La Universidad de Costa Rica y la Facultad de Ciencias Sociales invitan al segmento de Opinión de Corte Interamericana (CIDH) sobre “Libertad sindical, negociación colectiva y derechos humanos” alcances prácticos en empleo público el día jueves 29 de julio del 2021 a las 5:00 pm, se contará con la exposición de:
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La jueza, investigadora y docente de la UCR, Rosaura Chinchilla Calderón explicó que existen numerosas resoluciones de la Sala Constitucional relacionadas con lo que se cuestiona el proyecto de Ley Marco de Empleo Público, como la autonomía universitaria y la independencia del Poder Judicial, y que por eso sería difícil que la Sala emita una resolución que contradiga sus propios pronunciamientos jurídicos.
UNIVERSIDAD entrevistó a Chinchilla sobre la futura resolución de la Sala Constitucional de calas consultas de constitucionalidad presentadas por diputados y por la Corte Suprema de Justicia al proyecto de Ley Marco de Empleo Público.
En su más reciente artículo “Una reforma estatal encubierta”, la jurista señaló que “el citado proyecto de ley representa el riesgo más profundo que ha tenido nuestra maltrecha institucionalidad democrática en lo que va de su longeva existencia”.
En el cierre de dicho texto, Chinchilla escribió que “un estricto análisis técnico, siguiendo la jerarquía de fuentes del ordenamiento jurídico e, inclusive, partiendo de los mismos antecedentes jurisprudenciales del órgano encargado de ello, implicará, a no dudarlo, una declaratoria de inconstitucionalidad.
En entrevista con UNIVERSIDAD, la jurista analizó este tema.
-¿Está en riesgo la legitimidad de la Sala Constitucional ante la decisión que tiene que emitir con respecto a las consultas de constitucionalidad de la Ley Marco de Empleo Público?
“Sí, en realidad el tema es muy obvio, en la medida en que existen normas constitucionales expresas y han habido pronunciamientos de diferentes integraciones de la Sala Constitucional sobre temas, como por ejemplo, la autonomía universitaria y la independencia judicial, que son dos de los cuales se ven afectados y que han tenido pronunciamientos de diferentes integraciones de la Sala Constitucional en tiempos anteriores. Entonces la decisión es muy obvia, me parece a mí, por las implicaciones que tiene el proyecto en estas instituciones”.
-Las consultas de constitucionalidad que se presentaron argumentan que le corresponde a la Sala garantizar la continuidad del Estado social y democrático y la supremacía de los derechos fundamentales garantizados en la Constitución Política y en convenios internacionales. ¿Qué otro camino le quedaría a quienes presentaron estas consultas si la Sala no se pronuncia en contra de esos vicios del proyecto?
“Bueno, a nivel interno se agotaría prácticamente, por lo menos a nivel constitucional, cualquier litigio. Específicamente las personas que resulten perjudicadas, de instituciones afectadas, podrían recurrir a la vía contencioso administrativa. Pero a nivel externo se abre un abanico de posibilidades, pero es un camino largo. Tampoco vamos a decir que es un camino ni fácil, ni corto, ni rápido; es un camino largo, difícil y bastante empinado, de acudir a organismos internacionales, sobre todo en el caso de la independencia del Poder Judicial, en que sí hay pronunciamientos de instituciones extranjeras, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Humanos de la ONU y que se han referido en el caso del Poder Judicial, por los alcances de la independencia judicial. En el caso de las otras autonomías, como la municipal, la de las instituciones autónomas y la universitaria, es muchísimo más difícil la situación, a falta de ese tipo de convenios internacionales”.
-Entonces en el caso de la Corte Suprema de Justicia, que alertó que el proyecto es una regresión en la independencia de poderes, ¿podría tener más posibilidades?
“Podría tener más posibilidades de hacer litigios estratégicos a nivel internacional, establecer qué actos en particular de la Asamblea Legislativa violentan tratados internacionales; en este caso la Convención Americana de Derechos Humanos y todas las disposiciones que tienen referencia a la independencia judicial sí es posible hacerlo en tribunales internacionales. No es un recurso adicional a lo que resuelva la Sala; es un medio totalmente diferente, pero puede dejar sin efecto lo que indique la Sala Constitucional, como ocurriera por ejemplo en la fecundación in vitro, que la Sala dijo una cosa y la Corte Interamericana le enmienda la página. Pero uno esperaría que realmente ese no sea el escenario. Primero, los vicios son muy obvios; segundo, los antecedentes jurisprudenciales de diferentes integraciones del tribunal Constitucional también han sido reiterados, lo cual le va a dificultar más a la integración actual apartarse de sus propios precedentes; y en tercer lugar, existen estos argumentos efectistas como el tema de la crisis fiscal, de la protección de ciertos principios económicos abstractos. En algún momento la Sala Constitucional hizo eco de ellos al votar el tema del plan fiscal; pero vio que los límites que ella misma impuso a lo interno de su resolución, el poder estatal no los quiso acatar y se vieron las pugnas; por ejemplo, entre Contraloría y Poder Judicial, entre Contraloría y universidades y está eso todavía en discusión en sede constitucional. Entonces creo, o quisiera pensar así, que ese antecedente va a implicar que la Sala va a ser más cauta en no comprarse argumentos efectistas y darse cuenta de las implicaciones que tiene el no hacer un estricto análisis jurídico en ese caso”.
La profesora y abogada Rosaura Chinchilla Calderón es licenciada en derecho y notaria pública, Máster en Ciencias Penales y egresada del doctorado en Estudios Latinoamericanos con énfasis en pensamiento latinoamericano, Universidad Nacional. Es jueza en materia penal desde 1992, consultora internacional, y ha recibido los Premios Alberto Brenes Córdoba del Colegio de Abogados y Abogadas 2002; Ulises Odio Santos del Poder Judicial 2008; y Emilia Solera 2016 de la Asociación Costarricense de la Judicatura por su trayectoria académica.
El proyecto de Ley Marco de Empleo Público fue aprobado en primer debate el 17 de junio, con 32 votos.
La Sala Constitucional tiene hasta el 2 de agosto para definir si las consultas de constitucionalidad presentadas cumplen o no con los requisitos para ser evacuadas, lo que se resolverá junto con la sentencia sobre las consultas -opinión consultiva-.
En total se presentaron cuatro consultas de constitucionalidad sobre el proyecto de ley. El Tribunal acumuló las consultas tramitadas bajos los expedientes 21-011915-0007-CO (Diputado Pablo Heriberto Abarca y otros), 21-012118-0007-CO (Diputado Roberto Thompson y otros) y 21-012714-0007-CO (Corte Suprema de Justicia), a la consulta 21-011713-0007-CO (Diputado José María Villalta y otros), en vista de que esta fue la primera en ser presentada, se informó.
Foto: La abogada Rosaura Chinchilla. (Foto: Archivo/Semanario Universidad).
“Don Cándido viene padeciendo de problemas del corazón y solicitamos a la empresa su traslado a otra área de trabajo. Lamentablemente el procedimiento es muy largo y engorroso y la empresa no hace nada para agilizarlo, más si eres del sindicato”, dijo Obeth Morales, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Agroindustria y Afines (Sinatraa).
Agroindustrial Piñas del Bosque (Dole) acostumbra solicitar una certificación médica del especialista que está atendiendo al trabajador en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), donde se indique cuáles son las restricciones médicas, por cuanto tiempo y qué tipo de labores puede desempeñar.
“Obviamente el especialista sólo puede indicar los padecimientos del trabajador y pide que sea el doctor de la empresa a decidir qué labores puede hacer. De hecho lo que ocurre es que todo se vuelve muy engorroso y pasan meses antes de la reubicación”, manifestó Morales.
En el caso de Cándido Amador, su padecimiento cardíaco está relacionado con una intoxicación con agrotóxicos sufrida en los piñales de Dole.
Tuvo que ser internado en varias oportunidades, sin embargo la empresa nunca hizo efectiva su reubicación, y Cándido sigue expuesto a los efectos de las fumigaciones y a recaídas.
Además, chapear (desmalezar) es una labor muy pesada y esto empeora su condición.
El directivo sindical explicó a La Rel que hay varios compañeros que sufren situaciones muy similares.
“Javier Zúniga, con graves problemas de la columna, tiene dos meses esperando que lo reubiquen. También tenemos a Oscar, Hilda y muchos más que sufren de desgaste en las articulaciones y la empresa no actúa
Mientras tanto los tienen haciendo cualquier tipo de labor, desatendiendo las restricciones médicas. Esto es vergonzoso”, dijo Morales.
Hostigamiento, acoso y represión laboral
Una situación que por un lado evidencia la persistente insensibilidad de Dole y la crueldad de su sistema de relaciones laborales y, por el otro, demuestra la absoluta ineficiencia y complicidad de las autoridades costarricenses.
“El año pasado realizamos una reunión tripartita a la que también participó la Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria y Afines (Fentrag) y la Rel-UITA.
Presentamos una lista de los padecimientos y enfermedades que sufren trabajadores y trabajadoras, pero al final la empresa no quiso establecer un procedimiento expedito para atender los asuntos de salud.
Las autoridades se quedaron calladas y lo poco que acordamos no sirvió para nada. Los problemas siguieron iguales o hasta peores”, aseveró el secretario general del Sinatraa.
Para él, tanto el caso de Cándido Amador como el de muchos otros compañeros enfermos tienen también profundos rasgos antisindicales.
“Todos son afiliados al sindicato y les ‘cobran’ las luchas que han emprendido en estos años en defensa de los derechos laborales y sindicales.
Recientemente, por haber exigido que se les brindara el transporte para llegar a los lugares de trabajo, la empresa ha desencadenado una fuerte represalia.
Hostigamiento, acoso y represión laboral sólo son algunas de las formas sistematizadas de persecución antisindical “, concluyó Morales.
Foto: Cándido Amador (archivo personal).
Fuente: http://www.rel-uita.org/costa-rica/la-persistente-insensibilidad-dole/
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una Opinión Consultiva sobre los derechos a la libertad sindical, la negociación colectiva y la huelga, y su relación con otros derechos.
La CIDH destacó que la libertad sindical debe garantizarse a los trabajadores y trabajadoras públicos y privados, lo que incluye que estos gocen del derecho de creación y afiliación a las organizaciones que consideren convenientes.
Asimismo, sobre el derecho de huelga lo calificó como un derecho fundamental para la defensa de los diferentes derechos sociales, económicos y profesionales.
En el documento destacó que los ataques a los derechos sindicales y los cambios legislativos y reformas laborales ocurridos en los últimos años en América Latina han tenido graves consecuencias para la prestación de servicios públicos de calidad.
En conclusión, establece que la libertad sindical es fundamental para permitir una adecuada defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, incluido su derecho al trabajo y a sus condiciones justas, equitativas y satisfactorias.
Con información de Public Services International. Puede leer más al respecto en el siguiente enlace: https://publicservices.international/resources/news/cidh-los-derechos-sindicales-deben-garantizarse-a-las-y-los-trabajadores-pblicos-y-privados?id=12041&lang=es
Información compartida a SURCOS por Rafael López Alfaro.
El espacio unitario Movimiento Sindical y Social: Firme en La Lucha convoca a organizaciones sociales, sindicales e institucionales del país al Encuentro Nacional por la defensa del Estado Social de Derecho el próximo miércoles 28 de julio del 2021 de 8:00 a.m. a 12:00 m.d. en el Centro Internacional de Convenciones ANDE (CICANDE), en Belén, con el propósito de articular una respuesta del movimiento social costarricense ante las propuestas regresivas de Reforma del IVM, del Proyecto de Ley Marco de Empleo Público y la Agenda Complementaria del Convenio con el FMI.
La Unión Nacional de Trabajadores de la Educación Ecuador el 13 de julio del 2021 realizó el siguiente comunicado:
Compañeros
Reciban un cordial saludo por parte del Comité Ejecutivo de la Unión Nacional de Educadores, de los maestros ecuatorianos, estudiantes, padres de familia es decir de toda la comunidad educativa, quienes hemos emprendido una dura lucha en favor de la educación en nuestro país por lo que pedimos la solidaridad de los docentes de América y el Mundo, a continuación una síntesis de los acontecimientos.
La UNE desde el 2011 viene exigiendo las reformas a la LOEI, una vez que el gobierno de entonces aprobó una Ley que eliminó varios derechos docentes y estudiantiles. Vale recordar que, mediante una movilización masiva, el 8 de marzo de 2012, la UNE junto a otros sectores, presentó a la Asamblea Nacional una “iniciativa popular legislativa”, convirtiéndose en la primera organización social que utilizó este mecanismo previsto en la Constitución, y que fue respaldado con más de setenta mil firmas. Los maestros y maestras, junto a la UNE, supimos salir al paso y enfrentamos las arbitrariedades del gobierno. El tiempo, persistencia y lucha nos vuelven a dar la razón, pues en la práctica se reforma el 80% de la actual LOEI, donde UNE propuso reformas a 86 artículos de los aproximadamente 143 que conforman la actual LOEI.
Para llegar a las actuales reformas durante el 2020 se realizaron 14 talleres de trabajo. La UNE participó en 13 (en el único taller que no participamos fue en: Educación militar y transición). Nuestro aporte ha sido reconocido por varios sectores educativos y asambleístas. Es menester señalar que las actuales reformas recogen los aportes de más de 30 sectores como: FESE, CONAIE, CONASEP, Consejo de Derechos Quito, Maestros Comunitarios, Universidades, Unión de Educadores Municipales, Defensoría del Pueblo, UNESCO, UNICEF, CONFEDEC, SURKUNA, Carteras de Estado, representantes de educación inicial, GAD… que miran a la reforma como la oportunidad para echar abajo toda la violencia, persecución y conculcación de derechos que provocó la LOEI de 2011 en el Sistema Nacional de Educación.
La LOEI fue aprobada con la mayoría absoluta de la Asamblea Nacional, Sancionada por el Ejecutivo y publicada en el Registro Oficial el 19 de abril; para la comunidad educativa representa reparación y justicia de derechos tanto para estudiantes como para los maestros pues en la LOEI garantiza la aplicación del 6% Producto Interno Bruto, establecido en el texto constitucional en su Décima Octava Transitoria; las reformas garantizan tener una educación sin violencia, para combatir de los depredadores sexuales, orientación vocacional, bachillerato por especialidades; educación inclusiva, fortalecida con el nuevo modelo del departamento consejería educativa (DECE); equiparación salarial. para poner fin a la discriminación del magisterio; esto corresponde a la justeza de la labor docente; reintegro de los profesores despedidos, desvinculados y destituidos, estabilidad laboral.
Al momento la aplicación de las reformas se encuentra frenada por una demanda ante la Corte Constitucional que pretende declararle como inconstitucional perjudicando a 8 millones de ecuatorianos que son parte de la comunidad educativa. Su argumento es macroeconómico, ocultando que la evasión de los impuestos de los grandes ricos es varias veces superior a los recursos que requiere la Ley.
El 28 de junio en audiencia pública convocada por la Corte Constitucional, los delegados de la Presidencia de la República ha pedido que se declare inconstitucional toda la LOEI y en caso de no hacerlo será una promesa más incumplida. Los neoliberales han apoyado esta postura. Ante estos hechos, la UNE ha realizado diversas formas de lucha y en los últimos días se ha elevado su nivel con la huelga de hambre que inició el lunes 19. Planteamos la defensa de la plena vigencia de la LOEI, que contiene avances que son una referencia para la región.
La solidaridad de los gremios hermanos de América Latina y el mundo nos da la fuerza para seguir luchando por nuestro postulado una educación pública, laica, gratuita y de calidad.
Pedimos entregar las muestras de solidaridad y comunicaciones en las embajadas de Ecuador en cada país; los mensajes en las redes sociales etiquetar a los jueces de la Corte Constitucional, pues en las manos de ellos está la vida de 56 compañeros y por igual del resultado que ocasiona en el sistema educativo por la suspensión de la vigencia de la Loei.
A continuación se encuentra la información para etiquetar a los miembros de la Corte Constitucional, al Presidente de la República y a la Sra. Ministra de Educación.
El maestro, luchando, también está educando
Compartido con SURCOS por María Trejos Montero.
En días pasados, Auxiliadora Zúñiga, periodista SINAE AFINES, indicó que el Sindicato de Enfermería AFINES contó con una gran cantidad de personas aseguradas y no aseguradas haciendo fila alrededor de dicho sindicato.
El licenciado Lenin Hernández, secretario general del SINAE AFINES, externó una preocupación a las autoridades del centro de salud como también a la policía municipal.
Para ver el reportaje completo se invita a ver el vídeo a continuación:
Imagen cabecera tomada de Semanario Universidad
La Comisión Especial del Movimiento Pedagógico del sindicato de ANDE invita a ver la presentación de Asma Mustafa, educadora palestina.
Mustafa fue ganadora del premio “Global Teacher Award 2020”, un premio anual que Fundación Varkey entrega cada año a un docente extraordinario y comprometido que haya alcanzado un impacto en su escuela y en su comunidad. En su caso, se dio por el trabajo en Gaza con la niñez traumatizada por la violencia.
En el espacio puede encontrar información sobre la experiencia de la docente en la franja de Gaza, retos y desafíos de la educación en Palestina , entre otros.
Para ver la conversación puede hacer click aquí.
Seccional de obreros y piñeros y agrícolas del Sur ha crecido en la filiación, además de que han logrado actuar ante los embates patronales. De acuerdo con Ricardo Vargas Figueroa, presidente de esta seccional, el trabajo en equipo ha permitido avanzar en las luchas. Estos tienen el objetivo de discutir con sus patronos sus convenciones colectivas, pues buscan defender los derechos laborales que les corresponden.
El próximo fin de semana se reunirán en Puerto Viejo de Sarapiquí varias seccionales del sector agrícola, para de esta forma, demostrar lo importante que es este sector para la economía del país.
Compartido con SURCOS por Albino Vargas Barrantes.
AFITEC invita a participar del conversatorio: «Las implicaciones políticas, institucionales y laborales del Proyecto de Ley Marco de Empleo Público”, el cual se realizará este miércoles 21 de julio a las 4 p.m.
Se contará con la exposición de Manel Hernández Venegas.
Se podrá sintonizar por medio de Facebook Live www.facebook.com/sindeu.universidadcr
