El pasado domingo 19 de setiembre se dio la manifestación llamada “Brunch del huevo duro”. La marcha es parte de las acciones directas, no-violentas, que se organizan para visibilizar públicamente el despojo que realizaron los hermanos Javier y Oscar Chaves Bolaños, de Aldesa, y los integrantes de su Junta Directiva contra más de 30 mil personas, de las cuales 27.550 son trabajadores solidaristas.
La protesta se dio en la entrada del Country Club, del cual son socios los hermanos Chaves. Con esta, lo que se pretende es impulsar la pesquisa por la suspensión de pagos a cerca de 500 clientes de proyectos inmobiliarios que invirtieron más de $200 millones en el grupo y que, en la medida de lo posible, esos dineros sean regresados a las víctimas.
Por Dr. Esteban O. Mora Martínez, profesor e investigador del Cicap-UCR
La reforma al empleo público es una decisión que afecta los pilares que sostienen el pacto social y la prestación de los servicios públicos
A lo largo de estos años en nuestras investigaciones sobre la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), hemos apreciado cómo los diferentes expertos que conforman los Comités que estudian a nuestro país, son rigurosos y, más allá de las recomendaciones, posicionan factores de éxito para asegurar un modelo de desarrollo, es decir, buenas prácticas de las cuales podemos echar mano para resolver nuestros problemas, sin brindar recetas.
En este sentido, el país ha pasado por una discusión sobre el proyecto de ley marco de empleo público que tiene implicaciones más allá de la estructura del sector, de sus relaciones obrero-patronales, de las funciones y remuneraciones, y toca profundamente el pacto social que genera la condiciones para el desarrollo.
En el segundo semestre del 2017, la Unión Europea reconoció en sus estudios sobre la Calidad de la Administración Pública que, “el sector público es la principal ‹‹industria›› de la Unión Europea”. Incluso analiza que esta figura da empleo a aproximadamente a 75 millones de personas en los 27 países que la conforman, lo que significa el 25% de la población económicamente activa, con un gasto público que asciende al 50% del PIB (Producto Interno Bruto).
Sin embargo, su preocupación lejos del tamaño o del volumen del gasto, radica en el envejecimiento de la población de funcionarios públicos, considerándolo el mayor riesgo operativo para las instituciones del Estado, donde países como Bélgica, España e Italia están a escasos 11 años de que el 45% de sus funcionarios se jubilen.
En una lógica lineal básica esto es positivo porque reduce el gasto, sin embargo, la realidad es mucho más compleja y ciertamente genera una reacción en cadena porque existen “serias preocupaciones sobre la capacidad, la estabilidad institucional y la calidad de los servicios a largo plazo”. Esto cobra sentido cuando las valoraciones sobre la calidad, eficacia y rentabilidad social de los servicios públicos es alta, y el gasto es comprendido como prestaciones públicas efectivas para satisfacer las necesidades sociales.
Nota: Figura 3.1 Informe Panorama de las Administraciones Públicas de América Latina y el Caribe 2020, p. 79.
Así, en la actualidad están poniendo en práctica una serie de estrategias para la atracción del mejor talento a las Administraciones Públicas y a las instituciones del Estado, con el fin de asegurar el relevo generacional y realizar un proceso de transferencia de capacidades y conocimientos apropiado para los retos que se enfrentan, así como ofrecer una perspectiva de carrera en la gestión de lo público.
Dos aspectos deben ser tomados en cuenta: el ingreso de personas probas basado en la meritocracia, y la detección y denuncia del clientelismo que reduce las posibilidades de la toma de decisiones racional de las instituciones. Únicamente de esta manera, más allá del indicador del tamaño del Estado por sus instituciones y funcionarios, se pueden construir instituciones sólidas y con soluciones duraderas.
En esta línea, el informe Panorama de las Administraciones Públicas de América Latina y el Caribe 2020 de la OCDE y del BID (Banco Interamericano de Desarrollo), resalta que el empleo público “refleja el acuerdo social sobre el papel del Gobierno en la economía y en la sociedad, así como la decisión sobre cómo se prestan los servicios públicos ya sea por parte de los empleados públicos o en asociación con los sectores privados o sin fines de lucro”.
Esta perspectiva reviste de vital significado la delegación o subcontratación (outsourcing) de los servicios públicos, pues en ocasiones lo que falla es el prestador del servicio y el órgano supervisor o regulador debe hacer uso de los mecanismos que dispone para no interrumpir la prestación a los usuarios.
A pesar de lo anterior, para algunos sectores la discusión del tamaño del sector público sigue siendo el meollo del asunto, sin embargo, según las fuentes consultadas en relación con el empleo público, el total para la Unión Europea rondó el 25% en 2017, mientras que el promedio para los países de la OCDE fue de 21,2% y el de Costa Rica de 12,7% para el 2018. En la siguiente figura se muestra el empleo del sector público como porcentaje del empleo total, 2011 y 2018 para los países de Latinoamérica y el Caribe (ALC) en comparación con la OCDE.
Como puede apreciarse Costa Rica está cercano al promedio de la Región ALC (11,9%) mientras se distancia del promedio de la OCDE por 8.4 p.p. En su último informe sobre Panorama de las Administraciones Públicas del 2021 (Government at a Glance) la OCDE analiza el empleo público en el contexto de la pandemia por COVID-19, resaltando el importante rol que han desempeñado los empleados públicos en la entrega de servicios públicos esenciales, manteniendo la salud pública de los ciudadanos, la seguridad y el soporte económico.
Si bien esto varía entre los países miembros de la OCDE, y para el caso de Costa Rica no existe la información porque a la fecha del informe el país aún estaba en proceso de adhesión, la Organización resalta a los funcionarios públicos como el actor central en los procesos de recuperación.
Finalmente, los procesos de reforma o modernización del Estado deben considerar al empleo público como parte de los pilares que sostienen el pacto social y la prestación de los servicios públicos, donde, una afectación desmedida, poco planificada y sin visión prospectiva, puede dar al traste con el modelo de desarrollo del país, por ello, ¿cuál es la medida adecuada del empleo público?, ni tanto que queme al santo, ni tan poco que no lo alumbre. Para llegar a esa respuesta deben realizarse mediciones precisas de la situación actual, así como proyecciones del progreso que queremos de nuestro país, utilizando indicadores de desarrollo y no únicamente datos del gasto público.
El pasado martes 14 de septiembre del 2021, la Junta Directiva de SINTRAJAP en su sesión ordinaria N°-0036-2021, acordó lo siguiente:
“Solicitar a la honorable Junta Directiva de JAPDEVA, se le asigne una partida de doscientos millones de colones de los recursos captados de los aportes del canon de APM Terminals, este monto corresponde a menos del 1% de lo captado hasta ahora para premiar y ayudar aSherman Isidro Guity Guity, insigne atleta e hijo predilecto de nuestra provincia, para que continúe su gran trabajo y sirva de ejemplo a otros niños y jóvenes de nuestra comunidad, para que le demostremos a nuestra juventud que hacer los esfuerzos por alcanzar los sueños tiene frutos positivos para ellos y sus familias. Para que JAPDEVA como institución encargada del desarrollo de nuestro pueblo se ponga una flor en el ojal, exaltando y reconociendo la excelencia de uno de nuestros mejores valores humanos en este momento”.
FENTRAGH presentó una citación con el Ministerio de Trabajo para realizar una audiencia de conciliación con Agroindustrial Piñas del Bosque, propiedad de la Standard Fruit Company, subsidiaria de la multinacional DOLE en Costa Rica. El objetivo de estas acciones es procurar acuerdos en materia de:
Enfermedades laborales
Libertad sindical
Negociación colectiva
Espacios de diálogo
Obeth Morales Barquero, secretario general de SINATRAA, plantea que como trabajadores de estas fincas se han hecho labores titánicas para realizar la conformación de este sindicato, pese a eso se han recibido acciones esquematizadas por parte de la empresa de Finca Muelle, para impedir que está organización crezca.
Se denuncia la falta de apertura para negociaciones, concretar acuerdos en actas ni diálogo.
Adjuntamos el video que se encuentra disponible en el canal de Youtube de ANDE TVeo:
Ante la gravedad de la saturación que afecta una vez más a los hospitales y otros centros de salud de la CCSS, por el aumento exponencial de contagios por COVID-19, que ha puesto en riesgo la atención oportuna y de calidad de los pacientes enfermos por esta enfermedad y otras patologías, donde se hospitaliza una persona por esta enfermedad cada 10 minutos y se han contagiado miles de trabajadores de la CCSS, poniendo en condición de vulnerabilidad a toda la población, UNDECA demanda al presidente de la República, al Ministro de Salud y a la Comisión Nacional de Emergencias, tomar las medidas y acciones para proteger el derecho a la salud y la vida de todos los ciudadanos.
La CCSS está al borde del colapso, cada día hay menos disponibilidad de recursos humanos, insumos, equipos y capacidad operativa, como lo han advertido el propio presidente ejecutivo Macaya Hayes, al Gerente Médico, Dr. Mario Ruiz y los directores de centros médicos, en oficio enviado a las altas autoridades sanitarias y de la CCSS, cuyas proyecciones en el corto plazo son alarmantes.
Denunciamos, que a pesar de los esfuerzos que realiza cada persona trabajadora por brindar los servicios, la fatiga por las extenuantes y exigentes jornadas laborales, el estrés, el desgaste emocional, los recargos laborales, la incertidumbre respecto al nombramiento de los interinos, los retrasos en los pagos de salario y los tiempos extraordinarios, unido a la angustia de sus familias, entre otros desafíos, repercuten en la vida laboral y la eficacia en la atención de la salud.
El derecho a la salud es un derecho fundamental inherente al ser humano que el Estado debe tutelar, peño que, el señor presidente de la República y demás jerarcas ejecutivos y sanitarios deben anteponer los intereses de la colectividad, sobre las presiones internas y externas que persiguen el lucro, evitando más muertes, discapacidades y otros costos humanos, que afectan la estabilidad de la CCSS y la calidad de vida de las familias y comunidades.
Información compartida con SURCOS por Luis Chavarría Vega.
A través de una publicación en Twitter el dirigente sindical Albino Vargas dio a conocer que el pasado 06 de septiembre se inauguró la primera Escuela Sindical Mario Alberto Blanco Vado; destacado jurista obrero-sindicalista del equipo de ANEP en los 80´s y 90´s.
La ejecución de esta obra tiene el objetivo de crear un espacio de formación y capacitación política-sindical, generar cambios en la cultura sindical y brindar mayor preparación para el ejercicio del liderazgo en el sindicalismo.
Como parte de los proyectos que se plantean realizar en la institución se tiene:
Educación continua
Capacitaciones abiertas
Cátedra Mario Alberto Blanco Vado
Le invitamos a conocer todos los detalles en el video que se encuentra en la página oficial de ANEP:
Como parte de los riesgos que se observan en el proyecto de ley se mencionan los siguientes:
1- Interpretaciones jurídicas y trámites legislativos que permiten a distintos actores del mundo político, empresarial, financiero y de otros sectores de la economía legislar en beneficio propio y lejos de ayudar al objetivo inicial de aspirar a promover la formalidad y dar sostenibilidad al sistema de financiamiento to de la CCSS, generar el efecto contrario en el marco de aprovechamiento de la crisis de la pandemia, escenario sanitario que termina siendo una oportunidad para «ayudar» a evasores y elusores de la CCSS. Siendo esto una modalidad más de corrupción ya abierta, si vemos los abordajes de diputados en la Asamblea, lo cual dinamita más la institucionalidad.
2- Posibilidad de acciones legales contra la ley cuando cumpla su trámite legislativo, pues parece que esta nueva aberración jurídica contiene roces de legalidad y constitucionalidad.
3- Incentivos inadecuados: La amnistía genera el incentivo de aquel trabajador y patrono que ha cancelado oportunamente sus obligaciones con la Seguridad Social observe como los que no cumplen se ven beneficiados con la amnistía de sus deudas; entonces surge la pregunta, ¿qué incentivos tengo para ser responsable con mis obligaciones, si al cabo de un tiempo puede ser que aprueben una amnistía?
4- La ley tiene riesgo de violentar la autonomía de la CCSS; esperemos la consulta a la Sala Constitucional y lo que vaya a indicar al respecto.
5- La ley no discrimina entre patronos y trabajadores de bajos ingresos y altos ingresos para que les otorgue la amnistía; esto podría tener efectos regresivos, pues patronos físicos y jurídicos, y trabajadores de altos ingresos se puedan ver beneficiados en forma importante.
6- Es conocido que hay legisladores de diferentes partidos que tienen deudas con la CCSS y probablemente se vayan a ser beneficiados con esta ley. Esto es una situación donde el legislador legisla en beneficio propio y profundiza el tema de la corrupción y sin duda este enfoque y trámite tan oscuro agranda el proceso de fetichización y lo hace verse como normal, enviando una pésima señal al pueblo, que por demás no entiende del todo y el fondo del problema.
8- Podría este proyecto conducir a favorecer a grandes evasores y elusores de los pagos a la. CCSS y golpeando más a los sectores de trabajadores independientes que posiblemente sean más en lo cuantitativo, lo cual podría distorsionar el espíritu del proyecto.
8- Podríamos además estar en un posible escenario en el cual haya una confluencia de agendas e intereses, no tan visibles que posiblemente sean pagos de favores a algunos actores representantes de sectores en la Junta Directiva de la CCSS en razón de nombramientos en alguna Gerencia.
9- Finalmente, es sin duda necesario que los estudios o similares que haya elaborado el personal técnico de la CCSS sobre este proyecto sean de conocimiento público y se sometan a un escrutinio profesional externo antes de que se convierta en ley un proyecto con tantas oscuridades que conducen posiblemente al camino de la corrupción y los conflictos de intereses.
Puede solicitar la documentación oficial a nuestro correo.
Por Juan Carlos Durán Castro Dirigente Sindical Sector Salud
Las declaraciones del Señor Presidente de este jueves 26 y las gestiones urgentes de la Ministra de la Presidencia en la Asamblea Legislativa, nos mueven a formular los siguientes puntos:
Se va consolidando cada vez más la posición de diversos actores sociales en el sentido que con regla fiscal era suficiente (aunque es regresiva en su esencia y debilitará en el mediano y largo plazo la institucionalidad y sus programas sociales). Es decir, la tozudez de un joven Presidente fetichizado por los grupos de poder obligó a posesionar la idea falsa de que se debía ir más allá para obtener los resultados fiscales que exige el FMI. Falso.
Queda más claro que por razones ideológicas y políticas el gobierno y la inmensa mayoría de fracciones legislativas impulsaron empleo público, incluso a contrapelo de la Constitución y han sufrido por diversos factores y acciones duros golpes que aunque no suficientes, pues la Sala tira la piedra y esconde la mano para poner a pelear a todos contra todos y salvar un poco su parcela corporativa posiblemente también corrouda por las manos oscuras de la corrupción.
Hoy al hacer una lectura de la narrativa Presidencial, pareciera que todo el acuerdo con el FMI está en peligro (lo que celebramos, pero ponemos en prospección patriótica), ya que ratificamos que por la juponada del gobierno en querer introducir en el acuerdo con el FMI esa LEY, sin duda ese proyecto 21.336 hoy se cae en pedazos (lo que celebramos aún más).
Seguros estamos de que esta lectura es la que hacen las dirigencias de los movimientos sociales y la debilidad y torpeza dogmática del Gobierno fantoche de los ricos terminará uniendo al movimiento social para la definición de una gran lucha social, misma que será asumida con prevención sanitaria, pero con vocación patriótica ya que los sectores poderosos llevan al país al despeñadero y aun así tienen la osadía de culpar a las mayorías de violentas y a las dirigencias calificarla casi que de terroristas con la ayuda de medios de comunicación que lejos de crear opinión ocultan una realidad que tarde o temprano estallará.
La crisis política en Nicaragua y la pandemia del COVID-19 afectó la tasa de empleo, siendo las personas trans uno de los grupos más vulnerados. Al no contar con una ley de identidad de género, han tenido que trabajar de manera informal.
Desde junio, SITRAA viene denunciando la gran necesidad de vehículos para cuadrillas que se deterioran en Sede Central Pavas; vehículos que no se han logrado inscribir por trabas del gobierno. Mencionan que los vehículos llevan 3 meses deteriorándose por las demoras en el proceso de inscripción. El señor Mario Rodríguez Bonilla, secretario general del sindicato expone las denuncias e inconformidades que tienen como organización.
