Ir al contenido principal

Pronunciamiento sobre vulnerabilidad de quienes trabajan en monocultivos en la Zona Norte y Caribe

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud, Trabajo.

En este video Rebeca Gu-Navarro y Mauricio Castro-Méndez explican la situación de vulnerabilidad de las personas relacionadas con los monocultivos en la Zona Norte y Caribe. Le invitamos también a leer el pronunciamiento.

Pronunciamiento sobre la situación de vulnerabilidad de las personas relacionadas con los monocultivos en la Zona Norte y Caribe

Las personas y agrupaciones abajo firmantes, todas integrantes de organizaciones sociales y comunidades, así como de proyectos y otras instancias tanto de la Universidad de Costa Rica como de la Universidad Estatal a Distancia y otras Universidades Públicas, comprometidas con el bien común y el bienestar social, hacemos pública nuestra preocupación frente a la situación de emergencia que se vive en las zonas Norte y Caribe de Costa Rica en relación con los contagios de COVID-19.

En las últimas semanas se ha identificado un aumento de casos positivos de Covid-19 en las regiones Norte y Caribe, generando lo que las autoridades denominan una segunda ola de contagios a nivel nacional. Una parte significativa de las personas afectadas por este incremento del contagio trabaja en fincas y plantas empacadoras de productos para la exportación, especialmente la piña, seguida de la yuca y la naranja. Aunque es un hecho que existe un flujo de personas migrantes y transfronterizas en estas zonas relacionado con estas actividades agroindustriales, también es cierto que hay un importante número de personas trabajadoras nacionales que están siendo afectadas.

A pesar de los señalamientos xenofóbicos de muchos sectores, queremos hacer eco en que las personas migrantes no son responsables directas de esta situación. Gran parte de las actividades agrícolas de este país dependen de la mano de obra migrante, y así ha sido durante las últimas décadas. Las empresas se han beneficiado de esta situación al dar precarias condiciones laborales y bajos salarios, muchas veces contraviniendo las normas establecidas. Esto se agrava cuando se trata de personas sin documentos, las cuales entran en situaciones de exclusión y vulnerabilidad más acentuadas. Ignorando esta realidad, sectores empresariales, políticos y medios masivos de información han contribuido a la construcción de discursos de odio y xenofobia que culpabilizan a las personas que están en el último eslabón de la cadena productiva y de las responsabilidades, dada su condición de vulnerabilidad. Estas personas son las más explotadas y aceptan las condiciones precarias que se les dan por motivos de supervivencia.

Frente a la coyuntura de la pandemia y este acelerado aumento de casos de contagio, queremos señalar que el aumento de contagios está directamente relacionado con las condiciones laborales de las personas afectadas dentro de las propias plantaciones o empacadoras, ya que muchas de estas empresas están incumpliendo las disposiciones del Ministerio de Salud y ni siquiera están otorgando los implementos necesarios para la protección personal durante las labores. La vulnerabilidad laboral derivada de la negligencia de las empresas se agrava debido a que las personas viven en condiciones de pobreza, de manera que el sustento diario depende del trabajo que realicen, por lo que no pueden exigir el cumplimiento de las medidas ni ausentarse de sus lugares de trabajo sin arriesgarse a ser sancionadas, o incluso despedidas.

Si advertimos el conjunto de transformaciones estructurales e institucionales con impacto en el agro costarricense promovidas por las autoridades nacionales en las últimas tres décadas, es posible afirmar que el Estado ha tenido una presencia medular en el auge piñero y bananero. Estas empresas reciben un trato diferenciado por parte del gobierno, pues no sólo violentan derechos, generan daños socioambientales y profundizan la pobreza, sino que además, muchas de ellas no pagan impuestos para contribuir con las necesidades del país ni asumen el pago de las cuotas para la seguridad social.

Lo mismo pasa con sus socios en la cadena de valor (proveedores de insumos, contratistas, subcontratistas transportistas, entre otros), quienes sub-contratan trabajadores a veces en condiciones precarias, mal pagados, sin ningún tipo de garantía social, para brindar servicios baratos a las empresas, quienes, sin reparo ético o legal, los acogen para ahorrar costos de producción, a pesar de la clara violación de derechos que comportan estas prácticas. Estas situaciones no pueden seguir siendo toleradas, ni mucho menos seguir atacando a las personas que están siendo directamente afectadas por prácticas que se aprovechan de sus condiciones de pobreza y necesidad, que les obligan a arriesgar su bienestar y el de sus familias.

Llamado a las acciones

En consideración del contexto y las situaciones antes expuestas, a modo de llamado urgente y vehemente a la población general, a las autoridades gubernamentales pertinentes y a las instituciones respectivas, urgimos y exigimos atender las siguientes demandas:

  1. Que se proceda a implementar, en lo inmediato, las acciones necesarias para asegurar el acata­miento de las normas laborales en las empresas vinculadas a la actividad agroexportadora, con el fin de asegurar el respeto y cumplimiento de todos los derechos humanos y laborales.
  2. Que se exija el cumplimiento de las leyes laborales en todos sus alcances y que se proceda, como corresponde en cualquier momento, pero en especial en esta coyuntura, a sancionar de manera significativa a cualquier empresa que no cumpla con las normas sanitarias en general, y en especial las establecidas en el contexto de la crisis del coronavirus.
  3. Que, en el caso particular de las empresas o personas individuales que se identifiquen como potenciales responsables de acciones de encierro, sometimiento, reclusión obligada u ocultamiento de actividades laborales ilegales y violatorias de los derechos humanos fundamentales, o cualquier otra acción similar a la trata de personas con fines de explotación laboral o relaciones de semi-esclavitud, se proceda, tal y como corresponde, con la aplicación de todo el peso de la ley en el ámbito penal.
  4. Que se proceda, en lo inmediato, a eliminar el decreto 41908-MGP-MTSS-MAG, el cual amplía la prórroga de suspensión de la multa a las empresas que incumplan la Ley de Migración en cuanto a la obligación de regularizar a las personas trabajadoras que no cuenten con permisos para laborar, dado que este es un portillo para el incumplimiento de todas las demás normas laborales y el sostenimiento de las condiciones de precariedad laboral. El Decreto ejecutivo N°36769-G, Reglamento de Control Migratorio, estableció sanciones para las contrataciones irregulares después de un período de ajuste que ha sido prorrogado reiteradamente por las administraciones Chinchilla Miranda, Solís Rivera y Alvarado Quesada, por lo que este mecanismo no ha llegado a entrar en vigencia.
  5. Que se apruebe, de la manera más inmediata posible, el expediente legislativo 21.706, que lleva años en la corriente legislativa frenado por el sector empresarial, y en el que se autoriza a las autoridades de la Inspección de Trabajo a establecer sanciones directamente, sin tener que recurrir a largos procesos judiciales, cuando identifique que se ha violado la ley laboral.
  6. Que se establezcan procedimientos efectivos y funcionales de seguimiento para asegurar el cumplimiento de estas normas por parte de las personas o actores sociales involucrados en toda la cadena de producción, pero con especial énfasis en las empresas responsables de estas actividades productivas.
  7. Que se asegure la aplicación de un protocolo que garantice la seguridad en la salud de las personas trabajadoras. Los sindicatos que trabajan por los derechos laborales en estas empresas ya han elaborado propuestas al respecto, las cuales deben servir, al menos, como base para este protocolo. Es necesario que se discuta, con participación de los sindicatos de plantaciones, organizaciones de protección a migrantes, la Defensoría de los Habitantes, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la Organización Internacional del Trabajo, representantes de diversas fracciones legislativas y los empleadores de plantaciones, entre otros, sobre la necesaria regulación de las cadenas de valor, para que se evite la utilización de contratistas y subcontratistas, como mecanismo para eludir y evadir los derechos laborales y a la seguridad social. Para tal efecto es necesario establecer mecanismos que responsabilicen a toda la cadena de valor, como los que ya se han aprobado en otros países y vienen siendo impulsados por la OIT.
  8. Que todas las autoridades y actores implicados en actividades informativas, y muy en especial los medios masivos, en virtud de la enorme responsabilidad que implica el impacto social de su actividad, hagan un manejo respetuoso de la ética y de las exigencias de imparcialidad propios del ejercicio profesional responsable, coherente con el contexto histórico, social y económico de las zonas en las que se suscitan los hechos informativos, y que eviten sesgos basados en intereses particulares o en discursos que promueven el odio en vez de la solidaridad y el respeto a la persona humana.

En una coyuntura tan sensible como la presente, hacemos un llamado vehemente a las autoridades del gobierno y al personal de instituciones públicas, al sector empresarial, a los medios de información y a la población en general para que, en todo momento, las decisiones y acciones que se tomen y las informaciones que se emitan estén orientadas por la consideración y el respeto de los Derechos Humanos de todas las personas, independientemente de su condición social, origen o nacionalidad.

Costa Rica, 1 de julio de 2020

SUSCRIBIMOS

Organizaciones e instituciones

Consejo de Programas Institucionales de Acción Social, UCR
Programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica.
Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, Universidad Estatal a Distancia.
Dylanna Rodríguez, TC-590 Fortalecimiento de procesos de articulación con actores sociales y comunitarios en torno a conflictos socio ambientales específicos del territorio nacional, UCR.
Lilliana Monge, TC-743 «Agua, lucha y justicia ambiental en el Caribe Norte», Escuela de Trabajo Social, UCR.
Rebeca Gu Navarro, TCU-666 Dialogando el presente: recuperando la memoria de organizaciones políticas subalternas, Escuela de Ciencias políticas, UCR.
Marvin Amador Guzmán, proyecto «TC-635 – Comunicación y Cambio para el Buen Vivir», Escuela de Comunicación, UCR
Mauricio Castro Méndez, “TCU-681: Cumplimiento de los derechos laborales en plantaciones y afines. Alcances de la reforma procesal laboral frente a las necesidades del colectivo laboral”, y Pry01-597-2020-Relaciones laborales en Costa Rica: representación colectiva, organización del trabajo y cadenas de valor»
Valeria Montoya, EC-495: Trabajo asalariado en piñeras de la zona norte: acercamiento desde la cotidianidad de las comunidades de Medio Queso, Santa Fe en Los Chiles y La Guaria de Pocosol, del Programa Kioscos Socioambientales, UCR.
Freddy Arias, TC-661. Prevención de intoxicaciones en comunidades costarricenses. Freddy Arias Mora. Facultad de Farmacia, UCR.
Programa de Economía Social Solidaria de la Universidad de Costa Rica.
Proyecto ED-3391: Acompañamiento al desarrollo de prácticas de Economía Social Solidaria, Seguridad Alimentaria y Nutricional y Agricultura Familiar en comunidades de Upala de la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica.
Proyecto TCU 607 de la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica.
Alternativa UCR
Asociación Cultural Abriendo el Surco
CENDEROS
CEP Alforja
Circulo Bolivariano Yamileth López
Clínica de Migración, refugio y protección internacional, UCR (Melissa Salas Brenes)
COECOceiba Amigos de la Tierra Costa Rica
Consejo de Educación Popular y el Caribe (CEAAL)- Colectivo Costa Rica
CR SOLIDARIA
Directorio de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR)
Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria y Afines (FENTRAGH)
Fundación Laberinto
Fundación Pedagógica Nuestramerica
Hablemos de Derechos Humanos
Handmaids Costa Rica
Iniciativa Universitaria por Nicaragua
Justicia Paz e Integridad de la Creación JPIC, Claretianos Costa Rica
La Cadejos, Comunicación Feminista
Programa Institucional para la Persona Adulta y Adulta Mayor de la Universidad de Costa Rica
Pry01-65-2021 – Programa permanente de Desarrollo Académico del Programa de Posgrado en Comunicación, Universidad de Costa Rica
Red de Coordinación en Biodiversidad
Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas (SITRAP)
Sindicato de Trabajadores del Sector Privado
Sindicato Industrial de Trabajadores de la Palma Africana y Afines SITRAPA
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Agroindustria y Afines (SINATRAA)
Sindicato pro-Trabajadores del Consejo Nacional de Producción y FANAL SIPROCNP

Personas

Adilia Eva Solís, ED 3364 UCR
Adrián Jaén España, sociólogo, docente universitario y militante del Partido Revolucionario de las y los Trabajadores
Adriano Corrales Arias, Escritor y profesor del Instituto Tecnológico de Costa Rica
Alberto Cortés Ramos, Catedrático, escuela de Geografía y de Ciencias Políticas, UCR
Alejandra Porras Rozas, Socióloga, ecologista.
Alfonso Chacón Mata, Presidente Asocasdeh
Allan Chavarría Chang, Extensionista de la UNED
Álvaro Fernández González, Profesor universitario jubilado
Ana Carcedo, Presidenta de CEFEMINA
Ana Cecilia Escalante Herrera, Profesora Emérita – Escuela de Sociología, Universidad de Costa Rica
Ana Elena Obando M., Abogada feminista, Derechos Humanos, Concertación Interamericana por los Derechos Humanos de las Mujeres
Andrea Cuenca Botey, Psicóloga
Camila Ordóñez Laclé, Integrante Mujeres en Acción, investigadora CIEM UCR
Carmen Caamaño Morúa, Universidad de Costa Rica
Carmen Carro Barrantes, Ciudadana feminista y socióloga
Carolina Sánchez Hernández, Escuela de Sociología, Universidad Nacional
Ciska Raventos Vorst, socióloga, profesora jubilada UCR, activista
Cynthia Ramírez Alvarado
Dania Obando Castillo, Secretaria general del Sindicato Industrial de Trabajadores de la Palma Africana y Afines
Danilo Saravia, exiliado político, activista social y ambientalista
David Alfaro Mata, Miembro de Siprocnp
Debbie Salas Ramírez, Docente educación especial MEP
Diana Campos Ortiz, Activista e investigadora social
Didier Alexander Leitón Valverde, Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas (SITRAP)
Elvis Alberto Cornejo Venegas, Educador, investigador y extensionista
Esteban Calvo Rodríguez, Abogado con especialidad en Derecho del Trabajo
Eugenia Boza Oviedo, ED-3441 Espacios para la promoción, defensa y exigibilidad de derechos en Upala. y ED-3461 Migraciones y derechos humanos, construcciones conjuntas. Universidad de Costa Rica.
Eva Carazo Vargas, investigadora y activista ecofeminista.
Fabiola Bernal Acevedo, Fundación Pedagógica Nuestramerica
Federico Picado Gómez, Ingeniero Civil
Gerardo Hernández Naranjo, Docente UCR
Gerardo Mora Burgos, Universidad de Costa Rica
Grettel Gamboa Fallas, Antropóloga social. Defensa Derechos Humanos.
Guadalupe Urbina, Artista costarricense, gestión
Gustavo Gatica López , Investigador, Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE), UNED, miembro del Colectivo Bienestar y Migraciones
Héctor Ferlini-Salazar, director SURCOS Digital, coordinador proyecto EC-527 Aportes Comunitarios para la Construcción de la Democracia Participativa, Sede del Pacífico, UCR.
Henry Picado Cerdas,           Red de Coordinación En Biodiversidad
Irene Barrantes Jiménez, Especialista en género y artista plástica
Isabel Ducca D., Alianza por una Vida Digna
Jenyel Conteras Guzmán, Investigadora, evaluadora y docente universitaria
Jorge Zeledón Pérez, Director Programa de Posgrado en Comunicación, UCR
José Antonio Mora, coordinador del proyecto ED-3526 “Educación Popular y Geografía: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios rurales de Costa Rica”, docente del Programa Kioscos Sociambientales, docente de Geografía en Sede de Occidente
José Luis Arce Sanabria, Escuela de Ciencias de la Comunicación UCR
José Manuel Arroyo Gutiérrez, Profesor universitario
José María Gutiérrez Gutiérrez, Profesor Emérito, Universidad de Costa Rica
Josué Arévalo Villalobos, Docente, coordinador del TCU-732 de la Escuela de Psicología e investigador del Instituto de Investigación en Educación de la Universidad de Costa Rica
Juan Carlos Cruz Barrientos, Comunicador social jubilado, miembro de la Iniciativa Universitaria por Nicaragua
Juan Manuel Muñoz Portillo, Profesor, Escuela de Ciencias Políticas, UCR
Juliana Martínez Franzoni, Investigadora, Universidad de Costa Rica
Karen Carvajal Loaiza, Asesora sindical y Docente UCR
Kattia Isabel Castro Flores, Docente de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la UNA
Krissia Rodríguez Muñoz
Larissa Arroyo Navarrete, Abogada especialista en Derechos Humanos
Laura Arias Cabrera, Docente y activista
Laura Rivera Alfaro, Investigadora y consultora independiente, docente UCR
Leonardo Vargas Ramírez, Ciudadano Libre y pensante
Licda Ileana Vega Montero , Asesora Legal APSE
Ligia Solís Solís, ANEP
Lorenzo Cambronero Méndez, Asociación Cultural Abriendo el Surco
Lucía Rescia, Psicóloga
Luis Andrés Sanabria Zaniboni, Proyecto EC-518 Observatorio de Bienes Comunes: Agua y Tierra
Maikol Hernández Arias, Secretaría general de la Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria y Afines (FENTRAGH)
Maikol Hernández Arias, Secretaría general de la Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria y Afines (FENTRAGH).
Manuel Rodríguez, Secretario General SITRAPEQUIA
Marcos Guevara Berger, Escuela de Antropología, UCR
María José Chaves Groh, Socióloga, feminista, docente e investigadora
María José Masís Méndez, Docente de la Universidad de Costa Rica
María Laura Sánchez Rojas, Sindicalista y socióloga
Mariano Sáenz Vega, Investigador del Centro de investigaciones Antropológicas ( CIAN )
Marielos Aguilar Hernández, Profesora jubilada UCR
Marta Rojas Porras, Catedrática UCR jubilada
Mauricio Álvarez Mora, EC-496: Programa de Radio Voces y Política
Miguel Ángel Zúñiga Chávez, dirigente sindical en el Sindicato Pro-Trabajadores del Consejo Nacional Producción y FANAL (SIPROCNP), Central Social Juanito Mora Porras – ANEP (CSJMP-ANEP), Colectivo Sindical Patria Justa (PJ) y parte del Encuentro Social Multisectorial (ESM)
Miguel Regueyra Edelman, docente de la Universidad de Costa Rica
Millaray Villalobos Rojas, Antropóloga
Milton Ariel Brenes, Programa PRIDENA
Nilson Oviedo Valerio, Cooperativa Sulá Batsú.
Óscar Jara, Educador Popular y sociólogo
Osvaldo Durán-Castro, Sociólogo. Prof. ITCR.
Percy Marín Méndez, Presidente SIPROCNP
Priscilla Echeverría Alvarado, Universidad de Costa Rica
Roberto Zeledón Arias, Asesor Legislativo ANEP
Rotsay Rosales-Valladares, Catedrático e investigador UCR
Roxana Hidalgo Xirinachs, Investigadora y profesora catedrática, Universidad de Costa Rica, psicoanalista y feminista
Santiago Ramírez Jiménez, Asesor Sindical (ANEP)
Sebastián Fournier Artavia, Presidente, Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa (RedMICA)
Seidy Salas Víquez, Comunicadora social.
Sergio Salazar Araya, Proyecto ED 3461 Migraciones y Derechos Humanos: construcciones conjuntas, Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica
Shi Alarcón-Zamora, Socióloga Feminista
Silvia Rodríguez Cervantes, Ecologista, miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad y la Alianza Biodiversidad
Soledad Hernández Carrillo, TC-723 «Migra-acciones acompañando a población migrante y refugiada más allá de las fronteras”. Escuela de Psicología, UCR.
Tania Rodríguez Echavarría, Docente Universidad de Costa Rica
Teodoro Willink Castro, Programa Institucional Osa-Golfo Dulce, UCR
Valeria Rodríguez Quesada, Representante estudiantil en el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica
Vilma Leandro Zúñiga, Universidad de Costa Rica
Yasy Morales Chacón, docente universitaria y activista en temas de Economía Social Solidaria.
Zuiri Méndez, ED-3437 Campamento Audiovisual de Mujeres y Territorios del Programa Kioscos Socioambientales, Facultad de Ciencias Sociales, UCR.

Foro: La nueva normalidad post COVID-19 una visión sindical

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud, Trabajo.

El pasado 11 de junio del 2020 la Escuela de Planificación y Promoción Social invitó a representantes del sector sindical costarricense, para realizar un foro sobre la Nueva Normalidad en Costa Rica-post Covid-19 para con el fin de conocer sus perspectivas sobre los posibles futuros.

Este foro se realizó mediante la plataforma Zoom en donde se evidenció la participación de representantes de la Central General de Trabajadores, Sindicato de Empleados del PANI-SEPI-Sindicato del AYA, Sindicato 7 de agosto, Sindicato Sin Trazas, Mesa Sindical de Mujeres, Sindicato UTRA-UTN, ANATRANS (Asociación Nacional de Transportista) Sinpae, Sintrasas, Sitraa.

Juan Carlos Mora, académico de la EPPS explicó que este foro es parte de un proyecto realizado por la Escuela de Planificación y Promoción Social sobre la construcción de escenarios a futuro para la Costa Rica del 2030, para el cual han contado con la participación de muchas personas de distintos sectores de la población, esto les han permitido definir cuáles son los temas más relevantes que podrían presentar cambios en el futuro.

En el foro, los participantes seleccionaron según las prioridades para el país, aspectos sociales, tecnológicos, culturales, económicos y de dimensión institucional que presentarán mayores cambios a futuro y vertieron su criterio al respecto.

La metodología del foro fue mediante preguntas generadoras, en donde los participantes deberían de señalar las opciones más acercadas a su opinión con respecto al tema planteado.

Para iniciar el foro se presentó la siguiente pregunta:

¿Cuál área del ámbito social costarricense presentará los mayores cambios a futuro (2023-2030) convirtiéndose en parte de la Nueva Normalidad?

Los resultados de esta elección mostraron que la mayoría de las personas (86%) piensan que, en el área de brechas sociales, desigualdad y pobreza se presentará más cambios. Como segundo lugar (57%) en la votación se señala el área de educación inclusiva, flexibilidad laboral y pensiones. Con el mismo porcentaje, en tercer lugar, (29%) quedaron las áreas de protección social, pensiones, seguros, seguridad ciudadana, convivencia social, redes de apoyo mutuo, migraciones, desplazados, adultos mayores, salud preventiva, derechos humanos y equidad.

Giovanni Beluche Velásquez, Secretario General Adjunto del Sindicato UTRA-UTN, dijo que se podrían tener serios problemas principalmente en la educación inclusiva, flexibilización laboral y pensiones. Y esto se debe a la desconfianza que se le tiene a los encargados de coordinar las pensiones. Además, cuando la preocupación de la educación es la afectación del FEES que está porvenir, pero también la pandemia, esto ha hecho que se evidencie la falta de equidad en el acceso a la educación a distancia.

El camino por el que se está yendo actualmente, según Beluche, va incrementando la brecha social lo cual no es nuevo, porque desde hace mucho tiempo esto se viene agravando por consecuencia del poder capitalista. A este modelo es inherente ensanchar la brecha social, porque sus objetivos no están enfocados en las necesidades de población, además que se caracteriza por provocar la pobreza material. Esta situación no es nada nuevo, sin embargo, la pandemia ha provocado que la agenda neoliberal profundice estas consecuencias.

Carlos José Cabezas, del Sindicato del PANI. agregó al análisis que el aumento de estas desigualdades es real, por ejemplo, es más del 40% de la población económicamente activa que pertenece al sector informal y no hay políticas que se enfoque en la resolución de este fenómeno.

Además, también está sucediendo que se da la informalidad en la formalidad, esto porque existen trabajadores que están contratados por patronos, pero no se le están respetando sus derechos, lo que genera que el escenario puede llegar a ser catastrófico.” Este problema no solo ocurre en Costa Rica, sino también en América Latina, lo cual se ha dado para seguir favoreciendo a unos pocos y concentrando la riqueza en una minoría”.

La segunda pregunta generadora fue:

¿Cuál área del ámbito tecnológico costarricense presentará los mayores cambios a futuro (2023-2030) convirtiéndose en parte de la Nueva Normalidad?

En primer lugar, hubo un empate (88%) entre las opciones que hablaban sobre la comunicación virtual, redes sociales, conectividad y virtualización de la educación, telemedicina, teletrabajo.

Seguidamente se consideraron los temas de inversión en investigación y desarrollo (25%), luego la opción de ciudades inteligentes, accesibilidad, innovación (13%). Por último, con cero votos quedó la robotización, Big Data y genoma humano.

Mario Rodríguez, del Sindicato de AyA, dijo que en relación con la realidad en la que se está viviendo se tiene un proyecto en ley sobre el teletrabajo, esto porque el tema de la pandemia se prestó para que muchas instituciones públicas consideren la implementación del teletrabajo. Sin embargo, el tema del teletrabajo y de la jurisprudencia laboral no solo beneficia el trabajador, sino, también al patrón, ya que ahora las empresas se ahorran gastos de electricidad, internet, impuestos, entre otros. Por esta razón, el teletrabajo se convierte en otro tipo de trabajo a nivel mundial y esto se evidencia en el cambio de luchas que se darán, ya que ahora se demandará el tiempo de ocio con sus familias, sino va a ser, al contrario, ya que va a haber muchísimo más trabajo y explotación.

Cynthia Crespo Campos, Sindicato Patriótico de la Educación (SINPAE) comentó, que en el caso del Ministerio de Educación Pública existen grandes cambios, los docentes trabajan tres veces más de lo que laboran generalmente en las aulas, y por el mismo salario. Ante el MEP se planteó por parte de la agrupación de sindicatos del Magisterio “Magisterio en Acción” la conectividad gratuita a internet para estudiantes y docentes.

 Crespo, indicó que, además, los empresarios y patrones cuando se aprobó esta ley de teletrabajo pensaron que eran beneficios para ellos, cargándole al trabajador, los gastos de luz, agua, internet, y alquileres, sin aumentar salarios: “El excesivo trabajo hoy del docente, junto con quehaceres del hogar, y las necesidades de salubridad que pide el Estado, hace que la mujer, sea empleada pública o privada, sea objeto un abuso laboral por parte del MEP. Mientras, sin que la opinión pública sepa que no hay docentes nombrados y están despidiendo a docentes interinos, de esta manera, el ambiente se recarga de estrés constante, pues trabajamos hasta 15 horas al día como docentes y en lo demás. Y esto producirá más enfermedades y enfermos que el COVID-19”, manifestó, la representante del SINPAE.

Carlos José Cabezas, mencionó que esta virtualidad nos va a obligar a generar nuevas formas de comunicación, porque la educación de primaria y segundaria no están adaptadas a las nuevas tecnologías. Esto porque se deben definir metodologías apropiadas a la nueva tecnología y capacitar a las personas para sacar un mayor provecho didáctico y pedagógico de la enseñanza-aprendizaje: “El movimiento sindical se está empezando a valorar sobre cómo se utilizarán las redes sociales para protestar, el cual piensa que es algo muy fantasioso ya que no se piensa que mediante estas se pueda dar la suficiente presión que permita modificar las posiciones gubernamentales o empresariales. Se deben aprovechar las redes sociales con fines de propaganda, sin embargo, no es viable generar un verdadero cambio y movimiento mediante estas plataformas”, acotó el sindicalista, quien agregó que indudablemente la implementación de la tecnología va a ensanchar las brechas sociales ya que ahora para disfrutar de los servicios y beneficios de estas se tiene que pagar por lo que mediante la obligación de utilizar este tipo de plataformas se va a ver varios sectores de la población excluidos.

Efraín Cavallini, académico de la EPPS se refirió a que el tema de las redes sociales, tecnología y conectividad es complicado, porque aún en Costa Rica no existe una ley que organice y plantee claramente el tema de gobierno abierto y de las redes sociales. Esto tiene que ver con la comunicación y transparencia: “lo que pasa es que la ley de radio, televisión es obsoleta. El problema con esta situación es que el gobierno no les ha dado la oportunidad a las comunidades, gobiernos locales, fundaciones, asociaciones, ONG e instituciones públicas de explotar más estos servicios, y si no te tiene esta oportunidad, será casi que imposible lograr que todos los sectores de la población lleguen a tener al alcance a medios de servicio público para la enfrentar de la mejor manera la virtualización en beneficio de la educación y el trabajo”.

Carlos José Cabezas, añade que este tipo de ley ha inculcado que las emisoras y empresas de televisión se crean los dueños de estos servicios, porque tienen el mercado acaparado, y cuando se hacen iniciativas que promuevan la creación de espacios de comunicación comunal y cultural los califican de proyectos comunistas para minimizarlos. “Esto es de esperar que se agrave con el tiempo si no se hacen las reformas necesarias en las leyes actuales que tienen que ver con este tipo de servicios”.

La tercera consulta planteada correspondió a:

¿Cuál área de la cultura (2023-2030) convirtiéndose en parte de la Nueva Normalidad?

Nuevamente hay un empate entre las opciones más votadas (90%), las cuales son las áreas que consideran la convivencia entre las personas, autocuidado, espacios públicos y vida familiar/laboral, roles en el hogar. En segunda posición (40%) están las redes de solidaridad comunal y territorial, seguidamente (30%) están la relación con la naturaleza y el medio ambiente y la espiritualidad, comunicación interpersonal y hogar. En penúltima posición (20%) se encuentra el ejercicio físico, ocio y sedentarismo, y en último lugar (10%) se encuentra la educación cívica, ahorro y educación vial.

Con respecto a esta pregunta, se considera que las medidas de salud y autocuidado existen en el papel, pero no en la práctica, por lo menos, en temas laborales en los que él autocuidado se es necesario que todos los trabajadores que todavía no han adoptado estas medidas las adopten lo más antes posible, para promover la salud y la unidad de los trabajadores, en los centros de trabajo. “El uso de espacios públicos para la recreación, por ejemplo, los parques, cuando se llegue a permitir más apertura, estos serán con restricciones muy estrictas a menos que se tenga la vacuna contra el Covid-19.

Según lo obtenido en la consulta y desde la percepción de los representantes sindicales, la vida familiar, va a cambiar, porque se deben empezar a adoptar nuevos hábitos, para poder separar el tiempo de trabajo del tiempo de ocio. Esta situación viene a explotador más necesidad de terapia y servicios de psicología por la cantidad de estrés laboral que ha estado generando el teletrabajo y los casos de violencia intrafamiliar: “Por estas situaciones el movimiento sindical debe reinventarse y empezar a desarrollar acciones, que logren el cambio de las realidades que están viviendo los costarricenses en tiempos de pandemia” acotó Cabezas.

Carlos José Cabezas, agregó que en el tema de convivencia de las personas el país tiene un gran reto presente que se va a proyectar en el futuro: “ Esta pandemia ha despertado a muchos para darse cuenta de que la xenofobia y el racismo es algo muy presente en la cultura costarricense, aunque muchos pensaban que no, esto no debería de ser así porque la migración nicaragüense aporta muchísimo al sector productivo del país y sería fantasioso pensar que si se eliminan estas migraciones la mayoría de los problemas se resolverán. Esto no solo afecta en términos de ideologías sino también, que gracias a las migraciones en un futuro nuestra cultura será aún más pluricultural. Y esto debería de verse como una ventaja, pero la visión de las personas nacionales es otra y esta debería de cambiar porque las migraciones no se van a detener a menos que los otros países empiecen a realizar reformas para que las personas no tengan la necesidad de migrar. Por esta situación, que requiere que estemos en la casa, se ha empezado a valorar más el tiempo familiar lo cual podría ser una bandera a futuro, para generar motivos de luchas y demandar una regulación en el trabajo y eliminar la explotación laboral que traer consigo el teletrabajo”.

Como última pregunta generadora se expuso:

¿Cuál área de la dimensión institucional costarricense presentará los mayores cambios a futuro (2023-2030) convirtiéndose en parte de la Nueva Normalidad?

La mayoría de las personas coincidieron con la respuesta: “Pensiones, seguros, subsidios” (89%). Seguidamente, se encuentran las opciones: “Innovación de procesos, simplificación de trámites, creatividad” y “Familia (56%), derechos humanos, religión” (56%). Como penúltima (33%) y última opción (22%) se encuentran respectivamente: “planificación de largo plazo, gestión de riesgos, resiliencia” y “Enfoque territorial, descentralización, desconcentración”.

Giovanni Beluche comentó que el tema de pensiones y subsidios está en el presente y va a estar en el futuro. En cuanto a innovación de procesos y facilitación de trámites aparece en el análisis dado las presiones que hace el sector empresarial. Sin embargo, reitera que lo que está sucediendo no es nuevo, ya que todo es producto de una agenda neoliberal que no se venía aplicando a fondo y se aprovechó la pandemia para empezar a profundizarse más. También que para realizar el análisis del futuro debe mirarse de manera retrospectiva, ya que desde el movimiento sindical se tiene que señalar el papel del presidente de la Asamblea Legislativa, que encabezó toda la reforma de la legislación para regular el derecho a la protesta social y a la huelga de parte de la clase trabajadora: “todo lo que estaban haciendo en ese momento, era para preparar las condiciones de reprimir a la población, porque saben que la agenda que se está aplicando con mayor profundidad necesariamente iba generar protesta social. Esto quiere decir que todas estas acciones han profundizado el marco del ensanchamiento de la brecha social y van a seguir en eso, esto sucede justamente cuando el sector sindical está encerrado en las casas y sin muchas posibilidades de protestaren las calles, por ello, se tendría que salir a protestar sin importar las condiciones de la actualidad.

Cabezas, dijo que a la Costa Rica del futuro le hace falta entender que el derecho a la sindicalización es un derecho sagrado y humano de primer nivel. Si esto se llega a entender bien, el país en el futuro se debe llegar a establecer una creciente unión de los trabajadores, sin embargo, la proyección que se está visualizando pareciera buscar la desaparición del sector sindical.

Se mencionó en el foro que será necesario la implementación del Estado Laico en Costa Rica, porque actualmente se están viendo aún más la necesidad de separar la religión de las decisiones que se toman con respecto a los derechos humanos. Se dijo, que las luchas sociales están siendo entre personas religiosas y otras no tan religiosas y no debería de ser así, dado que cuando se habla de derechos humanos deberíamos de ver el mundo como ciudadanos y no como personas pertenecientes a una religión específica.

Edly Halt, explicó que, con respecto a la realidad del país, la situación es bastante complicada, ya que en la mayoría de los temas hay divisiones muy marcadas y nunca se va a llegar al punto en el que la mayoría de la población este de acuerdo con las decisiones tomadas. Además, que las personas involucradas en el sindicalismo normalmente no están involucradas en la toma de decisiones, por lo que es necesario recapacitar la estructura de la población, ya que esta es extremadamente diversa y esta diversidad se debe convertir en un principio del quehacer político y económico del país, sin embargo, la realidad es que se busca tener a la gente dentro de un mismo molde.

Para concluir, se mencionó que, si no se empieza a ver la globalización desde otra perspectiva, no se lograría entender, la razón por la cual, se realizó un esfuerzo extraordinario, para que se cambiara el artículo primero de la constitución política, para incluir que somos un país muy diverso y pluricultural, así como también libre e independiente. Este principio obliga a repensar el Estado costarricense y a empezar a cambiar la orientación de las decisiones tomadas, para que se consideren la diversidad de la población y no se ignore como está pasando actualmente, agregó el sindicalista Edly Halt.

M.Sc Efraín Cavallini Acuña
Académico EPPS-UNA
María Laura Jiménez Villalobos-Estudiante EPPS

Logro en sindicato de APM invita a organizarse

Escrito en . Publicado en Trabajo.

Después de que un grupo de trabajadores de APM Terminals fueran despedidos de manera injusta para impedir la constitución de un sindicato el pasado 06 de junio, el día 25 de junio, Maikol Hernández los felicita en el siguiente video por su reinstalación en sus puestos de trabajo gracias a una medida cautelar.

Tras que deben, cobran. Aclaraciones de SINTRAJAP

Escrito en . Publicado en Derechos, Trabajo.

Comunicado:

Para trabajadores, ex trabajadores de JAPDEVA, afiliados a SINTRAJAP y población en general:

Lamentable, si muy lamentable la actitud y la actuación de la Presidencia Ejecutiva y parte de la Administración de JAPDEVA, que intenta lavarse las manos y desviar la atención de la crisis y torta que ellos mismos han creado y que al parecer los está superando. Con un cinismo insuperable pretenden hacerle creer a los trabajadores y a la población en general que SINTRAJAP es responsable por los errores que ellos han cometido. Por eso decimos prohibido olvidar.

Es importante recordar las responsabilidades de cada parte, para no caer en las trampas de comunicación que utilizan para confundirnos. La responsabilidad de lo bueno o lo malo que le pase a JAPDEVA, por una buena o mala administración es de ellos, los que han llevado a JAPDEVA a la triste realidad que hoy vive, han sido ellos, los gobiernos y los administradores que pusieron ellos para sacar la institución adelante. A SINTRAJAP le corresponde organizar a los trabajadores para defender sus intereses y sus derechos y para lograr esto puede y debe utilizar todos los recursos legales que permite la democracia y el estado social de derecho que nos regula.

SINTRAJAP con el fin de colaborar y por tratar de impedir que los administradores de turno cometan abusos ha dado luchas, ha presentado muchas denuncias en los tribunales intentando impedir violaciones a la ley que perjudiquen a los trabajadores, a JAPDEVA, a Limón y a la patria. SINTRAJAP ha presentado propuestas que a nuestro criterio pueden ayudar a la administración a mejorar su gestión, algunas cosas se han aplicado otras no. Todo ese esfuerzo ha tenido un alto costo mediático, político y económico para la organización. Sabemos que esta lucha le arde a los político-empresarios que gobiernan el país y no lo perdonan, pero continuará mientras sea necesario y la ley lo permita.

El Presidente de la Republica actual dijo públicamente que todos estos cambios se harían sin provocar desempleo o perjudicar a JAPDEVA, hay actas firmadas por el gobierno y administradores donde se acuerda respetar los salarios y los empleos, existen medidas cautelares acogidas por los tribunales que les recuerdan a los administradores que los trabajadores tenemos derechos.

No sabemos por qué nos tocó estar aquí en estos momentos al frente de la organización, pero le damos gracias a Dios por permitirnos llevar esta responsabilidad sobre nuestros hombros y le pedimos que nos siga iluminado para tratar de hacer lo correcto.

JAPDEVA tiene obligaciones legales con los trabajadores, la provincia y el país y no los está cumpliendo, si los que administran no están en capacidad de sacar la tarea, es mejor que lo reconozcan y le permitan a otros hacerlo, porque necesitamos sacar la institución adelante a pesar de todo el daño que le han provocado.

Lic. Antonio Wells Medina, Secretario General
Fedrick Patterson Bent, Secretario General Adjunto

Ministerio Público debe investigar a las empresas piñeras clausuradas

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud, Trabajo.

  • Delitos como trata de personas, incumplimiento culposo y propagación de epidemia habrían cometido supuestamente estas empresas al exponer al COVID-19 a sus trabajadores y trabajadoras

(Fecon, 17-06-2020.) Una de las formas más grave de explotación laboral es poner en riesgo la vida de sus trabajadores y trabajadoras, aún a sabiendas por parte de la empresa que estas corren peligro. Es por esta razón que las 9 empresas piñeras cerradas esta semana deben de ser investigadas por la Fiscalía para sentar las responsabilidades de manera clara.

Según el Sindicato de Trabajadores de Sector Privado (SITRASEP): “Exportaciones Norteñas es socia de CANAPEP y ha sido fuertemente cuestionada desde el año 2015 por mantener a centenares de trabajadores en condiciones de semiesclavitud y sostener una fuerte política antisindical”.

Uno se los casos que más trascendió fue la empresa Exportaciones Norteñas S.A. en Santa Fe de Los Chiles fue clausurada este miércoles por personeros del Ministerio de Salud debido a la detección de un brote de al menos 21 trabajadores contagiados con Covid-19.

Para Dany Villalobos, presidente de la FECON, “esta situación es preocupante debido a que las empresas piñeras parecen haber actuado de mala fe y cometiendo el delito de dolo al poner en riesgo a todos sus empleados, a la luz del artículo 127 del Código Penal. Es ampliamente sabido que el sector agroindustrial ha sido reacio a seguir las indicaciones del Ministerio de Salud dictadas a raíz de la pandemia”.

Además “en las últimas semanas las organizaciones empresariales como CANAPEP y CADEXCO insistieron al Gobierno de la República flexibilizar las disposiciones con el único objetivo de continuar acumulando ganancias por encima de la salud de trabajadores y poblaciones rurales”. Señaló Villalobos.

“Desde la Federación Ecologista nos unimos al reclamo de diversos sectores para que Ministerio Público de levante una investigación para esclarecer esta situación”, señaló el presidente de la FECON.

Sin ruta para reactivar economía y generar empleo

Escrito en . Publicado en Trabajo.

“No hay una hoja de ruta que permita visualizar la reactivación económica para generar empleo”.

Así lo considera Lenin Hernández Secretario General del Sindicato Nacional de Enfermería y Afines al referirse a la tasa de desempleo del 15,7%.

Además, cuestionó que el presidente Alvarado “se lavara las manos diciendo que el Estado no es el que genera puestos de trabajo”.

Según el dirigente sindical el Estado tiene la obligación de generar políticas que promuevan el emprendedurismo para evitar que sean las grandes empresas las que dominen los mercados.

 

Imagen ilustrativa.

SEC: «No más persecución al sector público»

Escrito en . Publicado en Derechos, Trabajo.

El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense SEC, hace un llamado al Poder Ejecutivo, Asamblea Legislativa, sector empresarial y a las esferas políticas del país, para que detengan de una vez por todas los ataques y persecución al sector público.

Nuestra clase trabajadora ha tomado con la mayor comprensión y solidaridad la difícil situación que vive Costa Rica y somos del criterio de que debe haber un diálogo serio y responsable con los diversos sectores de la sociedad para que juntos busquemos las salidas más apropiadas y justas a esta crisis, la cual no se resuelve con desestabilizar a las familias de las empleadas y empleados públicos, muchas de ellas hoy afrontan el despido de sus familiares o la reducción de sus jornadas, afectando sus presupuestos para vivir.

Al Sector Público le han recargado el costo de esta crisis injustamente; nos eliminan el aumento por costo de vida del 2020 además igualmente no realizarán ningún aumento por los próximos cuatro años, tampoco pagan la anualidad 2019 y aún pretenden eliminar las del 2020, 2021, 2022 y para rematar, como no pudieron eliminar el pago del Salario Escolar proponen meterle un impuesto al mismo.

Lamentamos que estas acciones se presenten por presión de la UCCAEP y algunos políticos que se escudan en la crisis para seguir protegiendo y amasando sus ganancias. Estos mismos grupos empresariales, han logrado que el Gobierno flexibilice las medidas sanitarias, lo que ha provocado el aumento en los casos de contagio en muchas regiones.

Aprovechamos este momento para expresar nuestro criterio de que en esta crisis lo fundamental es proteger la salud y la vida de las personas, por lo que el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación deben valorar lo que está sucediendo para tomar las decisiones correctas con la continuidad del curso lectivo, en donde PRIMERO ESTÁ LA VIDA

Por todo lo anterior consideramos abusivas todas esas acciones que se nos pretenden imponer, puesto que tenemos muy claro que se pueden buscar soluciones sin afectar a la clase trabajadora, con medidas inmediatas para optar por acciones urgentes que dinamicen la economía y generen empleos, además de reducir la pobreza.

Todas y todos debemos aportar conscientemente, pero de manera proporcional a las condiciones de cada quien, consideramos que el Sector Público ya lo ha dado todo y no aguanta más cargas injustas. Exijan a quienes no han cumplido con sus responsabilidades y tienen en decadencia la economía nacional.