El Ministerio de Trabajo en Liberia fue el escenario de la firma de un acuerdo que convertirá en una realidad el salario escolar para el personal de la municipalidad de Tilarán. Este importante logro se alcanzó gracias a un accionar conjunto y exitoso entre la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), la alcaldía y el concejo municipal de Tilarán, quienes lograron llegar «a buen puerto» en sus negociaciones.
Mediante este acuerdo, se estableció que el salario escolar se recibirá en un solo pago, simplificando así el proceso para las personas beneficiarias. Un punto clave de la negociación es que este beneficio ya se ha asegurado, estando consagrado en el presupuesto del próximo año 2026, garantizando así el rubro correspondiente para su desembolso.
Desde la ANEP, se destacó que este fue, de hecho, «el logro más importante en temas de salario escolar» que ha obtenido la organización. La Asociación expresó su profundo agradecimiento por la confianza depositada en su labor por parte del personal municipal y reafirmó su inquebrantable compromiso de «trabajar siempre en favor de la clase trabajadora y de la institucionalidad». Este acuerdo subraya la importancia de la negociación colectiva para la defensa de los derechos laborales.
Para más detalles sobre este acuerdo y las declaraciones completas de las partes involucradas, le invitamos a ver el video siguiendo este enlace:
La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA) remitió el oficio SDSC-045-2025 al gerente médico de la CCSS, Alexander Sánchez Cabo, para que se presentara el jueves 24 de julio, 8:00 a. m., a una mesa de seguimiento presencial en la Gerencia Médica o en el Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia. El sindicato señala que la inasistencia reiterada del funcionario ha impedido avanzar en la atención de la crisis de enfermería, situación que “pone en peligro la vida de las personas usuarias” y mantiene en desgaste al personal.
En la reunión anterior, la Gerencia Médica envió una delegación sin poder de decisión, lo que—según UNDECA—agravó el estancamiento de los acuerdos. La organización advierte que, de no asistir el gerente este jueves, iniciará un proceso de organización y planificación de acciones a nivel nacional en distintos centros de salud.
Voceros del servicio de Cirugía del HCG recordaron que, aunque los turnos extraordinarios han paliado parcialmente la sobrecarga, aún existe un faltante estimado en 6 500 profesionales de enfermería en todo el país, por lo que urgen la asignación de códigos permanentes para el personal. De continuar la carencia, advirtieron, la responsabilidad recaerá en la Presidencia Ejecutiva y la Gerencia Médica de la CCSS.
El oficio fue copiado al Ministerio de Trabajo, la Defensoría de los Habitantes, la Junta Directiva de la CCSS y otras instancias, dejando constancia de la urgencia nacional del tema y del llamado de UNDECA a mantener la vía del diálogo.
Fuente: documentación y declaraciones enviadas por UNDECA a SURCOS.
Sería imposible comprender la consolidación del Estado costarricense sin tener en cuenta el invaluable aporte de nuestra clase trabajadora. Ésta, compuesta por hombres y mujeres del campo y la ciudad, participó decididamente, con su creatividad y entrega, en darle impulso a la economía nacional para la agroexportación. Primero, con la expansión del cultivo del café, el cual se convirtió en la base material del posterior desarrollo nacional y, luego, con el incremento de nuevos cultivos, particularmente el del banano en la zona atlántica.
Con la expansión de la producción bananera, ocurrieron cambios profundos en el panorama económico nacional y en la composición de la clase trabajadora costarricense. En lo sucesivo, la aparición de los nuevos obreros agrícolas contratados por la United Fruit Co. vino a modificar, definitivamente, el mundo del trabajo de nuestro país. Surgía así una masa asalariada proveniente de diferentes puntos del territorio nacional y desprovista de las mínimas condiciones para sobrevivir con dignidad. La mayoría eran varones que dejaban su tierra y sus familias, llegaban a las plantaciones bananeras contando tan solo con su fuerza de trabajo para vendérsela a la UFCO, a cambio de un salario, casi siempre insuficiente.
Fueron aquellas condiciones las que permitieron el surgimiento de la conciencia de clase entre los miles de trabajadores que se trasladaron desde comienzos del siglo XX hacia los bananales del Atlántico.
Con paciencia y valentía, aquellos trabajadores fueron forjando su espíritu de lucha ante las injustas condiciones en las se veían obligados a vender su mano de obra. Los bajos salarios, las pésimas condiciones de vivienda, los graves accidentes de trabajo y los altos precios que cobraban los comisariatos -también propiedad de la UFCO- fueron algunas de las razones que alimentaron su espíritu de lucha.
Desde principios del siglo XX, los trabajadores bananeros comenzaron a recurrir a los paros de labores para reclamarle a la UFCO condiciones más justas, sobre todo durante las crisis económicas provocadas por la Primera Guerra Mundial y, luego, por la crisis mundial de 1929. Su conciencia colectiva iba madurando.
Pero no fue sino hasta 1934, cuando persistían los efectos de la Gran Depresión de 1929, que se pudo palpar más claramente la aparición de la conciencia obrera en el seno de los trabajadores bananeros. El desarrollo de uno de los movimientos sociales más estremecedores de aquella época, la histórica huelga bananera del Atlántico, entre agosto y setiembre de 1934, marcó para siempre la historia de los bananales costarricenses.
En aquella ocasión, unos diez mil trabajadores contratados en las diversas fincas bananeras de la zona atlántica lograron ponerse de acuerdo y decretaron una huelga general. Exigían mejores salarios, viviendas dignas, pago en efectivo para eliminar los cupones que solo podían cambiar por mercadería en los comisariatos de la misma Compañía, botiquines con medicamentos de primera necesidad, cobertura de la Ley de Accidentes de Trabajo y, estratégicamente, algo muy importante, el reconocimiento legal del Sindicato de Obreros del Atlántico y demás organizaciones sindicales del país.
Ese pliego de peticiones lo recibieron el día 4 de agosto de 1934 el gerente general de la UFCO y los productores nacionales de banano, acompañado de una carta firmada por el secretario general del sindicato, Carlos Luis Fallas Sibaja, en la que se notificaba el comienzo de la huelga.
A partir del día 5 de agosto se inició el paro de labores, el cual debió prolongarse ante la resistencia de la UFCO a firmar el convenio que pondría fin a ese justo y vigoroso movimiento. Sin embargo, la UFCO nunca llegó a firmarlo.
El sufrimiento de aquellos trabajadores, y sus dirigentes, se escribió con sangre. El gobierno de don Ricardo Jiménez Oreamuno, presionado por la Compañía, envió cuerpos policiales que sometieron por la fuerza la férrea voluntad de los miles de trabajadores que, guiados por sus valerosos dirigentes, escribieron páginas gloriosas en la historia de la clase trabajadora costarricense.
No cabe duda de que el significado histórico del día 4 de agosto de 1934 debe perdurar en la memoria de la sociedad costarricense. Ha sido una fecha que, noventa años después, continúa dignificando a los trabajadores y trabajadoras de las plantaciones bananeras. Más importante aún: es una fecha que debe alimentar la conciencia nacional y la memoria antiimperialista que otrora caracterizó a los trabajadores de las transnacionales del banano.
En las décadas siguientes, los trabajadores bananeros también estuvieron presentes en las luchas por la legislación social costarricense. Incluso, no dudaron en tomar las armas en 1948 para sumarse a la defensa de las Garantías Sociales y el Código de Trabajo, insignes conquistas que, desde 1943, alumbraron el camino correcto hacia la construcción de una Costa Rica más justa y democrática.
Las décadas posteriores a la guerra civil, de nuevo fueron testigo de innumerables paros y huelgas, siempre en defensa de mejores condiciones de trabajo y, muy especialmente, de la libertad de organización sindical, tanto en las plantaciones del Atlántico como en las del Pacífico Sur. Fue así como en la huelga de 1953 en Golfito se conquistó la extensión de la Ley de Accidentes de Trabajo a los bananales y en 1959, luego de otra huelga ejemplar, se logró el derecho al pago de un mes de aguinaldo, como a la mayoría de los trabajadores del resto del país.
La década del setenta del siglo anterior fue un período muy productivo en materia de conquistas laborales por parte de los trabajadores bananeros de todo el país. La firma de un buen número de convenciones colectivas, tanto en el Atlántico como en el Pacífico Sur, trajo mejoras sustantivas, muchas de las cuales venían siendo reclamadas desde aquel lejano mes de agosto de 1934.
A la centenaria producción bananera nacional se le ha sumado, en los últimos tiempos, el cultivo de otra fruta para la exportación, la piña, actualmente producida en la región norte de nuestro país. Sabemos también de sus difíciles condiciones de trabajo. Sus luchas ya han comenzado y el ejemplo de los obreros bananeros, seguramente, les estará marcando el camino a seguir.
Trabajo Digno | Derechos Laborales Equidad De Género | Salud Mental | Justicia Social
En coherencia con los principios de la Universidad de Costa Rica, su misión de resguardar los derechos humanos, laborales y sociales, así como de promover el pensamiento crítico y la transformación social desde una perspectiva interdisciplinaria, el Consejo Asesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica informa que, en la sesión N.º 132-2025, celebrada el jueves 10 de julio de 2025, acordó por unanimidad expresar su criterio a la Presidencia de la Asamblea Legislativa, a las señoras diputadas y señores diputados sobre el Proyecto de Ley «Establecimiento de jornadas laborales excepcionales para casos determinados que sean excepcionales y muy calificados» (Expediente N.º 24.290), conocido como “jornadas 4×3”.
Consideraciones Generales
Este proyecto constituye una preocupante forma de desregulación del trabajo. Al permitir jornadas de hasta 12 horas durante cuatro días consecutivos sin pago de horas extraordinarias, consolida una lógica de precarización laboral que desvaloriza la función social del trabajo, lo subordina a los intereses del capital y debilita su carácter de derecho humano fundamental y pilar del bienestar colectivo.
Desde una mirada crítica en las Ciencias Sociales, esta iniciativa debe analizarse en el marco de transformaciones estructurales que afectan el mundo del trabajo y profundizan desigualdades históricas por género, clase, edad y territorio. Entre los principales indicadores que contextualizan este proyecto destacan: ◦ El debilitamiento del empleo público, tanto por la reducción en la creación de nuevos puestos como por el aumento de la tercerización de servicios. ◦ La diversificación de formas de empleo precarizado. ◦ El debilitamiento del sindicalismo y de las formas de organización colectiva. ◦ El aumento del subempleo y la informalidad. ◦ El fomento y la proliferación de discursos que deslegitiman el empleo formal y las conquistas laborales.
Desde una perspectiva histórica más amplia, este proyecto se suma a un conjunto de normas, políticas y acciones estatales que han venido precarizando la vida de miles de personas pertenecientes a los sectores más empobrecidos del país. Entre ellas:
Precarización de los contratos de trabajo.
Pérdida de conquistas históricas en materia de bienestar, jornada laboral, organización sindical y movimiento social.
Modificaciones regresivas en los sistemas de jubilación: aumento de edad, cuotas y obligatoriedad de pensiones complementarias.
Deterioro de los servicios de salud y destrucción de sistemas de asistencia social. ◦ Desconfianza generalizada en la institucionalidad pública como garante de derechos tanto del sector público como privado.
Orientación normativa para favorecer intereses empresariales bajo el argumento de que ello generará empleo.
Elementos Críticos del Proyecto
1. Retroceso histórico en derechos laborales:
La jornada de ocho horas constituye una conquista histórica de los movimientos sociales en la mayor parte del mundo y un principio básico de justicia laboral moderna. Sustituirla por jornadas de hasta 12 horas representa un retroceso normativo, ya que altera el equilibrio entre el tiempo destinado al trabajo, al descanso y a la vida personal. Esta modificación atenta contra el derecho al tiempo libre y debilita los mecanismos de protección frente a la sobreexplotación.
2. Abaratamiento de las horas extras y pérdida de derechos adquiridos:
La propuesta sustituye el pago de horas extra —actualmente regulado con recargos legales— por un recargo fijo calculado sobre el salario mínimo, lo que representa una desmejora significativa para muchas personas trabajadoras. Aunque se plantea un aumento porcentual, este no se aplica sobre el salario real devengado, sino sobre el mínimo legal, lo cual puede traducirse en ingresos inferiores respecto al sistema actual de pago por tiempo extraordinario.
Esta modificación desvaloriza el tiempo adicional laborado, elimina un incentivo justo por las jornadas prolongadas y debilita un derecho laboral históricamente ganado. Además, refuerza las potestades del empleador en un contexto donde la «voluntariedad» de aceptar jornadas extendidas está fuertemente condicionada por la necesidad económica y la vulnerabilidad laboral de muchas personas. En lugar de proteger el trabajo digno, la reforma institucionaliza una forma de desregulación que abarata la fuerza laboral y precariza las condiciones de empleo.
3. Afectaciones graves a la salud física y mental:
Las jornadas laborales extensas incrementan la fatiga, el estrés, la ansiedad, la depresión, las enfermedades musculoesqueléticas y el riesgo de accidentes. Diversos estudios internacionales coinciden en que tres días de descanso no compensan el desgaste físico y emocional acumulado durante cuatro días de trabajo intensivo. Estos efectos se agravan en contextos donde persisten deficiencias estructurales como los desgastantes desplazamientos, la sobrecarga de labores y las fallas del transporte público.
4. Impacto en la vida familiar, comunitaria y educativa:
Las jornadas extendidas reducen el tiempo disponible para actividades fundamentales como el auto cuido, la participación comunitaria, la vida familiar o la continuidad de estudios. Esta situación afecta de manera particular a personas jóvenes, jefaturas de hogar y personas trabajadoras en condiciones de pobreza, discriminación estructural o exclusión social, ampliando así las brechas de acceso al bienestar y al desarrollo personal.
5. Carga desproporcionada sobre mujeres y personas cuidadoras:
Según la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (INEC), las mujeres dedican en promedio 36 horas semanales al trabajo no remunerado y de cuido, frente a 14 horas en el caso de los hombres. La reforma encarece los costos de cuido tanto en el sector formal como en el informal, y genera barreras adicionales para la inserción y permanencia de las mujeres en el empleo formal. Esta intensificación laboral conlleva consecuencias personales y económicas directas, y profundiza desigualdades ya existentes.
6. Desigualdad en las relaciones laborales y falsa voluntariedad:
El proyecto parte de una premisa equivocada: que las personas trabajadoras pueden decidir libremente aceptar o rechazar la jornada extendida. Situación resultante de una relación que por su naturaleza es inequitativa. En un contexto marcado por el desempleo, la informalidad y la débil sindicalización, la «voluntariedad» está fuertemente condicionada por el temor a represalias, despidos encubiertos o la necesidad urgente de ingresos. Este desequilibrio reproduce relaciones laborales asimétricas y vulnera principios básicos de justicia contractual.
7. Débil institucionalidad para fiscalizar y proteger derechos:
El proyecto asigna nuevas responsabilidades al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social sin prever un fortalecimiento institucional en términos de personal, presupuesto o capacidades técnicas. Esta institución ya enfrenta limitaciones estructurales para cumplir con sus funciones actuales de fiscalización y acompañamiento laboral. La omisión de instituciones clave —como el INAMU, el IMAS, la CCSS, entre otras— refleja un enfoque fragmentado y refuerza la permisividad frente a prácticas laborales abusivas, especialmente porque la reforma impactará los servicios públicos en salud, cuido y asistencia social.
8. Ausencia de garantías en las medidas compensatorias:
El proyecto plantea que las empresas ofrecerán servicios de cuido y transporte como mecanismos compensatorios, sin establecer obligaciones claras ni mecanismos de verificación. Esta promesa resulta inviable, especialmente en un contexto de debilitamiento del sistema nacional de cuidados. En 2023, cerca de 7 mil niñas y niños dejaron de recibir atención, y en 2025 el IMAS recortó en un 35 % el subsidio por persona menor atendida, afectando a más de 135 mil personas. Delegar estas responsabilidades al sector privado, cuando ni siquiera el Estado puede garantizarlas, constituye una omisión grave.
9. Impacto diferenciado por género:
Diversas investigaciones (CEPAL, OIT, OCDE) evidencian que las jornadas intensivas afectan desproporcionadamente a las mujeres, especialmente a jefas de hogar, madres solteras y cuidadoras, ampliando la brecha de género en el empleo y el ingreso. La OCDE (2018) destaca que la jornada laboral intensiva, aunque concentrada en menos días, genera dificultades para organizar el cuido infantil y otras responsabilidades familiares, especialmente para madres solteras o familias con menor red de apoyo.
10. Disminución de ingresos reales para las personas trabajadoras:
El esquema remunerativo planteado representa una pérdida en comparación con el pago actual de horas extra. Según datos del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de Plantaciones (SITRAP, julio 2025), esta pérdida puede alcanzar los 587.373 colones anuales. Ello, lejos de mejorar la compensación económica, el proyecto reduce el ingreso real por trabajo adicional, afectando en especial a quienes actualmente perciben más del salario mínimo.
Ejemplo comparativo:
11. Normalización de prácticas injustas y arbitrarias:
En lugar de sancionar la aplicación irregular de jornadas extendidas sin fundamento legal ni constitucional, el proyecto busca legalizarlas. Esto vulnera el principio de progresividad de los derechos laborales, debilita el Estado de Derecho y normaliza condiciones de trabajo incompatibles con los marcos internacionales de protección del trabajo digno.
12. Menor productividad, no mayor:
Contrario a lo que plantea la iniciativa, las jornadas laborales extensas no garantizan el aumento de la productividad. Estudios de organismos internacionales como la OCDE y publicaciones académicas (ScienceDirect, 2023) demuestran que el exceso de horas reduce el rendimiento individual, afecta la toma de decisiones y eleva el riesgo de errores, accidentes y ausentismo. La productividad sostenible requiere condiciones laborales saludables, no jornadas intensivas.
13. Experiencias internacionales:
Las reformas laborales exitosas a nivel internacional tienden a reducir la jornada sin afectar el ingreso, promoviendo el bienestar y la eficiencia. Países como Alemania, Francia y Suecia han impulsado modelos de trabajo que priorizan el equilibrio entre vida personal y laboral. La propuesta costarricense, en cambio, promueve una flexibilización patronal sin garantías suficientes de supervisión ni mecanismos efectivos de defensa colectiva, lo que debilita la posición de la persona trabajadora.
Posicionamiento del Consejo Anterior:
Por las razones expuestas, el Consejo Asesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica se posiciona en contra del Proyecto de Ley N.º 24.290 y su texto sustitutivo, por considerarlos un grave retroceso en materia de derechos laborales, equidad de género, salud mental y justicia social.
Asimismo, reafirma su compromiso con el fortalecimiento del trabajo digno y con el debate democrático, plural e informado sobre el modelo de desarrollo que necesita Costa Rica. En este sentido:
Hace un llamado a las señoras y señores diputados de la Asamblea Legislativa, así como a la ciudadanía, al sector académico, a los gremios y sindicatos, a reflexionar crítica y responsablemente sobre los alcances e implicaciones de esta propuesta.
Reitera su disposición para colaborar en la construcción de propuestas alternativas mediante espacios de diálogo y mesas de trabajo que promuevan condiciones laborales compatibles con la salud mental, la justicia distributiva, la sostenibilidad del cuido y la centralidad de la vida digna en las políticas públicas.
Suscriben,
Dra. Isabel Avendaño Flores, decana, Facultad de Ciencias Sociales Dra. Claudia Palma Campos, directora, Escuela de Antropología Mag. Gréttel Aguilar Santamaría, directora, Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva Dra. Tania Rodríguez Echavarría, directora, Escuela de Ciencias Políticas D.E.A. Pascal Girot Pignot, director, Escuela de Geografía M. Sc. Claudio Vargas Arias, director, Escuela de Historia Dr. Jorge Sanabria León, director, Escuela de Psicología Dr. Mauricio López Ruiz, director, Escuela de Sociología Mag. Carolina Navarro Bulgarelli, directora, Escuela de Trabajo Social Dr. Javier Tapia Balladares, director, Instituto de Investigaciones Psicológicas Dr. Francisco Robles Rivera, director a.i., Instituto de Investigaciones Sociales Dr. Anthony Goebel Mc Dermott, director, Posgrado de Historia y representante de los Programas de Posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales Dr. Alonso Ramírez Cover, director, Centro de Investigaciones y Estudios Políticos (CIEP), y representante de los centros de investigación de la Facultad de Ciencias Sociales
Este miércoles 16 de julio desde las 6 a.m., trabajadores y trabajadoras del Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia realizaron una asamblea general para denunciar la sobrecarga laboral que enfrentan. La movilización es respaldada por la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA), que actualmente mantiene una mesa de negociación con autoridades del hospital.
UNDECA advierte que faltan más de 6.400 puestos de enfermería en la Caja Costarricense de Seguro Social, lo cual agrava la presión sobre el personal. La unión entre vacantes sin cubrir, aumento de la demanda y falta de respuesta institucional ha generado una crisis en la atención médica, especialmente en áreas críticas como enfermería y quirófanos.
La organización sindical exige medidas urgentes, incluyendo la apertura inmediata de nuevas plazas, incentivos para retener y formar personal, fortalecimiento de la infraestructura tecnológica y una gestión centrada en el bienestar del recurso humano y de los pacientes. También ha alertado que la situación podría extenderse a otros centros médicos del país si no se ofrecen soluciones concretas.
Red de Mujeres Costeras y Rurales de Costa Rica Pronunciamiento en Contra del Proyecto de Ley N° 24.290 (Jornadas 4×3) Costa Rica, 14 de julio, 2025
Desde la Red de Mujeres Costeras y Rurales de Costa Rica, organización que representa a mujeres de territorios históricamente excluidos y abandonados por el Estado, alzamos la voz para rechazar contundentemente el proyecto de ley N° 24.290. Esta reforma, disfrazada de «flexibilidad laboral», es en realidad un ataque directo a los derechos de las mujeres que profundizará la desigualdad de género, la pobreza y la sobrecarga de trabajo no remunerado que ya cargamos.
En Costa Rica, las mujeres enfrentamos jornadas interminables que combinan trabajo remunerado y no remunerado. Según datos del INEC (2017), dedicamos entre 4 y 6 horas diarias al trabajo doméstico y de cuidados, además de nuestras jornadas laborales formales (cuando conseguimos empleo formal). El proyecto 4×3 ignora completamente esta realidad al exigirnos trabajar 12 horas diarias, sin considerar quién asumirá el cuidado de menores de edad, personas adultas mayores o con discapacidad.
Los testimonios recogidos en la investigación realizada por la docente e investigadora de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), Claribel Sánchez Arias son contundentes. Casos como el de «Mariana», madre soltera que trabajaba turnos nocturnos de 12 horas en una fábrica y apenas dormía 2 horas diarias porque durante el día cuidaba a sus hijos, demuestran cómo estas jornadas son incompatibles con una vida digna. Su salud física y mental colapsó bajo esta presión insostenible.
Este proyecto agravará las brechas territoriales y de género de manera particularmente cruel en las zonas rurales y costeras, donde derechos fundamentales en lugar de ser un derecho se vuelven un privilegio. En nuestras regiones no existen guarderías públicas suficientes, el transporte nocturno en muchas zonas es inexistente y los servicios básicos son precarios. Para las mujeres indígenas y afrodescendientes, la situación es aún más grave, ya que enfrentan una triple discriminación por género, etnia y clase social.
En los sectores más precarizados como maquilas, agroexportación y turismo, la implementación de estas jornadas será especialmente perjudicial. Las patronales impondrán las 12 horas «voluntarias» bajo la amenaza velada de despido, y muchas mujeres terminarán perdiendo sus empleos porque una persona hará el trabajo que antes realizaban dos, sin recibir compensación económica alguna.
Se debe recordar que las mujeres de zonas rurales en América Latina mayores de 15 años de acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en un 40% no tienen ingresos propios, además para 2020, alrededor del 46% de las mujeres rurales vivían en condiciones de pobreza extrema, el 40% de los hogares con jefatura femenina vivía en pobreza y 19% en pobreza extrema (CEPALSTAT, 2023).
En Costa Rica, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), más del 26% de las mujeres del país residen en zonas rurales y sus condiciones de vida corresponden a uno de los desafíos que requiere mayor atención. Muchas de ellas trabajan en la informalidad, perciben menos de un salario mínimo y 70% no logra culminar la secundaria.
Costa Rica ha suscrito importantes convenios internacionales que este proyecto traiciona flagrantemente. La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) exige eliminar las barreras para la participación laboral femenina, no crear nuevas. El Convenio 190 de la OIT busca proteger contra la violencia y acoso laboral, situaciones que se dispararán con jornadas extenuantes. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, particularmente los ODS 5 y 8, prometen trabajo decente e igualdad de género, no retrocesos históricos en derechos laborales.
En lugar de propuestas que aumentan la explotación, las mujeres costeras y rurales exigimos políticas que realmente mejoren nuestras condiciones de vida. Necesitamos con urgencia la reducción de la jornada laboral, no su ampliación; mientras países latinoamericanos como Chile, Colombia, México, Ecuador y Trinidad y Tobago avanzan hacia la reducción de jornadas laborales para mejorar la calidad de vida de su población, este proyecto castigaría especialmente a las mujeres que ya viven en desigualdad estructural:
Chile: Ley aprobada en 2023 establece una reducción progresiva hasta 40 horas semanales al 2028, reconociendo que más tiempo libre es esencial para el bienestar familiar y social.
Colombia: Desde 2021, está en marcha una reducción escalonada hacia las 42 horas, evidenciando un compromiso firme con la dignidad de las trabajadoras.
México: Aunque aún con jornadas largas, ya se aprobó en comisiones legislativas la reducción a 40 horas semanales, bajo el principio de justicia laboral.
Ecuador: Mantiene desde 1997 una jornada de 40 horas semanales, siendo referente de estabilidad en derechos laborales.
Trinidad y Tobago: Protege a sus trabajadoras con jornadas de 40 horas, restricciones estrictas a las horas extras y garantías de descanso obligatorio.
Este proyecto no solo aleja a Costa Rica del resto de América Latina, sino que ignora las realidades más duras y profundiza la doble y triple jornada, obligando a muchas mujeres a elegir entre su salud, sus hijos o un ingreso mínimo, asimismo condena a las mujeres costeras y rurales a sobrevivir bajo esquemas que otras naciones están abandonando por sus impactos negativos. En lugar de avanzar hacia la justicia social, una jornada digna, humana y compatible con una vida plena, el 4×3 consolida una política de explotación disfrazada de modernidad.
Un Sistema Nacional de Cuidados universal y gratuito con presupuesto real es fundamental, así como permisos remunerados por cuidados para atender enfermedades de hijos e hijas o personas adultas mayores. También demandamos una inspección laboral con perspectiva de género que frene los abusos en maquilas y zonas francas, donde las violaciones a los derechos laborales son pan de cada día.
Este proyecto no es progreso, es regresión. Las mujeres costeras y rurales no somos variables de ajuste para beneficiar los intereses de grandes empresas. La implementación del 4×3 aumentará la pobreza femenina, forzará a muchas mujeres a abandonar empleos formales, estudios y destruirá vidas, salud mental y proyectos personales.
Exigimos a la Asamblea Legislativa archivar de inmediato el expediente Nº 24.290 y abrir un diálogo genuino con organizaciones de mujeres, sindicatos y academia para construir alternativas con verdadero enfoque de género. No permitiremos que decidan por nosotras. Nuestros derechos no son negociables.
Atentamente,
Red de Mujeres Costeras y Rurales de Costa Rica
Organizaciones, Colectivas de la Red de Mujeres Costeras y Rurales de Costa Rica:
Colectiva Sámara Empoderada
Colectiva Unidas Talamanca
Movimiento Feminista Santa Teresa
Mar y Comercio
Asociación Cóbano Pro Derechos de las Mujeres
Asociación de Mujeres Emprendedoras Sámara – Zona Azul
Asociación Nicoyana de Personas con Discapacidad ASONIPED
Asociación de mujeres por los derechos en Guanacaste Alza tu voz
Asamblea de enfermería exige presencia del gerente médico
La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA), en el ejercicio de la legítima de defensa de los derechos laborales y del fortalecimiento del sistema público de salud, denuncia con preocupación la crítica situación que enfrentan las personas trabajadoras de enfermería del Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia, sobre todo en el área quirúrgica, donde la sobrecarga laboral ha alcanzado niveles insostenibles.
Desde hace varios meses, el personal ha comunicado reiteradamente a la Jefatura de Cirugías, la Dirección de Enfermería y la Dirección Médica el déficit estructural de recurso humano, advirtiendo sobre las consecuencias para la salud física y mental del personal, así como el riesgo que ello representa para la seguridad y la calidad en la atención de los pacientes.
La respuesta institucional ha sido el silencio administrativo, una omisión inadmisible que, en este contexto, puede implicar efectos lesivos sobre derechos fundamentales, tales como el derecho al trabajo digno, a la salud ocupacional y al deber constitucional del Estado de garantizar servicios públicos eficientes, seguros y humanos.
Cuando la institucionalidad calla ante el sufrimiento del personal, corresponde a las y los trabajadores alzar la voz con dignidad, respeto y determinación.
Esta Asamblea exige la presencia inmediata del Gerente Médico para restablecer las condiciones laborales dignas, proteger la salud mental del personal y garantizar la continuidad del servicio público en condiciones de seguridad para todos.
Asamblea General de Trabajadores de Enfermería: frente al Hospital Calderón Guardia Miércoles 16 de julio de 2025 Hora; 6:00 a.m.
¡No más sobrecarga laboral! ¡Dignidad para trabajadores y usuarios!
La Sala Constitucional declaró sin lugar una acción de inconstitucionalidad presentada por el patrono del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica, que buscaba anular derechos adquiridos en un acuerdo directo firmado con el personal trabajador de la institución. Con este fallo, se garantiza la continuidad del acuerdo y la vigencia de beneficios laborales fundamentales para quienes laboran en el Colegio.
El recurso pretendía cuestionar aspectos clave del arreglo como el esquema de anualidades, vacaciones y estabilidad laboral. Sin embargo, la Sala reafirmó la validez del acuerdo y desestimó los argumentos que pretendían eliminar derechos consolidados mediante negociación directa entre patrono y personas trabajadoras.
La representación sindical, afiliada a la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), celebró la resolución como un hito en la defensa de la justicia laboral. “Esta resolución representa para nosotros una victoria para la justicia laboral y la estabilidad de todos los trabajadores de la institución”, expresó la seccional en un pronunciamiento oficial.
La ANEP destacó el papel de su equipo jurídico en la defensa del acuerdo, que argumentó en contra de la acción con base en la legislación costarricense, acuerdos internacionales en materia de derechos humanos laborales, y la opinión consultiva OC-2021 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Uno de los puntos más defendidos fue la anualidad, entendida como una herramienta fundamental para mantener el poder adquisitivo del salario frente al costo de la vida. La Sala reconoció el valor de este derecho, respaldando su continuidad como parte de los principios de progresividad y no regresividad de los derechos laborales.
El fallo refuerza el principio de que los arreglos directos son instrumentos legítimos y vinculantes cuando se realizan conforme a la ley y con participación activa de las partes involucradas. Posteriormente, el secretario general de ANEP, Albino Vargas Barrantes, informó que con la mediación del Ministerio de Trabajo se llegó a un acuerdo entre la seccional del sindicato y la junta directiva del Colegio, con lo cual se preservan los derechos.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) enfatiza que los efectos del cambio climático repercuten directamente en la salud y condiciones de la clase trabajadora, especialmente el personal operativo. En una reunión con la Asociación Gremial de Obreros de la Conservación de Argentina, se destacó la urgencia de que los gobiernos aseguren ambientes laborales seguros y adaptados a la crisis climática.
Se señaló que los fenómenos meteorológicos extremos encarecen alimentos, reducen horas de trabajo y elevan enfermedades, afectando más a los sectores vulnerables. La ANEP advierte que estas condiciones agravan la desigualdad social y requieren atención integral a nivel estatal.
La organización sindical indica que los países deben garantizar las mejores condiciones para estos trabajadores expuestos y promover políticas climáticas que incorporen medidas preventivas laborales. Esta conversación subraya la responsabilidad gubernamental en proteger a la fuerza laboral frente a la emergencia climática.
Puede obtener la información detallada en este enlace a la plataforma YouTube.
Hay un inspector por cada 15.220 personas trabajadoras
La falta de recursos humanos, financieros, tecnológicos y de infraestructura, afecta directamente la capacidad de acción de la Dirección Nacional de Inspección del Trabajo (DNI), del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), para garantizar el cumplimiento de la legislación laboral en el país.
Esta es la conclusión de un informe de la Defensoría de los Habitantes que determinó que, solo hay 80 personas inspectoras y 23 personas coordinadoras, es decir 103 funcionarios/as para atender a más de 1.6 millones de personas trabajadoras, lo que equivale a un inspector por cada 15.220 personas trabajadoras, según los datos del 2024 facilitados por la DNI.
Debido a esta situación, la DNI requiere de un 50 % más de recurso humano. Cabe destacar que, algunas oficinas regionales, solo cuentan con un coordinador y un inspector para atender el territorio, mientras que la sede regional Brunca carece de inspectores, por ejemplo.
En cuanto al presupuesto ha venido en disminución desde el año 2019 al 2024 y pese a que el Código de Trabajo, en su artículo 679, establece en su inciso a) que el 50 % del total recaudado por concepto de las multas recolectadas, como resultado de infracciones laborales, debe ser asignado a la DNI para la mejora de sus sistemas de inspección, desde el año 2019 este dinero no ha sido asignado.
Resulta importante indicar que, la falta de presupuesto genera una afectación sustancial en la contratación de recurso humano, así como de la infraestructura que venga a cumplir con las condiciones mínimas –algunas con órdenes sanitarias- y en la tenencia de la adecuada flotilla vehicular para el cumplimiento de las inspecciones de campo por parte de los inspectores; los viáticos no son suficientes, los suministros de papel y de limpieza se agotan, entre otros.
Sobre el tema de infraestructura, la oficina de Quepos se encuentra en proceso de cierre por motivo de una orden sanitaria. De la información recabada se constató que existe la limitante por ley para el alquiler de nuevas oficinas, sin embargo, preocupa a la Defensoría que la DNI, por falta de presupuesto, no pueda atender la necesidades de infraestructura y mantenimiento que necesitan las oficinas que mantienen en funcionamiento, y deba proceder con los cierres de éstas, por motivo de ordenes sanitarias, debiendo entonces en algunos casos al traslado de las mismas y establecer convenios con otras instituciones de zonas aledañas que vengan a prestar bienes inmuebles para uso de oficinas.
La Defensoría le giró recomendaciones al Ministerio de Trabajo, entre las que destaca revisar, de manera urgente, las razones por las cuales la DNI no está recibiendo el 50 % del total recaudado por concepto de las multas recolectadas, como resultado de infracciones laborales. En caso de proceder su asignación, de manera inmediata, realizar las gestiones administrativas pertinentes para su ejecución.
Por otro lado, una vez determinada las razones por las cuales esos dineros no ingresaron a la DNI, la Defensoría recomienda valorar la apertura de una investigación administrativa para identificar eventuales responsabilidades en torno al tema, así como acciones correctivas.
Finalmente, es necesario realizar mejoras en la planificación estratégica y la ejecución de los recursos, apoyando a la DNI con personal de otras oficinas y prontamente con la asignación de más plazas para el área de gestión.
