Municipalidad de Naranjo informa que no tiene solicitud de proyecto de vivienda frente Finca La Espiga
Tras las denuncias realizadas por daños causados dentro de la zona de protección de la naciente La Estrella en Rosario de Naranjo, el encargado del caso Cecilio Chacón, del MINAET de Grecia, confirmó daños ambientales como: eliminación de vegetación, depósito de materiales y apertura de camino, todos estos como el señor Chacón lo explicó, vigilados por el artículo 33 de la Ley Forestal. Indicó, además, que la naciente tiene un radio de protección de 100 metros según la Ley Forestal.
Otro posible daño el cuál está pendiente de investigación es el de aprovechamiento ilegal del caudal de la naciente, confirmó que el MINAET – Grecia extenderá un informe detallado en los próximos días, explicó que se está en la etapa del peritaje.
Para quienes deseen llamar al MINAET-Grecia y conocer mejor el caso, pueden comunicarse a través del teléfono 2494-0065 Ext. 107, con el señor Cecilio Chacón.
También relacionado con la Naciente La Estrella, el alcalde de la Municipalidad de Naranjo, el señor Juan Luis Chaves, en respuesta a las consultas realizadas en relación a un proyecto de vivienda que estuviera en gestión en la Municipalidad de Naranjo, frente a Finca La Espiga, en Rosario de Naranjo, indicó que “no se tiene solicitud de un proyecto de vivienda por lo que no existe documentación para facilitar”, además, en relación a las solicitudes realizadas relacionadas de la naciente La Estrella, únicamente indicó que “la misma tiene una concesión compartida y dicha información puede ser consultada al MINAE”. (Ver Oficio MN-ALC-4152-2023, del 3 de Mayo de 2023)
Información suministrada por: Carlos Manuel Muñoz Jiménez.
FrenteTIERRA extiende una invitación a la presentación del video “Crisis climática, camino a la extinción”, el jueves 11 de mayo a las 6:00 p.m. en FECOU, UCR, edificio Saprissa. Esta actividad trata de la exposición del video, además de un conversatorio y problematización sobre el panorama ante la crisis.
Información compartida con SURCOS por Matthew Cook.
El pasado 27 de abril, la Asociación para el Desarrollo y la Ecología envió un oficio a la Dra. Magda Inés Rojas Chaves, Procuradora General Adjunta y al Lic. Carlo Díaz Sánchez, Fiscal General de la República con el fin de denunciar que desde hace algunos años, funcionarios del Área de Conservación Amistad Caribe (ACLAC) con la complicidad del actual director ejecutivo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y viceministro de ambiente, el señor Rafael Rojas Gutiérrez, se han empeñado en reducir los límites del Refugio Nacional Mixto Gandoca Manzanillo bajo el pretexto de reconocer derechos de los pobladores del Caribe Sur.
De acuerdo con el oficio presentado, la biodiversidad del Caribe Sur está siendo segmentada y fraccionada para dar paso a lujosas villas, mediante las certificaciones SINAC-ACLAC-DR-PNE-C-075-2020 y SINAC-ACLAC-DR-PNE-C-076- 2020, ambas del 23 de julio de 2020, transgrediendo el informe “Caracterización y Delimitación de Humedales en la Zona Marítimo Terrestre del Litoral del Cantón de Talamanca”.
Esta situación le fue informada al Fiscal Agrario Ambiental I y II Circuito Judicial de la Zona Atlántica Licenciado Minor Seas Duarte pero, este no tomó ninguna acción en defensa del ecosistema al igual que la Fuerza Pública y los mismos administradores del Refugio Nacional Mixto de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo, a pesar de que cada viernes, a partir de las tres de la tarde, se puedan escuchar motosierras, ver vagonetas realizando rellenos y maquinaria en general, destruyendo el hábitat de especies únicas.
Por lo anterior, se le solicitó a la Procuradora General Aguanta y al Fiscal General de la República que procedan conforme a sus competencias a individualizar y sancionar a Don Rafael Gutiérrez Rojas pero, también a Edwin Cyrus Cyrus, Francisco Domínguez Barros, Fanny Cruz Torres, entre otros, debido a que todos los coadyuvantes de la Ley 9223 están segmentando y fraccionando áreas silvestres protegidas en beneficio de sus estrechos intereses.
El sábado 27 de mayo de 2023 a las 6:15 a.m, en la carretera La Bolsa, comunidad La Gamba, se celebrará la participación ciudadana “Una herramienta de monitoreo de avifauna”. La actividad consta de una salida a campo de aproximadamente 2 horas y una charla sobre herramientas de observación de aves de 30 minutos. La actividad busca resaltar la importancia del monitoreo comunitario como una herramienta de empoderamiento y apertura al conocimiento de la biodiversidad de nuestra comunidad y su aprovechamiento responsable.
Se ofrecerá refrigerio para los participantes.
Se recomienda llevar agua, zapatos, y ropa cómoda para caminar en bosque, instalar las aplicaciones eBird y Merlin. En caso de tener binoculares, guías de aves o cámara pueden ser llevadas.
Debe confirmar la asistencia con Reiner y Gilberto a los teléfonos 8454-2315 y 8808-4811.
Información compartida con SURCOS por Reiner Canales.
La emergencia en escuelas fumigadas en Costa Rica no es nueva en días recientes la Escuela de Villanueva de Upala, sufrió la semana pasada el impacto directo del abuso de agrotóxicos (Bloqueverde 2-5-23). La expansión piñera ha invadido los alrededores de Escuelas, Iglesias, Ebais y centros de población.
Costa Rica no cuenta con reglamentaciones sobre las fumigaciones sobre centros de población, centros educativos o de salud. Las autoridades se niegan a generar normativa al respecto.
Recientemente la fracción legislativa del Partido Frente Amplio presentó el proyecto de ley “para Regular la Fumigación Aérea, con el objetivo de salvaguardar a las poblaciones de los efectos nocivos de los agroquímicos que se utilizan en los cultivos en muchas zonas del país”. El proyecto ya está en corriente legislativa bajo el expediente N. 23.697.
Desde el Bloqueverde propuso que ese proyecto incluya además las fumigaciones realizadas por otros sistemas de aspersión terrestre como los tractores tipo “boom” y los equipos de fumigación menores como bombas de fumigar. Es decir, el país debe de alejar todas las fumigaciones de agrovenenos de núcleos de población, escuelas y centros de salud.
Por su parte el Frente Nacional de Sectores Afectados por las Plantaciones Piñeras solicitó a los diputados de la Asamblea Legislativa crear medidas para que las comunidades no sigan siendo fumigadas con plaguicidas y las piñeras. El FRENASAPP reitera la importancia de que se retiren al menos 200 metros (1).
Se reportan números casos en los que las comunidades se han quejado de fumigaciones que afectan centro de población. En el Congo de Guácimo, provincia de Limón, están expuestas todos los días a la aplicación de agroquímicos a pocos metros de sus casas. Cuando hay aplicaciones todas las familias deben de salir de sus propias casas para no ahogarse con el veneno.
Otro caso conocido fue la Escuela del Jobo de los Chiles en 2011, donde estudiantes estaban expuestos a los agrotóxicos diariamente debido a que la institución estaba rodeada por una plantación piñera (2).
Tras la cancha de fútbol se puede apreciar la escuela La Ceiba y la abrumadora proximidad de la finca piñera. (Foto: Christian Matamoros).
1. Tomasoni, M.; Actis, R. 2013 Introducción de las actividades agrícolas en base a la utilización de plaguicidas al procedimiento de evaluación de Impacto ambiental. Justicia Ambiental. El trabajo interdisciplinario en agro tóxico y transgénicos. Córdoba Argentina. https://es.scribd.com/document/177733196/Justicia-Ambiental
Los días 28, 29 y 30 de abril 2023 se celebró el 9° Simposio Internacional del Centro Mundial de Estudios Humanistas “CRISIS Y SUPERACIÓN. Traspasando las fronteras del pensar”, donde se abordaron ejes temáticos que hablan sobre la crisis de acción, pensamiento y experiencia humana que atraviesa la humanidad en el momento actual.
El día 30 abril Herberth Contreras expuso la Teoría de Síntesis, que busca establecer principios para un nuevo modelo de desarrollo por medio del “Modelo Sistémico como operador universal o función integral de orden superior, que permite identificar 5 fortalezas sistémicas de nuestra biosfera para basar una política nacional de bienestar humano sostenible en lo ambiental de mediano y largo plazo.”
Posteriormente a la exposición se realizó un conversatorio donde se abordaron preguntas y aportes, con la participación de José Rafael Quesada, Elizabeth Días Gómez, Doris Balvín y Sebastián Marín.
Foto del río Lagarto, en Puntarenas, en el documental «Entramarnos: Río Lagarto», producido por Era Verde y Palabra de Mujer, de Canal 15, UCR.
Comunidades realizan campaña para crear un mecanismo de participación, fiscalización ambiental, protección del agua y que no se otorguen concesiones a empresas cuestionadas
En días recientes comunidades del cantón central de Puntarenas y de Guatuso presentaron a diputados sus exigencias y propuestas en cuanto a los impactos de la actividad minera en el cauce de los ríos o como se conocen popularmente como “quebradores”; esta actividad busca producir materiales y agregados para la construcción de infraestructura pública y privada mediante la extracción de arena y piedra y ha sido cuestionada en repetidas ocasiones por sus efectos perjudiciales que causa en los ecosistemas de los ríos a nivel país.
En Costa Rica, las concesiones se entregan por un plazo de 25 años en las cuales, pueden presentar una prórroga por 10 años más. Para las concesiones de cauce de dominio público se entregan tramos de máximo 2 km y una misma persona puede realizar su extracción teniendo dos concesiones de estas en un mismo cauce.
Respecto a los procesos de extracción, comúnmente la evaluación del impacto ambiental establece condiciones de explotación con tasas de extracción diarias y mensuales. Sin embargo, los lineamientos establecidos terminan teniendo un papel de requisitos más allá de regulación efectiva para la protección de ríos.
Los daños generados a nivel ambiental son irreversibles y los cauces no se encuentran evaluados antes ni después del otorgamiento de permisos. Desgraciadamente, la institucionalidad carece de criterios científicos para llevar a cabo dicha evaluación de impactos, monitoreo y garantía de la protección ambiental favoreciendo así a grandes negocios para la explotación.
Leonardo Cordero de la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua en Puntarenas, aseguró que la situación de los ríos Guacimal y Lagarto es precaria para estos ríos y en época de verano ven disminuido significativamente su caudal. Esta falta de agua y la abundancia de sedimentos producen un impacto directo en la pesca artesanal que es el 90 % de la economía local de la zona costera y un daño profundo en los manglares. Además, señala que se ha perdido una fuente de recreación porque estos ríos son claves para el encuentro vecinal, para pasar los calores y los fines de semana.
“En ese trayecto del puente del río de Guacimal hasta la desembocadura de 12km hay hasta 6 concesiones” aseguro Cordero, que estallaron con la ampliación de la Ruta 1. La Alianza señala a Meco y H.Solís como principales empresas concesionarias o beneficiarias de este bien común.
Eddy Alberto López Mora de la Asociación de Desarrollo de Maquengal de Guatuso, relata una situación muy similar, pero en este caso sobre el Río Frío. El mismo, es una fuente vital de economía turística y agrícola de la zona, pues es el principal afluente del Humedal de importancia mundial de Caño Negro, sin embargo, la minería desregulada lo acaba de a pocos.
En este caso las vecinas y vecinos señalan que la Municipalidad de Guatuso no monitorea las acciones de las empresas extractivas, “esto ha venido a matar el río” aseguró López sobre la cantidad de material que tienen concesionado y concluyó diciendo “Le estamos vendiendo al mundo un sitio RAMSAR un humedal que no estamos cuidando.”
Ambos representantes comunitarios aseguran falta de regulaciones y sobre todo fiscalización de parte del Estado para controlar la actividad y aprovechar más racionalmente los materiales del río. Ellos abogan por la auditoría, fiscalización y participación de las comunidades en los procesos de solicitud, gestión y prórrogas de concesiones.
Ellos en conjunto lanzaron una campaña pública que busca una modificación al Código de Minería (Art .37) para incluir consultas comunales directas en el momento de consultas a municipalidades, que se fundamente según la magnitud y temporalidad viable de las concesiones a partir de los criterios de la Dirección de aguas, así como una consulta directa con las ASADAS y otras organizaciones comunitarias para la protección de sus fuentes, por medio de la administración de acueductos en cantidad suficiente y de calidad.
En el caso de consultas a la Dirección de Aguas, se pretende categorizar ecológicamente cada río previo a su entrega de permisos extractivos con el fin de reconocer su riesgo ecológico. Finalmente exigen no otorgar más concesiones a empresas investigadas por corrupción y violación de derechos.
La administración Chaves Robles ha dejado claro que los temas ambientales no son su prioridad o mejor dicho, ha dejado claro que es prioridad para Rodrigo Chaves desmejorar la condición ambiental del país priorizando el modelo extractivo y contaminante, enlistamos algunos de las principales retrocesos ambientales del gobierno:
Revivir la Pesca de Arrastrecon supuestos estudios que en realidad reactiva una industria que no tiene ningún criterio técnico.
Sepultar Acuerdo de Escazúy deja en vulnerabilidad a defensores ambientales.
Sigue desobedeciendo el fallo de la Sala IVque le obliga a limpiar el mercurio en Crucitas y remediar ambientalmente la zona afectada por la minería ilegal.
NuevoReglamento de Setena a medida del sector inmobiliario, constructor y los agronegocios.
Desregular para promover más agrovenenossin prohibir los más tóxicos y contaminantes de fuente de agua como el caso del clorotalonil.
Caída en el Índice de Desempeño Ambiental del puesto 3 en 2011 al puesto 68 en el 2022, este “ranking” elaborado por las universidades norteamericanas de Yale y Columbia.
Recortes a SINAC y MINAE. Genera una gran concentración de poder en la figura de ministro de funciones que legalmente les corresponde a los cuerpos colegiados. Hacer reformas mediante directrices ministeriales “dejando pintado en la pared” a Conagebio, Fonafifo y a Oficina de Cambio Climático.
Revivir el aeropuerto en Zona Osa, amenazado áreas arqueológicas importantes y el Humedal Térraba-Sierpe.
Legalización extracción de agua depozos ilegales y desvios de ríos sin permiso. Además presiona desde la administración central por aumentar la tercerización institucional del AYA con un enfoque privatizador del servicio y del agua.
El MINAE a caído en manos de un libertario con ideas privatizadoras, desreguladoras y retrógradas, que tiene en el oscurantismo no solo el ministerio, si no que amenaza diariamente la agenda y el liderazgo que alguna vez tuvo el país. Franz Tattenbach nunca rinde cuentas y el Minae es muy esquivo al escrutinio público.
La Agenda Legislativa pactada por las diferentes fracciones, incluida el oficialismo, tiene un abanico de proyectos destinados a desmejorar, erosionar y eliminar la mayoría de las fortalezas en materia ambiental y social que al país le ha costado más de medio siglo construir.
Ante los hechos recientes de la intoxicación de 27 personas de la Escuela de San José de Upala, nos detenemos a reflexionar sobre las implicaciones que tiene la situación actual de la fumigación aérea en Costa Rica, su falta de regulación y protocolos pone en riesgo a miles de personas que viven cerca de estas plantaciones.
Por esta razón, a partir de la iniciativa presentada en la Asamblea Legislativa bajo el número No. 23.697 Ley de Protección Fitosanitaria para prohibir en un radio de tres mil metros alrededor “centros de población, centros educativos, centros de salud, EBAIS, clínicas, hospitales, centros de deporte y recreación, así como carreteras y áreas de paso”. Les invitamos a reflexionar sobre el contexto que representa la fumigación para las personas que trabajan o viven cerca de estas plantaciones.
La capacidad de concentración y traslado de estas sustancias a través del polvo y el aire, hace que su interacción sea indiscriminada y ponga en riesgo los ecosistemas, y en particular tenga efectos irreparables en la salud humana.
Ni Costa Rica está flotando en petróleo, ni estamos respirando el contaminante gas metano.
¡No existe ni un yacimiento comprobado, ni viabilidad de encontrar uno!
Todo es un «cuento chino» de sus promotores, dispuestos a «vender la idea» a algún interesado en jugarse una lotería.
Olvidan que la belleza natural de nuestras playas y áreas marinas, y la extraordinaria biodiversidad que enaltece al país, además de constituir una gran riqueza en sí misma, sustentan una industria turística que es la mayor fuente de empleo y de divisas, y que ha de cuidarse de cualquier amenaza, como la que significan los desastres petroleros.
¿En cuál zona costera, por ejemplo, querrían unos pozos petroleros? ¿En Guanacaste o en el Pacífico sur? ¿En el Pacífico central o en el Caribe?
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