Ir al contenido principal

¡La corrupción destruye nuestra patria! ¡Devora la calidad de vida de nuestras familias!

Para cubrir el hueco financiero producto del despilfarro y una corrupción acumulada en los últimos 50 años de DESGOBIERNOS, quienes han estado sometidos al verdadero poder económico, han DESVALIJADO nuestra Patria, así como han endeudado a toda la sociedad en unos $40 mil millones que pagarán nuestros hijos y nietos en condiciones de vida de total esclavitud, DEUDA ETERNA para FIESTA ETERNA de las elites que pagaremos con proyectos de ley que implican la imposición de más impuestos, robo de impuestos, alza de precios en bienes y servicios, congelamiento de salarios y pensiones en los próximos 10-20 años y más, etc., etc.!

A los pocos y verdaderos dueños de Costa Rica les tienden la alfombra roja para que ingresen a casa presidencial y la asamblea legislativa para que sus MANDADEROS les satisfagan sus VORACES E INSACIABLES INTERESES!

Al pueblo costarricense, el Soberano de acuerdo al Artículo 9 Constitucional, lo desprecian, lo reciben con garrote, gases lacrimógenos, cárcel, represión y le imponen leyes que son la MORDAZA y el GRILLETE, para que acepte la ETERNA FIESTA con nuestros impuestos!

ANTE EL CÁNCER DE LA CORRUPCION ACUMULADA EN LOS ULTIMOS 50 AÑOS Y QUE RECORRE COSTA RICA ENTERA, QUE DESTRUYE NUESTRA CALIDAD DE VIDA E HIPOTECA EL FUTURO DE NUESTROS HIJOS Y NIETOS CON MÁS ENDEUDAMIENTO CON EL FMI.

LA PATRIA DEMANDA QUE SUS HIJOS LA DEFIENDAN!

ROMPAMOS EL SILENCIO Y UNAMOS CORAZONES EN LA LUCHA, SALGAMOS A LAS CALLES RESCATEMOS LA BANDERA TRICOLOR QUE HOY LOS PIRATAS Y FILIBUSTEROS HAN MACILLADO!

JUNTA DIRECTIVA SINDICATO UNPROBANPO

Gerencia de Pensiones de la CCSS respondió consultas en relación con el proyecto de Reforma del Régimen de IVM

La Gerencia de Pensiones de la CCSS respondió una serie de consultas de Juan Carlos Durán Castro, dirigente sindical del sector salud y secretario de Seguridad Social de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum.

En el documento se responde cada una de las preguntas que se le fueron planteadas en relación al proyecto de Reforma del Régimen de IVM, las consultas son las siguientes:

  • ¿Cuáles son en concreto y que impacto han generado en la contención del gasto las reformas que han sido consensuadas en los más recientes procesos de dialogo con los sectores sociales y de las mismas cuales se han operativizado?
  • ¿De esas reformas más recientes cuales están incorporadas en el actual proyecto de reforma?
  • ¿Del actual proyecto de reforma, cual es el impacto relativo y absoluto en el gasto del régimen de IVM, de cada una de las medidas propuestas y que impacto tiene cada cual en los momentos críticos derivados de las valuaciones actuariales?
  • La pandemia del Covid 19, es evidente que ha generado un impacto negativo en los ingresos del IVM. ¿En tal sentido según los estudios que entendemos deben tenerse, requerimos el dato actualizado de ese impacto en términos de millones de colones y se nos indique si estos efectos del tema sanitario en el mundo del trabajo en el país están incorporados en las valuaciones actuariales y que efecto tiene ese fenómeno pandémico-sindémico en los momentos críticos establecidos en las valuaciones actuariales?
  • ¿Cuáles son los argumentos que puede esgrimir la gerencia a su cargo para sostener que en el actual proyecto de reforma no se eleva la edad de jubilación a los 65 años?
  • En igual sentido cuales son los argumentos que pueden esgrimirse para argumentar que el proyecto de reforma no eleva el 1% de la cuota obrera, ni reduce la tasa de reemplazo establecida en el reglamento actual a un 40%?
  • ¿Tiene la gerencia de pensiones ejemplos claros del impacto real del actual proyecto de reforma en al menos unos 4 salarios extrapolados de la masa salarial nacional? De ser así (lo cual no dudamos, pues somos conocedores de que los estamentos técnicos de la CCSS, tienen esa capacidad), requerimos que antes de cualquier reforma en el marco de la ética, la probidad y la transparencia se le presente al país esos ejemplos.
  • ¿Es la medida relacionada con la eliminación gradual del retiro anticipado la que genera un mayor impacto en la contención del gasto del régimen y la que retrasa más el momento crítico 3 establecido según los actuarios en el 2037?
  • ¿Qué impacto real tiene la eliminación gradual del retiro anticipado sobre la población femenina de la masa laboral del país general y en particular sobre el segmento laboral femenino del sector público?
  • Cuál podría ser desde la perspectiva de la gerencia y su equipo de trabajo, un listado de posibles propuestas de reforma que rebasan el marco constitucional de la CCSS, pero que impactarían positiva y estructuralmente el régimen de IVM?
  • ¿Puede la gerencia a su cargo desglosar de manera objetiva y con sustento técnico, jurídico, financiero y presupuestario, ¿cuáles son los posibles escenarios y riesgos a los cuales nos podríamos enfrentar como país ante la posibilidad de que la Junta Directiva de la CCSS opte por no aprobar el actual proyecto de reforma?
  • ¿Valora esta gerencia que puede existir la posibilidad de acordar una prórroga y aspirar a construir otros escenarios de reforma que rebasen las potestades institucionales? ¿De tener esta consulta alguna viabilidad, cual sería un plazo razonable?

Se invita a leer y analizar las respuestas en el documento adjunto:

Compartido con SURCOS por Juan Carlos Durán Castro.

Interinazgo y precarización laboral en la Universidad de Costa Rica

La Escuela de Ciencias Políticas, Kioskos y Voces y Política invitan este miércoles 30 de junio a las 5:00 pm, a conversar sobre «Interinazgo y precarización laboral en la Universidad de Costa Rica«.

Se contará con la participación de Braulio Solano Rojas del Comité de Personas Interinas de la Universidad de Costa Rica (CPIUCR) y José Antonio Mora Calderón, docente interino de la sede de Occidente y coordinador del Programa Kioscos Socioambientales. 

Puede participar mediante redes digitales o con llamada telefónica. Teléfono: 2234 3233. Radio Universidad 96.7 FM

Albino Vargas presenta a la junta directiva de la seccional del ANEP en la empresa de seguridad G4S

SURCOS comparte la siguiente información:

En el video que se encuentra al final de la nota Albino Vargas, secretario general de ANEP presenta con mucho orgullo la Junta Directiva de la seccional del ANEP en la empresa transnacional de seguridad privada G4S, Costa Rica.

Vargas, invoca a la mediación a la ministra de Trabajo Silvia Lara Poverano y el viceministro de Trabajo del área laboral Ricardo Marín Azofeifa, para resolver y hablar sobre la situación socioeconómica y laboral en la que se encuentran las personas funcionarias.

Adjuntamos el video:

¡Al Rescate de JAPDEVA!

SURCOS comparte la siguiente información:

San José, 16 de junio del 2021

Señor
Carlos Alvarado Quesada.
Presidente de la República de Costa Rica.

Estimado Señor presidente:

Nosotros, expresidentes ejecutivos, de diferentes períodos, de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA), preocupados por la situación del sector portuario del Caribe costarricense, y ante la crisis nacional y provincial de Limón, nos permitimos manifestar lo siguiente:

Durante sus primeros 57 años de vida, JAPDEVA fue una Institución robusta y autosuficiente, gracias a los ingresos que percibía de la actividad portuaria. Como suele suceder con todos los puertos del mundo, JAPDEVA tenía una amplia incidencia en todo el quehacer de la región en donde se encuentra y con la aparición de APM Terminal se denota un vacío de liderazgo en todos los asuntos comunales de la provincia. La Institución destinaba una parte importante de sus ingresos, para promover el desarrollo rápido y eficiente de la Vertiente Atlántica, generando bienestar y contribuyendo en la atención de emergencias climáticas en la región.

Señor presidente, como usted bien lo señaló en su Informe Presidencial de mayo del presente año; “El caso de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA) es complejo y da para mucho debate. Lo cierto es que al firmarse el contrato en 2012 para el funcionamiento de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM), lo que se concretó ahí fue el traslado del 84% de la carga y el 80% de los ingresos de JAPDEVA a la TCM, a cambio de un canon. Se cedió un negocio público a un privado sin una compensación portuaria adecuada, y sin garantías de mejores tarifas y mejor operación. Además, sin un plan claro de transición de JAPDEVA. Así, al iniciar operaciones la TCM en febrero 2019, JAPDEVA se topa de frente con la caída masiva de sus ingresos y manteniendo el mismo nivel de gasto.

Hoy la realidad es que las tarifas de la TCM son más caras que antes y la terminal, a dos años de su entrada en operación, está ya llegando a su saturación operativa. Como Gobierno, en representación del Estado que firmó este contrato, velaremos por su cumplimiento. Pero no podemos dejar de mencionar esta realidad. (…)” El destacado es nuestro.

A partir de lo anterior, el efecto en las condiciones financieras de la Institución, han sido desastrosas y en consecuencia, su capacidad para coadyuvar en la generación de empleo y apoyar en las condiciones socioeconómicas de sus habitantes, han sido nulas; tal y como ha ocurrido, con muchos empleadores de la zona, incluido el sector exportador y productor del país, debido al incremento en el costo de los servicios portuarios, por parte del concesionario de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM) y a todo esto, hay que agregar la tardanza de la operación en la TCM que incide en los tiempos de espera, las pérdidas de las citas previas y la formación de largas filas de furgones en la ruta 32.

La Ley N° 7404, Ley de Concesión de Obra Pública con Servicios Públicos, (LCOP), en sus Artículos 1 y 7 se indica lo siguiente: Artículo 1: “La concesión de obra pública, es el instituto jurídico de derecho público, mediante el cual, el Estado encarga a una persona, la ejecución de una obra y le transmite, temporalmente, los poderes jurídicos necesarios para que la explote, por medio del pago de una contraprestación o tarifa, que abonarán los usuarios, con la autorización, control y vigilancia de la administración, pero por cuenta y riesgo del concesionario”. Artículo 7: “La explotación del bien objeto de la concesión, se entenderá siempre para beneficio del interés público. Este propósito se cumplirá, con la prestación del servicio público, según los siguientes principios: conveniencia nacional, legalidad, generalidad, continuidad, eficiencia, adaptabilidad y justa retribución “.

De conformidad con lo establecido en la Ley LCOP, un puerto dado en concesión se construye, para plantearse un beneficio económico para el concesionario y también para el país, tanto para los usuarios del nuevo servicio, así como en lo social; es decir, el país tiene que sacar un beneficio de menores costos y mayor eficiencia.

Como usted mismo Señor presidente, muy acertadamente reconoce que, con este contrato, se cedió contractualmente una actividad económica, a cambio de una prestación no equilibrada; un negocio público, a un privado, sin una compensación adecuada, sin garantías de mejores tarifas y mejor operación.

Nosotros, preocupados por la situación de JAPDEVA y del País, coincidimos con usted, en que la relación contractual de APM no es equilibrada ni justa, situación esta, que queda reflejada con las múltiples quejas del sector exportador e importador y, a las nefastas consecuencias que se visualizan sobre las finanzas de JAPDEVA, el desempleo y la falta de fuentes de trabajo en la Provincia de Limón.

La firma de este contrato, entre APM y el Gobierno de la República, ha generado gran incertidumbre por los puestos de trabajo que han tenido y tendrán que disminuirse en JAPDEVA.

De acuerdo con las bases de la Ley de Concesión de Obra Pública con Servicios Públicos (LCOP), los principios que inspiraron a la Administración Pública a suscribir ese contrato, no se está cumpliendo y, por lo tanto, al revisar los aspectos jurídicos contenidos en la Ley General de Administración Pública, relacionados con el interés público, se corrobora, que éste debe prevalecer sobre el interés privado. El propósito del contrato no es hacer que solo el concesionario obtenga un beneficio justo, sino satisfacer el interés público del país, de los exportadores, importadores y de la población en general, mediante la obtención de una mejora sustancial en el concepto de tarifas y servicio. Tiene que darse un equilibrio entre las partes, Concesionario y Estado.

Ante tal situación y conscientes del grave daño que se le está provocando al País y a JAPDEVA como Institución, creada por ley para promover el desarrollo rápido y eficiente en la Vertiente Atlántica, teniendo a la vista los resultados ya señalados de altas tarifas e ineficiencia en el manejo portuario, todo esto relacionado en su Informe Presidencial ante el Congreso de la República, presentado el pasado primero de mayo 2021 y, por las múltiples quejas de todos los sectores usuarios de los servicios de APM y el clamor de la comunidad limonense, le solicitamos de manera muy respetuosa las siguientes acciones:

Revisión del Contrato de Concesión para un mejor equilibrio de las partes.

Iniciar de manera urgente un proceso de revisión del contrato firmado con APM, en cuanto a sus elementos económicos, financieros y técnicos, que den equilibrio a todas las partes, teniendo como prioridad satisfacer a cabalidad los aspectos relacionados con el interés público del país, que dieron origen a la necesidad de suscribir este contrato de concesión. Dicho análisis permitirá definir a ciencia cierta lo relativo al rescate de la concesión por razones de interés público en la misma vía de conclusión de su informe presidencial y de acuerdo con lo establecido por el contrato de concesión en su cláusula 18.3.1

Aplicación de Sanciones por Incumplimientos.

Señor Presidente, respetuosamente le pedimos que como miembro de la Administración Concedente Compleja del Contrato de Concesión de la TCM, instruya al señor Ministro de Transportes para que en su carácter de Presidente de la Junta Directiva del Consejo Nacional de Concesiones (CNC) proceda con la urgencia del caso a verificar el estado actual de los procesos sancionatorios (denuncias) que debe tramitar el CNC de acuerdo a las disposiciones del régimen sancionados del contrato de concesión y el artículo 137 del Reglamento de Operaciones de la Terminal de Contenedores de Moín.

Lo anterior considerando las denuncias realizadas por los empresarios y usuarios de los servicios públicos que fueron concesionados. ANEXO.

JAPDEVA debe asumir su rol en el Desarrollo de la Provincia de Limón.

Intervenir de manera urgente y tomar las acciones necesarias para estabilizar la situación económica en la Provincia de Limón y, devolver a JAPDEVA, su rol protagónico en el desarrollo de la Vertiente Atlántica, aspecto que ha venido a menos desde la entrada en operación de la APM. JAPDEVA por su parte, ha visto reducido su espacio para atender las necesidades del desarrollo en la región, debido a la pérdida de su capacidad financiera y de su impacto para generar empleo directo e indirecto. Revisar para que sea la Junta Directiva de JAPDEVA juntamente con MIDEPLAN quien en forma separada de lo portuario maneje los fondos provenientes del famoso Canon que por Ley tiene que girar APM Terminal al Gobierno de la República.

Instancia al Poder Ejecutivo.

Le solicitamos señor presidente, muy respetuosamente, que instruya a los funcionarios que corresponda, para que ante el incumplimiento en la aplicación de tarifas (elevadas) y el cronograma de construcción (no se han construido los puestos acordados) que se revise el contrato y en dicha apertura se logren los siguientes puntos:

  • Disminuya las tarifas de APM Terminals que actualmente ahogan a los exportadores.
  • Que los muelles de JAPDEVA puedan atender barcos de contenedores además de los ya pactados, esto con el fin de dar un respiro para incrementar los ingresos de JAPDEVA.
  • Que la Autoridad Portuaria se le devuelva a JAPDEVA en forma clara y definida de acuerdo con la ley.

Instancia a la Junta Directiva de JAPDEVA.

  • Para que JAPDEVA actualice el Máster Plan de sus puertos tanto de Limón como el de Moín.
  • Que con las nuevas proyecciones de atención a buques establezca los Programas de Ingresos y Egresos para que la Institución como tal, logre un punto de equilibrio propio y sea autosuficiente sin tener que apalancarse con el presupuesto del Poder Central.
  • Que JAPDEVA acelere los estudios, planes y programas de los muelles para atender cruceros y la marina.

Con todo respeto, atentamente,

JOSE MANUEL AGUERO ECHEVERRIA (siguen más firmas de otras personas que han ocupado la presidencia ejecutiva, pueden verse en el documento para descargar).

ANEXO

Los representantes de las cámaras de exportadores y navieras están de acuerdo con el reciente castigo que impuso el MOPT a APM Terminals; sin embargo, esperan que a futuro se impongan más, por los constantes problemas operativos de la megaterminal. https://semanariouniversidad.com/pais/empresarios-piden-mas-sanciones-por-ineficiencia-de-apm-terminals/

Exportadores critican tarifas y fragilidad en servicios de APM Terminals. https://semanariouniversidad.com/pais/exportadores-critican-tarifas-y-fragilidad-en-servicios-de-apm-terminals/

Carlos Alvarado pide evaluar gestión de APM Terminals https://www.larepublica.net/noticia/carlos-alvarado-pide-evaluar-gestion-de-apm-terminals

Exportadores y navieros piden sanciones contra APM Terminals. https://www.multimedios.cr/nacional/video-exportadores-y-navieros-piden-sanciones-contra-apm-terminals

Adjuntamos el documento oficial:

Movimiento Estudiantil convoca a una manifestación en contra del proyecto de Ley Marco de Empleo Público

El Consejo Superior Estudiantil, en conjunto con las representaciones estudiantiles en el Consejo Universitario de la UCR, ha convocado a una manifestación en contra del proyecto de Ley marco de empleo público, recientemente aprobado en primer debate. Esta se llevará a cabo a partir de las 10:00 a.m. en la Plaza de la Cultura el lunes 28 de junio de 2021.

El rector da permiso para que los estudiantes asistan, y reitera el llamado a participar activamente en la discusión sobre el proyecto de ley y sus implicaciones con el Estado Social de Derecho. Se insta al cuerpo docente a compartir la información con sus estudiantes y hacerles partícipes de esta discusión.

Informe de Trino Barrantes, secretario general SINDEU en el periodo de: Julio 2020-Junio 2021

SURCOS comparte la siguiente información:

El informe de labores del secretario general SINDEU plantea algunos puntos introductorios importantes:

El primero hace referencia a cuestiones más coyunturales en materia política, por lo que se expone la situación de gravedad que vive Costa Rica, en aspectos económicos y de recaudación fiscal debido al dominio imperialista de prácticamente todas las esferas de la actividad financiera, productiva y comercial. La burguesía dominante y el gobierno que la representa tienden al sometimiento absoluto a los intereses foráneos fondomonetaristas, la Organización del Comercio y hoy a las restricciones y requerimientos que le impone la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

El segundo, refiere a las conquistas (leyes) laborales están en peligro:

Y aquí se plantea todos los atrevimientos del gobierno hacia la historia de las conquistas sociales, con la prohibición de las huelgas, exigencias de reducciones de jornadas y el arrebato de pensiones.

El último, expone el Proyecto Ley Marco de Empleo Público (N° 21.336) y las implicaciones que tiene para la clase trabajadora la aprobación de este proyecto.

Le invitamos a conocer el informe completo y a difundir:

Observe el Foro: El futuro de los sindicatos en Costa Rica

El pasado 21 de junio se realizó el foro virtual “El futuro de los sindicatos en Costa Rica” que contó con la participación de:

  • Rodrigo Aguilar Arce
  • José María Villalta Flores
  • Máster Rocío Alfaro Molina
  • Moderadora: Licda. Sandra Ríos Abarca

En el espacio se abordaron temas como el origen del sector sindical, la situación laboral del país, la informalidad del mercado en Centroamérica, el papel del sector público, sector sindical en el ámbito privado, entre otros.

Usted puede ver la actividad completa haciendo click aquí

Comisión Costarricense de Técnicos en Belleza solicita prórroga al ministro de Salud ante solicitud de requisitos

La Comisión Costarricense de Técnicos en Belleza (CCTB) envió el pasado 17 de mayo una nota al ministro de Salud, Daniel Salas, las y los diputados de la Asamblea Legislativa para solicitar una prórroga ante los requisitos que estipula el DECRETO N° 42942, sin embargo, a la fecha no cuentan con respuesta.

Este decreto establece que en necesario: “Certificado de salud extendido por un médico incorporado al Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, de cada una de las personas que laboran en el establecimiento. Dicho certificado debe ser presentado en la solicitud de Permiso Sanitario de Funcionamiento por primera vez y renovación”.

El decreto y sus requisitos se encuentra respaldado por la Ley General de Salud N°5395.

Por ello el sector del cuidado bienestar e imagen personal conformado por: estilistas, barberos, manicuristas, lashistas, micropigmentadores, maquillistas, entre otros. Ha solicitado la prórroga amparados en que este sector ha sido uno de los afectados a gran medida por la situación del COVID-19. Así como el costo de la certificación médica requerida que ronda entre los 40.000 y 60.000 colones.

Además, de extender la prórroga en cuanto a la presentación de los requisitos, hasta que la Asamblea Legislativa modifique la Ley N° 5395. Y mientras se trabaja el expediente 22511 que la diputada Nilsen presento en Asamblea Legislativa.

El sector considera que la demora de la respuesta genera afectaciones al sector del cuidado, bienestar e imagen personal.

 

Compartido con SURCOS por Michelle Ruiz Lacayo.