La UNT es el sindicato representativo de la Policía, Personal de Cocina y Operadores de Equipo Móvil del Sistema Penitenciario Nacional, sector laboral que ha sido históricamente marginado, maltratado y abusado en sus derechos humanos y laborales.
Con la llegada de la UNT estos trabajadores y sobre todo la Policía Penitenciaria, han aprendido a reconocer y defender sus derechos, han superado la época del silencio y del sometimiento a procedimientos y mandos de corte dictatorial, y a la amenaza de ser despedidos o trasladados si reclamaban un derecho o planteaban una disconformidad.
Esta política de amenaza velada y de sometimiento a la Autoridad superior, ha tomado un nuevo impulso emanado de las más altas autoridades del Ministerio de Justicia y Paz y de la Policía Penitenciaria. Valga decir, que ni la Ministra de Justicia y Paz ni el Director de la Policía Penitenciaria escuchan razones, solo imponen sus decisiones, no importa si con ello se lesionen intereses personales, familiares o sociales. Por cualquier problema debemos acudir al Ministerio de Trabajo, Defensoría de los Habitantes, Tribunales de Trabajo, la Casa Presidencial, o bien ejercer nuestro derecho a manifestarnos en la calle.
El pasado 17 de abril cuando visitamos al señor Presidente de la República junto al BUSSCO (Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense) le solicitamos atender de forma urgente la problemática socio laboral del Sistema Penitenciario, que pasa a nuestro criterio, por hacer un cambio en las jerarquías con el fin de que haya mayor disposición y voluntad de diálogo y negociación. El 1 de mayo, con un grupo de trabajadores, en las afueras de la Catedral, le reiteramos esa solicitud al Presidente.
Esperamos que nuestra demanda tenga eco y que muy pronto veamos cambios en el Ministerio de Justicia y Paz, de forma que su titular, escuche, dialogue, negocie y busque consensos para ir abordando la problemática de las y los trabajadores.
Enviado por la Unión Nacional de Trabajadoras y Trabajadores.
Tribunal restituye dirigente sindical en plantación de piña
Un triunfo contra las prácticas anti-sindicales en las empresas agro-industriales
Sala Segunda falla a favor de la restitución del sindicalista Pablo López Gracia y condena a la empresa Piña Frut, S.A a pagar los salarios dejados de percibir por el trabajador desde la fecha del cese en agosto del 2010 y hasta su efectiva reinstalación; así como los aguinaldos que correspondan a ese periodo, tomando en cuenta los ajustes de salario que se den por parte del Consejo Nacional de Salarios.
Después de una lucha legal de 5 años por parte del Sindicato de Trabajadores Agrícolas de Plantaciones, SITRAP, se demostró la ilegalidad del despido por parte de la empresa representada por Jorge Acón Sánchez, un enemigo de los derechos laborales de sus trabajadores.
Pablo López mostró su satisfacción por esta victoria sindical y personal pues estos años han sido muy difíciles para él y su familia en vista de las dificultades para encontrar trabajo estable en la zona.
Hay otros casos de persecución sindical y de irrespeto de los derechos laborales en esta misma empresa piñera así como en otras plantaciones, que tienen sentencia en firme con los mismos resultados, y además hay otros casos presentados que van por el mismo camino.
SITRAP está dando una intensa campaña en la defensa de los y las trabajadoras agroindustriales, que ha conseguido que pierdan el miedo y se animen a demandar a los patronos que violentan sus derechos.
Esta lucha también ha puesto en evidencia la alcahuetería del Gobierno con la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña, CANAPEP, asegurando que las empresas respetan la libertad sindical y los derechos laborales. También ha quedado en desnudo la farsa de las certificaciones de calidad socio-laboral que se le otorgan a estas empresas.
También damos las gracias a las organizaciones y amigos, nacionales e internacionales que nos han tendido su mano para que SITRAP continúe en lucha por los derechos de la clase trabadora en las plantaciones agrícolas en Costa Rica, sus aportes no han sido en vano, esto es parte de los resultados.
El Sindicato felicita al representante legal Jorge Barboza de SITRAP y a los valientes trabajadores que atestiguaron en los tribunales, pese a la campaña de amedrentamiento de la Empresa. Así mismo se agradece a todas y todos los trabajadores que cada día engrandecen a SITRAP.
Contacto: Didier Alexander Leitón Valverde, Secretario General SITRAP: Celular: 83090994
Enviado a SURCOS Digital por Juan Carlos Cruz Barrientos.
La producción de caña de azúcar lesiona la salud y los ecosistemas
La epidemia de la enfermedad llamada insuficiencia renal crónica, que en otros lugares del mundo es desencadenada por diabetes e hipertensión, parece que en Costa Rica y en Mesoamérica tiene como principal causa ciertas condiciones de trabajo en los cañaverales. Sus víctimas son los trabajadores que cortan caña de azúcar con machete, que suelen trabajar bajo temperaturas cercanas a 40 ºC y en medio de una humedad de hasta 75 %. Estas condiciones ambientales, sumadas a las jornadas largas e intensas, los conduce a estrés por calor, deshidratación y a una reducción de la función del riñón.
Lo anterior ocurre, mayoritariamente, en las proximidades de la costa pacífica de Centroamérica. En Costa Rica, donde se cultiva unas 60.000 ha de caña, las plantaciones están localizadas principalmente en Guanacaste (Pacífico norte del país), y es aquí donde vemos concentrada la problemática sanitaria dicha. Ante esta, expertos internacionales en salud ocupacional han insistido en que los cortadores debieran, por cada 15 minutos de trabajo, descansar 45, pudiendo así evitarse el estrés térmico y sus consecuencias. Pero, como es de esperar, esto no es oído por los empresarios.
Las lacras en la salud humana derivadas de la producción cañera también tienen que ver con el uso de plaguicidas destinados a combatir malezas, insectos, hongos, nematodos y roedores en las fincas. Las intoxicaciones y daños crónicos en la salud por la exposición a tales sustancias están bien documentados en hospitales y por numerosos estudios. Y los ecosistemas, cómo no, son otros damnificados de los plaguicidas, porque estos llegan a aguas superficiales y subterráneas y afectan la vida acuática y mucha otra vida animal que depende de cuerpos de agua contaminados.
A ese cuadro de injurias, que señalamos sin negar el papel positivo de la industria cañera en la economía, se suman las quemas de los cañaverales realizadas horas antes de ser cosechados. Esos incendios, que privan al suelo de enriquecerse naturalmente con los residuos de la cosecha, liberan monóxido de carbono, otros gases contaminantes y partículas finas que envenenan la atmósfera y las aguas, causando enfermedades respiratorias y de otras índoles en seres humanos expuestos, según lo sostienen investigaciones médicas.
La quema podría evitarse y, de hecho, se evita en muchos lugares; o sea, la caña podría ser cortada sin quemarse, cortada en verde, pero esto eleva el costo de producción. Se estima que quemándola se incrementa al doble el rendimiento de los cortadores y, de paso, se elimina con un brutal sopapo la maleza y se frena plagas, realizando a corto plazo pingües ahorros en mano de obra.
Ante la situación descrita, debe incrementarse la presión para modificar las jornadas y las condiciones (y técnicas) de trabajo en los cañaverales, particularmente las atingentes a los cortadores; debe disminuirse y racionalizarse el uso de plaguicidas cautelando la salud y el ambiente, y debe prohibirse las quemas en bien de poblaciones humanas vecinas y de ecosistemas.
La edición 252 de AMBIENTICO, la cual es producida por la Escuela de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional, correspondiente a abril de 2015, viene dedicada al análisis de los aspectos de la producción cañera en Costa Rica que lesionan la salud de los trabajadores de las plantaciones, la salud de los vecinos de estas y el ambiente. Su contenido es el siguiente:
– Producción de caña de azúcar lesiona salud y ecosistemas, Editorial.
– Cortadores de caña de azúcar, calor y efectos negativos en su salud, Jennifer Crowe, Catharina Wesseling, Tord Kjellstrom y Maria Nilsson.
– Uso de plaguicidas en cultivos de caña de azúcar en Guanacaste, impacto ambiental y salud humana, Virya Bravo, Elba de la Cruz, Gustavo Herrera, Geannina Moraga y Fernando Ramírez.
– Sustancias biocidas en la producción de caña de azúcar en Costa Rica, Fernando Ramírez, Vyria Bravo, Gustavo Herrera y Elba de la Cruz.
– Letalidad del fuego y el humo en la zafra cañera, Carolina Rugeles.
– El fin de las quemas en los cultivos de caña, Gadi Amit.
La crisis que experimenta el servicio de Cardiología del Hospital México, debido a la larga lista de espera y la muerte de 141 pacientes por falta de atención, es extremadamente grave; es por ello, que desde la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA) exigimos a las autoridades de la Caja –Presidencia Ejecutiva, gerencias, Junta Directiva- que se tomen acciones urgentes, integrales y rigurosas.
Pero es importante indicar que esta situación no es nueva, y mucho menos desconocida por las autoridades, pues desde el 2010 se dieron a conocer las condiciones de dicho servicio, cuya lista de espera ha venido en aumento año tras año, a vista y paciencia de los jerarcas.
En un oficio del año pasado, remitido al Director General y al Jefe de Cirugía del Hospital México, una jefatura de otro servicio, dejó en evidencia la dramática situación que vivía, y continúa presente en Cardiología.
“Desafortunadamente, para quienes fallecieron esperando que se les practicara el cateterismo cardíaco y para sus familias, las reiteradas advertencias y planteamientos realizados por diversas instancias y jefaturas, a tiempo, pasaron inadvertidas, considerando esto una violación al derecho humano fundamental y a la vida” señaló Luis Chavarría, secretario general de UNDECA.
Consideramos que las Juntas Directivas del pasado y la actual de la Caja no pueden seguir empeñadas en implementar soluciones cosméticas, pues las unidades técnicas de listas de espera han sido por muchos años un rotundo fracaso.
Tampoco ha funcionado el nombramiento de comisiones internas de bajo perfil. Es hora de tomar acciones verdaderas y dejar de improvisar con la salud y la vida de las personas.
Esta situación justifica que se establezca una comisión especializada, totalmente independiente de la Caja, que se investigue y se sienten las responsabilidades administrativas a cada una de las instancias, desde el ámbito local hasta el político institucional.
Demandamos que para garantizar el resultado de esta investigación, se intervenga la Dirección del Hospital México, se facilite al servicio de Cardiología todos los recursos materiales, humanos y cualquier insumo, equipos que requiera para que se garantice la atención de los pacientes un trato oportuno en este y cualquier otro lugar del país.
“Solicitamos que se nombre la comisión indicada al menor plazo posible, que el Ministerio de Salud se involucre como le corresponde y que se garantice la integridad y estabilidad laboral de los funcionarios que prestan el servicio en dicha unidad y que se prevenga a las autoridades de no adoptar ninguna clase de represalia contra quienes denunciaron la situación”, añadió Chavarría.
Por último, demandamos a la Junta Directiva de la CCSS se instale de forma inmediata, para que se inicie un diálogo para discutir la Agenda Nacional Unitaria para el Rescate de la Caja, que contiene propuestas de los sectores sociales y populares, que fue entregada a la representación laboral y la Presidencia Ejecutiva a finales del año anterior.
En la tarde de hoy martes 14 de abril, la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa, aprobó una partida de ¢1.390.663.320 millones, para que el Estado haga frente a una parte de una deuda que mantiene con la Policía Penitenciaria.
La deuda aproximada a unos ¢2.300.000.000 millones se generó por espacio de unos 14 años, dado que las distintas autoridades Penitenciarias y del Ministerio de Justicia y Paz, abusando del régimen de disponibilidad que rige en este cuerpo policial, obligaban a todos los policías a presentarse al menos una vez por mes a laborar en su tiempo libre.
Valga decir también, que a este cuerpo penitenciario, abusando de este mismo concepto de disponibilidad, antes del ingreso de la UNT al sistema penitenciario, se les obligaba a laborar jornadas extenuantes, muchas veces superiores a las 17 horas.
La UNT se propuso garantizar el derecho al descanso de este cuerpo policial, encontrando eco en las autoridades penitenciarias de la Administración anterior y ahora con el Gobierno actual, que debemos reconocer ha hecho esfuerzos por respetar el derecho al descanso y ahora por honrar la deuda que se tiene por el abuso cometido con el régimen de disponibilidad.
La UNT estará vigilando para que en los debates parlamentarios que restan, por el término de un mes, se respete el destino que la Comisión de Hacendarios le ha dado a esta partida.
Con este pago al menos se hace un poco de justicia con todas las carencias y atropellos que por más de dos décadas han sufrido las y los policías penitenciarios.
Enviado a SURCOS Digital por Unión Nacional Trabajadoras y Trabajadores.
El proyecto debe respetar los derechos de los trabajadores y recuperar el papel de la obra pública como proyecto de desarrollo y no como negocio de corporaciones privadas
Se ha anunciado que el Proyecto de Transformación del CONAVI está listo. La UNT a través de su Seccional UNT-CONAVI está preparada para analizar a fondo el proyecto de ley, desde dos perspectivas fundamentales:
-Garantizar el derecho al trabajo de quienes laboran en el CONAVI.
-Garantizar que el proyecto realmente sirva para terminar con el corporativismo y la corrupción en el proceso de elaboración de diseños, mantenimiento y construcción de obra púbica vial.
Quedamos a la espera de que el Ministro Segnini envíe a consulta de la UNT el proyecto, a la vez de que redoblaremos nuestro trabajo en la Asamblea Legislativa para el posicionamiento de nuestras propuestas.
Si el proyecto no cumple con las expectativas que desde la UNT nos planteamos: tutelar los derechos de las y los trabajadores y recuperar el papel de la obra pública como proyecto de desarrollo y no como negocio de corporaciones privadas, la UNT dará la pelea donde haya que darla para que el proyecto no prospere.
Enviado a SURCOS Digital por Unión Nacional de Trabajadoras y Trabajadores.
Tenemos muchísimos años de relacionarnos con las organizaciones sindicales de la CCSS, más recientemente varios sindicatos afiliados a nuestra Federación Nacional de Sindicatos de la Salud (Funass) nos ha demostrado que el nivel de conflictos laborales es alto, lo más lamentable es que la voluntad de resolverlos tiende a ser baja, algo así como si nadie administrara la institución o bien poco le interese a las autoridades resolver problemas.
Siendo una institución pública que su razón de ser es la atención del público, es inconcebible que más bien la representación patronal no una esfuerzos con nuestros sindicatos en la solución de los problemas de manera permanente y todavía más descabellado que luego de lograr un acuerdo con ellos no cumpla.
Nuestros compañeros en San Carlos nuevamente son traicionados por los representantes patronales al incumplir los acuerdos que evitaron una huelga hace poco tiempo, lo cual los obliga a declarar la huelga en los EBAIS de Ciudad Quesada y San Pablo, estos equipos solo cuentan con un miembro de registros médicos para dos médicos lo que provoca un recargo de funciones.
Nuestra Central da su respaldo al movimiento de protesta e insta a la jerarquías institucionales a resolver de inmediato la situación cumpliendo con los acuerdos, instamos a las organizaciones sociales y sindicales a seguir el ejemplo de los y las luchadoras que superan las prácticas represivas de la CCSS para luchar por mejorar la capacidad de atención y los derechos de la colectividad laboral.
En una demanda ordinaria laboral que el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense, SEC, planteó a favor de una maestra de preescolar en contra del Estado, el Tribunal de Trabajo del Segundo Circuito judicial de San José, ordenó conceder con la mayor prontitud las vacaciones que ésta no pudo disfrutar por acogerse a una licencia por maternidad, o de lo contrario, pagar lo correspondiente a un mes de salario, con los intereses acumulados.
La demanda fue establecida por una maestra de preescolar, de Monteverde de Puntarenas, que inició la incapacidad por maternidad el 26 de diciembre 2013 y hasta el 25 de abril del 2014, período durante el cual no disfrutó de sus vacaciones en el tanto de un mes.
Luego de finalizar la incapacidad, la docente solicitó al MEP el disfrute del período de vacaciones, sin embargo, se le negó bajo el argumento de que la licencia suspende la prestación efectiva del servicio y que no le asistía el derecho. Esta tesis fue rechazada por la demandante quien alegó que por disposición legal la licencia por maternidad no interrumpe el contrato de trabajo, para efecto de cálculo de vacaciones anuales.
Los Tribunales de Trabajo resolvieron con fundamento en el artículo 51 de la Constitución Política que consagra a la familia como el elemento natural y fundamento de la sociedad, además que establece el derecho de protección especial por parte del Estado a la madre y al niño.
“La licencia por maternidad, reside en un período de cuatro meses, un mes de reposo antes del parto y tres meses después del nacimiento del o la bebé, para que exista un espacio de adaptación entre la persona recién nacida y la madre, se considera un período mínimo de lactancia.” Dice la Sentencia N° 187, que además es clara al establecer que este derecho se debe hacer efectivo en un plazo que no exceda las quince semanas.
El SEC se siente complacido con esta sentencia y recuerda a los trabajadores de la educación que las vacaciones son un derecho imprescriptible, que en el caso de esta sentencia fue por maternidad, pero igual opera para incapacidades otorgadas por otros motivos de salud a todo servidor.
La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social, UNDECA, interpuso proceso contencioso administrativo contra el Estado, cuyo objetivo es la anulación del Decreto Ejecutivo que prohíbe el derecho de huelga en los servicios esenciales.
Este represivo decreto, promulgado en diciembre de 2014, a consecuencia de la presión del sector empresarial, fue complacientemente fabricado en el astillero común del Gobierno y sus aliados políticos.
Al tenor de sus disposiciones, a los trabajadores y trabajadoras que laboran en los servicios de salud, seguridad, energía, agua, telecomunicaciones, carga y descarga en muelles y atracaderos, entre otros, de un solo zarpazo, se les impuso la prohibición absoluta de la huelga, no obstante que se trata de un Derecho Fundamental, protegido en los Convenios de OIT y en nuestro propio ordenamiento jurídico.
Martha Rodríguez, manifestó: “De acuerdo al Artículo 60 de la Constitución Política, a los sindicatos les compete la realización de fines constitucionalmente definidos, en orden a la defensa y promoción de los intereses económicos, sociales y profesionales, en general, de los trabajadores y trabajadoras. Este tipo de acciones represivas del Gobierno atentan contra la libertad y el derecho sindical”.
Para Luis Chavarría Vega, Secretario General, este decreto se promulgó arbitrariamente, porque se impidió que las organizaciones tuviéramos la oportunidad de analizarlo y pronunciarnos oportunamente.
Chavarría reiteró que este tipo de medidas agresivas contra el movimiento sindical no son nuevas:“desde 1948, cuando se ilegalizaron los sindicatos, todos los gobiernos han venido aplicando medidas para eliminar el sindicalismo en Costa Rica, intimidando a los y las trabajadoras, realizando despidos ilegítimos, reprimiendo las manifestaciones. Esto no es nuevo, lo que a algunos extraña es que el nuevo gobierno que en la campaña electoral se proclamó “diferente” al PLN y el PUSC, actúe con insidia en contra los y las trabajadoras”.
Por lo visto, se trata de la misma receta política, de carácter autoritaria, que cada vez más decepciona a nuestro pueblo, que fue a las urnas creyendo que las cosas iban a ser muy diferentes.
Mediante este proceso contencioso que se presentó en los Tribunales, se pretende que se anule este deplorable decreto, que resulta absolutamente irreconciliable con los postulados de nuestro Estado Social de Derecho.
La huelga es un derecho sagrado de la clase trabajadora, por el que han ofrendado su vida tantos mártires de la clase obrera, no vamos a permitir que los sectores políticos y económicos más reaccionarios nos lo vayan a arrebatar.
Lucha de SINTRAJAP contra el monopolio privado de los puertos de Limón y de Moín: más legítima que nunca
Paradójicamente la lucha de SINTRAJAP es a favor de la libre competencia
¡Caldera enseñó!:
Nunca bajaron los precios de los granos básicos que ocupa el pueblo para su mínima alimentación
A nombre de la coalición sindical PATRIA JUSTA, de la cual es digno integrante el Sindicato de Trabajadores de Japdeva, Portuarios y Afines (SINTRAJAP), tenemos que censurar las deplorables y desafortunadas declaraciones del Presidente de la República, don Luis Guillermo Solís Rivera, con ocasión de la protesta que protagonizaron integrantes de dicha agrupación laboral, este domingo 8 de marzo, durante la visita del mandatario a los terrenos en los cuales se impondrá el monopolio privado de explotación lucrativa de los muelles de Limón y de Moín, los más importantes del país.
Cuando el mandatario expresa frases contra los trabajadores y las trabajadoras en manifestación en las cuales, por ejemplo, se deja decir que: “Si se quedan ahí será para tomarse unas vacaciones de pocas horas, pero nada va a cambiar”, está implícita una perversa connotación denigrante en contra del personal trabajador de Japdeva y, por ende, de la propia población trabajadora limonense; “olvidando” que él también fue participante en muchas manifestaciones de calle. Creemos que debe disculparse por ello.
Muchos años de agresión mediática en contra de Japdeva por su carácter de empresa pública de propiedad nacional; en contra de su personal por tener una Convención Colectiva de Trabajo de orden constitucional; en contra de SINTRAJAP por haber asumido una posición patriótica y nacionalista, en favor de la soberanía nacional de los puertos costarricenses; llevan al Presidente Solís a alimentar la perversa especie de que este conglomerado laboral es de “vagos que están de vacaciones cuando protestan”.
No quisiéramos pensar que por tratarse del pueblo trabajador de Japdeva el que estuviera protestando, parte fundamental del pueblo limonense, en la mente presidencial hubiese algún otro pensamiento discriminatorio.
Considerando la propia experiencia de la privatización monopólica de los muelles del Pacífico, especialmente el de Caldera, podemos decir que solamente incrementó las ganancias corporativas del empresariado extranjero que lo controla: exterminaron la organización sindical, se precarizaron los empleos que quedaron, se tercerizó mucha de su actividad abaratando la mano de obra involucrada; y pese a que fue abolida la negociación colectiva con el falaz argumento de que la actividad portuaria pública era muy “costosa” para la tal “competitividad”, el pueblo trabajador del país no ha visto ninguna rebaja en productos alimenticios de consumo básico y generalizado (arroz, galletas, pan, macarrones y similares), cuya materia prima de elaboración (básicamente, granos), ingresa por dicha terminal marítima.
Es cuestión de revisar los indicadores sociales de Puntarenas luego de privatizado con carácter monopólico los muelles del INCOP, para constatar la naturaleza legítima de la lucha de SINTRAJAP en contra de otra corporación portuaria monopólica, en este caso en los muelles del Atlántico.
Está más que demostrado que la entronización del monopolio privado en la actividad portuaria de los muelles de Moín y de Limón, encarecerá enormemente la importación y la exportación de productos, resultando gravemente afectado la inmensa mayoría de la población, especialmente la clase trabajadora en todas sus expresiones; esa misma que hoy vive la desigualdad, que sufre la concentración indetenible de la riqueza, la precariedad salarial y el desempleo, así como el altísimo costo de la vida.
SINTRAJAP ha sido contundentemente claro en que su lucha actual es para que Japdeva tenga las mismas condiciones que se le están dando al consorcio transnacional holandés, a fin de competir en el mismo sentido en que lo hace el ICE y el INS, por ejemplo.
Paradójicamente, tenemos el “extraño” caso de un sindicato altamente representativo de una empresa pública pidiendo, luchando y exigiendo que a ésta la dejen competir al más puro estilo de la prédica neoliberal al respecto.
Por demás, estamos completamente convencidos de que tanto en el caso de los muelles de Puntarenas, en su momento; como en el caso de los del Atlántico hoy en día, la hegemonía política dominante que ha controlado la políticas públicas estratégicas en los últimos gobiernos del bipartidismo clásico, le torcieron el brazo jurídico a la institucionalidad republicana, a fin de que contrariando gravemente lo que la actual Constitución Política establece, estos muelles fueran entregados al monopolio privado extranjero sin pasar por la Asamblea Legislativa. En tal sentido, no estamos obligados a reconocer una legitimidad legal para este asalto al patrimonio público.
Hacemos un llamado a la población trabajadora de SINTRAJAP a unirse a los próximos eventos programados para que JAPDEVA permanezca en el tiempo. Igualmente, hacemos un llamado a todas las fuerzas vivas de Limón para que sumen esfuerzos cívicos y defiendan, igualmente, a JAPDEVA que llegó a convertirse a lo largo de los años en algo así como el “Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Limón”. De nuestra parte, PATRIA JUSTA: coalición sindical latinoamericanista, reitera su apoyo a la lucha de SINTRAJAP.
Finalmente, hacemos un llamado a la más grande conjunción de esfuerzos sociales de todo tipo para fortalecer la posición de SINTRAJAP a favor de la institucionalidad pública y en contra de la extracción de recursos patrimoniales a favor de intereses corporativos transnacionales cuyos socios individuales, probablemente, ni siquiera saben ubicar a Costa Rica en el mapamundi.
“Si es sumamente grave que aventureros extraños se atrevan a comprar la patria, lo sería mucho más, e ignominioso, que hijos del país de bruces se la vendieran”. El gran patriota costarricense don Joaquín García Monge, al pie del Monumento Nacional así nos lo advirtió hacia casi un siglo.
Enviado a SURCOS Digital por Albino Vargas Barrantes.
