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La chambonada de los incineradores de basura

Freddy Pacheco León

Los incineradores aeróbicos que funcionan a temperaturas menores a los 500 ºC, inevitablemente producen compuestos químicos orgánicos, persistentes, que podrían llevar dolor a las comunidades, aunque Johnny Araya y otros alcaldes, parecen pensar diferente.

Desde hace unos 5 años, alcaldes unidos en una federación, propusieron construir en varios cantones, incineradores para quemar basura y generar, de paso, ciertas cantidades (insignificantes, diríamos) de electricidad, sin importar que los mismos producirían DIOXINAS y FURANOS, reconocidos como causantes de cáncer, enfermedades inmunológicas, trastornos hormonales, diabetes y malformaciones congénitas. ¡Todo como parte del negocio del mal llamado «tratamiento de residuos sólidos»!

Y lo proponen, demagógicamente, con el falso pretexto, de que constituyen un negocio, público – privado, que permitiría vender la energía que se produciría, ocultando que ello sería a costa de la salud de los habitantes de sus propios cantones y del país en general.

Como aparentan desconocer sus fatales efectos, sería bueno que alguien les informara y explicara al alcalde Araya y a los ocurrentes, presidente ejecutivo y el gerente de electricidad del ICE (al que están metiendo en la danza), que más de 150 países ya se han manifestado por medio del Convenio de Estocolmo, contra esos incineradores criminales y que, en muchos países, están siendo prohibidos.

Pero como Costa Rica es «tan especial», hay inescrupulosos, que sueñan con un supuesto “buen negocio», pensado, eso sin duda, para grandes botadores de basura, como el ubicado en la comunidad de La Carpio, en el cantón central de San José.

Llamamos pues la atención, principalmente a los habitantes de La Uruca, a la Fundación del Parque de Diversiones, a los habitantes de la comunidad de Cariari, de Guachipelín de Escazú y Lomas de Pavas, para que estén alerta. Habitantes que sin duda, ya han tenido «suficiente» con el botadero de basura y la planta de aguas negras Los Tajos, como para tolerar, además, un INCINERADOR DE BASURA que fuere a afectar a sus familias, pese a que la legislación ambiental costarricense también prohíbe tales prácticas.

En fin, estamos ante una nueva amenaza ambiental, inaceptable, que pese al maquillaje de amigable con el ambiente, conque es presentada, es desastrosa.

Nos duele, lo reconocemos, que siendo el Instituto Costarricense de Electricidad una empresa especialmente preocupada por mitigar los impactos ambientales de sus proyectos se esté sumando, innecesariamente, a una chambonada semejante.

Alternativas: Perspectivas feministas

El programa ALTERNATIVAS invita al conversatorio “PERSPECTIVAS FEMINISTAS”, este 19 de mayo a las 6 p.m. 

Se contará con la participación de: Naomy Mora, politóloga en formación; Daniela Martínez, politóloga de la Universidad de Costa Rica; Darla Villarreal, estudiante de Ciencias Políticas e Historia.

Podrá escuchar el programa vía Facebook, YouTube, Spotify, SB, Guanacaste FM y Radio Revolución.

Dr. Fernando Morales: »Las personas adultas mayores no la están pasando nada bien»

Ante los desafíos que viven las personas adultas mayores en Costa Rica, la UCR inaugura un nuevo Observatorio del Envejecimiento que trabajará para incidir en política pública

“A propósito de la pandemia en el 2020, hace un año yo comenté una situación de una adulta mayor, de 86 años, que me llama y me dice: mis familiares me dejan la comida en una palangana”.

De esa manera el rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), el Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta, retrató uno de los escenarios de violencia y maltrato que viven muchas personas adultas mayores en Costa Rica, mismos que hoy siguen pasando desapercibidos entre el desconocimiento, el desinterés y la falta de datos actualizados, suficientes y confiables.

En ese sentido, el decano de la Facultad de Medicina de la UCR, el Dr. Fernando Morales Martínez, no tardó en coincidir con el rector y, además, enfatizó que en estos momentos “las personas adultas mayores no la están pasando nada bien”, poseen “una inseguridad financiera fatal”, de la mano con una serie de situaciones vinculadas “al abuso, maltrato, abandono y negligencia que son parte de un capítulo abandonado por el país”.

Ante esa situación, y para afrontar esa compleja realidad, nace por primera vez en Costa Rica el Observatorio del Envejecimiento, una iniciativa creada desde la Cátedra “Envejecimiento y Sociedad” (de la Facultad de Medicina) en conjunto con el Observatorio del Desarrollo (CIOdD); ambas de la UCR.

De acuerdo con el Dr. Carlos Murillo Zamora, director del CIOdD-UCR, los observatorios son modelos que surgieron como instancias para la gestión, el análisis, la generación y la presentación de información a los tomadores de decisiones y a la comunidad en general sobre una temática específica.

Uno de los objetivos es incidir en política pública mediante la formulación de planes y programas. También, proponer temas de investigación, servir como una herramienta de seguimiento y monitoreo de las diferentes acciones que el país adopta, así como evidenciar los vacíos de información. Vacíos que, en el caso del tema de vejez y envejecimiento en Costa Rica, están muy presentes. Para comprobarlo, solo basta con echarle un vistazo a las actuales políticas públicas.

“La estrategia nacional para un envejecimiento saludable basado en el curso de vida venció hace tres años y a la fecha no se ha generado una nueva estrategia. El reciente Plan Nacional de Desarrollo de Inversión Pública 2023-2026, Rogelio Fernández Güell, solo aborda la población adulta mayor en dos metas. Una es disminuir el plazo promedio de días de espera para cirugías de catarata en la Caja Costarricense de Seguro Social; y dos, mejorar la cobertura de la población económicamente activa para su protección económica y social ante los riesgos de invalidez, vejez y muerte. Y no hay otras metas en el Plan Nacional de Desarrollo”, comentó el Dr. Murillo.

La principal meta del Observatorio consiste en suministrar evidencia veraz, oportuna y confiable que permita promover políticas públicas que favorezcan una vida digna, autónoma e independiente para todas las personas adultas mayores de Costa Rica.

Deudas pendientes

Para el director del CIOdD-UCR es claro que Costa Rica “tiene grandes rezagos y deudas con esta población que crece cada vez más en número, en cantidad y en años para disfrutar de la vida”. Dicho crecimiento es fácilmente verificable al leer las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).

Según ese Instituto, para el año 2025, el 79 % de las personas adultas estará en proceso de envejecimiento y un 13 % estará en la categoría de vejez. Además, se espera que para el año 2050 la población adulta mayor represente el 20 % de la población total del país, lo que implica retos importantes en la formulación de políticas públicas y de servicios de salud adecuados para atender las necesidades de este grupo etario.

Con esos datos disponibles la pregunta ahora es: ¿se ha hecho lo suficiente para afrontar esa explosión sociodemográfica que se avecina? Para los especialistas la respuesta es clara: no. No se ha hecho todo lo necesario y falta más para afrontar el escenario que se aproxima, si lo que se busca es no exacerbar los desafíos que hoy se ven.

¿Algunos de esos desafíos? La violencia, el maltrato y el abandono, acompañado de una serie de brechas relacionadas con la dependencia, la necesidad, las pobres relaciones familiares, los pocos espacios de convivencia, las desigualdades y las condiciones de vida poco dignas, muchas veces, ocasionados por ingresos mínimos e insuficientes.

En esos ámbitos, el Observatorio del Envejecimiento de la UCR dará un aporte invaluable para analizar la situación del país y proponer soluciones ante una etapa de la vida que, como bien lo dijo el Dr. Morales, “todos vamos a llegar. La juventud no es eterna”.

“Costa Rica se caracteriza por ser un país con un significativo registro de información estadística. Esto es fundamental para la toma de decisiones en todos los ámbitos, tanto públicos como privados. Sin embargo, en el caso de las personas adultas mayores, esas estadísticas están dispersas en numerosas instituciones públicas, lo cual agrava el problema de las brechas que mencioné. Por eso se requiere sistematizar toda esa información dispersa, analizarla y presentar informes que contribuyan a la formulación de políticas públicas apropiadas”, manifestó el director del CIOdD-UCR.

“Esas políticas públicas son necesarias para que guíen las acciones nacionales en pro de una sociedad más sensible y propositiva en el abordaje de los problemas prioritarios relacionados con el envejecimiento poblacional y del bienestar de la población adulta mayor. Pero, sobre todo, que se contemple una nueva visión del envejecimiento, de tal manera que se promueva la inclusión de las personas adultas mayores en las sociedades, se ofrezcan bienes y servicios de calidad, y se dé cuenta de su contribución al desarrollo”, amplió el Dr. Morales.

El plan de trabajo

El Observatorio del Envejecimiento procurará abordar las aristas más importantes que en este momento exige el país. Uno de ellos es el tema de la inseguridad alimentaria, un elemento que se vio fuertemente reflejado en la pandemia del COVID-19.

“¿Por qué este tema? Porque la pandemia hizo evidente que la alimentación fue una experiencia realmente dramática. Muchas personas no tenían quién le llevara los alimentos a la casa, cómo tenerlos a mano y, muchas veces, no tenían cómo pagarlos. Imagine lo que es no tener cómo alimentarse adecuadamente. Esto es una Costa Rica desconocida y aquí el Observatorio tiene una tarea muy grande. No le podemos quedar mal al país ni a los adultos mayores”, exaltó el Dr. Morales.

En este marco, ya se han mantenido reuniones técnicas de trabajo con diferentes autoridades para avanzar en distintos procesos que ayuden a contribuir en ese y otros campos más. Entre esos está la meta de generar más conocimiento sobre los determinantes del envejecimiento y las condiciones de vida a las personas adultas mayores en Costa Rica. El segundo es analizar las categorías asociadas al envejecimiento activo y saludable exitoso.

El tercero se enfoca en promover que el país continúe con los procesos iniciados en el 2015 y 2016 relacionados con la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

El cuarto punto es monitorear el proceso de envejecimiento de la población costarricense. Este es especialmente importante porque, desde la opinión del Dr. Morales, desde la pandemia hubo un importante desmejoramiento de las condiciones de vida de esta población.

“Antes de la pandemia no era que las personas mayores estaban en una posición de flores, pero ahora se disparó. Por lo tanto, se debe poner el acento en las acciones que vienen, así como generar respuestas urgentes y oportunas a sus múltiples necesidades”, dijo el Dr. Morales.

Tanto el rector de la UCR como el decano de la Facultad de Medicina están seguros de que el Observatorio se constituirá muy pronto como un punto de referencia nacional e, incluso, internacional. El tan solo hecho de tener un espacio de análisis y de discusión científica que antes no existía en nuestro país, abre una puerta trascendental hacia la generación de nueva información.

“Aprovechemos esta enorme oportunidad que tenemos para mejorar las condiciones de vida de las personas adultas mayores, así como para transmitir a los más jóvenes la enorme necesidad de prepararse para la vejez, sobre cómo vivir más pero también mejor, mediante un envejecimiento activo con hábitos, actitudes y comportamientos que propicien no solo una vida más larga, sino también una vida de bienestar. Debemos celebrar en grande este paso firme que estamos dando por el bien de las personas adultas mayores en nuestro país. Yo agradezco profundamente a todas las personas implicadas que, en tan poco tiempo, hicieron de esto una realidad”, concluyó el rector de la UCR.

 

Jenniffer Jiménez Córdoba

Periodista, Oficina de Divulgación e Información

Conferencia: Ucrania-Rusia: Efectos de la guerra en lo económico y político, qué ha pasado a más de un año

El jueves 11 de mayo a las 5 p.m. la Maestría Centroamericana en Sociología realizará una conferencia donde tratarán el tema de Ucrania-Rusia, y los efectos de la guerra en el ámbito económico y político.

La actividad estará a cargo de Dr. Roberto Ayala, Dr. Pascal Girot, M.Sc Álvaro Fernández y la presentadora Dra. Nancy Piedra. La conferencia será en el aula 609 de la Facultad de Ciencias Sociales. También será transmitido por Facebook Live y YouTube.

Para más información visite el siguiente enlace:  https://www.facebook.com/100032074222341/posts/pfbid02df2nJny4upodTqxJdQEuE47twj6XJYSZLtgV43RwaFW2mbULsvTo3Xj5Ld7WjcE2l/?mibextid=SDPelY

Un país bajo la piel

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

El inicio de la época contemporánea de las movilidades humanas debe ser ubicado justamente hace diez años cuando el mundo observaba horrorizado el naufragio de una embarcación con más de 500 migrantes provenientes de Eritrea, Somalia y Ghana y que salió de Libia rumbo a Italia.

La fecha del 3 de octubre y el nombre Lampedusa marcan de alguna manera el comienzo de una época de horror fabricada por la gubernamentalidad migratoria global contra los cuerpos de las personas migrantes.

Entre Lampedusa y Ciudad Juarez han pasado cientos de miles de historias de drama y sufrimiento de personas que han fallado intentando cumplir el proyecto de tener un futuro mejor. En esta última ciudad, la necropolítica migratoria mexicana se encargó de calcinar, dejar morir al mejor estilo agambiano, a más de 40 personas migrantes “aseguradas” en un centro de gobierno estatal. Ocurrió el 28 de marzo reciente y las implicaciones de la apatía y la deshumanización institucional mexicana coludida con el sector empresarial privado apenas si empiezan a conocerse.

Hace apenas tres días una nota periodística informaba de la detención de 15 personas costarricenses en la frontera entre México y Estados Unidos cuando intentaban cruzarla. La estadística, apenas perceptible en la realidad centroamericana, muestra sin embargo la acuciante finalización de un proyecto costarricense basado en la integración horizontal y la fortaleza institucional.

El término de esta comunidad imaginada está produciendo poco a poco fisuras sociales que encuentran en la migración una estrategia de salvación y sobrevivencia. Fueron 15 esta vez, pero el conteo agregado ya empieza a mostrar cifras significativas desde una realidad golpeada por un autoritarismo de baja intensidad, la violencia estructural y la desigualdad galopante.

En un emotivo encuentro de música y poesía realizado el 30 de abril, los artistas nicaragüenses Luis Enrique Mejía Godoy y Gioconda Belli ofrecieron en San José un momento de reflexión, vibración y memoria.

Hablaron del exilio como ese país al que nunca se llega, al decir de Abdelmalek Sayad. El exilio como una posibilidad de reconstrucción de la historia personal, la piedra de Sísifo vista como una posibilidad de volver a levantarse una y otra vez. Hablaron de pieles que llevan países, como los migrantes de Lampedusa, los de Ciudad Juarez, los cientos de miles de exiliados y solicitantes de refugio en Costa Rica desde abril de 2018.

En tanto el orden global siga fabricando cuerpos exiliados, reducidos a la nada, su piel mostrará las marcas de países que empiezan a disolverse en la geografía. Para ellos la música y la música existirán para salvarlos.

Acuerdo de Escazú: segunda Conferencia de los Estados Partes (COP2)

Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto: nboeglin@gmail.com

A partir del 19 de abril, se celebrará en Buenos Aires (Argentina) la segunda Conferencia de Estados Partes al Acuerdo de Escazú (véase texto). Esta cita también es denominada por sus siglas en inglés «COP2«: se trata de una reunión en la que participarán los Estados Partes al Acuerdo de Escazú, que suman a la fecha 15 (véase estado oficial de firmas y ratificaciones).

La inauguración contará con la presencia de Jefe de Estado argentino (véase nota oficial).

Estados Partes y Estados no Partes invitados y eventos paralelos

Esta COP2 fue objeto de una reunión preparatoria, realizada también en Argentina el pasado 6 de marzo (véase informe): se indica (en páginas 15 y 16 del precitado informe) que fueron invitados a participar a esta reunión preparatoria representantes de Estados que aún no han ratificado el Acuerdo de Escazú, a saber: Brasil, Colombia y Perú.

Cabe señalar que, de forma paralela a las reuniones de los representantes estatales durante esta COP2, se realizarán una serie de muy variados eventos organizados desde la sociedad civil y desde diversas organizaciones internacionales (véase programa de eventos paralelos).

En esta COP2, Chile (uno de los dos Estados que lideró las negociaciones durante más de 5 años y medio que culminaron en Escazú), participará esta vez como Estado Parte (véase entrevista a la negociadora chilena del Acuerdo de Escazú, publicada en País Circular, del 18/04/2023): un reciente informe (véase texto) sobre el grado de cumplimiento de Chile con los estándares que propone el Acuerdo de Escazú analiza las diversas iniciativas tomadas por las autoridades gubernamentales chilenas, que deberían de poder replicarse en otras latitudes en América Latina.

Más generalmente, esta otra entrevista a un alto funcionario de la CEPAL (publicada en Diálogo Chino, edición del 14/04/2023) permite también apreciar los desafíos que para la región significa la construcción de una verdadera democracia ambiental a partir de los objetivos que plantea el Acuerdo de Escazú.

La COP 1 y la COP2 en breve

Como se recordará el Acuerdo de Escazú se adoptó en marzo del 2018 en Costa Rica, y el proceso de negociación fue co-liderado por Chile y Costa Rica. Este tratado regional entró en vigor en abril del 2021 al reunir las ratificaciones necesarias (11 según lo establece el mismo tratado).

La primera COP se reunió en abril del 2022, en Santiago de Chile (véase programa), contando en aquel momento el Acuerdo de Escazú con 12 Estados Partes, a saber: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas así como Uruguay. Desde entonces, el Acuerdo de Escazú ha sumado a tres nuevos Estados Partes: Chile (junio del 2022), así como las ratificaciones de Belice y de Granada registradas recientemente (marzo del 2023), que tuvimos la oportunidad de comentar, además de otros notorios avances del Acuerdo de Escazú en lo que va del año 2023, así como la persistente negativa de Costa Rica en aprobarlo (Nota 1).

En días recientes, autoridades en Brasil señalaron su interés en acelerar el proceso de ratificación del Acuerdo de Escazú (véase nota de prensa del 13/04/2023): cabe precisar que la titular de la cartera de ambiente de Brasil estará presente en la ceremonia de inauguración de la COP2 (véase nota oficial). El triste paréntesis que significó para los derechos humanos y el ambiente, así como para la poblaciones indígenas brasileñas, la administración del Presidente Bolsonaro (2017-2022) permite augurar un renovado interés de las autoridades de Brasil en el Acuerdo de Escazú.

Se espera además que pronto Colombia concluya el proceso de ratificación, al haber sido aprobado el Acuerdo de Escazú por las dos cámaras de su Poder Legislativo en noviembre del 2022, una aprobación que tuvimos la oportunidad de analizar (Nota 2).

En América Latina, además de Colombia, los siguientes Estados han firmado el Acuerdo de Escazú, pero aún no lo han aprobado: Brasil, Costa Rica, Guatemala, Haití, Paraguay, Panamá y República Dominicana. Al tiempo que ni tan siquiera lo han firmado los siguientes: Cuba, El Salvador, Honduras y Venezuela.

A modo de conclusión

Más allá de los obstáculos de todo tipo que se han generado en algunos Estados para bloquear la aprobación del Acuerdo de Escazú y del desinterés de otros en (por lo menos …) firmar este acuerdo, son varios los temas sobre la implementación del Acuerdo de Escazú que se discutirán entre los Estados Partes a partir de este 19 de abril en Buenos Aires.

En noviembre del 2022, se compiló una valiosa guía de implementación del Acuerdo de Escazú (véase texto completo) que puede desde ya ser usada para generar políticas públicas en diversos Estados, sean estos Estados Partes o no.

Entre los diversos temas a tratar en Buenos Aires, figura también la designación de los integrantes del Comité de Apoyo a la Apliación y Cumplimiento que crea este tratado regional. Adicionalmente, se buscará la forma de darle seguimiento a las recomendaciones y conclusiones del primero foro sobre defensores ambientales, reunido en Quito (Ecuador) en el mes de noviembre del 2022 (véase informe).

Estas y muchas otras iniciativas confirman al Acuerdo de Escazú como un instrumento jurídico moderno en materia de gestión y de gobernanza ambiental, analizado como tal desde muy diversas perspectivas y disciplinas en varias publicaciones (Nota 3).

La próxima COP se realizará nuevamente en Santiago de Chile, en el mes de abril del 2024.

Con relación a Costa Rica, los titulares de esta nota de la DW (Alemania) y de esta otra de France24 (Francia), o bien de este cable de la agencia internacional de noticias AFP replicado en un medio uruguayo, permiten apreciar el profundo desconcierto que, a nivel internacional, ha causado su ausencia entre los Estados Partes al Acuerdo de Escazú, más de cinco años desde su adopción en suelo costarricense.


Nota 1: Véase al respecto BOEGLIN N., «El Acuerdo de Escazú: viento en popa«, Portal de la Universidad de Costa Rica (UCR), edición del 10/04/2023. Texto disponible aquí.

Nota 2: Véase al respecto BOEGLIN N., «Colombia a pocos meses de ser oficialmente Estado Parte del Acuerdo de Escazú«, Portal de la Universidad de Costa Rica (UCR), edición del 15/11/2022. Texto disponible aquí.

Nota 3: Véase por ejemplo PEÑA CHACÓN M., «Transparencia y rendición de cuentas en el Estado de Derecho ambiental«, Delfino.cr, edición del 17 de abril del 2021, disponible aquí. Sobre el Acuerdo de Escazú, remitimos a tres valiosas (y voluminosas) publicaciones colectivas que detallan los alcances de su contenido y de su importancia para la consolidación de una verdadera democracia ambiental en América Latina y el Caribe: ATILIO FRANZA J. & PRIEUR M. (dir.), Acuerdo de Escazú: enfoque internacional, regional y nacional, Editorial Jusbaires, Buenos Aires, 2022, 670 págs. Obra disponible de manera integral en este enlace; así como BARCENA A., MUÑOZ AVILA L., TORRES V. (Editoras), El Acuerdo de Escazú sobre democracia ambiental y su relación con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 2021, CEPAL / Universidad del Rosario (Colombia), 298 págs., disponible en este enlace; y PRIEUR M., SOZZO G. y NAPOLI A. (Editores), Acuerdo de Escazú: pacto para la eco-nomía y democracia del siglo XXI, 330 págs., 2020, Universidad del Litoral (Argentina), disponible en este enlace. El hecho que se trata de un instrumento de vanguardia se puede confirmar aún más al revisar los desarrollos para garantizar una correcta aplicación del Artículo 7 y del Artículo 9, elaborados por la misma CEPAL en la guía de implementación del Acuerdo de Escazú, presentada formalmente en abril del 2022 (disponible aquí, particularmente en pp.108-126).

 

Imagen ilustrativa.

30 días por la Costa de Cataluña

Casi dos años después de su última caminata y tras un test de 24 horas con un buen resultado, Gabe Abrahams ha iniciado una caminata de 30 días.

Él comenta:

«La tenía prevista para abril y mayo, pero las ganas me han podido y la he empezado el día 23 de marzo.

La caminata transcurre por el mismo circuito de mi caminata de 10 días por la Costa de Cataluña de 2021, es decir de El Masnou a Vilanova i la Geltrú y de Vilanova i la Geltrú a El Masnou.

El circuito me encantó en mi caminata de 2021 y, por eso, he decido regresar a él. Reúne todo aquello que más me seduce de la tierra que me vio nacer. Clima agradable, olor a mar, poblaciones de costa, arquitectura de diversos estilos, gentes de orígenes varios, culturas diferentes.

En mi web actualizaré cada día los datos de la caminata y añadiré imágenes del circuito y del que esto escribe».

SURCOS invita a seguir el paso de este atleta:

Gabe Abrahams website

Directiva destituida de la CCSS presenta denuncia ante Tribunal Contencioso Administrativo

Por María Núñez Chacón

Solicitó una medida cautelar para ser reinstalada como representante legítima elegida por el movimiento sindical en la Junta Directiva de la Caja

Martha Rodríguez, quien fue destituida por el Presidente Rodrigo Chaves, junto con otros miembros de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), presentó este 15 de marzo una denuncia ante el Tribunal Contencioso Administrativo y una medida cautelar para ser reintegrada como representante del sector sindical, mientras se resuelve el proceso.

En diciembre pasado el Presidente Chaves y la presidenta ejecutiva de la Caja, Marta Eugenia Esquivel, suspendieron a cinco directivos, por lo que denominaron “aparentes irregularidades en la toma de decisiones en contra de la sostenibilidad de las finanzas de la Caja y potenciales conflictos de intereses”, sin embargo, en enero, la auditoría interna aclaró que no existía conflicto de interés y que debían ser reinstalados.

No obstante, el Presidente Chaves y Esquivel hicieron caso omiso a esta resolución de la auditoría y solicitaron a los sindicatos volver a elegir a un representante de su sector. En dicha asamblea Rodríguez fue ratificada por las diversas organizaciones gremiales como su representante en la Junta Directiva de la Caja.

De todas formas, Martha Rodríguez no fue reinstalada y en su lugar en febrero pasado fue nombrado José Luis Castro en su lugar, un nombramiento seriamente cuestionado y rechazado por diversas organizaciones sindicales.

“Presentamos una medida cautelar para que se me reintegre, como corresponde al ordenamiento jurídico, a la Junta Directiva de la CCSS, en virtud de los riesgos que está corriendo la institución con una representación de trabajadores que no ha sido reconocida por el movimiento sindical, y porque se ha violentado totalmente el derecho de los sindicatos a nombrar a sus representantes. Esta acción busca que se instaure a la representante que fue elegida legítimamente”, declaró Rodríguez.

Adicionalmente, presentaron la demanda ordinaria en el Contencioso Administrativo contra Marta Esquivel, José Luis Castro y el Consejo de Gobierno por ir contra el ordenamiento jurídico, violentado la Constitución y el principio de legalidad. Ambas acciones (demanda y la medida cautelar) se presentaron de manera conjunta.

“El Consejo de Gobierno no tiene las competencias para disciplinar, ni suspender a los miembros de la Junta Directiva, en eso hay claridad en la Ley Constitutiva de la Caja y en la demanda se cobraría el daño moral contra mi persona y todo el daño objetivo y subjetivo que definan los jueces. Lo que se resuelva sería donado para la defensa de la Caja y sus trabajadores, a través del sindicato UNDECA, de manera que puedan continuar con su labora de defender a la institución”, añadió Rodríguez.

Lupita Chaves, abogada de Rodríguez, dijo que Costa Rica es un Estado de derecho donde se debe respetar el ordenamiento jurídico y la Ley Constitutiva de la Caja en su artículo 6, le da la potestad a las asambleas de representantes ser las que nombre a sus representantes. Hay una norma expresa.

«Martha Rodríguez fue electa y ratificada en asamblea de representantes, que integran a casi 200.000 personas del movimiento sindical, es la primera mujer en 80 años de estar constituida la Caja que asume el reto de ser nombrada por este sector para representar a la clase trabajadora de todo el país en la Junta Directiva y no es posible que el gobierno asuma potestades que no le corresponden. Por esa razón, la persona que está pro témpore no representa al sector sindical, fue puesto a dedo por el Consejo de Gobierno, conformando una junta a su gusto, sacando al movimiento sindical, solidarista y cooperativista para poner personas que sean afines con los intentos de llevar acuerdos unánimes, quebrantando la organización tripartita en esta institución», dijo Chaves.

 

Nota del Semanario Universidad, compartida con SURCOS por Luis Chavarría, secretario general de UNDECA.