Luis Paulino Vargas Solís

Director CICDE-UNED

Presidente Movimiento Diversidad

Revisaré brevemente algunos cuestionamientos que he escuchado sobre este particular.

– “El gobierno usa ese dinero para financiar cosas que no sabemos”

Cierto que en su mayor parte (porcentajes usualmente entre 50% y 60%) están invertidos en bonos del gobierno.

Al respecto, anoto lo siguiente:

1) Que los fondos de pensiones inviertan en bonos soberanos o bonos de los gobiernos, es seguramente una práctica universal. En todo el mundo se da, y bien sabemos que el régimen IVM de la Caja también lo hace. La razón es fácil de entender: por lo general es una inversión que ofrece una combinación de rentabilidad y seguridad que difícilmente se encuentra en otras formas de inversión.

2) Las alternativas de inversión, aparte los bonos de deuda pública, no son abundantes. La posibilidad de llevarse los recursos al extranjero y, eventualmente, ponerlos a girar en la ruleta de la especulación global, debería quedar terminantemente descartada.

3) Podrían, en cambio, ser canalizados hacia el financiamiento de obra pública, algo muy conveniente para el país, incluso urgente. No es fácil, por lo cual resulta mucho más lamentable que, una y otra vez, se posponga el esfuerzo para hacerlo realidad. Ello requeriría dar cumplimiento a ciertos requisitos ineludibles: primero, generar las condiciones –incluso de tipo legal e institucional, de supervisión y de rendición de cuentas– que garanticen que esas inversiones serán seguras y rentables; segundo, desarrollar mecanismos e instrumentos financieros apropiados –expeditos y eficaces– para la canalización de los recursos financieros hacia tales inversiones. Es en este tipo de asunto donde se mide el efectivo aporte del sistema financiero –público y privado– al desarrollo del país. Es ahí donde, asimismo, se visibilizan sus grandes fallas, y su manifiesta incapacidad para innovar donde realmente es necesario.

4) El déficit fiscal, y las necesidades de financiamiento que éste comporta, es una vía –quizá la principal– por medio de la cual se movilizan y rentabilizan estos fondos de pensiones y otros fondos similares ¿Que no sabemos a qué específicamente se dedica ese dinero? Si, en efecto, no es posible saberlo con precisión. Quizá pago de salarios de maestras, de policías o de conserjes de algún ministerio ¿Está mal que se les de esos usos?

5) Si esos fondos no se movilizasen de esa manera, no solo su rentabilidad se desplomaría, sino que además tendría severos efectos recesivos para la economía. Sería una gran cantidad de recursos “enhuacados”, como si se les tuviera, figurativamente hablando, debajo de la almohada.

– “Las personas al pensionarse tienen derecho a disponer de todo ese dinero”

Si, podríamos admitir que es un derecho. Pero también hay preguntas importantes que no debemos eludir.

1) Supongamos que es una persona muy prudente y previsora, que sabrá utilizar tales recursos con gran cuidado. Aun así, hay varios cuestionamientos muy razonables.

2) ¿Tendrá esa persona los suficientes conocimientos de finanzas de forma que logre ubicar buenas y confiables alternativas de inversión?

3) Incluso si los tuviera, una cosa es cierta: en materia de inversiones financieras, operan “economías de escala” que hacen que, por lo general, grandes acervos de inversión manejados de forma centralizada, rindan mejores rendimientos.

4) Un ejemplo: en su celebérrimo trabajo “El capital del siglo XXI”, Piketty demuestra que los fondos patrimoniales de las universidades de Estados Unidos, crecen sostenidamente conforme más grande es el fondo. Con datos para el período 1980-2010, Piketty muestra que para las universidades cuyos fondos son inferiores a $ 100 millones el rendimiento promedio es de 6,2%. Este crece al crecer el fondo, y para las 60 universidades cuyo fondo excedía de los $ 1000 millones, el rendimiento promedio es de 8,8%. Para el “top three” –Harvard, Yale y Princeton– alcanza el 10,2%.

5) Esto es algo que, asimismo, lo pueden comprobar, aquí en Costa Rica, quienes tienen un fondo de pensiones obligatorio y uno voluntario. El rendimiento histórico del primero es siempre más alto, porque trabaja con volúmenes mucho más elevados.

6) Queda la opción de que la persona intente crear alguna pequeña empresa, aprovechando esos recursos. Es también su derecho e implica asumir un riesgo muy considerable, en una edad avanzada de su vida. Es que en las condiciones actuales de la economía costarricense, ese tipo de emprendimientos, si bien son muy útiles para alimentar la demagogia política, en realidad sufren de elevadas “tasas de mortalidad”.

7) Y, en fin, no olvidemos que no todas las personas tienen ese sentido de la previsión a que he hecho referencia. No es fácil planificar el uso del dinero a 15 o 20 años plazo, para así anticipar las necesidades que uno pueda tener al pasar del umbral de los ochenta años. No solo es un asunto de actitud, sino también de educación.

– ¿Qué hacer entonces?

Mis modestas sugerencias:

1) Revisar con lupa los costos de administración y otros costos de carácter operativo que cargan las operadoras de pensiones, a fin de tener certeza que son realmente los necesarios, sin ningún exceso.

2) Revisar también, con el mismo rigor, las normas que se aplican a la hora de decidir sobre asuntos como el traslado del fondo a las personas beneficiarias sobrevivientes, cuando la persona titular de la pensión fallece y queda un remanente del fondo.

3) Revisar y corregir los salarios excesivos de las burocracias que supervisan las actividades financieras (no solo pensiones).

4) Entrar a trabajar fuerte por fortalecer el fondo de pensiones universal y solidario de la Caja (el IVM), en consideración de las siguientes situaciones:

1. Los fondos privados obligatorios nunca debieron crearse, como tampoco deberían existir los regímenes especiales. Tan solo debieron existir los fondos voluntarios, que cada quien pagaría según sus posibilidades, si tuviera el interés de hacerlo. Se puso así, a disposición de los intereses financieros, un negocio importante, en desmedro del sistema IVM. O sea: son recursos que debieron reforzar a este último, en vez de desviarse hacia cuentas individualizadas devenidas negocio privado. Derogar eso es dificilísimo, pero sí se podría trabajar por introducir algunas reformas que corrijan siquiera parte del problema.
2. El IVM enfrenta desafíos importantes: por el progresivo envejecimiento de la población y la manifiesta incapacidad de la economía, bajo el “modelo” económico vigente, para generar la cantidad necesaria de empleos dignos, estables y bien remunerados. Por ello mismo, resulta una completa frivolidad ideológica hablar de un “bono de género” (como lo hace el Estado de la Nación). Claro que urge crear condiciones que propicien una plena incorporación de las mujeres a los mercados laborales remunerados fuera del hogar. Pero hoy, bajo este “modelo”, ello es simplemente imposible. De ahí que, a la par de cambios culturales e institucionales que garanticen verdadera equidad de género, sea indispensable una reorientación en profundidad del “modelo”, incluyendo una mayor equidad distributiva y el avance hacia una verdadera revolución de la productividad.
3. Hay que trabajar también, y muy fuerte, por introducir las reformas legales e institucionales que sean necesarias, para blindar el IVM de la politiquería, la corrupción y negligencia que tanto daño le causan.

Concluyo: no caigamos en la trampa de la demagogia y la politiquería. Trabajemos por un sistema de pensiones universal, justo, solidario y económicamente sólido.

Tomado del blog: https://sonarconlospiesenlatierra.blogspot.com

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