Ir al contenido principal

Sindicato de la Defensoría de los Habitantes denuncia a Defensora y miembros de su despacho ante el Ministerio de Trabajo y la Procuraduría de la Ética

SURCOS comparte la siguiente información:

Martes 5 de octubre del 2021. Las denuncias se fundamentan en actos arbitrarios de persecución laboral, limitaciones a las libertades sindicales e irregularidades en nombramientos y recargos otorgados al círculo cercano de la jerarca.

Ante las reiteradas intromisiones arbitrarias en las labores gremiales, actos de persecución contra algunos funcionarios, irregularidades en los nombramientos y el reparto de recargos pagados entre los asesores del Despacho de la Defensora de los Habitantes, fueron presentadas dos denuncias, una en la Procuraduría de la Ética Pública (13 de agosto de 2021) y otra ante el Ministerio de Trabajo (22 de setiembre de 2021) contra Catalina Crespo Sancho, Defensora de los Habitantes, Mario Zamora Cordero, Director de Despacho y Fabricio Chavarría, Director de Regionales por recargo.

El Sindicato de Funcionarios y Funcionarias de la Defensoría de los Habitantes presentó incluso días después una adición al Ministerio de Trabajo, debido a una nueva intromisión de Zamora, quien insiste en que está a la espera de la posición del sindicato sobre algunos asuntos de los cuales, ni siquiera la Defensora de los Habitantes se ha pronunciado, ni ha salido a dar la cara por los derechos de los trabajadores del país, ante el desmantelamiento del sector público. A la fecha de este boletín tenemos acumuladas dos intromisiones más de Zamora, desacreditando los actos de celebración del 28 aniversario de la institución que realizó este sindicato.

Los hechos datan de agosto del 2020, luego de que un grupo de diputados decidió darle la oportunidad a Catalina Crespo de que continuara en el cargo, no así todo el Plenario, pese a las graves irregularidades por las que fue denunciada.  Luego de ello, Crespo Sancho asumió una actitud persecutoria contra todos los funcionarios y funcionarias que la denunciaron, al punto que algunos de ellos presentan incapacidad periódicas, otros han tenido largas incapacidades, otros han solicitado permisos sin goce de salario, y los que se quedaron han tenido que sufrir diferentes represalias como traslados arbitrarios de puesto, amedrentamientos, incomunicación y soportar la insolencia prepotente del Director del Despacho, Mario Zamora Cordero, quien no duda en humillar públicamente a cualquiera que se atreva a emitir una opinión distinta a la suya, recordándole que es un simple subordinado como si fuera un vasallo a su servicio. 

La situación empeoró luego de que Zamora Cordero, fue ascendido por la Defensora como Director del Despacho, en abril de este año, desplazando a la anterior directora, desde entonces han sido constantes los emplazamientos, cuestionamientos y otras intromisiones directas en las competencias del gremio sindical. Más recientemente ha optado por acosarlos con recordatorios y exigencias sobre la posición sindical en temas de su antojo para tratar de distraer la atención del sindicato de las irregularidades laborales que solicita y autoriza el mega despacho de la Defensora.

En la actualidad el mega despacho de Crespo Sancho consta de 15 funcionarios, y tiene en perspectiva continuar agrandándolo. Pues pese a que públicamente se presenta como promotora del diálogo, a lo interno optó por desarticular todas las instancias que existían para asesorarse con el criterio del personal experto en defensa y promoción de derechos. En lugar de buscar el diálogo y la reconciliación, se ha rodeado de un equipo de incondicionales que le aplauden todas sus ocurrencias sin chistar.

El ambiente laboral en la Defensoría de los Habitantes, está quebrado, deteriorado y tenso, al punto que no existe una comunicación fluida por parte de la Jerarca para con las Direcciones de Defensa y subalternos, ni para con esta representación sindical, y por ello, denunciamos una serie de actos de persecución sindical contra las y los miembros que van desde acusaciones infundadas, traslados arbitrarios de puesto, intimidaciones, e intromisiones en la administración del sindicato. 

Punto y seguimos

 

Imagen tomada de Semanario Universidad.

Cátedra Solidarista Alberto Martén

La evolución del Solidarismo y su incidencia se puede apreciar mediante los datos más recientes publicados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social al 30 de septiembre de 2019. Éstos indican que en el país existen 1483 Asociaciones Solidaristas provenientes de empresas del sector privado en un 92,6%, así como de organizaciones e instituciones del sector público correspondiente al 7,4%), que benefician a un total de 361.642 trabajadores asociados, correspondiendo a una tasa de asociación Solidarista del 23% de la población asalariada del país.

La Escuela de Planificación y Promoción y Social-EPPS, mediante acuerdo: UNA-CO-EPPS-ACUE-258-2020 del 11 de setiembre de 2020, creó la Cátedra Alberto Martén Chavarría, constituyéndose en un espacio académico, donde se fomentará la discusión, reflexión, análisis, estudio e investigación sobre el Solidarismo, con participación de la sociedad civil, instituciones públicas y privadas, centros de educación superior, los profesionales, las empresas y los centros de investigación científica y social. Asimismo, la Cátedra divulgará la portentosa obra, la producción intelectual y las experiencias de Alberto Martén para las actuales y futuras generaciones.

En un trabajo conjunto con la Academia Solidarista Alberto Martén Chavarría, la Asociación Solidarista de Funcionarios de la Universidad Nacional-ASOUNA y La Red de Asociaciones Solidaristas de las Universidades Públicas, se abrirán espacios académicos y de comunicación para contribuir al fortalecimiento y desarrollo del Solidarismo, mediante una visión académica basada en las siguientes grandes áreas: investigación, educación, capacitación y promoción, en procura de alcanzar una sociedad más solidaria, próspera y equitativa. En el marco de la celebración de los 74 años de creación del Solidarismo Costarricense, el pasado 24 de septiembre del 2021 se realizó la Inauguración de la Cátedra Alberto Martén Chavarría.

El vídeo de la inauguración se encuentra en el siguiente enlace: https://www.facebook.com/eppsUNACR/videos/1497101250649731/

 

Compartido con SURCOS por Efraín Cavallini Acuña.

ANEP presenta Recurso de Amparo contra medida cautelar atípica girada por jueza contra Ministerio de Justicia y Paz

SURCOS comparte el siguiente comunicado de prensa:

Con la medida se vulneran los derechos de libertad de expresión, de opinión y de acceso a la información, así como a la separación de poderes y la libertad de prensa.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) presentó, la mañana de este viernes, un recurso de amparo contra la medida cautelar atípica girada por una jueza de la república que impide al Ministerio de Justicia y Paz referirse a temas carcelarios ante la opinión pública y medios de comunicación.

La acción de la ANEP se presenta en favor de los funcionarios y servidores del Ministerio de Justicia y Paz, de las personas periodistas del país y de la ciudadanía en general, al considerar que se vulneran derechos fundamentales.

“Nos parece que esta decisión de la señora jueza constituye una acción intimidante, que desincentiva los principios democráticos y republicanos del ser costarricense. Por consiguiente, se vulneran los derechos de libertad de expresión, de opinión y de acceso a la información, así como a la separación de poderes. Se vulnera la libertad de prensa y los principios de proporcionalidad, racionalidad y razonabilidad”, manifestó el Secretario General de la ANEP, Albino Vargas Barrantes.

Para la ANEP, no existe una fundamentación previa por parte de la juzgadora que indique cómo se vulnerarían los principios de independencia judicial y de juez natural, no razona por qué considera estos elementos por encima de otros principios y derechos humanos.

Afectación de derechos

1.Se considera violentada la libertad de prensa, no solo como una de las mayores manifestaciones de la libertad de expresión y de conciencia, bajo la cual las personas pueden expresar libremente y sin temor a coacción o represalias sus opiniones y pueden informar a la población, sino también, como el derecho que les asiste a las personas periodistas y comunicadoras a informar sobre la gestión de las administraciones y el deber de los servidores públicos de brindar la información de interés público que les sea solicitada. Así como el derecho de petición y pronta respuesta que les asiste a todos los ciudadanos de acuerdo con el artículo 27 y 30 de la Constitución Política y el artículo 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional.

2.Se vulnera el artículo 28 de la Constitución, que indica que: “Nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus opiniones ni por acto alguno que no infrinja la ley.” El término nadie incluye a las autoridades penitenciarias. De igual manera, la medida de la juzgadora contraría lo que estipula el artículo 29 de la Constitución Política que indica que: “Todos pueden comunicar sus pensamientos de palabra o por escrito, y publicarlos sin previa censura…”

  1. Se vulnera el principio de rendición de cuentas que menciona el artículo 11 de la Constitución Política y el derecho de acceso a la información pública que se desprende del artículo 30 constitucional. Esto, por cuanto la medida cautelar atípica interfiere en el libre acceso de la ciudadanía a los departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés público. Como las autoridades penitenciarias no podrán comentar o referirse a la temática del Sistema Penitenciario Nacional, la ciudadanía durante lo que dure el proceso no podrá ejercer control sobre la legalidad, eficacia y eficiencia de la función administrativa desplegada por este ente público.  
  2. Se considera violentado el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en cuanto a la libertad de Pensamiento y de Expresión

5.La medida impuesta a las autoridades penitenciarias por la juzgadora sigue una lógica que contraviene el espíritu y los instrumentos internacionales de derechos humanos citados en los párrafos,4, 5 y 6 del preámbulo de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión:

  1. Esta decisión de la Juzgadora tiene roces con el principio de separación de poderes (separación de funciones) del artículo 9 de la Constitución Política.

Ante los diversos argumentos presentados por la ANEP en el Recurso de Amparo se solicita a la Sala Constitucional que, deje sin efecto, de manera inmediata, la medida cautelar atípica dictada por la Jueza Mayra Acevedo Matamoros en contra de las autoridades penitenciarias, hasta que se resuelva el presente Recurso de Amparo, así como que se declare con lugar en todos sus extremos el presente Recurso de Amparo con las consecuencias legales que ello implique

Por último, que se declare que la “medida cautelar atípica” es contraria al derecho de la constitución y vulnera los derechos fundamentales de los funcionarios penitenciarios, de las personas periodistas y de la ciudadanía en general.

Para más información sobre este proceso adjuntamos la página oficial de ANEP:

https://anep.cr/anep-presenta-recurso-de-amparo-contra-medida-cautelar-atipica-girada-por-jueza-contra-ministerio-de-justicia-y-paz/

 

Imagen del header tomada de: https://anep.cr/

El impacto del voto de la Sala Constitucional acerca del proyecto de empleo público en el Estado Social y Democrático

Este miércoles 06 de octubre del 2021 a las 5:00 pm se realizará el conversatorio: El impacto del voto de la Sala Constitucional acerca del proyecto de empleo público en el Estado social y democrático. Ésta es una actividad realizada por BUSSCO y se contará con la exposición de Manuel Hernández V, especialista en relaciones laborales.

El conversatorio se desarrolla por medio de la plataforma zoom, ID de reunión: 824 6888 3193, código de acceso: 996362

Informe sobre la aplicación de pago mensual con adelanto quincenal de la CCSS

SURCOS comparte la siguiente información:

El 03 de septiembre de 2021 se presentó un informe por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social, en el que se abordaba la situación sobre el pago mensual con adelanto quincenal, además planteaba cuestiones como la  modalidad de pago vigente en la Caja Costarricense de Seguro Social, Ley N° 9635 “Ley Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, además se muestran los resultados producto del análisis técnico relacionado con la implementación de la modalidad de pago mensual con adelanto quincenal en la Caja Costarricense de Seguro Social y la metodología para trasformar el pago bisemanal a pago mensual con adelanto quincenal descrito por el MIDEPLAN.

Con respecto a este tema, el señor Juan Carlos Duran Castro, expresó su descontento, debido a que esta modalidad de pago se ganó el 14 de septiembre en 1988 por un fallo del Tribunal Superior de Trabajo por lo que tiene connotaciones históricas y de lucha sindical. Además, este estudio de administración sugiere que  se realiza de manera profunda para llegar a dos posibles propuestas que serán elevadas a la junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social para valorar el modelo de desarrollo de pago bisemanal por el el modelo de desarrollo salarial mensual con adelanto quincenal establecido en la llamada: Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y sin embargo, este modelo según el dirigente sindical del sector salud no representa ningún beneficio, ni pérdida para la CCSS o el Estado.

Adjuntamos el audio con las declaraciones de Juan Carlos Durán Castro:

Adjuntamos el documento oficial del informe:

La agenda conservadora regresiva y la regla fiscal antihumana avanzan al ritmo de la pandemia

SURCOS comparte la siguiente información:

Juan Carlos Durán Castro
Dirigente Sindical
SIFUPCR-CMTC
Sector Salud Costa Rica

Nuestra historia reciente nos coloca en cuatro momentos de irrupción político-social: la lucha de Alcoa, el combo del ICE, el referéndum contra el Tratado de Libre Comercio (TLC), cuyos bondades seguiremos esperando y finalmente en el pasado más reciente la huelga del 2018, contra la mal llamada “ley de fortalecimiento de las finanzas públicas”, conocido popularmente como combo fiscal, hoy ley 9635, que jamás resolverá el tema del déficit fiscal, proceso diremos sellado con la aprobación de la ley 9808, que a nuestro gusto es violatoria de derechos humanos fundamentales.

En esos cuatro episodios de lucha, aunque se ha ocultado, el pueblo debe entender que lo que ha realmente ha sucedido es, una disputa del enfoque del modelo de desarrollo nacional, es decir, una disputa política entre un grupo cada vez más pequeño de ricos y un bloque de pobres cada vez más grande , una guerra entre el Dios mercado versus el Dios Estado, un partido entre la exclusión y la inclusión social, lo cual en concreto explica, porque todo es más caro, porque hay menos trabajos, porque hay más pobres, porque recortan las becas, porque hay menos comida en el comedor de la escuela, etc.

El balance de ese devenir histórico nos permite atrevernos a decir, que el país ha entrado en una suerte de proceso muy perverso, antidemocrático, antihumano y altamente corrupto, cuyo buque insignia no dudamos en decir, es la antihumana, darwiniana y dogmática regla fiscal, que ya empezó a hacer las veces de un cartucho de dinamita que terminará de dejar en añicos el Estado Social de derecho y cuyos efectos e impactos vulneraran y precarizar aún más la vida de miles o millones de hombres, mujeres, niños y niñas.

Ese oprobioso proceso en desarrollo que los ricos impulsan en nombre de la modernidad y demás palabrerías lindas, que repiten los “medios de comunicación”, los seguirán colocando en la vitrina de una legalidad legítima, pero lo cierto es que alimentan un monstruo, una superestructura corrupta que ya no responde a las necesidades de las mayorías, no responde al qué por Dios tenga cada persona en su esfera personal y familiar.

En ese sentido rechazamos ese proceso de exclusión y no dudamos en proclamar que esas mayorías excluidas crecerán en número en cada rincón del país y que además al ser arrastradas irreductiblemente a lo que llamaremos una ilegalidad legítima, se consolidaran en algún momento histórico en lo que llamaremos el bloque social de los oprimidos y saldrán a protestar a las calles.

Ese conglomerado social en desarrollo tendrá como un volcán su momento de erupción y su magma humano deberá destruir las partes o el todo de este modelo corrupto, ya corroído y fetichizado en buena parte, está una cochinilla nacional vergonzante, para dar paso a un nuevo modelo de país más humano, probó, ético, inclusivo y respetuoso efectivamente del enfoque de género, de los derechos humanos y del trabajo decente.

Lo descrito nos coloca en el hoy y vemos como todos los y las aspirantes a Zapote o a Cuesta de Moras, construyen discursos huecos y gastados de una nueva normalidad, pero lo cierto del caso es que son marionetas y títeres de los del bando de los ricos y como es de esperar serán correa de transmisión de los sectores conservadores y neoliberales de Costa Rica que han aprovechado la pandemia de la Covid-19, para posicionar e impulsar su agenda política y económica.

Veamos:

  1. Rebaja de «cargas» sociales. Las contribuciones a la seguridad social (mal llamadas “cargas”) financian el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (RIVM), el Seguro de Salud y varios programas sociales. Recientemente crecen las voces que dicen que estas “cargas” son las responsables del alto desempleo y de la alta informalidad laboral. La propuesta es mecánica y sencilla: si las “cargas” son muy altas, hay que bajarlas. Pero cuando se les pide a estos sectores alternativas de financiamiento, el acuerdo entre ellos mismos cesa. El gran peligro es desfinanciar la seguridad social en Costa Rica, uno de nuestros últimos bastiones del Estado Social de Derecho. .

Una forma de asfixiar salud y pensiones y avanzar en la ruta de la privatización.

  1. Privatización camuflada de pensiones.

Se está posicionando una matriz informativa que lleve a la gente a creer que una “pensión básica universal”, aunque su monto sería ridículamente bajo. Se trata de una forma abierta de impulsar la privatización camuflada de las pensiones, aunque se evite el término “privatizar”, hoy completamente desprestigiado cuando de pensiones se trata.

  1. Cierre del PAI y del CNP. Si hay problemas en el CNP, estos deben identificarse y corregirse, pero la prensa del gran capital solo conoce una palabra: cierre. A los grandes agricultores les duele el Programa de Abastecimiento y Apoyo (PAI), que con justeza fue creado para evitar que miles de pequeños agricultores cayeran en la pobreza.
  2. Apertura eléctrica. Igualmente avanzan en colocar este tema en la agenda pública y con el enfoque conocido. El caballo de batalla en esta ocasión es “generación distribuida”, pero tampoco faltan las voces que sencillamente claman por la privatización de la generación, hoy en manos del ICE, CNFL y cooperativas eléctricas.
  3. Defensa cerrada del austericidio.

La llamada regla fiscal ya está haciendo estragos en muchas instituciones públicas, desde el Ministerio de Educación hasta las universidades públicas. No ponemos en duda la importancia de la eficacia y eficiencia en el gasto público, pero la regla fiscal se ha convertido en la mejor arma para destruir “a mordiscos” nuestro Estado social.

Es urgente una reacción rápida y articulada de los movimientos sociales que impacte en la ciudadanía y que ponga en blanco y negro esta gran amenaza, porque lo que está en juego es la calidad y la misma posibilidad de los servicios públicos a la población más desfavorecida que estas instituciones brindan.

  1. Asfixiar RECOPE.

RECOPE es la joya de la corona que la oligarquía criolla anhela. Si bien es cierto que la refinación de petróleo no ha resultado según lo planeado, el verdadero negocio es la importación y distribución de combustibles. Y es esto lo que desvela a nuestros neoliberales criollos. La idea original de RECOPE sigue siendo correcta (más allá de los posibles errores de gestión): la importación de combustibles no debe ser un negocio para unos cuantos, por eso el Estado debe tener ese monopolio.

  1. Privatización de las frecuencias al ICE

Esta es otra “joyita”, la que queda por apropiarse de la apertura en las telecomunicaciones. Y al igual que el resto de las frecuencias radioeléctricas, las quieren a precio de ganga.

Esta es solo una lista incompleta de la agenda neoliberal de corto plazo, la cual es claramente regresiva en una Costa Rica que está dando pasos agigantados hacia una sociedad altamente desigual y excluyente y no nos cabe la menor duda de que la guillotina de la regla fiscal es afilada por los ricos en el molejón de la deshumanización y nos conduce directamente a una sindemia mayor de precarización social, que tarde o temprano provocará un nueva protesta social de enormes dimensiones que estará centrada en ondear

la bandera de la justicia social y la verdadera inclusión social desde una segura ilegalidad legítima que tendrá por objetivo destruir un modelo opresor y corrupto y construir normas de convivencia humanas e inclusivas a favor de las mayorías oprimidas.

28 de septiembre de 2021.

Adjuntamos documento oficial para descarga:

Lenin Hernandez denuncia afectación salarial a personal de la CCSS

SURCOS comparte la siguiente información:

“Las y los trabajadores de la Caja Costarricense de Seguro Social nos sentimos heridos, maltratados y traicionados por parte del gobierno de Carlos Alvarado, específicamente con el Ministerio de Planificación Económica, quien le está exigiendo a la institución la eliminación del pago bisemanal a sus trabajadores para implementar la modalidad del pago mensual con eventuales adelantos quincenales”, esas fueron las palabras del secretario general del SINAE Lenin Hernandez, con respecto a la modalidad de pago que el gobierno pretende implementar para las y los trabajadores de la CCSS.

La oposición a esta medida radica en que realmente no genera ningún cambio sustancial en la economía del país, ya que los problemas estructurales son en gran medida por la crisis fiscal que arrastra el país desde hace muchos años y que en esta coyuntura es más evidente. Además, se expone que por el lado de los trabajadores, estos planteamientos de pagos mensuales generan una contrariedad en la economía familiar de estas personas. Lenin rescata el gran desempeño que tienen las personas que trabajan para la CCSS en este contexto tan peculiar de pandemia y la labor tan destacable que desarrollan, es por ello que se envía este mensaje con respeto, pero con vehemencia sobre el rechazo a esta medida. 

Le invitamos a conocer los aportes del señor Lenin Hernández:

Docentes se oponen a las inversiones de JUPEMA en el extranjero: 1600 firmas y contando

El Movimiento Magisterial por una Pensión Digna, en su campaña de denuncia de los alcances del proyecto de ley 22.179, ha recogido más de mil quinientas firmas entre personas cotizantes del Fondo de Pensiones del Magisterio Nacional. En la misiva, se señala que el proyecto en discusión legislativa no establece la garantía, proceso de recuperación de las inversiones, proyección de la rentabilidad, ni los responsables de las inversiones con dichos fondos. Así mismo, advertimos que se trata de un proyecto que no está dentro del marco constitucional, ya que violenta los artículos 9, 11 y 73 de nuestra Carta Magna. Aquí abajo, contamos algunos aspectos desarrollados por nuestra campaña de firmas. Mayor participación de cotizantes en toma de decisiones A través de la consulta a diputadas y diputados y sus asesores, hemos venido promoviendo distintas mociones sobre métodos de consulta dentro de JUPEMA, y sobre las inversiones. Sobre la Asamblea de cotizantes, se trata de una figura compuesta por los cotizantes activos y pensionados del RCC. Esta iniciativa tiene la intención de ser un ente para la rendición de cuentas por parte de la Junta Directiva, quienes toman decisiones en muchos casos inconsultas. En cuanto a portafolio de inversión, este se debe ampliar para la reactivación económica del país facilitando el crédito con intereses más bajos y competitivos en el mercado. Además, consideramos que el fondo debe impulsar proyectos como la construcción de un albergue para docentes jubilados solos y proyectos de emprendimiento, entre otras iniciativas. No queremos escándalos tipo ALDESA con los fondos de JUPEMA Urge poner un freno a las intenciones de abrir el portafolio de inversiones de JUPEMA a la especulación financiera en mercados internacionales. Recordemos que el proyecto 22.179 llegó a la Comisión de Gobierno y Administración, fue dictaminado positivo y recientemente, el martes 24 de agosto “se quemó” el segundo día de mociones. Es particularmente grave que muchas mociones en discusión amplían el porcentaje de inversiones en el extranjero, y reducen el componente de préstamos a cotizantes. Teniendo presente que en el pasado reciente los capitales financieros han protagonizado escándalos como el de ALDESA, en el cual se esfumaron millones en los vaivenes del mercado especulativo, nos alarma que nuestro fondo de pensiones corra el mismo destino. Proponemos, en el sentido de contribuir con la reactivación económica nacional, que los fondos de pensiones financien proyectos de obra pública, con garantía del Estado, y otros proyectos que mejoren la calidad de vida en nuestro país.

 

Compartido con SURCOS por Marjorie Hernández.

Escuela Sindical “Mario Alberto Blanco Vado”

La Escuela Sindical “Mario Alberto Blanco Vado” les externa una cordial invitación a toda la afiliación, tanto del sector público como del sector privado, para que se inscriban en los diversos cursos virtuales disponibles que se estarán realizando. Los cursos que estarán disponibles serán: 

  • Formación Sindical en Salud Ocupacional 
  • Herramientas para la Dirigencia de Juntas Directivas Seccionales y Personas Delegadas Activas de ANEP
  • Herramientas para el Liderazgo Sindical
  • Primera Jornada de análisis en el marco de la Cátedra “Lic. Mario Alberto Blanco Vado”, la cual se llevará a cabo el día martes 28 de septiembre a las 5:00 pm, zoom  

Para más detalles e información comunicarse con María Laura Sánchez Rojas, directora de la Escuela “Mario Alberto Blanco Vado” al correo marialaura@anep.or.cr o al teléfono 8702-5328, hasta las 7:00 p.m.

Foro 50 años de periodismo y sindicalismo en Costa Rica

El pasado miércoles 22 de septiembre, se llevó a cabo el foro: 50 años de periodismo y sindicalismo en Costa Rica. Se contó con la participación de:

  • Gilbert Brown Young, asesor CTRN-CR 
  • Adriana Núñez Artiles, ex Secretaria General SNP
  • Frank Ulloa Royo, asesor CTRN-CR
  • Maritza Arias Chaves, secretaria general UTRALEG
  • José Luis Valverde Morales; expresidente COLPER
  • Beatriz Pérez Sánchez, secretaria Comisión de Género FIP

En el siguiente enlace pueden encontrar la transmisión completa:  https://fb.watch/8i0daP5NTv/