Comunicado urgente
24 de octubre de 2014 
Organización y movilización sindical y popular para expulsar la empresa APM Terminals de Costa Rica
Fue en la segunda administración Arias Sánchez donde se inició la concesión de los puertos de Limón. La propuesta original del gobierno de Arias era entregar las actuales terminales de Limón y Moín a un operador privado y, en forma paralela, concesionar muelles nuevos en Moín. Decía, en enero de 2009, el entonces presidente ejecutivo de JAPDEVA, Francisco Jiménez, “Quien ofrezca el mejor servicio, el más eficiente, se lleva la carga, es libre mercado”.
La propuesta de la entrega de los puertos de Limón no estuvo exenta de contradicciones. El ex candidato presidencial del PAC, Ottón Solís, en esa misma fecha manifestó que no estaba de acuerdo con la concesión total de los muelles del Caribe y propuso que las viejas estructuras de Limón y Moín siguieran en manos de Japdeva y recomendó que esa institución compitiera con un muelle privado.
A finales del año 2010 y principios del 2011 se lanzó la ofensiva de los dirigentes mercenarios, Douglas Brenes y compañía, para tomar SINTRAJAP y poner ese sindicato al servicio del gobierno y así facilitar la entrega de los puertos, intentona que fue derrotada en enero de 2011.
En la administración Chinchilla Miranda, en marzo de 2011, se firmó el decreto que adjudicaba a la empresa holandesa APM Terminals la construcción de un nuevo puerto para barcos portacontenedores en Moín, el cual competiría con los muelles estatales de JAPDEVA. Por diversas razones, los objetivos de APM Terminals no se pudieron llevar a cabo en el gobierno de Laura Chinchilla, así, el asunto pasó a la actual administración Solís Rivera.
Durante la campaña electoral se presentaron de nuevo contradicciones muy significativas entre el programa de gobierno del PAC (Plan Rescate), personeros del PAC y el entonces candidato Luis Guillermo Solís. En el Plan Rescate se dice claramente que una de las metas es la modernización portuaria con participación estatal de JAPDEVA, revisión de la gestión y renegociación de los contratos de concesión de puertos. El personero del PAC, hoy diputado Ottón Solís manifestó que efectivamente iban a esculcar a la APM hasta el fondo para ver cómo se traían abajo ese contrato.
Ante las declaraciones de Ottón Solís, la CámaraCostarricense Norteamericana de Comercio (AMCHAM) reaccionó de inmediato y en una reunión que sostuvo en marzo de este año con el candidato Luis Guillermo Solís, le manifestaron su preocupación por las declaraciones de Ottón Solís ante lo cual el candidato manifestó que el contrato con la APM debía ser respetado, es un contrato válido. Se le hizo así una concesión muy significativa a la derecha transnacional.
Todo lo anterior, sumado a la intransigencia de la administración Solís Rivera de no modificar la cláusula 9.1 del contrato que le permite a APM Terminals operar en la práctica en un esquema de monopolio en cuanto a la carga y descarga de contenedores (parte económicamente más rentable) hizo que SINTRAJAP declarara el estado de huelga ante la inminente quiebra de JAPDEVA de mantenerse esas condiciones contractuales.
El gobierno, en lugar de denunciar y señalar a los responsables políticos de la entrega de los puertos a la APM Terminals por 50 años, es decir, al corrupto Partido Liberación Nacional y las administraciones Arias Sánchez y Chinchilla Miranda, la emprendió de manera desmesurada y represiva contra los trabajadores de JAPDEVA nucleados en torno a SINTRAJAP. Represión policial y contratación de rompehuelgas y se niega a renegociar el contrato de concesión tal y como lo plantea el Plan Rescate y personeros del PAC.
La Comisión Nacional de Enlace apoya a SINTRAJAP en sus demandas. Advertimos que no estamos de acuerdo con el objetivo trazado por los compañeros de SINTRAJAP y de otras organizaciones de solo eliminar la cláusula 9.1 para trabajar en competencia con la APM Terminals. La apertura de las empresas estatales a la competencia del mercado es uno de los métodos empleados por los neoliberales para privatizar instituciones estatales rentables.
El objetivo debe ampliarse. Ante la negativa del gobierno de la renegociación del contrato, especialmente la cláusula 9.1, el movimiento sindical y social se debe plantear como objetivo la expulsión de Costa Rica de la empresa APM Terminals apoyándose en la organización y la movilización sindical y popular.
Información enviada a SURCOS Digital Comisión Nacional de Enlace
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