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¿A qué le tiene más miedo?

Manuel Hernández

La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N9635, coronada por la Ley Marco de Empleo Público, N10159, impulsada por la rabiosa triada política del Diábolo (PLN, PAC Y PUSC), impuso una violenta disciplina fiscal, que le pasó muy caro la factura de la crisis a la clase trabajadora del sector público.

La primera ley, reforzada por la segunda, contempló medidas extraordinarias de la Regla Fiscal, a cuyo recaudo se han mantenido congelados los salarios en los últimos 5 años, que no es poca cosa.

La pérdida del valor real de las remuneraciones en ese periodo va del 14 % al 35%, dependiendo de las instituciones y los sectores laborales afectados.

Vale advertir, aunque nadie lo recuerda, que, a finales del siglo pasado, en un histórico pronunciamiento, la OIT condenó al Gobierno de Costa Rica, por el congelamiento de las remuneraciones, que en esa Administración PLN también se impuso unilateralmente.

Ahora, tantos años después, mucho menos a la troika PLN/PAC/PUSC les importó esa condena internacional y volvieron a recetar otro congelamiento, solo que más salvaje y perpetuo.

El congelamiento se volvió insufrible e insoportable.

En realidad, francamente, no sabría a qué se le puede tener más miedo:

¿Al fin del mundo o al fin de mes?

Sudán y la memoria de nuestra América

Foto: Sara Creta (EFE)

África no está tan lejos

En medio de la devastación, los sindicatos sudaneses han sido golpeados con una violencia doble: la que arrasa la vida cotidiana y la que destruye las estructuras colectivas de defensa de los trabajadores y las trabajadoras.

Frank Ulloa Royo

Las sedes sindicales han sido atacadas, los dirigentes perseguidos y las organizaciones desarticuladas por el fuego cruzado y la represión.

Allí donde antes había espacios de solidaridad obrera, hoy quedan ruinas y silencios. Sin embargo, en comunidades sitiadas y en barrios desplazados, persisten pequeños núcleos de resistencia que intentan sostener la vida con lo mínimo: alimentos compartidos, redes de apoyo, memoria de lucha.

La guerra no solo mata cuerpos, también intenta borrar la voz organizada de los trabajadores y las trabajadoras: la voz del pueblo. Por eso la solidaridad internacional debe levantarla de nuevo. Sin embargo, este tema no es parte de la agenda sindical internacional.

Un tema fuera de agenda

Sudán, país joven y vasto, que se desangra en una guerra civil que ha convertido su territorio en un mapa de desplazamientos y dolor.

Más de 150.000 muertos, millones de personas obligadas a huir, comunidades enteras atrapadas en condiciones de asedio: la mayor crisis humanitaria del planeta ─junto a la del pueblo de Palestina─ se desarrolla ante nuestros ojos, y sin embargo el mundo parece mirar hacia otro lado.

Las cifras son frías, pero detrás de ellas laten historias de hambre, violencia extrema y un colapso institucional que amenaza con borrar la dignidad de un pueblo.

Las calles de Darfur y El Fasher han sido testigos de matanzas tan atroces que hasta los satélites registran la huella del horror.

Otro genocidio

Genocidio no es una palabra exagerada: es la realidad que se impone cuando la vida humana se convierte en desecho y la indiferencia internacional en cómplice.

Como decía José Martí, “África no está tan lejos”. Lo que ocurre en Sudán nos toca directamente, porque la violencia contra un pueblo es violencia contra todos.

Nuestra América no puede permanecer muda: la sangre derramada en Jartum y Darfur es también un llamado a la solidaridad en toda nuestra región.

La indiferencia que hoy condena a Sudán al silencio es la misma que mañana puede justificar la represión contra trabajadores y comunidades en nuestro continente.

La guerra en Sudán nos recuerda que la barbarie no tiene fronteras. El hambre que devora a millones de sudaneses es la misma hambre que acecha a campesinos desplazados en América Latina y que caminan como sombras por nuestro continente.

La represión que destruye sindicatos y organizaciones en África es espejo de las amenazas que enfrentan nuestras luchas obreras. La violencia extrema que arrasa con la memoria de un pueblo es la misma que intenta borrar la historia de resistencia en nuestras tierras.

Por eso, desde Rel UITA levantamos la voz, de la misma manera que reaccionamos contra la barbarie de la oligarquía y los militares en Birmania (Myanmar) y el genocidio israelí en la Franja de Gaza.

No podemos aceptar que el genocidio en Sudán se convierta en un espectáculo invisible. La solidaridad sindical y popular debe cruzar océanos, debe unir las luchas de trabajadores africanos y latinoamericanos en una misma bandera de dignidad.

Sudán es un espejo que nos devuelve la imagen de lo que ocurre cuando la vida se desprecia y la memoria se borra.

Defender Sudán es defendernos a nosotros mismos. Denunciar este genocidio es afirmar que la humanidad no se divide en continentes, sino que se une en la resistencia contra la barbarie.

África no está tan lejos. Sudán nos interpela.

Fuente: https://www.rel-uita.org/sudan/sudan-y-la-memoria-de-nuestra-america/

La historia del café, Starbucks y los derechos laborales

Frank Ulloa Royo
Instituto Sindical de Formación Política

I. El café de Starbucks: explotación que comienza en el cafetal

La historia del café que llega a las vitrinas de Starbucks no empieza en la máquina de espresso ni en la sonrisa del barista. Comienza en las laderas de Costa Rica, donde hombres y mujeres —en su mayoría migrantes nicaragüenses y panameños, junto a familias rurales costarricenses— doblan la espalda para llenar cajuelas de fruta roja. Cada cajuela, unos 12,5 kilos de café en grano, se paga a ₡1,138 colones, apenas dos dólares. Un recolector experimentado puede llenar entre 8 y 12 cajuelas en una jornada, lo que equivale a ₡9,000–₡13,600 diarios (USD $17–$26).

La medida tradicional, la fanega, resume la paradoja: 20 cajuelas equivalen a una fanega, y el pago al recolector ronda los ₡22,760 colones (USD $43). Mientras tanto, el precio internacional del café se dispara y las ganancias de la multinacional se multiplican. El grano que se vende como símbolo de sofisticación y estatus en las ciudades globales nace de un trabajo marcado por la precariedad, la falta de seguridad social y la ausencia de organización sindical fuerte.

En Costa Rica, el salario mínimo oficial hace que muchos costarricenses eviten la cosecha, dejando el trabajo en manos de migrantes e indígenas de pueblos originarios que aceptan condiciones duras por necesidad. La explotación, entonces, se invisibiliza: se presenta como “oportunidad” para quienes cruzan fronteras, mientras se normaliza la desigualdad en el campo.

El café que se sirve en Nueva York o San José, con espuma perfecta y nombres exóticos, esconde la realidad de quienes lo recolectan. La riqueza de la multinacional se sostiene en la espalda de trabajadores que reciben apenas USD $43 por fanega, mientras el mismo café se vende a precios que multiplican por diez o veinte ese valor en una sola jornada de ventas.

La cadena es clara: la explotación comienza en el cafetal y se prolonga en la cafetería. En el campo, el recolector invisible; en la ciudad, el barista precarizado. Ambos sostienen con su trabajo la maquinaria de consumo global, ambos comparten el mismo cansancio y el mismo deseo de justicia.

La pregunta que queda abierta es si los trabajadores rurales y urbanos podrán reconocerse en el mismo espejo, tender puentes entre la cajuela y la taza, y transformar el café cotidiano en símbolo de dignidad. La organización sindical, bloqueada en Costa Rica por políticas antisindicales y por una cultura de silencio, es la herramienta que puede convertir esa rutina en resistencia.

El café de Starbucks, vendido como experiencia burguesa, lleva en su aroma la memoria de la explotación. La historia nos recuerda que la dignidad no se regala: se conquista en la palabra compartida, en la organización colectiva, en la decisión de no aceptar como normal lo que es injusto.

II. Starbucks: el café de la multinacional requiere una cucharada de sindicato, no solo vitrinas y postres

El café que servimos cada día alimenta la riqueza de una multinacional, pero también desnuda una paradoja: detrás de la pulcritud de las vitrinas y la aparente calma de los locales, persiste la invisibilidad de quienes sostienen largas jornadas con salarios insuficientes. La pregunta es si aceptaremos esa rutina como normalidad o si, como los baristas en Estados Unidos, la convertiremos en rebeldía.

La lucha por la dignidad laboral no conoce fronteras: el mismo aroma recorre cafeterías en Nueva York y San José, el mismo cansancio se acumula en las piernas, el mismo deseo de justicia late en los trabajadores. La organización sindical es el puente capaz de transformar esa rutina en resistencia y ese café cotidiano en símbolo de dignidad. Sin embargo, en Costa Rica los intentos de articularse —como los impulsados por Rel UITA— han chocado con políticas antisindicales y con una libertad sindical limitada, que impide que la voz de los trabajadores se convierta en fuerza colectiva.

La rebelión de las tazas rojas en Estados Unidos

En Nueva York, los baristas decidieron romper el silencio. Bajo el lema “Sin contrato, no hay café”, miles de trabajadores transformaron la rutina en rebeldía. La huelga nacional, iniciada en el simbólico Red Cup Day, interrumpió ventas millonarias y se convirtió en un símbolo político y social. El sindicato Starbucks Workers United expuso lo que antes se ocultaba: horarios impredecibles, salarios insuficientes y persecución antisindical. La presencia de figuras como Bernie Sanders y Zohran Mamdani en los piquetes elevó la protesta a un debate nacional sobre desigualdad y poder corporativo. Allí, la huelga es un derecho ejercido con fuerza, aunque no sin riesgos, y la protesta se convierte en pedagogía pública.

El aroma del café en Costa Rica oculta la explotación

En Costa Rica, el escenario es distinto. El salario mínimo para un trabajador de comercio o restaurante ronda los ₡365,000 colones mensuales, apenas suficiente para cubrir necesidades básicas en un país donde el costo de vida se dispara. Los baristas enfrentan las mismas tensiones: largas jornadas de pie, presión constante, riesgos invisibles.

Pero aquí, la huelga no es un recurso cotidiano. El miedo al despido, la desconfianza social hacia la protesta y un sistema judicial que rara vez favorece la negociación colectiva hacen que muchos trabajadores aguanten en silencio. La precariedad se disfraza de estabilidad, y la resistencia se fragmenta en quejas individuales más que en movimientos colectivos. El café se sirve con aparente calma, mientras la dignidad se erosiona en silencio.

Dos realidades de explotación, un mismo modelo

El contraste es nítido: en Estados Unidos, la huelga se convierte en arma política y pedagógica, capaz de poner en jaque a una multinacional; en Costa Rica, el mismo modelo corporativo se sostiene gracias al silencio impuesto por la cultura laboral y el miedo al despido. Allí, un trabajador de comercio o restaurante recibe alrededor de 690 dólares al mes, apenas suficiente para sobrevivir en un país donde el costo de vida se levanta como un muro. En Nueva York, el salario mínimo alcanza los 2,560 dólares mensuales, pero incluso en la ciudad que nunca duerme ese ingreso resulta insuficiente para cubrir vivienda, transporte y salud.

La distancia entre ambos salarios parece abismal, pero la experiencia compartida revela una misma herida: la precariedad disfrazada de normalidad. En San José y en Brooklyn, los baristas sostienen largas jornadas de pie, con idéntico cansancio en las piernas y el mismo deseo de justicia en el corazón. El café que sirven cada día alimenta la riqueza de una multinacional, mientras ellos, invisibles, buscan transformar la rutina en dignidad.

Rel UITA y Starbucks: una lucha que apenas empieza

Ambos escenarios muestran que la precarización no es un accidente, sino una estrategia global. La diferencia está en la capacidad de los trabajadores para organizarse y convertir la indignación en acción colectiva. En un país, la dignidad se defiende en la calle; en el otro, se resiste en silencio.En este panorama, el papel de Rel UITA adquiere un valor singular. Como organización internacional que articula sindicatos de la alimentación, la agricultura y la hotelería, Rel UITA ha intentado tender puentes entre las luchas dispersas, acompañar a los trabajadores del sector servicios y dar visibilidad a quienes enfrentan políticas antisindicales en países como Costa Rica. Sus esfuerzos han buscado abrir caminos para que la voz de los baristas y trabajadores de restaurantes no quede atrapada en el miedo al despido ni en la indiferencia social. Sin embargo, las barreras son profundas: la represión, la falta de libertad sindical y la cultura de silencio han limitado los frutos de esta tarea.

La pregunta es urgente: ¿qué pasaría si los baristas en Costa Rica y otros países se reconocieran en el espejo de sus compañeros en Nueva York? ¿Qué fuerza tendría un sindicato que uniera las voces dispersas de quienes hoy trabajan en silencio, respaldado por redes internacionales como Rel UITA?

La dignidad no se regala en una taza de café; se conquista en la palabra compartida, en la decisión de no aceptar como normal lo que es injusto. La historia demuestra que la organización colectiva no solo es posible, sino necesaria para que el trabajo deje de ser sinónimo de precariedad y vuelva a ser un espacio de vida digna. Rel UITA, con su experiencia y alcance internacional, puede ser el catalizador que transforme la resistencia aislada en un movimiento capaz de cruzar fronteras y convertir el café cotidiano en símbolo de justicia global.

Jubilados en Acción propone proyecto de ley para sancionar malversación de fondos destinados a pensiones y obras comunales

La Asociación Jubilados en Acción del Magisterio Nacional aprobó en su junta directiva un proyecto de ley de iniciativa popular que presentará a la Asamblea Legislativa, con el objetivo de establecer sanciones severas e inconmutables contra la malversación de recursos públicos destinados a fondos de pensiones y a obras comunales.

Se trata de una propuesta que, según la organización, responde a décadas de impunidad en el manejo de recursos públicos, en particular aquellos que debieron respaldar las pensiones del Magisterio Nacional entre 1958 y 1992 y que —de acuerdo con el planteamiento del proyecto— fueron desviados para otros fines sin autorización legal.

Antecedentes expuestos por Jubilados en Acción

La asociación indica que los aportes, durante más de tres décadas, no fueron utilizados para construir el fondo de pensiones que por ley correspondía. Como consecuencia, las personas jubiladas fueron incorporadas al Régimen Transitorio de Reparto (RTR), recibiendo una pensión de gracia administrada por el Ministerio de Hacienda.

El documento sostiene que este proceso histórico derivó en:

  • La equiparación de las pensiones del Magisterio con otras catalogadas como “de lujo”, pese a haber cotizado durante décadas.
  • Rebajos arbitrarios y congelamientos aplicados en coyunturas electorales.
  • La imposibilidad práctica de litigar por la vía contencioso-administrativa, debido a la prescripción señalada por algunos juristas.

La organización rechaza el criterio de prescripción, argumentando que se trata de un daño colectivo agravado, comparable —en su razonamiento— con delitos de lesa humanidad al afectar a un gremio completo que contribuyó al desarrollo del país.

Corrupción estructural y ejemplos internacionales

En el proyecto se afirma que la corrupción endémica en Costa Rica ha perjudicado tanto a trabajadores como a comunidades, afectando obras públicas, infraestructura educativa y fondos sociales.

La asociación sostiene que países como Singapur, China y Vietnam han enfrentado fenómenos similares con legislaciones severas dirigidas especialmente a altos jerarcas, lo que —según señalan— ha permitido desarticular redes de corrupción y garantizar que los recursos lleguen a sus destinatarios legítimos.

Fundamento ético y político de la propuesta

Jubilados en Acción sitúa su iniciativa en la tradición pedagógica costarricense, evocando a Carmen Lyra, Omar Dengo y Joaquín García Monge, y afirma que la propuesta busca no solo reparar injusticias al Magisterio jubilado, sino impulsar una transformación profunda de la administración pública.

Contenido del proyecto de ley

El texto propone reformas al Código Penal y nuevas facultades de fiscalización ciudadana.

  1. Reforma al artículo 356 del Código Penal (malversación)

El proyecto incorpora un aumento de penas para quienes administren, custodien o exploten fondos públicos y los utilicen para fines distintos a los establecidos por ley.

Actualmente, la pena ordinaria propuesta es:

  • 1 a 8 años de prisión por malversación.
  • Aumento en un tercio cuando afecte servicios públicos.

La innovación fundamental del proyecto es la creación de una pena especial:

  • 18 a 36 años de prisión, inconmutables, cuando la malversación afecte fondos de pensiones o fondos públicos destinados a obras sociales o de infraestructura.
  1. Supervisión ciudadana y gremial

El proyecto autoriza expresamente a las organizaciones comunales y gremiales para:

  • Supervisar el uso de los recursos públicos asignados a sus comunidades o sectores.
  • Solicitar rendición de cuentas formal a las instituciones responsables.

Para Jubilados en Acción, esta disposición busca romper con la opacidad histórica sobre fondos públicos y fortalecer el control social y democrático.

Un llamado a la Asamblea Legislativa

La organización insta a que la Asamblea Legislativa tramite el proyecto como una respuesta a décadas de impunidad, y afirma que esta es una oportunidad para fortalecer la institucionalidad y garantizar que los recursos destinados a pensiones y obras sociales nunca más sean desviados ni utilizados de manera irregular.

La abogacía del Estado, Carlos Gardel y el congelamiento de los salarios

Manuel Hernández

La Procuraduría General de la República no ha sido una instancia nada sospechosa de ser simpatizante de los sindicatos, ni muchos menos de los derechos democráticos de los y las funcionarias públicas.

No obstante, en materia del congelamiento de las remuneraciones, la misma abogacía del Estado depredador de los salarios, en uno de sus dictámenes, señaló:

“(…) Lo anterior puesto que a dichos funcionarios {que tienen un salario compuesto mayor al correspondiente global} se les excluye de cualquier incremento salarial a la base o bien por el reconocimiento de incentivos; aspecto que si bien se deriva del Transitorio XI de LMEP, podría tener un efecto pernicioso en caso de mantenerse indefinidamente o por un plazo prolongado, que la torne irrazonablemente permanente”.

Como dicen los abogados encorbatados: a confesión, relevo de prueba.

Hasta los mismos defensores del Estado admiten que el congelamiento de los salarios por un periodo indefinido o por un plazo excesivo es pernicioso, irrazonable; es decir, insostenible.

Pues bien, resulta que el último informe de la Contraloría General de la República -tampoco nada sospechosa de ser filiosindicalista- estableció -ceteribus paribus- que hasta el lejano 2068, todas las personas públicas habrán transicionado al esquema de salario global.

¿Se entiende?

Es decir, hasta en 43 años.

Tal vez, como dice el tango, es un soplo la vida, que veinte años no es nada.

Pero, si 20 años de congelamiento no es nada, de los cuales ya han transcurrido una buena parte, mi estimado Gardel, 43 años, más del doble de su melancólico lamento, es algo social y humanamente insoportable para cualquier mortal trabajador que solo vive de su salario.

Pues sí, no se puede vivir con el alma aferrada al dulce recuerdo de aquellos ajustes salariales de otros tiempos pasados, porque lloro otra vez.

¡Romper el congelamiento salarial es un imperativo!

Y después de este febril comentario, errante en las sombras, mañana les voy con otro acerca de la más reciente jurisprudencia constitucional en la materia.

ACODEHU saluda al SEC en su LVI Asamblea Nacional Ordinaria

SURCOS comparte el siguiente comunicado:

San José, martes 18 de noviembre de 2025

La Asociación Costarricense de Derechos Humanos-ACODEHU, felicita al SEC en un momento histórico, crítico de la Educación Pública, debido a la irresponsabilidad de los últimos gobiernos de turno, que han incurrido en un ataque sistemático a la educación pública, a la salud, la seguridad social, la seguridad alimentaria y a las diferentes instituciones estatales, quien otrora han sido las responsables de la ejecución de las políticas públicas y del cumplimiento de los derechos humanos en este país y pilares del Estado Social de Derecho.

El SEC es el sindicato que desde su inicio (fundado el 17 de julio de 1969) asumió el papel histórico de la defensa de la Educación Pública y en ese contexto la protección y defensa de los Derechos Laborales del Magisterio Nacional; además de la ejecución y tareas en la protección de los centros educativos, la población estudiantil y los recursos que financian la educación pública.

Las denuncias de las y los trabajadores del SEC, han puesto en evidencia la violación de sus Derechos Humanos y las afectaciones directas contra la población estudiantil, profesional y el pueblo en general.

Nos sumamos al llamado de la dirigencia, sus estructuras y sus afiliadas(os), en defensa de la educación pública del pueblo costarricense. Para ello reafirmamos su destacada labor en protección del financiamiento de la educación nacional de conformidad con el mandato y lo estipulado por la Constitución Política del 8% del PIB.

El artículo de la Constitución Política de Costa Rica que estipula el 8% del Producto Interno Bruto (PIB) para la educación pública; es el Artículo 78. Este artículo establece que el gasto público en educación estatal, incluida la superior, no puede ser inferior al 8% anual del PIB. Esta reforma se consolidó en 2011, aumentando el porcentaje que antes era del 6%.

La Educación Pública de calidad dignifica a los pueblos y consolida la democracia. Sin educación no hay democracia. La educación no es un gasto, es una inversión para darle sostenibilidad al Estado Nacional.

Con muestras profundas de respeto y solidaridad,

Ana Cecilia Jiménez Arce
Presidenta – ACODEHU

FESITRAES reafirma que oficio de la CGR carece de efecto vinculante sobre los regímenes salariales universitarios

La Federación de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Superior (FESITRAES) emitió un pronunciamiento público en el cual fija su posición frente al oficio DFOE-CAP-2066-(21839)-2025, emitido el 5 de noviembre por la Contraloría General de la República (CGR) en respuesta a una consulta de la Rectoría de la Universidad Nacional (UNA) sobre el alcance del voto 008201-2025 de la Sala Constitucional.

Según la Federación, el tema consultado corresponde exclusivamente al ámbito de interpretación y aplicación interna de las universidades públicas, amparadas por su autonomía constitucional. Por tanto, FESITRAES señala que la CGR no tiene competencia para pronunciarse sobre los efectos de resoluciones constitucionales ni sobre derechos laborales derivados de la negociación colectiva o de normativas internas.

Asimismo, subrayan que el propio órgano contralor reconoce en su respuesta la ausencia de carácter vinculante del oficio emitido. En consecuencia, dicho documento administrativo no puede modificar los alcances del voto 008201-2025, que permanece vigente y obligatorio.

Derechos adquiridos y progresividad salarial

El pronunciamiento enfatiza que la resolución de la Sala Constitucional resguarda:

  • Los derechos adquiridos del personal universitario.

  • El principio de irretroactividad de la ley.

  • La progresividad de incentivos salariales reconocidos en convenciones colectivas, reglamentos o estatutos internos.

Todo lo anterior fue afectado por la aplicación de normativa que FESITRAES ha denunciado como inconstitucional.

Ley 9908 y su inaplicabilidad a las universidades públicas

FESITRAES recuerda que la Ley 9908 (Ley COVID-19) estableció únicamente una suspensión temporal del pago de anualidades durante el periodo de emergencia sanitaria, pero no afecta derechos adquiridos ni disposiciones posteriores.

Además, la Federación subraya que esta ley no se aplica a las universidades públicas, tal como lo confirman criterios legales emitidos por asesorías jurídicas de las instituciones de educación superior, entre ellos:

  • OJ-58-2019 y OJ-250-2025 (UCR)

  • UNA-AJ-DICT-609-2020 (UNA)

  • OF-AL-105-2025 (OF-CDJ-02-2025) de la Comisión de Directores Jurídicos del CONARE

Estos dictámenes señalan expresamente que las universidades están excluidas del artículo 26 de la Ley de Salarios, por lo que el transitorio que limita el pago de anualidades no aplica para estas instituciones.

Llamado a la defensa de la autonomía universitaria

FESITRAES sostiene que las decisiones sobre aplicación del voto constitucional deben tomarse dentro de la institucionalidad universitaria, bajo los principios de:

  • Autonomía

  • Legalidad

  • Progresividad

  • Respeto a los derechos laborales adquiridos

La Federación hace un llamado a sus bases y a la clase trabajadora universitaria a mantenerse vigilantes y preparadas ante posibles acciones interuniversitarias para defender los derechos laborales y humanos fundamentales, así como las conquistas históricas del sector.

El pronunciamiento está firmado por representantes de los sindicatos que conforman FESITRAES: SINDEU, AFITEC, SITUN, SIUNED y UTRAUTN.

Carta abierta a la institucionalidad universitaria: Hablemos de salud mental, la precarización laboral y la violencia simbólica

MSc. Luis Rojas Herra*

Me dirijo a la institucionalidad universitaria no desde la comodidad del aula ni desde la neutralidad de los informes técnicos con el fin de llenar requisitos del POA, sino desde el cansancio acumulado de quienes sostienen con su cuerpo, su deseo y su precariedad los engranajes del sistema educativo. Desde quienes aman la docencia y la investigación, pero se encuentran ahogadxs en un océano de tareas mal remuneradas, evaluaciones continuas, burocracia interminable y una cultura institucional que glorifica la autoexplotación como si fuera sinónimo de compromiso académico.

La salud mental en la universidad se ha convertido en una bomba de tiempo silenciada. El discurso del bienestar circula como política de imagen, pero no como práctica estructural. Se organizan semanas de salud mental, talleres de mindfulness (así en lenguaje liberal) y charlas de autocuidado, mientras en la práctica los ritmos de trabajo y los niveles de exigencia se intensifican.

Largas jornadas frente a la pantalla, la multitarea permanente y la competencia entre colegas por fondos o reconocimientos institucionales han instalado el cansancio crónico como norma. La universidad, que debería ser espacio de pensamiento crítico y emancipador, se ha transformado en una máquina de productividad emocional que devora la subjetividad de quienes la habitan.

La autoexplotación se ha naturalizado. Se aplaude al docente o investigador que trabaja fines de semana, que responde correos a medianoche, que asume más carga académica “por compromiso con el estudiantado” o “la persona que se pone la camisa de la institución”.

Pero detrás de esa mística del sacrificio del ¨buen empleado¨ hay un sistema que se sostiene en la vulnerabilidad emocional y económica del personal. Los salarios fraccionados (1/4 y 1/2 tiempos), especialmente en los rangos más bajos, son insuficientes para cubrir el costo real de vida. En contextos donde el alquiler, los alimentos y los servicios básicos aumentan cada mes, la perdia de garantias laborales como las anualidades congeladas, la imposibilidad de aumentar la jorda laboral por meio de un 16 bis1, la fata de trnasparencia institusional en estos procesos y el desinteres de las autoridades equivalen a una forma de violencia institucional: una que erosiona lentamente la salud física, la estabilidad emocional y la dignidad profesional.

La precarización no es solo económica, es también simbólica. Se espera que la academia sea un espacio meritocrático donde el conocimiento y el esfuerzo bastan para abrir caminos, pero la realidad es otra: los cuerpos y las identidades disidentes siguen enfrentando barreras invisibles. Las personas LGBTIQ+, especialmente quienes habitamos corporalidades cuir, seguimos cargando con la sospecha institucional. Nuestras existencias son toleradas en tanto no incomoden el orden normativo; nuestras investigaciones son aceptadas mientras se mantengan en el margen del “tema especial” y no cuestionen de raíz las estructuras cisheteronormativas de la producción del saber.

Esta violencia simbólica tiene efectos concretos en la salud mental. Vivir permanentemente en un entorno que exige disimular, traducir o justificar la propia existencia produce un desgaste profundo.

La universidad debería ser un refugio frente a estas violencias, pero muchas veces las reproduce con una sutileza institucionalizada. Se promueve la diversidad como valor, pero sin transformar los mecanismos estructurales de exclusión. Se firman políticas de igualdad, mientras los protocolos de atención siguen sin reconocer la complejidad interseccional de las diversas condiciones de vida de sus empleadxs. Se habla de inclusión, pero los espacios de decisión continúan ocupados por persons previlegiadas que no muestran empatia por las condiciones laborales precarias y violentas.

En ese contexto, la salud mental no puede abordarse como un asunto individual. No se trata de aprender a respirar mejor ni de asistir a talleres de resiliencia. Se trata de reconocer que la precarización material y simbólica mata lentamente. Que la ansiedad y la depresión no son solo diagnósticos clínicos, sino síntomas de un sistema que prioriza los indicadores de desempeño sobre el bienestar humano. Que la autoexplotación no es un acto de amor al trabajo, sino una estrategia de supervivencia frente a la inseguridad laboral.

El bajo salario, la sobrecarga de tareas y la exigencia constante de resultados no solo afectan el cuerpo, sino también el deseo de crear, investigar y acompañar procesos educativos transformadores. Nos encontramos en un punto donde la vocación se convierte en trampa: se nos pide pasión, pero se nos niegan las condiciones para vivirla dignamente. La pasión sin justicia social se transforma en explotación emocional.

Frente a esto, exigimos una transformación estructural, no paliativos simbólicos. Queremos universidades que no midan su excelencia por la cantidad de publicaciones, sino por la calidad de los vínculos que promueven. Queremos que la salud mental sea reconocida como una cuestión política y colectiva. Que se hable de bienestar junto con redistribución, de inclusión junto con justicia económica, de diversidad junto con descolonización del saber.

Las universidades deben dejar de ser espacios de sufrimiento normalizado. No queremos más docentes agotadxs, estudiantes medicadxs por ansiedad o funcionaries que sobreviven a punta de café y precariedad. Queremos espacios donde el pensamiento crítico no se quede en el discurso, sino que atraviese las prácticas institucionales, los presupuestos, las jerarquías y las políticas laborales.

Exigimos respeto, redistribución y reconocimiento. Queremos seguir produciendo conocimiento, pero sin que ello implique enfermarnos. Queremos enseñar, pero también vivir. Queremos que el amor por el trabajo académico no sea el disfraz de la explotación.

La universidad tiene la oportunidad —y la obligación— de repensarse como espacio de cuidado mutuo, de dignidad y de justicia. Pero eso solo será posible si escucha las voces que históricamente ha silenciado: las de quienes hemos sostenido el sistema desde la marginalidad, desde el deseo, desde la precariedad y desde el agotamiento.

La salud mental universitaria no se cura con pausas activas ni con campañas motivacionales. Se cura con justicia laboral, con sueldos dignos, con políticas reales de inclusión y con una pedagogía del cuidado que no tema incomodar la norma. Hasta que eso ocurra, seguiremos insistiendo: nuestra existencia, nuestro cuerpo y nuestra salud no son negociables.

*Artista seropositivo e investigador académico.

Imagen: Cartel del Frente Gremial UNED, colocado en las gradas de acceso frente a la Vicerrectoría en el edificio C, Sabanilla Montes de Oca.

1 Desde mediados de los 2025 recursos humanos de la UNED, no acepta solicitudes de 16 Bis para aumento de jornadas laborales por la crisis financiera para la educación superior.

Un chantaje inaceptable con las pensiones

Martín Rodríguez Espinoza

La propuesta de Laura Fernández de vender el Banco de Costa Rica (BCR) y el Banco Internacional de Costa Rica (BICSA) para supuestamente fortalecer el régimen de pensiones IVM es una aberración y constituye un chantaje político inaceptable.

Esta iniciativa se presenta como una «solución» para inyectar fondos al IVM, pero en realidad encubre un problema creado por el propio Estado, la deuda multimillonaria que el gobierno ha acumulado con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y particularmente con el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

Por ley, el Estado debe financiar parte de este régimen, y el incumplimiento de esa obligación legal es lo que ha estrangulado las finanzas del IVM (el Estado adeuda unos ¢689.000 millones a este fondo). Mientras tanto, los recursos que no se aportan a la Caja terminan destinados a otros fines, enriqueciendo a sectores cercanos al poder. En lugar de asumir su responsabilidad y pagar lo adeudado, se pretende sacrificar dos instituciones bancarias públicas para tapar “el hueco” fabricado por ellos, lo cual es inadmisible.

Es alarmante que, en vez de procurar saldar esa deuda, se recurra a vender bancos públicos. Vender el BCR y BICSA no solo significaría perder activos del Estado; también sienta un precedente peligroso de privatizar el patrimonio público para resolver un problema que el propio gobierno creó.

Llamar a esta maniobra «oxigenar el IVM» es engañoso, en realidad, se está condicionando la estabilidad del sistema de pensiones a la entrega de nuestras instituciones bancarias en bandeja de plata a intereses privados, vinculados a su campaña. Eso equivale a un chantaje, se hace creer a la ciudadanía que solo vendiendo el patrimonio público se podrán salvar sus pensiones. Nada más lejos de la verdad y falso. Terminarían vendiendo los bancos públicos y aumentando la edad y el monto mensual para pensionarse, además, por supuesto, reduciendo el monto de la pensión.

Lo que realmente salvará al IVM es que el Estado cumpla con su obligación legal de financiarlo, la clase trabajadora aporta y se lo reducen de su salario mes a mes, los patronos aportan, pero el gobierno de turno, de este y gobiernos anteriores, no quieren aportar. Es el Estado quien debe honrar su deuda con la CCSS y el IVM, en vez de trasladar la carga al país mediante privatizaciones encubiertas.

Por todo lo anterior, esta propuesta de Laura Fernández es inaceptable y debe ser condenada. No podemos permitir que, bajo pretextos falsos, se desmantele la institucionalidad pública en beneficio de unos pocos. El país necesita soluciones responsables, fortalecer la CCSS y el IVM con los recursos que por ley les corresponde al gobierno de turno, en lugar de malvender nuestros bancos a cambio de promesas vacías.

Promesas falsas, superficiales y reprochables, de eso está lleno el “programa de gobierno” de la oficialista Laura Fernández, ¿Por qué no dice nada de la Evasión y Elusión Fiscal, del contrabando, de los odiosos privilegios arancelarios de los grandes importadores y exportadores, de la falta de vivienda, de los campesinos sin tierra, de los agricultores arruinados y en quiebra, de la pobreza y la miseria en la viven miles de familias costarricenses, de los niños y jóvenes que abandonan las aulas, los colegios y que no tienen acceso a las universidades pero son presa de las bandas narcotraficantes que financian campañas electorales?

Las cárceles con las que sueña, señora Laura, tendrían sentido si las propone para encerrar a los contrabandistas, evasores, elusores al Fisco, y a los narcos que financian candidatos.

Su “programa de gobierno”, señora Laura Fernández, no sirve ni para papel higiénico.

Despertemos costarricenses, exijamos compromiso con el bien común y digamos no a los chantajes con el futuro de nuestras pensiones.

Tercera Feria de Economía Social Solidaria

Invitación

La solidaridad y la creatividad se encuentran en un mismo espacio.

Te invitamos a la III Feria de Economía Social Solidaria este 01 y 02 de noviembre, en la Antigua Aduana.

Horario: de 9 a.m. a 6 p.m.

Entrada gratuita

Vení a conocer organizaciones, productos, iniciativas y experiencias que celebran el trabajo conjunto y la transformación social. Estarán participando organizaciones de todas las regiones del país, cada organización representa a varias familias que se organizan para fortalecer las economías desde los territorios.

Co-organiza: Programa de Economía Social Solidaria y el TCU 607 Comer Orgánico de la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica junto a diversas instituciones y organizaciones.