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8 DE MARZO DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER DECLARACIÓN

Aporte de Rodrigo Aguilar Arce, Ex Presidente de la CTRN en el marco del Día Internacional de la Mujer

Marco Leandro

A siglo y 11 años de celebrarse el Día Internacional de la Mujer, este 8 de marzo de 2022, el movimiento sindical asume la responsabilidad de redoblar esfuerzos por el logro de los derechos de las mujeres en toda su amplitud. El 8 de marzo es una jornada en la que se pone en valor la lucha por los derechos de la mujer y se reivindica la igualdad respecto a los hombres.

EL ORIGEN DEL DÍA DE LA MUJER 

Fue en 1975 cuando Naciones Unidas declaró el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo, aunque los orígenes sobre esta fecha son más bien inciertos. En realidad, hay varios acontecimientos y manifestaciones que a lo largo de los siglos XIX y XX que marcaron la lucha por los derechos de la mujer. Es el caso del incendio en la fábrica textil Triangle Shirtwaist Company, el 25 de marzo de 1911 en Nueva York, donde murieron más de un centenar de personas, sobre todo mujeres inmigrantes de entre 17 y 24 años.

En realidad, no hay un evento concreto sino luchas, concentraciones huelgas de mujeres que terminaron convirtiéndose en una constante.

Por ejemplo, recuperan en “Marea”, en 1853 unas 21.000 personas  el 55,8%, niñas menores de 13 años de los talleres de Preston, en los distritos del algodón de Manchester, protagonizaron huelgas y todo tipo de disturbios.

En 1857, por otro lado, miles de trabajadoras del sector textil salieron a las calles de Nueva York para protestar por las malas condiciones laborales. También en Nueva York, pero en 1908 y bajo el lema ‘Pan y Rosas’, se manifestaron 15.000 mujeres pidiendo una mejora de las condiciones y el fin del trabajo infantil.

En Europa, por otro lado, fue la líder socialista Clara Zetkin quien instó en la primera Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, el 1907 en Sttutgart, a realizar una campaña a favor del voto de la mujer. En 1910, en la II Conferencia, Zetkin propuso la creación de un Día Internacional de la Mujer, idea que cogió de las mujeres americanas del Partido Socialista. Así, la primera vez que se conmemoró en varios países el Día de la Mujer fue en 1911.

El movimiento sindical costarricense ha venido conmemorando este trascendental día, por considerarlo altamente representativo, por su valor imponderable, y porque nos permite revisar una serie de elementos vitales en nuestro cotidiano quehacer, y en las proyecciones de acción, gestión y lucha que debamos emprender.

BREVE REPASO AL ORIGEN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Para la Profesora Universitaria Gabriela Arguedas, con un mensaje profundo dado en el año del centenario, nos expresó que el 8 de marzo no se festeja, que no es una fiesta, que no es motivo para un carnaval o un regalo y que existe una diferencia profunda entre un festejo y una conmemoración, y agrega: el 8 de marzo no es la fecha para que se despliegue toda la furiosa competencia mercantil de rebajas, ramos florales y tarjetas coloridas con frases de lugares comunes.

Según dicha profesora la tendencia, cada vez más enajenante de eliminar el contenido histórico de las fechas conmemorativas solo sirve a un propósito: la asimilación y, por ende, la desaparición, y que cuando algo pierde su contenido simbólico, deja un espacio hueco en el que luego se puede colocar cualquier cosa, por absurda o insultante que sea, agregó que  es precisamente eso, lo que no quiere que suceda con el 8 de marzo, es decir, no es un día para celebrar el esencialismo o para que algunos tengan ocasión de pasarse de listos, y cierra estos criterios diciendo que el 8 de marzo es un día para que la memoria reviva y la dignidad se sacuda.

La Comisión Ampliada de las Mujeres Sindicalistas, CRAMS, de nuestra Subregión ha expresado que  la conmemoración del El Día Internacional de la Mujer Trabajadora, recoge la lucha emprendida en la Antigua Grecia por Lisístrata, quien inició una huelga sexual para poner fin a la guerra y surgió a raíz de las acciones de mujeres de los movimientos sindicales durante el Siglo XIX y principios del Siglo XX.

Diversas fuentes destacan  que su  establecimiento formal se dio en la reunión de la Internacional Socialista realizada en Copenhague en 1910, en la que participaron más de 100 mujeres de 17 países, además un elemento determinante para esta conmemoración de esta fecha resulta ser el caso de las 129 mujeres que durante una huelga pacífica murieron quemadas en un incendio en la fábrica Cotton Textile Factory, quienes  protestaban por sus condiciones laborales, un aumento de los salarios, una reducción de la jornada laboral y el fin del trabajo infantil.

Arguedas  señala que el origen histórico de esta fecha conmemorativa es muy discutido y que investigaciones elaboradas por historiadoras feministas ubican los hechos que marcaron esta fecha en el año 1857, y  destaca acciones del sindicato de costureras de la compañía textil en Lower East Side, Nueva York que convocó a una marcha en el mes de marzo para demandar una jornada  laboral limitada a 10 horas; por otra parte  indica que en 1867, tuvo lugar otra manifestación, en esa misma ciudad, de mujeres trabajadoras, que seguían bajo condiciones de profunda explotación laboral. En todas estas manifestaciones la represión policial fue sumamente violenta.

La Prof. Arguedas señala también, que en 1908 las mujeres del Partido Socialista Norteamericano fundaron unas jornadas de reflexión y acción denominadas Woman’s Day (Día de la Mujer). Sus reivindicaciones iniciales fueron la defensa incansable del derecho de las mujeres al sufragio, a gozar de derechos en el trabajo y a luchar en contra de la guerra y expresa que fue en 1910, en Copenhague, durante la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, donde se presentó una propuesta del Partido Socialista Norteamericano, para instaurar el Día Internacional de la Mujer. Esta propuesta, finalmente, fue aprobada, en mucho, gracias al apoyo brindado por la socialista alemana Clara Zetkin.

La Agencia France Press reconoció también que la jornada se consagra a la lucha por la igualdad y la emancipación de las mujeres, y se inspira en las luchas de la socialista alemana Clara Zetkin, quien lanzó la idea sin proponer una fecha fija, en la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas celebrada en agosto de 1910 en Copenhague, ello de acuerdo al señalamiento de la historiadora francesa Françoise Picq.

Dicha agencia ha expresado que, desde su lanzamiento en 1910, las mujeres han conquistado numerosos derechos civiles, políticos y laborales, pero la plena igualdad con el hombre sigue siendo un objetivo pendiente, en la gran mayoría de los países las mujeres siguen sufriendo, en mayor o menor medida, discriminaciones de todo tipo cuando no situaciones de opresión.

LA SITUACION PREVALECIENTE

Sabemos que, a pesar de llevar más de cien años de conmemoración, las condiciones laborales de la gran mayoría de mujeres en el mundo entero y por su puesto en Costa Rica siguen siendo deplorables.

La división sexual del trabajo perdura y mantiene a muchas mujeres e incluso a niñas en una situación que bien podemos llamar de esclavitud.

Las mujeres que han logrado incorporarse al mercado de trabajo formal ganan un 70% del salario de los hombres, a pesar de realizar las mismas funciones y de estar, en muchos casos, mejor calificadas.

Los derechos laborales de las mujeres se sostienen en el papel, a punta de uñas y dientes, pero en la vida cotidiana es todavía más difícil, al punto que ya parecen solo un puñado de buenas intenciones.

La discriminación en toda su esencia se mantiene tanto en lo laboral como en lo político.

El acoso laboral y el acoso sexual constituyen dos de los más feroces flagelos tanto en el orden laboral como político, tanto en el sector privado como en el sector público.

La trata de blancas y la utilización de niñas adolescentes en trabajo sexual constituyen una verdadera vergüenza nacional.

En los pocos casos de existencia de negociación colectiva en empresas públicas y privadas los temas relativos a las mujeres están levemente reconocidos o no lo están del todo.

La informalidad, la precariedad son condiciones que imposibilitan el desarrollo sindical de las mujeres.

EL COMPROMISO CON LOS SIGUIENTES RETOS

Las organizaciones sindicales y las mujeres sindicalistas asumimos este 8 de marzo de 2022 los siguientes retos:

Apoyar a todas aquellas mujeres que se organizan y resisten las agresiones del capitalismo salvaje en todas sus expresiones: flexibilidad laboral, tercerización, feminicidio, machismo, desprotección social, maltrato, desigualdad, desvalorización de las mujeres y sus derechos, y poca o nula participación en los procesos sociales, económicos y políticos.

Incrementar los esfuerzos para la superación de la situación prevaleciente por cuanto estamos convencidos que son las mujeres junto a las personas jóvenes e inmigrantes, quienes soportan la mayor precariedad laboral y la desigualdad salarial, esto les convierte en las personas más vulnerables ante la crisis económica.

Trabajar en unidad con todo el movimiento sindical y todas las mujeres que son maltratadas, humilladas, explotadas, oprimidas, subyugadas, día a día por el sistema Neoliberal.

Luchar y levantar una sola voz desde los distintos espacios, demandas y reivindicaciones. Para ello debemos enfrentar el modelo con organización, lucha y rebeldía para lograr una participación efectiva, protagónica, donde nuestra voz sea escuchada.

Intensificar la lucha para la participación de las mujeres en definición de políticas de empleo, de educación, de formación profesional técnica y de procesos de intermediación que constituya un elemento sustantivo de la misma política.

Constituir una estructura sindical participativa, horizontal, democrática, honesta, con igualdad de género, que tenga capacidad de unificar el pensamiento y la acción sindical, en el respeto a la pluralidad y diversidad, a través de procesos de evaluación, formación y formulación de una propuesta incluyente de todos los sectores que forman nuestra base, para lograr un movimiento sindical fuerte, vigoroso y poderoso, con credibilidad.

Luchar para que la dimensión y equidad de género sea considerada como componente transversal de los análisis y la definición de acciones sobre innovación, empleo, combate a la pobreza y fortalecimiento de la gobernabilidad democrática.

Continuar las acciones para que se disminuya la brecha de equidad existentes tanto en torno al acceso a las fuentes de trabajo, en los niveles operacionales, técnicos y profesionales como en la desigualdad salarial existente, en las diversas actividades de la economía nacional.

Divulgar y dar a conocer en todos los rincones del país los derechos y garantías laborales, constitucionales y los convenios y convenciones internacionales que garantizan los derechos económicos, en salud laboral, social y cultural como componentes esenciales para garantizar calidad del trabajo a las mujeres y a los jóvenes.

Promover la formación técnica, de competencia y empresarial para mujeres excluidos del sistema formal de la educación.

Luchar para que se reconozcan el potencial y la capacidad organizacional que tienen las mujeres para desarrollar actividades productivas.

Gestionar el desarrollo de observatorios de empleo con la efectiva participación de mujeres para detectar no solo las necesidades de oferta y demanda, sino para determinar los niveles de formación que posen las mujeres y los jóvenes en determinados entornos regionales o locales, para establecer proyectos productivos.

Capacitar conjuntamente con los sindicatos a trabajadores y trabajadoras en lo referente a sindicalismo.

Realizar convenios con las empresas donde se le facilite crédito y materiales a bajo costo a fin de que las mujeres puedan trabajar con microempresas que brinden mejores ingresos para ayuda a su familia.

Revisar los programas educativos tanto técnicos como profesionales en los diferentes entes educativos: INA, universidades, con el fin de realizar un diagnóstico de las necesidades laborales en las diferentes regiones del país, a efecto de coordinar con el ministerio de trabajo para que se cree la bolsa de empleo funcional.

Asegurar una cuota de un 50% mínimo de participación de las mujeres en puestos directivos en las diferentes organizaciones sindicales tanto nacionales como internacionales.

Fomentar el incremento de sindicatos en el sector privado principalmente en los sectores de los regímenes especiales “zonas francas, perfeccionamiento activo” con el fin de lograr estabilidad laboral.

San José, 8 de marzo de 2022

Rodrigo Aguilar Arce

Ex Presidente de la CTRN

Sobre la aprobación de la Ley Marco de Empleo Público

Juan Carlos Durán Castro
SIFUPCR
08 marzo 2022

El error político del PLN junto con el PAC y demás fracciones legislativas más allá de que se emitan distintas razones que van desde «es la mejor ley para solucionar el déficit fiscal» hasta es el paso correcto para «mayor justicia salarial entre sector público y privado», entre otras repeticiones discursivas de hace más de 45 años de los «políticos», sin duda le echa un enorme empujón al ultraderechista, misógino, tecnócrata de falsa narrativa populista de derecha y prepotencia ya conocida don Rodrigo Chaves Robles.

Al país posiblemente le esperen años aún más oscuros y sin duda dentro de cuatro años o antes asistiremos a la promoción de otras leyes para «mejorar los impuestos» o «solucionar el déficit fiscal».

Todo indica que en el escenario de que gane una de las dos derechas en disputa por Zapote el país tarde o temprano asistirá a una explosión social.

Como hemos dicho tenemos dos rutas: una más lenta y gradual que la otra, pero que nos lleva por el mismo camino y al mismo lugar, mayor concentración de la riqueza, pobreza, precariedad laboral, desempleo, en fin, mayor exclusión social.

Así las cosas, definitivamente parece ser que la aprobación de la dis que ley de empleo público podría generar más réditos al enfoque ultraconservador y eso acelera el escenario de una explosión social.

SIFUPCR felicita a las mujeres de Costa Rica y les llama a organizarse

Desde el SIFUPCR felicitamos a todas las mujeres de Costa Rica y les llamamos a organizarse y defender la Patria y la institucionalidad. ANIMARSE a romper las cadenas de la opresión, construir una cultura de amor e inclusión humana y salirse de los distintos círculos de violencia que el sistema promueve.

Y de cara al 03 de abril utilizar su inteligencia emocional, social y profundamente humana, para votar sin que las falsas promesas de siempre y los bellos discursos priven sobre sus realidades.

Nos veremos en los foros internacionales

Manuel Hernández

El Tribunal del Perpetuo Martirio de la Constitución le dio el último toque de gracia a la Carta Magna de la 2* Republica.

MIDEPLAN transmutado en el nuevo Leavitan del Sector Público.

Las autonomías constitucionales hechas pedazos de un solo plumazo.

Se confirma la política extrema y salvaje de devaluación de los salarios de las personas servidoras públicas.

Un pronunciamiento que vulnera la Opinión Consultiva de la CORTEIDH, OC-27-21, que en materia de negociación colectiva en las Administraciones Públicas estableció 3 cuestiones fundamentales:
1.- El reconocimiento del derecho de negociación colectiva en la función pública, con fundamento en los Convenios 98, 151 y 154 OIT.
2.- La OC 27-21 dispuso que los Estados tienen la obligación de promover la negociación colectiva en la función pública.
3.- Pero, además, la CORTE IDH estableció que los Estados tienen que PRIVILEGIAR -literal- la negociación colectiva en la Administración Pública, en lugar de leyes que limiten los salarios (literal).

Una resolución del Senado Poltitico de Costa Rica radicada en los dogmas neoliberales de Buchanan y Friedman.
La democracia quedo herida de muerte.

Nos veremos en los foros internacionales.

UCR: La ley que aspira a cubrir a trabajadores agrícolas ante accidentes ofídicos es casi una realidad

La ley que aspira a cubrir a trabajadores agrícolas ante accidentes ofídicos es casi una realidad

La UCR impulsó el proyecto de ley aprobado en segundo debate. Las personas beneficiarias de esta ley son quienes realizan labores agrícolas y están en condición de pobreza

Por primera vez en la historia nacional, Costa Rica está cerca de concretar una ley que garantizará la cobertura universal del seguro de riesgos a todas las personas trabajadoras independientes afectadas por mordeduras de serpientes.

Esta ley, aprobada en segundo debate en febrero del 2022 en la Asamblea Legislativafue impulsada por el Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica (ICP-UCR), en conjunto con el diputado José María Villalta del partido Frente Amplio.

El proyecto de ley constituye el expediente 22 334 y su aprobación abre el camino para que todas las personas agrícolas trabajadoras del campo, quienes en la mayoría de los casos no están aseguradas, puedan tener una protección ante eventuales envenenamientos ofídicos. También, podrían acceder a una compensación económica por las secuelas temporales o permanentes debido a un accidente de este tipo.

“Nos llena de alegría dar este paso. Lo que nos motivó a generar este proyecto de ley, junto con el Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica, fue la preocupación por las y los trabajadores que se encontraban en total situación de desprotección. Trabajadores independientes de zonas rurales y de escasos recursos, muchas veces en condición de pobreza, que sufren de accidentes laborales y no cuentan con un seguro. Esto les impide tener una pensión y protección social para sus familias si quedan en una situación de invalidez”, indicó el diputado José María Villalta.

La problemática

La idea del ICP-UCR en impulsar esta ley se desprende de un estudio publicado en enero del 2020 en la prestigiosa revista científica “Toxins”, del Instituto Multidisciplinario y de Publicación Digital (MDPI).

El estudio, que parte de una tesis de licenciatura desarrollada por la Lic. Jazmín Arias en la Universidad Nacional, y con la participación del Instituto, logró documentar en la región Brunca de Costa Rica la seriedad de las secuelas o consecuencias del envenenamiento por mordeduras de serpientes.

Asimismo, reveló que muchas de las familias afectadas son las que poseen el menor ingreso per cápita registrado en el país.

Desde las palabras del Dr. José María Gutiérrez Gutiérrez, científico del ICP-UCR y profesor emérito de la UCR, la investigación fue un aporte de gran relevancia. Si bien desde antes se conocía que un porcentaje de las personas que sufren envenenamiento ofídico tenían consecuencias diversas que afectan su calidad de vida, la información era más anecdótica y no estaba sistematizada.

En ese momento, la estudiante desarrolló un valioso estudio cualitativo que mostró cómo campesinas y campesinos que trabajan de manera independiente, o bien como trabajadores ocasionales y que son afectados por esta patología, no reciben compensación, ni rehabilitación, ni apoyo psicológico para enfrentar las secuelas de diverso tipo que les causan los envenenamientos ofídicos.

“Jazmín también documentó las consecuencias económicas que impactaron a estas personas y a sus familias. Este tema ha recibido muy poca atención no solo en Costa Rica, sino también en muchos otros países del mundo. La Organización Mundial de la Salud ha señalado la importancia de atender este aspecto olvidado del problema. En varios países se ha demostrado que las consecuencias psicológicas de los envenenamientos son terribles, con el desarrollo de cuadros de síndrome de estrés post-traumático, depresión y ansiedad. También se ha mostrado que muchas personas afectadas y sus familias, usualmente personas en condiciones de vulnerabilidad social, sufren una verdadera catástrofe económica producto de las secuelas de las mordeduras. Algo similar pudo observar Jazmín Arias en su estudio en la zona sur de Costa Rica”, ahondó el Dr. Gutiérrez.

En Costa Rica, las personas víctimas son atendidas por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y reciben los antivenenos necesarios para su recuperación costeados por la seguridad social. No obstante, muchas de ellas quedan con secuelas permanentes, sin la posibilidad de seguir laborado, sin recibir rehabilitación por no ser asalariados regulares y, además, sin ningún tipo de indemnización.

“El estudio se basó en entrevistas semiestructuradas con 15 personas que habían sufrido envenenamiento por mordeduras de serpiente. Las personas describieron muchas dificultades como consecuencia de estos venenos, como secuelas físicas permanentes, incluidas dos amputaciones, secuelas psicológicas, dificultades económicas y dificultades para reinsertarse en el trabajo agrícola”, se menciona en el artículo científico publicado.

Aunque la mortalidad se ha reducido drásticamente debido a la atención que provee el sistema de salud, algunos casos tienen una alta severidad con secuelas física y psicológicas. «Este es un aspecto que hasta hace poco no se había analizado a cabalidad ni se había documentado bien. La información de que disponemos ahora indica que este aspecto de las secuelas es un ángulo fundamental del problema, al que hay que ponerle mucho mayor atención». Dr. José María Gutiérrez Gutiérrez. Foto: Karla Richmond, UCR.

Esperanza

De acuerdo con el Dr. José María Gutiérrez Gutiérrez, Costa Rica ha tenido importantes avances para reducir el impacto de los envenenamientos ofídicos en el país, pero es claro que se ha tardado en compensar las consecuencias físicas, psicológicas, sociales y económicas de estos envenenamientos. Por lo tanto, esta ley viene a llenar ese vacío.

“Este nuevo proyecto de ley viene a llenar en buena medida este vacío y esta deuda que el país tiene con las personas afectadas por esta enfermedad. La aprobación de esta ley lanza una señal de esperanza de que en nuestro país, mediante sinergias entre las universidades públicas, el sistema de salud pública, el sector político y de gobierno y los sectores comunitarios organizados, podemos avanzar por sendas marcadas por la solidaridad y la procura del bien común. Este logro nos debe motivar a seguir mejorando cada vez más los esfuerzos para reducir el sufrimiento humano causado por las mordeduras de serpientes”, manifestó el Dr. Gutiérrez.

La entidad que emitirá el la cobertura será el Instituto Nacional de Seguros (INS). El tomador de la póliza será el Consejo de Salud Ocupacional y estará a cargo de cumplir con las obligaciones dispuestas en los incisos a), b) y c) del artículo 214 del Código de Trabajo respecto a los trabajadores independientes indicados.

Asimismo, el documento del proyecto de Ley señala que no será necesario presentar planillas ni reportar de previo al trabajador para el aseguramiento. No obstante, el Consejo de Salud Ocupacional sí deberá llevar los controles o registros necesarios para verificar que los reportes de accidente que remita sean procedentes.

“El mecanismo diseñado establece la creación de un seguro especial, una póliza especial, que sería financiado con recursos del Consejo de Salud Ocupacional, un órgano del Ministerio de Trabajo con la competencia legal para promover la salud ocupacional y prevenir accidentes de trabajo. Este Consejo suscribiría una póliza colectiva de riesgo del trabajo con el INS que cubriría a las personas trabajadoras independientes que no están aseguradas, comentó Villalta.

Villalta reiteró que las personas beneficiarias de esta ley son quienes están en condición de pobreza, con escasos recursos económicos, y que por eso no han podido suscribir un seguro por su cuenta.

Por ese motivo, el mecanismo fue diseñado para proporcionar una cobertura a pesar de que la persona, antes de sufrir el accidente o la mordedura de serpiente, no haya estado asegurada. Si este mecanismo funciona bien, se podría extender la cobertura a otros riesgos y accidentes de trabajo que actualmente están descubiertos.

“Esta ley podría ser la semilla de un mecanismo de protección más ambicioso que cubra a las personas trabajadoras independientes del campo y de la ciudad que sufran accidentes de trabajo y que no tienen un seguro. En el país hay muchos casos de trabajadores independientes de bajos ingresos que no tienen una cobertura. Si hoy sufren un accidente laboral, no tienen protección. ¿Un ejemplo? Los repartidores de comida de plataformas digitales. El proyecto tiene una gran perspectiva a futuro porque, si funciona bien el mecanismo, podríamos extender esta protección a otras poblaciones desprotegidas”, resaltó Villalta.

Actualmente, en Costa Rica se reportan entre 400 y 600 casos de mordeduras de serpientes cada año. La mayor incidencia se dan en Puntarenas, Limón y Alajuela, aunque ocurren envenenamientos en todo el país.

Las zonas más afectadas son regiones bajas de clima tropical húmedo y con vocación agrícola y ganadera, regiones donde se distribuye la especie Bothrops asper (terciopelo), que causa la enorme mayoría de los accidentes y los más graves.
 
Ahora, la iniciativa está en manos del Poder Ejecutivo para continuar el proceso y para que entre en vigencia deberá salir publicado en La Gaceta.

 

Jenniffer Jiménez Córdoba
Periodista, Oficina de Divulgación e Información, UCR

Carlos Andrés Pérez Sánchez: víctima de la administración Alvarado

Isabel Ducca D.

¿Ustedes se imaginan a un saboteador de una refinería de petróleo descalzo?

La sentencia del Tribunal de Apelaciones del Juzgado de Goicoechea, reproduce la acusación que se le planteó a Carlos Andrés Pérez S. como causante de un sabotaje a Recope en Moín y llama la atención que, cuando lo detienen, se encontraba descalzo.

Este operario fue detenido la noche del 11 de septiembre del 2018 en Moín; se le responsabilizó de entrar a las instalaciones con la intención de crear un peligro para la seguridad común. Mediante el uso de un objeto idóneo, cortó el cable de señal de nivel de las esferas 7710 y 7711, retiró dos fusibles que suministran la electricidad a los instrumentos de control y dañó el sistema de la válvula hidráulica, desconectando las líneas de fluido hidráulico, tanto en la parte inferior como la parte superior de tal forma que la esfera 711 quedó con las válvulas cerradas, creando un peligro (sic) la seguridad común pues con su actuar interrumpió el bombeo de gas desde el buque Strident Force a las esferas de almacenamiento, para lo cual cerró la válvula de entrada a la esfera, lo que puedo (sic)producir que las tuberías que trasladan el gas sufrieran una ruptura, produciendo una explosión que hubiera liberando (sic) gas licuado de petróleo a la atmósfera, a una razón de 1500 barriles por hora, catástrofe que se logró evitar gracias a la rápida acción del personal de RECOPE.[1][i]

Este fue el sabotaje al que se refirieron tanto Alejandro Muñoz, presidente ejecutivo de Recope, como Michael Soto, ministro de Seguridad, el 17 de septiembre 2018, con orgullo de salvadores de los costarricenses por habernos liberado de terroristas con mano criminal.

El trabajador fue condenado por los medios de comunicación, las altas autoridades del gobierno antes de ser también culpado por un juez de Limón el día 27 de noviembre del 2018 a dos años de cárcel y diez años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. ¡Justicia pronta y cumplida!, cuando así les conviene.

O más bien, ¡injusticia pronta y cumplida!, ya que el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal, Segundo Circuito de San José, Goicoechea, el 26 de febrero del 2019, declaró con lugar la apelación interpuesta tanto por el Ministerio Público como por su defensor. Son múltiples las irregularidades que dicho tribunal encontró en el proceso. Nos interesa rescatar una conclusión fundamental de esa argumentación jurídica:

Pocas veces este Tribunal se ha enfrentado a un proceso y a una sentencia cargada de tantos y tan graves errores en la aplicación del derecho vigente como la presente. Por ello, porque se estima, conforme a lo indicado, que no se trata de simples discrepancias de criterios jurídicos o de errores menores, sino de un burdo desconocimiento del Derecho Penal y Procesal Penal, se considera procedente testimoniar piezas ante el Tribunal de la Inspección Judicial a fin de que se determine si al juez de mérito le asiste alguna responsabilidad disciplinaria al tenor de lo estipulado en el artículo 199 párrafo final de la Ley Orgánica del Poder Judicial.[ii]

El criterio de juristas destacados fue expuesto en la Revista de Canal 13 del Sistema de Radio y Televisión dirigida por Laura Martínez.[iii] Dicha sentencia fue calificada por José Miguel Villalobos como un mamarracho jurídico que deja ver, como la punta de un iceberg, la crisis del sistema judicial porque una sentencia así amerita que ese juez sea investigado e incluso destituido por la flagrante ignorancia que demuestra; incluso puede ser acusado por prevaricato por la cantidad de vicios procesales y de fondo que contiene la sentencia de ese juez de Limón, pues sus argumentos son contrarios a la ley.

La pregunta fundamental planteada por este jurista es si se trata una magna ignorancia de parte del juez o de un acomodo a la presión para exhibir una condena que correspondiera con la coacción ejercida por sectores empresariales y círculos editoriales para declarar el suministro de combustible como servicio esencial, con el objetivo de garantizar la anulación de la posibilidad de huelga en servicios públicos como el de Recope.

La sentencia del juez de Limón fue presentada por algunos medios como el non plus ultra de la defensa de la institucionalidad porque la intención siempre es confundir al ciudadano, de manera que ligara suministro de combustible con servicio esencial y prohibición de la huelga. Había un sector muy importante que deseaba cerrar el derecho a huelga en los servicios públicos.

Otro asunto muy cuestionable es que los medios de comunicación le hicieron creer a la ciudadanía que existía alguna prueba del sabotaje; sin embargo, el Ministerio Público afirmó que no había ninguna prueba directa, nadie lo observó manipulando algo. A pesar de todo eso, el juez lo convirtió en un indicio preciso y concordante de que esa persona estaba intentando sabotear; ese fue el único indicio para acusarlo. ¡No existe prueba directa! ¡No existen varios indicios!

Nuestra solidaridad para con Carlos Andrés Pérez Sánchez quien entró esa noche a las instalaciones de RECOPE por su lealtad para con el país y la institución, pues tenían varias horas él y otros compañeros que se encontraban fuera en el estacionamiento, de oler como si hubiera una fuga de combustible. Para prevenir una tragedia entraron a revisar. Cuando estaban dentro del plantel, una patrulla entró a detenerlos… Sin palabras, imaginen el resto.

Este viernes tendrá lugar en Limón el juico. Las organizaciones sociales están solicitando Sobreseimiento definitivo para Carlos Andrés.

Si todavía existe justicia en Costa Rica, así será.


[1] Tanto los graves problemas de redacción como el subrayado son del original.


[i]Chinchilla, R., García, A. y Rojas, G. (2019). Resolución: 2019-0319 Expediente: 18-000244-1130-PE (7)TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA PENAL, Segundo Circuito Judicial de San José. Goicoechea, p.6.

[ii] Idém, p.42.

[iii] S.a. Costa Rica Noticias. Revista: Entrevista: Cuestionamientos a sentencia de trabajador de Recope. Recuperado de: http://www.costaricanoticias.cr/revista/page:2

Aclaración de SINAE AFINES

SINAE AFINES se ha enterado por medio de redes sociales sobre la existencia de una solicitud al Ministerio Público para investigar la organización sindical. De parte de la organización, con el fin de mantener la transparencia y el respeto a los afiliados y afiliadas, se manifiesta lo siguiente:

  1. Aunque no exista una denuncia formal sobre tal gestión, de forma anticipada, se rechaza categóricamente cualquier manera de acusación.
  2. Además, se manifiesta toda la disposición y colaboración para que la Fiscalía investigue los hechos denunciados por una persona.
  3. También se reconoce el derecho legítimo de cualquier ciudadano de acudir a instancias judiciales a denunciar lo que considere irregular, desde su particular perspectiva o forma de pensar, pero, no abusando del sistema judicial y peor aún, sin presentar prueba alguna y de manera temeraria, que mancha el buen nombre de la organización.
  4. A la vez, se destaca que desde el SINAE AFINES no se va a permitir que se intente instrumentalizar los procesos judiciales penales a fin de satisfacer intereses particulares sobre posibles pretensiones que deban ser ventiladas en otras vías establecidas expresamente en nuestro ordenamiento jurídico para tales efectos.
  5. Por otra parte, deja claro que no existe ninguna ilegalidad ni acción ilícita con las gestiones cotidianas del SINAE AFINES, ni tampoco en lo relativo a los pagos de las cuotas obrero patronales. 
  6. Por ello, pone a disposición de los afiliados y afiliadas los libros contables y estados financieros para que, quienes así lo deseen, puedan revisarlos en la forma que jurídicamente sea procedente.
  7. Asimismo, se procederá a presentar las acciones legales correspondientes para salvaguardar nuestro nombre, imagen y la buena gestión.

 

Imagen ilustrativa.

ANEP y SITRAP piden a Del Monte atender daños estructurales en viviendas de sus trabajadores

Tanto para los trabajadores de las fincas Chiras, como Altagracia en Puerto Viejo de Sarapiquí y Londres de Cariari, respectivamente, es urgente que su patrono, Del Monte Costa Rica, cumpla con el compromiso adquirido de mantener en buenas condiciones las viviendas, ya que día tras día están peor y temen por su salud y las de sus familias. 

En el siguiente video se comparte información e imágenes que respaldan las malas condiciones en las que se encuentran los trabajadores.

Sobreseimiento definitivo para Carlos Andrés Pérez Sánchez

Surcos comparte la siguiente información:

La Protesta Social es un Derecho Humano

La Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU), el Bloque de Vivienda Nacional, la Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT), la Coordinadora Campesina y el Movimiento de Trabajadores y Campesinos (MTC) solicitamos de forma vehemente al Estado costarricense la cesación de la persecución política en contra de personas defensoras de derechos humanos. Así, exigimos EL SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO para el joven trabajador y sindicalista de 28 años Carlos Andrés Pérez Sánchez, obrero de la Refinería Costarricense de Petróleo (RECOPE) quien ha sido acusado de manera ilegítima de supuestos delitos que jamás ocurrieron.

Carlos Andrés es una víctima más de la persecución política, administrativa y judicial ejecutada por el estado a través del Poder Ejecutivo, RECOPE y la Fiscalía General de la República. Una persecución sistemática que ha sido alimentada a través de los medios de comunicación hegemónicos que ejercen una dictadura mediática complaciente de los intereses de las élites económicas.

Carlos Andrés fue detenido injustamente el 11 de septiembre del año 2018 cuando, en ejercicio de su derecho fundamental a la manifestación pacífica reconocido en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos, suscritos y debidamente aprobados por Costa Rica, se le acusó de causar daños a bienes propiedad de RECOPE, institución para la cual trabajaba. Carlos Andrés en un acto heroico acudió a atender una emergencia de una posible fuga de gas en las instalaciones de su trabajo, acción para la cuál ha sido preparado como parte de las medidas de atención de riesgos ante eventuales peligros. Hecho que se da durante el período de huelga acontecido durante el año 2018 en contra del combo fiscal (Proyecto Ley 20.580. Ley de Modernización de las Finanzas Públicas) promovido por el gobierno central y la Asamblea Legislativa; huelga que él apoyaba dentro de los límites del ordenamiento jurídico, esta es la verdadera razón del por la cual es acusado.

Este joven trabajador y padre de familia, fue sometido a un juicio mediático a nivel nacional, siendo catalogado por los medios de comunicación más poderosos como un terrorista, inclusive fue acusado por el presidente de la república, Carlos Alvarado Quesada, sin antes tener un juicio en el cual se demostrara su culpabilidad, violentando así el principio constitucional y penal de inocencia.

Posteriormente fue sometido a un amañado juicio penal de flagrancia donde es declarado culpable, juicio que luego fue anulado por el Tribunal de Sentencia Penal del II Circuito Judicial de San José al demostrarse vicios de nulidad en el fallo condenatorio emitido por el juez Sergio Céspedes Rivera (Tribunal del Flagrancia de Limón, causa 18-000244-1130-PE), quien en primera instancia fue amonestado, ordenando la liberación de Carlos (26 de febrero, 2019).

Carlos Andrés Pérez Sánchez ha tenido que sufrir el injustificable peso de atravesar un proceso penal donde estuvo detenido en prisión durante 100 días, como preso político, condenado en un juicio con serios vicios procesales. Todo esto a pesar de que el material probatorio, el análisis fáctico y jurídico del caso, señalan claramente su inocencia. Además, a nivel de derechos laborales, fue despedido de su trabajo arbitrariamente sin responsabilidad laboral, causando un impacto en la estabilidad emocional y económica a nivel personal y familiar.

Por todo lo anterior, como organizaciones del movimiento social defensoras de los Derechos Humanos solicitamos se declare el sobreseimiento definitivo a Carlos Andrés Pérez Sánchez, con fundamento en el inciso a) del artículo 311 del Código Penal, que dicta que procederá el sobreseimiento cuando el hecho denunciado no se realizó o no fue cometido por el imputado.

Hacemos un llamado a las personas comprometidas con la justicia social, a las organizaciones sociales nacionales y a la comunidad internacional para que se solidaricen con Carlos Andrés, denuncien la violación sistemática de derechos fundamentales que sucede en Costa Rica y se unan para denunciar la represión y persecución penal, civil y política contra quienes ejercen el legítimo derecho a la protesta social. A la vez, convocamos a hacernos presentes los días 24 y 25 de febrero a los Tribunales de Limón, para recuperar la confianza en los tribunales de justicia y se dicte el SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO A CARLOS ANDRÉS PÉREZ SÁNCHEZ.

PROTESTAR NO ES UN DELITO, ES UN DERECHO HUMANO
Firmas responsables:

ACODEHU, CUT, MTC

Bloque de Vivienda Nacional,

Coordinadora Campesina

Costa Rica

Por lo que le solicitamos adscribirse como persona o como organización a Petición  del SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO para compañero Carlos Andrés Pérez Sánchez, joven obrero de Costa Rica víctima de persecución penal y política desde la huelga 2018.

https://forms.gle/M6DnYU17m19CZ9b8A

Gracias de antemano.

Nuevo golpe para la clase trabajadora por parte de la Asamblea Legislativa

La Confederación de Trabajadores Rerum Novarum expresa su decepción y profunda preocupación ante la conducta deplorable de las y los diputados de la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa, de archivar una importante iniciativa para la ratificación del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el cual es el primer tratado internacional que reconoce el derecho de toda persona a un mundo laboral libre de violencia y acoso, incluidos la violencia y el acoso por razón de género.

Para nuestro país, es de la más alta prioridad lograr un mundo del trabajo totalmente libre de violencia y acoso laboral, lo que debe lograrse con la acción comprometida y patriótica de los tres poderes del Estado para dar esa garantía esencial a toda la ciudadanía, y especialmente a las mujeres trabajadoras que tanto sufren el flagelo de la violencia, el acoso y la discriminación en el trabajo.

Es muy lamentable que la Asamblea Legislativa saliente, con pocas y muy meritorias excepciones, tenga un nivel tan bajo de compromiso con la ciudadanía, con los trabajadores y trabajadoras de todos los sectores de la nación, y con la comunidad internacional, en un asunto que es trascendente para la democracia y la sana convivencia social y laboral.
La CTRN espera que el nuevo Gobierno y la nueva Asamblea Legislativa puedan retomar lo antes posible las acciones para ratificar el Convenio 190, y de esa forma reforzar las leyes y políticas para prevenir y erradicar la violencia y el acoso en los centros de trabajo, como corresponde en toda sociedad civilizada.