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SUNTRACS ANUNCIA QUE SEGUIRÁN EN LAS CALLES Y QUE INTENSIFICARÁ ACCIONES

Panamá. El Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares, SUNTRACS, anunció que intensificaría acciones la mañana de este martes 19 de julio del 2022 desde muy temprano, esto con el fin de lograr un verdadero diálogo con el Gobierno y con los actores que están en lucha frente a la problemática del modelo económico neoliberal, esto específicamente contra la forma de explotación contra el pueblo panameño. 

Por esto, invitan a hacer sentir el descontento y pedir al Gobierno y a los actores involucrados que representen a la mayoría y no sólo a los que están capitalizando. Así informó el vocero de una de las principales fuerzas sindicales panameñas, SUNTRACS.

OBREROS BANANEROS Y PIÑEROS REAFIRMARON OPOSICIÓN AL PROYECTO DE LEY JORNADA LABORAL 4X3 SITRAP-ANEP

Los dirigentes sindicales Milton Rodríguez Amador en representación a la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados y el dirigente Warner Rojas Sancho del Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas, enviaron un mensaje a diputados y diputadas para que no voten por el proyecto de jornada laboral 4×3. Esta clase trabajadora explica que se despiertan para ir a laborar a las 2:00 a.m. e inician sus labores a partir de las 4 de la mañana y les es difícil tener horarios tan pesados como para trabajar 12 horas al día en el campo de sol a sol, o bajo la lluvia u otros con trajes pesados. 

Según los dirigentes, este proyecto de ley viene a afectar a los trabajadores y las trabajadoras de cosecha y de campo, ya que es una jornada muy extensa, desgastante e insalubre para el esfuerzo físico que ya hacen todos los días, por lo que creen ni siquiera poder soportar estas condiciones. Finalmente, piden al presidente Rodrigo Chaves que, por favor, analice bien este proyecto ya que además va afectar el salario y la economía de los trabajadores agrícolas. 

 

Compartido con SURCOS por ANEP.

Imagen ilustrativa.

El desfalco más grande en la historia de Costa Rica (parte 4)

En esta cuarta entrega, se insta a reflexionar acerca de la calidad de la educación futura con el respeto y la estabilidad jurídica necesaria para garantizar los derechos de las personas docentes.

Es necesario ver hacia el futuro y entender que Costa Rica se ha distinguido por factores importantes que dan sustento a lo que se conoce como ciudadanía, uno de los más significativos es el acceso a un sistema educativo progresivamente incluyente, donde se creó un capital humano que transformó la economía y permitió una mejor distribución del ingreso, esto en parte al apoyo de gobernantes visionarios que fortalecieron la educación.

Mantener un liderazgo regional exige una visión que incorpore la innovación, nuevas prácticas que se interrelacionen con los mejores países a nivel pedagógico y otras medidas sistemáticas que permitan un mejor proceso de formación personal, mejores salarios y condiciones para atraer a las personas más capacitadas en pedagogía.

Para un seguimiento de las entregas anteriores le invitamos a ingresar a los siguientes enlaces:

1 Nota: https://wp.me/p6rfbZ-gCs 

Segundo vídeo: https://youtube.com/watch?v=DaBQVRLiOdo&feature=share

Tercer vídeo: https://youtube.com/watch?v=Lc0k7NubYwU&feature=share 

Cuarto vídeo: 

 

Imagen ilustrativa: UCR.

El desfalco más grande en la historia de Costa Rica (parte 3)

Este tercer capítulo está dirigido hacia las personas trabajadoras actuales en docencia y están adscritos al régimen de capitalización colectiva.

Se advierte a esta nueva generación, que deben estar alertas y atentas, tanto colectivamente como individualmente de sus intereses y los de la educación costarricense. Se les insta a exigir a las instituciones competentes que mantengan una vigilancia constante ante la avidez fiscal y la irresponsabilidad estatal.

Se les recomienda constatar que las contribuciones de ley sean depositadas puntualmente, además, que las inversiones que se realicen con esos fondos no sean manipuladas por políticos, pero sobre todo que las inversiones tengan las seguridades apropiadas.

Quienes pertenecen al régimen de capitalización colectiva deben de tener cuidado y oponerse a que financien al Estado, ya sea en la compra de bonos o beneficios de otros políticos donde pretendan pensionarse con esos fondos.

¡No descansaremos hasta que el Estado diga la verdad al pueblo costarricense!

En los siguientes enlaces encontrará las notas y vídeos publicadas anteriormente para su seguimiento:

1 Nota: https://wp.me/p6rfbZ-gCs 

Segundo vídeo: https://youtube.com/watch?v=DaBQVRLiOdo&feature=share

Tercer vídeo: 

 

Imagen ilustrativa.

El desfalco más grande en la historia de Costa Rica (parte 2)

Este capítulo evidencia la desviación de las cotizaciones de los docentes entre 1958 y 1991, gracias a tres factores muy importantes:

  1. La mala administración del Poder Ejecutivo.
  2. La permisividad de la Asamblea Legislativa.
  3. La indiferencia cómplice de la Contraloría.

Las actitudes complacientes de estos entes gubernamentales ponen en peligro el Estado Social de Derecho; no se puede permitir que se lesione los derechos de ningún grupo costarricense debido a que esto atenta contra la estabilidad democrática.

El Estado debe pedir perdón por su incompetencia en cuanto a las pensiones del Magisterio, aclarando que éstas no son de privilegio; seguidamente, debe negociar la indemnización con los afectados como forma de honrar los derechos a la pensión de estos. Por último, de ser necesario, se acudirá a instancias internacionales competentes para defender los derechos de estas personas.

Para más información ingrese al siguiente enlace que contiene la primera nota sobre este tema y la segunda parte del vídeo explicativo.

1 Nota: https://wp.me/p6rfbZ-gCs 

 Segundo vídeo:

 

Imagen de cabecera tomada de https://cambiopolitico.com/el-autogol-politico-9796-pensiones/129090/

Carta pública de Jubilados en Acción al Presidente de la República

Carta pública de la Asociación Jubilados en Acción al Dr. Rodrigo Chaves Robles
Presidente de la República

Estimado Señor Presidente:

Nos dirigimos a usted respetuosamente, como organización formal de jubilados del régimen transitorio de reparto del Magisterio Nacional (RTR), debidamente inscrita en el Registro Nacional, para solicitarle, la aplicación del ajuste a las pensiones por costo de vida que no hemos recibido desde hace tres años.

Somos, en este régimen de pensionados, 44 mil jubilados, adultos mayores quienes hemos visto socavados y violentados nuestros justos derechos por el Estado Costarricense.

Como es ampliamente conocido el 98.95% de los jubilados en este Régimen tienen pensiones que oscilan entre 100.000 colones y 4 millones de colones mensuales nominales; de los cuales, 35.000 jubilados tienen un monto menor a 1,5 millones de colones nominales. Sin embargo, esos montos nominales tienen cargas impositivas que se acercan al 50%, las que corresponden al impuesto de renta, una cuota básica, una segunda cuota solidaria (que puede llegar al 75% en las más altas), la cuota a la CCSS de salud y maternidad, la póliza de vida obligatoria, más una cuota del 5/1000 para la administración del régimen de JUPEMA.

Como puede verse en este resumen de la documentación que hemos hecho públicas desde hace meses atrás, nada menos que el 98.95% de los jubilados del RTR está dentro de los parámetros generalmente aceptados como UNA PENSIÓN JUSTA, para la que contribuimos durante toda nuestra vida profesional (que en muchos casos fue de 35 años o más). Muy distinto a lo que falsamente insisten los medios de comunicación y que ha influenciado erróneamente a la opinión pública.

Además, a este sector de jubilados, se les ha esquilmado las cuotas de su jubilación, desde el origen del Régimen, monto que hoy equivaldrían a más de CINCO BILLONES DE COLONES (11,5% respecto al Producto Interno Bruto) si el Estado hubiera creado el Fondo que nos correspondía y para el cual cotizamos, en un inicio, en 1958, con un 5% de los salarios docentes, más tarde con porcentajes crecientes y de hasta un 16% a partir de 1992. Ahora a pesar de haber sido víctimas de un desfalco, hemos tenido que soportar por DOS años, desde el mes de julio del 2020, el congelamiento de las pensiones.

Está ampliamente demostrado que la inflación durante ese periodo es de un 10%, de acuerdo al Índice de Precios del INEC. Con solo observar el incremento en el precio de los combustibles, el tipo de cambio y todo lo que eso conlleva, son suficientes ejemplos para demostrar el empobrecimiento real de la mayor parte de quienes pertenecemos al Régimen Transitorio de Reparto del Magisterio Nacional.

EN VISTA DE LO ANTERIOR, RESPETUOSA PERO VEHEMENTEMENTE SOLICITAMOS A USTED:

Se aplique de FORMA INMEDIATA lo estipulado en el Título IV, Capítulo II, Artículo 13, inciso “a”, de la Ley 9635 (conocida como ley de ajuste fiscal), que, si bien establece la prohibición del ajuste a las pensiones, explícitamente estipula en forma clara y contundente: “EXCEPTO EN LO QUE CORRESPONDE A COSTO DE VIDA”.

Lo anterior, pone en evidencia una violación más a nuestros derechos, que estamos seguros usted no querrá seguir cohonestando en su Presidencia y conforme a su estilo de gobierno, dará las instrucciones pertinentes a quien corresponde, para que ese incremento que está AUTORIZADO POR LEY, se aplique sin dilaciones.

Atentamente,
M.Sc. Yamilette Jenkins A.
Presidenta
Asociación Jubilados en Acción
Cédula Jurídica 3-002-794-493

Resolución 2022-0952 que anula condena a Carlos Andrés Pérez Sánchez

SURCOS comparte la Resolución 2022-0952 del TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA PENAL del Segundo Circuito Judicial de San José, Goicoechea, emitida a las dieciséis horas veinte minutos, del cuatro de julio de dos mil veintidós con la cual se anula la condena a Carlos Andrés Pérez Sánchez que había sido por un tribunal penal anterior y «se ordena el reenvío de la causa ante el Tribunal Penal de origen, para que con distinta integración proceda a resolver lo que legalmente corresponde». El documento fue remitido a este medio por la Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU). Puede descargar el PDF en el enlace que aparece abajo.

A la opinión pública nacional e internacional: anulada la sentencia que condenaba a Carlos Andrés Pérez Sánchez

A la opinión pública nacional e internacional: anulada la sentencia
que condenaba a
Carlos Andrés Pérez Sánchez
CARLOS ANDRÉS ES INOCENTE

Las organizaciones sociales, populares y sindicales manifestamos con satisfacción que en el pasado 15 de julio se dictamina la ANULACIÓN DE LA SENTENCIA CONDENATORIA EN CONTRA DEL JOVEN OBRERO CARLOS ANDRÉS PÉREZ SÁNCHEZ, víctima de la sistemática política de criminalización y judicialización de quienes ejercen el DERECHO HUMANO A LA PROTESTA SOCIAL en Costa Rica, quien fue detenido en el contexto de la Huelga contra el Combo Fiscal (2018). Sentencia que fue dictada por el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica, el pasado 22 de marzo de 2022, condenado por el supuesto “delito de atentado contra planta, conductores de energía y de comunicaciones, en perjuicio de la seguridad común.”

Este logro es fruto de la articulación de diversos sectores, actoras y actores sociales, populares y sindicalistas quienes, a nivel nacional e internacional que tenemos la total convicción sobre LA INOCENCIA DE CARLOS ANDRÉS; así nos unimos a él y a su familia incondicionalmente, desde el 2018 cuando fue detenido arbitrariamente 100 días en el centro penitenciario Sandoval, Limón.

Destacamos el recurso de apelación presentado por el licenciado José Miguel Villalobos Umaña en contra de la sentencia N°200-2022. Ante el cual, el Tribunal de Apelación dictamina lo siguiente:

(…) que cumple con los presupuestos necesarios para su adecuado conocimiento en orden al examen integral del fallo, tal y como lo exige el numeral 8.2h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. (…) Así las cosas, en virtud de todo lo expuesto, esta Cámara de Apelaciones considera que el fallo recurrido no se ajusta a los parámetros normativos establecidos en los artículos 39 y 41 de la Constitución Política, ni a lo estipulado en los artículos 1, 9, 142, 180, 182, 184 y 363 del Código Procesal Penal, siendo palpable un defecto formal en su fundamento fáctico, intelectivo y jurídico, lo que implica la ilegalidad de la condenatoria impuesta al imputado Carlos Andrés Pérez Sánchez. En consecuencia, se declara con lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado José Miguel Villalobos Umaña, en su condición de abogado defensor del imputado Carlos Andrés Pérez Sánchez, por lo que se anula en su totalidad la sentencia impugnada, y se ordena el reenvío de la causa ante el Tribunal Penal de origen, para que, con distinta integración, proceda a resolver lo que en Derecho corresponde.

POR TANTO:

Se declara con lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado José Miguel Villalobos Umaña, en su calidad de abogado particular del imputado Carlos Andrés Pérez Sánchez. En consecuencia, se anula en su totalidad el fallo recurrido, y se ordena el reenvío de la causa ante el Tribunal Penal de origen, para que con distinta integración proceda a resolver lo que legalmente corresponde. NOTIFÍQUESE. –”

(Firmada por el juez y juezas del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Edwin Esteban Jiménez González, Rosa María Acón y Laura Gabriela Murillo Mora. Expediente: 18-000244-1130-PE(12). Imputado: Carlos Andrés Pérez Sánchez. Ofendido: Refinadora Costarricense de Petróleo y otro. Delito: Atentado plantas conductoras de energía y comunicaciones. 17-07-2022)

Esta Anulación da fuerza para continuar junto a Carlos Andrés y su familia. A su vez, hacemos un llamado a todas las personas y organizaciones solidarias en lucha, a nivel nacional e internacional, recordando que este proceso judicial no ha concluido. SEGUIMOS EN ALERTA PERMANENTE vigilantes porque se garanticen los Derechos Humanos en Costa Rica y JUSTICIA PARA CARLOS ANDRÉS Y TODAS LAS PERSONAS VÍCTIMAS DE CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL EN COSTA RICA.

SEGUIMOS EN PIE DE LUCHA PORQUE ESTE PROCESO JUDICIAL CONTINÚA
CARLOS ANDRÉS ES INOCENTE

Anulada sentencia y condena contra Carlos Andrés Pérez Sánchez

La Asociación Costarricense de Derechos Humanos.
ACODEHU

Informamos a la Opinión Pública Nacional e Internacional:

Sobre la nulidad de la Sentencia y la Condena, injustas contra el trabajador Carlos Andrés Pérez, de la Empresa RECOPE en Costa Rica.

Felicitamos a Carlos Andrés Pérez Sánchez, y a su abogado defensor, por esta merecida noticia y quedamos a la espera de la resolución del Tribunal de Apelación que aplicó la justicia para este obrero sindicalista, que recibió dos sentencias y condenas totalmente injustas en su condición de luchador social, por haber participado activamente en la HUELGA NACIONAL, aprobada en el mes de setiembre del año 2018, en la que el movimiento sindical y social Costarricense, se movilizó contra el Proyecto de Ley conocido como el Combo Fiscal. Proyecto nefasto, de contenido neoliberal, con serias repercusiones para la clase trabajadora y sectores empobrecidos del País.

El movimiento social, las y los defensores de Derechos Humanos, la prensa alternativa y el sindicalismo que hizo causa común en la defensa de Carlos Andrés Pérez Sánchez, debe asumir esta resolución como un triunfo a favor de la protesta social y una afrenta a la criminalización de ese derecho humano fundamental que nos pertenece.

LA PROTESTA SOCIAL ES UN DERECHO HUMANO, NO UN DELITO”

JUNTA DIRECTIVA DE ACODEHU

San José, 15 julio 2022.

Comunicado a la opinión pública costarricense y al Magisterio Nacional sobre el interés en los fondos de pensiones del Magisterio

ACOJUPEMA es una asociación conformada por personas cotizantes de los distintos fondos de pensiones, nuestra misión e interés central es fiscalizar los fondos para los que hemos cotizado durante toda nuestra vida.

Tanto la opinión pública, como el Magisterio en particular, deben tomar en cuenta que se trata de ¢19,7 billones, equivalente a la mitad del PIB, razón por la cual nuestros fondos han sido y continúan siendo objeto de interés del capital financiero y por ende de especulación.

En relación con la existencia del proyecto de ley 22,760 Ley de idoneidad y Experiencia en la Gestión de Fondos y Operadoras de Pensiones, recalcamos que su interés central, por parte de la SUPEN es tomar control total sobre estos fondos, que pertenecen al Magisterio Nacional.

Así las cosas, solicitamos conocer el Expediente: CGR-CE-2020000055 de la Contraloría General de la República, cuyo contenido mantiene archivos encriptados, en relación con el proceso que les siguió a la señora Rocío Aguilar y el ministro de Hacienda Helio Fallas, sobre el mal llamado “hueco fiscal”.

El enlace para acceder a dicha información es: https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=700:10:12962057700739

Y, el número del expediente es: 2019002299 (este número es la clave de acceso).

El alegato de que se encuentran encriptados por protección de datos sensibles es inadmisible, dado que tales datos pueden ser tachados, tal y como se acostumbra en estos casos. El papel de la señora Aguilar, impulsando proyectos que ponen en riesgo los fondos que hemos cotizado durante toda nuestra vida para tener una pensión digna, nos faculta para hacer pública esta solicitud.

Exigimos transparencia, tanto a la Contraloría, como a la Asamblea Legislativa y al Gobierno de la República para que el citado expediente, sea abierto al público EN SU TOTALIDAD. Tomen en cuenta que esta petitoria la hacemos en nombre de las personas cotizantes de los regímenes de JUPEMA.

Nota de la redacción de SURCOS: En relación con este tema, compartimos el documento enviado por ACOJUPEMA a la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa, en este escrito se exponen las objeciones que se hacen al proyecto 22,760. Posteriormente, encontrará el proyecto que se tramita en la Asamblea Legislativa.