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Atención sector municipal: Las convenciones colectivas están protegidas por los derechos humanos. Lo dice la Procuraduría

En un comunicado proporcionado por la ANEP, Albino Vargas Barrantes, Walter Quesada Fernández y Rafael Mora Solano, se destaca la importancia de respetar los derechos laborales en el sector municipal de Costa Rica, en línea con la reciente sentencia opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

Se reconoce el respaldo de la Procuraduría General de la República, que establece la obligatoriedad de acatar los dictámenes de la Corte Interamericana y garantiza el respeto a los derechos contemplados en las convenciones colectivas. La ANEP insta a que todas las instituciones públicas cumplan con estas disposiciones, asegurando así los derechos laborales de los trabajadores del sector público.

Albino Vargas Barrantes, dirigente sindical, destacó que el documento fue transmitido a los 82 consejos municipales y a las 82 alcaldías de Costa Rica desde el 6 de julio anterior. Vargas señaló que la ANEP advirtió que debían respetar la reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual garantiza el pleno respeto a los derechos contemplados en las convenciones colectivas o que podrían llegar a estarlo. 

Por su parte, Walter Quesada Fernández destacó que  la procuradora general de la República funciona como abogado del Estado y sus pronunciamientos son vinculantes para la institución que lo solicita. Para Quesada, dicho pronunciamiento de la procuraduría es esencial al reconocer que los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre deben ser de acatamiento obligatorio para el Estado costarricense. 

Siguiendo esta línea, Rafael Mora Solano aborda cómo interpretar este pronunciamiento de la Procuraduría General de la República, destacando que esto le da fundamento a lo que la ANEP ha venido defendiendo en contra de las violaciones que han habido a los derechos humanos laborales de los trabajadores del sector público, especialmente en el sector municipal, donde se han violentado derechos principalmente en las convenciones colectivas de trabajo que resultan derechos inamovibles, al ser derechos que están incorporados en el contrato individual de trabajo de cada compañero y compañera del Sector Público de este país, y enfatiza en el sector municipal. 

Profundiza lo que dice la procuraduría en su pronunciamiento PGR-C-036-2024 del 4 marzo pasado: “dado lo anterior las autoridades administrativas no tienen competencia de declarar la nulidad de las normas jurídicas por razones de inconvencionalidad, sin embargo al estar obligadas a realizar el control de convencionalidad exoficio dentro de su ámbito competencial, deben interpretar y decidir dentro del parámetro de convencionalidad la gestiones que deben resolver los administrados aplicando los criterios de la corte interamericana derechos humanos emitidos tanto en el ámbito jurisdiccional como en el ámbito consultivo” 

Mora concluye enfatizando la certeza de la ANEP ante este tema y que todos los consejos municipales y el resto de la institucionalidad costarricense debe respetar el último pronunciamiento de conocimiento público en Costa Rica, de forma que  la ANEP la ha hecho circular por toda la institucionalidad pública. Además, de que es la consultiva número 27-21 en donde se establece claramente que los derechos laborales son derechos intocables para los trabajadores del sector público.

UNDECA condena el congelamiento salarial y la precarización laboral

Comunicado

  • Trabajadores de la CCSS en las peores condiciones de la historia

La situación de los y las trabajadoras de la Caja Costarricense de Seguro Social se ha visto gravemente afectada, debido a una serie de leyes, entre ellas, el combo fiscal y de Empleo público, que han dejado a las familias de los trabajadores de la salud y de todo el sector público en una situación de absoluta indefensión y precarización.

Estas medidas no solo han congelado los salarios, sino que han provocado una disminución significativa de sus ingresos, llegando a perder hasta un 50% de su salario, generando condiciones laborales insostenibles y una alarmante fuga de profesionales, entre ellos trabajadores médicos, enfermeras, profesionales de diversas disciplinas, y otros funcionarios.

La experiencia de los profesionales en ciencias médicas  de la institución es solo una muestra de la situación general de los trabajadores: un sentimiento de desmotivación y descontento, lo que afectar negativamente su rendimiento laboral .

“Esta precarización salarial y deterioro laboral es producto de continuos gobiernos neoliberales, que han impuesto políticas restrictivas y anti laborales, con la falsa premisa de que las remuneraciones eran la principal causa de la crisis fiscal, cuando ha quedado demostrado que es producto de la corrupción, la evasión y el fraude de los grupos de poder económico”, recordó Luis Chavarría, secretario general de UNDECA.

Estas medidas fiscalistas y de austeridad, además han causado, una astronómica disminución de la inversión social, salud, educación, seguridad, desarrollo de infraestructura pública, generando además, un significativo menoscabo en los servicios públicos esenciales.

UNDECA exige a la Junta Directiva de la CCSS que disponga remuneraciones salariales justas y competitivas para todos los trabajadores, con criterios objetivos que eviten disparidades, de forma transparente y equitativa.

La postura patronal está exacerbando un conflicto que altere la paz social y laboral de la institución. UNDECA exige la apertura inmediata de diálogo y negociación, con los actores sociales que representan legítimamente a todos los trabajadores y trabajadoras.

¡NEGOCIACION SALARIAL O CONFLICTO LABORAL!!!

Sentires y Saberes: Memorias de los muelles conversamos con Bismarck y Andy

Observatorio de Bienes Comunes, UCR

Conversamos con Andy y Bismarck para conocer las memorias de esos muelles, de un muellero y también de un hijo de muellero ¿Qué recuerdan de ese trabajo? ¿Qué condiciones laborales tenían? ¿Qué recuerdos tienen? Reflexionamos sobre qué significa está lucha para aquellas personas que ya no están.

Para escuchar la conversación, ingrese en este enlace.

Sentires y saberes: Reivindicación de los Derechos laborales en el marco del proyecto de Ley 24109 para el pago de las indemnizaciones para los exestibadores

Observatorio de Bienes Comunes

Conversamos con Ricardo Marín para conocer la importancia que tiene el proyecto de Ley 24109 como parte de un proceso mayor de defensa de las personas trabajadoras de las estibadores de Limón, aperturadas en 1995 y que aún no se paga la deuda con estas personas.

Para escuchar la conversación, ingrese en este enlace.

Gestión de ANEP permite conocer plan de la CCSS para otorgar propiedad clase trabajadora interina

ANEP conversó con el licenciado Óscar Ramírez Alpízar Jefe Área de Dotación de Personal de la Dirección de Administración y Gestión de Personal, quien detalló el plan que maneja la institución para poder generar estabilidad laboral a más de 25 mil trabajadores de la Caja Costarricense de Seguro Social.

Para más información consultar la entrevista:

Cuatro cuestiones fundamentales que determinó la CORTEIDH en materia de negociación colectiva en el sector público

Manuel Hernández

La CIDH  impulsó en 2019 una opinión consultiva acerca del estado de la libertad sindical en el continente americano.

A esta iniciativa le dio curso la CORTEIDH.

Tuve el honor de participar en este inédito proceso, asumiendo la representación de UNDECA y APSE. Después de los debates celebrados en las audiencias internacionales, la CORTEIDH emite la RESOLUCIÓN OCT-27-21, de mayo de 2021.

La resolución de la CORTEIDH abarca varias cuestiones en materia de libertad sindical, desde una perspectiva de género, tales como el derecho de huelga y negociación colectiva. 

Particularmente, en materia de negociación colectiva, en la administración pública, la resolución de la CORTEIDH determinó 4 cuestiones fundamentales.

1- El derecho de negociación colectiva es un componente esencial de la libertad sindical.

2- El derecho de negociación colectiva en la función pública está reconocido en los convenios 98. 151 y 154 de la OIT. 

3- Los estados tienen la obligación de promover la negociación colectiva en el sector público.

4- Finalmente, la CORTEIDH determinó que los Estados en situación de crisis o estabilización económica, tienen la obligación de privilegiar la negociación colectiva, en lugar, de promulgar leyes que limiten las remuneraciones de los funcionarios públicos.

Agrego yo, lo cual expuse en la audiencia internacional, leyes como la del Ajuste Fiscal (9635) y la Ley Frankenstein (10.159), que prohíben la negociación colectiva de los salarios de los funcionarios públicos.

Ahora, este pronunciamiento de la CORTEIDH lo rescata la PGR, en un recientísimo pronunciamiento, que lamentablemente la PGR omitió considerar cuando contestó las acciones de inconstitucionalidad interpuestas contra la Ley Frankenstein, no obstante que la resolución de CORTEIDH es vinculante.

Exmuelleros visitan la comisión legislativa del Caribe ¿Cómo les fue?

Observatorio de Bienes Comunes

Compartimos con Víctor Araya para conocer un primer balance luego de la visita a la comisión del Caribe de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, en dónde no pudieron sesionar por falta de quorum. Le preguntamos ¿Qué análisis hacen a este primer evento para la discusión del proyecto de Ley 24109?

Para escuchar la conversación, ingrese en este enlace.

ANEP solicita convocar personal de la CCSS ante la Comisión Legislativa de Control de Ingreso y Gasto Público

El día 7 de marzo de 2024 la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) envío una solicitud a los diputados y las diputadas de la Asamblea Legislativa para que valoren convocar a diferentes funcionarios y funcionarias de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) esto en el marco del proceso de investigación que lleva a cabo la comisión de ingreso y gasto público. Según indica la ANEP el objetivo de su solicitud es apoyar el proceso en torno a la situación financiera que presenta el seguro de salud, especialmente la suspensión de las obras del portafolio de inversiones de infraestructura de la CCSS, así como los fundamentos actuariales que se tomaron como base para afirmar que “la Caja está quebrada”.

De acuerdo con información tomada del oficio presentado por la ANEP entre las personas funcionarias de la CCSS que la asociación solicitó convocar a la comisión se encuentran Zaida Matamoros Villalobos secretaria interina de la junta directiva, quien estuvo en la primera separación del puesto de Carolina Arguedas Vargas, funcionaria actualmente separada del cargo, así mismo Beatriz Guzmán Meza, secretaria interina de la junta directiva, la misma sustituyó a Zaida Matamoros Villalobos y se mantiene en ese cargo hasta la fecha, por otro lado, el asesor económico de la presidencia ejecutiva de la CCSS, Allan Quesada Soto. Finalmente, la asociación solicitó convocar a Carolina González Gaitán y Evelyn Rocío Guzmán Solano, directora de la dirección actuarial y económica de la CCSS y jefa de área de la dirección actuarial y económica de la CCSS respectivamente. 

Para cada una de las personas funcionarias mencionadas anteriormente, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados generó una serie de cuestionamientos e interrogantes que podrían ser utilizados en caso de ser llamados a comparecer. Según señaló la ANEP, su posición es de cero tolerancia e impunidad ante la corrupción y las irregularidades, por lo que su interés radica en que la ciudadanía costarricense esté al tanto de las implicaciones generadas por la emisión de informes actuariales supuestamente maquillados, debido a que esto ha afectado comunidades, con suspensiones de incluso más de un año, así como la posible influencia de personal de la CCSS cercano a Marta Eugenia Esquivel Rodriguez, presidenta ejecutiva de la institución, así lo indicó la asociación en el oficio firmado por Albino Vargas Barrantes, secretario general de la ANEP.

Si desea conocer más sobre el tema, consulte el documento adjunto correspondiente al oficio presentado por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados.