Tan humanos como vos: choferes de RECOPE apoyan a asistentes de pacientes CCSS
En medio de la pandemia 10 choferes de Recope distribuyen, junto con asistentes de pacientes, medicamentos a asegurados de la provincia de San José y Limón.
Tras que deben, cobran. Aclaraciones de SINTRAJAP
Comunicado:
Para trabajadores, ex trabajadores de JAPDEVA, afiliados a SINTRAJAP y población en general:
Lamentable, si muy lamentable la actitud y la actuación de la Presidencia Ejecutiva y parte de la Administración de JAPDEVA, que intenta lavarse las manos y desviar la atención de la crisis y torta que ellos mismos han creado y que al parecer los está superando. Con un cinismo insuperable pretenden hacerle creer a los trabajadores y a la población en general que SINTRAJAP es responsable por los errores que ellos han cometido. Por eso decimos prohibido olvidar.
Es importante recordar las responsabilidades de cada parte, para no caer en las trampas de comunicación que utilizan para confundirnos. La responsabilidad de lo bueno o lo malo que le pase a JAPDEVA, por una buena o mala administración es de ellos, los que han llevado a JAPDEVA a la triste realidad que hoy vive, han sido ellos, los gobiernos y los administradores que pusieron ellos para sacar la institución adelante. A SINTRAJAP le corresponde organizar a los trabajadores para defender sus intereses y sus derechos y para lograr esto puede y debe utilizar todos los recursos legales que permite la democracia y el estado social de derecho que nos regula.
SINTRAJAP con el fin de colaborar y por tratar de impedir que los administradores de turno cometan abusos ha dado luchas, ha presentado muchas denuncias en los tribunales intentando impedir violaciones a la ley que perjudiquen a los trabajadores, a JAPDEVA, a Limón y a la patria. SINTRAJAP ha presentado propuestas que a nuestro criterio pueden ayudar a la administración a mejorar su gestión, algunas cosas se han aplicado otras no. Todo ese esfuerzo ha tenido un alto costo mediático, político y económico para la organización. Sabemos que esta lucha le arde a los político-empresarios que gobiernan el país y no lo perdonan, pero continuará mientras sea necesario y la ley lo permita.
El Presidente de la Republica actual dijo públicamente que todos estos cambios se harían sin provocar desempleo o perjudicar a JAPDEVA, hay actas firmadas por el gobierno y administradores donde se acuerda respetar los salarios y los empleos, existen medidas cautelares acogidas por los tribunales que les recuerdan a los administradores que los trabajadores tenemos derechos.
No sabemos por qué nos tocó estar aquí en estos momentos al frente de la organización, pero le damos gracias a Dios por permitirnos llevar esta responsabilidad sobre nuestros hombros y le pedimos que nos siga iluminado para tratar de hacer lo correcto.
JAPDEVA tiene obligaciones legales con los trabajadores, la provincia y el país y no los está cumpliendo, si los que administran no están en capacidad de sacar la tarea, es mejor que lo reconozcan y le permitan a otros hacerlo, porque necesitamos sacar la institución adelante a pesar de todo el daño que le han provocado.
Lic. Antonio Wells Medina, Secretario General
Fedrick Patterson Bent, Secretario General Adjunto
Ministerio Público debe investigar a las empresas piñeras clausuradas
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Delitos como trata de personas, incumplimiento culposo y propagación de epidemia habrían cometido supuestamente estas empresas al exponer al COVID-19 a sus trabajadores y trabajadoras
(Fecon, 17-06-2020.) Una de las formas más grave de explotación laboral es poner en riesgo la vida de sus trabajadores y trabajadoras, aún a sabiendas por parte de la empresa que estas corren peligro. Es por esta razón que las 9 empresas piñeras cerradas esta semana deben de ser investigadas por la Fiscalía para sentar las responsabilidades de manera clara.
Según el Sindicato de Trabajadores de Sector Privado (SITRASEP): “Exportaciones Norteñas es socia de CANAPEP y ha sido fuertemente cuestionada desde el año 2015 por mantener a centenares de trabajadores en condiciones de semiesclavitud y sostener una fuerte política antisindical”.
Uno se los casos que más trascendió fue la empresa Exportaciones Norteñas S.A. en Santa Fe de Los Chiles fue clausurada este miércoles por personeros del Ministerio de Salud debido a la detección de un brote de al menos 21 trabajadores contagiados con Covid-19.
Para Dany Villalobos, presidente de la FECON, “esta situación es preocupante debido a que las empresas piñeras parecen haber actuado de mala fe y cometiendo el delito de dolo al poner en riesgo a todos sus empleados, a la luz del artículo 127 del Código Penal. Es ampliamente sabido que el sector agroindustrial ha sido reacio a seguir las indicaciones del Ministerio de Salud dictadas a raíz de la pandemia”.
Además “en las últimas semanas las organizaciones empresariales como CANAPEP y CADEXCO insistieron al Gobierno de la República flexibilizar las disposiciones con el único objetivo de continuar acumulando ganancias por encima de la salud de trabajadores y poblaciones rurales”. Señaló Villalobos.
“Desde la Federación Ecologista nos unimos al reclamo de diversos sectores para que Ministerio Público de levante una investigación para esclarecer esta situación”, señaló el presidente de la FECON.
Sin ruta para reactivar economía y generar empleo
“No hay una hoja de ruta que permita visualizar la reactivación económica para generar empleo”.
Así lo considera Lenin Hernández Secretario General del Sindicato Nacional de Enfermería y Afines al referirse a la tasa de desempleo del 15,7%.
Además, cuestionó que el presidente Alvarado “se lavara las manos diciendo que el Estado no es el que genera puestos de trabajo”.
Según el dirigente sindical el Estado tiene la obligación de generar políticas que promuevan el emprendedurismo para evitar que sean las grandes empresas las que dominen los mercados.
Imagen ilustrativa.
SEC: «No más persecución al sector público»
El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense SEC, hace un llamado al Poder Ejecutivo, Asamblea Legislativa, sector empresarial y a las esferas políticas del país, para que detengan de una vez por todas los ataques y persecución al sector público.
Nuestra clase trabajadora ha tomado con la mayor comprensión y solidaridad la difícil situación que vive Costa Rica y somos del criterio de que debe haber un diálogo serio y responsable con los diversos sectores de la sociedad para que juntos busquemos las salidas más apropiadas y justas a esta crisis, la cual no se resuelve con desestabilizar a las familias de las empleadas y empleados públicos, muchas de ellas hoy afrontan el despido de sus familiares o la reducción de sus jornadas, afectando sus presupuestos para vivir.
Al Sector Público le han recargado el costo de esta crisis injustamente; nos eliminan el aumento por costo de vida del 2020 además igualmente no realizarán ningún aumento por los próximos cuatro años, tampoco pagan la anualidad 2019 y aún pretenden eliminar las del 2020, 2021, 2022 y para rematar, como no pudieron eliminar el pago del Salario Escolar proponen meterle un impuesto al mismo.
Lamentamos que estas acciones se presenten por presión de la UCCAEP y algunos políticos que se escudan en la crisis para seguir protegiendo y amasando sus ganancias. Estos mismos grupos empresariales, han logrado que el Gobierno flexibilice las medidas sanitarias, lo que ha provocado el aumento en los casos de contagio en muchas regiones.
Aprovechamos este momento para expresar nuestro criterio de que en esta crisis lo fundamental es proteger la salud y la vida de las personas, por lo que el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación deben valorar lo que está sucediendo para tomar las decisiones correctas con la continuidad del curso lectivo, en donde PRIMERO ESTÁ LA VIDA
Por todo lo anterior consideramos abusivas todas esas acciones que se nos pretenden imponer, puesto que tenemos muy claro que se pueden buscar soluciones sin afectar a la clase trabajadora, con medidas inmediatas para optar por acciones urgentes que dinamicen la economía y generen empleos, además de reducir la pobreza.
Todas y todos debemos aportar conscientemente, pero de manera proporcional a las condiciones de cada quien, consideramos que el Sector Público ya lo ha dado todo y no aguanta más cargas injustas. Exijan a quienes no han cumplido con sus responsabilidades y tienen en decadencia la economía nacional.
Con falsedades intentan apropiarse de la historia del país
Dr. Mario Hidalgo González*
La UCCAEP, asesorada por economistas, envía el 25 de enero 2020, una carta al presidente de la República denominada Un pacto por el empleo, fundamentada en varias falsedades con las cuales trata de apropiarse de la historia del país.
Afirman que “pequeños, medianos y grandes empresarios carecen de privilegios”. Falso. Los grandes empresarios han disfrutado de privilegios financieros, hacendarios y jurídicos. Recordemos la amnistía tributaria última, que pretende reducir deuda y morosidad, significó que empresas como Standard Fruit Company, Durman Esquivel, Veinsa, Florida, Café El rey y varias otras se ahorraron más de lo que pagaron. Son grandes empresas que durante un tiempo incumplieron con el Estado.
Declaran que llevan “200 años de producir libertad”. Falso. Los grados de libertad de la sociedad costarricense se han obtenido, en gran medida, por el esfuerzo y sacrificio de los trabajadores, en particular, los educadores. Basta recordar la jornada laboral de ocho horas. Y esto es válido aquí como en otros países. La Revolución Francesa estableció la libertad de tránsito y la igualdad ante la ley. Por supuesto, con fines de desplazar mano de obra del campo hacia las ciudades en donde se desarrolla el capitalismo industrial, pero aún así son grados mayores de libertad.
Consideran que debemos “dejar de presentar en la imaginación de los costarricenses un país dividido entre productores y ambientalistas, pequeños contra grandes, exitosos y fracasados, funcionarios enfrentados a trabajadores privados”. Falso, Han sido ellos quienes han promovido, financiado y diseñado una política de confrontación y divisionismo. Para la manifestación en contra de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas el ejecutivo, a través de un ministro, se refirió a los manifestantes como cuatro gatos. En verdad, los manifestantes fueron entre 800 mil y 1 millón de personas.
Denigraron a los participantes en la manifestación tratándolos de animales, dicho esto con el debido respeto a los gatos. El periódico que los avala declaró que eran unos irresponsables, y otros tantos descalificativos utilizados por los diputados, y las televisoras. El expresidente Miguel A. Rodríguez clamaba desde La República que se descontaran del salario los días no trabajados por la huelga.
Ellos inventan el estigma de pensionados de lujo, tratando de producir una división entre los educadores jubilados y la sociedad costarricense.
Continúan diciendo que debe existir responsabilidad en el sector público “especialmente en aquellas instituciones financiadas con nuestros impuestos”. Doble falsedad. Hay muchos trabajadores públicos altamente responsables, conscientes de la necesidad de hacer un trabajo de calidad. Y el financiamiento de estas instituciones también es de todos sean del sector público, privado o mixto. Un trabajador paga cualquier cantidad de impuestos. Falta espacio para enumerarlos. Si alguien desea conocer cómo se ejerce el dominio y explotación de los trabajadores basta con revisar la estructura impositiva.
Instan a los empleados públicos a cumplir “con las leyes y sus reglamentos”. ¿Quiénes son los evasores, elusores y los que se apropian indebidamente de miles de millones en las aduanas? ¿Yanber es de los trabajadores públicos? ¿Aldesa es de los trabajadores públicos? De nuevo falta espacio para enumerar.
Dicen que los empresarios han “sostenido al Estado costarricense desde las mismas bases desde el primer día de la independencia”. Falso. Ha sido la sociedad plena la que ha acordado un contrato social basado en la Constitución. De paso, y brincándome años de historia, Juan Santamaría ¿era empresario?
Agregan que gracias a ellos fue posible “dejar atrás el sistema colonial para ingresar al mundo moderno”. Debido al tamaño de esta falsedad prefiero remitir la respuesta al Estudio sobre economía costarricense de Rodrigo Facio, y a los cuatro volúmenes de Historia económica de Costa Rica, editado por la ECR. Los economistas asesores de la UCCAEP nunca leyeron sobre historia económica de Costa Rica y Centroamérica.
¡Costarricense: la UCCAEP y La Nación mienten!
* Economista y sociólogo
10-06-2020
Imagen ilustrativa.
Sindicalismo convoca a reunión general
SURCOS recibió este comunicado de parte de SITRAHSAN y de la CGT:
“CONVOCAMOS URGENTEMENTE A REUNIÓN JUEVES 25 DE JUNIO, 9AM EN CENTRO DE CONVENCIONES DE ANDE
Sector Sindical se organiza contra políticas agresivas del Gobierno de la República y Cámaras Empresariales aprovechando la PANDEMIA COVID-19 contra la clase trabajadora y el pueblo costarricense.
Organizaciones Sindicales
Asociación Nacional de Educadores (ANDE)
Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE)
Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN)- SEC
Central General de Trabajadores (CGT-Costa Rica)
Central del Movimiento de Trabajadores Costarricenses (CMTC)
Sindicato SITECO
Sindicato SITRAA
Sindicato SITRAHSAN
Sindicato SIFUPCR
Sindicato SEPI
Debemos seguir los protocolos del Ministerio de Salud por lo que será de la siguiente manera:
2 representante por central sindical: CSJMP-ANEP, CMTC, CGT, CUT, CCTD, CTRN.
2 representantes por magisterio, ANDE, APSE, SEC.
1 representante por educación: ADEM, SINPAE, SINAPRO, USEPA
5 representantes del BUSSCO
1 representante Federación FETSALUD
2 representantes Frente de Organizaciones Laborales Poder Judicial
La capacidad según el Ministerio de Salud debe de ser del 50% por lo que se registrará únicamente asistencia al correo: comisión.nssp@gmail.com, para poder participar.
CONTACTO DE ORGANIZACIÓN:
Gilberto Cascante Montero, celular 8817-8181, Asociación Nacional de Educadores (ANDE)
Zaray Esquivel Molina, celular 8722-2442, Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE)
Edgardo Morales Romero, celular 8336-8405, Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN)- SEC
Mario Rodríguez Bonilla, celular 7105-2587, Central General de Trabajadores (CGT-Costa Rica)
Olman Chinchilla Hernández, celular 8845-6406, Central del Movimiento de Trabajadores Costarricenses (CMTC)
Xiomara Rojas Sánchez, celular 8380-1770, Sindicato SITECO
Miguel Ureña, celular 8704-8936, Sindicato SITRAHSAN
Oscar Cruz Morales, celular 8843-9382, Sindicato SIFUPCR
Carlos Cabezas Mora, celular 8840-4231, Sindicato SEPI
Foto con fines ilustrativos.
Sea parte de SURCOS:
https://surcosdigital.com/suscribirse/
Piden a ministra de Trabajo protección para sindicalistas de APM y Rada Maersk
La Confederación de Trabajadores Rerum Novarum solicitó a la ministra de Trabajo, Geannina Dinarte Romero, que se active la protección para la dirigenvia del recién constituido Sindicato Costarricense de la Industria del Transporte y Afines (SCITA).
Una nota firmada por el secretario general de la CTRN, Mario Rojas Vílchez, señala:
“El pasado 7 de junio de 2020, se constituyó el Sindicato Costarricense de la Industria del Transporte y Afines (SCITA), que lo conforman trabajadores de AMP Terminals y Rada Maersk, entre otras empresas”.
“El sindicato, desde su Asamblea Constitutiva tomó la decisión de afiliarse a la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN), por lo que desde ya solicitamos al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social realizar su inmediata inscripción y a su vez autorizarles a sus constituyentes el fuero de protección sindical establecido en la legislación nacional y los convenios 87 y 98 de la OIT”.
El secretario general del Sindicato Costarricense de la Industria del Transporte y Afines (SCITA), Leslie Azofeifa Quintana, explica en este video la situación que viven en su lucha por asegurar sus derechos laborales:
Explotación laboral en plantaciones agroindustriales agrava impactos de COVID-19
Proponemos la instalación de espacio multisectorial para construir una estrategia de intervención inmediata bajo un enfoque humanitario y de Derechos Humanos.
Asociación de Derechos Comunitarios Coordinadora Norte Tierra y Libertad.
Martes 9 de junio del 2020.
La situación de la pandemia por el COVID 19 en Costa Rica -que en este momento supone una segunda ola de contagio- pone de manifiesto un impacto diferenciado en las poblaciones más vulnerables del país, particularmente en la zona norte.
En este momento San Carlos se convierte en epicentro de la pandemia contabilizando la mayor cantidad de casos activos por cantón. Asimismo, en los cantones de Upala, Los Chiles y Río Cuarto se está reportando un incremento importante en los casos activos por COVID19. Estos nuevos focos de contagio están íntimamente relacionados con las precarias condiciones laborales y de salud con las que operan las plantaciones agrícolas, lo cual nos demuestra que estos empresarios nacionales y transnacionales están dispuestos a sacrificar la salud y vida de cientos de trabajadores y trabajadoras en aras de mantener sus negocios y jugosas ganancias.
La agroindustria ha representado para nuestras comunidades serios impactos en el ambiente, en la salud de los trabajadores, en la salud comunitaria y un irrespeto sistemático a los derechos laborales, todo esto de la mano de gobiernos e instituciones cómplices que no ejercen el mandato de las leyes nacionales.
Advertimos un vínculo innegable entre la producción agroindustrial (de piña, naranja y otros productos) y el aumento de casos por COVID19 en la zona norte, que se expresa en las siguientes situaciones que denunciamos:
- Estas empresas han funcionado por muchos años a partir de la explotación de trabajadores(as) costarricenses y migrantes; estos últimos representan un alto porcentaje del personal contratado. En estas fincas el trabajo se desarrolla muchas veces en condiciones inhumanas, lo que les permite maximizar sus ganancias. Es conocido que a los(as) trabajadores(as) migrantes indocumentados se les contrata con salarios menores a lo establecido por ley y sin garantías laborales, lo cual implica su exclusión del sistema de salud. De igual manera, los(as) trabajadores(as) costarricenses sufren constantes atropellos a su dignidad y violaciones a sus derechos laborales.
- Muchos(as) trabajadores(as) migrantes se mueven a través de las fronteras gracias a redes de corrupción, donde se ven involucrados funcionarios públicos, empresas, transportistas, contratistas y otros, quienes aprovechan su condición de vulnerabilidad para lucrar.
- Las condiciones de trabajo en general no cumplen con la legislación establecida, lo cual en el marco de la pandemia se refleja en una falta de protocolos sanitarios: los(as) trabajadores no cuentan con lugares ni con materiales para el lavado de manos constante, no cuentan con vestimenta apropiada ni con la distancia social recomendada por el Ministerio de Salud y se ha registrado que se trasladan a los trabajadores aglomerados en camiones hacia los centros de trabajo, sin ningún tipo de protección.
- Esta situación no es nueva, sino el resultado de prácticas históricas de estas empresas, de los gobiernos de turno y las redes criminales y representan en este momento de la Pandemia un alto costo social para el país.
Por lo tanto, solicitamos al gobierno central y a las autoridades locales:
- Intervenir de manera inmediata las fincas agroindustriales de los cantones que se encuentran en alerta naranja, para salvaguardar la salud y la vida de los y las trabajadoras.
- Asegurar que a los(as) trabajadores(as) de las empresas intervenidas les sean respetados sus derechos laborales.
- Que se investiguen a profundidad las redes criminales, que posibilitan la explotación de personas migrantes.
- Que se aborde la situación con un enfoque de Derechos Humanos y se asegure la atención médica a las personas trabajadoras y sus familias, independientemente de su estatus migratorio.
- Que se instale un espacio de discusión y de toma de decisiones con la participación de organizaciones sindicales, organizaciones comunales, organizaciones de defensa de derechos humanos y de personas migrantes, gobiernos locales, instituciones del estado y organismos internacionales para construir una estrategia de intervención inmediata bajo un enfoque humanitario y de Derechos Humanos.
Compartido con SURCOS por Marcos Chinchilla Montes.
Foto: https://ojoalclima.com
Se constituyó el Sindicato Costarricense de la Industria del Transporte y Afines
Maikol Hernández Arias
Este domingo 7 de junio, trabajadores de la TCM – APM Terminals y Rada Maersk, en Limón, Costa Rica, tomaron la valiente e histórica decisión de conformar el Sindicato Costarricense de la Industria del Transporte y Afines (SCITA).
Este movimiento de trabajadores nace en un ambiente de represión sindical. Solamente un día antes de la asamblea los trabajadores denuncian que la empresa APM Terminals al enterarse del proceso que impulsaban algunos trabajadores ejecutó el despido de varios de ellos, incluido el secretario general electo.
El SCITA es el primer y único sindicato en Costa Rica que define su accionar en la industria del transporte aéreo, terrestre, marítimo y ferroviario, integrando todos los eslabones de la cadena de valor.
Muy motivado de haber sido parte de la conformación de esta nueva organización, que nace naturalmente desde los trabajadores.
Los mayores deseos de éxito para estos trabajadores, amigos y vecinos. Grandes retos están por delante.
Es importante mencionar que el acto de asamblea constitutiva se llevó a cabo tomando las medidas de prevención ante el COVID-19, como lo son el distanciamiento social, el uso de tapa bocas y la desinfección de manos.
En este video puede escuchar la explicación del secretario general del nuevo Sindicato Costarricense de la Industria del Transporte y Afines, Leslie Azofeifa Quintana.
