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Informe sobre la aplicación de pago mensual con adelanto quincenal de la CCSS

SURCOS comparte la siguiente información:

El 03 de septiembre de 2021 se presentó un informe por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social, en el que se abordaba la situación sobre el pago mensual con adelanto quincenal, además planteaba cuestiones como la  modalidad de pago vigente en la Caja Costarricense de Seguro Social, Ley N° 9635 “Ley Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, además se muestran los resultados producto del análisis técnico relacionado con la implementación de la modalidad de pago mensual con adelanto quincenal en la Caja Costarricense de Seguro Social y la metodología para trasformar el pago bisemanal a pago mensual con adelanto quincenal descrito por el MIDEPLAN.

Con respecto a este tema, el señor Juan Carlos Duran Castro, expresó su descontento, debido a que esta modalidad de pago se ganó el 14 de septiembre en 1988 por un fallo del Tribunal Superior de Trabajo por lo que tiene connotaciones históricas y de lucha sindical. Además, este estudio de administración sugiere que  se realiza de manera profunda para llegar a dos posibles propuestas que serán elevadas a la junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social para valorar el modelo de desarrollo de pago bisemanal por el el modelo de desarrollo salarial mensual con adelanto quincenal establecido en la llamada: Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y sin embargo, este modelo según el dirigente sindical del sector salud no representa ningún beneficio, ni pérdida para la CCSS o el Estado.

Adjuntamos el audio con las declaraciones de Juan Carlos Durán Castro:

Adjuntamos el documento oficial del informe:

La agenda conservadora regresiva y la regla fiscal antihumana avanzan al ritmo de la pandemia

SURCOS comparte la siguiente información:

Juan Carlos Durán Castro
Dirigente Sindical
SIFUPCR-CMTC
Sector Salud Costa Rica

Nuestra historia reciente nos coloca en cuatro momentos de irrupción político-social: la lucha de Alcoa, el combo del ICE, el referéndum contra el Tratado de Libre Comercio (TLC), cuyos bondades seguiremos esperando y finalmente en el pasado más reciente la huelga del 2018, contra la mal llamada “ley de fortalecimiento de las finanzas públicas”, conocido popularmente como combo fiscal, hoy ley 9635, que jamás resolverá el tema del déficit fiscal, proceso diremos sellado con la aprobación de la ley 9808, que a nuestro gusto es violatoria de derechos humanos fundamentales.

En esos cuatro episodios de lucha, aunque se ha ocultado, el pueblo debe entender que lo que ha realmente ha sucedido es, una disputa del enfoque del modelo de desarrollo nacional, es decir, una disputa política entre un grupo cada vez más pequeño de ricos y un bloque de pobres cada vez más grande , una guerra entre el Dios mercado versus el Dios Estado, un partido entre la exclusión y la inclusión social, lo cual en concreto explica, porque todo es más caro, porque hay menos trabajos, porque hay más pobres, porque recortan las becas, porque hay menos comida en el comedor de la escuela, etc.

El balance de ese devenir histórico nos permite atrevernos a decir, que el país ha entrado en una suerte de proceso muy perverso, antidemocrático, antihumano y altamente corrupto, cuyo buque insignia no dudamos en decir, es la antihumana, darwiniana y dogmática regla fiscal, que ya empezó a hacer las veces de un cartucho de dinamita que terminará de dejar en añicos el Estado Social de derecho y cuyos efectos e impactos vulneraran y precarizar aún más la vida de miles o millones de hombres, mujeres, niños y niñas.

Ese oprobioso proceso en desarrollo que los ricos impulsan en nombre de la modernidad y demás palabrerías lindas, que repiten los “medios de comunicación”, los seguirán colocando en la vitrina de una legalidad legítima, pero lo cierto es que alimentan un monstruo, una superestructura corrupta que ya no responde a las necesidades de las mayorías, no responde al qué por Dios tenga cada persona en su esfera personal y familiar.

En ese sentido rechazamos ese proceso de exclusión y no dudamos en proclamar que esas mayorías excluidas crecerán en número en cada rincón del país y que además al ser arrastradas irreductiblemente a lo que llamaremos una ilegalidad legítima, se consolidaran en algún momento histórico en lo que llamaremos el bloque social de los oprimidos y saldrán a protestar a las calles.

Ese conglomerado social en desarrollo tendrá como un volcán su momento de erupción y su magma humano deberá destruir las partes o el todo de este modelo corrupto, ya corroído y fetichizado en buena parte, está una cochinilla nacional vergonzante, para dar paso a un nuevo modelo de país más humano, probó, ético, inclusivo y respetuoso efectivamente del enfoque de género, de los derechos humanos y del trabajo decente.

Lo descrito nos coloca en el hoy y vemos como todos los y las aspirantes a Zapote o a Cuesta de Moras, construyen discursos huecos y gastados de una nueva normalidad, pero lo cierto del caso es que son marionetas y títeres de los del bando de los ricos y como es de esperar serán correa de transmisión de los sectores conservadores y neoliberales de Costa Rica que han aprovechado la pandemia de la Covid-19, para posicionar e impulsar su agenda política y económica.

Veamos:

  1. Rebaja de «cargas» sociales. Las contribuciones a la seguridad social (mal llamadas “cargas”) financian el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (RIVM), el Seguro de Salud y varios programas sociales. Recientemente crecen las voces que dicen que estas “cargas” son las responsables del alto desempleo y de la alta informalidad laboral. La propuesta es mecánica y sencilla: si las “cargas” son muy altas, hay que bajarlas. Pero cuando se les pide a estos sectores alternativas de financiamiento, el acuerdo entre ellos mismos cesa. El gran peligro es desfinanciar la seguridad social en Costa Rica, uno de nuestros últimos bastiones del Estado Social de Derecho. .

Una forma de asfixiar salud y pensiones y avanzar en la ruta de la privatización.

  1. Privatización camuflada de pensiones.

Se está posicionando una matriz informativa que lleve a la gente a creer que una “pensión básica universal”, aunque su monto sería ridículamente bajo. Se trata de una forma abierta de impulsar la privatización camuflada de las pensiones, aunque se evite el término “privatizar”, hoy completamente desprestigiado cuando de pensiones se trata.

  1. Cierre del PAI y del CNP. Si hay problemas en el CNP, estos deben identificarse y corregirse, pero la prensa del gran capital solo conoce una palabra: cierre. A los grandes agricultores les duele el Programa de Abastecimiento y Apoyo (PAI), que con justeza fue creado para evitar que miles de pequeños agricultores cayeran en la pobreza.
  2. Apertura eléctrica. Igualmente avanzan en colocar este tema en la agenda pública y con el enfoque conocido. El caballo de batalla en esta ocasión es “generación distribuida”, pero tampoco faltan las voces que sencillamente claman por la privatización de la generación, hoy en manos del ICE, CNFL y cooperativas eléctricas.
  3. Defensa cerrada del austericidio.

La llamada regla fiscal ya está haciendo estragos en muchas instituciones públicas, desde el Ministerio de Educación hasta las universidades públicas. No ponemos en duda la importancia de la eficacia y eficiencia en el gasto público, pero la regla fiscal se ha convertido en la mejor arma para destruir “a mordiscos” nuestro Estado social.

Es urgente una reacción rápida y articulada de los movimientos sociales que impacte en la ciudadanía y que ponga en blanco y negro esta gran amenaza, porque lo que está en juego es la calidad y la misma posibilidad de los servicios públicos a la población más desfavorecida que estas instituciones brindan.

  1. Asfixiar RECOPE.

RECOPE es la joya de la corona que la oligarquía criolla anhela. Si bien es cierto que la refinación de petróleo no ha resultado según lo planeado, el verdadero negocio es la importación y distribución de combustibles. Y es esto lo que desvela a nuestros neoliberales criollos. La idea original de RECOPE sigue siendo correcta (más allá de los posibles errores de gestión): la importación de combustibles no debe ser un negocio para unos cuantos, por eso el Estado debe tener ese monopolio.

  1. Privatización de las frecuencias al ICE

Esta es otra “joyita”, la que queda por apropiarse de la apertura en las telecomunicaciones. Y al igual que el resto de las frecuencias radioeléctricas, las quieren a precio de ganga.

Esta es solo una lista incompleta de la agenda neoliberal de corto plazo, la cual es claramente regresiva en una Costa Rica que está dando pasos agigantados hacia una sociedad altamente desigual y excluyente y no nos cabe la menor duda de que la guillotina de la regla fiscal es afilada por los ricos en el molejón de la deshumanización y nos conduce directamente a una sindemia mayor de precarización social, que tarde o temprano provocará un nueva protesta social de enormes dimensiones que estará centrada en ondear

la bandera de la justicia social y la verdadera inclusión social desde una segura ilegalidad legítima que tendrá por objetivo destruir un modelo opresor y corrupto y construir normas de convivencia humanas e inclusivas a favor de las mayorías oprimidas.

28 de septiembre de 2021.

Adjuntamos documento oficial para descarga:

Lenin Hernandez denuncia afectación salarial a personal de la CCSS

SURCOS comparte la siguiente información:

“Las y los trabajadores de la Caja Costarricense de Seguro Social nos sentimos heridos, maltratados y traicionados por parte del gobierno de Carlos Alvarado, específicamente con el Ministerio de Planificación Económica, quien le está exigiendo a la institución la eliminación del pago bisemanal a sus trabajadores para implementar la modalidad del pago mensual con eventuales adelantos quincenales”, esas fueron las palabras del secretario general del SINAE Lenin Hernandez, con respecto a la modalidad de pago que el gobierno pretende implementar para las y los trabajadores de la CCSS.

La oposición a esta medida radica en que realmente no genera ningún cambio sustancial en la economía del país, ya que los problemas estructurales son en gran medida por la crisis fiscal que arrastra el país desde hace muchos años y que en esta coyuntura es más evidente. Además, se expone que por el lado de los trabajadores, estos planteamientos de pagos mensuales generan una contrariedad en la economía familiar de estas personas. Lenin rescata el gran desempeño que tienen las personas que trabajan para la CCSS en este contexto tan peculiar de pandemia y la labor tan destacable que desarrollan, es por ello que se envía este mensaje con respeto, pero con vehemencia sobre el rechazo a esta medida. 

Le invitamos a conocer los aportes del señor Lenin Hernández:

Docentes se oponen a las inversiones de JUPEMA en el extranjero: 1600 firmas y contando

El Movimiento Magisterial por una Pensión Digna, en su campaña de denuncia de los alcances del proyecto de ley 22.179, ha recogido más de mil quinientas firmas entre personas cotizantes del Fondo de Pensiones del Magisterio Nacional. En la misiva, se señala que el proyecto en discusión legislativa no establece la garantía, proceso de recuperación de las inversiones, proyección de la rentabilidad, ni los responsables de las inversiones con dichos fondos. Así mismo, advertimos que se trata de un proyecto que no está dentro del marco constitucional, ya que violenta los artículos 9, 11 y 73 de nuestra Carta Magna. Aquí abajo, contamos algunos aspectos desarrollados por nuestra campaña de firmas. Mayor participación de cotizantes en toma de decisiones A través de la consulta a diputadas y diputados y sus asesores, hemos venido promoviendo distintas mociones sobre métodos de consulta dentro de JUPEMA, y sobre las inversiones. Sobre la Asamblea de cotizantes, se trata de una figura compuesta por los cotizantes activos y pensionados del RCC. Esta iniciativa tiene la intención de ser un ente para la rendición de cuentas por parte de la Junta Directiva, quienes toman decisiones en muchos casos inconsultas. En cuanto a portafolio de inversión, este se debe ampliar para la reactivación económica del país facilitando el crédito con intereses más bajos y competitivos en el mercado. Además, consideramos que el fondo debe impulsar proyectos como la construcción de un albergue para docentes jubilados solos y proyectos de emprendimiento, entre otras iniciativas. No queremos escándalos tipo ALDESA con los fondos de JUPEMA Urge poner un freno a las intenciones de abrir el portafolio de inversiones de JUPEMA a la especulación financiera en mercados internacionales. Recordemos que el proyecto 22.179 llegó a la Comisión de Gobierno y Administración, fue dictaminado positivo y recientemente, el martes 24 de agosto “se quemó” el segundo día de mociones. Es particularmente grave que muchas mociones en discusión amplían el porcentaje de inversiones en el extranjero, y reducen el componente de préstamos a cotizantes. Teniendo presente que en el pasado reciente los capitales financieros han protagonizado escándalos como el de ALDESA, en el cual se esfumaron millones en los vaivenes del mercado especulativo, nos alarma que nuestro fondo de pensiones corra el mismo destino. Proponemos, en el sentido de contribuir con la reactivación económica nacional, que los fondos de pensiones financien proyectos de obra pública, con garantía del Estado, y otros proyectos que mejoren la calidad de vida en nuestro país.

 

Compartido con SURCOS por Marjorie Hernández.

Escuela Sindical “Mario Alberto Blanco Vado”

La Escuela Sindical “Mario Alberto Blanco Vado” les externa una cordial invitación a toda la afiliación, tanto del sector público como del sector privado, para que se inscriban en los diversos cursos virtuales disponibles que se estarán realizando. Los cursos que estarán disponibles serán: 

  • Formación Sindical en Salud Ocupacional 
  • Herramientas para la Dirigencia de Juntas Directivas Seccionales y Personas Delegadas Activas de ANEP
  • Herramientas para el Liderazgo Sindical
  • Primera Jornada de análisis en el marco de la Cátedra “Lic. Mario Alberto Blanco Vado”, la cual se llevará a cabo el día martes 28 de septiembre a las 5:00 pm, zoom  

Para más detalles e información comunicarse con María Laura Sánchez Rojas, directora de la Escuela “Mario Alberto Blanco Vado” al correo marialaura@anep.or.cr o al teléfono 8702-5328, hasta las 7:00 p.m.

Foro 50 años de periodismo y sindicalismo en Costa Rica

El pasado miércoles 22 de septiembre, se llevó a cabo el foro: 50 años de periodismo y sindicalismo en Costa Rica. Se contó con la participación de:

  • Gilbert Brown Young, asesor CTRN-CR 
  • Adriana Núñez Artiles, ex Secretaria General SNP
  • Frank Ulloa Royo, asesor CTRN-CR
  • Maritza Arias Chaves, secretaria general UTRALEG
  • José Luis Valverde Morales; expresidente COLPER
  • Beatriz Pérez Sánchez, secretaria Comisión de Género FIP

En el siguiente enlace pueden encontrar la transmisión completa:  https://fb.watch/8i0daP5NTv/

Foro: Derechos laborales de periodistas, nueva normalidad Covid en Latinoamérica

El pasado miércoles 22 de septiembre, se llevó a cabo el foro “Derechos laborales de periodistas, nueva normalidad Covid en Latinoamérica”. Se contó con la participación de:

  • Fernando Olivas Ortiz (México), secretario del Interior Nacional, Sindicato de Redactores de la Prensa, Fiscal Federación de Periodistas América Latina
  • Danilo Villarroel Silva (Ecuador), presidente Federación Nacional de Periodistas de Ecuador FENAPE
  • Tulio Pizarro (Colombia), director-editor de Passport Travel Magazzine la revista Colombiana de Turismo
  • Lenin Hernández Navas (Costa Rica), secretario general SINAE y afines, presidente CTRN CR.
  • Paula Cejas (Argentina), directora Oficina Regional FIP América Latina

En el siguiente enlace pueden encontrar la transmisión completa del foro https://fb.watch/8h_XWH0gbc/

Solicitud de documentación pública de estudios relativos al cambio de modelo salarial en la CCSS

Propuestas técnicas de reforma y certificaciones

SURCOS comparte la siguiente carta de solicitud:

Doctor
Roberto Cervantes Barrantes
Gerente General
Caja Costarricense de Seguro Social
Presente

Asunto: Solicitud de documentación pública de estudios o similares relativos al cambio de modelo salarial en la CCSS, propuestas técnicas de reforma y certificaciones.

Estimado doctor:

Reciba nuestro saludo respetuoso y aprovechamos de paso enviarle nuestra gratitud y felicidad manifiesta, en razón de haber recibido noticias extraoficiales, pero positivas relativas a la mejoría de su salud.

Entendemos y hemos sido informados de manera extraoficial que el máximo órgano institucional tenía en su agenda para el día de ayer 23 de setiembre 2021, el tema del cambio de modelo salarial de pago bisemanal a pago mensual con adelanto quincenal según lo establece la ley 9635 y que además por razones que desconocemos este tema no se abordó y quedó agendado para el martes 28 de septiembre del año en curso.

Expuestos los dos párrafos anteriores, es menester previo dejar manifiesto que tal debate nos genera una diversidad de pensamientos, pero sobre todo nos provoca altos niveles de enervación en razón de saber que mientras el personal de la CCSS, a lo largo y ancho del país se suda la camiseta y expone su vida en la atención de la pandemia, el órgano superior avanza posiblemente en asestarle otro golpe.

Golpe, que más allá de lo meramente salarial, que podríamos calificar en principio de accesorio, pero relevante, también se inscribe en una modalidad deficiente de abordaje de la defensa de la autonomía constitucional especial otorgada a la CCSS por el constituyente primario, ya que cede a la lógica fetichista de la mirada neoliberal que dinamita cada vez más la institucionalidad patria y que en lo estructural nos parece conduce a escenarios claros de debilitamiento de la seguridad social en su conjunto y en particular de la CCSS.

Dicho lo anterior entendiendo que estamos ante información de carácter eminentemente pública, que no compromete ningún derecho de terceros en su intimidad y de conformidad con nuestro bloque de legalidad y con carácter de URGENCIA PRIORITARIA, le estamos solicitando formalmente que dentro del plazo de ley, se nos remita en formato digital:

1- Toda la información pública relativa a lo indicado en el epígrafe

2- Las propuestas de acuerdo elaboradas por el órgano técnico adscrito a su dependencia y que se estila presentar a Junta Directiva para su aprobación.

3- Una certificación del acuerdo de la Junta Directiva mediante el cual se hace nacer a la vida jurídica el cambio del modelo salarial en la CCSS.

4- Certificación que establezca la no existencia de perjuicios económicos en materia salarial y en ningún extremo laboral que ostenta la familia trabajadora de la institución.

Sin otro particular se suscribe, Juan Carlos Durán Castro, Dirigente Sindical SIFUPCR-CMTC.

Adjuntamos documento oficial:

Servicio civil: proyecto de empleo público pulveriza su esencia constitutiva

  • El odio de clase en contra de las personas trabajadoras estatales es recalcitrante

  • Los partidos Liberación, Acción Ciudadana, Unidad y los dos religiosos (RN y NR), en abierta coalición anti-obrera

Una de las fundamentales esencias de los valores constitutivos del Régimen de Servicio Civil, siempre fue su desvelo para brindar un buen nivel de estabilidad en el cargo a las personas trabajadoras estatales que han estado cubiertas por el mismo.

Efectivamente, el artículo primero del Estatuto de Servicio Civil puntualiza lo siguiente: “Este Estatuto y sus reglamentos regularán las relaciones entre el Poder Ejecutivo y sus servidores, con el propósito de garantizar la eficiencia de la Administración Pública, Y PROTEGER A DICHOS SERVIDORES” (las mayúsculas son nuestras).

Así lo ha sido desde la promulgación legal de dicho Estatuto, en 1953. Pues bien, 68 años después, se pretende una transformación radical en el concepto original del sistema de Servicio Civil que, incluso, a partir de la Constitución Política del 7 de noviembre de 1949, quedó con rango constitucional.

Las diputaciones actuales que, de un modo u otro en diversas circunstancias del actual proceso parlamentario, impulsas decisiones legislativas contrarias el bien común y a la inclusión social, introdujeron en el Expediente Legislativo 21.336, Ley Marco de Empleo Público, la siguiente modificación al Estatuto de Servicio Civil:

“Este Estatuto y sus reglamentos regularán las relaciones entre el Poder Ejecutivo y sus servidores, con el propósito de garantizar la eficiencia de la Administración Pública”.

Como se nota, la frase-concepto, “Y PROTEGER A DICHOS SERVIDORES”, fue eliminada.

Si ya, de todas formas, la estabilidad protectora del empleo público bajo el Régimen de Servicio Civil (que nunca fue inamovilidad en el cargo), tiene fuertes cuestionamientos de parte de los sectores político-ideológicos y económicamente hegemónicos; la modificación que estamos denunciando estaría cerrando el ciclo histórico de 68 años de este tipo de seguridad en el empleo para personas trabajadoras estatales cubierto por el mismo.

Con fuerza de vehemente denuncia, tenemos que condenar la acción estratégicamente coordinada de los partidos Liberación Nacional, Acción Ciudadana y Unidad Socialcristiana, juntos a los dos partidos religiosos (Restauración y Nueva República), para:

Seguir incrementando el odio de clase en contra de las personas trabajadoras estatales; odio de clase que tiene ya un carácter recalcitrante.

Incrementar en grado sumo el riesgo de estabilidad en el empleo para unas 120 mil personas trabajadoras empleadas públicas: los conglomerados laborales de Educación Pública, de los otros ministerios del Poder Ejecutivo, así como las diversas entidades adscritas a los mismos; e, incluso, para entidades que, de un modo u otro, tienen sistemas de personal que se guían por los postulados del Estatuto de Servicio Civil.

Retrocedernos en el tiempo y potenciar el carácter del empleo público como botín politiquero, por una parte; y, por otra, garantizarse lealtades electorales circunstanciales de turno: Cambiar voto por empleo, como sucedía antes de la Constitución de 1949.

La ANEP condena, drásticamente, esa “variante” del ataque estructurado a las personas trabajadoras del sector público del Gobierno Central y entes adscritos, ataque que es dirigido, también a sus propias familias.

La ANEP se encargó de destrozar, radicalmente, la perversa tesis esgrimida al inicio por los neoliberales y su “escuadrón sicario de orden parlamentario”, en el sentido de que el déficit fiscal obedecía a los salarios pagos en el empleo público; y, mucho menos, a quienes los devengan desempeñándose en el Poder Ejecutivo central y sus entes adscritos, “cubiertos” por el Régimen de Servicio Civil, hasta hoy en día.

La ANEP reafirma, su oposición rotunda al nefasto proyecto Ley Marco de Empleo Público, verdadera intentona de “Golpe de Estado parlamentario”, cargada de inconstitucionalidades, inconexidades, ocurrencias y, por supuesto, con la fuerte carga ideológica de odio de clase de los neoliberales que han venido gobernando en los últimos tiempos con sus diversos partidos políticos.

San José, viernes 24 de setiembre de 2021.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto

 

La nota original se encuentra en el siguiente enlace: https://anep.cr/servicio-civil-proyecto-de-empleo-publico-pulveriza-su-esencia-constitutiva/

Castigan a cocineras y estudiantes

  • Dejarían a centros educativos sin comedores

  • ¢6.400 millones menos para el 2022

El proyecto de Ley de presupuesto presentado por el Gobierno, el pasado 1 de setiembre, a la Asamblea Legislativa incluye un recorte al programa de comedores escolares por ¢6.400 millones de colones, lo cual implica castigar a la población más vulnerable, según lo informó Ivannia Briceño Hernández, secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadoras Escolares de Comedores Escolares (SITRACOME). De acuerdo con Briceño, parece mentira que el mismo Gobierno que promovió declarar a los comedores escolares como servicio esencial para efectos de prohibir las protestas contra políticas públicas, es el mismo que deja sin recursos para el 2022 a un programa tan sensible como es la alimentación de los estudiantes del Ministerio de Educación Pública (MEP). El Programa de Alimentación y Nutrición Escolar y del Adolescente (PANEA) cuenta con una cobertura del 95% de los centros educativos públicos del país y beneficia a 850 mil estudiantes de 4.500 escuelas y colegios en todas sus modalidades y ciclos explicó la representante de SITRACOME, quien pidió a los diputados no abandonar a las trabajadoras que son contratadas por las Juntas de Educación y que sufren constantemente violaciones a sus derechos laborales porque se les atrasa el pago de su salario, aguinaldo, vacaciones y el seguro social. “Creemos que si se aplica la reducción de los ¢6.400 millones planteado en el proyecto de presupuesto, es como hacer desaparecer a las cocineras de los comedores estudiantiles, porque las Juntas de Educación deberán ver cómo hacen para gastar menos en compras de alimentos, como en la contratación de las servidoras, que suman más de 7 mil”, apuntó la representante de SITRACOME. 

Por lo anterior, SITRACOME hace un llamado a los diputados para que analicen bien el panorama que implica la disminución de los recursos y tomen la decisión de equiparar los derechos de estas trabajadoras con el resto de las que laboran directamente con el MEP y autorice la contratación directa para que ellas no dependan de las Juntas Administrativas y de Educación que son nombradas por las Municipalidades. En la actualidad, las trabajadoras de los comedores son contratadas de dos formas: por el Ministerio de Educación Pública por medio del Servicio Civil (trabajadoras públicas) y las contratadas por las Juntas de Educación y Administrativas (trabajadoras privadas). De acuerdo con el MEP, las trabajadoras privadas contratadas por las Juntas de Educación y Administrativas a octubre del 2020, conformaban un total de 4.233 a tiempo completo y 1.168 en jornada de medio tiempo. El total de cocineras que actualmente colaboran en el PANEA asciende a 7.730. “Nosotros tenemos compañeras, que, a raíz, de la pandemia, fueron obligadas a ir a los centros educativos a hacer de guardas, conserjes, y muchas, sin recibir su salario. Lo que pedimos a los diputados es ponerse la mano en el corazón y eviten que cada tres años estas trabajadores, muchas jefas de hogar sean sometidas a cambios que generan trastornos en su vida familiar por irregularidades en sus nombramientos, despidos injustificados, inestabilidad laboral”, destacó Briceño Hernández de SITRACOME. Según la representante de SITRACOME, la Ley N° 9435, “Ley para Fortalecer el Programa de Comedores Escolares y Nutrición Escolar y Adolescente”, del 5 de abril de 2017, establece la obligación del Estado de garantizar la apertura de los comedores en tiempo lectivo y fuera del tiempo lectivo en los centros educativos públicos, ubicados en la zona rural y urbana, en cuyos distritos exista mayor incidencia y concentración de la pobreza. Lo anterior confirma, agrega la representante de las trabajadoras, la necesidad de que las cocineras de ese servicio cuenten con estabilidad laboral, como las que trabajan directamente con el MEP, porque de lo contrario, se está ante una odiosa discriminación. Briceño Hernández recordó que los comedores escolares son un servicio público que, según el Código de Trabajo, no está permitida la huelga. El Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE), del total de personas cocineras nombradas por las juntas, un 6,2% se encuentran en pobreza extrema, un 20,1% en pobreza básica, un 16,6% se encuentran en situación de vulnerabilidad, 48,5 son no pobres y un 10,7% no se tiene conocimiento de su condición de pobreza. La estabilidad laboral les brindaría acceso a opciones de crédito, mayor tranquilidad en su entorno familiar, entre otros beneficios para su dignidad como personas trabajadoras.

Se adjunta documento: 

 

Compartido con SURCOS por Auxiliadora Zúñiga.