El Frente Nacional por la Seguridad Social FRENASS, se suma a la convocatoria que hace UNDECA para unirnos en una gran Concentración en rechazo a la nefasta decisión de la Junta Directiva de la CCSS de reformar el Régimen de Pensiones IVM y contra la tiranía Política empresarial y de Gobierno. Unidad y lucha contra el modelo neoliberal y patriarcal pues esta reforma afecta de manera particular a las mujeres y deposita todo el peso de la enmienda en el Sector Trabajador.
Se convoca el día jueves 19 agosto a las 9 am, Contiguo a JUPEMA, San José.
El 13 de agosto el señor Juan Carlos Durán Castro, dirigente sindical del sector salud envía un mensaje sobre el régimen de pensiones de la CCSS, en el cual indica que vamos hacia una población adulta mayor empobrecida y con una vejez indigna. Invita a los compañeros de la Caja Costarricense del Seguro Social, a los compañeros del sector privado, hombre, mujeres y colectivos sociales a que se unan y generar una campaña nacional a favor de una revisión de ese acuerdo y a favor de la gradualidad para que el golpe sea distinto al que le van a dar al pueblo.
Se centraron en aspectos relacionados al estado social de derecho
Con el objetivo de abrir un proceso de reflexión, la Rectoría y el área de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica (UCR), están organizando las jornadas de análisis del dictamen de la Sala Constitucional del proyecto de Ley Marco del Empleo Público.
La primera sesión se dedicó a conocer los alcances del dictamen en relación con el empleo público y al estado social de derecho. Se contó con la participación de la Dra. Rosaura Chinchilla Calderón, docente de la Facultad de Derecho y del Dr. Alfredo Chirino Sánchez, decano de la Facultad de Derecho. El espacio fue moderado por el Dr. Constantino Urcuyo.
Para la Dra. Chinchilla el primer aspecto que se debe analizar profundamente es si el proyecto de ley es una iniciativa relativa exclusivamente al empleo público o si lo que pretendía, sin decirlo abiertamente, era un rediseño del marco estatal que establecieron los constituyentes. Ya que esto último no se hace mediante una ley, si no a través de una reforma constitucional, que tiene un trámite distinto.
Además señaló las 4 grandes líneas a través de las cuales el proyecto buscaba regular las relaciones en todo el sector público. El salario global, un sistema único de definición de perfiles de puestos y gestión del desempeño, la rectoría del Ministerio de Planificación (Mideplan) y la objeción de conciencia.
También explicó que parte de la discusión en la Asamblea Legislativa partió de la interpretación que se le quiso dar a los artículos 191 y 192 de la Constitución Política, pues se asumió que se podía unificar en un solo régimen todo el sistema de empleo público.
No obstante, hay que considerar que estos artículos se introducen en un sistema normativo en donde se consagran una serie de principios, que en consecuencia, desde el mismo texto constitucional se genera un choque con la posibilidad de que haya un solo régimen para todo el aparato estatal.
En primera instancia, el país se denomina como una República, lo que significa que existe una división de poderes, los cuales son independientes y no pueden delegar sus funciones.
En contexto en el que surge la Constitución Política de 1949, hace que los constituyentes se planteen una serie de autonomías que incorporan en el texto para evitar la concentración del poder.
Además, el sistema constitucional, tiene que convivir con una serie de normas relacionadas con derechos humanos que Costa Rica ha asumido voluntariamente, como por ejemplo los tratados con la Organización Internacional del Trabajo o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que respaldan garantías relacionadas a la independencia judicial, la negociación colectiva y los derechos adquiridos.
En relación al dictamen de la Sala Constitucional, la jurista explicó que las consultas que se hicieron fueron por temas de fondo, por lo que el pronunciamiento no es vinculante, sin embargo si va a ser una grave advertencia de que si el texto se aprueba así como está y alguien alega inconstitucionalidad, en alguno de los artículos que la Sala encontró inconstitucionales, la acción se va a dictaminar positiva.
También aclaró que el fallo que se emitió no significa que el proyecto sea constitucional, pues la Sala Constitucional solo se está pronunciando sobre lo que se le consultó.
Sobre los temas que sí se le consultaron encontró 35 inconstitucionalidades de fondo, la mayoría relacionadas a la rectoría del Mideplan.
“Considera que en efecto, tal y como lo dijeron las universidades, los rectores, el Poder Judicial, el proyecto tiene la virtud, entre comillas, de ser una reforma estatal encubierta, que rompe las autonomías y las independencias establecidas por los constituyentes y que solo podía requerir una reforma constitucional que no se hizo”, recalcó Chinchilla.
Para la abogada, en este momento, buena parte de la autonomía universitaria queda a resguardo, aunque todavía hay temas delicados que se mantienen dentro del proyecto de ley a los que hay que prestarles atención, que van a tener impacto en las distintas instituciones autónomas si oportunamente no se hacen las consultas constitucionales respectivas.
Inconstitucionalidades encontradas no son poca cosa
Por su parte, el Dr. Alfredo Chirino, decano de la Facultad de Derecho, expresó que éste es uno de los proyectos que en las últimas décadas, de manera directa, pretendía impactar el sistema de división de poderes y a instituciones muy importantes en la estructura constitucional.
“Describir los alcances de un fallo constitucional a veces obliga a interpretar los signos que una sentencia de esta naturaleza e importancia nos revela. Esos signos nos permiten intuir que el máximo interprete de la Constitución se vio en aprietos para analizar ese texto legal, porque ha estado rodeado de intríngulis políticos, económicos, pero las mas de aquellas que llegaron al contexto de esta sentencia, son las que tienen que ver con el diseño del estado de derecho y por supuesto de órganos e instituciones que son importantes para la República”, destacó Chirino.
Según el Decano, hay un discurso que se ha divulgado en algunos medios de comunicación y por algunas otras personas de que las 35 inconstitucionalidades señaladas por la Sala Constitucional son poca cosa. Sin embargo, para él, la Asamblea Legislativa tendrá que hacer un análisis profundo para determinar qué aspectos están realmente afectados por esas inconstitucionalidades, labor que no será fácil.
De esta manera, la primera lectura que hay que hacer del por tanto, es contraria a esas perspectivas, pues la Sala ha decidido sostener los pilares fundamentales del Estado de Derecho, como son las autonomías municipales, la universitaria, la del Poder Judicial y del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). Lo que es importante, ya que durante el proceso de debate del proyecto de ley, hubo instantes en los que parecía que todo lo que forma parte esencial de la República estaba disponible para el mejor postor y era elemento de negociación.
Señaló además, que en el fallo se reconocen las intromisiones que hubo en las esferas de los poderes de la República,tal como lo planteó la Corte Suprema de Justicia.
Recordó que aunque el fallo no es vinculante, si la Asamblea Legislativa tratara de aprobar el proyecto tal y como está, esto tendría consecuencias importantes para el país, incluso se podrían sumar a la discusión jurisdiccional órganos internacionales.
Para Chirino, queda ahora esperar la justificación de por tanto, pues este fallo va a sentar elementos muy importantes que van a orientar el desarrollo del pensamiento constitucional costarricense de los próximos años.
Puede ver la sesión completa en el siguiente enlace.
Andrea Marín Castro Periodista, Oficina de Divulgación e Información, UCR
Imagen: La Asamblea Legislativa está ahora a la espera de que la Sala Constitucional entregue el fallo completo. Foto: Anel Kenjekeeva, UCR.
Las dirigencias SINAE AFINES envían un mensaje a las señoras y señores diputados, sus partidos políticos y sus candidatos presidenciales donde les indican que los trabajadores de la Caja Costarricense del Seguro Social y sus familias estarán pendientes de lo que se haga con el Proyecto de Ley Marco del Empleo Público.
Compartimos el mensaje completo en el siguiente enlace video:
El programa Desde la otra Acera invita al conversatorio: “Ley de empleo público: entre la espada y la pared” este próximo 12 de agosto a las 7 p.m. Se contará con la participación de:
Mauricio Castro
Walter Muñoz
Rosaura Chinchilla
La transmisión será por medio de Facebook y YouTube de APSE Informa.
El Sindicato Industrial de Trabajadores Costarricense del Banano y Afines (SINTRACOBAL) se manifestó ante la transnacional Chiquita Brands por los reiterados atropellos a sus trabajadores indígenas Ngabe Buglé.
Gerardo Iglesias
Muchos de esos trabajadores, empleados de la finca Superamigos, de la región de Sixaola, y afiliados al sindicato, han sido amenazados de despido aduciendo el vencimiento de sus contratos de trabajo.
“Como es bien sabido por la administración de Chiquita Brands, el pasado 19 de enero se firmó en Costa Rica un decreto que reglamenta la Ley 9710 de Protección del derecho a la nacionalidad costarricense de la persona indígena transfronteriza y garantía de integración de la persona indígena transfronteriza”, apunta el gremio en un comunicado.
En aplicación de ese decreto, desde el 7 de septiembre próximo, oficiales de Migración y Extranjería estarán en Sixaola y zonas vecinas para regularizar la situación de los indígenas transfronterizos y “darle continuidad al proceso de nacionalización de esta población”, dice el texto, dirigido al director de Recursos Humanos de la transnacional, Raúl Gigena Pazos.
Sin embargo, “un número importante de trabajadores bananeros transfronterizos de las fincas ubicadas en Sixaola (…) afiliados a nuestra organización” han recibido cartas de la empresa con “amenazas de despido”, apunta el secretario general del sindicato, Maikol Hernández.
SINTRACOBAL recuerda que desde hace siglos los indígenas que residen en esas zonas del país “se desplazaban en un territorio que no tenía fronteras”.
El decreto gubernamental de enero “les reconoce este derecho histórico y lo institucionaliza, con apego a las normas internacionales y respeto a su cultura y cosmovisión”, pero una compañía privada en los hechos se los niega.
“Resulta un acto inaceptable para nuestra organización sindical que estando a punto estos trabajadores de formalizar su nacionalidad costarricense se les venga ahora a imponer plazos para que presenten un permiso de trabajo porque de lo contrario serán despedidos”, subraya el sindicato.
Y le pide en concreto a Chiquita Brands que deje sin efecto los plazos definidos para los despidos y tome en consideración los esfuerzos institucionales que se realizan en la zona de Sixaola.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) solicitó al Director General de Hacienda, Francisco Fonseca Montero información sobre el sistema tributario y los grandes contribuyentes. El objetivo de la organización sindical es la transformación hacia la progresividad y la justicia del sistema tributario.
La organización sindical envió una carta donde se solicita se les suministre la información relacionada con las resoluciones de la Oficina de Cobro Judicial, en especial, aquellas que fueron incobrables. En el caso de los grandes contribuyentes y GETES (Grandes Empresas Territoriales), solicitaron información de las sumas prescritas e incobrables en los años 2018, 2019 y 2020.
“Por lo que, con todo respeto, queremos solicitarle, se sirva proporcionarnos la siguiente información: Las resoluciones que fueron emitidas por la Oficina de Cobro Judicial, en el 2020, referentes a la incobrabilidad y prescripción de los adeudos tributarios, que se dejaron de cobrar y recaudar a favor del Estado”, agrega la misiva presentada por el Secretario General de ANEP, Albino Vargas Barrantes.
Además, se pide que se incluya el nombre de las empresas o sociedades, a las cuales se les aplicó el proceso de incobrabilidad y prescripción de las deudas tributarias, así como el tipo de impuesto, período, monto y motivo por el no cobro de lo adeudado.
Fue un 7 de agosto negro para la historia del Magisterio Nacional.
Así es, esa ley 7531 con todo el atropello a nuestro derecho a una Pensión Digna, es el resultado de la imposición a un porcentaje menor (60%) y al aumento de la edad (33 años), como producto del saqueo de los fondos existentes en aquella época. Desde ahí se estableció que el 30% se destinará a invertir en títulos estatales. Ahora pretenden la apertura de los fondos pero sin garantías, ni seguridad de recuperación de los fondos. Están entregando en bandeja de plata nuestro dinero al sector privado y esto no es nada menos que la privatización del Régimen de Pensiones. Y lo están haciendo en nuestras narices.
Marta Elena Rodríguez invita al encuentro virtual “Convocatoria reforma de pensiones IVM, Informe Situación Actual.” El día 11 de agosto del 2021 a las 03:00 p. m., hora Costa Rica
El pasado 5 de agosto se desarrolló el conversatorio “Las amenazas al fondo de la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (JUPEMA) en el proyecto de ley 22.179.”
Con la exposición de:
Licda. Marjorie Hernández, Profesora de Inglés
Lic. Gerardo Romero, Profesor de Informática
Lic. Manuel Sandoval, Profesor jubilado.
Se comienza dando una breve explicación sobre lo que es el movimiento y sobre lo que están haciendo y el objetivo que tienen con el movimiento, analizan el proyecto de Ley y los puntos que les preocupan.
