María Lucia Fernández fue nombrada el primero de diciembre del año 2017 por un plazo de 5 años como superintendente general de valores, con un salario mensual de 9 millones de colones. 

Tras  ser nombrada uno de sus propósitos fue según sus propias palabras modernizar la actual legislación que tiene 20 años de antigüedad e indicó la gran demanda de inversiones que requieren las operadoras de pensiones que son la fuente de ahorro más importante del país, hace que si haya que plantearse algunas reformas de ley confirmó en ese momento la superintendente a la nación.

 Entre otras cosas ella sabía lo que había que hacer pero no hizo nada de eso hasta que aparece el caso Aldesa más de un año después de su nombramiento, respecto el caso indicó que había vacíos en la legislación y que su actuar estuvo apegado a la ley. Pero tampoco en ese momento movió hizo nada para enmendar la situación y han pasado 3 años sin que la SUGEVAL haya corregido sus actuaciones.

Cuando fue acusada por la Fiscalía de incumplimiento de deberes en el caso del ALDESA, dijo: mis actuaciones en el caso del ALDESA han estado en la legalidad. Por lo tanto podemos preguntarnos, si su actuación estuvo apegada a derecho, y cumplió a cabalidad con todas sus obligaciones y conocía los ajustes que debía hacer a la ley, ¿por qué razón María Lucía y sus compañeros accedieron a pagar una multa de 2 millones de colones cada uno?

Este primero de diciembre en teoría van a volver a elegir a María Lucía a pesar de una gestión ineficiente, por lo que tenemos que abolir este ejército de inútiles en las superintendencias en lugar de estar renovando sus nombramientos.

Compartido con SURCOS por Flora Fernández Amón.