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Asamblea de cotizantes del Magisterio Nacional

El Movimiento Magisterial por una Pensión Digna está organizando la conformación de la Asamblea de Cotizantes del Magisterio Nacional.

La finalidad de la misma es fiscalizar la administración de los Fondos de Pensión principalmente por la aprobación de la ley 10078 aprobada en el 2021, la cual modifica la ley 7531 y pone en alto riesgo los fondos de pensión del Régimen de Capitalización Colectiva. Así mismo, tendrá como función organizar y convocar la Rendición de Cuentas de JUPEMA ante dicha asamblea y la participación de la misma en la toma de decisiones.

El Movimiento Magisterial por una Pensión Digna le invita a una asamblea de cotizantes del Magisterio Nacional, cuya finalidad es fiscalizar la Administración de los Fondos de Pensión, convocar a rendición de cuentas a la Junta Directiva de JUPEMA, y participar en la toma de decisiones en las inversiones de los fondos de pensión.

Compartimos el enlace para inscribirse a la asamblea:

Para inscribirse haga clic aquí

 

Compartido con SURCOS por el Movimiento Magisterial por una Pensión Digna.

La CTRN rechaza la aprobación de la Ley de Empleo Público por ser precarizada, antidemocrática y arbitraria para las relaciones laborales

SURCOS comparte la siguiente información:

Los tres poderes del Estado se han alineado para aprobar hace pocos días está autoritaria ley, a pesar de los múltiples llamados, alertas y planteamientos jurídicos y sociolaborales que hemos hecho todas las organizaciones sindicales, las universidades públicas y otras entidades importantes del Estado y de la sociedad civil, respecto a la inconveniencia de aprobar una norma que contiene varios aspectos medulares seriamente lesivos para las instituciones públicas, para los servicios a la ciudadanía y para las personas trabajadoras del sector público.

Con esta iniciativa se pretende instalar en el país un sistema de relaciones laborales arbitrario, impositivo, precarizador de las condiciones de trabajo y vida de los trabajadores y trabajadoras públicas. Su puesta en marcha va a generar un estancamiento laboral y un retroceso del derecho colectivo, que dará lugar a numerosas demandas de violación de derechos a nivel nacional e internacional, con el lamentable aumento de la conflictividad social.

Esta acción política antisocial obedece a una lógica economicista y austericida aducida por el Gobierno para reducir el déficit fiscal que argumentan es provocado por el sector público, lo cual es completamente falso, y cuyo objetivo no es sólo obtener un préstamo de “supervivencia” del Fondo Monetario Internacional, porque principalmente se pretende acabar con la organización legítima de los trabajadores y trabajadoras en las entidades públicas, quitarles todo mecanismo de participación para la defensa de sus intereses, proscribir de hecho y de derecho la negociación colectiva, y dejar desprotegidas a las trabajadoras y trabajadores públicos para defender sus derechos fundamentales e intereses legítimos y democráticos. Por eso para la elaboración de esta ley no se han priorizado los argumentos técnicos de fondo que son esenciales para fundamentar una mejora real de los servicios públicos; por el contrario, dichos servicios serán recortados de modo progresivo, y su deterioro gradual será negativo tanto para la atención de las necesidades ciudadanas, como para las personas trabajadoras públicas y sus familias.

No le importó al Gobierno y a los partidos cómplices de su visión, sacrificar a toda la población trabajadora del sector público, lo que también afectará al sector privado y a sus personas trabajadoras asalariadas formales e informales. El tejido productivo del país notará el golpe de la precarización laboral en poco tiempo, y la economía de muchas familias se resentirá indefectiblemente. Esto traerá una escalada de conflictos y una mayor polarización social, de cuyas consecuencias deberá hacerse responsable una parte de la clase política decadente, egocéntrica, traficante de influencias, contraparte de corrupciones, que ha perjudicado el bienestar general para su beneficio particular. 

Consideramos que esta iniciativa antilaboral, junto otras leyes antiobreras aprobadas en este periodo legislativo, evidencian un grave retroceso para la democracia, el trabajo decente, la protección social y los derechos laborales y sindicales de la gente. Las élites nacionales que están detrás del Poder Ejecutivo y de los partidos tradicionales, vinculadas con algunos grupos poderosos del sector empresarial, han logrado en esta legislatura imponer totalmente su agenda de intereses exclusivos y excluyentes, a través del control político de las instituciones y de los sistemas de decisión. Por eso no ha sido posible reforzar la legislación contra la evasión y elusión fiscal, o aprobar la ratificación del Convenio 190 de la OIT, entre otras muchas cosas que el pueblo viene reclamando sin encontrar puertas para el diálogo y la participación como exige el artículo 9 de la Constitución. 

La propia OIT, consultada por la Asamblea Legislativa en 2020 sobre este proyecto de ley, expresó numerosos comentarios sobre varias partes del articulado que podrían entrar en conflicto con los Convenios Internacionales ratificados por el país. A pesar de ello, los legisladores y legisladoras han mantenido la mayoría de contenidos que ponen en riesgo el cumplimiento de dichos Convenios, en especial en materia de los derechos de libertad sindical y de negociación colectiva. 

El signo principal del Gobierno saliente, que ha perdido desde hace mucho toda credibilidad de la población, ha sido su incapacidad y falta constante de voluntad para el diálogo social. Incluso con esta ley tramitada de manera autoritaria y sorda ante el pueblo, entierra el diálogo social en el sector público que es siempre un espacio indispensable para la estabilidad y la armonía laboral. 

Por todo ello seguiremos luchando para defender nuestros derechos y nada nos impedirá movilizarnos y responder con la unidad de acción sindical contra esta abusiva y despótica ley.

Confederación de Trabajadores Rerum Novarum. 

Miembro de ITCU CSI IGB

CSA TUCA

CSU

Es hora de acabar con la inacción de los medios de comunicación ante el acoso online

Yamileth Alfaro Mora

Urgen medidas para frenar abusos y acoso online que sufren las periodistas

La seguridad de los periodistas es crucial para garantizar el derecho de la ciudadanía a estar informado. Sin embargo, las mujeres periodistas siguen enfrentándose a profundos abusos online que tienen un claro impacto en el pluralismo y la diversidad de los medios de comunicación. Como profesionales, no podemos limitarnos a observar el problema. Los sindicatos y las asociaciones de periodistas estamos dispuestos a actuar, pero necesitamos que los medios de comunicación se sumen para actuar juntos, para erradicar la violencia en redes en nombre de la libertad de los medios.

Tenemos el resultado de dos encuestas mundiales que ponen de manifiesto la grave falta de acción y de iniciativa de las empresas de medios de comunicación para acabar con esta lacra.

La Federación Internacional de Periodistas FIP, ya había expuesto la magnitud del abuso en línea que sufren las mujeres periodistas, casi dos tercios lo han sufrido alguna vez. Sólo la mitad de las periodistas acosadas en redes denunciaron los ataques a la dirección de su medio de comunicación, al sindicato o a la policía. En dos tercios de los casos no se hizo absolutamente nada.

Se encuestó a 160 periodistas, profesionales y directores de medios de comunicación de 37 países de todo el mundo. Sólo una quinta parte de los/as encuestados/as afirmó que su medio de comunicación tenga un protocolo o mecanismo que permita a las mujeres periodistas y a los/as trabajadores/as de los medios de comunicación denunciar los abusos online y recibir apoyo y protección.

Es hora de introducir mecanismos claros en los medios de comunicación para mostrar una tolerancia cero contra el abuso online.

Un día como hoy seguimos con nuestro compromiso como sindicato para luchar por la mujer periodista.

 

Imagen principal: https://www.unicef.org/

Sobreseimiento definitivo para Carlos Andrés Pérez Sánchez la protesta social es un derecho humano

La Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU), el Bloque de Vivienda Nacional, la Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT), la Coordinadora Campesina y el Movimiento de Trabajadores y Campesinos (MTC) solicitamos de forma vehemente al Estado costarricense la cesación de la persecución política en contra de personas defensoras de derechos humanos. Así, exigimos EL SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO para el joven trabajador y sindicalista de 28 años Carlos Andrés Pérez Sánchez, obrero de la Refinería Costarricense de Petróleo (RECOPE) quien ha sido acusado de manera ilegítima de supuestos delitos que jamás ocurrieron.

Carlos Andrés es una víctima más de la persecución política, administrativa y judicial ejecutada por el estado a través del Poder Ejecutivo, RECOPE y la Fiscalía General de la República. Una persecución sistemática que ha sido alimentada a través de los medios de comunicación hegemónicos que ejercen una dictadura mediática complaciente de los intereses de las élites económicas.

Carlos Andrés fue detenido injustamente el 11 de septiembre del año 2018 cuando, en ejercicio de su derecho fundamental a la manifestación pacífica reconocido en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos, suscritos y debidamente aprobados por Costa Rica, se le acusó de causar daños a bienes propiedad de RECOPE, institución para la cual trabajaba. Carlos Andrés en un acto heroico acudió a atender una emergencia de una posible fuga de gas en las instalaciones de su trabajo, acción para la cuál ha sido preparado como parte de las medidas de atención de riesgos ante eventuales peligros. Hecho que se da durante el período de huelga acontecido durante el año 2018 en contra del combo fiscal (Proyecto Ley 20.580. Ley de Modernización de las Finanzas Públicas) promovido por el gobierno central y la Asamblea Legislativa; huelga que él apoyaba dentro de los límites del ordenamiento jurídico, esta es la verdadera razón del por la cual es acusado.

Este joven trabajador y padre de familia, fue sometido a un juicio mediático a nivel nacional, siendo catalogado por los medios de comunicación más poderosos como un terrorista, inclusive fue acusado por el presidente de la república, Carlos Alvarado Quesada, sin antes tener un juicio en el cual se demostrara su culpabilidad, violentando así el principio constitucional y penal de inocencia.

Posteriormente fue sometido a un amañado juicio penal de flagrancia donde es declarado culpable, juicio que luego fue anulado por el Tribunal de Sentencia Penal del II Circuito Judicial de San José al demostrarse vicios de nulidad en el fallo condenatorio emitido por el juez Sergio Céspedes Rivera (Tribunal del Flagrancia de Limón, causa 18-000244-1130-PE), quien en primera instancia fue amonestado, ordenando la liberación de Carlos (26 de febrero, 2019).

Carlos Andrés Pérez Sánchez ha tenido que sufrir el injustificable peso de atravesar un proceso penal donde estuvo detenido en prisión durante 100 días, como preso político, condenado en un juicio con serios vicios procesales. Todo esto a pesar de que el material probatorio, el análisis fáctico y jurídico del caso, señalan claramente su inocencia. Además, a nivel de derechos laborales, fue despedido de su trabajo arbitrariamente sin responsabilidad laboral, causando un impacto en la estabilidad emocional y económica a nivel personal y familiar.

Por todo lo anterior, como organizaciones del movimiento social defensoras de los Derechos Humanos solicitamos se declare el sobreseimiento definitivo a Carlos Andrés Pérez Sánchez, con fundamento en el inciso a) del artículo 311 del Código Penal, que dicta que procederá el sobreseimiento cuando el hecho denunciado no se realizó o no fue cometido por el imputado.

Hacemos un llamado a las personas comprometidas con la justicia social, a las organizaciones sociales nacionales y a la comunidad internacional para que se solidaricen con Carlos Andrés, denuncien la violación sistemática de derechos fundamentales que sucede en Costa Rica y se unan para denunciar la represión y persecución penal, civil y política contra quienes ejercen el legítimo derecho a la protesta social. A la vez, convocamos a hacernos presentes los días 24 y 25 de febrero a los Tribunales de Limón, para recuperar la confianza en los tribunales de justicia y se dicte el SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO A CARLOS ANDRÉS PÉREZ SÁNCHEZ.

SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO PARA CARLOS ANDRÉS PÉREZ SÁNCHEZ
PROTESTAR NO ES UN DELITO, ES UN DERECHO HUMANO

Firmas responsables:

ACODEHU, CUT, MTC

Bloque de Vivienda Nacional,

Coordinadora Campesina

Costa Rica

Se adscribieron a esta petición internacional:[1]

Adhesiones de organizaciones: 114

26 organizaciones de Costa Rica

88 organizaciones internacionales

Adhesiones personales: 312

115 firmas personas a nivel internacional

197 firmas de personas de Costa Rica

ADHESIONES A NIVEL DE ORGANIZACIONES

Organizaciones de Costa Rica

  1. Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU)
  2. Asociación de Personal Docente y Profesional de la Universidad Estatal a Distancia (UNEDPRO)
  3. Bloque Nacional de Vivienda
  4. Asociación Enlaces Nicaragüenses Costa Rica
  5. Central General de Trabajadores (CGT-CR)
  6. Círculo Bolivariano “Yamileth López” – Costa Rica
  7. Colectiva Feminista Independiente Handmaids CR
  8. Colectivo de Solidaridad con el Pueblo de Honduras
  9. Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT)
  10. Comité de Lucha por los Derechos de las Mujeres, Niñas y Adultas Mayores del Cantón de Liberia
  11. Costa Rica Solidaria
  12. Debate Feminista Costa Rica
  13. Diásporas feministas Costa Rica
  14. Frente Autónomo Lucha Barrios del Sur
  15. GEMA Observatorio de género y medios de Centroamérica.
  16. Handmaids Costa Rica
  17. Líderes comunales
  18. Movimiento de Trabajadores y Campesinos (MTC).
  19. Movimiento Patriótico Costa Rica
  20. Organización Mujeres “Luisa González”
  21. Partido Obrero Socialista POS Costa Rica
  22. Partido Pueblo Unido
  23. Partido Vanguardia Popular-Partido Comunista-CR
  24. Red Solidaria CR
  25. Sindicato de Trabajadores del AyA (SITRAA)
  26. Sindicato Patriótico de la Educación “7 de agosto” (SINPAE)

Organizaciones internacionales

Alemania

  1. Colectivo CADEHO (Alemania)
  2. Oficina Ecuménica por la Paz y la Justicia (Alemania)

Bolivia

  1. Colectivo de Derechos Humanos EMPODERATE (Bolivia)

Canadá

  1. Comité de Solidaridad Canadá-Colombia.

Colombia

  1. Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos

Ecuador

  1. SAKIAT Organización del Pueblo Sarahuru (Ecuador)
  2. Juventud Revolucionaria del Ecuador

España

  1. @iaioflautas (Cataluña)
  2. afaem5 (España)
  3. Asc el barco de Fuencarral (España)
  4. Asociación de mujeres migrantes Ayni (España)
  5. Soldepaz Pachakuti (España)
  6. Fénix Asociación (España)
  7. Plataforma de solidaridad (España)
  8. Red de Cuidados de Fuencarral (España)

Honduras

  1. ACI PARTICIPA (Honduras)
  2. Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras ARCAH (Honduras)
  3. Barracón Digital (Honduras)
  4. Centro Cultural Hibueras (Honduras)
  5. CNTC Regional Progreso (Honduras)
  6. Colectiva Cimarrón (Honduras)
  7. Colectivo Interdisciplinario de Investigación y Promoción para Desarrollo Comunitario (CIIP-DC) (Honduras)
  8. COMISIÓN NACIONAL DE APOYO A LOS MIGRANTES RETORNADOS CON DISCAPACIDAD FÍSICA – CONAMIREDIS (Honduras)
  9. Consejo Cívico de organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) (Honduras)
  10. Fundación San Alonso Rodríguez (Honduras)
  11. Red contra la violencia de Choluteca (Honduras)
  12. Red de Mujeres de Talanga (Honduras)
  13. UTC La Paz (Honduras)
  14. Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras (Honduras)

Guatemala

  1. Asociación para eK Desarrollo Integral de la Mujer del Área Rural Adimar: Ixmucane

México

  1. Adelitas Violetas (México)
  2. Sindicato de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México (SITRAIEMS-CDMX)

Estados Unidos

  1. Colectivo de solidaridad con el pueblo de Honduras (EEUA)
  2. Honduras delegation (Alemania)Co
  3. Human Rights Observation/Honduras (EEUA)

Venezuela

  1. Movimiento de Mujeres por la Paz y la Vida (Venezuela)
  2. Red de vida
  3. SOAWatch (EEUA)

Suiza

  1. Foro Honduras Suiza (Suiza)

Otros países

  1. Asociación Civil Terranza
  2. Colectivo Libre
  3. Colectivo Comunicacional La Voz
  4. Rosarce
  5. Centro Internacional de Investigación y Otras Voces en Educación
  6. Red de Integración Orgánica
  7. Federación de Sindicatos de Funcionarios de Universidades – FESIFUNA
  8. Ensenyants Solidarios
  9. STEI
  10. Nubia Ordoñez La Sala
  11. Líderes Comunales
  12. Fundación ADERES Rehobot
  13. Comunidades Unidas por un Desarrollo Económico y Sustentable
  14. FESE

ADHESIONES A NIVEL PERSONAL

Alemania

  1. Ana Franzen
  2. Ángela Gabriela Díaz Moreno (Alemania)

Argentina

  1. Marta Maffei Docente
  2. Sandra Vergara Trabajadora social

Austria

  1. Birgit Calix (Austria)

Canadá

  1. Alexandra Henao Directora Programa ONG

Costa Rica

  1. Adriano Corrales Arias Escritor
  2. Adriana Araya Fotografía
  3. Adrián Jaén España Docente universitario            
  4. Alba Luz Herrera Amadeo
  5. Alejandra Bonilla Leiva Agrónoma
  6. Alejandra Cordero Corrales Comerciante
  7. Alejandra Martínez
  8. Ana Cabal Antillón Docente
  9. Allen Cordero Ulate
  10. Ana Cecilia Jiménez Arce Presidenta ACODEHU
  11. Ana Cecilia Umaña Vargas Educadora jubilada
  12. Ana Yeris Díaz Artavia Ama de casa
  13. Andrea Cordero Barrantes Estilista
  14. Andrea Corrales Vargas Sindicalista y secretaria
  15. Angélica Araya Muñoz
  16. Angélica Jiménez Morales
  17. Angie Loría Arroyo Telefonista
  18. Alberto Álvarez Toirac Profesor
  19. Alcides Monge Mora Campesino
  20. Alexander Leiva Badilla Docente
  21. Alexander Porras
  22. Antonio Wells Medina
  23. Ariel Robles Barrantes Profesor
  24. Áureo López Granados Jubilado
  25. Bernardo Corrales Briceño Ebanista y poeta
  26. Bianca Calderón Z.
  27. Byron Renato Barillas Jirón Profesor universitario, sociólogo
  28. Byron Zeledón Mercado
  29. Carlos José Cabezas Mora Administrador
  30. Carlos Gómez Córdoba Técnico
  31. Carlos Guzmán Álvarez
  32. Carmen Muñóz Barrantes
  33. Catalina Jiménez Gómez
  34. Catalina Montero Benavides Médica veterinaria
  35. Carolina Somarribas Dormond Extensionista investigadora
  36. Clarisa Moore
  37. Claudia María Salazar Castro Médica cirujana general
  38. Consuelo del Carmen García
  39. Cristy Gamboa Morales
  40. Cynthia Crespo Campos Profesora pensionada
  41. Damaris Sánchez Aguilar
  42. Daniel Castro Paniagua
  43. Dayana Ureña Solís Docente
  44. Dane W Smith
  45. Daniel Fernández Zamora
  46. Dante Molina Estudiante
  47. David Morera Herrera Sociólogo
  48. Daivis Ovares Morales Dirigente sindical
  49. Dawer Monge Electricista
  50. Debora Valverde Soto
  51. Delia Acebedo Carrera Abogada
  52. Desirée S.C.
  53. Dita Montiel González
  54. Donald Agrónomo                                         
  55. Dunia Valverde Segura Docente
  56. Edly Hall Leid Profesor
  57. Elí Omar Carranza Cháves Jubilado
  58. Erika Sevilla Ingeniera informática
  59. Ericka Blanco
  60. Edgar Argüello
  61. Edgar Francisco Mora Guerrero Fotógrafo
  62. Eduardo Castillo Profesor
  63. Edwin Mora Cerdas Docente
  64. Elieth Aguilar Coto
  65. Emmanuel Buitrsgo Páez Agricultor
  66. Ernesto Alfaro Molina Banca y finanzas
  67. Eugenia Benavides Quirós Abogada        
  68. Eugenio Gómez Ruiz
  69. Eunice Contreras Contreras Panadera
  70. Evelyn Castillo Barrantes Docente pensionada
  71. Evelyn Vega Ugalde
  72. Estibaliz Ríos Trabajadora independiente
  73. Fernando Lizano Barrantes
  74. Fiorella Jara Sanabria
  75. Fiorella Mora M.
  76. Flor Aguilar Solano Docente
  77. Flora Rodríguez Rivera
  78. Francisco Recepcionista
  79. Francisco Cordero Gené Pensionado
  80. Francisco Morazán Fernández Biólogo
  81. Francisco Villigad Villalobos Licenciado enfermería
  82. Franklin Quesada Campos
  83. Gabriela Castro Vargas
  84. Gabriela Pérez Quintanilla Intérprete
  85. Gabriela Quezada
  86. Gea Sylie Rojas
  87. Geovany Barrante E.
  88. Gerardo Cruz Zuchini Ingeniero industrial
  89. Gilberto Bryan Jenkins Supervisor
  90. Giselle Mora Carranza Bibliotecóloga
  91. Grettel Miranda Estudiante
  92. Guadalupe Urbina Juárez Música
  93. Hannia Franceschi Barraza Profesora universitaria jubilada
  94. Héctor González Pacheco
  95. Héctor Javier Villalobos Sánchez
  96. Helena López Cháves
  97. Herminio Miranda O.
  98. Hillary Álvarez Rodríguez
  99. Hugo Quesada Hernández Pensionado
  100. Ignacio Barrantes Jiménez
  101. Inti Barrantes Jiménez
  102. Irené Barrantes Jiménez Consultora en género
  103. Isabel Ducca Durán Jubilada
  104. Ivannia Simms Leiva
  105. Ixtzel Molina Venegas Docente
  106. Javier Carvajal Monterrey Asistente legal
  107. Javier Castillo Valverde Trabajador de la construcción
  108. Jayson Arias
  109. Jehudy Andrey Cruz Gutiérrez
  110. Jefferson Isaac
  111. Jenny Elizabeth Prado García
  112. Jennifer Ibarra Lacayo
  113. Jessy Acevedo Martínez
  114. Jimena Asch Castro
  115. John Zúñiga Jiménez Agente de seguridad
  116. Jorge Morales Piedra Trabajador operario
  117. Jorge Sánchez Aguilar
  118. José Antonio Molina Gutiérrez Docente                     
  119. José Amesty Pastor
  120. José Pablo Moya Rojas
  121. José Ángel Valverde Valverde
  122. José Francisco Correa
  123. José Francisco Varela Arguedas Jubilado
  124. José Luis Pérez Campos
  125. Julia María Peña Salas Pensionada
  126. Juliana Reyes Politóloga                              
  127. Juan Alberto Ramírez A Traductor
  128. Juan Carlos Cruz Barrientos Comunicador social
  129. Juan José Soto Morales Jubilado Ingeniero civil y físico
  130. Juan Rojas Conejo Profesor
  131. Karisio Prado García
  132. Laura Arias Cabrera Psicóloga
  133. Laura Garbanzo Guzmán Pensionada
  134. Leila Marcela Sánchez Cortés Promotora política
  135. Lesslie Méndez Conejo
  136. León García Jiménez Vásquez
  137. Leticia Salas Pérez Cajera
  138. Lorenzo Ramírez Profesor
  139. Linda Diana Nova Vargas
  140. Luis Alberto Salas Sarkis Pensionado
  141. Luis Alberto Soto Ramírez Trabajador social
  142. Luis Alexander Cruz Gutiérrez
  143. Luis Guerrero Araya Asesor aduanero
  144. Luis Valerín Rodríguez
  145. Magaly Martínez Loaiza
  146. Manuel Rodríguez Mercado
  147. Manuel Sandoval Coto Educador
  148. Marcela Martínez G.
  149. Marcela Montoya
  150. Margarita Quesada Webb
  151. Margarita Rodríguez Méndez Educadora
  152. María de los Ángeles Jiménez Segura Profesora
  153. María Elena Cuadrón
  154. María Estela Ruíz Jiménez
  155. María González Araya Trabajadora social
  156. María Jimena Santamaría Cordero Ingeniera
  157. María Sancho Gómez Trabajo social salubrista
  158. María Trejos Montero Maestra pensionada activista DDHH
  159. Marianela Chávez Pesionada
  160. Maricela del Socorro
  161. Mario Eduardo Sánchez Comunicador social
  162. Mario Mora Estudiante
  163. Mario Salazar Montes Profesor
  164. Mario Andrés Zelaya Vargas Estudiante
  165. Mario Alberto Villalobos Arias Profesor Universidad de Costa Rica
  166. Marianela Delgado Quesada Planificación Economía y Social
  167. Marisol Rodríguez Madrigal
  168. Marisol Sánchez Aguilar
  169. María Elena Guadrón Carrillo
  170. María José Arguedas
  171. María José Braddick Serrano
  172. María Miranda Cortés Secretaria
  173. Mariel del Mar Rojas
  174. Marielos Muñoz Solórzano Oficinista
  175. Mario Cabrera Burgos Trabajador voluntario comunitario
  176. Marta Chacón Morales
  177. Martín Camacho Rivera
  178. Mauricio Zeledón Leal Músico
  179. Max Aguirre Calvo
  180. Melissa Chinchilla Segura
  181. Melissa Hernández Vargas
  182. Miguel Antonio Ching Zapata
  183. Minerva Calderón Cortés
  184. Nidia Fonseca Varela Pensionada
  185. Noelia Richmound Vásquez
  186. Olga Oporta Cerdas
  187. Olga Mendoza Elizondo Educadora pensionada
  188. Olman Bolaños Vargas Ilustrador
  189. Orlando Barrantes Cartín Dirigente MTC
  190. Óscar Jara Holliday Educador popular y sociólogo
  191. Óscar Leiva Cerrato Consultor
  192. Óscar Luis Pérez Ramírez Oficinista y estudiante de Derecho
  193. Óscar Mata Brenes Médico
  194. Pablo Francisco Dormond Román Auxiliar de contabilidad
  195. Pablo Salazar Gonzalo Pensionado
  196. Rafael Ángel Aguilar Coto
  197. Rafael Ángel Méndez Castro Profesor pensionado
  198. Rafael Ángel Sánchez Pensionado
  199. Ricardo Hernández Mora Docente
  200. Roberto Zeledón Asesor político
  201. Rocío Alfaro Molina Docente univ, diputada electa
  202. Rodolfo Ulloa Bonilla Sociólogo
  203. Rosario Rosales Arce Gestora de desarrollo organizacional
  204. Rocío Ramírez Varela Gestora social
  205. Roldan Ramírez
  206. Roy Marín Hernández Artista plástico
  207. Rubén Músico
  208. Sandra Arrieta Rojas
  209. Sandra Calderón Orozco
  210. Sandra Yenory Vargas Badilla Conserje centro educativo
  211. Sara Fonseca Acuña
  212. Saulo Aguiluz Jimenez
  213. Selene Jiménez Valverde Gestora cultural
  214. Sergio Mena Mena
  215. Shannen Zamora Guevara
  216. Sileny Vázquez Estudiante
  217. Sofía Asch Castro
  218. Soledad García Ramos Jubilada
  219. Sonia Sánchez Aguilar
  220. Stefany Campos Ch
  221. Suray Carrillo Guevara Abogada
  222. Tatiana Otto G. Activista DDHH
  223. Tracey Masís Martínez Estudiante
  224. Trino Barrantes Araya Jubilado, activista DDHH
  225. Tyronne Sindicalista
  226. Tagotha Brenes Cordero
  227. Teodoro Symes Campbell Arquitecto
  228. Valeria Quiroz
  229. Vernor Arguedas Matemático
  230. Vianey Mora Vega Socióloga
  231. Violeta Lancía Hamlet. H.
  232. Víctor Julio Jiménez
  233. Vinicio Prado García
  234. Walter Ramírez Salazar
  235. Wiston Scott
  236. Wendy Vásquez Pessoa
  237. Xinia Sánchez Aguilar
  238. Xiomara Esquivel Vargas Promotora de DDHH
  239. Xinia Quintero Arauz Socióloga
  240. Yamileth Fontana Coto Socióloga
  241. Yamileth Monterrey López Psicóloga
  242. Yendry Duarte Moreno
  243. Yendry Moreira Acuña
  244. Yensi Fonseca Mora Docente
  245. Yéssica Gutiérrez Mayorga
  246. Yetty Chavarría Alemán Bibliotecóloga
  247. Yoes Castillo Ramos                                    Estudiante de sociología
  248. Yuliana Reyes Estudiante

Estados Unidos

  1. Ivonne García Bueso Contadora
  2. Melissa Davis Empresaria

Ecuador

  1. Fabiola Falconi Psicóloga
  2. Nelson Rueda Empleado
  3. Ramiro Vinueza Puente Comunicador y defensor de DDHH

El Salvador

  1. Irma Escoto (El Salvador)

España

  1. Pedro Polo Fernández Jubilado

Guatemala

  1. Dj Dance GT Activista DDHH
  2. Egil Ivan Galindo Maestro
  3. María Saturnina Us Álvarez Asociación eK
  4. Silvia Tecún
  5. Rosario Tuyuc Us Activista social
  6. Reyna María Echeverría

Honduras

  1. Eduardo Urbina Estudiante
  2. María Dolores Escobar Salgado Docente
  3. María Elena Colindres Trabajadora múltiple
  4. Sonia Pérez López Comunicadora social

México

  1. Gabriela García Cabrera Bióloga
  2. Jorge Alfredo Castillo Guadamuz Abogado
  3. Luis Alejandro Martínez García Estudiante
  4. Luis Alfredo Martínez Rodríguez Estudiante
  5. María Ramos Casiano Docente
  6. María Soledad Casao MoralesMaestra

Perú

  1. Maricarmen Judith (Perú)

Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos

Integrantes del Consejo Consultivo (34)

Argentina 

  1. Adolfo Pérez Esquivel Premio Nobel de la Paz, Stella Calloni Corresponsal de la Jornada en Buenos Aires;

Colombia 

  1. Piedad Esneda Córdoba Ruiz Senadora y Defensora de Derechos Humanos y Coordinadora Internacional del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos. Vocera de colombianas y colombianos por la Paz,
  2. Camilo González Posso Presidente de INDEPAZ,
  3. Mario Hernández ÁlvarezCoordinador Doctorado Interfacultades en Salud Pública Universidad Nacional de Colombia,
  4. Rubiel Vargas Secretario Ejecutivo Nacional del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Colombia (CPDH); 

España 

  1. Ana Andrés Ablanedo Defensora de Derechos Humanos de Soldepaz Pachakuti,
  2. Ricardo Sánchez Andrés miembro de la junta de la (ACP) Asociación Catalana por la Paz – miembro de la Asamblea de Internacional de (Comunistes de Catalunya) y miembro permanente del consejo de Solidaridad de la Ciudad de Manresa, 
  3. María Victoria Fernández Molina Candidata a Doctora en Derechos Humanos,

Estados Unidos 

  1. James Patrick Jordan Coordinador Nacional de la Alianza por la Justicia Global y Eduardo García Activista de la Alianza por la Justicia Global e integrantes del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos capítulo Estados Unidos,
  2. Pablo Ruiz Coordinador Latinoamericano de Soa Watch – Observatorio por el Cierre de las Escuela de la Américas;

Suiza 

  1. José Manuel González López  
  2. Gerardo Romero Luna de la Red Latinoamericana de Zurich integrantes del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos capítulo Suiza; 

Venezuela 

  1. Hugo Alberto Nieves Integrante de la Comisión Política de la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora – CRBZ,
  2. Yonatan Vargas Abogado Defensor de Derechos Humanos y Analista Internacional de la CRBZ,
  3. Indhira Libertad Rodríguez Red de Colectivos La Araña Feminista,
  4. José Miguel Gómez García Movimiento Internacional de la Economía de los Trabajadores, Miguel Humberto Medina Comunero Bolivariano Movimiento Cultural Campesino Los Arangues; 

Ecuador 

  1. Franklin Columba Cuji Presidente de la Unión de Organizaciones Sociales Interculturales del Sur de Pichincha UOSISP de Ecuador; 

Bolivia

  1. Rodolfo Machaca Yupanqui General de Confederación Sindical Única De Trabajadores Campesinos de Bolivia – CSUTCB; 

Palestina 

  1. Jamal Juma Coordinador STOP The WALL; 

Guatemala 

  1. Ana Laura Rojas Padgett Red de Integración Orgánica – RIO – por la Defensa de la Madre Tierra y los Derechos Humanos;

Panamá

  1. Ligia Arreaga Integrante de la Alianza por un mejor Darién – AMEDAR;

Brasil

  1. Gizele Martins del Movimiento de Favelas de Rio de Janeiro;

Perú

  1. Betty Izaguirre Lucano Coordinadora General del Movimiento Alfa y Omega;

Chile-Wallmapu – Territorio Mapuche

  1. Onesima Lienqueo Fundadora de la Red por la Defensa de la Infancia Mapuche;

México 

  1. Eduardo Correa Senior Profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México – UACM, 
  2. José Enrique González Ruiz Profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México – UNAM,
  3. José Rafael Grijalva Eternod Doctor en Derechos Humanos,
  4. Felix  Hoyo Arana Profesor de la Universidad Autónoma de Chapingo;
  5. John Mill Ackerman Rose,
  6. Daniela González López Coordinadora Internacional del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos,
  7. Soledad Ortiz Vásquez Consejera General del Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer – CODEM,
  8. Claudia Tapia Nolasco Consejera General del Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer – CODEM,
  9. Patrocinio Martínez López representante del Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo de Oaxaca – CODEPO, Lic.
  10. Hugo Aguilar Promotor y Defensor de Derechos Indígenas,
  11. Miguel González Muciño Director del Centro Cultural Las Jarillas
  12. Arturo Díaz González Organización Proletaria Emiliano Zapata – Frente de Organizaciones Sociales de Chiapas OPEZ – FOSICH.

Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos (35)

Organizaciones integrantes:

España

  1. Soldepaz – Pachakuti;

Suiza

  1. Observatorio de Derechos Humanos Capítulo Suiza,
  2. Red Latinoamericana de Zurich;

Estados Unidos

  1. Observatorio de Derechos Humanos Capítulo EU,
  2. Alianza por la Justicia Global, SOA Watch – Observatorio por el Cierre de las Escuela de la Américas;

Venezuela

  1. Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora – CRBZ,
  2. Red de Colectivos La Araña Feminista,
  3. Movimiento Internacional de la Economía de los Trabajadores,
  4. Movimiento Cultural Campesino Los Arangues;

Colombia

  1. Colombianas y Colombianos por la Paz,
  2. Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos,
  3. Observatorio de Paz,
  4. Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario,
  5. Sur Occidente Colombiano Antonieta Mércury;
  6. Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ);

Guatemala

  1. Red de Integración Orgánica – Rio – Por la Defensa de la Madre Tierra y los Derechos Humanos;

Uruguay

  1. Comisión Multisectorial del Uruguay;

Ecuador

  1. Unión de Organizaciones Sociales Interculturales del Sur de Pichincha (UOSISP);

Panamá

  1. Confederación Sindical Única De Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB);
  2. Alianza por un mejor Darién – AMEDAR;

Perú

  1. Movimiento Alfa y Omega;

Brasil

  1. Movimiento de Favelas de Rio Janeiro,

Chile-Wallmapu – Territorio Mapuche

  1. Red por la Defensa de la Infancia Mapuche Chile-Wallmapu – Territorio Mapuche;

Palestina

  1. Campaña Popular Palestina contra el Muro de Apartheid (Stop the Wall),
  2. Coalición de la Defensa de la Tierra Palestina Unión Palestina Campesina (Palestinian Farmers Union) de Palestina;

Honduras

  1. Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (ARCAH) de Honduras;

México

  1. Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer (CODEM),
  2. Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario (IMDEC),
  3. Centro de Atención en Derechos Humanos a la Mujer y el Menor Indígena (CADHMMI) y Centro Regional Indígena en Derechos Humanos “Ñuu-Savi” (CERIDH),
  4. Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo de Oaxaca (CODEPO),
  5. Patronato Pro Defensa y Conservación del Patrimonio Cultural y Natural de Oaxaca (PRO – OAX),
  6. Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra en San Salvador Atenco (FPDT-Atenco),
  7. Colectivo de Mejoramiento Barrial de la Ciudad de México – Centro Cultural Las Jarillas,
  8. Frente de Organizaciones Sociales de Chiapas (OPEZ – FOSICH)
  9. Colectivo Reexistencia Creativa de México.

[1] Incluido el apoyo del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos: 34 personas y 35 organizaciones.

Un acercamiento sencillo al momento actual

Juan Carlos Durán Castro

Dirigente Sindical SIFUPCR

09 marzo 2022

La ley del mercado está en pleno desarrollo, lo de las quiebras de algún sector del empresariado gasolinero lo pone en blanco y negro en tiquicia y es efecto visible a la luz de la coyuntura geopolítica mundial, junto con la inflación que apenas inicia su posible carrera galopante, mientras no se vislumbran reales medidas anticíclicas, como una compensación de los salarios de toda la PEA nacional, esto en razón claro esta de la rigidez dogmática de la regla fiscal introducida en la ley 9635, norma grotesca que se cae a pedazos (lleva al menos 16 reformas), siendo evidente la necesidad de otra regla fiscal.

El reacomodo de fuerzas en el nuevo tiempo y espacio geopolítico mundial en desarrollo presenta riesgos y oportunidades para los actores sociopolíticos y provoca una nueva especie de relacionamiento entre los centros de poder post guerra fría y los Estados.

Este elemento genera un cambio de rumbo y nuevas actitudes y aptitudes humanas dentro de los grupos de poder a nivel de actores económicos y financieros globales y sin duda repercute en sectores, regiones, lo cual cambia las reglas del juego de quienes juegan esta partida de ajedrez en esta obra de una nueva redistribución del poder mundial.

Este fenómeno en pleno desarrollo coloca a América Latina en un contexto complejo y ante las repercusiones de las medidas unilaterales (no sanciones, pues no surgen de la ONU y violentan el derecho internacional), de EEUU y OTAN, contra la Federación Rusa, se han activado efectos e impactos que tendrán distintas tonalidades, sabores e intensidades en el corto, mediano y largo plazo. 

Curioso resulta ver el abordaje actual de EEUU en lo militar, el cual podría estar siendo cauteloso ante su retraso tecno-militar y su estado de situación política, económica, social y financiera (inflación del 7.5% y con tendencia al alza, lo mismo que la zona euro), interna actual, que es dicho sea de paso diametralmente distinta a otros momentos donde el destino manifiesto tenía posiblemente más potencia.

Por tanto, el desenlace de este caso Rusia-Ucrania, podría dar un viraje que potencie un empujón fuerte para un nuevo mapa geopolítico global y un mundo más multicéntrico, dadas las debilidades estructurales endémicas de los EEUU y las visibles de la OTAN en lo militar y otras esferas, teniendo claro que también tienen fortalezas, las cuales serán utilizadas en el campo de la negociación política en franco desarrollo.

De igual forma desde hace años atrás hemos presenciado el proceso de claro avance del bloque Rusia-China que tendrá efectos reales en unos 10 años, y otros países euroasiáticos y del medio oriente, que están conformando ese nuevo mapa geopolítico de pesos y contrapesos supra.

Todo esto desnuda también las debilidades internas de EEUU y la OTAN en su decisión actual (con posible mal cálculo en el tiempo político), que parece generó la decisión de Putin en el plano militar (que es lo mismo que exigía John F. Kennedy con la crisis de los misiles en Cuba), sin dejar de decir que en el plano económico y financiero posiblemente hayan tenido previamente su propia previsión y que parece tuvieron una lectura errónea del estado de situación real de Rusia.

Sin duda alguna, esto pone a jugar a América Latina en las grandes ligas y en particular a países como Venezuela, México, Cuba, entre otros, en razón del petróleo tan cercano y de menor costo de traslado, ya que al no tener EEUU, el petróleo Ruso, o el gas ruso la OTAN, todo en razón de las medidas unilaterales de Biden, que no sigue hoy día al pie la OTAN, evidenciando fisuras (disparo en el pie), tanto EEUU, como la Unión Europea requieren un plan B que implica flexibilizaciones políticas temporales.

De hecho, ya hemos asistido a reuniones oficiales, diplomáticas y más visibles, calificadas por el propio Nicolás Maduro como respetuosas y que han tenido lugar en Caracas entre el Gobierno oficial de Venezuela (reconocido por Biden), y la delegación de EEUU.

En fin, debemos ver la actual situación con luz larga, pues si la vemos con la corta podríamos tomar e inducir a yerros peores para el país (lo cual incluye lo electoral entre Chaves y Figueres), pero peor aún, generar mayor afectación a las futuras generaciones y este es y debe ser entre otros temas parte de la agenda de los movimientos sociales y en particular de la dirigencia sindical costarricense.

8 DE MARZO DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER DECLARACIÓN

Aporte de Rodrigo Aguilar Arce, Ex Presidente de la CTRN en el marco del Día Internacional de la Mujer

Marco Leandro

A siglo y 11 años de celebrarse el Día Internacional de la Mujer, este 8 de marzo de 2022, el movimiento sindical asume la responsabilidad de redoblar esfuerzos por el logro de los derechos de las mujeres en toda su amplitud. El 8 de marzo es una jornada en la que se pone en valor la lucha por los derechos de la mujer y se reivindica la igualdad respecto a los hombres.

EL ORIGEN DEL DÍA DE LA MUJER 

Fue en 1975 cuando Naciones Unidas declaró el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo, aunque los orígenes sobre esta fecha son más bien inciertos. En realidad, hay varios acontecimientos y manifestaciones que a lo largo de los siglos XIX y XX que marcaron la lucha por los derechos de la mujer. Es el caso del incendio en la fábrica textil Triangle Shirtwaist Company, el 25 de marzo de 1911 en Nueva York, donde murieron más de un centenar de personas, sobre todo mujeres inmigrantes de entre 17 y 24 años.

En realidad, no hay un evento concreto sino luchas, concentraciones huelgas de mujeres que terminaron convirtiéndose en una constante.

Por ejemplo, recuperan en “Marea”, en 1853 unas 21.000 personas  el 55,8%, niñas menores de 13 años de los talleres de Preston, en los distritos del algodón de Manchester, protagonizaron huelgas y todo tipo de disturbios.

En 1857, por otro lado, miles de trabajadoras del sector textil salieron a las calles de Nueva York para protestar por las malas condiciones laborales. También en Nueva York, pero en 1908 y bajo el lema ‘Pan y Rosas’, se manifestaron 15.000 mujeres pidiendo una mejora de las condiciones y el fin del trabajo infantil.

En Europa, por otro lado, fue la líder socialista Clara Zetkin quien instó en la primera Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, el 1907 en Sttutgart, a realizar una campaña a favor del voto de la mujer. En 1910, en la II Conferencia, Zetkin propuso la creación de un Día Internacional de la Mujer, idea que cogió de las mujeres americanas del Partido Socialista. Así, la primera vez que se conmemoró en varios países el Día de la Mujer fue en 1911.

El movimiento sindical costarricense ha venido conmemorando este trascendental día, por considerarlo altamente representativo, por su valor imponderable, y porque nos permite revisar una serie de elementos vitales en nuestro cotidiano quehacer, y en las proyecciones de acción, gestión y lucha que debamos emprender.

BREVE REPASO AL ORIGEN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Para la Profesora Universitaria Gabriela Arguedas, con un mensaje profundo dado en el año del centenario, nos expresó que el 8 de marzo no se festeja, que no es una fiesta, que no es motivo para un carnaval o un regalo y que existe una diferencia profunda entre un festejo y una conmemoración, y agrega: el 8 de marzo no es la fecha para que se despliegue toda la furiosa competencia mercantil de rebajas, ramos florales y tarjetas coloridas con frases de lugares comunes.

Según dicha profesora la tendencia, cada vez más enajenante de eliminar el contenido histórico de las fechas conmemorativas solo sirve a un propósito: la asimilación y, por ende, la desaparición, y que cuando algo pierde su contenido simbólico, deja un espacio hueco en el que luego se puede colocar cualquier cosa, por absurda o insultante que sea, agregó que  es precisamente eso, lo que no quiere que suceda con el 8 de marzo, es decir, no es un día para celebrar el esencialismo o para que algunos tengan ocasión de pasarse de listos, y cierra estos criterios diciendo que el 8 de marzo es un día para que la memoria reviva y la dignidad se sacuda.

La Comisión Ampliada de las Mujeres Sindicalistas, CRAMS, de nuestra Subregión ha expresado que  la conmemoración del El Día Internacional de la Mujer Trabajadora, recoge la lucha emprendida en la Antigua Grecia por Lisístrata, quien inició una huelga sexual para poner fin a la guerra y surgió a raíz de las acciones de mujeres de los movimientos sindicales durante el Siglo XIX y principios del Siglo XX.

Diversas fuentes destacan  que su  establecimiento formal se dio en la reunión de la Internacional Socialista realizada en Copenhague en 1910, en la que participaron más de 100 mujeres de 17 países, además un elemento determinante para esta conmemoración de esta fecha resulta ser el caso de las 129 mujeres que durante una huelga pacífica murieron quemadas en un incendio en la fábrica Cotton Textile Factory, quienes  protestaban por sus condiciones laborales, un aumento de los salarios, una reducción de la jornada laboral y el fin del trabajo infantil.

Arguedas  señala que el origen histórico de esta fecha conmemorativa es muy discutido y que investigaciones elaboradas por historiadoras feministas ubican los hechos que marcaron esta fecha en el año 1857, y  destaca acciones del sindicato de costureras de la compañía textil en Lower East Side, Nueva York que convocó a una marcha en el mes de marzo para demandar una jornada  laboral limitada a 10 horas; por otra parte  indica que en 1867, tuvo lugar otra manifestación, en esa misma ciudad, de mujeres trabajadoras, que seguían bajo condiciones de profunda explotación laboral. En todas estas manifestaciones la represión policial fue sumamente violenta.

La Prof. Arguedas señala también, que en 1908 las mujeres del Partido Socialista Norteamericano fundaron unas jornadas de reflexión y acción denominadas Woman’s Day (Día de la Mujer). Sus reivindicaciones iniciales fueron la defensa incansable del derecho de las mujeres al sufragio, a gozar de derechos en el trabajo y a luchar en contra de la guerra y expresa que fue en 1910, en Copenhague, durante la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, donde se presentó una propuesta del Partido Socialista Norteamericano, para instaurar el Día Internacional de la Mujer. Esta propuesta, finalmente, fue aprobada, en mucho, gracias al apoyo brindado por la socialista alemana Clara Zetkin.

La Agencia France Press reconoció también que la jornada se consagra a la lucha por la igualdad y la emancipación de las mujeres, y se inspira en las luchas de la socialista alemana Clara Zetkin, quien lanzó la idea sin proponer una fecha fija, en la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas celebrada en agosto de 1910 en Copenhague, ello de acuerdo al señalamiento de la historiadora francesa Françoise Picq.

Dicha agencia ha expresado que, desde su lanzamiento en 1910, las mujeres han conquistado numerosos derechos civiles, políticos y laborales, pero la plena igualdad con el hombre sigue siendo un objetivo pendiente, en la gran mayoría de los países las mujeres siguen sufriendo, en mayor o menor medida, discriminaciones de todo tipo cuando no situaciones de opresión.

LA SITUACION PREVALECIENTE

Sabemos que, a pesar de llevar más de cien años de conmemoración, las condiciones laborales de la gran mayoría de mujeres en el mundo entero y por su puesto en Costa Rica siguen siendo deplorables.

La división sexual del trabajo perdura y mantiene a muchas mujeres e incluso a niñas en una situación que bien podemos llamar de esclavitud.

Las mujeres que han logrado incorporarse al mercado de trabajo formal ganan un 70% del salario de los hombres, a pesar de realizar las mismas funciones y de estar, en muchos casos, mejor calificadas.

Los derechos laborales de las mujeres se sostienen en el papel, a punta de uñas y dientes, pero en la vida cotidiana es todavía más difícil, al punto que ya parecen solo un puñado de buenas intenciones.

La discriminación en toda su esencia se mantiene tanto en lo laboral como en lo político.

El acoso laboral y el acoso sexual constituyen dos de los más feroces flagelos tanto en el orden laboral como político, tanto en el sector privado como en el sector público.

La trata de blancas y la utilización de niñas adolescentes en trabajo sexual constituyen una verdadera vergüenza nacional.

En los pocos casos de existencia de negociación colectiva en empresas públicas y privadas los temas relativos a las mujeres están levemente reconocidos o no lo están del todo.

La informalidad, la precariedad son condiciones que imposibilitan el desarrollo sindical de las mujeres.

EL COMPROMISO CON LOS SIGUIENTES RETOS

Las organizaciones sindicales y las mujeres sindicalistas asumimos este 8 de marzo de 2022 los siguientes retos:

Apoyar a todas aquellas mujeres que se organizan y resisten las agresiones del capitalismo salvaje en todas sus expresiones: flexibilidad laboral, tercerización, feminicidio, machismo, desprotección social, maltrato, desigualdad, desvalorización de las mujeres y sus derechos, y poca o nula participación en los procesos sociales, económicos y políticos.

Incrementar los esfuerzos para la superación de la situación prevaleciente por cuanto estamos convencidos que son las mujeres junto a las personas jóvenes e inmigrantes, quienes soportan la mayor precariedad laboral y la desigualdad salarial, esto les convierte en las personas más vulnerables ante la crisis económica.

Trabajar en unidad con todo el movimiento sindical y todas las mujeres que son maltratadas, humilladas, explotadas, oprimidas, subyugadas, día a día por el sistema Neoliberal.

Luchar y levantar una sola voz desde los distintos espacios, demandas y reivindicaciones. Para ello debemos enfrentar el modelo con organización, lucha y rebeldía para lograr una participación efectiva, protagónica, donde nuestra voz sea escuchada.

Intensificar la lucha para la participación de las mujeres en definición de políticas de empleo, de educación, de formación profesional técnica y de procesos de intermediación que constituya un elemento sustantivo de la misma política.

Constituir una estructura sindical participativa, horizontal, democrática, honesta, con igualdad de género, que tenga capacidad de unificar el pensamiento y la acción sindical, en el respeto a la pluralidad y diversidad, a través de procesos de evaluación, formación y formulación de una propuesta incluyente de todos los sectores que forman nuestra base, para lograr un movimiento sindical fuerte, vigoroso y poderoso, con credibilidad.

Luchar para que la dimensión y equidad de género sea considerada como componente transversal de los análisis y la definición de acciones sobre innovación, empleo, combate a la pobreza y fortalecimiento de la gobernabilidad democrática.

Continuar las acciones para que se disminuya la brecha de equidad existentes tanto en torno al acceso a las fuentes de trabajo, en los niveles operacionales, técnicos y profesionales como en la desigualdad salarial existente, en las diversas actividades de la economía nacional.

Divulgar y dar a conocer en todos los rincones del país los derechos y garantías laborales, constitucionales y los convenios y convenciones internacionales que garantizan los derechos económicos, en salud laboral, social y cultural como componentes esenciales para garantizar calidad del trabajo a las mujeres y a los jóvenes.

Promover la formación técnica, de competencia y empresarial para mujeres excluidos del sistema formal de la educación.

Luchar para que se reconozcan el potencial y la capacidad organizacional que tienen las mujeres para desarrollar actividades productivas.

Gestionar el desarrollo de observatorios de empleo con la efectiva participación de mujeres para detectar no solo las necesidades de oferta y demanda, sino para determinar los niveles de formación que posen las mujeres y los jóvenes en determinados entornos regionales o locales, para establecer proyectos productivos.

Capacitar conjuntamente con los sindicatos a trabajadores y trabajadoras en lo referente a sindicalismo.

Realizar convenios con las empresas donde se le facilite crédito y materiales a bajo costo a fin de que las mujeres puedan trabajar con microempresas que brinden mejores ingresos para ayuda a su familia.

Revisar los programas educativos tanto técnicos como profesionales en los diferentes entes educativos: INA, universidades, con el fin de realizar un diagnóstico de las necesidades laborales en las diferentes regiones del país, a efecto de coordinar con el ministerio de trabajo para que se cree la bolsa de empleo funcional.

Asegurar una cuota de un 50% mínimo de participación de las mujeres en puestos directivos en las diferentes organizaciones sindicales tanto nacionales como internacionales.

Fomentar el incremento de sindicatos en el sector privado principalmente en los sectores de los regímenes especiales “zonas francas, perfeccionamiento activo” con el fin de lograr estabilidad laboral.

San José, 8 de marzo de 2022

Rodrigo Aguilar Arce

Ex Presidente de la CTRN

Sobre la aprobación de la Ley Marco de Empleo Público

Juan Carlos Durán Castro
SIFUPCR
08 marzo 2022

El error político del PLN junto con el PAC y demás fracciones legislativas más allá de que se emitan distintas razones que van desde «es la mejor ley para solucionar el déficit fiscal» hasta es el paso correcto para «mayor justicia salarial entre sector público y privado», entre otras repeticiones discursivas de hace más de 45 años de los «políticos», sin duda le echa un enorme empujón al ultraderechista, misógino, tecnócrata de falsa narrativa populista de derecha y prepotencia ya conocida don Rodrigo Chaves Robles.

Al país posiblemente le esperen años aún más oscuros y sin duda dentro de cuatro años o antes asistiremos a la promoción de otras leyes para «mejorar los impuestos» o «solucionar el déficit fiscal».

Todo indica que en el escenario de que gane una de las dos derechas en disputa por Zapote el país tarde o temprano asistirá a una explosión social.

Como hemos dicho tenemos dos rutas: una más lenta y gradual que la otra, pero que nos lleva por el mismo camino y al mismo lugar, mayor concentración de la riqueza, pobreza, precariedad laboral, desempleo, en fin, mayor exclusión social.

Así las cosas, definitivamente parece ser que la aprobación de la dis que ley de empleo público podría generar más réditos al enfoque ultraconservador y eso acelera el escenario de una explosión social.

SIFUPCR felicita a las mujeres de Costa Rica y les llama a organizarse

Desde el SIFUPCR felicitamos a todas las mujeres de Costa Rica y les llamamos a organizarse y defender la Patria y la institucionalidad. ANIMARSE a romper las cadenas de la opresión, construir una cultura de amor e inclusión humana y salirse de los distintos círculos de violencia que el sistema promueve.

Y de cara al 03 de abril utilizar su inteligencia emocional, social y profundamente humana, para votar sin que las falsas promesas de siempre y los bellos discursos priven sobre sus realidades.

Nos veremos en los foros internacionales

Manuel Hernández

El Tribunal del Perpetuo Martirio de la Constitución le dio el último toque de gracia a la Carta Magna de la 2* Republica.

MIDEPLAN transmutado en el nuevo Leavitan del Sector Público.

Las autonomías constitucionales hechas pedazos de un solo plumazo.

Se confirma la política extrema y salvaje de devaluación de los salarios de las personas servidoras públicas.

Un pronunciamiento que vulnera la Opinión Consultiva de la CORTEIDH, OC-27-21, que en materia de negociación colectiva en las Administraciones Públicas estableció 3 cuestiones fundamentales:
1.- El reconocimiento del derecho de negociación colectiva en la función pública, con fundamento en los Convenios 98, 151 y 154 OIT.
2.- La OC 27-21 dispuso que los Estados tienen la obligación de promover la negociación colectiva en la función pública.
3.- Pero, además, la CORTE IDH estableció que los Estados tienen que PRIVILEGIAR -literal- la negociación colectiva en la Administración Pública, en lugar de leyes que limiten los salarios (literal).

Una resolución del Senado Poltitico de Costa Rica radicada en los dogmas neoliberales de Buchanan y Friedman.
La democracia quedo herida de muerte.

Nos veremos en los foros internacionales.

UCR: La ley que aspira a cubrir a trabajadores agrícolas ante accidentes ofídicos es casi una realidad

La ley que aspira a cubrir a trabajadores agrícolas ante accidentes ofídicos es casi una realidad

La UCR impulsó el proyecto de ley aprobado en segundo debate. Las personas beneficiarias de esta ley son quienes realizan labores agrícolas y están en condición de pobreza

Por primera vez en la historia nacional, Costa Rica está cerca de concretar una ley que garantizará la cobertura universal del seguro de riesgos a todas las personas trabajadoras independientes afectadas por mordeduras de serpientes.

Esta ley, aprobada en segundo debate en febrero del 2022 en la Asamblea Legislativafue impulsada por el Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica (ICP-UCR), en conjunto con el diputado José María Villalta del partido Frente Amplio.

El proyecto de ley constituye el expediente 22 334 y su aprobación abre el camino para que todas las personas agrícolas trabajadoras del campo, quienes en la mayoría de los casos no están aseguradas, puedan tener una protección ante eventuales envenenamientos ofídicos. También, podrían acceder a una compensación económica por las secuelas temporales o permanentes debido a un accidente de este tipo.

“Nos llena de alegría dar este paso. Lo que nos motivó a generar este proyecto de ley, junto con el Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica, fue la preocupación por las y los trabajadores que se encontraban en total situación de desprotección. Trabajadores independientes de zonas rurales y de escasos recursos, muchas veces en condición de pobreza, que sufren de accidentes laborales y no cuentan con un seguro. Esto les impide tener una pensión y protección social para sus familias si quedan en una situación de invalidez”, indicó el diputado José María Villalta.

La problemática

La idea del ICP-UCR en impulsar esta ley se desprende de un estudio publicado en enero del 2020 en la prestigiosa revista científica “Toxins”, del Instituto Multidisciplinario y de Publicación Digital (MDPI).

El estudio, que parte de una tesis de licenciatura desarrollada por la Lic. Jazmín Arias en la Universidad Nacional, y con la participación del Instituto, logró documentar en la región Brunca de Costa Rica la seriedad de las secuelas o consecuencias del envenenamiento por mordeduras de serpientes.

Asimismo, reveló que muchas de las familias afectadas son las que poseen el menor ingreso per cápita registrado en el país.

Desde las palabras del Dr. José María Gutiérrez Gutiérrez, científico del ICP-UCR y profesor emérito de la UCR, la investigación fue un aporte de gran relevancia. Si bien desde antes se conocía que un porcentaje de las personas que sufren envenenamiento ofídico tenían consecuencias diversas que afectan su calidad de vida, la información era más anecdótica y no estaba sistematizada.

En ese momento, la estudiante desarrolló un valioso estudio cualitativo que mostró cómo campesinas y campesinos que trabajan de manera independiente, o bien como trabajadores ocasionales y que son afectados por esta patología, no reciben compensación, ni rehabilitación, ni apoyo psicológico para enfrentar las secuelas de diverso tipo que les causan los envenenamientos ofídicos.

“Jazmín también documentó las consecuencias económicas que impactaron a estas personas y a sus familias. Este tema ha recibido muy poca atención no solo en Costa Rica, sino también en muchos otros países del mundo. La Organización Mundial de la Salud ha señalado la importancia de atender este aspecto olvidado del problema. En varios países se ha demostrado que las consecuencias psicológicas de los envenenamientos son terribles, con el desarrollo de cuadros de síndrome de estrés post-traumático, depresión y ansiedad. También se ha mostrado que muchas personas afectadas y sus familias, usualmente personas en condiciones de vulnerabilidad social, sufren una verdadera catástrofe económica producto de las secuelas de las mordeduras. Algo similar pudo observar Jazmín Arias en su estudio en la zona sur de Costa Rica”, ahondó el Dr. Gutiérrez.

En Costa Rica, las personas víctimas son atendidas por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y reciben los antivenenos necesarios para su recuperación costeados por la seguridad social. No obstante, muchas de ellas quedan con secuelas permanentes, sin la posibilidad de seguir laborado, sin recibir rehabilitación por no ser asalariados regulares y, además, sin ningún tipo de indemnización.

“El estudio se basó en entrevistas semiestructuradas con 15 personas que habían sufrido envenenamiento por mordeduras de serpiente. Las personas describieron muchas dificultades como consecuencia de estos venenos, como secuelas físicas permanentes, incluidas dos amputaciones, secuelas psicológicas, dificultades económicas y dificultades para reinsertarse en el trabajo agrícola”, se menciona en el artículo científico publicado.

Aunque la mortalidad se ha reducido drásticamente debido a la atención que provee el sistema de salud, algunos casos tienen una alta severidad con secuelas física y psicológicas. «Este es un aspecto que hasta hace poco no se había analizado a cabalidad ni se había documentado bien. La información de que disponemos ahora indica que este aspecto de las secuelas es un ángulo fundamental del problema, al que hay que ponerle mucho mayor atención». Dr. José María Gutiérrez Gutiérrez. Foto: Karla Richmond, UCR.

Esperanza

De acuerdo con el Dr. José María Gutiérrez Gutiérrez, Costa Rica ha tenido importantes avances para reducir el impacto de los envenenamientos ofídicos en el país, pero es claro que se ha tardado en compensar las consecuencias físicas, psicológicas, sociales y económicas de estos envenenamientos. Por lo tanto, esta ley viene a llenar ese vacío.

“Este nuevo proyecto de ley viene a llenar en buena medida este vacío y esta deuda que el país tiene con las personas afectadas por esta enfermedad. La aprobación de esta ley lanza una señal de esperanza de que en nuestro país, mediante sinergias entre las universidades públicas, el sistema de salud pública, el sector político y de gobierno y los sectores comunitarios organizados, podemos avanzar por sendas marcadas por la solidaridad y la procura del bien común. Este logro nos debe motivar a seguir mejorando cada vez más los esfuerzos para reducir el sufrimiento humano causado por las mordeduras de serpientes”, manifestó el Dr. Gutiérrez.

La entidad que emitirá el la cobertura será el Instituto Nacional de Seguros (INS). El tomador de la póliza será el Consejo de Salud Ocupacional y estará a cargo de cumplir con las obligaciones dispuestas en los incisos a), b) y c) del artículo 214 del Código de Trabajo respecto a los trabajadores independientes indicados.

Asimismo, el documento del proyecto de Ley señala que no será necesario presentar planillas ni reportar de previo al trabajador para el aseguramiento. No obstante, el Consejo de Salud Ocupacional sí deberá llevar los controles o registros necesarios para verificar que los reportes de accidente que remita sean procedentes.

“El mecanismo diseñado establece la creación de un seguro especial, una póliza especial, que sería financiado con recursos del Consejo de Salud Ocupacional, un órgano del Ministerio de Trabajo con la competencia legal para promover la salud ocupacional y prevenir accidentes de trabajo. Este Consejo suscribiría una póliza colectiva de riesgo del trabajo con el INS que cubriría a las personas trabajadoras independientes que no están aseguradas, comentó Villalta.

Villalta reiteró que las personas beneficiarias de esta ley son quienes están en condición de pobreza, con escasos recursos económicos, y que por eso no han podido suscribir un seguro por su cuenta.

Por ese motivo, el mecanismo fue diseñado para proporcionar una cobertura a pesar de que la persona, antes de sufrir el accidente o la mordedura de serpiente, no haya estado asegurada. Si este mecanismo funciona bien, se podría extender la cobertura a otros riesgos y accidentes de trabajo que actualmente están descubiertos.

“Esta ley podría ser la semilla de un mecanismo de protección más ambicioso que cubra a las personas trabajadoras independientes del campo y de la ciudad que sufran accidentes de trabajo y que no tienen un seguro. En el país hay muchos casos de trabajadores independientes de bajos ingresos que no tienen una cobertura. Si hoy sufren un accidente laboral, no tienen protección. ¿Un ejemplo? Los repartidores de comida de plataformas digitales. El proyecto tiene una gran perspectiva a futuro porque, si funciona bien el mecanismo, podríamos extender esta protección a otras poblaciones desprotegidas”, resaltó Villalta.

Actualmente, en Costa Rica se reportan entre 400 y 600 casos de mordeduras de serpientes cada año. La mayor incidencia se dan en Puntarenas, Limón y Alajuela, aunque ocurren envenenamientos en todo el país.

Las zonas más afectadas son regiones bajas de clima tropical húmedo y con vocación agrícola y ganadera, regiones donde se distribuye la especie Bothrops asper (terciopelo), que causa la enorme mayoría de los accidentes y los más graves.
 
Ahora, la iniciativa está en manos del Poder Ejecutivo para continuar el proceso y para que entre en vigencia deberá salir publicado en La Gaceta.

 

Jenniffer Jiménez Córdoba
Periodista, Oficina de Divulgación e Información, UCR