Hoy hace 25 años se firmó la Ley de Protección al Trabajador, sin lugar a duda un hito histórico en nuestro país. Esta normativa vino a impactar positivamente nuestro sistema de pensiones.
La construcción de esta ley fue producto de un diáfano proceso de diálogo y concertación de sectores sociales y productivos con actores políticos nacionales, que coincidieron en una conquista de grandes proporciones, cuyos beneficios son significativos para el bienestar de las personas trabajadoras una vez que asumen su jubilación.
El Banco Popular y de Desarrollo Comunal dio un paso al frente provisionando recursos para su implementación y hoy más que nunca la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras se mantiene alerta y en actitud responsable velando por la sostenibilidad y la gestión responsable de nuestras pensiones.
Desde el gobierno neoliberal anterior se viene impulsando una durísima política de austeridad presupuestaria, que ha sido profundizada por el gobierno de Rodrigo Chaves, dicha política es el nefasto resultado de acuerdos con el Fondo Monetario Internacional FMI.
Los resultados de estos acuerdos provocan un crecimiento acelerado de la exorbitante deuda del Estado con la CCSS de ¢4 billones (¢4.000 millones de millones); mientras que el pago de intereses de la deuda en 2024 fue del 4,83% del PIB, el más alto en 19 años; una deuda agudizada por la actual administración que sabotea la institución y le impide cumplir plenamente con sus funciones, la reducción de presupuesto a la educación pública, el más bajo en 25 años; afectando comedores escolares, inversión en infraestructuras educativas colapsadas, suspensión de becas, subsidios de transporte y otros, el desmantelamiento de los programas de ayuda social del IMAS y desaparición de programas especiales, disminución de recursos en programas para jefas de hogar y más.
Las duras restricciones presupuestarias a los ministerios e instituciones autónomas que obliga la Regla Fiscal establecida en la Ley 9635, están provocando un grave deterioro por un lado en la calidad y cobertura de los servicios públicos y por otro, en el rol y papel del Estado en cuanto a su función social Constitucional.
El interés de los grupos de poder económico es la reducción del Estado a su mínima expresión, la privatización de servicios fundamentales como la educación, la salud pública, la electricidad y telecomunicaciones, los seguros, entre otros, y la venta de activos estatales, para hacer negocios privados con la totalidad de nuestra institucionalidad pública.
Las Leyes de Finanzas Públicas y Empleo Público han empeorado las condiciones laborales en el sector público, generando precarización salarial y laboral para miles de trabajadores y sus familias, incluso con un retroceso en el ingreso real del 20%, en relación con los niveles prepandémicos. En el sector privado se profundizan no sólo los niveles de explotación laboral, sino los paupérrimos salarios.
El ejercicio de la actividad sindical, pese a ser un Derecho Humano Fundamental y estar establecido en la legislación y Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha sido severamente violentado, se acentúa la persecución sindical y el irrespeto a la libertad de sindicalización, se limita el derecho a la negociación colectiva de los y las trabajadoras de los sectores público y privado.
El actual gobierno en lugar de buscar solucionar los grandes problemas que afectan al pueblo costarricense ataca y agrede las voces de sectores populares pretendiendo acallarlas; lo anterior en un contexto de aumento de costo de vida, de la violencia e inseguridad, objeto de los preceptos del capitalismo salvaje.
El escenario preelectoral 2026 ya entró en acción, con partidos políticos que quieren profundizar la línea neoliberal de desmantelamiento del Estado y de peores condiciones para el pueblo. El PLN, el PUSC, el PAC los libertarios, los neopentecostales y el gobierno de Rodrigo Chaves no tienen diferencias ideológicas.
Se requiere un cambio radical de alternativas políticas, que realmente ponga en primer lugar las necesidades de los sectores populares, recupere el rol del Estado como redistribuidor de riqueza, garantice seguridad y paz a la ciudadanía, defienda la soberanía nacional y actúe realmente en proteger los intereses nacionales por encima de los privados.
El Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense llama a impulsar un gran encuentro nacional de sectores sociales populares y sindicales, para el diseño de una estrategia de lucha por la defensa de los derechos de la clase trabajadora, por condiciones de vida dignas para nuestro pueblo, por una educación y salud públicas de calidad, por políticas públicas que den respaldo efectivo a nuestros agricultores, que les permita conservar su derecho a la tierra y apoyo mediante condiciones crediticias y subsidios que garanticen nuestra soberanía alimentaria, por políticas de respaldo a los pequeños y medianos empresarios entre otras grandes necesidades que han sido desatendidas, pese a las demagógicas promesas de campaña.
Es importante unir esfuerzos por políticas efectivas de protección del medio ambiente, contra la privatización del agua, de nuestras playas y zonas costeras y contra la gentrificación en nuestras comunidades, por un verdadero combate a la corrupción político-empresarial, contra las políticas que favorecen la evasión y el fraude fiscal que según el último dato del Ministerio de Hacienda del 2021 representa el 5.66% del PIB (2.94% IVA y 2.72% Renta) en Renta el 63% de ese fraude es empresarial, las personas físicas con actividad lucrativa representan el 30% y los asalariados y pensionados sólo representan el 6.25%, cada uno de estos puntos del PIB representa aproximadamente 350.000 millones de colones al año, por lo este porcentaje 5.6% del PIB, son 2 billones de colones (2 mil millones de millones de colones de impuestos que se dejan los evasores).
Para enfrentar a las actuales élites que controlan el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, se requiere de la más amplia y diversa unidad social y popular, que nos permita construir un camino diferente que garantice inclusión, la justicia social, la distribución de la riqueza, la equidad social en beneficio y bienestar de las familias costarricenses.
Para enfrentar a las actuales élites que controlan el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial se requiere de la más amplia y diversa unidad social y popular, que nos permita construir un camino diferente que garantice inclusión, la justicia social, la distribución de la riqueza, la equidad social en beneficio y bienestar de las familias costarricenses.
La ATTBPDC convocó a representantes de los sectores sociales a una jornada de análisis con el propósito de informar y adoptar las medidas que se juzguen pertinentes ante las intenciones de introducir la reforma de los fondos generacionales.
El foro conto con la asistencia de diversos sectores sociales y productivos de Costa Rica, incluyendo sindicatos del Magisterio, CCSS, solidaristas, representantes del sector cooperativo, colegios profesionales, artesanos y dirigentes comunales, entre otros.
La Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal (ATTBPDC), reafirma su compromiso con la defensa de los derechos e intereses de las personas trabajadoras costarricenses y expresa su firme oposición a la pronta implementación de la reforma del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP), conocida como Fondos Generacionales.
Durante la reciente actividad organizada por la Asamblea, titulada «¿Qué deben saber las personas trabajadoras sobre esta metodología de gestión de inversiones para el ROP?», líderes de diversos sectores, expertos en la materia y representantes de la sociedad civil expusieron sus preocupaciones sobre las implicaciones de esta reforma, dejando los siguientes cuestionamientos:
Posibles irregularidades legales: Existen dudas sobre si el CONASSIF y la SUPEN están extralimitando sus funciones al imponer restricciones a las libertades y derechos de terceros mediante un reglamento. Esto abre la posibilidad de que los Fondos Generacionales sean ilegales.
Ausencia de estudios técnicos y legales: El CONASSIF ha admitido que no dispone de estudios técnicos ni legales que respalden esta metodología. A pesar de ello, ha decidido avanzar con su implementación, generando incertidumbre y riesgo para los trabajadores.
Falta de transparencia y legitimidad social: Las personas trabajadoras y sus organizaciones no han recibido información clara y completa sobre los riesgos y posibles consecuencias de esta reforma.
¿Quién se beneficia realmente? Es crucial responder a la pregunta: ¿Quién gana y quién pierde con esta reforma? La urgencia con la que se pretende implementar en abril, a pesar de las dudas razonables expresadas, genera sospechas sobre los verdaderos intereses detrás de esta decisión.
En la jornada participaron como expositores: Roger Porras Rojas, gerente general de Popular Pensiones; Juan Antonio Vargas Guillén, representante de la ATTBPDC ante el CONASSIF; Alejandro Solórzano Mena, experto en temas de pensiones; Melizandro Quirós Araya, consultor financiero; Vivian Rodríguez Araya, presidenta de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras.
En la charla impartida por el profesor Gerardo Castillo durante el acto de fundación del Instituto Sindical de Formación Democrática se abordó un tema de gran relevancia: la estrategia mediática que domina la política actual.
Este enfoque comunicacional ha generado preocupación por sus consecuencias negativas, especialmente para la sociedad y los trabajadores. Según el profesor Castillo, se trata de un modelo que ha sido implementado en diversos países con efectos perjudiciales, señalando como ejemplos emblemáticos a Donald Trump en Estados Unidos, Jair Bolsonaro en Brasil y Javier Milei en Argentina. Asimismo, destacó cómo esta estrategia ha sido replicada en Costa Rica por el gobierno de Rodrigo Chaves.
¿En qué consiste esta estrategia?
El modelo comunicativo descrito se basa en varias tácticas claves:
1. Satisfacción y polarización:
– Inundar el espacio público con mensajes constantes y repetitivos.
– Dividir a la sociedad en grupos antagónicos, presentando una lucha entre buenos y malos.
– Fomentar un clima de confrontación mediante insultos, descalificaciones y burlas.
2. Uso del lenguaje provocador:
– Apelar a la emoción del público mediante un lenguaje soez y burlesco.
– Generar la sensación de cercanía con los simpatizantes al mostrarse anti-establishment o en contra de las elites tradicionales.
– Utilizar la política como espectáculo.
-Transformar el debate político en un show de masas, restándole profundidad y seriedad.
– Desvirtuar la función educativa de la política, sustituyéndola por un enfoque basado en el entretenimiento circense y la provocación.
3. Manipulación mediática y desinformación:
– Uso intensivo de redes sociales para saturar con mensajes simplificados, eslóganes y denuncias sin pruebas.
– Difusión sistemática de noticias falsas y tergiversadas para influir en la opinión pública.
– Empleo de troles para amplificar ciertos discursos y desacreditar a adversarios.
4. Control de la agenda informativa:
– Organización de conferencias de prensa en las que sólo participan periodistas afines, garantizando que las preguntas sean acordes a los intereses del gobernante.
– Uso de los medios oficiales como herramientas de propaganda en lugar de instrumentos de transparencia y rendición de cuentas.
Conclusión
El uso de estas estrategias mediáticas representa un desafío para la democracia y el ejercicio ciudadano informado. Lejos de promover un debate enriquecedor, buscan polarizar la sociedad, manipular la percepción pública y consolidar liderazgos autoritarios. Frente a esta realidad, es fundamental fortalecer el pensamiento crítico, exigir transparencia y promover un periodismo independiente que actúe como contrapeso ante la manipulación, el engaño y la mentira. La democracia está en peligro y debemos actuar.
La Asociación de Cotizantes, Jubilados y Pensionados del Magisterio Nacional y el Movimiento Magisterial por una Pensión Digna enviaron una carta funcionarios de la Superintendencia de Pensiones, en la cual solicitan hacer pública la información recabada en la matriz, generada por todos los participantes durante el proceso de la Mesa de Diálogo Social promovida por SUPEN, la cual se realizó durante los meses de julio a diciembre del 2024.
Para la solicitud las organizaciones se basan en los artículos de la Constitución Políticas que tutelan la participación ciudadana, la rendición de cuentas. Asimismo, se indica en la nota otros artículos de la Carta Magna que respaldan a las organizaciones que presentan el documento.
Le invitamos a leer el documento.
3 de febrero del 2025
Señores Adrián Pacheco Umaña, Intendente Mauricio Soto Rodríguez, Director de División Superintendencia de Pensiones
Presente
Estimados señores:
La Asociación de Cotizantes, Jubilados y Pensionados del Magisterio Nacional y el Movimiento Magisterial por una Pensión Digna, en cumplimiento del mandato constitucional establecido en los artículos 9 sobre la participación ciudadana en la toma de decisiones en las políticas públicas y el artículo 11 sobre la rendición de cuentas de los funcionarios públicos y la evaluación de los resultados, requerimos que en aras de la transparencia y porque así lo demanda nuestra Constitución Política, se haga pública la información recabada en la matriz, generada por todos los participantes durante el proceso de la Mesa de Diálogo Social promovida por SUPEN, la cual se realizó durante los meses de julio a diciembre del 2024.
Nuestra organización tuvo una participación activa desde el momento que se nos permitió ingresar a la mesa como ciudadanos, cotizantes, jubilados y pensionados, parte sumamente interesada en el proceso que se estaba llevando a cabo por ser los propietarios de los fondos de pensiones, por lo que presentamos una propuesta construida dentro del marco constitucional y los derechos humanos inalienables, con la característica de ser cuantificable y contando con la asesoría de especialistas en economía, sociología, derecho y administración pública.
De tal manera que, siendo los legítimos dueños de los fondos que administra JUPEMA y supervisa SUPEN estamos muy preocupados de que no se haya “presentado al país”, tal y como anunciaron a lo largo de las reuniones, el resultado del supra citado proceso sobre todas las propuestas presentadas para que tengamos la posibilidad, como propietarios de los fondos, de hacer la evaluación respectiva sobre esos resultados, según se establece en el artículo 11 de nuestra Carta Magna.
Les reiteramos que los fondos de pensiones son propiedad privada, pertenecen a los cotizantes, jubilados y pensionados, no se pueden tomar decisiones sin consultar a los legítimos dueños de los mismos. De tal manera, que cualquier decisión que se haya tomado sin consultar y ni siquiera comunicar pierde totalmente legitimidad y es inconstitucional (art. 45 C.P.).
No omitimos manifestar que la metodología empleada en dicha Mesa de Diálogo Social fue creada al margen de la Constitución Política, es antidemocrática y falta de transparencia, tan es así que en realidad no hubo un espacio de discusión para poder afirmar que había debate de ideas, y muy poco espacio para hacer preguntas. Por lo que no se permitía el disenso, pero tampoco hubo consensos.
No existió una grabación de lo que allí se presentó, ni una minuta que reflejara todo lo que se trató, pues era responsabilidad de cada participante el grabar sus intervenciones y enviarlas entrecomilladas para que se publicara en la misma. Esta metodología coartó totalmente el derecho a recibir la información de lo que se dijo de manera textual y el derecho a votar y ser votado. Esto hace que no tenga validez ni legitimidad todo el proceso.
Es excluyente y discriminatoria (art.33 C.P.) porque no todos los participantes fueron tratados como miembros de la mesa, sino que algunos fuimos relegados a un panel de observadores, siendo parte totalmente interesada por ser los propietarios del patrimonio sobre el cual se está decidiendo.
En dicha metodología no había congruencia ni con el mandato constitucional ni con lo estipulado por los ODS de la Agenda 2030, tampoco con lo que se habló desde un inicio sobre la inclusión de los diferentes actores, más bien parece que lo que prevalecía era la afinidad hacia ciertos intereses particulares que excluiría a todos aquellos que no coincidieran en la forma de cómo se están manejando los fondos para beneficiar a terceros.
Por otro lado, igual de grave, es que no se haya presentado en enero ante “el país”, como lo afirmaron y lo plasmaron en la sección de Diálogo Social de la página de SUPEN, el resultado final de dicha mesa, la cual consumió recursos que pagamos todos los trabajadores por medio de las instituciones que administran los fondos. Esto es una violación a los derechos de todos trabajadores que cotizan para los diferentes regímenes y un irrespeto total al mandato constitucional.
Por tanto, requerimos que sean presentados de manera pública y a la brevedad posible, los resultados y las métricas empleadas para evaluar las propuestas presentadas durante el proceso de la Mesa de Diálogo realizada en SUPEN, así como el nivel de cumplimiento de los objetivos para los cual se creó ésta.
Quedamos a la espera de una pronta respuesta según el plazo establecido por la normativa
Sala de Operaciones en reunión el día 4 de febrero con la presencia de la Dirección Médica, Dirección de enfermería y UNDECA, conflicto de cirugías diferidas ya que existen diferencias salariales muy grandes entre los grupos ocupacionales lo cual genera una disconformidad en las partes, circulantes y auxiliares de quirófano.
Dirigentes de UNDECA, con trabajadores, buscan solución a este problemática, ya que, además, cargan con un congelamiento salarial de más de 5 años, lo que, ante el alto costo de vida, perjudica seriamente a las familias.
La misma situación enfrentan los trabajadores del Hospital México, y también analizan unirse al Calderón Guardia para enfrentar esto en conjunto.
La Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, manifiesta su profunda preocupación por la reforma aprobada en diciembre de 2023 conocida como “Fondos Generacionales del ROP”.
La ANEP y el SITRAP presentaron ante la Asamblea General del SITRAP, el trabajo que se ha venido realizando con la Unión Europea para implementar en la región la Ley de la Debida Diligencia y la cadena de valor, que busca mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y su relación con las empresas productoras y distribuidoras de la piña y el banano.
SURCOS le invita a ver el video para conocer en detalle este proceso.
