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ANEP: ¡Celebramos aprobación proyecto contra el fraude fiscal!

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Comunicado de Prensa

 

  • ¿Se negoció algo a cambio, en materia de empleo público? ¿Vía rápida?
  • Casi un millón 500 mil votos están expectantes al respecto
  • Ahora hay que fortalecerla administración tributaria
  • Cobro judicial de Hacienda está en estado calamitoso

 

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), luego con el apoyo directo del Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, ajusta ya bastante tiempo mediando fuertes esfuerzos, analizando documentos y estudios rigurosos, formulando serios planteamientos, valientes denuncias e impulsando movilizaciones, acerca de la gravedad del problema nacional de la evasión fiscal, del fraude tributario y del robo de impuestos, cuya proporción en Costa Rica ha alcanzado los 8.5 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB), superando el promedio latinoamericano cifrado por la CEPAL, de Naciones Unidas, en un 6.7 %.

Particularmente, hemos dado sustento sumamente consistente a nuestro planteamiento central en la materia, de que el déficit fiscal no se debe a los salarios devengados por quienes laboran para el sector Público; celebrando hoy que la tesis de la ANEP al respecto, fue acogida y asumida por todos los sindicatos del sector Público y de todas las corrientes sindicales que en su seno se mueven; con las que tenemos coincidencias como con las que mantenemos diferencias.

Se ha venido enfrentando así una durísima campaña político-mediática de varios meses de duración, con fuertes contenidos de terrorismo ideológico y de agresión psicológica en contra del empleo público; campaña virulenta enormemente injusta jamás vista en la historia del sector Público desde la promulgación de la actual Constitución Política, en 1949.

La aprobación del proyecto de ley contra el fraude fiscal nos viene a dar la razón, en parte, en tal sentido, es decir, que el déficit fiscal no se debe a los salarios del empleo público. Celebramos esa aprobación y, particularmente, felicitamos a las señoras diputadas y a los señores diputados que desde las sensibilidades del progresismo político en materia de justicia social, desde un principio fueron consecuentes con este tipo de iniciativas de ley.

Lo que no se puede ocultar, pese a los esfuerzos intra y extraparlamentarios al respecto, es el papel jugado en este tema y en esta coyuntura, por las corrientes sindicales realmente responsables, seriamente propositivas y estudiosas de estas difíciles cuestiones tributario-fiscales. En la ANEP estamos orgullosos de haber dado nuestro aporte al respecto, el cual y de manera sobrada, está sumamente documentado.

Por supuesto que dada la magnitud del robo de impuestos en el país, hubiésemos deseado una ley contra el fraude tributario sumamente drástica e implacable, bajo la premisa de que evadir responsabilidades tributarias es un crimen contra toda la sociedad.

Por ejemplo, el registro de accionistas debió quedar ubicado en el Ministerio de Hacienda. Además, no debió establecerse exención alguna al respecto, pues los defraudadores “profesionales” y patológicamente propensos a ello, pueden dividir su capital en un sinnúmero de sociedades anónimas de 15 % o menos de patrimonio, para eludir reportarse ante tal registro.

A pesar de esto, hay un avance histórico que puede ser realmente concreto si, por ejemplo, se fortalece a toda la gestión tributaria en contratación de más personal especializado y asistencia técnica al mismo, en mayor innovación tecnológica de punta, en asignaciones presupuestarias verdaderamente sustanciosas. Bien dice el refrán de que “hecha la ley, hecha la trampa” y los ladrones de impuestos, más sus compinches asesores de todo tipo, se las han de ingeniar para burlarla.

Es resaltable que con el proyecto aprobado podría acabarse con la insana práctica de cierto profesionalismo tributario de inventarse toda clase de triquiñuelas y artilugios jurídicos, mediando incluso leguleyadas con membrete de bufete “prestigioso”, para legalizar el robo de impuestos. Que de ahora en adelante este tipo de profesionales mañosos pueden ser responsabilizados al respecto, representa un avance importante en materia de justicia tributaria.

Particularmente, a la ANEP la preocupa y según se nos ha informado al respecto, el actual estado calamitoso, sumamente precario, de la parte de la gestión tributaria que tiene que ver con el cobro judicial. Si con la nueva ley los controles a la morosidad fiscal se han de incrementar y habrá más posibilidades de detectarle y de combatirle, el departamento de Cobro Judicial del Ministerio de Hacienda debe, estratégicamente conceptuado, fortalecerse al máximo. Hacemos un vehemente llamado al Gobierno en tal sentido.

Finalmente, considerando el alto nivel confrontativo que se ha venido desarrollando en nuestra sociedad en esta tríada en conflicto de empleo público, fraude fiscal y justicia tributaria, tenemos que tener en consideración la circunstancia de que la aprobación del proyecto en mención pudiera haber sido objeto de algún tipo de negociación oculta,informal, en materia de empleo público.

Todo el mundo sabe que en la Asamblea Legislativa se mueven los asuntos de muy distintas formas y desde los más diversos ángulos y ámbitos; y, en ocasiones, lo que realmente sucederá no se definió en condiciones de total transparencia.

En ANEP nos preocupa, en grado sumo, que así como fue pactado darle vía rápida en el trámite parlamentario a la aprobación legislativa de esta necesaria ley contra el fraude fiscal; de igual forma se haya dado ya, o se esté “cocinando” en estos momentos, un pacto completamente impresentable, vía rápida parlamentaria también, para la institucionalización de la precarización del empleo público, con base en los más añorados deseos del capital neoliberal y su hegemonía financiero-bancaria.

Emplazamos, de manera vehemente, al propio señor Presidente de la República, don Luis Guillermo Solís Rivera, para que nos hable al respecto, con la mayor sinceridad y con total transparencia.

Una vez más debemos insistir en la imperiosa necesidad de que todos los gremios, asociaciones laborales de todo tipo, sindicatos del sector Público y hasta los colegios profesionales, concertemos una acción mancomunada para enfrentar, de manera realmente sólida, la batalla final del empleo público.

Por otra parte, esas agrupaciones político-partidistas que ya están haciendo cálculos electorales de cara al 2018, tanto las que están ahora representadas en la actual Asamblea Legislativa, como las que están fuera de la misma, deben pensar que, a final de cuentas, hay cerca 1 millón 500 mil votos relacionados con el Sector Público (los trabajadores y sus familias, promedialmente hablando); grupos de familias costarricenses que están completamente pendientes de cómo se ha venido jugando, en todos estos meses, con su estabilidad laboral, con su sustento familiar, con sus responsabilidades en materia de endeudamientos, al hacérseles responsables por algo que nunca generaron: el déficit fiscal y, por tanto, bajo amenaza de rebajarles el salario y precarizarles su empleo.

En ANEP pensamos que estamos ya ante un escenario tan intenso que los 330 mil empleados públicos, sus familias y la diversidad de las agrupaciones que les representan, se plantarán con contundente firmeza en su propia autodefensa y en la institucionalidad republicana que representan los diferentes servicios públicos para los cuales laboran.

San José, viernes 9 de setiembre de 2016.

 

Albino Vargas Barrantes

Secretario General ANEP

Coordinador Colectivo Sindical PATRIA JUSTA

 

 

*Imagen tomada de http://www.anep.or.cr/

Enviado a SURCOS Digital por ANEP.

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SEC convoca a jornada de lucha por defensa de empleo público y reforma fiscal

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Comunicado de Prensa

A toda nuestra afiliación y dirigencias zonales

 

El pasado lunes 22 de agosto, en el Tercer Encuentro de “Unidad Sindical en la Acción”, se tomó la decisión de convocar el jueves 1 de septiembre a una Concentración frente a la Asamblea Legislativa.

El objetivo: continuar en la escalada del movimiento sindical para lograr el archivo definitivo de los proyectos de ley de Empleo Público y apoyar las reformas fiscales necesarias para que empiecen a pagar los grandes evasores, verdaderos responsables del déficit fiscal.

La jornada de lucha del 1 de septiembre iniciará a las 10:00 a.m. y se extenderá hasta las 3:00 p.m; con un acto político central a las 2:00 p.m: entregar a las y los diputados enemigos de la clase trabajadora una clara advertencia que, de avanzar estos proyectos nefastos en el período de sesiones ordinarias o votarles alguna vía rápida, las organizaciones sindicales iremos de inmediato a una Huelga General indefinida. Asimismo, aprovechar a renovar compromisos con las fracciones que se han pronunciado contra el avance de estos proyectos.

En este Tercer Encuentro de Unidad Sindical en la Acción, la dirigencia del SEC mantuvo su posición de convocar ese día a huelga, sin embargo la mayoría de las organizaciones votaron a favor de realizar la Concentración.

Así las cosas, la dirigencia del SEC valoró que esta es una lucha en favor de los intereses de todo el pueblo, por la defensa de los derechos laborales de la clase trabajadora y del sector público en particular, y ello implica una lucha conjunta con las demás organizaciones sindicales, y por eso las decisiones deben ser también unitarias para lograr sus objetivos.

No cabe aquí ningún deseo de protagonismo ni vanas beligerancias. La principal herramienta para vencer es la unidad en la acción, éste ha sido uno de los fundamentales llamados desde nuestras bases: unidad sindical. La unidad en la acción de todo el movimiento sindical se logra con acciones unitarias, por eso el SEC aceptó la decisión de la mayoría de las organizaciones, en el entendido que es una estrategia de lucha en escalada que además garantizará que al momento de un llamado a Huelga General indefinida se vaya de forma unitaria.

De esta manera, nos sumamos a esta convocatoria, mantenemos con firmeza nuestros objetivos, dejamos en claro nuestra posición pero también la convicción de que no estamos en estos espacios para imponernos ni figurar, sino para avanzar y dar fortaleza a la unidad sindical.

Nos comprometemos, ante los trabajadores y trabajadoras de la educación costarricense, a mantenernos vigilantes y seguir trabajando para que, de ser necesario, la Huelga General indefinida del sector público sea suficientemente fuerte para frenar el nefasto rumbo de los neoliberales que quieren cobrarle a la clase trabajadora la deuda social que ellos crearon.

 

*Imagen con fines ilustrativos.

Enviado a SURCOS Digital por SEC CR.

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Unidad Sindical en Acción acuerda gran concentración en la Asamblea Legislativa

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Las 19 organizaciones unidas por la defensa de la estabilidad social y el estado de derecho decidieron no afectar al ciudadano de a pie, y más bien invitarlos a participar en la concentración programada para el 1 de setiembre en la Asamblea Legislativa.

Será una cita abierta a partir de las 10 de la mañana y hasta 3:00 de la tarde frente al primer Poder de la República donde contarán con actos culturales, y de análisis de dos temas específicos: Proyectos de Ley de Justicia Tributaria y de Ley de Empleo Público que implica restricciones al gasto público.

La idea es informar a la opinión pública y darles argumentos de peso sobre las preocupaciones reales que afectan al país.

Es un paso que demuestra la buena voluntad para exigir la eliminación de las leyes que afectan al trabajar e impulsar la lucha contra la evasión fiscal que tanto daña al país.

Sin renunciar a protestas mayores en caso de no escuchar las preocupaciones del Movimiento Sindical Costarricense.

Además, como acto principal, entregar un documento a los diputados reiterando las posiciones en torno a estos dos puntos en concreto.

 

Imagen con fines ilustrativos.

Enviado a SURCOS Digital por Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense, SEC.

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Fraude fiscal y empleo público: ¿chantaje político en desarrollo?

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Comunicado de Prensa

Jugada política en el seno de la comisión parlamentaria de hacendarios representa un trueque político contra los derechos laborales del sector público

 

Los graves acontecimientos de las últimas horas ocurridos en el seno de la comisión legislativa de Asuntos Hacendarios, con ocasión del “sorprendente” movimiento, totalmente inesperado de parte de la derecha parlamentaria al servicio del capital, para desnaturalizar la esencia de la iniciativa legislativa gubernamental contra el grave fraude fiscal y robo de impuestos que azota al país, nos pone en alarma total, en la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

Desesperado como está el actual Gobierno de la República por el llevado y traído asunto del déficit fiscal, y ante la real emergencia de recursos fiscales frescos, la restauración de los planteamientos fundamentales originales de su propio proyecto contra el fraude fiscal, estaría generando un compromiso totalmente oculto para que se viabilice, en próximos días, el trámite de los proyectos en contra del Empleo Público como el contenido en el expediente legislativo No. 19.506.

Para la ANEP estamos en presencia de una especie de trueque político (más bien, un chantaje político), que consiste en el “intercambio” de aprobarle al Gobierno algunas de los artículos que ha propuesto para atacar, aunque sea mínimamente, el grave robo de impuestos y fraude fiscal que azota a la sociedad trabajadora del país; y que, a su vez, el Gobierno avale, dé viabilidad política y hasta sus votos ya no solamente para aprobar ese nefasto proyecto 19.506 sino que para que al mismo le apliquen la vía rápida, con base en el artículo 208-bis del reglamento legislativo; tal y como sucederá con el proyecto contra el fraude fiscal que deberá aprobarse, forzosamente, en el próximo mes de setiembre.

Alertamos así a toda la comunidad laboral del sector Público. A cada empleado público y a cada empleada pública, como a sus respectivas familias, les indicamos que estamos llegando a una situación de extremo peligro para la estabilidad salarial, familiar y social de todos quienes servimos laboralmente para el Estado.

Después de dos años de intensa investigación, profundo estudio, rigurosos análisis, sesiones de estudio, consultas a especialistas, más de cien artículos y comunicados de prensa, en la ANEP llegamos a la contundente conclusión de que el déficit fiscal no tiene nada que ver con los salarios del empleo público.

Sin embargo, insisten en pasarle la factura a los empleados públicos, a la clase trabajadora en general, de la gravedad de un problema que ésta jamás generó.

Con la participación de otros importantes sectores laborales organizados que están participando el proceso “Unidad Sindical en la Acción”, nos manifestaremos frente a la Asamblea Legislativa el próximo jueves 1 de setiembre.

En el caso específico de la ANEP se está convocando, de emergencia, a las bases dirigentes de la organización, representantes de las 117 seccionales que la componen, a una sesión de urgencia del Consejo Consultivo Nacional (CCN), para aprobar el texto que se le presentará, unitariamente, a los señores diputados y a las señoras diputadas; y para seguir fortalecimiento el planteamiento los mecanismos organizativos y de concientización que amerita un proceso de Huelga General si en el parlamento insisten en proyectos como el mencionado y, peor aún, en darles vía rápida.

Albino Vargas Barrantes

Secretario General ANEP

Coordinador Colectivo Sindical PATRIA JUSTA

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP

 

Imagen tomada de http://www.anep.or.cr/

Enviado a SURCOS Digital por Secretaría General ANEP.

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Unidad Sindical en la Acción: generar las acciones colectivas necesarias para…

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Comunicado de Prensa

 

ANEP comparte el documento definitivo (ver documento adjunto al final de esta nota), con las firmas originales de los y de las representantes de las diversas organizaciones sindicales que han acordado un esfuerzo mancomunado de Unidad Sindical en la Acción; esfuerzo iniciado el viernes 15 de julio, en el Hotel Balmoral y continuado el jueves 4 de agosto, en el salón de conferencias de la Jupema (Junta de Pensiones del Magisterio Nacional).

La voluntad política de este esfuerzo de Unidad Sindical en la Acción es para generar las acciones colectivas que sean necesarias para:

  • Promover una reforma tributaria que se base en el principio de que “los ricos paguen como ricos y los pobres paguen como pobres”.
  • Exigir al Gobierno no enviar al período de sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa ningún proyecto de ley que afecte la inversión estatal, los derechos laborales, el empleo y los salarios públicos.
  • Exigir el Poder Legislativo el archivo definitivo de los expedientes que afecten la inversión estatal, los derechos laborales, el empleo y los salarios públicos.
  • Respaldar la aprobación de proyectos de ley orientados a que el sistema tributario de nuestro país se oriente hacia una mayor justicia tributaria.

Unidad Sindical en la Accion

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP.

 

Enviado a SURCOS Digital por ANEP.

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ANEP condena decreto salarial

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COMUNICADO DE PRENSA

Los asalariados siguen pagando el déficit fiscal

IPC actual se quedó obsoleto, ¡hay que medir la inflación de verdad!

Apelamos, nuevamente, a la unidad sindical en la acción para enfrentar el congelamiento salarial y la defensa del empleo

 

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), integrante del Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, deja expresión fuerte por esta vía de su más enérgica condena a la desafortunada e imprudente decisión del Gobierno de la República, de imponer el nuevo decretazo salarial del ofensivo, indignante y humillante “reajuste” de los 10 colones por cada 100 mil de salario en el caso de las personas trabajadoras del sector público, aplicable en el segundo semestre de este año 2016.

Además, 75 colones por cada 100 mil, en el caso de quienes tengan un salario base de 442 mil colones o menos, es igualmente ofensivo, indignante y humillante. Esta “migaja” golpea, duramente, a quienes menos ganan en la Administración Pública, como los y las policías, las trabajadoras de los CEN-CINAI, quienes tienen laborales de vigilancia institucional, tareas administrativas, de oficina, secretariales y de servicios generales y hasta personal técnico de diversas especialidades.

La realidad es que son las personas trabajadoras asalariadas de este país las que están pagando el déficit fiscal, lo cual sigue profundizando la desigualdad y atizando la hoguera de la confrontación social.

Mientras que el trabajador sí paga puntualmente sus impuestos, en solamente un año fiscal, 335 importadores dejaron de pagar en Aduanas, la escandalosa cifra de 53 mil millones de colones. ¡Esto no puede continuar así!

Por otra parte, urge una transformación estructural para calcular, con verdadero realismo y sin maquillajes estadísticos, lo que sucede a diario con el costo de la vida. Las cifras oficiales de inflación se contradicen en el día a día con la realidad económica del bolsillo del trabajador.

El actual IPC (Índice de Precios al Consumidor) ha sido totalmente rebasado por las circunstancias económicas que han determinado a Costa Rica como el país más caro de la América Latina. El IPC, con sus contenidos mínimos y básicos de productos y servicios de la canasta básica alimentaria que le da sustento, no está midiendo la realidad del costo de la vida. Debe crearse en un nuevo indicador, un real índice de inflación, que vaya más allá del IPC actual.

“¡Se le está jalando demasiado el rabo a la ternera!”. La ANEP, así como el Colectivo Sindical PATRIA JUSTA venimos planteando, desde el mes de setiembre del año pasado 2015, la gran necesidad de una gran unidad sindical en la acción para enfrentar con verdadera fuerza y contundencia el congelamiento salarial que ya es una realidad más que evidente y reforzada con este nuevo decretazo salarial; y por otro, las amenazas al Empleo Público que siguen plenamente vigentes con varios proyectos de ley en la corriente parlamentaria de la actual Asamblea Legislativa, no solamente el ya sumamente conocido y detestado expediente No. 19.506.

Precisamente, en el día de ayer, en día del decretazo salarial, jueves 4 de agosto de 2016, ANEP y PATRIA JUSTA reafirmamos un proceso de Unidad Sindical en la Acción, conjuntamente con relevantes organizaciones que firmamos un documento relevante titulado “UNIDAD EN LA ACCIÓN EN DEFENSA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y DE LA JUSTICIA TRIBUTARIA”; documento cuyo acuerdo tercero plantea lo siguiente:

“Convocar en el corto plazo a una gran concentración de trabajadores y trabajadoras, en el marco de una jornada nacional de unidad en la acción en defensa de los derechos laborales y la justicia tributaria; en fecha que estaremos comunicando en el momento oportuno”.

Efectivamente, sólo resta acordar una fecha. El hartazgo, la indignación, la molestia, el enojo, el acoso y la agresión psicológica que invade prácticamente todos los diversos colectivos laborales del sector Público, exigen de las dirigencias sindicales, sin excepción alguna, grandes muestras de humildad para acatar el clamor de nuestras respectivas bases laborales: ¡unidad de los sindicatos! Ha quedado claro que a pesar de la importancia de movilizaciones y manifestaciones sectoriales, de carácter parcial, resultan insuficientes para parar tanta agresión.

En lo específico, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), formula un vehemente llamado a nuestros socios y a nuestras socias, a nuestra honorable membrecía, a las organizaciones amigas y fraternas del sector Público para que intensifiquemos los preparativos de la necesaria movilización que nos imponen las actuales circunstancias. ¡A prepararse todo mundo! ¡Basta ya!

Albino Vargas Barrantes

Secretario General ANEP

Coordinador Sindical PATRIA JUSTA

 

*Imagen con fines ilustrativos.

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ANEP- Consejo Consultivo Nacional: documento central para fundamentar el planteamiento de huelga general

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Comunicado de prensa

 

ANEP cuenta con el documento central que sirvió de base para la decisión tomada, el pasado viernes 29 de julio de 2016, por las presidencias y las vicepresidencias de los 117 gremios laborales componentes en la actualidad de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), y que conforman el Consejo Consultivo Nacional (CCN) de la agrupación; apoyando la tesis y el llamado a huelga general en defensa del empleo público, a favor de leyes realmente justas y transformadoras en materia tributaria y en contra del planteamiento neoliberal de que el déficit fiscal se debe a los salarios que devengan las personas trabajadoras asalariadas que laboran para el Estado.

La disposición de la ANEP en tal sentido ha sido refrendada y legitimada por sus bases dirigentes, avalando la tesis sociopolítica promovida por la organización de la Democracia de la Calle; y, para estas específicas circunstancias sociohistóricas que estamos viviendo, presuponiendo la confluencia de diversas agrupaciones mancomunadas para la lucha en Unidad Sindical en la Acción.

El Consejo Consultivo Nacional (CCN) de la ANEP conoció y debatió, además, sobre el asunto del referéndum sobre el Salario Mínimo Vital para la clase trabajadora del sector privado, ante la inminencia del inicio del proceso de recolección de firmas en los formularios revisados y certificados por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Respetuosamente estimamos que para los compañeros y las compañeras de las bases dirigentes de la ANEP (directivos seccionales y delegados sindicales), esta documentación es, prácticamente, de obligada consulta y estudio. Para toda la membrecía anepista, también.

Este documento representa una visión panorámica del pensamiento general de la ANEP en la actualidad y los fundamentos argumentales que lo sustentan.

El documento contiene la siguiente información:

1) Hoja Estratégica de ANEP.

2) Convocatoria de la Junta Directiva Nacional (JDN) de la ANEP al CCN de la agrupación.

3) Integración actual de la JDN de la ANEP.

4) Integración del actual del Equipo de Trabajo de la organización.

5) Lista actualizada de las 117 seccionales (gremios) de la ANEP.

6) Agenda de la sesión del CCN de la ANEP correspondiente al viernes 29 de julio de 2016.

7) Planteamiento “sindicalismo con ideas”.

8) Empleo público y déficit fiscal – Empleo Público: ¡nada que negociar!

9) Justicia tributaria, déficit fiscal y empleo público: Nuestras principales bases documentales.

10) Artículos publicados en Diario Extra y La Prensa Libre sobre el empleo público y el déficit fiscal (guía para su localización digital).

11) Planteamiento “la fuerza de la razón, ó… la razón de la fuerza”.

12) Planteamiento “¿es posible la unidad sindical… al menos en la acción?”

13) Acuerdos intersindicales para la Unidad Sindical en la Acción:

13a- Acuerdo del Balmoral: Unidad en la acción en defensa de los servicios públicos y justicia tributaria – 15 de julio de 2016.

13b – Comunicado de organizaciones sindicales: En defensa de los servicios públicos y por justicia tributaria.

14) Referéndum sobre el salario mínimo vital.

15) Petición oficial de parte del Colectivo Sindical PATRIA JUSTA al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

16) Proyecto de ley del Salario Mínimo Vital, expediente legislativo No. 19.312.

17) TSE: resolución No. 3752-E9-2016 del 30 de mayo del 2016 autorizando la recolección de firmas para el referéndum mencionado.

18) Muestra del formulario para la recolección de firmas sobre el referéndum del Salario Mínimo Vital.

19) ANEP: póliza colectiva de vida con el INS.

20) Propuesta sindical reajuste sector Público segundo semestre de 2016-Confederaciones sindicales.

21) El TISA, la principal amenaza para los servicios públicos.

 

Albino Vargas Barrantes

Secretario General ANEP

Coordinador Colectivo Sindical PATRIA JUSTA

 

*Imagen con fines ilustrativos.

Información enviada a SURCOS Digital por ANEP.

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Trabajadoras domésticas logran aseguramiento por medio tiempo

Publicado el . Publicado en Trabajo.

COMUNICADO DE PRENSA

Aseguramiento por medio tiempo del trabajo domestico: un logro para las trabajadoras domésticas en Costa Rica

 

El viernes 22 de julio la junta directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social de Costa Rica, aprobó el aseguramiento por medio tiempo de las trabajadoras domésticas por mandato del poder ejecutivo. Este logro fue posible a partir de un acuerdo interinstitucional del Ministerio de Trabajo, la Defensoría de los Habitantes, el Instituto Nacional de las Mujeres, la Organización Internacional del Trabajo, el Gobierno de la República y la Asociación de Trabajadoras Domésticas – Astradomes.

Hasta ahora el aseguramiento de las trabajadoras domésticas nacionales y migrantes se realizaba únicamente a tiempo completo, aunque éstas trabajaran sólo medio tiempo. Esto representaba altos costos para el empleador, lo que en muchos casos implicaba una evasión de sus obligaciones patronales. Siendo ahora a cargo de tres actores: el empleador, la trabajadora y el Estado, las trabajadoras domésticas tendrán beneficio y garantía de su seguro social. Además si la trabajadora está a cargo del cuido de adultos mayores o niños se reducirían aún más los costos al empleador por el aseguramiento.

Se espera que este acceso al seguro social, facilite también el proceso de regularización de las trabajadoras domésticas no costarricenses. No obstante este es apenas un pequeño avance para conseguir dicho estatus de regularización migratoria. Así lo subrayan la señora Rosita Acosta Ramírez, presidenta y fundadora de la Asociación Astradomes para la defensa de los derechos de las trabajadoras domésticas, y la señora Jenifer Soto Loaisiga, asesora de trámites migratorios.

Los costos de la regularización migratoria de las trabajadoras domésticas no costarricenses siguen muy siendo altos, se requieren documentos que muchos patronos no quieren facilitar, el tiempo para procesar los casos es muy largo y en dichos periodos suele haber cambiado la situación de trabajo de la trabajadora doméstica. Asimismo el permiso de trabajo que se otorga con la regularización no es portable, por lo que amarra la trabajadora migrante a su patrón, lo que se percibe según la señora Acosta como “una esclavitud moderna”.

Por lo tanto, si bien el aseguramiento de las trabajadoras domésticas representa un logro muy importante, desde Astradomes señalan que aún es necesario redoblar esfuerzos para la promoción, visibilización y mejoramiento de la situación laboral, tanto en el caso de trabajadoras domésticas extranjeras, como nacionales.

Para ello es urgente un compromiso real desde las instituciones del Estado, la sociedad civil y cada persona individualmente, para seguir avanzando en el reconocimiento de los derechos laborales de estas trabajadoras.

 

Más información: Tel. 2280 1646. Correo electrónico: astradom@racsa.co.cr

Facebook: Asociación de Trabajadoras Domésticas – Astradomes

Dirección: Curridabat, San José. Del Centro Comercial Plaza Cristal 125 metros al este y 25 metros al norte, Urbanización José María Zeledón.

Contacto: Rosita Acosta Ramírez. Cel. 8829 3370

 

*Imagen tomada de la página de Facebook de Astradomes.

Información enviada a SURCOS Digital por Fabiola Pomareda, Voces Nuestras.

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Definen estrategias conjuntas frente a problemáticas causadas por la expansión piñera

Publicado el . Publicado en Madre Tierra, Trabajo.

Comunicado de prensa

Definen estrategias frente a expansion pinera

Personas de comunidades afectadas, organizaciones ecologistas, representantes sindicales y legisladores y legisladoras participaron en un encuentro para definir estrategias conjuntas y construir soluciones frente a las problemáticas socioambientales y laborales asociadas a la expansión intensiva y extensiva del monocultivo de la piña en Costa Rica.

El encuentro, realizado el pasado 4 de junio, fue un espacio para fortalecer y ampliar los esfuerzos de lucha contra la expansión piñera, y poder llevar esta acción a una escala nacional e internacional. Uno de los objetivos que se cumplieron en esta reunión fue construir un plan de acción conjunta ante esta problemática.

En la reunión participaron personas del Frente Nacional de Sectores Afectados por la Actividad Piñera (FRENASAPP), la Asociación de Iniciativas Populares Ditsö, la Coordinadora Norte Tierra y Libertad, la Coordinadora de Lucha Sur Sur, el Foro Ecuménico para el Desarrollo Alternativo de Guanacaste (FEDEAGUA), el Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas de Costa Rica (SITRAP), los despachos de la diputada Patricia Mora y del diputado Edgardo Araya, del Frente Amplio, el programa Era Verde de la Universidad de Costa Rica, COECOCEIBA y la Red de Coordinación en Biodiversidad, entre varios otros.

Este esfuerzo es importante porque es un espacio donde existe una voluntad compartida y reúne a mucha gente y a muchos actores que, durante casi 20 años, han trabajado y estudiado el tema de los daños causados por las piñeras y acompañando a las comunidades afectadas.

En el país, el sector piñero sigue buscando un crecimiento agresivo y formas de competir con otros países exportadores de piña. Ha quedado claro que actores poderosos como la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña (CANAPEP) ejercen fuerte presión ante el actual Gobierno, tanto en políticas agrícolas como en medidas fitosanitarias. Cuando recientemente el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) -adscrito al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)- ordenó la inspección de contenedores de piña para exportación en los puertos de salida, los productores se quejaron por este endurecimiento de controles sanitarios, y presionaron al Gobierno hasta que se sacó al director de dicha instancia, Francisco Dall’Anese. La medida había sido dictada por un aumento en los casos de detección de insectos en estos contenedores, destinados a Estados Unidos.

En las últimas décadas han aumentado en Costa Rica las héctareas sembradas de piña, el número de transnacionales instaladas y es claro que se ha generado una dinámica de dependencia de las economías locales donde están las fincas piñeras.

Investigadores del Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO) de la Universidad Nacional realizaron un estudio sobre jóvenes nicaragüenses y las dinámicas laborales en fincas piñeras de la Zona Norte, específicamente en las localidades de Guatuso, Pital y Aguas Arcas de San Carlos, Los Chiles, y Upala.

De acuerdo con el estudio, las 21 personas entrevistadas no tienen jornadas laborales claras ni vacaciones sino que sus horarios están sujetos a la demanda del mercado exterior y al período de cosecha. Trabajan un promedio de 6-7 días a la semana y entre 8-10 horas al día. Además, no existe un salario mínimo y éste varía según la finca. Las violaciones más graves ocurren con la figura del contratista, pues según las personas entrevistadas éste no tiene responsabilidad patronal, no les paga seguro social ni póliza de riesgos y se les obliga a largas jornadas de trabajo.

En abril de este año se dio a conocer el estudio “Condiciones de producción, impactos humanos y ambientales del sector piña en Costa Rica”. El reporte, elaborado por Oxfam y la Oxfam y la Asociación Regional Centroamericana por el Agua y el Ambiente (ARCA) estaba dirigido a los países consumidores de la piña que se produce aquí.

La investigación concluyó que grandes empresas piñeras que alaban la sostenibilidad vierten sus aguas residuales contaminadas con químicos cerca de reservas de agua potable sin ocultarlo; y que compañías responsables de contaminar aguas subterráneas no han pagado indemnización alguna ni construido el sistema de abastecimiento de agua requerido para subsanar el daño. Asimismo, se destacaron las quejas de las personas trabajadoras en las piñeras sobre sueldos, horas de trabajo e incumplimiento de derechos sindicales.

Después de tener un panorama sobre las principales consecuencias socioambientales y laborales causadas por la expansión piñera -y que son resultado de experiencias de ex-trabajadores, de personas vecinas de las fincas piñeras, y de investigaciones académicas-, en el Encuentro se discutieron las posibles rutas a seguir en conjunto para la construcción de alternativas.

Las y los participantes en el Encuentro aseguraron que continuarán trabajando en esa dirección, al lado de las comunidades que sufren las consecuencias directas del desarrollo, muchas veces irresponsable, de la actividad piñera; a vista y paciencia de todo el aparato institucional.

 

Información enviada a SURCOS Digital por Fabiola Pomareda, Voces Nuestras.

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Trabajadores de CCSS solicitan cese de rebajos de salarios y reposición de tiempos

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La Central General de Trabajadores comparte con SURCOS Digital el oficio emitido por las organizaciones integrantes, con respecto a la solicitud de cese inmediato de los rebajos de salarios y reposición de tiempos improcedentes a los trabajadores de la CCSS por su participación en la huelga realizada el pasado 26 y 27 de abril:

 

San José, 24 de junio de 2016

SG-SISSS-333-16

 

Doctora

María del Rocío Sáenz Madrigal

Presidenta Ejecutiva

CCSS

Asunto: Solicitud de cese inmediato de los rebajos de salarios y reposición de tiempos improcedentes a los trabajadores de la Caja por su participación en la huelga de los días 26 y 27 de abril de 2016

Estimada doctora: reciba un atento saludo.

Sirva la presente para reiterarle la solicitud de nuestra organización sindical trasladada mediante el oficio SG-SISSS-259-2016, en el sentido que la Institución cese en su intención de realizar rebajos de salarios u obligar a reponer con tiempo en forma ilegal, a los trabajadores(as) participantes en la huelga de los días 26 y 27 de abril de 2.016.

Lo anterior pese a que el Lic. Ronald Lacayo Monge, Gerente Administrativo y por delegación de esa Presidencia Ejecutiva, mediante oficio GA-48061-2016 de fecha 20 de mayo de 2016, informó que no habrían procedimientos administrativos, sancionatorios ni de responsabilidad patronal por esta causa; pero ulteriormente se han emitido diversas directrices en contrario, las cuales consideramos arbitrarias e improcedentes por los siguientes motivos:

 

  1. Según lo consignado por el señor gerente administrativo en el oficio GA-48061-2016, la Caja Costarricense de Seguro Social sólo accionó dos procesos judiciales en razón de la huelga del 26 y 27 de abril; a saber, uno bajo el expediente 16-000419-0641-LA-4 en el Juzgado de Trabajo de Cartago y otro bajo el expediente 16-000431-1178-LA-8 en el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José referente al Hospital San Juan de Dios, Hospital Calderón Guardia y Hospital México.
  2. Bajo ésta premisa, resulta evidente que deviene en ilegal la pretensión de rebajos de salarios o de reposición de tiempos que impulsa la Caja en todo el país; dado que la Institución no actuó oportunamente en presentar las diligencias judiciales de ley, si es que su intención era hacer dichos rebajos y reposiciones de tiempos.
  3. Inclusive ésta pretensión es inaplicable en los hospitales San Juan de Dios, Calderón Guardia, México y de Max Peralta de Cartago, ya que las sentencias de primera instancia han sido apeladas, lo cual acarrea que al no estar en firme aún no son definitivas.
  4. Respecto al acuerdo firmado por la Caja y una representación del Bussco (cinco sindicatos institucionales encabezados por Undeca), debemos manifestar que las más de 53 organizaciones sindicales existentes en la Institución, pero sobre todo las que pertenecemos a la Federación Unitaria Nacional de Sindicatos de la Salud y la Seguridad Social-FUNASS y posiblemente también los trabajadores que no están afiliados a ninguna organización sindical, no nos sentimos representados ni aceptamos los términos de ese acuerdo, toda vez que no se nos convocó a dicha reunión, a pesar de haber sido parte activa del movimiento de huelga en amplios sectores de trabajadores y centros de trabajo en todo el país.
  5. Aunado a lo anterior, siendo que hasta donde nos consta el Bussco no es una organización de derecho, su legitimidad para ejercer la representación de todos y todas las trabajadores(as) de la Caja participantes en la huelga debió ser acreditada; siendo ésta una razón más por la que no reconocemos y mucho menos aceptamos dicha negociación.

PETITORIAS:

  1. Reiteramos nuestra solicitud en el sentido de que la Presidencia Ejecutiva de la Caja a su digno cargo, interponga sus buenos oficios en el sentido de que se dejen sin efecto todas las directrices instituciones y las acciones de las jefaturas intermedias, con las que se pretenden realizar rebajos de salarios y reposiciones de tiempos improcedentes e ilegales a los trabajadores de la CCSS, en razón de su participación en huelga del 26 y 27 de abril de 2.016 que no ha sido declarada ilegal por las instancias judiciales competentes.
  2. En el caso del Hospital de Cartago, HCG, HSJD y Hospital México, quedamos a la espera de las resoluciones en sentencias en firme, posterior a las cuales estamos anuentes a negociar con las autoridades institucionales y con la participación de todas las organizaciones sindicales de la Caja interesadas, las acciones que en derecho correspondan.

 

Sr. Carlos Alberto Gómez Ramos

Secretario General

Sindicato de la Salud y Seguridad Social

SISSS

 

*Imagen con fines ilustrativos.

Enviado a SURCOS Digital por Carlos Cabezas, CGT.

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