La Alianza Nacional Ríos y Cuencas de Costa Rica le invita a participar en el certamen para optar por el Premio Rafael Gallo Palomo: “resguardando el futuro de nuestros ríos”.
En un evento para visibilizar el trabajo realizado por aquellos individuos, grupos asociaciones, programas, proyectos, instituciones o empresas, nacionales o extranjeros, cualquiera sea su campo de trabajo o acción que se hayan distinguido por su labor.
Este premio se realizará el 27 de septiembre de 2023 a las 10 a.m, en la Sala Magna de la Universidad para la Paz (UPAZ).
En su parte alta de la microcuenca ubicada en Salitrillos Arriba el Chiflón (cataratas) se invita este próximo domingo 12 de febrero a la caminata recreativa y de reconocimiento al «Chiflón“, para definir y acordar el trayecto de la ribera del río a limpiar.
Las visitas de limpieza son las siguientes:
Sábado 18 marzo
Sábado 16 de abril
Sábado 6 de mayo
Las salidas hacia la actividad serán a las 8 a.m. en la última parada de buses en Salitrillos Arriba (terminal).
Importante:
Llevar zapatos para caminar en montaña, agua para beber, gorra y protector solar.
Posicionamiento del Encuentro Nacional de Juventudes por el Agua Costa Rica. Sarchí, Alajuela Sábado 28 de enero de 2023
Nosotros jóvenes de diversos lugares de Costa Rica y de Latinoamérica, reunidos en el Encuentro Nacional de Juventudes por el Agua, Costa Rica organizado por la Red de Jóvenes por el Agua Centroamérica, como evento previo a la Conferencia de Naciones Unidas del Agua a realizarse en marzo del presente año solicitamos:
A la Asamblea Legislativa de Costa Rica:
Aprobar el Acuerdo de Escazú, instrumento clave para garantizar el acceso a la participación, la información y la justicia en asuntos ambientales.
Discutir y aprobar una nueva ley de aguas con el componente de gestión integrada de los recursos hídricos que reúna la visión de los diferentes sectores de la sociedad y que incluya mecanismos vinculantes de participación ciudadana.
Al Ministerio de Ambiente y Energía:
Fortalecer el Mecanismo Nacional de Gobernanza del Agua Decreto Ejecutivo N° 41058 — MINAE para que este cumpla su objetivo de establecerse como una plataforma de diálogo e intercambio que permita una incidencia real en la toma de decisión en el sector.
No retroceder en los esfuerzos que ha realizado el país en posicionarse como líder en la lucha contra el Cambio Climático y ejercer una posición crítica de cara a la COP 28 que permita avanzar en la reducción de emisiones provenientes del sector de hidrocarburos.
Al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos:
Realizar acciones de fortalecimiento del sector de la gestión comunitaria del agua, para aumentar su resiliencia y facilitar el establecimiento de sus propios mecanismos de gestión y sostenibilidad a través del trabajo asociativo por medio de sus Federaciones, Ligas y Uniones, así como de la creación de sus Centros de Sostenibilidad.
Al Ministerio de Salud, Dirección de Aguas del MINAE y operadores del servicio de agua (AyA, ESPH, Municipalidades y ASADAS)
Comprometerse a articular acciones alineadas al cumplimiento de Políticas Nacionales de saneamientos de las aguas residuales.
ENCUENTRO NACIONAL DE JUVENTUDES POR EL AGUA, COSTA RICA .2023
Mejorar los mecanismos de monitoreo y control de vertidos de aguas residuales sin tratar que están deteriorando la calidad del agua de ríos y playas del país.
Buscar estrategias para mejorar la eficacia de los sistemas de tratamiento individuales (tanques sépticos y drenajes) e implementar soluciones basadas en la naturaleza para el tratamiento de las aguas residuales a corto plazo.
Al Ministerio de Agricultura y Ganadería, Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Salud:
Comprometerse a realizar un análisis exhaustivo de los agroquímicos utilizados en el país que por su alta peligrosidad y riesgo a la salud, han sido prohibidos en otros países y que están generando casos de contaminación de Fuentes de agua en comunidades, como por ejemplo el clorotalonil.
Compromiso de la juventudes:
Desde la Red de Jóvenes por el Agua cuentan con un aliado dispuesto a apoyar, contribuir de manera proactiva e innovadora y construir soluciones colectivas, sin dejar a nadie atrás.
Estamos en disposición de darle seguimiento a estas acciones desde los principios de comunicación asertiva, respeto y transparencia.
Aprobado a las 16 horas del sábado 28 de enero en el cantón de Sarchí, Alajuela.
El Comité Costarricense de Ingeniería Geológica y del Ambiente (COCIGA) y el Colegio de Geólogos de Costa Rica (CGCR), en referente al deslizamiento en la localidad de Altos de Leonamar, Punta Leona, Garabito, Puntarenas, Costa Rica, comunica lo siguiente:
“El jueves 2 de febrero el país se conmocionó con la noticia de que se había producido un deslizamiento de dimensiones considerables (alrededor de 300 m de longitud, según las imágenes Google Earth), en la ladera del sector sureste del desarrollo urbanístico y turístico de Altos de Leonamar, dentro de los predios de Punta Leona, cantón de Garabito, Puntarenas. La ladera, en donde se produjo el deslizamiento, es de pendiente muy elevada, pues se trata de un acantilado costero activo. Se orienta hacia el norte-noroeste y se desarrolló en los suelos residuales de las rocas sedimentarias de la Formación Punta Carballo y aparentemente, también, en rellenos de suelos poco compactados.
El posible origen del deslizamiento se puede asociar con las lluvias abundantes del segundo semestre de 2022. El agrietamiento, probablemente, apareció hacia finales del año pasado y las deformaciones continuaron, posiblemente debido a la presencia de arcillas, por lo que el “factor de seguridad” en la ladera ya era cercano a 1,0. Las vibraciones inducidas, en el terreno, por el sismo del 30 de enero de 2023, pudieron contribuir a acelerar la aparición del deslizamiento (Mw 4,4; profundidad 18,7 km; aceleración 16,1 cm/s -CTP Jacó-; IMMmax = IV-V, según datos del Laboratorio de Ingeniería Sísmica-UCR y de la Red Sismológica Nacional, ICE-UCR).
Los daños visibles indican que, las ocho edificaciones deslizadas no se podrán recuperar y, de la misma manera, la realización de las obras de estabilización de las áreas cercanas será costosa, compleja y riesgosa. Las pérdidas materiales, a la fecha, pueden rondar alrededor de un millón de dólares por propiedad (según el sitio web https://www.2costaricarealestate.com/areas/altos-de-leonamar-punta-leona) y los daños podrían extenderse hacia otras edificaciones cercanas y al ecosistema.
Actualmente no hay información disponible suficiente para analizar los antecedentes de la situación, como por ejemplo del proceso de planificación, desarrollo, diseño, construcción y mantenimiento de los inmuebles dañados y sus alrededores. Sin embargo, de acuerdo con las fotografías y videos, parece haber fallado un muro de contención con anclajes que, según la evidencia, no funcionó como se esperaba.
Es importante destacar que, por supuesto, el deslizamiento ha tenido un impacto sobre el ecosistema de la ladera, la playa y el mar, por lo que el principal perjudicado ha sido el ambiente. Es nuestro deber, como profesionales en el campo de la ingeniería geológica, llamar a la acción y solución urgentes, para no comprometer el resto de las edificaciones. Cabe mencionar que este es un sitio turístico muy conocido y que actualmente cuenta con el galardón de la Bandera Azul.
Con base en lo anterior, será necesaria una auditoría técnica y de procedimientos administrativos para determinar si este desarrollo, así como otros dentro de los predios de Punta Leona, han cumplido con los requisitos y estudios geológicos, geotécnicos, hidrológicos, hidráulicos, sanitarios, ambientales, territoriales y del riesgo. Asimismo, será necesario verificar el cumplimiento de los procedimientos y reglamentaciones municipales, del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, y de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental.
Finalmente, reiteramos el llamado de atención a las autoridades y vecinos para que la solución que sea aplicada permita salvaguardar el ambiente y reducir las pérdidas materiales que se podrían multiplicar en el futuro, así como la promoción vehemente de la gestión del riesgo y en particular, de las consideraciones geológico geotécnicas rigurosas que correspondan”.
Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)
En 2022 la zona pacífica costarricense sufrió constantes embestidas de mal tiempo durante el invierno. Fueron frecuentes las inundaciones, deslizamientos y desplazamientos de población afectada por las dinámicas de eventos naturales que, aunados a la mala planificación territorial, el extractivismo y la rampante actividad económica, convergen en el impacto y la vulnerabilizacion para amplios sectores de población.
La antesala de lo ocurrido hace unos días en Punta Leona, zona ubicada justamente en el Pacífico central costarricense, debe ubicarse en ese contexto previo. El deslizamiento de construcciones ubicadas prácticamente en acantilados debe llamar la atención sobre la intervención técnica y política requirida en contextos sociales, económicos y culturales caracterizados por el cambio y la transición.
El enfoque de la gestión del riego no es un asunto meramente teórico. Es determinante para trabajar procesos de prevención, participación comunitaria y y una intervención viva y horizontal con las poblaciones.
Hace unos años trabajamos en los inicios de un proyecto sobre migración ambiental en Costa Rica. Visitamos la comunidad de Calle Lajas en Escazú, en el centro de la capital, devastada por una cabeza de agua que una noche de intensas lluvias mató 25 personas debido a un feroz deslizamiento. Las personas sobrevivientes fueron reubicadas en un terreno cercano al que le denominaron Lajas Compartir.
Los testimonios recogidos en esas primeras visitas de campo nos asombraron no solo porque los recuerdos de esa noche estaban presentes sino porque la realidad de un desplazamiento es quizá de las experiencias más duras que una persona y una comunidad pueden experimentar.
En Costa Rica, bajo una mirada analítica que aborda la segmentación, la segregación y la desintegración social, sabemos qué hay cientos de territorios desconectados y al borde de la tragedia.
Esos territorios no se ven porque justamente están segregados, pero contienen en sí mismos el riesgo latente de nuevas tragedias socio ambientales si la acción de planificación local y la participación comunitaria no accionan ya estrategias para mitigar los impactos que se avecinan en los próximos inviernos.
La discusión de fondo sobre lo acontecido en Punta Leona recientemente en construcciones notablemente visibles y expuestas al ojo mediático, no solo debería expresar variables sociales o categorías despectivas. Eso es tema para otra columna.
De fondo y de por medio se debe puntualizar la desidia política sobre el territorio y lo que es más grave, sobre las poblaciones que lo habitan. Eso es lo urgente.
El proyecto de Trabajo Comunal Universitario TC-765 Semillero Estudiantil para la Acción contra el Racismo, de la mano con el Observatorio para la Acción contra el Racismo, explican que el racismo ambiental es una discriminación estructurada dentro de las políticas ambientales hacia ciertos grupos sociales, pero también tiene un efecto interseccional impactando en las cuestiones de género e identidad sexual, por mencionar algunas.
Duele la tragedia ajena. Pero hay que decirlo: mientras a decenas de miles de pescadores y posesionarios se les echa de terrenos de playa— por aplicación de los 200 metros de la Ley #6043 y el Patrimonio Forestal de la Ley # 7575– terrenos en los cuales han vivido muchas décadas, o hasta más de un siglo (como el caso de los nativos de Cahuita o Puerto Viejo) o se les niegan sus concesiones, parece que algunas municipalidades tienen dobles estándares y sí permiten urbanizaciones de lujo que están, literalmente, pegadas al mar, violando todas las normas.
El video y las fotos de esas casas derrumbándose (literalmente a 10 o 20 metros en línea horizontal de la pleamar) indica que hubo corrupción en algún lado. ¿Cómo autorizó la Municipalidad esos permisos de construcción? ¿Cómo se obtuvieron los visados del MINAE? ¿Los de SETENA? ¿Cómo se saltaron los 200 metros de la Zona Marítimo Terrestre? ¿Cómo se saltaron el PNM (Patrimonio Natural del Estado) cuando es una montaña arbolada?
Duele mucho más percatarse de que hay dos Costa Ricas. Una que aplica la ley draconianamente a la mayoría de los ciudadanos, a quienes se persigue legalmente, se les expulsa o se les niega concesiones en sus terrenos de toda la vida, y otra Costa Rica que se pone una venda en los ojos y permite hacer de todo a los desarrolladores turísticos e inversores de lujo.
*Texto de Jaime Ordóñez compartido con SURCOS por Flora Fernández Amón y Marco Palma Leiva.
Ante la desidia del Ministerio de Ambiente, se presenta un recurso de amparo ante la Sala Constitucional en contra del ministro por no haber llevado a cabo el Ministerio acciones para recuperar los terrenos que son propiedad del Estado, de acuerdo con la Ley 65 promulgada el 30 de julio de 1888, que declaró desde esa fecha, terrenos inalienables miles de hectáreas para proteger el agua de los habitantes del Valle Central.
¿Será que nuestros antepasados del siglo XIX tenían mayor sabiduría que se interesaron en proteger el recurso hídrico, o eran menos proclives a ceder ante intereses particulares que los gobernantes actuales?
Ya la Sala Constitucional había ordenado en el 2008 al MINAE en resguardo del ambiente, llevar a cabo acciones para recuperar los terrenos de la zona inalienable que se encuentran en manos de particulares, no obstante, a la fecha de hoy, 14 años después de la resolución judicial, ese Ministerio no ha recuperado terreno alguno, lo que ha obligado por medio de solicitud de amparo, recurrir de nuevo ante ese tribunal en resguardo de un derecho sano y ecológicamente equilibrado.
Mediante un formulario, organizaciones, colectivos o agrupaciones e individuos suscriben carta a diputados y diputadas que pretende hacer un llamado a los 57 despachos de la Asamblea Legislativa para que favorezcan una discusión acerca del Acuerdo de Escazú, sana, abierta y basada en evidencia, voten a favor de la moción de ampliación de dicho expediente, mantengan en la corriente legislativa dicho expediente y ratifiquen el Acuerdo a la mayor brevedad posible.
1) La extrema gravedad de la crisis ambiental que hoy la humanidad enfrenta, la cual se manifiesta tanto en el cambio climático, con todas las devastaciones que éste acarrea, como en la extinción masiva de especies animales y vegetales. Obliga invocar el derecho constitucional de un Estado Participativo, como lo establece nuestra constitución política en la gran reforma del 2003, en su Artículo 9.
2) Estamos ante una crisis socio ambiental civilizatoria multidimensional provocada por modelos de desarrollo y estilos de vida que amenazan la base natural, por consiguiente, afectan los factores de producción y las relaciones sociales. El creciente deterioro ambiental ha generado un desequilibrio que repercute en el surgimiento de pandemias, desastres antrópicos con efectos naturales y humanos que ponen en riesgo la vida en la Tierra.
3) Con el amparo de la Constitución Política de la República de Costa Rica toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por lo cual, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado (Artículo 50). El ambiente y la ecología del país deben primar sobre la explotación descontrolada de los recursos naturales y de los denominados comunes globales de la tierra, aguas y el aire, en todo el territorio nacional incluido el territorio marítimo.
4) La Ley Orgánica del Ambiente N° 7554 (Artículo 6) le delega al Estado el fomento de la participación activa y organizada de los habitantes en la toma de decisiones y en la protección del ambiente.
5) Que el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú, es el fruto de una iniciativa que surgió originalmente durante la Conferencia de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (Río+20), en junio de 2012. Fue impulsado por la Comisión Económica para la América Latina (CEPAL), y cristalizó después de un proceso de diálogo y negociación entre los países latinoamericanos, el cual fue liderado por nuestro país en conjunto con Chile.
6) Que el acuerdo ha sido firmado por 24 países, incluida Costa Rica, pero paradójicamente y contradictoriamente nuestro país no forma parte del grupo de 14 países que ya lo ratificaron.
7) El Acuerdo de Escazú tiene como objeto “garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible”, lo cual es congruente con la normativa nacional e ideales de sostenibilidad socioambiental y defensa de los derechos humanos.
8) Que hoy es urgente democratizar la información sobre temas ambientales, propiciar la más amplia educación ciudadana sobre esos asuntos, garantizar mecanismos confiables y transparentes en materia de justicia ambiental, y proteger la vida, y la integridad física y emocional, de quienes se organizan y se expresan a favor del medio ambiente y la naturaleza y por los derechos de la población a un ambiente limpio y saludable, teniendo presente que sus vidas enfrentan múltiples amenazas.
9) Que todas los anteriormente citados son objetivos que animan este Acuerdo de Escazú.
10) Que Costa Rica ha ganado prestigio internacional como un país verde, comprometido con el cuido del medio ambiente y la convivencia respetuosa y equilibrada con la naturaleza.
Por lo tanto, expresamos:
Formular una respetuosa y muy vehemente excitativa a las señoras y señores diputados de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, para que, a la mayor brevedad posible, ratifiquen el Acuerdo de Escazú, en bien de nuestra imagen internacional como país comprometido con la naturaleza, y a fin de introducir mejores dispositivos institucionales y regulatorios, que protejan la naturaleza y la vida.
Dar seguimiento a la presente petición para una oportuna respuesta, coordinando con el movimiento social nacional e internacional, sean organizaciones gremiales, ecologistas, comunales, ONGs y autoridades académicas, con el fin, de ser necesario, poder concretar diferentes acciones en caso de una respuesta negativa.
Publicar este manifiesto por las redes sociales y los diferentes medios de comunicación masiva.
