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Etiqueta: recortes presupuestarios

Movimiento de Personas con Discapacidad denuncia recorte de más del 50% al presupuesto del CONAPDIS para 2027

Escrito en . Publicado en Derechos.

El Movimiento de Personas con Discapacidad de Costa Rica denunció y expresó su profunda preocupación ante la reducción presupuestaria planteada para el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS) en el proyecto de ley N.° 25.754, de presupuesto para el ejercicio económico 2027.

En un comunicado del 24 de setiembre de 2026, el Movimiento señala que, de acuerdo con el oficio Carta-CONAPDIS-DE-2637-2026, del 23 de setiembre, el presupuesto aprobado del CONAPDIS para 2026 asciende a ₡21.598.598.000, mientras que para 2027 se plantea un presupuesto de ₡10.289.648.000. Esto representa una reducción de ₡11.308.950.000, equivalente a más del 50% del presupuesto aprobado en 2026.

Recortes en los programas dirigidos a la población con discapacidad

Según el Movimiento, la situación resulta todavía más preocupante al analizar los programas dirigidos directamente a la población con discapacidad:

  • Programa Pobreza y Discapacidad: pasa de ₡14.703.758.731 en 2026 a ₡2.728.257.500 en 2027, una reducción del 81,4%.
  • Programa Promoción de la Autonomía Personal: pasa de ₡1.296.881.769 a ₡1.116.283.000, una reducción del 13,9%.
  • En conjunto, ambos programas pasarían de ₡16.000.640.500 a ₡3.844.540.500, lo que representa una disminución aproximada del 76%.

«Estos no son simples números presupuestarios», afirma el Movimiento. «Son recursos destinados a garantizar condiciones básicas de vida, protección social, autonomía y apoyos para personas con discapacidad». Agrega que el impacto potencial es especialmente grave para quienes viven en situación de pobreza y pobreza extrema, y enfrentan mayores brechas socioeconómicas.

Obligaciones internacionales

El comunicado recuerda que Costa Rica es Estado parte de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Su artículo 28 reconoce el derecho de las personas con discapacidad a un nivel de vida adecuado y a la protección social, y obliga a los Estados a adoptar medidas para proteger y promover esos derechos.

Por ello, el Movimiento considera que una reducción de esta magnitud genera una seria preocupación sobre el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el país. A su juicio, debe analizarse con un enfoque de derechos humanos, ya que violenta el principio de progresividad. Advierte además que los recortes pueden poner en peligro la calidad de vida y las condiciones de autonomía de las personas con discapacidad que dependen de estos programas para cubrir necesidades fundamentales.

«La protección social de las personas con discapacidad no puede ser considerada un gasto prescindible. Es una obligación del Estado y una herramienta fundamental para garantizar derechos humanos», señala el texto.

El Movimiento solicita a la Asamblea Legislativa revisar estas asignaciones presupuestarias y garantizar los recursos necesarios para que el CONAPDIS pueda cumplir efectivamente con sus competencias. «Las personas con discapacidad no podemos ser quienes paguemos el costo de las decisiones presupuestarias», concluye.

Contexto

El pronunciamiento se suma a otros cuestionamientos al proyecto de presupuesto 2027 y a recortes recientes en programas sociales publicados en SURCOS. Entre ellos están los señalamientos de UNDECA sobre el recorte a la CCSS, del CIDE-UNA sobre la reducción de recursos al Ministerio de Educación Pública y a los Programas de Equidad, y de Feministas en Resistencia sobre el recorte de ₡40.000 millones a CEN-CINAI en el primer presupuesto extraordinario de 2026. Asimismo, el sector cultura y audiovisual y cine ha venido luchando en defensa del presupuesto para el sector.

Sector cultura y audiovisual se movilizan a la Asamblea Legislativa ante recorte en el presupuesto 2027

Escrito en . Publicado en Cultura.

Personas trabajadoras del cine y el audiovisual costarricense se manifestaron este martes 22 de setiembre en las afueras de la Asamblea Legislativa junto a otras representaciones del sector cultura. La movilización coincidió con la comparecencia del ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez Vives, ante la comisión legislativa que analiza el proyecto de Presupuesto Nacional 2027, en el cual, según denuncia el sector, el ámbito audiovisual queda sin los recursos necesarios. Con pancartas como «La cultura alimenta familias», las personas manifestantes llamaron la atención sobre las consecuencias que tendría esa decisión para la producción, la exhibición y la formación de públicos en el país.

Para esta discusión, el sector preparó el documento Audiovisual. Aproximaciones a un estado del sector para asuntos legislativos (setiembre de 2026). En él recopila datos sobre el impacto económico, cultural e internacional de la actividad audiovisual y de los programas públicos que la sostienen.

Antecedentes

La movilización se suma a los reclamos que las organizaciones del sector vienen planteando desde julio. En un comunicado del 23 de julio, publicado por SURCOS, la Asociación Costarricense de Sonidistas Audiovisuales (ACSA), la Asociación de Productores Independientes de Cine de Costa Rica (APICC), la Asociación de Autores y Autoras de Cinematografía de Costa Rica (CCR), la Unión de Directoras de Cine de Costa Rica, DOKUS, InterArtis Costa Rica, ASODEV y la Organización Multisectorial del Cine y Audiovisual Costarricense señalaron vacíos en la implementación de la Ley de Cinematografía y Audiovisual N.° 10657. Entre ellos mencionaron la falta de un reglamento firmado, la conformación del Consejo de Cinematografía y Audiovisual sin reglas claras, el retraso en los resultados del Fondo El Fauno y la incertidumbre sobre la continuidad del Costa Rica Festival Internacional de Cine (CRFIC), de Ibermedia y de la Cinemateca Nacional.

Una industria con encadenamientos productivos

El documento plantea que el sector audiovisual genera encadenamientos productivos en todas sus etapas, desde el desarrollo hasta la distribución. En esas etapas intervienen servicios de hostelería, alimentación, transporte, construcción, renta de equipos y vehículos, costura, servicios legales y contables, supermercados, pulperías y panaderías, entre muchos otros.

Según el texto, los fondos públicos de fomento funcionan como un mecanismo de efecto palanca que atrae capital externo, coproducciones y rodajes. Entre los ejemplos que cita:

  • Clara Sola recibió unos US$43.000 del Fondo El Fauno y atrajo US$500.000 de inversión en el país, con más de 180 empleos directos, más de 200 indirectos y siete semanas de rodaje en Vara Blanca, Poasito y Río Cuarto. Eso equivale a más de 11 dólares por cada dólar estatal.

  • Tengo sueños eléctricos generó más de 160 empleos directos y obtuvo más de 25 premios nacionales e internacionales, con una relación de inversión de alrededor de 7 a 1.

  • Memorias de un cuerpo que arde generó más de 150 empleos directos, reunió a más de 25.000 personas espectadoras en las siete provincias y obtuvo más de 30 premios.

Presencia en los principales festivales

El documento destaca que el cine costarricense suma más de 12 años de participación continua en festivales clase A. Todas las producciones con presencia internacional se realizaron bajo marcos de coproducción que trajeron recursos al país. Además, más del 90% de las personas cineastas con proyección internacional se identifican como mujeres.

Entre los hitos recientes menciona las nominaciones a los Premios Goya de El despertar de las hormigas, Memorias de un cuerpo que arde y La piel del agua, y la presencia en la Berlinale y en distintas secciones del Festival de Cannes. En 2026, Siempre soy tu animal materno fue seleccionada en Un Certain Regard, la tercera producción costarricense en una sección oficial de ese festival. El texto recuerda también que Costa Rica presidió el Programa Ibermedia entre 2024 e inicios de 2026. Como referencia, señala que durante todo el siglo XX el país produjo apenas nueve películas, mientras que en 2026 se estrenan ocho largometrajes nacionales, siete de ellos con apoyo estatal a través de El Fauno e Ibermedia.

Los programas en riesgo

El documento describe los principales programas públicos del sector:

  • Fondo El Fauno: fondo concursable administrado por el Centro Costarricense de Cine y Audiovisual, regido por el Decreto Ejecutivo N.° 44456-C y amparado en la Ley N.° 10.071 de Atracción de Inversiones Fílmicas. Otorga hasta ₡50 millones para producciones mayores de ficción, documental, animación o videojuegos. Según el texto, hoy depende del presupuesto institucional y está a la espera de giros estipulados en la ley que se encuentran retenidos por Hacienda.

  • Programa Ibermedia: Costa Rica ha participado de forma ininterrumpida desde 2007. Con un aporte estatal acumulado de US$2,8 millones, cercano a US$150.000 por año, 113 proyectos costarricenses han recibido US$4.196.825, es decir, un retorno directo de 1,5 dólares por cada dólar invertido, sin contar el capital extranjero y privado adicional.

  • CRFIC: tras 14 ediciones, el festival reúne a más de 15.000 personas espectadoras y exhibe más de 70 películas al año, con una etapa itinerante que alcanza a más de 3.000 personas fuera de la Gran Área Metropolitana.

  • Preámbulo: programa de formación de públicos creado en 2015 como antesala de la Cinemateca Nacional. En 2025 registró 7.753 asistentes en la Sala Gómez Miralles, frente a 4.244 en 2022, y alcanzó a 5.786 personas en 12 comunidades rurales mediante sus giras. El 70% de su público tiene entre 15 y 35 años, y más de la mitad de su programación está dirigida o codirigida por mujeres.

  • Cinemateca Nacional: la Ley N.° 10657 la eleva por primera vez a rango de ley (artículo 19) y obliga al Estado a garantizarle espacio físico, presupuesto y recursos humanos para la alfabetización audiovisual y la preservación del patrimonio cinematográfico.

El documento cuestiona además la lectura que se ha hecho de datos de la Encuesta Nacional de Cultura 2026 sobre el consumo de cine. Recuerda que producciones nacionales como Maikol Yordan 2, Amor viajero y Hombre de fe convocaron a decenas de miles de personas en salas, y sostiene que las ventanas de exhibición pueden haber cambiado, pero no el interés por el contenido costarricense.

El documento cierra con una frase que resume la posición del sector: «Un país sin cine es un país sin memoria».

UNDECA: Debilitar a la CCSS llevará al país a una catástrofe de salud pública

Escrito en . Publicado en Salud.

Comunicado

UNDECA condena enérgicamente la política presupuestaria que golpea nuevamente a la institucionalidad pública y los servicios esenciales que recibe el pueblo costarricense.

El proyecto de Presupuesto Nacional para 2027 plantea una reducción global de ¢393 mil millones, con recortes que alcanzan áreas sensibles como educación y seguridad, en medio de una guerra de pandillas ligadas al narcotráfico.

Resulta particularmente grave que, mientras se recortan recursos y se debilitan servicios públicos, el Estado continúe sin asumir plenamente sus obligaciones financieras con la Caja Costarricense de Seguro Social.

La CCSS enfrenta enormes necesidades de inversión, listas de espera y miles de personas que requieren atención oportuna. Cada colón que el Estado deja de pagarle a la Caja significa menos capacidad para fortalecer hospitales, contratar personal, adquirir medicamentos, reducir listas de espera y garantizar atención digna.

No basta con la multimillonaria deuda acumulada con la CCSS: tampoco se presupuestan adecuadamente las obligaciones que corresponden al gobierno de turno.

UNDECA denuncia que esta política da continuidad al ataque contra la Seguridad Social iniciado durante el gobierno de Rodrigo Chaves. Su influencia y línea política siguen presentes: recortar lo público, debilitar la institucionalidad y negar recursos a la CCSS. Las intenciones de debilitar y destruir a la Caja tendrán consecuencias gravísimas, de continuar por este camino, Costa Rica se encamina hacia una verdadera catástrofe de salud pública, con más deterioro de los servicios, mayores listas de espera y vidas humanas en riesgo.

Exigimos al Gobierno cumplir con sus obligaciones constitucionales y financieras.

¡La deuda con la Caja se paga!
¡La salud del pueblo no se recorta!
¡La CCSS se defiende!

UNDECA
72 años construyendo salud, dignidad y justicia social

FECTSALUD propone que se condicione respaldo a eurobonos a que el Gobierno descarte un aumento del IVA y frene los recortes presupuestarios

Escrito en . Publicado en Trabajo.

La Federación Costarricense de Trabajadores de la Salud (FECTSALUD), a través de su secretario de Prensa y Propaganda, Juan Carlos Durán Castro, planteó públicamente tres condiciones que, a su criterio, el Gobierno debería cumplir para que la organización sindical considere legítima la discusión sobre una eventual emisión de eurobonos.

En primer lugar, la Federación exige que el ministro de la Presidencia, Rodrigo Chaves Robles, se pronuncie públicamente para descartar un aumento del 1% en el impuesto al valor agregado (IVA). En segundo lugar, solicita que se respeten los nombramientos para la junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y que se defina una forma de pago para la deuda que se mantiene con esa institución. En tercer lugar, pide que se frenen los recortes presupuestarios en educación, salud, pensiones, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el Poder Judicial y otras instituciones públicas.

Según Durán Castro, de no cumplirse estas condiciones, FECTSALUD no considerará de recibo ninguna discusión sobre el tema de los eurobonos.

La organización sindical hizo además un llamado a las fracciones legislativas del Frente Amplio, Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana y a la fracción encabezada por la diputada Claudia Dobles, para que no negocien ningún acuerdo relacionado con eurobonos que se aparte de los pactos suscritos previamente con organizaciones sociales, sindicales y socioproductivas, incluido el Pacto Patriótico Costarricense firmado en la Asamblea Legislativa con un sector del movimiento sindical y social, cuya segunda etapa está prevista para el 4 de agosto.

FECTSALUD sostiene que la eventual aprobación de los eurobonos no resolvería el problema de fondo de la deuda del país, la cual, según indicó Durán Castro, superó el 60,5%, atribuyendo esa situación a la gestión del ministro Chaves Robles y del exministro de Hacienda, Nogui Acosta. Advirtió que, de aprobarse este mecanismo sin las condiciones planteadas, implicaría cargar con nuevos impuestos a la clase trabajadora, tanto del sector público como del privado.

El dirigente sindical cerró su mensaje señalando que corresponde ahora a la presidenta Laura Fernández y al Gobierno definir si están dispuestos a aceptar esas condiciones.

Manifiesto de las Mujeres por el Derecho de Acceso a la Justicia

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Gerardo Castillo Hernández

«La voz de las maestras no podía ser silenciada por decretos ni bayonetas» (Lyra, 1919).

El 7 de julio de 2026, diversas organizaciones sociales y de mujeres levantaron su voz en defensa del Poder Judicial y de las instituciones encargadas de garantizar los derechos de las mujeres. Lo hicieron con la urgencia de quien sabe que la justicia no es un lujo, sino un derecho que se desvanece cuando los presupuestos se recortan y las instituciones se debilitan.

La mujer, que históricamente ha cuidado la vida en medio de la violencia y ha sostenido la democracia en medio del silencio, aparece aquí como la pastora que defiende el rebaño de derechos frente al lobo del poder. Su voz es memoria y resistencia, como lo fue la de Carmen Lyra en la huelga de 1919, cuando afirmó que la protesta era un acto de dignidad y que la educación no podía ser neutral frente a la injusticia (Lyra, 1919).

El manifiesto denuncia que los recortes al Poder Judicial amenazan directamente el acceso a la justicia, especialmente para las mujeres víctimas de violencia. Señala que la reorganización del Instituto Nacional de las Mujeres y la reducción de recursos públicos forman parte de un proceso más amplio de debilitamiento institucional. En un país donde los femicidios y otras formas de violencia aumentan, la respuesta no puede ser menos Estado, menos protección, menos justicia. La respuesta debe ser fortalecer las capacidades institucionales, no desmantelarlas.

Las firmantes formulan cinco demandas claras al Poder Ejecutivo, a la Corte Suprema de Justicia, al Ministerio Público y a otras instituciones: garantizar recursos, fortalecer servicios especializados y proteger a las defensoras de derechos humanos. Pero más allá de las demandas concretas, el manifiesto convoca a sindicatos, universidades, organizaciones sociales y ciudadanía a defender el acceso a la justicia y la independencia judicial como patrimonio común.

El documento trasciende la agenda específica de las mujeres y entra en el corazón del debate democrático: la división de poderes, la independencia judicial frente a presiones políticas, la defensa del presupuesto público destinado a la justicia y la crítica al discurso político que busca desacreditar instituciones. Butler (2009) recuerda que la precarización de la vida comienza cuando se socavan las estructuras que garantizan derechos; Sen (1999) advierte que sin libertad de expresión y sin instituciones fuertes no hay desarrollo humano ni democracia sustantiva; Harari (2018) alerta que las democracias pueden morir no por golpes de Estado, sino por erosión lenta de sus instituciones.

El sindicalismo encuentra aquí un espejo. El acceso a la justicia laboral, constitucional y administrativa depende de un Poder Judicial con recursos suficientes. Los sindicatos han defendido históricamente la institucionalidad democrática y la independencia de los poderes públicos como garantías para los derechos sociales y laborales. Además, muchas mujeres trabajadoras enfrentan simultáneamente violencia de género, discriminación laboral y dificultades para acceder a mecanismos de protección judicial. La lucha por la justicia de género es también lucha por la justicia laboral y sindical.

La pregunta de fondo es clara: ¿puede una democracia garantizar derechos cuando las instituciones encargadas de protegerlos pierden capacidad de actuación? La respuesta sindical es contundente: los derechos laborales, la negociación colectiva, la libertad sindical, la igualdad de género y la protección frente a la violencia dependen de instituciones fuertes, independientes y accesibles. Defenderlas no significa renunciar a exigir eficiencia o transparencia; significa reconocer que las reformas deben fortalecer el Estado de Derecho y ampliar el acceso a la justicia, no reducirlo.

El manifiesto de las mujeres nos recuerda que la justicia no es un privilegio ni una dádiva: es el suelo común sobre el que se construye la democracia. Y cuando ese suelo se agrieta, toda la ciudadanía —trabajadores, estudiantes, mujeres, sindicatos— debe levantar la voz. Porque como escribió Orwell (1949), “la libertad consiste en decir lo que otros no quieren escuchar”. Y hoy, lo que no quieren escuchar es que sin justicia independiente no hay democracia, y sin democracia no hay derechos.

Referencias

• Butler, J. (2009). Frames of War: When Is Life Grievable? Verso.

• Harari, Y. N. (2018). 21 lecciones para el siglo XXI. Debate.

• Lyra, C. (1919). Discurso en la huelga contra la dictadura de los Tinoco.

• Nussbaum, M. (2010). Liberty of Conscience: In Defense of America’s Tradition of Religious Equality. Basic Books.

• Orwell, G. (1949). 1984. Secker & Warburg.

Defensoría: Recortes afectan a la niñez frente a la explotación laboral

Escrito en . Publicado en Derechos.

En el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, la Defensoría de los Habitantes advirtió los riesgos de un eventual incremento en las cifras del trabajo infantil en el país, como consecuencia de los recortes progresivos a programas que forman parte de la red de protección social, tales como avancemos, comedores escolares y los Cen-Cinai, concebidos para aliviar la situación económica que enfrentan miles de familias.

Según la OCDE, Costa Rica exhibe la tasa de pobreza infantil y adolescente más alta entre los 38 países que integran dicha organización; aproximadamente el 27% de las personas menores de 18 años carecen de los recursos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas, cifra que está muy por encima de la tasa de pobreza nacional.

De acuerdo con datos presentados recientemente por el Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia (INEINA) de la Universidad Nacional, a partir del año 2022, la inversión pública dirigida a la niñez y adolescencia ha experimentado una caída que ronda el 25%.

Ante el contexto descrito, la Defensoría señala que la erradicación del trabajo infantil demanda de acciones y decisiones que garanticen el desarrollo integral de las personas menores de edad; se requiere el financiamiento sostenible de las políticas públicas destinadas a combatir la pobreza, cuyos principales beneficiarios sean las niñas, los niños y las personas adolescentes.

Radiografía del debilitamiento institucional

La Defensoría detalla tres áreas críticas donde los recortes presupuestarios impactan directamente los esfuerzos nacionales de erradicación:

• Programa Avancemos (IMAS / FODESAF): Datos del IMAS revelan que durante el período 2022-2025, más de 86.000 estudiantes perdieron ese beneficio económico. También, los recursos destinados a al programa se redujeron significativamente, pasando de ₡113.400 millones aproximadamente en el año 2022 a ₡ 92.300 millones en el 2025, para una reducción real de aproximadamente 19% en sus recursos. Tales recortes constituyen un debilitamiento a la asistencia económica que reciben las familias en situación de pobreza para mantener a las personas menores de edad dentro del sistema educativo formal.

• Red de Cuido Infantil: La no apertura de nuevos cupos por la limitación financiera del programa obliga a los padres de familias en pobreza a llevar a sus hijos e hijas a los lugares de trabajo (vías públicas, agricultura informal) o a bien dejarlos a cargo de otras personas menores de edad.

• Comedores Escolares (MEP): Las restricciones aplicadas a los programas de alimentación en los centros educativos, afecta la permanencia de los estudiantes en el sistema, puesto que se trata de un programa de equidad que contribuye a combatir la vulnerabilidad nutricional, la exclusión escolar, así como el riesgo de inserción laboral temprana.

Un llamado a la rectificación

Para la Defensoría de los Habitantes, una política de austeridad fiscal que se financie sacrificando a las niñas y los niños es fiscalmente inviable y moralmente inaceptable. Costa Rica, ha sido reconocida como «país pionero» ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su lucha para erradicar el trabajo infantil, pero el debilitamiento de los programas sociales hacia la niñez pone en riesgo el cumplimiento de los compromisos asumidos.

De ahí que, la institución hace un llamado al Poder Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa para:

• Evitar cualquier propuesta de recorte adicional a FODESAF, IMAS, PANI y al Ministerio de Educación Pública (MEP) en las discusiones presupuestarias.

• Hacer valer los compromisos internacionales: Costa Rica fue catalogada como «país pionero» en la erradicación del trabajo infantil. El Estado no puede sostener este status internacional mientras debilita internamente los pilares de su política social formativa y preventiva.

La evidencia técnica es contundente: el trabajo infantil es un síntoma directo de la pobreza y de la falta de oportunidades. Cuando el Estado recorta los fondos de los programas sociales no está logrando «eficiencia fiscal»; está trasladando el costo de la crisis a las niñas, niños y a las personas adolescentes.

De advenedizos y otros figurones

Escrito en . Publicado en Elecciones.

José Manuel Arroyo Gutiérrez

El señor Nogui Acosta, ex ministro de Hacienda y candidato a diputado por el continuismo chavista en el primer lugar por San José, en legítimo ejercicio de sus derechos, se ha beneficiado familiar y personalmente del sistema público de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social (C.C.S.S). Sabe a la perfección lo que significa enfrentar la tragedia de una enfermedad grave, con riesgo de muerte en un ser querido, y sin embargo, poder acceder a un servicio médico de calidad, cuyos altísimos costos es imposible sufragar por cuenta propia. Le consta también a don Nogui que es necesario e indispensable un régimen solidario en el que, con la contribución económica de todos, se pueda rescatar a quien ha caído en desgracia.

Por eso resulta incomprensible –por decir lo menos- que una persona que haya pasado por semejante experiencia vital, cuando ha ejercido el poder público suficiente para financiar y fortalecer ese sistema de salud que lo ha salvado, se comporte como enemigo declarado del mismo. Acosta ha recortado presupuestos en materia de salud, ha catapultado la deuda del Estado para con la Caja y hasta ha boicoteado los recursos extraordinarios aprobados por la Asamblea Legislativa para aliviar esa deuda.

Es el mismo esquema moral de Pilar Cisneros, en su momento flamante becaria de la Universidad de Costa Rica, que se da el tupé de descalificar a otros que han accedido a las mismas oportunidades que ella y su familia disfrutaron con dineros públicos, es decir, con recursos de los contribuyentes que pagamos impuestos para provecho de quienes lo requieren. De igual manera se ha comportado como conspicua enemiga de la educación pública abogando por recortes salvajes y cuestionando la sagrada misión de instituciones beneméritas como la UCR. Se ha tratado, ni más ni menos, de morder la mano de quien le ha dado de comer. Ese es el nivel.

Pero el panorama insufrible es todavía peor. El ramillete que nos propone Pueblo Soberano incluye otros figurones por el estilo: el primer lugar por Alajuela, entre otros atestados, es un deudor de cientos de millones de colones a la misma –pobre- Caja y se deshace en maniobras para asegurarse que sus obligaciones se vuelvan incobrables; en el primer puesto por Heredia otra joyita que pasó por la C.C.S. S. como tormenta devastadora adjudicando licitaciones a dedo bajo el esquema de supuesta contribución público-privada, en los que ya se sabe que sólo sirven para privatizar las ganancias y socializar las pérdidas. Todo lo anterior para no mencionar a la tica que quiso, mediante fraude, ser mejicana, o el caso del papá de todos los tomates, otro tico que volvió después de 30 años con ínfulas de mesías salvador y que en mayo próximo –si Trump quiere- entregará el mando del país en las peores condiciones de su historia reciente.

Como diría don Juanito Mora, una gavilla de advenedizos, escoria de todos los pueblos nos amenaza con perpetuarse en el poder. Confío en que lo más puro, digno, auténtico, valiente y democrático que aún anida en el corazón del pueblo costarricense, pueda impedirlo.

Organizaciones rechazan recortes al presupuesto de Migración para financiar la construcción de mega-cárcel

Escrito en . Publicado en Derechos.

SURCOS comparte el siguiente comunicado:

San José, 26 de agosto de 2025

Comunicado de prensa conjunto de organizaciones de sociedad civil y de atención a personas migrantes

“Rechazamos los recortes al presupuesto de Migración y Extranjería para financiar la construcción del CACCO”

Las organizaciones de sociedad civil -y de atención a migrantes- firmantes expresamos nuestro rotundo rechazo al Presupuesto Extraordinario 2025, en el cual se incluyen rebajas por ₡253,7 millones al Ministerio de Gobernación y Policía, de los cuales ₡147,3 millones corresponden directamente a la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) así como 8,7 millones rebajados al Tribunal Administrativo Migratorio, con el propósito de redirigirlos a la construcción del Centro de Alta Contención de la Criminalidad (CACCO).

El proyecto implica:

  • ₡147,3 millones menos para Migración y Extranjería, en partidas esenciales como insumos para la emisión de documentos DIMEX y pasaportes.

  • Recortes a programas como el Tribunal Administrativo Migratorio y el Programa de Desarrollo de la Comunidad, ambos pilares para la regularización y la atención de poblaciones vulnerables.

El Gobierno justifica estas rebajas señalando que son “remanentes” o “ahorros” derivados de donaciones o diferencial cambiario. Sin embargo, en la práctica Migración y Extranjería es una de las instituciones más subfinanciadas del Estado. Los atrasos en emisión de documentos, la falta de personal y de infraestructura adecuada son problemas recurrentes que golpean tanto a las personas migrantes como a la institucionalidad nacional.

Costa Rica no puede hablar de seguridad dejando vulnerables algunos derechos. La decisión de recortar recursos a Migración y Extranjería -y no redirigirlos a las áreas que verdaderamente necesitan inversión y que se ven altamente afectadas en estos momentos- afecta directamente:

  • El derecho a la identidad y documentación legal (DIMEX, pasaportes).

  • El derecho al trabajo y a la seguridad social, pues sin documentos la población migrante no puede acceder a empleo formal ni cotizar en la CCSS.

  • El derecho a la igualdad y no discriminación, ya que la burocracia y los atrasos refuerzan la exclusión.

  • El derecho a la justicia y al debido proceso, debido a los recortes al Tribunal Administrativo Migratorio.

  • El derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica.

Estas decisiones políticas no deberían tomarse sin consultar a las poblaciones directamente afectadas. Exigimos que el Poder Ejecutivo y Legislativo convoquen a las organizaciones sociales y comunitarias que representan a la población migrante, antes de aplicar recortes que impactan su vida cotidiana, su dignidad y su futuro.

Mientras se reconoce la carencia de recursos en Migración, el Gobierno propone recortarle más. Esta situación es grave por varias razones:

  • Varias oficinas regionales de Migración dependen de donaciones de organismos internacionales (OIM, ACNUR, cooperación europea) para poder operar.

  • El rezago en trámites ya supera los 12 meses en algunas sedes, lo que mantiene a miles de personas en la irregularidad.

  • La falta de presupuesto convierte a la institución en dependiente de fondos externos, debilitando la soberanía institucional y la planificación a largo plazo.

Estos recortes podrían representar un entorpecimiento severo a las funciones de la DGME, especialmente a la Unidad de Refugio que tiene más de 224 mil expedientes sin resolución aun tomando en cuenta como dicha instancia se encuentra actualmente saturada y al borde del colapso, especialmente debido a su alta dependencia de fondos asociados a cooperación internacional, los cuales también se han visto reducidos en los últimos meses. De este modo, los recortes planteados en la propuesta de presupuesto extraordinario dificultarían la ya complicada gestión y labores de la Unidad de Refugio.

Lo anterior resulta preocupante especialmente al considerar que se ignora un hecho económico fundamental respecto a la población migrante y refugiada en el país:

  • Los migrantes representan el 10% de la población, y aportan hasta un 11% del PIB.

  • Su contribución a la CCSS, impuestos y consumo interno es vital para la sostenibilidad de programas sociales y económicos.

  • No formalizar a la población migrante significa perder ingresos fiscales, mantener la informalidad y profundizar la precarización laboral, así como la exposición a vulneraciones a Derechos Humanos.

Nuestra posición

No se puede hablar de seguridad debilitando derechos. Una política migratoria robusta y financiada no solo protege a la población migrante, sino que beneficia al país en su conjunto con más ingresos fiscales, menos informalidad y mayor cohesión social.

Rechazamos categóricamente que se recorten recursos a Migración y Extranjería para financiar el CACCO.

Recomendamos a las autoridades que tomen conciencia de la necesidad de redistribución de fondos de cara a una redirección de recursos hacia instancias de migración tomando en cuenta el contexto adverso a nivel regional y la situación de rezago institucional a nivel interno en las instancias competentes en la materia.

Invitamos a los y las diputados(as) de la Comisión de Asuntos Hacendarios que votarán esta propuesta considerar posponer su voto si es necesario o en su defecto rechazar la propuesta. A su vez, en caso de seguir adelante con los recortes, rogamos consideren redirigir los recursos directamente a la Unidad de Refugio.

En atención a la urgencia de este comunicado, hemos dirigido una carta a las diputaciones miembros de la Comisión con el fin de solicitar una reunión con las organizaciones firmantes cuyo propósito será ampliar información sobre las realidades aquí expuestas.

Suscriben este comunicado,

  • Asociación Acción Colectiva por la Inclusión Desarrollo y Derechos Humanos (ACIDHU)

  • Asociación Alianza Vencer

  • Asociación Intercultural de Derechos Humanos (ASIDEHU)

  • Asociación Nacional para la Defensa de los Derechos de los Migrantes y Refugiados en Costa Rica (ANNADIR)

  • Acompañar para integrar: rutas para promover la integración local de la población migrante y refugiada en Costa Rica (TC-738) – Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica

  • Fundación Popol Na

  • Instituto de la Memoria

  • IRCA Casa Abierta

  • Liga Feminista de Refugiadas Políticas

  • Servicio Jesuita para Migrantes Costa Rica

Entre la espada y la pared… de una cárcel

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Freddy Pacheco León

Freddy Pacheco León

Se llama Rudolph, y se apellida Lücke, y es el nuevo ministro de Hacienda, por lo cual, ha de lidiar como novillero, con las chambonadas que le heredara el exministro Nogui Acosta, quien, al tener más de una decena de causas penales bajo investigación en la Fiscalía General del Ministerio Público, ahora anda en busca de una candidatura a diputación, que, de ser elegible, le cubra con la manta de la inmunidad-impunidad con que abusa el gobierno chavista.

Pese a ser un profesional serio, don Rudolph cometió el error, de aceptar la cartera de Hacienda, con los compromisos que, en un apresurado listado de tareas ocurrentes, le entregaron Acosta y el presidente Chaves.

Uno de ellos, es el capricho del ministro de Justicia, señor Gerald Campos, quien, bajo los lineamientos de Chaves, hasta viajó a la tierra del dictador salvadoreño, a que le dieran copia de unos planos de la mega cárcel, construida allí, en el país con menor índice de desarrollo económico del istmo centroamericano.

Pues resulta, que para esa improvisada cárcel bukeliana en suelo tico, proyecto misterioso y confidencial, del que se desconoce hasta el terreno supuestamente reservado para su construcción, a don Rudolph le dieron instrucciones de defender una irracional modificación presupuestaria, que no creemos que le tenga muy contento. Y ha de ser así, pues, entre otros, al descuidado Ministerio de Seguridad Pública, que, por incapacidad de su jerarca, ha contribuido a hundir a Costa Rica en PROFUNDA INSEGURIDAD, que está golpeando la paz de las familias costarricenses, su ministro propone bajarle sustancialmente el presupuesto.

Y lo hace, a pesar de que se vive con miedo, pues la violencia se refleja en un creciente e incontenible número de homicidios, nunca antes sufrida por nuestro pueblo, mientras su jerarca Mario Zamora, parece dispuesto a establecer un récord olímpico en criminalidad. Él, y por supuesto Rodrigo Chaves, le ordenan, irresponsablemente, a don Rudolph, recortar en Seguridad, más de ¢4.100 millones, cual, si no se necesitaran más policías, más patrullas, más armas, más uniformes, más chalecos antibalas, mejores condiciones en infraestructura, mejor alimentación, etc.

Recorte que sí preocupa al ministro de Turismo, pues siente, cotidianamente, que la actividad turística, principal fuente de empleo y divisas de Costa Rica, desciende peligrosamente, en, por ejemplo, Puntarenas, Limón y Guanacaste, cuyos habitantes sufren al interior de sus hogares, el hambre hija de la pobreza por el desempleo, que no se mitiga con promesas demagógicas gubernamentales. Para esos sufridos compatriotas, ese recorte presupuestario es la peor noticia en el peor momento, mientras que, los narcotraficantes y demás delincuentes, que se han apoderado de nuestras otrora pacíficas comunidades, la reciben como la mejor colaboración gubernamental, para seguir cometiendo crímenes.

Don Rudoph, igualmente tiene que lidiar con disminuciones presupuestarias injustificadas, dentro de su mismo ministerio. Ante los impensados zarpazos a sus finanzas, “como quien no quiere la cosa”, dice estar de acuerdo en desechar de su presupuesto, ¢365 millones, que sabe, son esenciales para cubrir el déficit que le heredó su antecesor, que le impide, si quisiera, fortalecer lo que debería ser una lucha frontal contra la evasión de impuestos, que, como sabemos, ¡supera la deuda pública de Costa Rica!

Adicionalmente, al Ministerio de Obras Públicas y Transportes le recortan ¢1.745 millones, para esa versión tica de mega cárcel bukeliana, sin importar la urgencia que tiene el gobierno, por atender las necesidades de infraestructura vial, construcciones y reparaciones de puentes, los túneles falsos en la ruta 32, las deterioradas rutas cantonales y nacionales, más inspectores de tránsito, etcétera.

Como también, la Salud no parece ser prioritaria para la administración Chaves, ¢886,3 millones del Ministerio de Salud, con déficit presupuestario crónico, le son arrebatados, sin importar, igualmente, lo que piense su ministra vicepresidenta, ni las autoridades contraloras responsables de velar por el buen uso de los recursos públicos.

Asimismo, cual, si no hubiere una crisis grave en ciernes en nuestro comercio internacional, se recortan ¢237,8 millones, al ministerio de Comercio Exterior, que ahora tendrá tareas extraordinarias que podrían ser fundamentales.

En fin, se le ha encargado al novel ministro de Hacienda, tomar la tijera y recortar unos ₡8.000 millones para financiar desde este mismo año, una cárcel de la que se desconoce su costo operativo, las características técnicas de la construcción y ni siquiera la finca donde se construiría, que obliga a los señores diputados a no desdeñar la responsabilidad de actuar razonablemente, en busca de los mejores acuerdos para la Patria.

Y, ¡atención a esto!, lo quieren hacer, en momentos de verdadera emergencia nacional, por el error con los fondos del Banco Hipotecario de la Vivienda, procedentes de FODESAF, que obliga a ajustar ₡24.000 millones que han de salir de otros rubros presupuestarios, a ejecutarse en este año 2025. Para enmendarlo, se plantean cambios que también golpean la atención social, pues, nada menos, en la Caja los recursos del Régimen No Contributivo, se encuentra el riesgo de atrasos o interrupciones en el pago de pensiones vigentes, la imposibilidad de incorporar 11.300 nuevos beneficiarios, y hasta el pago del aguinaldo, lo que asimismo, agravaría el déficit financiero que ya enfrenta el régimen, golpeando a los ancianos en situación de pobreza o pobreza extrema, que los requieren para sobrevivir. Y ni hablemos del Instituto Mixto de Ayuda Social, responsable de la atención integral de familias en situación de pobreza y pobreza extrema, limitando la acción sobre áreas críticas como alimentación, vivienda, salud, educación y empleo a 706 beneficiarios de los 55.168 programados a partir de agosto 2025, por lo que estos hogares quedarían desprotegidos, aumentando así su pobreza, y la desigualdad y la exclusión social.

¿Seguirán imperando las acciones destructivas que caracterizan a la administración chavista?

La resistencia comunal no duerme: ¡Por una educación digna que defienda el presente y futuro de nuestros hijos e hijas!

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

Carolina Zúñiga, ANEP.

Carolina Zúñiga Castro

En el ámbito de la educación de nuestra niñez y juventud, enfrentamos un sistema profundamente desafiante. Se ha trazado una ruta de la Educación imaginaria, marcada por recortes presupuestarios que culminan en una alfabetización escasa, casi nula. Esto no es accidental; es una estrategia que busca erosionar la capacidad crítica de las futuras generaciones.

¡Auxilio! ¿Qué sucede en el Circuito 01 de Desamparados, del MEP?

Hoy, el Circuito 01 de Desamparados se encuentra en un caos total. Los recortes presupuestarios, las Juntas de Educación que no logran resistir un sistema desgastante, las familias agotadas por los maltratos institucionales y una infraestructura en constante deterioro son la cruda realidad. La indiferencia de las autoridades ante esta situación es alarmante y se traduce en aulas superpobladas y migración a escuelas fuera de su comunidad, falta de materiales didácticos y un personal docente desmotivado y sobrecargado. Un ambiente laboral hostil que enferma al cuerpo docente.

El principio establecido en el artículo 50 de la Constitución Política, que reza: “El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza”, no se cumple. Cientos de familias desamparadeñas vivimos en un estado de alerta constante por la educación de nuestros hijos e hijas. Nos preguntamos: ¿Están en buenas manos? La respuesta, lamentablemente, es un rotundo no. La calidad educativa se deteriora a pasos agigantados, hipotecando el futuro de nuestros jóvenes.

Asistimos a un debilitamiento del pensamiento y del razonamiento. ¿Qué se busca? Una población adormecida, ¡claro! Es mucho más fácil dominar a las masas desde la ignorancia. No hay otra interpretación posible ante la crisis sistémica que estamos experimentando. Se fomenta la memorización por encima del análisis crítico, limitando la capacidad de nuestros estudiantes para cuestionar y proponer soluciones.

Condenamos la violencia institucional que transgrede los Derechos Humanos y que obstaculiza el acceso a políticas públicas, especialmente para mujeres y grupos en situación de vulnerabilidad. Esta violencia se manifiesta en la negación de oportunidades, la falta de apoyo a estudiantes con necesidades especiales y la precarización de las condiciones laborales de quienes luchan por una educación digna.

La lucha comunal vive y no está dormida, ni sumisa. Desde las bases, “los de abajo” nos levantamos para exigir el respeto a nuestros derechos y la garantía de una educación pública de calidad. No callaremos ante la injusticia y seguiremos alzando la voz hasta que se reconozca que la educación es la base de una sociedad justa y equitativa. La resistencia es nuestra arma más poderosa y la usaremos para construir un futuro mejor para todos.