Este 23 de agosto de 2022, Marta Castro, integrante de Covirena, Caribe Sur, Puerto Viejo, le escribió al diputado del Partido Nueva República y presidente de la Comisión Caribe Limón, señor Yonder Andrey Salas Durán expresando su descontento por los términos que utilizó en una sesión de la Comisión Caribe de la Asamblea Legislativa. Le escribe el siguiente mensaje:

“Estimado señor 

Reciba un saludo de los Inspectores Ambientales Ad-Honorem del comité de COVIRENAS del Caribe Sur.

El pasado jueves 18 de agosto en la sesión de la Comisión Caribe de la Asamblea Legislativa, donde estuvieron presentes los señores Franz Tattenbach ministro del Minae, Rafael Gutiérrez viceministro del Minae y director ejecutivo del SINAC, así como el director del ACLAC Mario Cerdas y varios funcionarios, usted hizo referencia a que en la provincia de Limón “hay un montón de terroristas”. (adjunto audio).

A través de este medio le solicitamos defina la palabra “terrorista”, según el uso que Usted le dio, así como, explique a quiénes se refiere exactamente con montón de terroristas.

Como dijo la diputada Alfaro de esta misma Comisión, el problema de la pobreza en Limón ´´no es causado por el ambiente´´

La riqueza natural de la zona con sus aguas color turquesa y hermosos bosques costeros, atraen gran cantidad de turismo, razón por la cual se debería estar protegiendo este generador de recursos económicos. 

El cambio climático y la erosión costera son dos grandes amenazas para la costa caribeña. Ejemplo de esto se puede constatar en el Parque Nacional Cahuita, sector Puerto Vargas donde la zona de acampar desapareció hace ya varios años y donde el sendero dentro del Parque Nacional Cahuita se ha tenido que mover de lugar varias veces, ya que esta erosión se ha venido intensificando en los últimos años. 

Estos importantes factores deberían ser tomados en cuenta por esta Comisión y reconocer que el valioso documento de humedales, elaborado por técnicos especialistas del SINAC-MINAE, en lugar de obstaculizar proyectos de desarrollo para la zona del Caribe Sur, están protegiendo vidas humanas de factores climáticos extremos, ya que los humedales son esponjas naturales que absorben enormes cantidades de agua, lo que los convierte en protectores contra huracanes, tormentas, altas mareas etc.

Ni que decir sobre la fijación de carbono que sucede en los humedales, lo cual los convierte en mitigadores de la emergencia climática que vivimos.

Si no se respetan estos humedales, esas mismas construcciones y ese desarrollo que tanto se quiere explotar, se convertirá en una pérdida de dinero y peor aún de vidas humanas. (adjunto imagen)

Adjunto varias fotografías de las últimas tormentas ocurridas en el Caribe Sur donde encallaron dos embarcaciones, así como caída de árboles, inundaciones etc. 

¿Tendrá entonces el Estado que indemnizar a estas personas? 

¿No sería mejor que este tipo de desarrollo se edifique en lugares seguros ´?

Finalmente nos gustaría conocer su opinión respecto a la importancia de los Humedales y el valor de la ecología para la vida humana” 

Ante este correo que también fue recibido por Maria Elena Fournier, presidenta de la Asociación Conservacionista YISKI, ella comparte el descontento de Covirenas del Caribe Sur, respondiendo lo siguiente: 

“Buenas tardes, señoras y señores, Diputados del Comité de Ética:

Apoyamos en todos sus extremos esta misiva de denuncia que hacen los COVIRENAS del Caribe sur.

No es posible, que a estas alturas se trate de esta manera a las personas que luchan para la defensa de la Constitución Política (Art. 50 y otros), defensa del marco legal socio ambiental, Derechos Humanos, Convenio RAMSAR, Convenios internacionales de protección a la Biodiversidad, Convenio OIT 169, entre muchos otros.

O sea, no tenemos el derecho de expresar nuestra opinión y mucho menos defender lo que todas y todos deberíamos de estar defendiendo y no un pequeño, pero valiente y fuerte grupo de ciudadanas y ciudadanos comprometidos con la Madre Tierra.

Esperamos sanciones al diputado Yonder Salas y a todos y todas que comparten esta lamentable opinión, no es la primera vez que se da este tipo de insultos a la dignidad de las personas desde la Asamblea Legislativa, recordamos el caso del exdiputado de Limón Patterson del PAC, que fue muy lamentable, merecemos mucho respeto y apoyo, estamos trabajando, en forma voluntaria desde hace años, para la sobrevivencia de sus propias generaciones y de la biodiversidad.

Justamente por esto es que queremos que Costa Rica, ustedes señoras y señores diputados, ratifiquen y firmen el Acuerdo de Escazú, para poder llevar a los tribunales internacionales este tipo de agresiones contra la dignidad y derechos básicos humanos de las y los que luchamos para que se haga valer el Artículo 50 de nuestra Constitución, se respete toda forma de Vida, respeto a la libertad de expresión y acción, entre otros.

En espera de la respuesta del Comité de Ética de la Asamblea Legislativa y conocer qué tipo de sanción van a aplicar al diputado Yonder Salas de la provincia de Limón.”

Ante esta situación, el profesor de Derecho de la UCR Nicolas Boeglin externa la siguiente crítica a los altos funcionarios del Poder Ejecutivo con este mensaje:

“Si nuestros diputados/as y algunos altos funcionarios del Poder Ejecutivo dejaran de dejarse influenciar por las cámaras empresariales y sus «expertos», tendríamos desde hace algunos años un Acuerdo de Escazú vigente y Costa Rica luciéndose ante la región y el mundo como indiscutible líder en materia de derechos humanos y de ambiente.

Como no lo tenemos, pues no queda más que remitirles un poco de lectura sobre el contenido del Artículo 9 del Acuerdo de Escazú que fue una propuesta inicial de Costa Rica, Chile, Perú y Panamá en las negociaciones, y que quedó plasmada en el texto definitivo de la siguiente manera ( en rojo el subrayado es nuestro) en el Acuerdo de Escazú:

Artículo 9 Defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales 

1. Cada Parte garantizará un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad. 
2. Cada Parte tomará las medidas adecuadas y efectivas para reconocer, proteger y promover todos los derechos de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, incluidos su derecho a la vida, integridad personal, libertad de opinión y expresión, derecho de reunión y asociación pacíficas y derecho a circular libremente, así como su capacidad para ejercer los derechos de acceso, teniendo en cuenta las obligaciones internacionales de dicha Parte en el ámbito de los derechos humanos, sus principios constitucionales y los elementos básicos de su sistema jurídico. 
3. Cada Parte tomará medidas apropiadas, efectivas y oportunas para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones que los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales puedan sufrir en el ejercicio de los derechos contemplados en el presente Acuerdo.   

Fuente: texto del Acuerdo de Escazú: 

El hecho que Costa Rica no sea Estado Parte al Acuerdo de Escazú no impide su avance normativo como tratado internacional vigente: al respecto, les comparto la guía de implementación del Acuerdo de Escazú adoptada en marzo del 2022 durante la primera Conferencia de Estados Parte (COP) realizada en Chile. 

Como se recordará, Chile y Costa Rica lideraron las negociaciones durante más de 5 años y medio, que culminaron en Escazú el 4 de marzo del 2018. Nótese que la segunda COP prevista para el 2024 se realizará también en Chile, dado que Costa Rica no es Estado Parte:

En pp. 143 y ss se explica el alcance del Artículo 9 precitado, y se detalla cómo implementar el Artículo 9, sea un Estado Parte o no Parte al Acuerdo de Escazú.

¿Podrían inspirarse (un poco) nuestros/as legisladores desde ya para que expresiones como las usadas por este diputado y otras expresiones usadas en otros espacios tendientes a estigmatizar y a incitar el odio contra quienes defienden el ambiente sean repudiadas y sancionadas de una u otra manera por el ordenamiento jurídico vigente costarricense?”