Conversamos con representantes de los exmuelleros de Limón para conocer como ha seguido el proceso del proyecto de ley que procura reconocer y pagar las indemnizaciones que les asiste como extrabajadores y que durante décadas ha prevalecido la injusticia histórica del no reconocimiento de este derecho.
18 de junio de 2024, San José, “Solicitamos la interposición de sus buenos oficios, a efectos de que se proceda a la subsanación de los incumplimientos de requisitos de idoneidad de las Juntas Directivas del Conglomerado Financiero Banco Popular y Desarrollo Comunal”, así indica la nota enviada, el 13 de junio, a Rocío Aguilar Montoya Superintendente de Entidades Financieras (SUGEF), suscrita por Lenin Hernández Navas, Presidente del Directorio del a Asamblea Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Banco Popular y Desarrollo Comunal (ATTBPDC).
“Nos preocupa que el presidente de Banco, José Eduardo Sánchez Sibaja, en apariencia no cumple con dos requisitos establecidos en la regulación 15-22 del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero Nacional (CONASIFF):
De acuerdo con Hernández Navas lo alarmante es que el incumplimiento por falta de experiencia es insubsanable porque de acuerdo con el CONASSIF debe tener, “al menos ocho años en los últimos diez años, de experiencia práctica y profesional en puestos directivos o en puestos de Alta Gerencia según lo indica el Artículo 5, inciso a, Acuerdo CONSASSIF 15-22.
Por su parte Vivian Rodríguez Araya de la Secretaria del directorio emplazó al Consejo de Gobierno para que tome acciones ante el incumpliendo de requisitos de la junta directiva, que impuso a dedo, y advirtió que el Banco Popular tiene una función muy distinta a las otras entidades financieras por su visión social con que se creó e indicó que la idoneidad de los miembros de juntas directivas y altas gerencias debemos vigilarlo y asegurarnos de que las personas que optan por ocupar un puesto cumplan cabalmente con los perfiles y normativa correspondiente.
Acciones sobre las cuales no podemos claudicar máxime que el BPDC es una entidad que cuenta con un sólido patrimonio y con una relevante participación en la industria financiera y la banca social.
Por otra parte, Hernández Navas insistió que el Poder Ejecutivo debe asumir la responsabilidad porque nombró a la actual junta directiva y fue don Rodrigo Chaves quien es omiso en los requisitos de idoneidad que se requieren para miembros de juntas directivas de una entidad financiera, a pesar, de su experiencia bancaria.
BPDC
El BPDC se creó hace 55 años, con la clara orientación de brindar protección económica y social, a través de servicios y productos financieros para los trabajadores, las organizaciones sociales y productivas y aquellos sectores que no encuentran soluciones en la banca tradicional.
ATTBPDC
La ATTBPDC representa a sus dueños y tiene un mandato de ley de fiscalizar la gestión de la Junta Directiva y la Gerencia del Banco. Por ello es vigilante y estricta de que las personas que optan por ocupar un puesto en la Junta Directiva cumplan cabalmente con los perfiles y normativa correspondiente.
La ATTBPDC está integrada por 290 personas delegadas ante la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras, quienes representan a los dueños de la entidad financiera y su nombramiento se realiza cada cuatro años y es la máxima instancia del conglomerado financiero del Banco Popular y Desarrollo Comunal.
La ATTBPDC tiene entre sus tareas la definición de pautas y orientaciones estratégicas que guiarán el quehacer diario del conglomerado financiero integrado por el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, Popular Valores Puesto de Bolsa S.A., Popular Fondos de Inversión S.A., Popular Seguros, Correduría de Seguros S.A. y la Operadora de Pensiones Complementarias del Banco Popular y de Desarrollo Comunal S.A.
Directorio Nacional
Está conformado por cuatro personas delegadas que ocupan los puestos de Presidencia, Secretaria y dos Vocalías; su nombramiento dura un año con posibilidad de ser reelegidos.
En la actualidad esos cargos están ejercidos por Lenin Hernández Navas en la Presidencia, Vivian Rodríguez Araya, en la secretaría, Orietta Maria Zúñiga Vargas en la I Vocalía y Marco Vinicio Flores Arroyo, en la II Vocalía.
Conversamos con Víctor Araya líder social de Limón y del grupo de los exmuelleros que ha venido representando al colectivo en las diversas instancias de negociación del Proyecto de Ley 24109 para el pago de las indemnizaciones. Nos comparte el estado de las negociaciones de cara al próximo 25 de junio que tendrán sesión en la Comisión Caribe de la Asamblea Legislativa.
Para escuchar la conversación, ingrese en este enlace.
En el marco de la 112° Conferencia Internacional del Trabajo, Fanny Sequeira, Secretaria General de la CTRN y Delegada Titular del Sector Trabajador costarricense fue seleccionada por la Confederación Sindical Internacional CSI para participar en el Diálogo Estratégico con los embajadores de Bélgica y Marruecos ante las Naciones Unidas en Nueva York, Cofacilitadores del proceso preparatorio intergubernamental previo a la segunda Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social.
Dicha Cumbre será una oportunidad para mejorar las condiciones sociales en el mundo, acelerar el Avance de la Agenda 2030, fortalecer la cooperación internacional, reducir desigualdades y promover la justicia social y la no discriminación.
Se llevará a cabo en el año 2025, en un escenario global que obliga a revisar estrategias, reafirmar compromisos y movilizar recursos con acciones multilaterales de cooperación en un contexto de múltiples crisis, caracterizado por un aumento de las tensiones geopolíticas, creciente fragmentación económica, intensificación de los efectos del cambio climático, cambios demográficos, disrupción tecnológica, amenaza de pandemias, guerras, conflictos, y una arquitectura financiera internacional que condena a muchos de nuestros pueblos a la pobreza y la exclusión.
En su participación, la Secretaria General de la CTRN manifestó a los embajadores que “Desde el Grupo de Trabajadores consideramos fundamental que la segunda Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social reconozca el diálogo social, basado en el respeto a la libertad sindical, la negociación colectiva y la huelga, como un mecanismo clave para avanzar en el desarrollo social y la justicia social, tanto a nivel nacional como internacional”.
También expresó que la centralidad del diálogo social para la justicia social fue reafirmado a nivel de la OIT desde la Declaración sobre Justicia Social para una Globalización Equitativa de 2008, donde el diálogo social fue elevado a pilar de la Agenda de Trabajo Decente de la OIT. Además, en la Declaración del Centenario para el Futuro del Trabajo (2019), los constituyentes de la OIT acordaron que “la experiencia del siglo pasado ha confirmado que la acción continua y concertada de los gobiernos y los representantes de los empleadores y los trabajadores es esencial para lograr la justicia social, la democracia y la promoción de una paz universal y duradera”.
Nuestra Secretaria General continuó indicando que el reconocimiento del papel fundamental del diálogo social para la justicia social ya se reconoce más allá de la OIT a nivel de las Naciones Unidas, como se ve en la Resolución de la 61.ª y 62.ª Comisión de Desarrollo Social de las Naciones Unidas (febrero de 2023 y 2024).
También solicitó que se garantizara la plena participación de los representantes de los empleadores y de los trabajadores, junto con los gobiernos, en el proceso preparatorio, las deliberaciones y el seguimiento de la Cumbre. Esto permitiría aprovechar la estructura de gobernanza tripartita de la OIT y la rica experiencia de más de 100 años de sus constituyentes empleadores, trabajadores y gobiernos, en la elaboración de políticas sociales volcadas a la promoción de la justicia social.
Le invitamos a escuchar la declaración de Fanny Sequeira en el diálogo estratégico. Video en YouTube:
El secretario general de la CSI, Luc Triangle, ha declarado: «El Índice viene registrando desde hace 11 años un rápido deterioro de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras en todas las regiones del mundo. Los trabajadores son el corazón latente de la democracia; su derecho a ser escuchados es crucial para la vitalidad y la sostenibilidad de los sistemas democráticos. La vulneración de sus derechos constituye un ataque a la propia democracia. La democracia, los derechos sindicales y los derechos de los trabajadores van unidos: no se puede tener lo uno sin lo otro.
El Índice Global de los Derechos de la CSI es un examen exhaustivo de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras recogidos en la legislación de 151 países, los cuales se califican en función de una lista de 97 indicadores derivados de la jurisprudencia y los Convenios de la OIT. Como tal, es la única base de datos de este tipo. Los países se califican en una escala del 1 al 5+ basada en el grado de respeto de los derechos de los trabajadores. Las violaciones de los derechos se registran cada año de abril a marzo.
Los 10 peores países para los trabajadores y las trabajadoras son: Bangladesh, Belarús, Ecuador, Egipto, Eswatini, Filipinas, Guatemala, Myanmar, Túnez y Türkiye.
Un movimiento verdaderamente democrático
Luc Triangle ha declarado: Aunque se han constatado modestos indicios de mejora, el panorama general proyecta un ataque implacable a las libertades civiles, a los derechos laborales y a los intereses de los trabajadores y las trabajadoras. El Índice cuenta la historia de trabajadores, trabajadoras y sindicalistas valientes que a menudo se enfrentan a graves peligros para mejorar la vida de sus compañeros y defender los derechos democráticos.
“Esto se produce en el contexto de una persistente y devastadora crisis del coste de la vida, de una disrupción tecnológica que está cambiando rápidamente el mundo del trabajo, y de un empeoramiento de los niveles globales de conflictos violentos en el marco de los cuales los trabajadores y las trabajadoras se enfrentan a las catastróficas consecuencias de la guerra.
» La única manera de abordar estas tendencias de manera sostenible es con un movimiento verdaderamente democrático. Un movimiento que trascienda fronteras y sectores, edades y géneros, razas y religiones, y que tenga el poder, la presencia y la responsabilidad para transformar el equilibrio de poder en todos los lugares de trabajo, países e instituciones mundiales. Los sindicatos son ese movimiento.
“Por eso, con la publicación del Índice de 2024, en un año en el que 4.000 millones de personas acudirán a las urnas, la campaña de la CSI Por la Democracia se ha propuesto defender y reforzar la democracia en el lugar de trabajo, en la sociedad y a escala mundial frente a los intereses creados de la derecha, centrados en erosionar los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Esta es nuestra lucha común.
«Somos los que más abogamos y luchamos por los valores democráticos que ejercemos cada día para crear un mundo más justo y seguro para todos. Nuestro trabajo es ahora más crucial que nunca».
El Índice Global de los Derechos de la CSI 2024 se publicará el 12 de junio a las 13h00, durante la Conferencia Internacional del Trabajo que tendrá lugar en la sede de la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra (Suiza). La presentación podrá seguirse en línea a través de este enlace.
El acto contará con contribuciones y testimonios de representantes sindicales sobre la violación de los derechos que sufren los trabajadores y las trabajadoras en algunos de los países peor clasificados del mundo; y contará con las intervenciones de Luc Triangle, secretario general de la CSI, y Paapa Danquah, director jurídico de la CSI.
Compartido con SURCOS por Lorea Pino.
Fuente: https://www.ituc-csi.org/ituc-global-rights-index-2024-es
Durante la 112 Conferencia Internacional del Trabajo, Jorge Coronado, quien es delegado del Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (BUSSCO), participó en la Plenaria de Encuentro de Organizaciones de la Federación Sindical Mundial (FSM) y allí denunció públicamente que en el país se viola el derecho a la negociación colectiva y el derecho a la huelga.
Según lo dicho por Coronado, desde el año 2019 el parlamento costarricense estableció una ley que restringe, limita y niega el derecho a la huelga en el sector público. También el delegado añade: “Esto viene ocasionando que Costa Rica trajeramos para esta 112 conferencia, el caso de denuncia por violación de los convenios 87 y 98, pero la alianza entre el poder corporativo empresarial y gobiernos reaccionarios de derecha neoliberales, como el actual en mi país, han hecho que Costa Rica no ingresara en la lista corta para ver este caso. Queremos hacer público ante la Federación Sindical Mundial que el caso nuestro amerita efectivamente una solidaridad muy importante: militante y activa; por parte de la Federación Mundial”.
Con esta denuncia, el delegado del Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (BUSSCO), Jorge Coronado espera que se garanticen los derechos plenos a la negociación colectiva y el derecho a huelga. Nuevamente en palabras del delegado: “Costa Rica se presenta ante el escenario internacional como una democracia intachable pero en materia de derechos laborales es absolutamente violatoria de los requisitos mínimos de ley establecidos por el ordenamiento global de la OIT”.
Coronado concluyó señalando que desde el Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (BUSSCO) están satisfechos de participar de la Conferencia Internacional de Trabajo, y están muy satisfechos de formar parte de la Federación Sindical Mundial y que esperan que esta federación siga creciendo, siga fortaleciéndose y sea un brazo fundamental en apoyo a los derechos de la clase trabajadora global.
Compartido con SURCOS por Rafael López Alfaro.
La Defensoría de los Habitantes realizó esta mañana una inspección sin previo aviso a las instalaciones de la unidad de reclamos salariales del Ministerio de Educación Pública (MEP).
Esta es una de las acciones que realiza la Defensoría ante los atrasos en los reclamos salariales presentados por personas educadoras y personal administrativos de esa cartera.
De la información extraída en la inspección se indica que existen unos 60 mil reclamos pendientes de resolver por diferentes componentes salariales, correspondientes a unas 37 mil cédulas, del total de 88 mil trabajadores de esa institución. Según personal del MEP cerca del 90 por ciento se tratan de reclamos por carrera profesional. También la Defensoría solicitó información sobre el estado de situación de los reclamos por lecciones impartidas, pero no reconocidas y recargos, entre otros.
La Defensoría efectuó una revisión de todos los procedimientos que se realizan para ir pudiendo determinar dónde están los nudos que imposibilitan agilizar los pagos que con justa razón hace el personal del MEP.
Una de las personas que estaba siendo atendidas el día de hoy en la plataforma de servicios indicó a la Defensoría que venía desde Tortuguero, provincia de Limón, a realizar un trámite de pensión, pues de acuerdo a la información que recibió en la Sede Regional del MEP en Guápiles debía trasladarse hasta las instalaciones de la antigua escuela Porfirio Brenes, no obstante, indicó a esta Defensoría, que en este lugar le indicaron que debía de trasladarse hasta el edificio del Paseo Colón a realizar el trámite.
La Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank, quien participó en la inspección, dijo que dichos problemas se arrastran desde hace muchos años sin que haya hoy una solución más oportuna para el personal del MEP. Toda la información recopilada el día de hoy más la solicitada va a ser analizada en la investigación que realiza la Defensoría sobre este tema que afectan los derechos laborales del personal del MEP.
Debemos recordar que el día de ayer estaba convocada por esta Defensoría la ministra de Educación a una sesión de trabajo, con el propósito que rindiera cuentas sobre las soluciones al respecto, si embargo, una hora antes canceló su presencia y la del resto de funcionarios del MEP que habían confirmado su presencia desde el viernes anterior.
Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes
Comunicado
Los miembros de la Federación Nacional de Organizaciones Sindicales de Guatemala -FENOSGUA- a sus integrantes y público en general manifiesta:
Nuestra indignación, consternación y repudio ante los actos llevados a cabo en contra del abogado Domingo Montejo, quien fue asesinado el día de ayer mientras realizaba una visita de campo en el departamento de Escuintla, como parte de su trabajo dentro del Comité de Unidad Campesina CUC, en el cual buscan hacer valer los derechos humanos en defensa de campesinos, organizaciones sociales y sindicales.
Su cruel y cobarde asesinato fue llevado a cabo mientras eran realizados desalojos violentos e ilegales en la comunidad de San José el Tesoro en Cobán Alta Verapaz, una comunidad que era acompañada por CUC y a la cual fueron violentados sus derechos.
Exigimos al Ministerio de Gobernación, Ministerio Público y Procurador de los Derechos Humanos la investigación de este violento y despiadado asesinato, exigimos justicia para el abogado Montejo y así como también para Marcelo Yaxón Pablo y Gustavo Yaxón, quienes trabajaban y acompañaban a Montejo y resultaron gravemente heridos.
Guatemala 07 de junio de 2024
Compartido con SURCOS por Oscar Vargas
Comunicado de la ANEP
La iniciativa fue presentada por el diputado, Carlos Andres Robles y en su exposición, donde el sindicato estableció el contacto para poder aportar su basta experiencia en el tema.
En esta iniciativa se presenta el proyecto de ley 24.329, el cual pretende que las y los oficiales se puedan pensionar tras cumplir 25 años de servicio o alcanzar las 300 cuotas. Es importante mencionar que ANEP ya ha presentado proyectos en las anteriores legislaturas con el mismo fin.
Para escuchar mejor esta propuesta de ley, compartimos el video:
