Luis Paulino Vargas Solís
En buena hora que haya debate sobre los derechos laborales en Costa Rica. De mi parte, he defendido públicamente tales derechos lo cual ha suscitado descalificaciones en mi contra (ya que no argumentos) que reinciden en decirme que soy “anti-empresarial”. Creo que la cuestión merece ser desgranada con cierto cuidado, pero dejando en claro que mi alegato tiene que ver con la situación que se presenta en el sector privado. Espero, pues, que no se quiera enredar la discusión haciendo referencia al sector público, cuya situación es lo suficientemente diferente como para ameritar un trato aparte.
Mi posición se resume en lo siguiente:
1) Objetiva y justificadamente puede sostenerse que en partes muy significativas del sector privado en Costa Rica ha habido –como tendencia general- un menoscabo en la aplicación efectiva de algunos derechos laborales, no obstante estar estipulados en las leyes y la Constitución de la república, así como en tratados internacionales suscritos por el país. Ello es contundentemente claro en relación con el derecho a la organización sindical independiente, de donde resulta una situación de suma vulnerabilidad para los trabajadores y las trabajadoras, quienes deben entonces negociar su contrato y condiciones laborales sobre una base puramente individual y, en consecuencia, en el contexto de una relación muy desigual.
2) Apoyo, pues, que se dé plena vigencia y efectividad a tales derechos, conforme lo establecen esos diversos instrumentos jurídicos vigentes.
3) Adicionalmente soy del parecer que el país debe proponerse seriamente continuar avanzando en materia de derechos laborales, en el entendido que ello es fundamental para garantizar una sociedad más democrática, una distribución del ingreso y la riqueza más justas y una convivencia más pacífica y digna.
¿Corresponde lo anterior a una ideología o toma de posición anti-empresarial? Ello sería válido solo si aceptamos que una presunta “ideología pro-empresarial” estaría basada en las siguientes premisas:
4) Se disimula –con silencio cómplice o actitud permisiva y complaciente- la realidad de efectivo menoscabo que actualmente se da en relación con algunos de los derechos laborales más importantes.
5) Se considera aceptable y se cohonesta el que derechos laborales formalmente vigentes con arreglo a las leyes, la Constitución y diversos tratados internacionales, sean desconocidos en la práctica laboral concreta. Ello supondría apoyar comportamientos ilegales, anti-constitucionales y violatorios de compromisos internacionales.
Obviamente, y dados los mencionados puntos 4) y 5), esta supuesta “ideología pro-empresarial” descartaría cualquier posibilidad de un avance ulterior hacia niveles más desarrollados de los derechos laborales, según lo que indiqué en el punto 3).
Tal “ideología pro-empresarial” conllevaría de forma implícita algunos supuestos muy preocupantes, tanto en relación con su visión de la sociedad y su concepción de la democracia, como incluso respecto del funcionamiento empresarial y las bases de su “competitividad”. Ello es así en virtud de lo siguiente:
6) Por el desconocimiento deliberado y la anulación práctica de normas jurídicas plenamente vigentes.
7) Por la negativa a reconocer el valor de los derechos laborales, como conquistas históricas y derechos humanos sustantivos, derivados de grandes e importantes luchas sociales.
8) Por la consecuente negativa a reconocer que esos derechos son parte esencial y uno de los componentes más valiosos dentro del legado democrático de las sociedades contemporáneas a nivel mundial.
9) Por la negativa a reconocer que estos principios son parte importantísima dentro del entramado institucional y de derechos, indispensable para garantizar sociedades más justas, equitativas y pacíficas.
Todo lo anterior -puntos 6) al 9)- atiende a los aspectos sociopolíticos de la cuestión y a las graves implicaciones que ello conlleva. Pero también hay un aspecto económico –atinente a la así llamada competitividad empresarial- sobre lo que esto plantea serias dudas. Lo explico enseguida:
10) Se ha puesto en evidencia una gran resistencia –incluso un indisimulado temor- en el sentido de que la organización independiente de los trabajadores y trabajadoras pueda generar presiones que dañarían la “competitividad empresarial”, en el tanto ello podría obligar a la parte patronal a negociar, sobre una base colectiva y no persona por persona, aspectos como los siguientes: condiciones salariales; procedimientos de contratación y despido; higiene y seguridad laboral; provisión de servicios; mecanismos de estímulo y reconocimiento.
11) Claramente se entiende que se preferiría que todo esto quede sujeto exclusivamente al arbitrio de la buena voluntad del respectivo patrono o patrona. Por supuesto los hay que son, sin la menor duda, personas muy bondadosas. Pero aquí no me refiero a las cualidades personales de quienes dirigen las empresas, sino a una cuestión –los contratos laborales- que no pueden quedar a merced de la mucha o poca generosidad que cada persona pueda tener. En cambio, debe entenderse que el trabajador y la trabajadora merecen y necesitan contar con una base sólida desde la cual poder defender sus legítimos derechos y dejar claramente establecidas sus responsabilidades.
¿Significa esto que la “competitividad” de las empresas costarricenses depende entonces de una fuerza de trabajo desorganizada, sujeta al arbitrio de la buena (o mala) voluntad del patrono correspondiente? De ser ese el caso, estaríamos en presencia de una competitividad asentada sobre bases espurias y muy endebles, con el agravante de que ello puede tener (ya está teniendo) perversas consecuencias sociales, políticas y económicas que perjudicarían seriamente (ya seguramente lo están haciendo) la competitividad empresarial.
¿Cuál es la mejor forma de sostener buenos salarios y condiciones laborales decentes, sin perder rentabilidad ni mercados? Simple: siendo mucho más productivas. Y ello supone mejor organización empresarial, mejores técnicas gerenciales, más incorporación de conocimiento, una fuerza de trabajo más calificada y motivada, tecnologías superiores, capacidad para innovar. Pero, también una serie de condiciones de contexto: desde apropiada infraestructura vial y buenos puertos y aeropuertos hasta excelentes sistemas educativos y de salud y un ambiente de paz social y seguridad ciudadana. Y ni hablar de la política económica, destacadamente en relación con dos cuestiones que hoy tienen un impacto negativo fundamental: el tipo de cambio y las tasas de interés. Todo lo cual ilustra acerca de la falacia implícita en la idea que alguna gente sostiene según la cual el “éxito empresarial” depende tan solo del esfuerzo individual.
En realidad, la economía es un sistema complejo y articulado, dentro del cual cada empresa es solo un nodo y de ningún modo un nodo autónomo. De ahí que esa presunta “ideología pro-empresarial”, es en realidad una ideología anti-laboral que puede tener perniciosas consecuencias sociales y económicas, en menoscabo, incluso, de las empresas individuales y de su competitividad.
Impulsar el desarrollo de la productividad de la planta empresarial de Costa Rica requiere, pues, de amplios procesos de diálogo y concertación. Pero nada de ello será factible si el país continúa por el camino de ahondamiento de desigualdades y anulación de derechos por el que está siendo arrastrado. La exclusión inevitablemente genera resentimiento y furia y, por lo tanto, bloquea el diálogo y ahonda la polarización.
Información tomada del Blog Soñar con los pies en la Tierra de Luis Paulino Vargas. http://sonarconlospiesenlatierra.blogspot.com/2014/12/derechos-laborales-e-ideologias.html
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