las montañas de Talamanca y en los mares”.
El Segundo Foro Anual sobre Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en Asuntos Ambientales de América Latina y el Caribe se realizará entre los días 26 y 28 de septiembre de 2023, en la Ciudad de Panamá, Panamá
Organizan: CEPAL, en su calidad de Secretaría del Acuerdo de Escazú, en alianza con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Gobierno de Panamá, y el apoyo del Banco Mundial.
En el Segundo Foro que tendrá lugar en la Ciudad de Panamá entre el 26 y el 28 de septiembre, se abordará la situación de las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, se compartirán experiencias y buenas prácticas en la promoción, prevención y protección de las personas defensoras del ambiente, y se continuarán las discusiones y consultas del Plan de Acción.
Objetivos del Segundo Foro Anual
a. Reflexionar y sensibilizar sobre la situación y riesgos que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales de América Latina y el Caribe.
b. Conocer los mecanismos e iniciativas de promoción, prevención y protección de personas defensoras, existentes en el mundo y en la región.
c. Contribuir a fortalecer las capacidades y la cooperación entre las Partes, del público y otros actores clave en la materia.
d. Discutir y recibir propuestas para el Plan de Acción en las mesas de trabajo con todas las personas participantes.
Las conclusiones del foro y las mesas de trabajo se plasmarán en un informe final que servirá como insumo para la elaboración y revisión del plan de acción por parte del Grupo de Trabajo.
Modalidades de trabajo
El día 26 de septiembre habrá espacio para reuniones preparatorias previas al Foro. El 27 de septiembre se dará inicio al Foro y tendrá un formato de plenaria, donde a través de paneles de expertos, mesas redondas de discusión y testimonios seleccionados se buscará profundizar en la temática y dar a conocer el estado de situación de las personas defensoras en la región, identificar nuevos desafíos y las iniciativas o mecanismos nacionales y regionales de protección existentes en la materia.
Durante el día 28 de septiembre, se llevará a cabo una discusión focalizada del plan de acción, donde habrá mesas de trabajo centradas en cada uno de sus ejes y que reportarán sus resultados al pleno.
El foro será presencial con transmisión en vivo.
Las mesas de trabajo serán presenciales y virtuales, las cuales funcionarán en forma paralela.
Habrá interpretación simultánea español-inglés.
Panelistas y público objetivo
En el Segundo Foro participarán las Partes del Acuerdo de Escazú, especialistas reconocidos en el tema, actores clave, y el público en general, especialmente, personas defensoras de derechos humanos, pueblos indígenas y comunidades locales y personas o grupos en situación de vulnerabilidad que defienden el medio ambiente.
Participación y registro
Habrá cupos para la participación del público de manera presencial en todo el Foro (incluidas las mesas de trabajo), previo registro y confirmación de su acreditación, según el espacio disponible en el recinto del evento.
Adicionalmente, se habilitará la participación virtual del público en las mesas de trabajo durante el segundo día del Foro (28 de septiembre), previo registro.
El calypsonian Danny Williams alzó su voz e instrumentos para lanzar un mensaje contra el Plan Regulador de Talamanca que tan preocupados y movilizados tiene a los habitantes del Caribe Sur.
Para Williams “En Cahuita no hay que demostrar de que somos pueblo tribal, también somos ancestral y nos deben de respetar”, esto refiriéndose a la certeza que tienen los habitantes afrodescendientes que sus ancestros llegaron de África en 1710 y “en la comunidad de Cahuita se afincaron”, como dice el calypso de moda en Cahuita y el Caribe Sur.
Danny que es uno de los fundadores del grupo Kawe Calypso asegura al son del quijongo que “el convenio 169 un instrumento internacional da protección a pueblos tribales y también a los ancestrales”. Recuerda que existe la ley 35 que en 1915 declara a Cahuita ciudad y “nos dan la seguridad” y rematando con el llamado que “los costeños somos humanos, aquí vivimos como hermanos y si siguen con los maltratos iremos a derechos humanos”.
Este calypso fue grabado recientemente en Cahuita con participación de personas de toda la comunidad como se puede ver en el video adjunto niños, jóvenes y músicos de gran trayectoria en el movimiento cultural que acompaña el calypso. Actualmente se está trabajando en la edición de un video con la pista musical.
Los calypsonian como Willians convierten sus vivencias, problemas y alegrías en canciones, como lo hace Kawe Calypso que, desde el año 2000, nació en el Caribe Sur de Costa Rica para rescatar la música calypso y todas las tradiciones que le rodean la vida costeña, como lo hizo Walter Ferguson en su calipso “Cabin in the Wata” donde relata la protesta de Mister Bato que al ser desplazado de lo que actualmente es el Parque Nacional, decidió construir su casa en el agua.
En más de dos décadas Kawe Calypso ha logrado además de ser una de las mejores bandas de calypso del país y proyectar su música no solo en los festivales de calypso y si no en muchos países de Europa y América Latina. Además, enseñarles a las nuevas generaciones que esta música es para personas de todas las edades. Sus integrantes tienen muchas más décadas de estudiar, promover, tocar y enseñar el calypso y han logrado de apoco revitalizar la cultura alrededor del calypso.
Danny creció en Cahuita y en la década de 1970 con la desaparecida “Buda Band”, una de las agrupaciones más famosas de Calypso de todos los tiempos en Costa Rica.
Una serie de composiciones musicales de «Danny» Williams, vocalista de la banda, ha actualizado el repertorio de calypsos costarricenses, entre las cuales sobresalen temas como «Segundo, the father of calypso» homenaje a Mr. Walter Ferguson, «Buda Band», y «Pandemia» entre otras. (ver más en La Historia de Kawe Calypso)
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Elaborado con apoyo del proyecto Geografía y Diálogo de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios rurales de Costa Rica (ED-3526) del Programa Kioscos socioambientales y la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica.
Las imágenes son impactantes. Vimos la “cabezas de agua”, el deslizamiento y el desbordamiento del río Aguas Zarcas producto de la influencia de la tormenta tropical n.º 22, dichosamente el saldo son sólo daños materiales. Pero la situación sería completamente diferente sí se hubiera permitido que la empresa Eurospect S.A. se instalara en la parte alta de, lo que hoy es, el Parque Nacional del Agua Juan Castro Blanco. Ésta compañía para 1989 ya había obtenido los permisos gubernamentales para explotar 4 kilómetros cuadrados y sacar azufre, oro, plata y arenisco mediante minería a cielo abierto.
La mega mina no existe hoy gracias a la lucha de Comité Pro-Defensa dela Zona Protectora Juan Castro Blanco que iniciaron con manifestaciones pacíficas en el Parque de Ciudad Quesada donde participaron estudiantes universitarios y de secundaria, dirigentes políticos y religiosos, pastorales sociales. Entre ellos Carlos Murillo Ulate, fundador de la Organización Ambientalista Unión Norte por la Vida (UNOVIDA). Murillo fue un reconocido ambientalista local que desde la década de los años 70s había librado luchas importantes contra la extracción de madera justamente en los cerros de los que hoy se conoce como el Parque del Agua.
La lucha contra la empresa minera Eurospect y el gobierno duró desde 1989 hasta 1992. En estos tres años la organización comunal logró aglutinar a cientos de sancarleños y sancarleñas bajo la consigna de defender la “Montaña Sagrada”. Para junio de 1990 conforma la Asociación Ecologista de la Zona Norte (EZONO) que desarrolló campañas de información a través de la radio, mesas redondas, mantas, volantes, manifestaciones y visitas a organizaciones aliadas con el fin de no permitir la minería y que la zona pasara a ser considerada un área de conservación con categoría de parque nacional.
Como requisito previo a la explotación, la empresa estaba obligada presentar un estudio de impacto ambiental que debería ser aprobado por Ministerio de Recursos Naturales Energía y Minas (MIRENEM), antecesor del actual MINAE. Para la normativa de esa época, era preciso que dicho estudio fuera analizado por una Comisión Gubernamental de Evaluación y Control de Estudios de Impacto Ambiental. La presión social y comunitaria hizo que esta comisión no diera el visto bueno a la empresa Eurospect y se archivara el proyecto. Gracias a esa lucha, en junio de 1991 la Asamblea Legislativa crea el Parque Nacional del Agua Juan Castro Blanco llegando a tener 14.258 hectáreas de extensión.
Una vez más, es gracias a las luchas comunitarias que hoy el país no sufre de un grave accidente minero. Tragedias como la ocurrido en Brumariño en el estado de Mina Gerais en Brasil. Responsabilidad de la empresa Vale, este desastre minero ocurrió a inicios de 2019. En donde murieron a casi 300 personas, contaminó con miles de toneladas de residuos tóxicos y lodos con metales pesados.
Se puede uno imaginar cuán distinto sería el panorama hoy, sí Eurospect hubiera deforestado y escarbado esas 400 hectáreas e instalando quién sabe cuántas lagunas de relaves que terminarían por precipitarse sobre los ríos y más abajo sobre las poblaciones.
Es verdad que en Aguas Zarcas hay perdidas materiales y un clima de riesgo para su población. Pero sin duda de haberse instalado Eurospect en lo alto del cerro el impacto de este desastre nos sería insufrible. Esta país es lo que es, en parte, por las luchas comunitarias en defensa de los bosques y los ecosistemas.
Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)
Fueron episodios aislados pero algo los conectaría: las variables socio ambientales ya están presentes irreversiblemente en las dinámicas de las movilidades poblacionales en Costa Rica.
Los recientes episodios de altamarea en la costa pacífica, concretamente en el puerto de Caldera, evidencian una dinámica cada vez más presente en las costas globales: el continente está siendo alcanzado por el océano y con ello disputa a las poblaciones su estabilidad.
Lo de Caldera es ya un asunto recurrente y debería ser objeto de una intervención interinstitucional que no solo observe cómo las olas rompen las estructuras de concreto y cemento, sino cómo la dinámica del calentamiento global (que ahora pasó a la etapa de ebullición global según el Secretario General de Naciones Unidas Antonio Guterres) provoca los desequilibrios entre las condiciones de habitabilidad y los seres humanos.
El segundo hecho pasó hace apenas unos días en el norte costarricense, concretamente en Aguas Zarcas, donde la acción devastadora de la furia de un río convertido en cabeza de agua se sumó a la absoluta falta de previsión histórica para construir en sitios no aptos para el establecimiento poblacional. No hubo víctimas que lamentar, pero si muchas pérdidas materiales y la amenaza que, contrario a lo que plantean las autoridades gubernamentales y municipales, lo peor está por venir.
En un informe preparado hace algunos años recientes por la abogada española Beatriz Felipe Pérez, se incluye el término migrante climático, que sería aquella: «Persona o grupos de personas que, debido a la degradación ambiental relacionada con el cambio climático, de aparición repentina o de desarrollo lento, que afecta negativamente a su vida, se ve ante la necesidad de abandonar su hogar, temporal o permanentemente, de manera individual o colectiva y a nivel interno o internacional».
Bien haríamos en Costa Rica (y en el conjunto de la región centroamericana) empezar a discutir estos conceptos e incorporarlos como parte de las discusiones orientadas a generar políticas públicas.
El desplazamiento ambiental ya está entre nosotros. Es urgente su atención.
El día de hoy habrá una importante movilización de las comunidades del Caribe Sur que realizan una caravana saliendo de Puerto Viejo y Cahuita a las 2 pm para llegar a la Municipalidad en Bribri donde manifestarán su desacuerdo contra el Plan Regulador Costero (PRC).
¿Porque están opuesto? De frente a las propuestas establecidas en el Plan Regulador Costero (PRC) que podrían transformar al Caribe Sur de todas esas características que lo hacen único como destino turístico, la Asociación Talamanqueña Ecoturismo y Conservación (ATEC) demanda el respeto y protección de la naturaleza y formas de vida Caribe Sur y sus comunidades.
En una carta dirigida a la Municipalidad de Talamanca, ATEC denuncia la ausencia de consulta y participación ciudadana que hubo en la creación de dicho Plan Regulador. Los modelos de megaturismo promovidos desde el actual PRC, además de no haber sido construidos de la mano de las comunidades protagonistas de la zona, amenazan con hacer que el Caribe Sur deje de ser un sitio único ecológica y culturalmente único, sino que podrían crear mayor presión sobre la naturaleza, acelerar la destrucción de los ecosistemas locales y encarecer las condiciones de vida de las comunidades que allí habitan.
ATEC, en cambio, propone crear estrategias desde el ecoturismo que trabaja desde la intención de proteger los ecosistemas, preservar los estilos de vida de las comunidades habitantes de las zonas y crear formas auténticas y orgánicas que inviten a las personas turistas a seguir visitando las localidades.
La Asociación recuerda que, si bien es importante el fortalecimiento turístico y económico de las comunidades, este debe realizarse de manera responsable, informada y tomando siempre las voces de quienes allí habitan como pilar fundamental en la construcción de los Planes Reguladores.
Recuerda la organización que “en el año 2004 la comunidad de Puerto Viejo entregó una propuesta de Uso de Tierras y de zonificación a la Municipalidad de Talamanca y al ICT como contra propuesta a la del ICT de 2003, elaborada por una comisión de trabajo del pueblo, y aprobada por la ADI PV de entonces”.
Por su parte, el Movimiento Cahuita Unido compartió también un posicionamiento político expresando sus principales preocupaciones ante la propuesta del PRC. En este afirman que la Propuesta del Reglamento y Zonificación del Plan Regulador representa una amenaza directa para su cultura, seguridad territorial, autonomía sobre sus territorios y prácticas comunitarias. Es imprescindible reconocer y visibilizar a las comunidades afrodescendientes e indígenas que históricamente han habitado los territorios del Caribe Sur, por tanto, son ellas quienes deberían estar involucradas en la toma de decisiones que afectarán sus pueblos.
Dentro de las irregularidades y problemáticas que rodean la actual propuesta del PRC, el Movimiento Cahuita Unido destaca que la ejecución del PRC en Cahuita se haría a costa de reubicaciones, demoliciones de sus casas y negocios, el despojo de sus tierras, así como la negación que se hace desde el documento de la inminente escasez de agua que se desataría al tener que abastecer el desarrollo turístico de alto impacto. Los arrecifes y la barrera natural coralina estarían aún más desprotegidos, así también los humedales, la flora y la fauna costera.
La preocupación ante la posible aprobación del PRC ha generado gran movimiento y alerta entre las comunidades de la zona, a la que también se une Talamanca Siempre Verde, colectivo de carácter socioambiental originario del distrito de Cahuita.
De cara a las disposiciones del PRC presentadas por la Municipalidad del pasado junio, el colectivo salió a defender el respeto y la defensa de la autonomía del pueblo originario Kéköldi, Bribri, Cabécar de Talamanca y la Comunidad Tribal Afro oriunda de los pueblos del Caribe Sur, cuya subsistencia y prácticas socioculturales se verían desplazadas por los proyectos de mega turismo.
Cómo afirman desde Talamanca Siempre Verde, la propuesta también falla en reconocer los más de 15 humedales presentes en las zonas afectadas, al utilizar mapas incorrectos que solo reconocen 2 de ellos. También se ignora la decisión de la Sala con respecto a los límites del Refugio Silvestre Gandoca-Manzanillo, declarado por la Ley Céspedes como inconstitucional.
Finalmente, preocupan las intenciones detrás de este ordenamiento territorial que sacrifica el equilibrio ecológico, los comunes naturales y el bienestar de los vecinos y vecinas conforme a disposiciones decididas entre el gobierno y grandes inversionistas del sector turístico.
En este escenario es que las tres agrupaciones solicitan que se suspenda la audiencia pública convocada para el día 4 de agosto del 2023 a tomar lugar en Hone Creek a la 1:00 p.m, hasta que se cumplan los debidos requisitos de participación ciudadana. Se solicita también la creación de grupos que tomen en cuenta representantes de las poblaciones indígenas, afrodescendientes y la sociedad civil para la creación de un ordenamiento territorial que tengan primordialmente en cuenta el bienestar de las Comunidades del Caribe Sur, así como sus ecosistemas y sostenibilidad económica, fomentando un desarrollo del turismo por y para las comunidades.
Elaborado con apoyo del proyecto Geografía y Diálogo de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios rurales de Costa Rica (ED-3526) del Programa Kioscos socioambientales y la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica.
