Nuestro reconocimiento a UNDECA, por esa inquebrantable voluntad de lucha, por nuestro Patrimonio Nacional más emblemático, nuestra CCSS.
A nuestra representante laboral y sindical, compañera, Martha Rodríguez, por su ejemplar compromiso con la clase trabajadora costarricense, enfrentando un gobierno y una presidencia ejecutiva, enemigos del pueblo y su fuerza laboral, pues violentando los más sagrados valores humanos, como la solidaridad, la fraternidad, la justicia social, la salud y el derecho de una vida digna, quieren tercerizarla y privatizarla, en perjuicio de toda la población.
Gracias UNDECA, gracias doña Martha, cuentan con un pueblo que les apoya y les defenderá siempre…
Nuestro ejemplar sistema de Salud se construyó sobre la base de la universalidad, solidaridad, equidad y financiamiento tripartito, convertido en pilar fundamental de nuestra sociedad, generando no solo equidad social sino desarrollo humano.
La privatización de servicios, con la mentira de la “eficiencia del sector privado”, ha sido un fracaso demostrado en muchas latitudes de nuestra América, no hay ninguna solidaridad en mercantilizar el Derecho Fundamental.
El traslado de fondos públicos solo ha servido para aumentar las utilidades y satisfacer los intereses de las empresas que lucran con los derechos sociales de la población sobre todo la más vulnerable.
En las últimas décadas, los gobiernos han favorecido el sistema de salud privado, asfixiando y desmantelando a la Caja Costarricense de Seguro Social, con una deuda que supera los 3.000 millones de millones de colones (3 billones), deteriorando injustificadamente la prestación y continuidad de servicios con oportunidad y calidad.
Las empresas privadas que lucran con el derecho a salud determinan primero la “siniestralidad” del afiliado al sistema, es decir, los factores de riesgo de enfermar, buscando captar al individuo que le genere beneficio económico (rico y sano), y tratará por todos los medios de expulsar a los que generen mayores costos (pobre y enfermo).
Generan un círculo vicioso en el que se le entregan menos recursos a los Centros de Salud de la Caja y luego se lo hace competir con un sistema privado que recibe más ingresos, por servicios de menor complejidad, pagándole sobreprecios para generar utilidades a los que lucran con un mercado cautivo de salud, generalmente, grandes consorcios que se apropian del mercado. (holdings de salud)
Con la falaz excusa de que los centros de salud no tienen la capacidad de absorber la demanda, pretenden imponer modelos privatizadores como los copagos, un mecanismo de inequidad y de doble pago, que crea una “libertad para elegir” para aquellos que pueden pagarla, para las personas de menores ingresos la expulsión del sistema y la negación del derecho a la salud.
UNDECA defiende el derecho universal a la Salud, el fortalecimiento de la CCSS y el cierre de brechas en el ámbito nacional.
Rotundamente nos oponemos a cualquier forma de privatización institucional, exigimos el pago de las billonarias deudas, detener la sistemática precarización laboral de nuestro recurso humano -motor de la Seguridad Social- previniendo y evitando la migración al sector privado en detrimento de todos los niveles, desde la atención primaria hasta los hospitales de mayor complejidad, demandamos el fortalecimiento de la participación ciudadana.
¡Los trabajadores son el capital humano, los pacientes nuestra razón de ser!
El Comité Ejecutivo de la Asociación de Empleados del Senara (ASES) hace de conocimiento público que la administración superior del Senara, se empeña en continuar con el traslado hacia las oficinas centrales del MAG en Sabana Sur. Estas instalaciones, Matrícula 310031, según consulta a la Área Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda y respuesta dada por la Sra. Leandra Madrigal G “NO SE TIENE NINGÚN PERMISO REGISTRADO PARA LA ACTIVIDAD DE OFICINAS”.
La Dirección Administrativa Financiera de Senara, mediante oficio SENARA-DAF-SA-264-2023, comenta que los activos trasladados al MAG han sufrido un grado de deterioro, evidenciando un traslado poco planificado, atropellado y negligente, (la negrita es nuestra). Continúa diciendo, que estos daños representan un costo adicional para su reparación en caso que sea posible. Ante esta inquietud plasmada en el oficio, la respuesta de la Sub Gerencia del Senara es que haciendo uso de cartones y cintas se evita el movimiento dentro del vehículo, y que el traslado es necesario porque es más caro no realizarlo. (ver imagen 1 adjunta) y gira la instrucción “sigamos con los traslados”.
Ante la instrucción de continuar con los traslados, la Auditoría Interna le recuerda que aún no se ha subsanado algunas condiciones físicas de las áreas asignadas en el MAG tales como, ventanas sin celosías donde se pueda meter el agua en caso de lluvias, cables sueltos, ventanas sin persianas, cables con evidencia de algún corto circuito (ver foto 1) y una limpieza general profunda al área, entre otros. Recalca la Auditora que se expone a funcionarios a lesiones físicas y que el traslado, así como se está realizado, NO responde a un proceso debidamente planificado. Recalca la misma, que como titular tiene el deber de proteger, conservar los activos institucionales y que el incumplimiento de este deber es causal de responsabilidad administrativa. (ver imagen 2 adjunta)
Condición de algunas tomas de electricidad
Adicionalmente, los funcionarios que han participado en el traslado de activos (escritorios y otros) se ven expuestos a un alto riesgo de sufrir lesiones físicas, considerando además que esto no está dentro del alcance de las funciones del área de Servicios Administrativos y expone a riesgos laborales al estar subiendo a un tercer piso por gradas y sin contar con implementos de salud ocupacional, que son requisitos cuando se realiza este tipo de trabajos, lo cual podría implicar a la institución enfrentar alguna demanda ante el INS u otras instancias y además una incapacidad de los funcionarios, que tendría impacto en la atención de las actividades que realiza cada uno de ellos como parte de la gestión institucional, siendo esto un eventual riesgo de continuidad de gestión.
Apunta el oficio SENARA-DAF-SA-264-2023, que los activos institucionales dejados en el MAG, al no contar con las llaves de los espacios asignados, se encuentran sin resguardo mínimo, por lo que el funcionario que tiene asignado estos activos, son responsables directos de la pérdida o daño de los mismos.
Siendo, así las cosas, la Asociación de Empleados del Senara (ASES) respalda el pronunciamiento de la Dirección Administrativas financiera y sus unidades con respecto a los riesgos que conlleva un traslado tal y como se está realizando.
Los riesgos asociados a esta situación:
Riesgo de dirección: asociado a toma de decisiones que atentan contra la protección adecuado del patrimonio público.
Riesgo de operación: relacionado con la gestión institucional en el momento que se tenga que utilizar algunos de esos activos y los mismos ya se encuentren deteriorados.
Riesgo financiero de patrimonio: asociado al deterioro de los activos y por ende la perdida institucional que implicaría la custodia inadecuada de estos, por no cumplir con la protección-mínima que requieren para su resguardo.
Riesgo estratégico de planificación insuficiente: pese a existir un cronograma y se está evaluando las condiciones físicas y de seguridad.
Riesgo de salud del personal: por no respetarse las normas de salud ocupacional.
Riesgo de infraestructura: por pérdida parcial o total de activos, por deterioro o robo.
Hoy jueves el sindicato SITRAHOSGUA y el MTC se reunieron con la Dra. Nuria Marín, directora del Área de Salud de Guápiles y su equipo asesor médico y administrativa para revisar el estado de avance del proceso de construcción del nuevo edificio para esa Área.
Es muy satisfactorio informar que han sido resueltos la mayor parte de los requisitos normales que se deben cumplir.
El expediente está listo para ser presentado a la CCSS para su aprobación final, luego de más de 11 años de esfuerzos.
Los recursos para esta nueva e importante obra provienen del fideicomiso con el BCR.
Junto con el inicio de la obra para la nueva clínica en Cariari, Pococí, ya en curso, y las negociaciones en desarrollo para la construcción del nuevo hospital de Guápiles, fructifican las gestiones de SITRAHOSGUA, SISSS, FECOSS, MTC, organizaciones comunales y autoridades del Hospital de Guápiles y Área de Salud.
Lo anterior tiene mucho sentido en estos momentos, cuando el gobierno intenta destruir el servicio público de salud.
Defender la CCSS y sus inversiones es prioridad para todo el pueblo costarricense.
En la fotografía se observa a la doctora Marín y su equipo de trabajo; Roy Jiménez, secretario general de SITRAHOSGUA y FECOSS; y Orlando Barrantes, del MTC-comunal.
La representante de los trabajadores ante la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, CCSS, denunció ante la Defensoría de los Habitantes de la República, el trato intimidante y exceso de autoridad en Casa Presidencial, al presentarse a la comparecencia oral y privada, en el juicio político que se le sigue desde casa presidencial y el Consejo de Gobierno de títeres de Chaves.
Contrario a lo que sucede cotidianamente, el automóvil en el que transportaba a la dirigente sindical de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social, UNDECA, y representante electa por el Movimiento Sindical Nacional ante la Junta Directiva de la Caja, fue detenido y requisado por perros antidrogas en la entrada a casa presidencial. Ningún otro automóvil, ni antes ni después de que saliera el de Martha Rodríguez fue requisado de la misma forma.
En una evidente acción intimidatoria y que forma parte del juicio político que el gobierno autoritario de Rodrigo Chaves, en contubernio con la presidenta designada en la CCSS, Marta Esquivel, sigue contra la dirigente sindical que con su voto y el de toda la junta directiva de la Caja, autorizó el pago del ajuste salarial a los trabajadores y trabajadoras de la CCSS, que correspondía al año 2020 y que por Pandemia de Covid-19, se retrasó su pago hasta el año 2022. Este ajuste salarial de ¢7 mil colones fue previamente autorizado por el gobierno de Carlos Alvarado y el ministro de Hacienda de ese entonces, el hoy presidente de la República Rodrigo Chaves.
Hoy, desde la presidencia, Chaves no solo desconoce su propia firma como ministro de Hacienda para ese ajuste salarial, si no que, además, con el afán de quitar todo obstáculo para privatizar y destruir la salud pública costarricense, la CCSS, realiza un juicio político, contra la dirigente sindical en la Junta Directiva de la Caja, la que había sido suspendida por el autoritario presidente, pero que la Sala Constitucional obligó a reinstalar.
Toda Ley vigente, incluida la máxima autoridad legal costarricense, la Constitución Política, ha sido vilmente violentada por este gobierno y sus títeres en la Junta Directiva de la Caja, solamente Martha Elena Rodríguez González, representante del sector sindical, es quien fiscaliza que no se destruya, privatice y quiebre la institución más emblemática e importante de Costa Rica.
No cabe duda, de que este autoritario y criminal gobierno, cuenta con la complicidad política de todos los partidos políticos, las autoridades de los poderes legislativo y judicial. Por menos, e incluso, con inventos y mentiras, gobernantes latinoamericanos fueron destituidos del gobierno, en Costa Rica la confabulación es total, es absoluta, porque se están beneficiando todos.
Hace tres años fue conformada la seccional, la cual, con mucho esfuerzo y arduo trabajo logró obtener el apoyo de los regidores de forma unánime para que se firmara la primera convención colectiva de trabajo dentro de la Municipalidad de Dota.
La representante de los trabajadores en la Junta directiva de la CCSS, denunció ante la Defensoría de los Habitantes, el trato intimidante y exceso de autoridad en Casa Presidencial, al presentarse a la comparecencia oral y privada fijada este martes 21 a las 9:00 a.m.
El pasado domingo 12 de noviembre en SITRAP Siquirres, se realizaron dos importantes actividades en conjunto con personas de la comunidad. La primera actividad se dividió en dos partes; una parte se destinó para hablar acerca de los procesos migratorios y la segunda parte se enfocó en la inspección del trabajo, esto en relación con ANEP y SITRAP, de esta manera se capacitó en el tema a las personas asistentes .
La segunda actividad se enfocó en un grupo de afectados del NEMAGON, junto al medio de comunicación de Medio Oriente, Al Jazeera.
SITRAP: 50 años de lucha en la defensa de los derechos de la clase trabajadora de las plantaciones agrícolas en Costa Rica “Los derechos se toman, no se piden; se arrancan, no se mendigan”.
La Sala Constitucional tenía en sus manos la consulta de constitucionalidad obligada que la Asamblea Legislativa le envió sobre el Proyecto de Ley de la jornada de trabajo 4-3. A ella se había sumado una acción, una consulta facultativa de constitucionalidad, interpuesta por varios diputados, con el propósito de que la Sala dictaminara en contra de este Proyecto de Ley, por razones de fondo, por violaciones a las disposiciones constitucionales y legales relacionadas con las jornadas de trabajo en el país, especialmente con los alcances de la norma constitucional No. 58, que establece que “la jornada ordinaria de trabajo diurno no podrá exceder de ocho horas diarias y cuarenta y ocho a la semana. La jornada ordinaria de trabajo nocturno no podrá exceder de seis horas diarias y treinta y seis a la semana.” Del mismo modo, que “el trabajo en horas extraordinarias deberá ser remunerado con un cincuenta por ciento más de los sueldos o salarios estipulados”. La misma norma constitucional establece que estos principios “no se aplicarán en los casos de excepción muy calificados, que determine la ley”.
Claro es, que el Proyecto de Ley de la Jornada 4-3 no estaba en la dimensión ni en la excepcionalidad del artículo 58 constitucional. Con este Proyecto se pretende, sin lugar a dudas, establecer un nuevo modelo de trabajo nacional, de 12 horas diarias, por cuatro días, sin pago de reconocimiento de horas extras, porque sus propulsores establecieron claramente que lo que se estaba regulando era el concepto de jornada semanal de 48 horas, distribuidas en 4 días. Igualmente, se pronunciaron muy claramente que en ese extremo no hay necesidad de reconocer “horas extras”, sobre las 8 horas de trabajo diario, que se regulan constitucionalmente. Valoraron en la discusión parlamentaria la jornada semanal de 48 horas, sin demeritar el alcance extremo señalado constitucionalmente. Tan solo la redujeron a cuatro días de trabajo.
Los aditamentos que se señalaron, en la Asamblea Legislativa, por parte de los diputados proponentes y defensores de estas jornadas esclavistas, al estilo del siglo XIX, fueron meramente cosméticos, como cantos de sirena, como por ejemplo el tiempo de descanso diario en la jornada de 12 horas. ¿Acaso la jornada de 8 horas no establece ese descanso diario proporcional a esas 8 horas? Lo que hicieron fue proporcionar el mismo tiempo a las 12 horas que se propone en el Proyecto de las 12 horas. Algunas diputadas incluso razonaron que en los tres días de descanso, de este tipo de contrato, los trabajadores podrían buscar otros empleos para mejorar sus ingresos, con lo cual en la realidad la jornada semanal “ordinaria·”, se extendería más allá de las 48 horas…
La Resolución de la Sala Constitucional, en lo que se ha informado, hace dos días, por un comunicado de prensa, sin que se tenga aún el Fallo completo redactado, ha destacado que el rechazo al Proyecto es tan solo de formalidad procesal, que puede subsanarse. Fue rechazado por un vicio sustancial de procedimiento legislativo, porque fue discutido en una Comisión Legislativa que no era la facultada para hacerlo, cuando empezó su trámite de aprobación en el 2019, puesto que debía haberse iniciado esa discusión en una Comisión especializada, como es la de Asuntos Jurídicos, y no la Asuntos Hacendarios.
Las Comisiones de Asuntos Hacendarios, generalmente se integran por mayoría de diputados de las fracciones que son gobierno. Esto para facilitar el trámite de los Proyectos de Presupuestos Nacionales, con aprobación mayoritaria de la Comisión que los estudia, para que así se envíe al Plenario Legislativo, con alguna ventaja de discusión; con menor oposición y con dictámenes de minoría, los que de hecho no tienen la trascendencia para el debate siguiente. En la historia parlamentaria a veces los dictámenes de minoría se han impuesto en el Plenario Legislativo. Pero lo usual es que pasan de lado.
El grupo de diputados chavistas, que llaman de gobierno, y los que se sumaron a ellos, han declarado que revivirán el Proyecto de Ley. La diputada experta en asesorar ministros y otras autoridades en mentir, ha dicho claramente que analizará, con el Presidente Chaves, la posibilidad de volver a relanzar el Proyecto de Ley a trámite de aprobación. Diseñarán la estrategia de la mentira ante la nueva discusión parlamentaria, si llega a suceder.
El retroceso en la legislación laboral y constitucional, de las garantías sociales, sigue en pie de lucha. Quienes nos hemos opuesto a este Proyecto, desde las tribunas de la opinión pública, y desde la práctica sindical, no debemos replegarnos de alegría por el fallo de la Sala Constitucional. Puede ser tan solo, como dice nuestro pueblo, un simple alegrón de burro.
No debe interpretarse el fallo de la Sala Constitucional como un golpe contra el gobierno del Presidente Chaves, ni como un triunfo sindical, hasta este momento. Este Proyecto de Ley se inició en el gobierno del Partido Acción Ciudadana, bajo el Gobierno de Carlos Alvarado, que estuvo de acuerdo con su trámite y aprobación, siendo el conductor de ese trámite legislativo, el diputado liberacionista Carlos Ricardo Benavides. Por ahora, es tan solo un frenazo a su aprobación parlamentaria. El riesgo de su aprobación está latente.
Lo resuelto por la Sala Constitucional anula lo actuado desde que se cometió el error de trámite legislativo. Ha dejado al paciente de una cirugía con el tórax abierto mientras se dispone qué camino seguir, en cuanto se conozca el Fallo completo. El paciente del Proyecto de Ley de la jornada de 12 horas diarias no ha muerto todavía. Está en un coma inducido. Puede vivir.
Cuando se reciba el Fallo en la Asamblea Legislativa se pasará a su estudio a la Comisión de Consultas de Constitucionalidad. Aquí se recomendará el camino a seguir… hacer los cambios correspondientes o enviar al Archivo el Proyecto de Ley.
Es también un tema de oportunidad política su discusión. O se aprueba el Proyecto de la Jornada de 12 horas en el 2024 o se deja para el 2026, pasadas las elecciones nacionales, como un proyecto para el nuevo gobierno.
En el 2025 por ser año electoral ese Proyecto no se someterá a discusión parlamentaria, por el riesgo político que eso tiene para los partidos y dirigentes políticos que lo apoyen, ante el proceso electoral nacional de ese año.
Sucederá igual que con la discusión del Proyecto de Ley del Tratado de Libre Comercio, con Estados Unidos y Centroamérica, que terminó aprobándose hasta el 2007, cuando el Presidente Abel Pacheco lo había aprobado en el 2004.
En el 2005 Abel Pacheco no lo envió a la Asamblea Legislativa porque era el año electoral, y podía dividir al país, como sucedió en el 2006 y 2007 a favor y en contra, que para efetos electorales hubiera tenido un saldo muy negativo para los que apoyaban ese Tratado. Si así hubiera ocurrido quizá Oscar Arias Sánchez no hubiera llegado a su segunda Presidencia.
Abel Pacheco introdujo al debate parlamentario el Tratado en diciembre del 2005, cuando la Asamblea estaba en receso legislativo por las elecciones y nadie le ponía atención. Al resultado de las elecciones, ya con el ganador, por poco margen, la Asamblea tenía el Tratado para su ratificación, lo que se heredó al siguiente gobierno, que la vio fea en el 2006 y el 2007, para su gestión de gobierno, hasta que por la vía del Referéndum, convocado por Oscar Arias, se resolvió por un estrecho margen a su favor.
Con los aires populistas que hay en el continente, y en el mundo, no sería nada raro que frente a un proyecto de Ley, como éste de las 12 horas, electoralmente, pueda levantase alguien con la Presidencia y el apoyo popular, barriendo más a los partidos tradicionales, abriendo una brecha hacia partidos de nuevo tipo, como Acción Ciudadana y el que llevó al Presidente Chaves a Zapote. Esta es la realidad.
Por eso, el movimiento popular no puede descansar, ni dejarse llevar por los aplausos que generó este Fallo. Hay que seguir alerta ante la redacción total del Fallo y ante la iniciativa parlamentaria de la diputada Pilar Cisneros de mantener vivo el Proyecto en trámite legislativo.
No estoy seguro de que la Asamblea Legislativa aguante otra vía rápida, de tipo triturador, contra los legisladores que se opongan a la aprobación de esta Jornada de 12 horas. Pero, todo puede suceder.
Por ahora, las banderas de lucha contra este Proyecto de Ley no deben arrearse. Deben mantenerse izadas.
