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ANEP presenta Recurso de Amparo contra medida cautelar atípica girada por jueza contra Ministerio de Justicia y Paz

SURCOS comparte el siguiente comunicado de prensa:

Con la medida se vulneran los derechos de libertad de expresión, de opinión y de acceso a la información, así como a la separación de poderes y la libertad de prensa.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) presentó, la mañana de este viernes, un recurso de amparo contra la medida cautelar atípica girada por una jueza de la república que impide al Ministerio de Justicia y Paz referirse a temas carcelarios ante la opinión pública y medios de comunicación.

La acción de la ANEP se presenta en favor de los funcionarios y servidores del Ministerio de Justicia y Paz, de las personas periodistas del país y de la ciudadanía en general, al considerar que se vulneran derechos fundamentales.

“Nos parece que esta decisión de la señora jueza constituye una acción intimidante, que desincentiva los principios democráticos y republicanos del ser costarricense. Por consiguiente, se vulneran los derechos de libertad de expresión, de opinión y de acceso a la información, así como a la separación de poderes. Se vulnera la libertad de prensa y los principios de proporcionalidad, racionalidad y razonabilidad”, manifestó el Secretario General de la ANEP, Albino Vargas Barrantes.

Para la ANEP, no existe una fundamentación previa por parte de la juzgadora que indique cómo se vulnerarían los principios de independencia judicial y de juez natural, no razona por qué considera estos elementos por encima de otros principios y derechos humanos.

Afectación de derechos

1.Se considera violentada la libertad de prensa, no solo como una de las mayores manifestaciones de la libertad de expresión y de conciencia, bajo la cual las personas pueden expresar libremente y sin temor a coacción o represalias sus opiniones y pueden informar a la población, sino también, como el derecho que les asiste a las personas periodistas y comunicadoras a informar sobre la gestión de las administraciones y el deber de los servidores públicos de brindar la información de interés público que les sea solicitada. Así como el derecho de petición y pronta respuesta que les asiste a todos los ciudadanos de acuerdo con el artículo 27 y 30 de la Constitución Política y el artículo 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional.

2.Se vulnera el artículo 28 de la Constitución, que indica que: “Nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus opiniones ni por acto alguno que no infrinja la ley.” El término nadie incluye a las autoridades penitenciarias. De igual manera, la medida de la juzgadora contraría lo que estipula el artículo 29 de la Constitución Política que indica que: “Todos pueden comunicar sus pensamientos de palabra o por escrito, y publicarlos sin previa censura…”

  1. Se vulnera el principio de rendición de cuentas que menciona el artículo 11 de la Constitución Política y el derecho de acceso a la información pública que se desprende del artículo 30 constitucional. Esto, por cuanto la medida cautelar atípica interfiere en el libre acceso de la ciudadanía a los departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés público. Como las autoridades penitenciarias no podrán comentar o referirse a la temática del Sistema Penitenciario Nacional, la ciudadanía durante lo que dure el proceso no podrá ejercer control sobre la legalidad, eficacia y eficiencia de la función administrativa desplegada por este ente público.  
  2. Se considera violentado el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en cuanto a la libertad de Pensamiento y de Expresión

5.La medida impuesta a las autoridades penitenciarias por la juzgadora sigue una lógica que contraviene el espíritu y los instrumentos internacionales de derechos humanos citados en los párrafos,4, 5 y 6 del preámbulo de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión:

  1. Esta decisión de la Juzgadora tiene roces con el principio de separación de poderes (separación de funciones) del artículo 9 de la Constitución Política.

Ante los diversos argumentos presentados por la ANEP en el Recurso de Amparo se solicita a la Sala Constitucional que, deje sin efecto, de manera inmediata, la medida cautelar atípica dictada por la Jueza Mayra Acevedo Matamoros en contra de las autoridades penitenciarias, hasta que se resuelva el presente Recurso de Amparo, así como que se declare con lugar en todos sus extremos el presente Recurso de Amparo con las consecuencias legales que ello implique

Por último, que se declare que la “medida cautelar atípica” es contraria al derecho de la constitución y vulnera los derechos fundamentales de los funcionarios penitenciarios, de las personas periodistas y de la ciudadanía en general.

Para más información sobre este proceso adjuntamos la página oficial de ANEP:

https://anep.cr/anep-presenta-recurso-de-amparo-contra-medida-cautelar-atipica-girada-por-jueza-contra-ministerio-de-justicia-y-paz/

 

Imagen del header tomada de: https://anep.cr/

El impacto del voto de la Sala Constitucional acerca del proyecto de empleo público en el Estado Social y Democrático

Este miércoles 06 de octubre del 2021 a las 5:00 pm se realizará el conversatorio: El impacto del voto de la Sala Constitucional acerca del proyecto de empleo público en el Estado social y democrático. Ésta es una actividad realizada por BUSSCO y se contará con la exposición de Manuel Hernández V, especialista en relaciones laborales.

El conversatorio se desarrolla por medio de la plataforma zoom, ID de reunión: 824 6888 3193, código de acceso: 996362

Informe sobre la aplicación de pago mensual con adelanto quincenal de la CCSS

SURCOS comparte la siguiente información:

El 03 de septiembre de 2021 se presentó un informe por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social, en el que se abordaba la situación sobre el pago mensual con adelanto quincenal, además planteaba cuestiones como la  modalidad de pago vigente en la Caja Costarricense de Seguro Social, Ley N° 9635 “Ley Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, además se muestran los resultados producto del análisis técnico relacionado con la implementación de la modalidad de pago mensual con adelanto quincenal en la Caja Costarricense de Seguro Social y la metodología para trasformar el pago bisemanal a pago mensual con adelanto quincenal descrito por el MIDEPLAN.

Con respecto a este tema, el señor Juan Carlos Duran Castro, expresó su descontento, debido a que esta modalidad de pago se ganó el 14 de septiembre en 1988 por un fallo del Tribunal Superior de Trabajo por lo que tiene connotaciones históricas y de lucha sindical. Además, este estudio de administración sugiere que  se realiza de manera profunda para llegar a dos posibles propuestas que serán elevadas a la junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social para valorar el modelo de desarrollo de pago bisemanal por el el modelo de desarrollo salarial mensual con adelanto quincenal establecido en la llamada: Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y sin embargo, este modelo según el dirigente sindical del sector salud no representa ningún beneficio, ni pérdida para la CCSS o el Estado.

Adjuntamos el audio con las declaraciones de Juan Carlos Durán Castro:

Adjuntamos el documento oficial del informe:

La agenda conservadora regresiva y la regla fiscal antihumana avanzan al ritmo de la pandemia

SURCOS comparte la siguiente información:

Juan Carlos Durán Castro
Dirigente Sindical
SIFUPCR-CMTC
Sector Salud Costa Rica

Nuestra historia reciente nos coloca en cuatro momentos de irrupción político-social: la lucha de Alcoa, el combo del ICE, el referéndum contra el Tratado de Libre Comercio (TLC), cuyos bondades seguiremos esperando y finalmente en el pasado más reciente la huelga del 2018, contra la mal llamada “ley de fortalecimiento de las finanzas públicas”, conocido popularmente como combo fiscal, hoy ley 9635, que jamás resolverá el tema del déficit fiscal, proceso diremos sellado con la aprobación de la ley 9808, que a nuestro gusto es violatoria de derechos humanos fundamentales.

En esos cuatro episodios de lucha, aunque se ha ocultado, el pueblo debe entender que lo que ha realmente ha sucedido es, una disputa del enfoque del modelo de desarrollo nacional, es decir, una disputa política entre un grupo cada vez más pequeño de ricos y un bloque de pobres cada vez más grande , una guerra entre el Dios mercado versus el Dios Estado, un partido entre la exclusión y la inclusión social, lo cual en concreto explica, porque todo es más caro, porque hay menos trabajos, porque hay más pobres, porque recortan las becas, porque hay menos comida en el comedor de la escuela, etc.

El balance de ese devenir histórico nos permite atrevernos a decir, que el país ha entrado en una suerte de proceso muy perverso, antidemocrático, antihumano y altamente corrupto, cuyo buque insignia no dudamos en decir, es la antihumana, darwiniana y dogmática regla fiscal, que ya empezó a hacer las veces de un cartucho de dinamita que terminará de dejar en añicos el Estado Social de derecho y cuyos efectos e impactos vulneraran y precarizar aún más la vida de miles o millones de hombres, mujeres, niños y niñas.

Ese oprobioso proceso en desarrollo que los ricos impulsan en nombre de la modernidad y demás palabrerías lindas, que repiten los “medios de comunicación”, los seguirán colocando en la vitrina de una legalidad legítima, pero lo cierto es que alimentan un monstruo, una superestructura corrupta que ya no responde a las necesidades de las mayorías, no responde al qué por Dios tenga cada persona en su esfera personal y familiar.

En ese sentido rechazamos ese proceso de exclusión y no dudamos en proclamar que esas mayorías excluidas crecerán en número en cada rincón del país y que además al ser arrastradas irreductiblemente a lo que llamaremos una ilegalidad legítima, se consolidaran en algún momento histórico en lo que llamaremos el bloque social de los oprimidos y saldrán a protestar a las calles.

Ese conglomerado social en desarrollo tendrá como un volcán su momento de erupción y su magma humano deberá destruir las partes o el todo de este modelo corrupto, ya corroído y fetichizado en buena parte, está una cochinilla nacional vergonzante, para dar paso a un nuevo modelo de país más humano, probó, ético, inclusivo y respetuoso efectivamente del enfoque de género, de los derechos humanos y del trabajo decente.

Lo descrito nos coloca en el hoy y vemos como todos los y las aspirantes a Zapote o a Cuesta de Moras, construyen discursos huecos y gastados de una nueva normalidad, pero lo cierto del caso es que son marionetas y títeres de los del bando de los ricos y como es de esperar serán correa de transmisión de los sectores conservadores y neoliberales de Costa Rica que han aprovechado la pandemia de la Covid-19, para posicionar e impulsar su agenda política y económica.

Veamos:

  1. Rebaja de «cargas» sociales. Las contribuciones a la seguridad social (mal llamadas “cargas”) financian el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (RIVM), el Seguro de Salud y varios programas sociales. Recientemente crecen las voces que dicen que estas “cargas” son las responsables del alto desempleo y de la alta informalidad laboral. La propuesta es mecánica y sencilla: si las “cargas” son muy altas, hay que bajarlas. Pero cuando se les pide a estos sectores alternativas de financiamiento, el acuerdo entre ellos mismos cesa. El gran peligro es desfinanciar la seguridad social en Costa Rica, uno de nuestros últimos bastiones del Estado Social de Derecho. .

Una forma de asfixiar salud y pensiones y avanzar en la ruta de la privatización.

  1. Privatización camuflada de pensiones.

Se está posicionando una matriz informativa que lleve a la gente a creer que una “pensión básica universal”, aunque su monto sería ridículamente bajo. Se trata de una forma abierta de impulsar la privatización camuflada de las pensiones, aunque se evite el término “privatizar”, hoy completamente desprestigiado cuando de pensiones se trata.

  1. Cierre del PAI y del CNP. Si hay problemas en el CNP, estos deben identificarse y corregirse, pero la prensa del gran capital solo conoce una palabra: cierre. A los grandes agricultores les duele el Programa de Abastecimiento y Apoyo (PAI), que con justeza fue creado para evitar que miles de pequeños agricultores cayeran en la pobreza.
  2. Apertura eléctrica. Igualmente avanzan en colocar este tema en la agenda pública y con el enfoque conocido. El caballo de batalla en esta ocasión es “generación distribuida”, pero tampoco faltan las voces que sencillamente claman por la privatización de la generación, hoy en manos del ICE, CNFL y cooperativas eléctricas.
  3. Defensa cerrada del austericidio.

La llamada regla fiscal ya está haciendo estragos en muchas instituciones públicas, desde el Ministerio de Educación hasta las universidades públicas. No ponemos en duda la importancia de la eficacia y eficiencia en el gasto público, pero la regla fiscal se ha convertido en la mejor arma para destruir “a mordiscos” nuestro Estado social.

Es urgente una reacción rápida y articulada de los movimientos sociales que impacte en la ciudadanía y que ponga en blanco y negro esta gran amenaza, porque lo que está en juego es la calidad y la misma posibilidad de los servicios públicos a la población más desfavorecida que estas instituciones brindan.

  1. Asfixiar RECOPE.

RECOPE es la joya de la corona que la oligarquía criolla anhela. Si bien es cierto que la refinación de petróleo no ha resultado según lo planeado, el verdadero negocio es la importación y distribución de combustibles. Y es esto lo que desvela a nuestros neoliberales criollos. La idea original de RECOPE sigue siendo correcta (más allá de los posibles errores de gestión): la importación de combustibles no debe ser un negocio para unos cuantos, por eso el Estado debe tener ese monopolio.

  1. Privatización de las frecuencias al ICE

Esta es otra “joyita”, la que queda por apropiarse de la apertura en las telecomunicaciones. Y al igual que el resto de las frecuencias radioeléctricas, las quieren a precio de ganga.

Esta es solo una lista incompleta de la agenda neoliberal de corto plazo, la cual es claramente regresiva en una Costa Rica que está dando pasos agigantados hacia una sociedad altamente desigual y excluyente y no nos cabe la menor duda de que la guillotina de la regla fiscal es afilada por los ricos en el molejón de la deshumanización y nos conduce directamente a una sindemia mayor de precarización social, que tarde o temprano provocará un nueva protesta social de enormes dimensiones que estará centrada en ondear

la bandera de la justicia social y la verdadera inclusión social desde una segura ilegalidad legítima que tendrá por objetivo destruir un modelo opresor y corrupto y construir normas de convivencia humanas e inclusivas a favor de las mayorías oprimidas.

28 de septiembre de 2021.

Adjuntamos documento oficial para descarga:

Lenin Hernandez denuncia afectación salarial a personal de la CCSS

SURCOS comparte la siguiente información:

“Las y los trabajadores de la Caja Costarricense de Seguro Social nos sentimos heridos, maltratados y traicionados por parte del gobierno de Carlos Alvarado, específicamente con el Ministerio de Planificación Económica, quien le está exigiendo a la institución la eliminación del pago bisemanal a sus trabajadores para implementar la modalidad del pago mensual con eventuales adelantos quincenales”, esas fueron las palabras del secretario general del SINAE Lenin Hernandez, con respecto a la modalidad de pago que el gobierno pretende implementar para las y los trabajadores de la CCSS.

La oposición a esta medida radica en que realmente no genera ningún cambio sustancial en la economía del país, ya que los problemas estructurales son en gran medida por la crisis fiscal que arrastra el país desde hace muchos años y que en esta coyuntura es más evidente. Además, se expone que por el lado de los trabajadores, estos planteamientos de pagos mensuales generan una contrariedad en la economía familiar de estas personas. Lenin rescata el gran desempeño que tienen las personas que trabajan para la CCSS en este contexto tan peculiar de pandemia y la labor tan destacable que desarrollan, es por ello que se envía este mensaje con respeto, pero con vehemencia sobre el rechazo a esta medida. 

Le invitamos a conocer los aportes del señor Lenin Hernández:

Docentes se oponen a las inversiones de JUPEMA en el extranjero: 1600 firmas y contando

El Movimiento Magisterial por una Pensión Digna, en su campaña de denuncia de los alcances del proyecto de ley 22.179, ha recogido más de mil quinientas firmas entre personas cotizantes del Fondo de Pensiones del Magisterio Nacional. En la misiva, se señala que el proyecto en discusión legislativa no establece la garantía, proceso de recuperación de las inversiones, proyección de la rentabilidad, ni los responsables de las inversiones con dichos fondos. Así mismo, advertimos que se trata de un proyecto que no está dentro del marco constitucional, ya que violenta los artículos 9, 11 y 73 de nuestra Carta Magna. Aquí abajo, contamos algunos aspectos desarrollados por nuestra campaña de firmas. Mayor participación de cotizantes en toma de decisiones A través de la consulta a diputadas y diputados y sus asesores, hemos venido promoviendo distintas mociones sobre métodos de consulta dentro de JUPEMA, y sobre las inversiones. Sobre la Asamblea de cotizantes, se trata de una figura compuesta por los cotizantes activos y pensionados del RCC. Esta iniciativa tiene la intención de ser un ente para la rendición de cuentas por parte de la Junta Directiva, quienes toman decisiones en muchos casos inconsultas. En cuanto a portafolio de inversión, este se debe ampliar para la reactivación económica del país facilitando el crédito con intereses más bajos y competitivos en el mercado. Además, consideramos que el fondo debe impulsar proyectos como la construcción de un albergue para docentes jubilados solos y proyectos de emprendimiento, entre otras iniciativas. No queremos escándalos tipo ALDESA con los fondos de JUPEMA Urge poner un freno a las intenciones de abrir el portafolio de inversiones de JUPEMA a la especulación financiera en mercados internacionales. Recordemos que el proyecto 22.179 llegó a la Comisión de Gobierno y Administración, fue dictaminado positivo y recientemente, el martes 24 de agosto “se quemó” el segundo día de mociones. Es particularmente grave que muchas mociones en discusión amplían el porcentaje de inversiones en el extranjero, y reducen el componente de préstamos a cotizantes. Teniendo presente que en el pasado reciente los capitales financieros han protagonizado escándalos como el de ALDESA, en el cual se esfumaron millones en los vaivenes del mercado especulativo, nos alarma que nuestro fondo de pensiones corra el mismo destino. Proponemos, en el sentido de contribuir con la reactivación económica nacional, que los fondos de pensiones financien proyectos de obra pública, con garantía del Estado, y otros proyectos que mejoren la calidad de vida en nuestro país.

 

Compartido con SURCOS por Marjorie Hernández.

Escuela Sindical “Mario Alberto Blanco Vado”

La Escuela Sindical “Mario Alberto Blanco Vado” les externa una cordial invitación a toda la afiliación, tanto del sector público como del sector privado, para que se inscriban en los diversos cursos virtuales disponibles que se estarán realizando. Los cursos que estarán disponibles serán: 

  • Formación Sindical en Salud Ocupacional 
  • Herramientas para la Dirigencia de Juntas Directivas Seccionales y Personas Delegadas Activas de ANEP
  • Herramientas para el Liderazgo Sindical
  • Primera Jornada de análisis en el marco de la Cátedra “Lic. Mario Alberto Blanco Vado”, la cual se llevará a cabo el día martes 28 de septiembre a las 5:00 pm, zoom  

Para más detalles e información comunicarse con María Laura Sánchez Rojas, directora de la Escuela “Mario Alberto Blanco Vado” al correo marialaura@anep.or.cr o al teléfono 8702-5328, hasta las 7:00 p.m.

Foro 50 años de periodismo y sindicalismo en Costa Rica

El pasado miércoles 22 de septiembre, se llevó a cabo el foro: 50 años de periodismo y sindicalismo en Costa Rica. Se contó con la participación de:

  • Gilbert Brown Young, asesor CTRN-CR 
  • Adriana Núñez Artiles, ex Secretaria General SNP
  • Frank Ulloa Royo, asesor CTRN-CR
  • Maritza Arias Chaves, secretaria general UTRALEG
  • José Luis Valverde Morales; expresidente COLPER
  • Beatriz Pérez Sánchez, secretaria Comisión de Género FIP

En el siguiente enlace pueden encontrar la transmisión completa:  https://fb.watch/8i0daP5NTv/

Foro: Derechos laborales de periodistas, nueva normalidad Covid en Latinoamérica

El pasado miércoles 22 de septiembre, se llevó a cabo el foro “Derechos laborales de periodistas, nueva normalidad Covid en Latinoamérica”. Se contó con la participación de:

  • Fernando Olivas Ortiz (México), secretario del Interior Nacional, Sindicato de Redactores de la Prensa, Fiscal Federación de Periodistas América Latina
  • Danilo Villarroel Silva (Ecuador), presidente Federación Nacional de Periodistas de Ecuador FENAPE
  • Tulio Pizarro (Colombia), director-editor de Passport Travel Magazzine la revista Colombiana de Turismo
  • Lenin Hernández Navas (Costa Rica), secretario general SINAE y afines, presidente CTRN CR.
  • Paula Cejas (Argentina), directora Oficina Regional FIP América Latina

En el siguiente enlace pueden encontrar la transmisión completa del foro https://fb.watch/8h_XWH0gbc/

Solicitud de documentación pública de estudios relativos al cambio de modelo salarial en la CCSS

Propuestas técnicas de reforma y certificaciones

SURCOS comparte la siguiente carta de solicitud:

Doctor
Roberto Cervantes Barrantes
Gerente General
Caja Costarricense de Seguro Social
Presente

Asunto: Solicitud de documentación pública de estudios o similares relativos al cambio de modelo salarial en la CCSS, propuestas técnicas de reforma y certificaciones.

Estimado doctor:

Reciba nuestro saludo respetuoso y aprovechamos de paso enviarle nuestra gratitud y felicidad manifiesta, en razón de haber recibido noticias extraoficiales, pero positivas relativas a la mejoría de su salud.

Entendemos y hemos sido informados de manera extraoficial que el máximo órgano institucional tenía en su agenda para el día de ayer 23 de setiembre 2021, el tema del cambio de modelo salarial de pago bisemanal a pago mensual con adelanto quincenal según lo establece la ley 9635 y que además por razones que desconocemos este tema no se abordó y quedó agendado para el martes 28 de septiembre del año en curso.

Expuestos los dos párrafos anteriores, es menester previo dejar manifiesto que tal debate nos genera una diversidad de pensamientos, pero sobre todo nos provoca altos niveles de enervación en razón de saber que mientras el personal de la CCSS, a lo largo y ancho del país se suda la camiseta y expone su vida en la atención de la pandemia, el órgano superior avanza posiblemente en asestarle otro golpe.

Golpe, que más allá de lo meramente salarial, que podríamos calificar en principio de accesorio, pero relevante, también se inscribe en una modalidad deficiente de abordaje de la defensa de la autonomía constitucional especial otorgada a la CCSS por el constituyente primario, ya que cede a la lógica fetichista de la mirada neoliberal que dinamita cada vez más la institucionalidad patria y que en lo estructural nos parece conduce a escenarios claros de debilitamiento de la seguridad social en su conjunto y en particular de la CCSS.

Dicho lo anterior entendiendo que estamos ante información de carácter eminentemente pública, que no compromete ningún derecho de terceros en su intimidad y de conformidad con nuestro bloque de legalidad y con carácter de URGENCIA PRIORITARIA, le estamos solicitando formalmente que dentro del plazo de ley, se nos remita en formato digital:

1- Toda la información pública relativa a lo indicado en el epígrafe

2- Las propuestas de acuerdo elaboradas por el órgano técnico adscrito a su dependencia y que se estila presentar a Junta Directiva para su aprobación.

3- Una certificación del acuerdo de la Junta Directiva mediante el cual se hace nacer a la vida jurídica el cambio del modelo salarial en la CCSS.

4- Certificación que establezca la no existencia de perjuicios económicos en materia salarial y en ningún extremo laboral que ostenta la familia trabajadora de la institución.

Sin otro particular se suscribe, Juan Carlos Durán Castro, Dirigente Sindical SIFUPCR-CMTC.

Adjuntamos documento oficial: